{"id":5160,"date":"2024-05-30T20:34:11","date_gmt":"2024-05-30T20:34:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/2024\/05\/30\/c-1718-00\/"},"modified":"2024-05-30T20:34:11","modified_gmt":"2024-05-30T20:34:11","slug":"c-1718-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-1718-00\/","title":{"rendered":"C-1718-00"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 Sentencia C-1718\/00 \u00a0<\/p>\n<p>COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Supresi\u00f3n de tr\u00e1mites \u00a0<\/p>\n<p>Referencia: expediente D-3076 \u00a0<\/p>\n<p>Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el art\u00edculo 118 del Decreto 266 de 2000 \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n<p>Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el art\u00edculo 241, numeral 5, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y cumplidos todos los tr\u00e1mites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n<p>SENTENCIA \u00a0<\/p>\n<p>en relaci\u00f3n con la demanda de inconstitucionalidad (parcial) que present\u00f3 la ciudadana Alexandra C\u00e1rdenas Ort\u00edz contra el art\u00edculo 118 del Decreto 266 de 2000. \u00a0<\/p>\n<p>I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA \u00a0<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposici\u00f3n objeto de proceso: \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;DECRETO NUMERO 266 DE 2000 \u00a0<\/p>\n<p>(febrero 22) \u00a0<\/p>\n<p>El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia \u00a0<\/p>\n<p>en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 5 del Art\u00edculo 1 de la Ley 573 del 7 de febrero de 2000 \u00a0<\/p>\n<p>DECRETA: \u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>Art\u00edculo 118.- Pronunciamiento de la Superintendencia sobre integraciones empresariales. Modif\u00edcase el art\u00edculo 4 de la Ley 155 de 1959, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Art\u00edculo 4. La Superintendencia de Industria y Comercio deber\u00e1 pronunciarse sobre la fusi\u00f3n, consolidaci\u00f3n, integraci\u00f3n y adquisici\u00f3n del control de empresas que conjuntamente atiendan el 25% o m\u00e1s del mercado respectivo o cuyos activos superen una suma equivalente a veinte mil (50.000) (sic) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, en los casos exigidos por las normas sobre pr\u00e1cticas comerciales restrictivas. Adem\u00e1s de las causales previstas en las normas vigentes, las operaciones deber\u00e1n objetarse cuando sean el medio para obtener posici\u00f3n de dominio en el mercado&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>II. LA DEMANDA \u00a0<\/p>\n<p>A juicio de la impugnante, la norma parcialmente acusada vulnera el art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n<p>Manifiesta que la expresi\u00f3n demandada contradice la disposici\u00f3n superior en cuanto califica la posici\u00f3n dominante en el mercado como ilegal, fijando a su vez una directriz y pauta para que el Superintendente objete la integraci\u00f3n o fusi\u00f3n de empresas. \u00a0<\/p>\n<p>Afirma que la simple adquisici\u00f3n de la posici\u00f3n dominante en el mercado a trav\u00e9s de la fusi\u00f3n, adquisici\u00f3n o consolidaci\u00f3n no es causal justificativa de objeci\u00f3n por parte del Superintendente, motivo por el cual, a juicio de la actora, resulta oportuno aclarar que este funcionario deber\u00e1 objetar la fusi\u00f3n, consolidaci\u00f3n o adquisici\u00f3n cuando, una vez constituida la posici\u00f3n de dominio en el mercado, \u00e9sta se haya adquirido a trav\u00e9s de pr\u00e1cticas restrictivas de la competencia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Considera la demandante que el objetivo de la adquisici\u00f3n de posici\u00f3n dominante en el mercado, a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n, fusi\u00f3n o consolidaci\u00f3n de empresas, tiene en Colombia un contenido y fundamento socioecon\u00f3mico, dadas las dif\u00edciles circunstancias que atraviesa la poblaci\u00f3n en general y el sector empresarial en particular. Por lo tanto, en su criterio, resulta imperioso lograr la posici\u00f3n dominante en el mercado para elevar los niveles de crecimiento y poder superar la grave coyuntura existente. \u00a0<\/p>\n<p>III. INTERVENCIONES \u00a0<\/p>\n<p>El ciudadano Carlos Eduardo Serna Barbosa solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la norma demandada. \u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan expone, dicha disposici\u00f3n introdujo una modificaci\u00f3n al inciso primero del art\u00edculo 4 de la Ley 155 de 1959, con la finalidad de hacer m\u00e1s eficiente y efectiva la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a las pr\u00e1cticas comerciales restrictivas previstas en esta Ley y en el Decreto Ley 2153 de 1992, normas que son de orden p\u00fablico y propenden a la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Para el interviniente, resulta necesario observar de modo estricto las normas sobre pr\u00e1cticas comerciales restrictivas, tal como se consagra en la disposici\u00f3n acusada, ya que \u00e9sta encuentra su sustento en el art\u00edculo 333 de la Carta Pol\u00edtica, al procurar la libre competencia, dentro de los lineamientos que protejan el orden p\u00fablico y el inter\u00e9s general. \u00a0<\/p>\n<p>Por su parte, la ciudadana Carmen Ligia Valderrama Rojas, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que, teniendo en cuenta el contenido de los art\u00edculos 333, 334 y 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la adquisici\u00f3n y conservaci\u00f3n de la posici\u00f3n de dominio en el mercado no es en s\u00ed misma una situaci\u00f3n que vulnere el derecho a la libre competencia, siempre y cuando se produzca esta facultad como consecuencia del libre desarrollo del mercado. \u00a0<\/p>\n<p>Manifiesta que es deber del Estado, en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n del derecho a la libre competencia econ\u00f3mica, el de promoverla, preservando en el mercado las condiciones que la hagan posible, para cumplir de esta manera una funci\u00f3n de car\u00e1cter preventivo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>La representante de la Superintendencia de Industria y Comercio, concluye su intervenci\u00f3n afirmando que el art\u00edculo 118 del Decreto 266 de 2000, acusado parcialmente, desarrolla cabalmente el principio constitucional de la libre competencia econ\u00f3mica, toda vez que constituye un mecanismo fundamental para evitar distorsiones en el mercado.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION \u00a0<\/p>\n<p>El Procurador General de la Naci\u00f3n ha presentado escrito mediante el cual solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada del art\u00edculo 118 del Decreto 266 de 2000, en el sentido de que la objeci\u00f3n all\u00ed prevista procede \u00fanicamente cuando con estas operaciones se atente contra la libre competencia. \u00a0<\/p>\n<p>Manifiesta que las operaciones relativas a la fusi\u00f3n, consolidaci\u00f3n, integraci\u00f3n o adquisici\u00f3n de empresas, est\u00e1n permitidas en principio por el ordenamiento, pero se establece sobre ellas una vigilancia especial en atenci\u00f3n al tama\u00f1o de las empresas o a su posicionamiento en el mercado, con el fin de prevenir efectos negativos en el sistema econ\u00f3mico.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION \u00a0<\/p>\n<p>Cosa juzgada constitucional\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>En el presente caso, la Corte encuentra que ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 243 de la Carta Pol\u00edtica, por cuanto mediante Sentencia C-1316 del 26 de septiembre de 2000 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria D\u00edaz) se declar\u00f3 inexequible, a partir de su promulgaci\u00f3n, el Decreto 266 de 2000. \u00a0<\/p>\n<p>En consecuencia, esta Corporaci\u00f3n ordenar\u00e1 estarse a lo resuelto en la citada providencia. \u00a0<\/p>\n<p>DECISION \u00a0<\/p>\n<p>Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>ESTESE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en Sentencia C-1316 del 26 de septiembre de 2000, por medio de la cual se declar\u00f3 INEXEQUIBLE, a partir de su promulgaci\u00f3n, el Decreto 266 de 2000.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. \u00a0<\/p>\n<p>FABIO MORON DIAZ \u00a0<\/p>\n<p>Presidente \u00a0<\/p>\n<p>ALFREDO BELTRAN SIERRA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAIRO \u00a0CHARRY RIVAS \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n<p>CARLOS GAVIRIA DIAZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n<p>ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 CRISTINA PARDO SCHLESINGER \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrada \u00a0<\/p>\n<p>MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0<\/p>\n<p>IVAN ESCRUCERIA MAYOLO \u00a0<\/p>\n<p>Secretario General \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 Sentencia C-1718\/00 \u00a0 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Supresi\u00f3n de tr\u00e1mites \u00a0 Referencia: expediente D-3076 \u00a0 Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el art\u00edculo 118 del Decreto 266 de 2000 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