\u00a0 \u00a0 Sentencia T-1636\/00 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales \u00a0<\/p>\n
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios \u00a0<\/p>\n
EMPLEADOR-Situaci\u00f3n econ\u00f3mica o presupuestal no es \u00f3bice para desconocer pago de salarios \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-360282 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela incoada por Orlando Figueroa de La Hoz contra el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Barranquilla \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n
La Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los art\u00edculos 86 y \u00a0241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
dentro del proceso de revisi\u00f3n del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El peticionario instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Barranquilla, por la falta de pago de sus salarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2000. Manifest\u00f3 que su salario es la \u00fanica fuente de ingresos de que dispone para su manutenci\u00f3n y la de su familia. \u00a0<\/p>\n
Su petici\u00f3n se orient\u00f3 a conseguir la cancelaci\u00f3n de los sueldos atrasados y el pago oportuno de los futuros salarios. \u00a0<\/p>\n
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, en fallo del 25 de julio de 2000, neg\u00f3 la tutela, se\u00f1alando la existencia de otro medio de defensa judicial, pues precisamente corresponde a la justicia ordinaria laboral dirimir los conflictos que se presenten con ocasi\u00f3n de los contratos de trabajo. Agreg\u00f3 el Juzgado que, eventualmente, habr\u00eda podido concederse la tutela si se hubiere comprobado un perjuicio irremediable, cosa que no ocurri\u00f3 en el presente caso. \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela y el pago oportuno de salarios. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo judicial id\u00f3neo para obtener la cancelaci\u00f3n de acreencias laborales, salvo cuando est\u00e1 comprometido el denominado m\u00ednimo vital.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala reitera el criterio expuesto en su jurisprudencia, cuyo tenor la falta de pago oportuno de salarios y mesadas pensionales incide en la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, si se tiene en cuenta que los retrasos lesionan derechos como la subsistencia, la dignidad, el trabajo y, por lo general, los derechos de los ni\u00f1os.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Y ha concedido la Corte la protecci\u00f3n aun sin entrar a demostrar en forma fehaciente la existencia de un perjuicio irremediable, pues se parte del supuesto de que el no pago de salarios, trat\u00e1ndose de personas que no disponen de ning\u00fan otro ingreso, en especial si ello ocurre por un lapso prolongado, implica una flagrante afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital y un grave perjuicio a los derechos b\u00e1sicos. \u00a0<\/p>\n
El pago de los salarios es una derivaci\u00f3n del derecho al trabajo y constituye precisamente la retribuci\u00f3n por los servicios personales prestados por el trabajador.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se repite lo dicho en fallo de unificaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual las dificultades financieras por las que pudieren estar atravesando las entidades empleadoras, p\u00fablicas o privadas, no justifican los retrasos en la cancelaci\u00f3n de salarios o mesadas pensionales. \u00a0<\/p>\n
Se manifest\u00f3 en la Sentencia SU-995 de 1999: \u00a0<\/p>\n
\u201cDe acuerdo con las anteriores consideraciones y conforme a la doctrina constitucional, las conclusiones son las siguientes: \u00a0<\/p>\n
a. El derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su remuneraci\u00f3n salarial, es una garant\u00eda que no se agota en la simple enunciaci\u00f3n de un deber surgido de la relaci\u00f3n laboral, sino que se trata de un verdadero derecho fundamental.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. La figura de la retribuci\u00f3n salarial est\u00e1 directamente relacionada con la satisfacci\u00f3n del derecho fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la Corte Constitucional como emanaci\u00f3n de las garant\u00edas a la vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a la seguridad social (Art. 48 C.P.); pero no se agota en la satisfacci\u00f3n de las necesidades de mera subsistencia biol\u00f3gica del individuo, pues debe permitir el ejercicio y realizaci\u00f3n de los valores y prop\u00f3sitos de vida individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones leg\u00edtimas del grupo familiar que depende econ\u00f3micamente del trabajador. \u00a0<\/p>\n
c. No corresponde a una efectiva protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad y al trabajo, la idea de limitar la protecci\u00f3n judicial del salario por v\u00eda de tutela, a la cuant\u00eda que define el legislador como salario m\u00ednimo, pues \u00e9ste es, seg\u00fan la ley, la contraprestaci\u00f3n menor aceptable en las labores que no requieren calificaci\u00f3n alguna. Si el juez de amparo escoge el criterio cuantitativo m\u00e1s deficiente para limitar la procedencia de la tutela, no s\u00f3lo desconoce las necesidades de un vasto sector de la poblaci\u00f3n para el que el salario, si bien superior al m\u00ednimo, tambi\u00e9n es la \u00fanica fuente para satisfacer las necesidades personales y familiares. \u00a0<\/p>\n
d. Para los efectos de establecer cu\u00e1ndo cabe y cu\u00e1ndo no la instauraci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, el juez est\u00e1 obligado a examinar los hechos que ante \u00e9l se exponen, as\u00ed como las pretensiones del actor, para verificar s\u00ed, por sus caracter\u00edsticas, el caso materia de estudio puede ser resuelto en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, por los procedimientos judiciales ordinarios, o s\u00ed, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la \u00fanica posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales. \u00a0<\/p>\n
e. La informalidad de la acci\u00f3n de tutela, y el hecho de que la persona no tenga que probar que es titular de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Pol\u00edtica a todos, o a los que se encuentran en determinados supuestos normativos, no exoneran al actor de probar los hechos en los que basa sus pretensiones; sin embargo, en esta clase de procesos preferentes y sumarios, el r\u00e9gimen probatorio est\u00e1 orientado por las facultades excepcionales que confiere el Decreto 2591 de 1991 al juez de amparo, especialmente en los art\u00edculos 18, 20, 21 y 22. Adem\u00e1s, en la aplicaci\u00f3n de las reglas de la sana cr\u00edtica, debe partir el fallador del principio de la buena fe, constitucionalizado en el art\u00edculo 83 de la Carta de 1991. \u00a0<\/p>\n
f. Con el prop\u00f3sito de lograr la eficaz y completa protecci\u00f3n de los derechos fundamentales comprometidos con la falta de pago, es menester que la orden de reconocimiento que imparte el juez de tutela se extienda a la totalidad de las sumas adeudadas al momento de presentar la demanda, trat\u00e1ndose, como en los casos que se analizan, de personas cuyo m\u00ednimo vital depende de su salario, y que se garantice la oportuna cancelaci\u00f3n de las contraprestaciones futuras que correspondan al m\u00ednimo vital. \u00a0<\/p>\n
g. El retardo en el que incurre el empleador -privado o p\u00fablico-, que se verifica por el lapso transcurrido entre la fecha en que se causan los salarios y aqu\u00e9lla en que el pago se hace efectivo -m\u00e1xime si dicho pago se produce en virtud de una orden judicial-, causa un grave perjuicio econ\u00f3mico a los actores. Quienes est\u00e1n obligados a pagar salarios, prestaciones o pensiones, deben cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y actualizarlas. \u00a0<\/p>\n
h. Es necesario precisar que la falta de presupuesto de la administraci\u00f3n, o la insolvencia del empleador particular, como motivo para no pagar oportunamente los salarios, no constituye raz\u00f3n suficiente para justificar el desconocimiento de derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas y el bienestar del trabajador y sus familiares.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Todo lo anterior justifica la tutela, siempre que concurran las condiciones de procedibilidad de la misma\u201d. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Dr. Carlos Gaviria D\u00edaz). (Subrayado fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
En el caso sub examine no aparece documento alguno en el expediente que desvirt\u00fae las afirmaciones hechas por el peticionario sobre su situaci\u00f3n actual y acerca de la prolongada falta de pago de su salario, y, aunque se envi\u00f3 oficio de notificaci\u00f3n a la entidad demandada, tampoco se hizo presente en el proceso de tutela. Se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n para que, si a\u00fan no lo hubiere hecho, el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Barranquilla, cancele a Orlando Figueroa De La Hoz todos los salarios pendientes de pago. \u00a0<\/p>\n
DECISION \u00a0<\/p>\n
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla el 25 de julio de 2000, al resolver sobre la acci\u00f3n de tutela instaurada por Orlando Figueroa De La Hoz contra el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Barranquilla y, en consecuencia, conceder la protecci\u00f3n solicitada. \u00a0<\/p>\n
Segundo.- ORDENAR al Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, adelante las diligencias necesarias para la inmediata cancelaci\u00f3n de todos los salarios que en ese momento se le adeuden a Orlando Figueroa De La Hoz. \u00a0<\/p>\n
Tercero.- Por Secretar\u00eda L\u00cdBRESE la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 FABIO MORON DIAZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0<\/p>\n
IVAN ESCRUCERIA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General (E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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