T-423-99<\/p>\n
Sentencia T-423\/99 <\/p>\n
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Traslado de docente por decreto departamental <\/p>\n
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Examen en concreto de la eficacia por el juez de tutela <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-199205 <\/p>\n
Peticionaria: Gloria Elena Duque Espinosa <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., a los diez (10) d\u00edas del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Gloria Elena Duque Espinosa, por intermedio de apoderado, demanda la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales consagrados en los art\u00edculos 13, 16, 20, 25, 26, 27 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de cuyo desconocimiento acusa al Gobernador de Antioquia. Afirma el apoderado que la demandante se desempe\u00f1aba como docente al servicio del departamento, en el \u00e1rea de \u00e9tica y valores en el Colegio Monse\u00f1or V\u00edctor Wiedeman del Corregimiento San Antonio del Prado, perteneciente al Municipio de Medell\u00edn. Agrega que, como consecuencia de una persecuci\u00f3n laboral en contra de su mandante por parte de las autoridades del referido colegio, el Gobernador de Antioquia orden\u00f3 su traslado al Liceo Doce de Octubre del Municipio de Medell\u00edn, con ostensible violaci\u00f3n del decreto 180 de 1982 sobre traslado de docentes y la ley 24 de 1976 sobre ejercicio de la profesi\u00f3n docente. <\/p>\n
En primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medell\u00edn concedi\u00f3 la tutela de los derechos invocados, con el argumento de que \u201cen el subj\u00fadice (sic) qued\u00f3 claramente demostrada la persecuci\u00f3n administrativa y laboral de que ha sido objeto la accionante\u201d y de que, si bien existen otros mecanismos de defensa judicial para restablecerla en el ejercicio pleno de los derechos conculcados, \u201ca pesar de no tratarse el presente asunto de un perjuicio irremediable\u201d, la tutela procede \u201cpor ser este medio residual m\u00e1s eficaz o expedito\u201d. En consecuencia, orden\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Departamento de Antioquia que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, revoque el traslado de la demandante. <\/p>\n
En segunda instancia, la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 el fallo del a quo, con el argumento de que, en este caso, la existencia de otros mecanismos de defensa judicial hace improcedente la acci\u00f3n de tutela. Entonces, dispuso que el traslado se hiciera efectivo a partir de enero de 1999. <\/p>\n
Observa la Sala que en el presente caso la acci\u00f3n de tutela es del todo improcedente, pues los derechos posiblemente conculcados a la demandante con la expedici\u00f3n del decreto departamental 2025 del 14 de septiembre de 1998, por medio del cual se orden\u00f3 su traslado, pueden ser perfectamente restablecidos por la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, si se ejerce la acci\u00f3n de nulidad y de restablecimiento del derecho a que se refiere el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo; y m\u00e1s teniendo en cuenta que, como lo dispuso el juez de primera instancia, aqu\u00ed no se vislumbra siquiera la ocurrencia de un perjuicio irremediable. De manera que \u00e9l, al conceder la tutela sin tener en cuenta la limitaci\u00f3n establecida directamente por el Constituyente1 en caso de existir otros mecanismos de defensa judicial, invadi\u00f3 la \u00f3rbita de competencia del juez de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
La sentencia de segunda instancia, por su parte, es incongruente, en vista de que toda la motivaci\u00f3n va dirigida a reiterar la amplia jurisprudencia sentada por esta Corporaci\u00f3n sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando existen mecanismos alternativos de defensa de los derechos de las personas y, no obstante, en el art\u00edculo primero de la parte resolutiva, el ad quem decide confirmar \u201cla decisi\u00f3n tomada por el se\u00f1or Juez Segundo Laboral del Circuito\u201d. Y es m\u00e1s incongruente a\u00fan cuando, despu\u00e9s de la frase anteriormente transcrita, advierte que \u201ca partir de la iniciaci\u00f3n del a\u00f1o lectivo de 1999, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura del Departamento de Antioquia puede hacer efectivo el traslado de la se\u00f1ora Gloria Elena Duque Espinosa al Liceo Doce de Octubre\u201d, con lo cual revoc\u00f3 t\u00e1citamente la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada en el sentido de que el juez de tutela debe examinar en concreto la eficacia de los otros mecanismos de defensa judicial antes de rechazar por esta raz\u00f3n la acci\u00f3n de tutela, de manera que ellos no signifiquen una oportunidad puramente formal para los ciudadanos de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia en pro de la satisfacci\u00f3n de sus derechos, sino una v\u00eda real y efectiva para ello2. El an\u00e1lisis hecho por el juez de primera instancia no se compadece con tal criterio, en vista de que confunde eficacia con rapidez del aparato judicial y, por esta simple raz\u00f3n, pretende que la tutela desplace al proceso contencioso administrativo, desconociendo, incluso, que en caso de evidente contradicci\u00f3n entre el acto administrativo atacado y normas superiores, como lo encontr\u00f3 el ad quem en este proceso, procede la suspensi\u00f3n provisional de aqu\u00e9l3, lo cual, sumado a la inexistencia de perjuicio irremediable, hac\u00eda claramente improcedente la acci\u00f3n en el expediente de la referencia. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR las sentencias expedidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medell\u00edn y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, el 29 de octubre y el 19 de noviembre de 1998, respectivamente, y, en su lugar, rechazar por improcedente la acci\u00f3n de tutela iniciada por Gloria Elena Duque Espinosa en contra de la Gobernaci\u00f3n del Departamento de Antioquia. <\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRESE por la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO PABLO E. LEAL RUIZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 86. <\/p>\n
2 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisi\u00f3n, sentencias T-256 de 1995, T-333 y T-507 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sala Plena, sentencias SU-133 y SU-136 de 1998, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. Sala Octava de Revisi\u00f3n, sentencia T-388 de 1998, M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz. Sala Plena, sentencia SU-086 de 1999, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
3 C\u00f3digo Contencioso Administrativo, art\u00edculo 152. <\/p>\n
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