\u00a0 \u00a0 Sentencia T-158\/00 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales \u00a0<\/p>\n
ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO-Situaci\u00f3n econ\u00f3mica o presupuestal no es \u00f3bice para desconocer obligaciones laborales \u00a0<\/p>\n
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios \u00a0<\/p>\n
Referencia: expedientes T-254424 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de Tutela instaurada por Rosalba Galvis G\u00f3mez contra el Hospital Universitario “San Jos\u00e9” de Popay\u00e1n \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n
La Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
que pone fin al proceso de revisi\u00f3n de los fallos proferidos por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n en cuanto al proceso radicado bajo el n\u00famero T-254424, al resolver sobre la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rosalba Galvis G\u00f3mez contra el Hospital Universitario “San Jos\u00e9” de Popay\u00e1n. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Rosalba Galvis G\u00f3mez, en calidad de trabajadora del Hospital Universitario San Jos\u00e9 de Popay\u00e1n, manifiesta que \u00e9ste ha incurrido en incumplimiento del pago de sueldos de los meses correspondientes a mayo, junio y agosto de 1999, y de la prima de vacaciones, prima de antig\u00fcedad y subsidio familiar, el que se le adeuda desde 1996.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De acuerdo con la demanda, la omisi\u00f3n de la administraci\u00f3n hospitalaria impide a la accionante cumplir con las responsabilidades que debe atender en cuanto a estudio, sostenimiento y dem\u00e1s obligaciones.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Como mujer cabeza de familia que es, por cuanto el sueldo constituye el \u00fanico ingreso que recibe para sufragar los gastos que implica la subsistencia de su familia. \u00a0<\/p>\n
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Mediante Sentencia de septiembre 8 de 1999, la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, deniega la tutela solicitada, por existir, en su criterio, otro medio judicial ante la justicia ordinaria laboral para demandar y conseguir la protecci\u00f3n de los derechos que la actora estima violados.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia sobre la excepcionalidad de la acci\u00f3n de tutela , ante el incumplimiento del pago del salario en tiempo prolongado \u00a0<\/p>\n
La Corte recientemente ha unificado su jurisprudencia relativa al pago de salarios y obligaciones laborales por v\u00eda de tutela, garantizando los derechos fundamentales y protegiendo a todas las personas que son titulares de \u00e9stos, cuando por carencia del ingreso que constituye salario, se ve afectada tanto la digna subsistencia del trabajador como el bienestar personal y familiar, y la justa remuneraci\u00f3n que la Carta Pol\u00edtica le garantiza.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ante las irregularidades que se causan con la omisi\u00f3n e incumplimiento de un compromiso constitucional y legal, como es el de pagar las obligaciones laborales, la Sala recuerda que, si bien por regla general la tutela no es el medio adecuado para lograr el reconocimiento, liquidaci\u00f3n o reliquidaci\u00f3n de obligaciones que tienen origen laboral, s\u00ed le corresponde al juez de tutela brindar las garant\u00edas constitucionales que \u00a0permitan una efectiva protecci\u00f3n, cuando se desconocen los derechos del trabajador con la dilaci\u00f3n en el pago de los salarios. \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, una vez m\u00e1s \u00e9sta Corporaci\u00f3n, sin desconocer la dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera que aqueja a las entidades del sector salud, confirma como en repetidas oportunidades lo ha manifestado, que es obligaci\u00f3n de los entes encargados del pago fijar los correctivos presupuestales necesarios que aseguren la cancelaci\u00f3n de obligaciones salariales, y que ellas tienen prioridad sobre cualquier otra acreencia. La demandante podr\u00e1 reclamar ante la justicia \u00a0ordinaria, los restantes conceptos, que no comprometen su m\u00ednimo vital. \u00a0<\/p>\n
La Sala Quinta de Revisi\u00f3n, probada como est\u00e1 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la solicitante, revocar\u00e1 la sentencia proferida por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, a fin de que las directivas del Hospital Universitario “San Jos\u00e9” cancelen en un plazo m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, los sueldos adeudados a Rosalba Galvis G\u00f3mez. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero. REVOCAR, la sentencia proferida por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n. \u00a0<\/p>\n
En su lugar, CONCEDER la tutela impetrada por Rosalba Galvis G\u00f3mez, \u00a0en cuanto se evidencia la violaci\u00f3n de sus derechos al m\u00ednimo vital, al trabajo y a la dignidad y justicia que deben caracterizar la relaci\u00f3n laboral. \u00a0<\/p>\n
Segundo. ORDENAR a las directivas del Hospital Universitario “San Jos\u00e9” de Popay\u00e1n, que cancelen, en cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, los sueldos adeudados a Rosalba Galvis G\u00f3mez.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tercero. Por Secretaria, L\u00cdBRESE la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 FABIO MORON DIAZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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