\u00a0 \u00a0 Sentencia T-1039\/00 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de salarios \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA SUBSISTENCIA-Retribuci\u00f3n salarial \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-310653 y T-310684 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Procedencia: Tribunal Administrativo del Tolima \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil (2.000). \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
Dentro del proceso de revisi\u00f3n de los siguientes fallos: \u00a0<\/p>\n
En la T-310653: \u00a0<\/p>\n
El de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de diciembre de 1999 concediendo la tutela y el de segunda instancia del Consejo de Estado Secci\u00f3n Segunda del 25 de febrero del 2000 revocando la decisi\u00f3n del a-quo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En la T- 310684: \u00a0<\/p>\n
El de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de diciembre de 1999 concediendo la tutela y el de segunda instancia del Consejo de Estado Secci\u00f3n Segunda del 25 de febrero del 2000 revocando la decisi\u00f3n del a-quo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
HECHOS: \u00a0<\/p>\n
En ambas tutelas s\u00f3lo se relacionan dos hechos, ambos id\u00e9nticos, expresamente dicen: \u00a0<\/p>\n
\u201c1. Soy trabajador al servicio del municipio de Rovira, Tolima, en el cargo de obrero. \u00a0<\/p>\n
\u201c2. El municipio se ha venido atrasando en el pago de los salarios hasta tal punto que adeuda los meses de agosto, septiembre y octubre de 1999 y prima semestral de junio\/99\u201d. \u00a0<\/p>\n
Nada mas se agrega. \u00a0<\/p>\n
PRUEBAS: \u00a0<\/p>\n
En los dos expedientes solamente existe el pronunciamiento del alcalde de Rovira, que en nada se refiere a los peticionarios de la tutela y se limita a indicar la crisis econ\u00f3mica del municipio, agreg\u00e1ndose fotocopia de comunicaci\u00f3n y \u00a0de consignaci\u00f3n en Bancaf\u00e9 de ingresos corrientes de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
DECISIONES OBJETO DE REVISION \u00a0<\/p>\n
En ambos casos, en la T-310653 y en la T-310684, coinciden fechas, juzgadores y argumentos. \u00a0<\/p>\n
El de primera instancia en las dos tutelas fue proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de diciembre de 1999 concediendo la tutela porque un juicio ordinario resultar\u00eda tard\u00edo y hay violaci\u00f3n al m\u00ednimo vital. Y en segunda instancia el Consejo de Estado Secci\u00f3n Segunda, en ambos casos fall\u00f3 el 25 de febrero del 2000 revocando la decisi\u00f3n del a-quo porque en su sentir debe conocer la jurisdicci\u00f3n laboral ordinaria.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES JURIDICAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. COMPETENCIA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisi\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 86 y 241 de la Constituci\u00f3n Nacional \u00a0y del decreto 2591 de 1991 y dem\u00e1s disposiciones pertinentes; por la escogencia de los casos \u00a0hecha por la Sala de Selecci\u00f3n y por la acumulaci\u00f3n decretada por la Sala de Selecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. TEMAS JURIDICOS \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En principio, la tutela no est\u00e1 establecida para reclamar acreencias laborales, especialmente si se tiene \u00a0en cuenta que para eso existe el juicio ejecutivo laboral; sin embargo, si la mora ocasiona un perjuicio irremediable y se tiene en cuenta, como lo dice la SU-995\/99, que el pago oportuno del salario es un derecho fundamental porque implica reconocimiento de la dignidad humana, del m\u00ednimo vital que puede concretarse en el libre desarrollo de la personalidad, del amparo de la familia, del reconocimiento de la igualdad y el orden justo; y, adem\u00e1s, se relaciona con el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la seguridad social; se concluye que \u00a0hay un c\u00famulo de disposiciones constitucionales que sirven de ayuda para garantizar el pago oportuno del salario. Normas constitucionales que se integran con el Convenio 95 de la OIT, referente al salario, en el bloque de constitucionalidad.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente hay que analizar una serie de aspectos que se requieren \u00a0para la excepcional \u00a0prosperidad de la tutela cuando se \u00a0reclaman \u00a0salarios insolutos. Como los temas a desarrollar ya han sido estudiados por la jurisprudencia, se reiterar\u00e1 lo dicho por la Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
1. Cu\u00e1ndo procede excepcionalmente la tutela en reclamaci\u00f3n de salarios\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En primer lugar hay que recalcar que la tutela cabe \u00a0para proteger el m\u00ednimo vital del trabajador (T-070\/2000 que reitera jurisprudencias anteriores). Por esta \u00faltima raz\u00f3n \u201c\u2026es posible ordenar el pago de derechos laborales en circunstancias excepcionales, en que se encuentra afectado el derecho al m\u00ednimo vital de la persona que impetra la tutela, que deben ser calificadas por el juez en cada situaci\u00f3n concreta\u201d (T-266\/2000). Es por ello que excepcionalmente puede \u00a0reclamarse \u00a0el salario no pagado, ver T-182\/2000. \u00a0<\/p>\n
Como se aprecia, son los principios del derecho al trabajo y \u00e9ste los que constitucionalmente se protegen, luego para efectos de la tutela tiene una gran connotaci\u00f3n el salario.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto a la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela para reclamar los salarios en mora, la Corte ha considerado que se est\u00e1 ante un perjuicio irremediable que pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los dem\u00e1s derechos conexos; es decir que el m\u00ednimo vital juega un papel muy importante en la reclamaci\u00f3n de salarios por tutela y en este aspecto hay que tener en cuenta que quien interpone la tutela haya sufrido un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Sobre el perjuicio irremediable en la T-225\/931 se precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia que exige, en el caso que nos ocupa, medidas inmediatas; la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente; y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al t\u00e9rmino ‘amenaza’ es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesi\u00f3n, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. \u00a0La amenaza requiere un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o menoscabo material o moral.” \u00a0<\/p>\n
En la misma sentencia se dice que es inminente lo “que amenaza o est\u00e1 por suceder prontamente”; que las medidas han de ser urgentes, es decir, “como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecuci\u00f3n o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.” Que el perjuicio se requiere que sea grave, “lo que equivale a la gran intensidad del da\u00f1o o menoscabo material o moral en el haber jur\u00eddico de la persona.”; y “que la acci\u00f3n de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.” \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La prueba del m\u00ednimo vital \u00a0<\/p>\n
En lo tocante a la prueba, se considera que la no cancelaci\u00f3n de salarios es un perjuicio irremediable que afecta el derecho fundamental a la subsistencia \u201cen todos los casos en los \u00a0que no se encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su trabajo\u201d. (SU-995\/99) Y en la misma sentencia la Corte recuerda que se debe partir del principio de la buena fe, pero que el actor no queda exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones del decreto 2591 de 1991, especialmente de los art\u00edculos: 18 (restablecimiento inmediato si hay medio de prueba), 20 ( presunci\u00f3n de veracidad si se piden informes y no son rendidos), 21 (informaci\u00f3n adicional que pida el juez), 22 (convencimiento \u00a0del juez que exonera de pruebas adicionales).2 O sea que no se exige la prueba diab\u00f3lica (demostraci\u00f3n a plenitud de que no se tienen otros ingresos), sino que se requiere algo que le permita al juez deducir que el salario es el \u00fanico ingreso y que el no pago afecta gravemente al trabajador, sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas contraidas, la situaci\u00f3n concreta y perjudicial \u00a0en que han quedado los hijos o el c\u00f3nyuge del trabajador, la misma cuant\u00eda del salario cuando esta es baja y hace presumir que quien lo recibe depende de \u00e9l, pero al menos debe existir un principio de prueba, no basta la sola afirmaci\u00f3n, menos la hecha de manera gen\u00e9rica para varios trabajadores. \u00a0<\/p>\n
CASOS CONCRETOS \u00a0<\/p>\n
Tanto en la tutela de Alfonzo Luis Barrios Riveros como en la de Ana Doris Guti\u00e9rrez nada se prob\u00f3: ni la relaci\u00f3n laboral, ni el salario; ni siquiera se manfiest\u00f3 en los hechos algo que pudiera servir para inferir que se hab\u00eda afectado el m\u00ednimo vital de los peticionarios. Luego por esta raz\u00f3n est\u00e1n llamadas a no prosperar cada una de estas acciones. Por consiguiente se confirmar\u00e1n las decisiones de segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
DECISION \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR en la T-310653 el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda, del 25 de febrero del 2000, que no concedi\u00f3 la tutela.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. CONFIRMAR en la T- 310684 el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda, del 25 de febrero del 2000, que no concedi\u00f3 la tutela. \u00a0<\/p>\n
TERCERO. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0<\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. \u00a0<\/p>\n
2 El cuidado sobre la prueba debe ser tenido en cuenta por quien instaura tutela. Por ejemplo, por no haber prueba suficiente no prosper\u00f3 la reclamaci\u00f3n de unos profesores universitarios, T-335\/2000 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Sentencia T-1039\/00 \u00a0 ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de salarios \u00a0 DERECHO A LA SUBSISTENCIA-Retribuci\u00f3n salarial \u00a0 Referencia: expediente T-310653 y T-310684 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Procedencia: Tribunal Administrativo del Tolima \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0 Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil (2.000). \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-5484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-2000"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}