T-382-99<\/p>\n
Sentencia T-382\/99 <\/p>\n
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NI\u00d1OS-Prevalencia <\/p>\n
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Suministro de aud\u00edfonos excluidos del manual de actividades, intervenciones y procedimientos <\/p>\n
DERECHO A LA SALUD DE LOS NI\u00d1OS-Suministro de aud\u00edfonos <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-211492 <\/p>\n
Peticionaria: Sor Marleny Cardona Ospina <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., a los veintis\u00e9is (26) d\u00edas del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
Sor Marleny Cardona Ospina, actuando en representaci\u00f3n de su menor hija Deisy Yuliana Cardona Ospina, relata en su demanda, que mediante examen de audiometr\u00eda tonal e impedenciometr\u00eda, realizados en noviembre de 1998, se le descubri\u00f3 a su hija de 8 a\u00f1os de edad, limitaciones auditivas de tal grado, que le diagnosticaron la necesidad del uso de aud\u00edfonos. La entidad accionada no atendi\u00f3 a la petici\u00f3n de suministro de los aud\u00edfonos puesto que seg\u00fan el art\u00edculo 12 de la resoluci\u00f3n 5261 de 1994 los aud\u00edfonos no est\u00e1n cubierto por el P.O.S. La sentencia de instancia niega la tutela con los mismos argumentos expuestos por la accionada, y adem\u00e1s se\u00f1alando que los padres de la menor pueden acudir a las instituciones p\u00fablicas y privadas que tengan vinculaci\u00f3n con el Estado, las cuales estar\u00e1n en la obligaci\u00f3n de atender a su hija, tal como lo establece el art\u00edculo 28 del decreto 806 de 1998. <\/p>\n
La ni\u00f1a Deisy Juliana Cardona Ospina, padece de una hipoacusia neurosensorial bilateral y la especialista en fonoaudiolog\u00eda emiti\u00f3 el siguiente diagn\u00f3stico :\u201dLa ni\u00f1a presente una p\u00e9rdida auditiva severa que la llevan a que se comunique por medio de se\u00f1as. Teniendo en cuenta la limitaci\u00f3n, se hace indispensable la adaptaci\u00f3n de aud\u00edfonos para ambos o\u00eddos, para que la ni\u00f1a logre hablar y pueda tener un desarrollo integral acorde con su edad.\u201d La entidad demandada neg\u00f3 el suministro de los aud\u00edfonos, argumentando que ese tipo de pr\u00f3tesis auditivas no se encuentra dispuesto en la ley para ser cubierto por el plan obligatorio de salud. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha ocupado de varios casos en los cuales se ha aplicado la reglamentaci\u00f3n del Plan Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el perjuicio que con ello se causa a quienes requieren de los procedimientos excluidos, a tal punto, que de ellos dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la integridad personal, como regla general. En tales eventos, la Corte ha inaplicado la reglamentaci\u00f3n que excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea suministrado y evitar, de ese modo, que una reglamentaci\u00f3n legal o administrativa impida el goce efectivo de garant\u00edas constitucionales1. <\/p>\n
Se discuten esta vez, los derechos fundamentales de una ni\u00f1a, frente a lo cual es preciso recordar que la propia Constituci\u00f3n ha consagrado un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n especial a los menores y por ello busca que los derechos de los ni\u00f1os prevalezcan sobre los derechos de los dem\u00e1s. De igual forma ha resaltado la Corte,(Cfr. T-556 de 1998, T-784 de 1998, T-514 de 1998) que en trat\u00e1ndose de los ni\u00f1os, la vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social tienen reconocidos el car\u00e1cter de derechos fundamentales, por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Carta. <\/p>\n
As\u00ed pues, en este caso se reiteran los criterios fijados en anteriores sentencias relativas a la salud de los ni\u00f1os, especialmente la T-784 de 1998, en donde se aplic\u00f3 la figura de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad consagrada en el art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n, pues de igual manera consider\u00f3 la Corte que la disposici\u00f3n legal en la cual se basaba la negativa de entregar unos aud\u00edfonos que mejoraban la salud de un menor, desconoc\u00eda el postulado de prevalencia de los derechos infantiles, contenido en el art\u00edculo 44 Ib\u00eddem, en concordancia con tratados internacionales sobre los derechos de los menores. (Convenci\u00f3n de los Derechos del ni\u00f1o, art\u00edculos 3, 6, 23, 24, 26 y 27).2 <\/p>\n
Las anteriores consideraciones son suficientes para resolver el caso que se revisa, pues la disposiciones legales y reglamentarias en las que se ampara la entidad demandada desconocen los derechos fundamentales de Yuliana Cardona Ospina. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Segundo. Con arreglo al art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n, INAPLICAR en el presente caso, por ser incompatibles con ella, el par\u00e1grafo del 12 de la Resoluci\u00f3n 5261 del 05 de agosto de 1994, emanada del Ministerio de Salud, o las disposiciones que, con el mismo sentido, los hayan sustituido. <\/p>\n
Tercero. CONCEDER el amparo solicitado y, en consecuencia, ordenar a la E. P. S. Confenalco-Antioquia, que dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, – suministre a la ni\u00f1a Deisy Yuliana Cardona Ospina, los aud\u00edfonos que le fueron prescritos por la m\u00e9dica tratante. <\/p>\n
Cuarto. L\u00cdBRENSE por Secretaria las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 Al respecto, ver Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisi\u00f3n, sentencias T- 114 y T- 640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, en esta \u00faltima se se\u00f1al\u00f3 \u201c La circunstancia destacada, seg\u00fan la cual, los derechos a la salud y a la seguridad social de los ni\u00f1os est\u00e1n reconocidos como derechos fundamentales de aplicaci\u00f3n inmediata, hace que prevalezca el ordenamiento constitucional sobre el simplemente legal y, m\u00e1s a\u00fan, sobre las disposiciones de car\u00e1cter reglamentario, como es la que excluye del Plan Obligatorio de Salud el suministro de algunos instrumentos que, como en el caso de las sillas de ruedas, tienen por objeto contribuir a la rehabilitaci\u00f3n de los ni\u00f1os discapacitados.\u201d <\/p>\n
2 Cfr. T-514 de 1998, T-556 de 1998 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. \u201c Es por ello que los ni\u00f1os beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud, que se rige por el principio de integralidad, tienen derecho a que se les suministren aquellos elementos indispensables para corregir un defecto f\u00edsico, pues est\u00e1 en juego su derecho fundamental a la salud (art. 44) y su desarrollo arm\u00f3nico, completo y adecuado. El Estado, no puede poner barreras o hacer exclusiones en torno a este derecho cuando se trata de los ni\u00f1os y, por tanto, se inaplicar\u00e1n, en el presente caso, las disposiciones que van dirigidas a imponer limitaciones\u201c. <\/p>\n
<\/p>\n
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