\u00a0 \u00a0 Sentencia C-129\/00 \u00a0<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Reestructuraci\u00f3n Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios \u00a0<\/p>\n
Referencia: expedientes D-2545 y 2556 acumulados \u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra los decretos 1153 y 1165 de 1999 \u00a0<\/p>\n
Actores: Luis Ferney Moreno Castillo y Alfonso Sepulveda Galeano \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ \u00a0<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., febrero diecis\u00e9is (16) de dos mil (2000) \u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr\u00e1mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, los ciudadanos LUIS FERNEY MORENO CASTILLO y ALFONSO SEPULVEDA GALEANO demandaron los Decretos 1153 y 1165 de 1999. \u00a0<\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. \u00a0<\/p>\n
II. NORMA DEMANDADA \u00a0<\/p>\n
Por su extensi\u00f3n se omite la transcripci\u00f3n de los decretos acusados. El Decreto 1153 de 1999 fue publicado en el Diario Oficial A\u00d1O CXXXV. N. 43625, del 29 de junio de 1999. El Decreto 1165 de 1999 fue publicado en el Diario Oficial A\u00d1O CXXXV. N. 43623, del 29 de JUNIO de 1999. \u00a0<\/p>\n
III. LAS DEMANDAS \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Proceso D – 2545 \u00a0<\/p>\n
Cargos contra todo el Decreto 1165 de 1999. \u00a0El Presidente se excedi\u00f3 en el ejercicio de la competencia delegada por el legislador, pues estas se limitaban (i) a la reestructuraci\u00f3n de entidades de origen legal y no, como ocurre con la superintendencia de servicios p\u00fablicos, de aquellas de origen constitucional, (ii) que las facultades no se confirieron para modificar el r\u00e9gimen de los servicios p\u00fablicos, sino que se limitaba a la reestructuraci\u00f3n administrativa y (iii) sujetaban el ejercicio de las facultades de reestructuraci\u00f3n al marco definido en la propia Ley 489 de 1998, lo cual fue desconocido de plano, pues no se consideraron principios como los de eficiencia y racionalidad de la administraci\u00f3n y, adem\u00e1s, no se realiz\u00f3 un estudio previo que mostrara la necesidad, en los t\u00e9rminos de la norma habilitante, de proceder a la reestructuraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Cargo contra el inciso 1 del art\u00edculo 2 del Decreto 1165 de 1999 y el art\u00edculo 1 del Decreto 1153 de 1999. En su concepto se desconoce el art\u00edculo 370 de la Carta cuando se somete a control de tutela del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, cuyo control est\u00e1 asignado por la Carta al Presidente de la Rep\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
Cargo contra el art\u00edculo 7 del Decreto 1165 de 1999. \u00a0La norma acusada desconoce los art\u00edculos 365, 367, 369 y 370 de la Carta al trasladar a la Superintendencia de Industria y Comercio asuntos que materialmente le competen a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios. \u00a0<\/p>\n
Cargo contra el art\u00edculo 4 numerales 9 y 10 del Decreto 1153 de 1999. El demandante asegura que el Presidente se extralimit\u00f3 en sus funciones al asignar al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n una funci\u00f3n que le compete de manera exclusiva al legislador, como lo es esta de “dise\u00f1ar la pol\u00edtica para la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios y promover su adopci\u00f3n por parte de las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos”, y al Presidente de la Rep\u00fablica, como es la de “trazar las pol\u00edticas y desarrollas la planeaci\u00f3n de las estrategias de control y vigilancia, para la adecuada y eficiente prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios” \u00a0<\/p>\n
2. Proceso D-2556 \u00a0<\/p>\n
Funci\u00f3n administrativa: El demandante asegura que el art\u00edculo 6 del Decreto 1165 de 1999 desconoce la Carta pues otorga al superintendente funciones que exceden las ordinarias de cualquier autoridad nacional, como la de sancionar a los alcaldes y la de participar en los contratos comerciales relacionados con los auditores externos. \u00a0As\u00ed mismo, le entrega una facultad que se corresponde con las competencias que la ley le asigna a la superintendencia (numeral 8). \u00a0<\/p>\n
De otra parte, el art\u00edculo 3 del decreto desconoce el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n, pues, en lugar de respetar la descentralizaci\u00f3n administrativa, concentra toda la actividad de la superintendencia en la administraci\u00f3n central, eliminando la desconcentraci\u00f3n funcional existente con las intendencias delegadas departamentales. \u00a0<\/p>\n
Los art\u00edculos 6 numeral 11, 7 y 10 desconocen lo dispuesto en el art\u00edculo 11 numeral 2\u00b0 de la ley 489 de 1999, pues est\u00e1 autorizando al superintendente para delegar algunas de sus funciones, cuando la ley expresamente prohibi\u00f3 “transferir mediante delegaci\u00f3n… las funciones, atribuidas y potestades recibidas en virtud de delegaci\u00f3n”. \u00a0<\/p>\n
Acusa, sin se\u00f1alar norma concreta, que el decreto despoj\u00f3 a la superintendencia de su personer\u00eda, cuando de la Ley 489 de 1999 y de la Ley 142 de 1994 se desprende que, por contar con recursos propios, hac\u00eda parte del sector descentralizado de la administraci\u00f3n p\u00fablica (arts. 38 y 39 de la Ley 489 de 1999). \u00a0<\/p>\n
Finalmente acusa el art\u00edculo 7, pues considera que tiene varias “falacias jur\u00eddicas”. \u00a0Entre ellas que se generar\u00eda una extra\u00f1a figura que permitir\u00eda a un superintendente firmas por otro, ser su superior jer\u00e1rquico y ejercer funciones como la de ordenar el gasto, en una superintendencia distinta a la que le corresponde. \u00a0<\/p>\n
IV. INTERVENCIONES \u00a0<\/p>\n
En favor de la exequibilidad de los decretos acusados intervinieron las siguientes autoridades: Superintendencia de Industria y Comercio, Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La ciudadana Mar\u00eda del Pilar Isaza G\u00f3mez intervino para coadyuvar la demanda. \u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION \u00a0<\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de los decretos acusados. \u00a0Su petici\u00f3n se basa en el hecho de que mediante sentencia C-702\/99 la Corte Constitucional declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998, la cual otorg\u00f3 las facultades extraordinarias con base en las cuales se dict\u00f3 los Decretos 1153 y 1165 de 1999. \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, considera que al haber desaparecido “el soporte jur\u00eddico de los Decreto 1153 y 1165 de 1999”, se presenta una inconstitucionalidad por consecuencia. \u00a0<\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
COMPETENCIA \u00a0<\/p>\n
1. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241-4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte es competente para conocer de la presente demanda. \u00a0<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En la sentencia C-969\/99, la Corte se pronunci\u00f3 sobre los Decretos 1153 y 1165 de 1999 y resolvi\u00f3: \u00a0<\/p>\n
“Primero. Declarar INEXEQUIBLES, en su totalidad, los Decretos 1123, 1134, 1135, 1136, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1179, 1180 y 1184 de 1999,” \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, sobre la materia existe cosa juzgada constitucional.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VII. DECISION \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-969\/99, en la que se declar\u00f3 la inexequibilidad de los Decretos 1153 y 1165 de 1999. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ALFREDO BELTRAN SIERRA\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 CARLOS GAVIRIA DIAZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FABIO MORON DIAZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Sentencia C-129\/00 \u00a0 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Reestructuraci\u00f3n Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios \u00a0 Referencia: expedientes D-2545 y 2556 acumulados \u00a0 Demanda de inconstitucionalidad contra los decretos 1153 y 1165 de 1999 \u00a0 Actores: Luis Ferney Moreno Castillo y Alfonso Sepulveda Galeano \u00a0 Magistrado Ponente:\u00a0 \u00a0 Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-5041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2000"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5041\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}