T-546-99<\/p>\n
Sentencia T-546\/99 <\/p>\n
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Pago oportuno de salarios\/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios <\/p>\n
DERECHO AL MINIMO VITAL-Cese prolongado de pago de salarios hace presumir vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-201718 <\/p>\n
Peticionario: Francisco Javier Pati\u00f1o Mora <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., a los veintinueve (29) d\u00edas del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
El demandante Francisco Javier Pati\u00f1o Mora, en su condici\u00f3n de Presidente y representante legal del Sindicato de Empleados Oficiales y de Carrera Administrativa de las Gobernaciones de Colombia, y en representaci\u00f3n de los empleados de Carrera Administrativa de la Gobernaci\u00f3n de Nari\u00f1o, asociados a \u00e9ste sindicato, interpone acci\u00f3n de tutela contra el se\u00f1or Gobernador del Departamento de Nari\u00f1o, por la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo y al pago oportuno de los salarios de sus representados. Se\u00f1ala el actor, que al momento de interponerse la presente tutela , la entidad demandada les adeudaba tres (3) meses de salarios (septiembre, octubre y noviembre), y otras prestaciones. En escrito posterior, allegado con ocasi\u00f3n de una prueba solicitada por esta Sala de Revisi\u00f3n, se se\u00f1ala la lista completa de los empleados p\u00fablicos de carrera administrativa, representados por el demandante, e indic\u00e1ndose que son ya seis (6) meses de salarios adeudados. Ante tal situaci\u00f3n, solicita se ordene a la Gobernaci\u00f3n el pago de las salarios adeudados. <\/p>\n
En sentencia del 21 de diciembre de 1998, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Juan de Pasto, deneg\u00f3 la tutela. Consider\u00f3 el a quo que el derecho alegado como violado es de rango legal, y que para su protecci\u00f3n existe otra v\u00eda de defensa judicial ante otra jurisdicci\u00f3n. Finalmente, la tutela tambi\u00e9n es improcedente en raz\u00f3n a que \u00e9sta no es un instrumento judicial para la protecci\u00f3n de derechos colectivos, y que los derechos relacionados con el patrimonio, se deben entender como tales. Impugnada dicha decisi\u00f3n conoci\u00f3 en segunda instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Juan de Pasto, el cual en sentencia del veintid\u00f3s (22) de enero de 1999, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. Confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, pero con diferentes argumentos. Consider\u00f3 que la tutela era improcedente por que si bien se trataba de un grupo de individuos que ve\u00edan afectados sus derechos con el no pago de salarios, iniciaron una tutela de forma plural, y no identificaron sus situaciones de manera particular y concreta, personalizando la situaci\u00f3n de cada uno de los afectados; s\u00f3lo as\u00ed, destac\u00f3 el fallador de segunda instancia, se podr\u00eda analizar la situaci\u00f3n concreta de cada uno de los demandantes. <\/p>\n
En auto del veintitr\u00e9s (23) de abril del presente a\u00f1o, la presente Sala de Revisi\u00f3n resolvi\u00f3 abstenerse de revisar de fondo la presente tutela por haber encontrado una nulidad saneable surgida de la falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada. Ante el silencio que guard\u00f3 el demandado, se entendi\u00f3 saneada la nulidad y se prosigui\u00f3 con el tr\u00e1mite del expediente. Posteriormente, por auto del 15 de junio del presente a\u00f1o, se solicit\u00f3 al Presidente del Sindicato de Trabajadores de Carrera Administrativa de la Gobernaci\u00f3n de Nari\u00f1o, que informar\u00e1 el nombre de cada una de las personas que representa en la presente tutela, prueba que se envi\u00f3 en una lista que consta a folios 55 a 62 del expediente. <\/p>\n
Tanto el empleador como el trabajador tienen derechos y obligaciones en desarrollo de una relaci\u00f3n laboral. De esta manera, el pago oportuno, peri\u00f3dico y completo del salario es una obligaci\u00f3n para el empleador, y un derecho del trabajador. La anterior situaci\u00f3n ha sido corroborada por esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de su jurisprudencia1. Por lo mismo, el incumplimiento en el pago del salario viola abiertamente la Constituci\u00f3n, poniendo en riesgo no s\u00f3lo la remuneraci\u00f3n m\u00ednima vital de que trata el art\u00edculo 53 Superior, sino tambi\u00e9n la garant\u00eda de las condiciones dignas y justas a que tiene derecho el trabajador en desarrollo del art\u00edculo 25 de la Carta. <\/p>\n
A su vez, esta Corporaci\u00f3n2 ha sido muy clara en se\u00f1alar la procedencia excepcional de la tutela en circunstancias particulares, y que se evidencian en el presente caso, cuando el incumplimiento en el pago de los salarios se extiende ya a seis (6) meses, afectando las condiciones dignas que merece todo trabajador. Recu\u00e9rdese que ya la jurisprudencia3 ha precisado, que el cese prolongado de pagos salariales, hace presumir la vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital tanto del trabajador como de los que de \u00e9l dependen. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Juan de Pasto del 22 de enero de 1999. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo y al pago oportuno del salario a los demandantes representados por el se\u00f1or Francisco Javier Pati\u00f1o Mora, contenidos en la lista obrante a folios 55 a 62 del expediente. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR al se\u00f1or Gobernador de Nari\u00f1o, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda, si a\u00fan no lo ha hecho, a cancelar los salarios debidos a los actores contenidos en la lista a que se refiere el numeral anterior, siempre y cuando exista la debida partida presupuestal. En caso contrario, dentro del mismo t\u00e9rmino deber\u00e1 iniciar las gestiones pertinentes que le permitan atender con el pago ordenado. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE por la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Sobre el pago oportuno de la remuneraci\u00f3n consultar Sentencias T 167 de 1994, T 015 y T-063 de 1995; T-146, T-437, T-565 y T-641 de 1996; T-006, T-081, T-234, T-273, T-527 y T-529 de 1997; T-012, T-210, T-211, T-212, T-213, T-220 de 1998. <\/p>\n
3 Cfr. sentencia T-308 de 1999, M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra <\/p>\n
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