T-492-99<\/p>\n
Sentencia T-492\/99 <\/p>\n
Referencia: Expediente T-190083 <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela incoada por Luis Angel S\u00e1nchez, Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena de Palmira Alta, contra la Alcald\u00eda Municipal de San Antonio <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los nueve (9) d\u00edas del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
Por conducto de apoderado, LUIS ANGEL SANCHEZ, Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena de Palmira Alta, en jurisdicci\u00f3n del Municipio de San Antonio (Tolima), ejerci\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda Municipal, con base en los siguientes hechos: <\/p>\n
“Luis Angel S\u00e1nchez es el actual gobernador de la comunidad ind\u00edgena de Palmira Alta, jurisdicci\u00f3n del municipio de San Antonio. De manera reiterada, la alcald\u00eda se ha negado a dar posesi\u00f3n al cabildo representado por mi poderdante. <\/p>\n
El cabildo ind\u00edgena es una forma de asociaci\u00f3n con reglamentaci\u00f3n sui generis, no ajena a la Constituci\u00f3n ni a la ley. A los alcaldes les est\u00e1 prohibido crear restricciones para la existencia de los mismos y exigir requisitos por fuera de las normas superiores. <\/p>\n
Adem\u00e1s de su derecho de existir como comunidad ind\u00edgena con su forma de gobierno protegida por la Ley 89, se contraviene la garant\u00eda constitucional del art\u00edculo 38 en cuanto a que el derecho a organizarse asume para las parcialidades la forma de cabildo y la negativa a reconocerles personer\u00eda implica impedir que ejerza efectivamente sus atribuciones y derechos ante terceros”. <\/p>\n
II. LAS DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISION <\/p>\n
Mediante providencia del 29 de octubre de 1998, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 negar por improcedente la tutela incoada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 al respecto: <\/p>\n
“Considera el accionante representado, que el Alcalde Municipal de San Antonio, ha vulnerado los art\u00edculos 13 y 38 de la Constituci\u00f3n, como quiera que \u00e9ste se ha negado a dar posesi\u00f3n al mencionado Cabildo. <\/p>\n
El Decreto 0306 de febrero 19 de 1992 que reglamenta el 2591 de 1991, expresa que la acci\u00f3n de Tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que s\u00f3lo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior. <\/p>\n
Con base en la anterior disposici\u00f3n, resulta forzoso concluir que la acci\u00f3n incoada por el Apoderado legal del Gobernador de la comunidad ind\u00edgena de Palmira Alta, jurisdicci\u00f3n municipal de San Antonio (Tol.) no prospera”. <\/p>\n
Impugnado el Fallo, fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 9 de marzo de 1999, por considerar que los miembros del Cabildo Ind\u00edgena gozan de otro medio de defensa judicial para que se satisfagan sus pretensiones. La Corte Suprema estim\u00f3 que dicho medio es el indicado en el art\u00edculo 84 del Decreto 01 de 1984, es decir, la acci\u00f3n de nulidad, cuyo ejercicio hace viable la solicitud de suspensi\u00f3n provisional del Decreto 1481 de 1992, expedido por el Gobernador del Tolima. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n es competente para revisar el Fallo aludido, con apoyo en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y seg\u00fan el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela <\/p>\n
La Corte confirmar\u00e1 los fallos materia de revisi\u00f3n, si bien no con base en el Decreto 306 de 1992, sino en virtud de la misma Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es claro que, como lo expresa el Tribunal, no hay aqu\u00ed un derecho fundamental afectado. Y ello, a diferencia de lo que acontec\u00eda en el caso que la Corte examin\u00f3 mediante Sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992, ocasi\u00f3n en que la negativa del Gobernador del Huila a dar posesi\u00f3n a la Contralora implicaba la imposibilidad, para ella, de ejercer un cargo p\u00fablico, con clara violaci\u00f3n del art\u00edculo 40 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, en cambio, aunque se encuentra en juego la posibilidad de que un cabildo ind\u00edgena ejerza su actividad, la situaci\u00f3n encaja mucho m\u00e1s en el art\u00edculo 87 que en el 86 de la Constituci\u00f3n. M\u00e1s que la defensa de derechos fundamentales de alguien en particular se trata de obtener que el Alcalde de San Antonio cumpla lo estatuido por las leyes de la Rep\u00fablica que los actores citan en su demanda. <\/p>\n
El art\u00edculo 3 de la Ley 89 de 1890 dispone: <\/p>\n
“Art\u00edculo 3. En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de ind\u00edgenas habr\u00e1 un peque\u00f1o Cabildo nombrado por \u00e9stos conforme a sus costumbres. El per\u00edodo de duraci\u00f3n de dicho Cabildo ser\u00e1 de un a\u00f1o, de 1\u00ba de enero a 31 de diciembre. Para tomar posesi\u00f3n de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito. <\/p>\n
Except\u00faanse de esta disposici\u00f3n las parcialidades que est\u00e9n regidas por un s\u00f3lo Cabildo, las que podr\u00e1n continuar como se hallen establecidas”. <\/p>\n
Para alcanzar que en efecto lo all\u00ed estatuido se cumpla, cabe la acci\u00f3n de cumplimiento; y, por tanto, no tiene lugar la de tutela, que es subsidiaria, como tantas veces lo ha expresado esta Corte. <\/p>\n
Y si lo que, en sentir de los demandantes obstruye el acatamiento al precepto legal es la actual vigencia de un decreto reglamentario, tiene raz\u00f3n la Corte Suprema de Justicia en indicar que el medio id\u00f3neo para velar por el respeto de la aludida disposici\u00f3n es la acci\u00f3n de nulidad contemplada en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero.- CONFIRMAR, pero por las expuestas razones, los fallos proferidos en el asunto de la referencia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Segundo.- DESE cumplimiento a lo previsto por el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
<\/p>\n
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