T-376-99<\/p>\n
Sentencia T-376\/99 <\/p>\n
VIA DE HECHO POR APLICACI\u00d3N DE NORMA DEROGADA-Procedencia de tutela <\/p>\n
VIA DE HECHO-Defecto procedimental por surtir actuaci\u00f3n al margen del procedimiento legal establecido\/VIA DE HECHO EN PROCESO LABORAL-Actuaci\u00f3n producida con base en una norma derogada <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-201477 <\/p>\n
Peticionario: Carlos Torres Uscategui <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los veintiseis (26) d\u00edas del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
El actor Carlos Torres Uscategui, actuando en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad Almacenes Generales de Dep\u00f3sito ALMAVIVA S.A., Sucursal Cartagena, interpuso tutela contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena, dentro del proceso seguido por el se\u00f1or Eduardo Espinosa Cardona, contra la sociedad Almacenes Generales de Dep\u00f3sito ALMAVIVA S.A. Considera el tutelante que se violaron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libre empresa. Se\u00f1ala el actor que el se\u00f1or espinosa Cardona labor\u00f3 para ALMAVIVA S.A. desde el 16 de marzo de 1981 hasta el 20 de enero de 1995, y fue despedido sin justa causa , obteniendo el pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n. Sin embargo, en febrero de 1995, el se\u00f1or Espinosa Cardona inici\u00f3 proceso laboral de \u00fanica instancia contra ALMAVIVA S.A., pretendiendo su reintegro al cargo que ocupaba y la cancelaci\u00f3n de los salarios dejados de percibir. De acuerdo con las fechas de iniciaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, se comprob\u00f3 que el se\u00f1or Espinosa Cardona no ten\u00eda 10 a\u00f1os de servicios, lo cual, de conformidad con la ley 50 de 1991, no le permit\u00eda solicitar el reintegro a su cargo. Sin embargo, el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena, desconociendo tanto los hechos como las normas legales orden\u00f3 el reintegr\u00f3 del se\u00f1or Espinosa Cardona a ALMAVIVA S.A., ocupando el mismo cargo y ordenando a su vez el pago de los salarios dejados de percibir. Ante tal situaci\u00f3n, afirma la demandante, la actuaci\u00f3n cumplida por el Juzgado aqu\u00ed tutelado se convierte en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Por lo anterior, el actor solicita se deje sin valor la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena en el proceso seguido por el se\u00f1or Eduardo Espinosa Cardona contra ALMAVIVA S.A., sociedad que representa el actor. <\/p>\n
Mediante sentencia del veinte de enero de 1999, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena tutel\u00f3 los derechos fundamentales de la sociedad Almacenes Generales de Dep\u00f3sito ALMAVIVA S.A., Sucursal Cartagena. Por lo tanto, declar\u00f3 sin valor la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena en el proceso seguido por el se\u00f1or Eduardo Espinosa Cardona contra ALMAVIVA S.A. Consider\u00f3 el Tribunal que la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n carece de fundamento objetivo, m\u00e1s a\u00fan, cuando la misma juez en dicho proceso laboral, admite haber incurrido en un error al aplicar una norma que no correspond\u00eda al caso. Mediante prueba solicitada por esta Corporaci\u00f3n en auto del 20 de abril del presente a\u00f1o, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, se comprob\u00f3 que el se\u00f1or Eduardo Espinosa Cardona fue notificado en debida forma, de lo resuelto por dicho Tribunal en la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En numerosas sentencias proferidas por esta Corporaci\u00f3n se ha indicado que la acci\u00f3n de tutela surge como un mecanismo judicial id\u00f3neo contra decisiones judiciales cuando quiera que estas se constituyen en verdaderas v\u00edas de hecho.1 Al respecto es preciso indicar que la v\u00eda de hecho debe reunir algunos elementos que justifiquen su utilizaci\u00f3n por v\u00eda de tutela. La providencia judicial que se considere \u201cuna v\u00eda de hecho\u201d, deber\u00e1 carecer de fundamento legal; vulnerar de forma grave e inminente derechos de car\u00e1cter fundamental y obedecer al criterio subjetivo de la autoridad judicial que la profiere.2 <\/p>\n
La actuaci\u00f3n judicial que se controvierte en el presente caso, se produjo con base en la aplicaci\u00f3n de una norma laboral derogada, es decir, se incurri\u00f3, de acuerdo con los presupuestos se\u00f1alados en la jurisprudencia,3 en un defecto procedimental, en la medida en que la actuaci\u00f3n se surti\u00f3 al margen del procedimiento legal establecido. La jurisprudencia ha precisado,4 que cuando el juez aplica una norma derogada , incurre en v\u00eda de hecho por la violaci\u00f3n no solo del debido proceso, sino tambi\u00e9n al principio de legalidad, que rige la actuaci\u00f3n de los administradores de justicia.5 Se proceder\u00e1 as\u00ed a confirmar la sentencia de instancia, en tanto sigui\u00f3 los lineamientos de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la decisi\u00f3n proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena del 20 de enero de 1999, con base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRENSE las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y publ\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. sentencias T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-208 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-668 de 1997, M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, T-654, T-567, T-803 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, y T-069 de 1999, M.P. Martha Victoria S\u00e1chica de Moncaleano, entre otras. <\/p>\n
2 Cfr. sentencia T-327 de 1994 M.P., Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, SU-477 de 1977 M.P. Jorge Arango Mej\u00eda, T-571 de 1997, M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, T-201, T-533 de 1997 y T-465 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-069 de 1999, M.P. Martha Victoria S\u00e1chica de Moncaleano, entre otras. <\/p>\n
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-231, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
4 SU-637 de 1996 M. P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-208 de 1994, y T-465 de 1998. <\/p>\n
5 Cfr. T- 465 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
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