\u00a0 \u00a0 Sentencia T-1218\/00 \u00a0<\/p>\n
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Presunci\u00f3n de afectaci\u00f3n por ausencia prolongada es pago de salarios\/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-No afectaci\u00f3n por no pago de primas complementarias de salario a educadores \u00a0<\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
Acciones de tutela instauradas por Bertha Eugenia Hoyos Aristiz\u00e1bal y otros contra el se\u00f1or Gobernador de Antioquia. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., a los veinte (20) d\u00edas del mes de septiembre de dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas contenidas en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
en el proceso de revisi\u00f3n de los fallos proferidos por diferentes jueces de instancia del Departamento de Antioquia, al resolver sobre las acciones de tutela instauradas por Bertha Eugenia Hoyos Aristiz\u00e1bal y otros contra el se\u00f1or Gobernador de Antioquia. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0<\/p>\n
Los hechos de las acciones de tutela objeto de revisi\u00f3n, pueden sintetizarse en los siguientes puntos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Los demandantes se encuentran vinculados al Departamento de Antioquia en calidad de docentes, y laboran en diferentes centros educativos del departamento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El Departamento de Antioquia, mediante ordenanzas departamentales cre\u00f3 una serie de primas complementarias al salario b\u00e1sico. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Las diferentes primas creadas por el departamento, obedecen a diferentes criterios y se identifican como\u00a0Bonificaci\u00f3n del 20% a educadores del grado 2\u00b0; Prima de Normalista del 6% a educadores rurales; Prima de Licenciatura del 10% a educadores en licenciatura que laboren fuera del Valle de Aburr\u00e1 y del Oriente cercano (mensual); Prima de Aula Especial del 10% a docentes que ense\u00f1an a alumnos con retardo mental (mensual); Prima Vida Cara; Prima de Clima (caliente) del 10% mensual; Prima de Escuela Unitaria del 8% o 10%, o m\u00e1ximo 26% mensuales de acuerdo a los niveles y cursos que ense\u00f1en; Prima de dif\u00edcil Acceso del 35% mensual; Prima del Plan Triangular del 30% mensual; y varias Primas a Directores y Rectores. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En raz\u00f3n a su lugar de trabajo, su cargo y su especialidad, los accionantes tienen derecho a que les sean pagadas determinadas primas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Sin embargo, se\u00f1alan que de manera discriminatoria el Departamento de Antioquia ha pagado a algunos docentes y funcionarios las primas ya se\u00f1aladas sin que para ello exista justificaci\u00f3n alguna. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n, los accionantes consideran violados sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas. Por ello, piden se ordene al se\u00f1or Gobernador de Antioquia que pague la totalidad de los dineros que por concepto de primas se les adeudan, as\u00ed como tambi\u00e9n se le advierta que en futuro cancele de manera oportuna junto con los salarios todos los componentes del mismo a que tienen derecho los educadores departamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Granada fueron impugnados y conocidos en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Santuario Antioquia, el cual procedi\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n del\u00a0 a quo. \u00a0<\/p>\n
En cuadro anexo a la presente providencia y que hace parte de la misma, se encuentran identificados cada uno de los expedientes objeto de esta revisi\u00f3n. En dicho cuadro se encuentra el n\u00famero de radicaci\u00f3n de cada expediente, el nombre del accionante, las primas adeudadas a cada uno, y las decisiones de primera y segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar la decisi\u00f3n judicial mencionada. \u00a0<\/p>\n
2. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para el pago de acreencias laborales. No afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital, ni violaci\u00f3n del derecho a la igualdad.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de numerosas acciones de tutela instauradas por los docentes del Departamento de Antioquia contra el mismo ente territorial, y falladas en sentencias T-376, T-440, T-541, T-605, T-656, T-724, T-808, T-851 y T-887 todas de 2000 y cuyo Magistrado Ponente fue el doctor Antonio Barrera Carbonell, en las cuales se se\u00f1alaron las mismas consideraciones que a continuaci\u00f3n se transcriben:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c2.1. Seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo subsidiario de defensa, pues ella s\u00f3lo procede \u201ccuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.\u201d \u00a0<\/p>\n
\u201cEn concordancia con tal disposici\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los jueces de tutela no tienen competencia para resolver conflictos jur\u00eddicos ocasionados en el incumplimiento de obligaciones de \u00edndole laboral, a menos que ello comprometa o amenace el m\u00ednimo vital del peticionario, caso en el cual la tutela se torna id\u00f3nea para que a trav\u00e9s de este medio se pueda obtener el pago de aqu\u00e9llas, aun existiendo otras v\u00edas judiciales para lograr ese cometido.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c2.2. Sobre la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital o de subsistencia ha dicho la Corte, en reiterada jurisprudencia, que \u00e9ste se presume afectado, cuando la suspensi\u00f3n en el pago del salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de tal suerte que se coloca al trabajador y a su familia en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica cr\u00edtica que afecta sus derechos fundamentales y que hace necesaria la intervenci\u00f3n r\u00e1pida y eficaz del juez de tutela para restablecer su goce, correspondi\u00e9ndole al demandado la demostraci\u00f3n de que el peticionario de la tutela cuenta con otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c2.3. En relaci\u00f3n con la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente al pago de obligaciones laborales, esta Corporaci\u00f3n en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-995\/991, expres\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u2018b. La acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo proceder\u00e1 como mecanismo para evitar que el trabajador sufra una situaci\u00f3n cr\u00edtica econ\u00f3mica y psicol\u00f3gica. Con esta referencia se busca dejar intacta la competencia de la jurisdicci\u00f3n laboral ordinaria, cuando no se trate de situaciones injustificadas, inminentes y graves que hacen urgente la intervenci\u00f3n del juez de amparo2. Esta Corporaci\u00f3n ha dicho al respecto: \u00a0<\/p>\n
\u201cLa jurisprudencia de la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales escapa al \u00e1mbito propio de la acci\u00f3n de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y, primordialmente, sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario en los t\u00e9rminos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera espec\u00edfica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente\u201d3 \u00a0<\/p>\n
\u201cEn el mismo fallo se afirma:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u2018As\u00ed, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el m\u00ednimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24. de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995, y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acci\u00f3n de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una ‘0persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su \u00fanico ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T- 608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensi\u00f3n revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. sentencia T-246 del 3 de junio de 1996); que es posible restaurar, por la v\u00eda del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelaci\u00f3n de prestaciones, favoreciendo con un pago r\u00e1pido a quienes se acogen a determinado r\u00e9gimen y demor\u00e1ndolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para \u00b4eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociaci\u00f3n sindical\u00b4\u201c (sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995, M\u00a0.P. Antonio Barrera Carbonell) Resalta la Sala.\u2019 \u00a0<\/p>\n
\u201c2.4. Analizadas las demandas, se pone de presente que en ellas los demandantes no \u00a0solicitan el pago de sus salarios, sino de algunas primas que tienen el car\u00e1cter de complementos salariales; de donde \u00a0se deduce que la administraci\u00f3n departamental ha cumplido sus obligaciones en relaci\u00f3n con el pago de salarios. Tampoco se afirma por los demandantes que se les haya afectado el m\u00ednimo vital con el no pago de las primas reclamadas; ni dentro del proceso existe prueba alguna que permita a la Sala inferir que se ha afectado el referido m\u00ednimo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cLa demostraci\u00f3n de la lesi\u00f3n del m\u00ednimo vital es una condici\u00f3n necesaria para la procedencia de la acci\u00f3n y para que se puedan despachar favorablemente las pretensiones de los actores. \u00a0<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, con las declaraciones de algunos de los demandantes y la informaci\u00f3n suministrada por el Tesorero General del Departamento, se pudo establecer que el m\u00ednimo vital de estas personas no est\u00e1 comprometiendo, toda vez que est\u00e1n recibiendo el pago oportuno de sus salarios y de las otras acreencias laborales legales, adeud\u00e1ndoseles solamente las primas extralegales. \u00a0<\/p>\n
\u201cEn cuanto a la alegada violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, tampoco se ha establecido discriminaci\u00f3n alguna por la administraci\u00f3n departamental, si se tiene en cuenta que a las personas a quienes no se les ha cancelado esas primas son educadores nacionalizados al servicio del Departamento de Antioquia, que se les paga con recursos provenientes del situado fiscal, a diferencia de los educadores departamentales y municipales a quienes si se les ha pagado, pero con cargo a los presupuestos del departamento o de cada municipio. \u00a0<\/p>\n
\u201cEn tales circunstancias, la tutela resulta ser un mecanismo inadecuado para obtener el pago de las referidas primas, dado que el incumplimiento de la administraci\u00f3n no configura una vulneraci\u00f3n o lesi\u00f3n de su m\u00ednimo vital, definido \u00e9ste como \u201clos requerimientos b\u00e1sicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentaci\u00f3n y vestuario sino en lo referente a la salud, educaci\u00f3n, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservaci\u00f3n de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias m\u00e1s elementales del ser humano4.\u201d \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cEn consecuencia, los demandantes tienen expeditos los instrumentos procesales ordenados, el proceso ejecutivo laboral, o la acci\u00f3n contenciosa administrativa, previo agotamiento de la v\u00eda gubernativa, para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos.\u201d \u00a0<\/p>\n
En vista de las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta que los supuestos de hecho se\u00f1alados por los demandantes de las acciones tutela objeto de revisi\u00f3n por esta Sala, son exactamente iguales a los que fueron considerados en las sentencias ya referidas, hacen necesario revocar todas las decisiones de \u00fanica y segunda instancias en cuanto concedieron el amparo tutelar solicitado. En su lugar se negar\u00e1n por las consideraciones aqu\u00ed expuestas. \u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero. REVOCAR las decisiones proferidas por el Juzgado Penal del Circuito de Santuario (Antioquia) y por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cocorn\u00e1 (Antioquia), en cuanto concedieron las tutelas interpuestas por \u00a0Bertha Eugenia Hoyos Aristiz\u00e1bal, Bertha Dolly Garc\u00eda Giraldo, Olga Irene Garc\u00eda Quintero, Margarita Mar\u00eda Salazar de G., Amado de Jes\u00fas Giraldo Goez, Luz Estella G\u00f3mez Jim\u00e9nez, Mar\u00eda Margarita Idarraga Amaya, Juvenal Rivera Henao, Aura Elena Yepes Giraldo, Barbara Resfa Ram\u00edrez Hoyos, Mar\u00eda Olga Hoyos Aristiz\u00e1bal, Amanda Lucelly Giraldo Tob\u00f3n, Mariela Esther L\u00f3pez L\u00f3pez, Trinidad Estella Cadavid Osorio, Martha Nelly Zuluaga L\u00f3pez, Blanca Margarita Mu\u00f1oz de Gonz\u00e1lez y Gloria Estela Quintero. En su lugar NEGAR \u00a0las acciones de tutela de la referencia, con base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas. \u00a0<\/p>\n
Segundo. Por Secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Secretario General (E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz. \u00a0<\/p>\n
2 Se pueden consultar, entre otras, las sentencias: T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-125 de 1994. M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. \u00a0<\/p>\n
3 Corte Constitucional Sentencia T-01 de 1997. M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 Sentencias T- 246 de \u00a01992; T-366 de 1998, entre otras \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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