\u00a0 \u00a0 Sentencia C-272\/00 \u00a0<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Fusi\u00f3n del IFI, FEN, FONADE y FINDETER \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente D-2669 \u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el\u00a0 \u00a0<\/p>\n
art\u00edculo 9o. del Decreto 1164 de 1999 \u00a0<\/p>\n
Actor: Alexander L\u00f3pez Quiroz\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo del a\u00f1o dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr\u00e1mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano Alexander L\u00f3pez Quiroz demand\u00f3 el art\u00edculo 9o. del Decreto 1164 de 1999 \u201cpor el cual se dispone la fusi\u00f3n del Instituto de Fomento Industrial, IFI, la Financiera Energ\u00e9tica Nacional, FEN, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter en el Fondo Financiero Nacional S. A.\u201d. \u00a0<\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NORMAS DEMANDADAS\u00a0 \u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se transcribe el texto de la disposici\u00f3n acusada, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 43.626-20 del 29 de junio de 1999, y se subraya lo demandado: \u00a0<\/p>\n
\u201cDECRETO 1164 DE 1999 \u00a0<\/p>\n
(junio 29) \u00a0<\/p>\n
por el cual se dispone la fusi\u00f3n del Instituto de Fomento Industrial, IFI, la Financiera Energ\u00e9tica Nacional, FEN, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter en el Fondo Financiero Nacional S. A. \u00a0<\/p>\n
\u201cEl Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el art\u00edculo 120 de la ley 489 de 1998, \u00a0<\/p>\n
DECRETA \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 9\u00b0. Junta Directiva del Fondo. La Junta Directiva del Fondo Financiero Nacional S. A. estar\u00e1 constituida por: \u00a0<\/p>\n
1. El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico o su delegado quien la presidir\u00e1. 2. El Ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico o su delegado. 3.El Ministro de Minas y Energ\u00eda o su delegado. 4. El Ministro de Transporte o su delegado. 5. El Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n o su delegado. 6. Dos representantes elegidos por la asamblea de accionistas con sus respectivos suplentes.\u201d \u00a0<\/p>\n
III.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA DEMANDA \u00a0<\/p>\n
El ciudadano Alexander L\u00f3pez Quiroz demand\u00f3 el art\u00edculo 9o. del Decreto 1164 de 1999 considerando que vulnera los art\u00edculos 2o., 13, 38 y 93 de la Carta Pol\u00edtica, por lo que solicita se declare su inexequibilidad, con fundamento en las siguientes razones: \u00a0<\/p>\n
El actor indica que el Fondo Financiero Nacional (F.F.N.) S.A. es una sociedad de econom\u00eda \u00a0mixta del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa cuyos socios tienen la potestad de manifestar libre y espont\u00e1neamente, mediante un acto de concertaci\u00f3n, quienes deben componer su Junta Directiva, pues \u00e9sta se encarga de establecer de las pautas de la sociedad an\u00f3nima, para propiciar la participaci\u00f3n en la toma de decisiones. \u00a0<\/p>\n
A su juicio, la norma demandada vulnera la Carta Pol\u00edtica en los siguientes aspectos: (i) el fin esencial del Estado de facilitar la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afecten (C.P., art. 2o.), en la medida que al establecerse taxativamente, por medio de un Decreto, quienes son los miembros de la Junta Directiva, \u00a0se incumple el citado mandato, ya que no se facilita la participaci\u00f3n de los socios en las decisiones de la sociedad; (ii.) el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), pues limita a la Asamblea General de la sociedad a elegir s\u00f3lo dos miembros de la Junta Directiva, desconociendo que le corresponde elegir al 100%, lo cual, en su criterio, crea una situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n entre los socios del F.F.N. que aspiran a conformar dicha Junta; (iii.) el derecho de asociaci\u00f3n (C.P., art. 38), al limitarse el n\u00famero de miembros que podr\u00e1n ser elegidos por la Asamblea General de la sociedad y (iv.) el articulo 93, junto con las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, con base en los cuales se aprobaron tratados internacionales que reglamentaron el derecho de asociaci\u00f3n, que implica la libertad de los socios para organizarse y fijar criterios de administraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. INTERVENCIONES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Intervenci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El ciudadano Juan Fernando Romero Tob\u00f3n, actuando como apoderado especial del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, intervino, mediante escrito recibido el 14 de diciembre de 1999, para solicitar \u201cestarse a lo resuelto en la Sentencia C-969 de 19991 por medio de la cual se decidi\u00f3, entre otros temas, en relaci\u00f3n con la totalidad del Decreto 1164, uno de cuyos art\u00edculos se encuentra bajo examen en el presente proceso y, en virtud de la decisi\u00f3n comentada, sigue el mismo destino. El razonamiento en este caso es directo2\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Competencia\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 5o., de la Carta Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, por tratarse de un Decreto expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas con fundamento en el art\u00edculo 150, numeral 10 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Cosa Juzgada Constitucional en relaci\u00f3n con el Decreto 1164 de 1999 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para efectos del asunto bajo examen, debe se\u00f1alarse que el Presidente de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 el Decreto 1164 del 29 de junio de 1999, \u201cpor el cual se dispone la fusi\u00f3n del Instituto de Fomento Industrial, IFI, la Financiera Energ\u00e9tica Nacional, FEN, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter en el Fondo Financiero Nacional S.A.\u201d, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el art\u00edculo 120 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998. \u00a0<\/p>\n
El citado art\u00edculo 120 ib\u00eddem, seg\u00fan el numeral noveno de la parte resolutiva de la sentencia C-702 de 20 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, fue declarado inexequible a partir de la fecha de promulgaci\u00f3n de la Ley 489 de 1998. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por su parte, el Decreto 1164 de 1999 fue objeto de examen constitucional por parte de esta Corporaci\u00f3n, el cual mediante providencia C-969 del primero (1o.) de diciembre de 1999, M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, fue declarado inexequible como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998, en cuanto desapareci\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico la norma que serv\u00eda de sustento para la expedici\u00f3n de los decretos con fuerza de ley en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por esa disposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n en la citada sentencia, como fundamentos de su determinaci\u00f3n, los siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, desaparecida la norma que sirvi\u00f3 de fundamento para expedir los decretos acusados, resulta apenas obvio que aquellos deban correr igual suerte, pues se produce el fen\u00f3meno de la inconstitucionalidad por consecuencia, \u00a0es decir, \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026del decaimiento de los decretos posteriores a ra\u00edz de la desaparici\u00f3n sobreviniente de la norma que permit\u00eda al Jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u201cCuando tal situaci\u00f3n se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el an\u00e1lisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jur\u00eddica y son inconstitucionales por ello, independientemente que las normas que consagran consideradas en s\u00ed mismas, pudieran o no avenirse a la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u201cDesde luego la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad que en los expresados t\u00e9rminos tiene lugar, no repercute en determinaci\u00f3n alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que hubiera proferido, ya que aqu\u00e9lla proviene de la p\u00e9rdida de sustento jur\u00eddico de la atribuci\u00f3n presidencial legislativa, m\u00e1s no de la oposici\u00f3n objetiva entre las normas adoptadas y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d.3 \u00a0<\/p>\n
Por lo dicho, la corte proceder\u00e1 a retirar del ordenamiento positivo los decretos 1123, 1134, 1135, 1136, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 149, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1179, 1180 y 1184 de 1999, aclarando que tal decisi\u00f3n, en consonancia con lo \u00a0dispuesto \u00a0en la citada Sentencia C-702 del presente a\u00f1o, produce efectos a partir de la fecha de promulgaci\u00f3n de los mismos.\u201d \u00a0-negrilla fuera de texto- \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, en virtud \u00a0de que ha operado la cosa juzgada constitucional respecto del Decreto 1164 de 1999, habr\u00e1 de estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-969 del primero (1o.) de diciembre de 1999, y as\u00ed se \u00a0dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. DECISION\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-969 de 1999, que declar\u00f3 inexequible el Decreto 1164 de 1999. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0ANTONIO BARRERA CARBONELL\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0VLADIMIRO NARANJO MESA \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO MORON DIAZ \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Se trata de la providencia que resolvi\u00f3 la demanda contenida en el expediente D-2630. \u00a0<\/p>\n
2 Como es bien conocido, en virtud de la sentencia C-702 de 1999 de esa Corporaci\u00f3n fue declarado inexequible el art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998. Los fallos ulteriores han declarado la unidad normativa como consecuencia del anterior pronunciamiento. Cfr. sents. C-722, C-741, C-918, C-923, todas del a\u00f1o que finaliza. \u00a0<\/p>\n
3 Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 1995, M.P. Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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