\u00a0 \u00a0 Sentencia T-1748\/00 \u00a0<\/p>\n
DERECHO DE PETICION-N\u00facleo esencial\/DERECHO DE PETICION-Alcance \u00a0<\/p>\n
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Procedencia \u00a0<\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-357511 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Hern\u00e1n Giraldo Correa contra COOVEZAGRO Ltda. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., a los doce (12) d\u00edas del mes de diciembre de dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n
La Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CRISTINA PARDO SCHLESINGER, ALVARO TAFUR GALVIS y FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
que pone fin al proceso de revisi\u00f3n de los fallos proferidos por los Juzgados Tercero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de La Dorada, al resolver sobre la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hern\u00e1n Giraldo Correa contra COOVEZAGRO Ltda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Manifiesta el accionante que como comisionado verificador del acta de la asamblea general ordinaria de COOVEZAGRO Ltda, y como asociado, solicit\u00f3 al representante legal de dicha entidad, le fuera entregada una informaci\u00f3n referente a la asamblea general celebrada el 31 de marzo de 2000, la cual requer\u00eda para poder cumplir con las funciones a \u00e9l asignadas. \u00a0<\/p>\n
El 17 de mayo del mismo a\u00f1o, le fue dada una respuesta a su petici\u00f3n, la cual elud\u00eda lo solicitado por \u00e9l, con el argumento de que se hab\u00eda dado tr\u00e1mite a un conducto que no era regular para ello, situaci\u00f3n bastante extra\u00f1a, pues la petici\u00f3n se hizo ante el mismo representante legal de la entidad accionada. \u00a0<\/p>\n
El d\u00eda 20 del mismo mes, reiter\u00f3 el accionante su petici\u00f3n, la cual, hasta la fecha de interposici\u00f3n \u00a0de la presente acci\u00f3n de tutela, no ha sido resuelta. \u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, considera el tutelante, le ha sido violado su derecho de petici\u00f3n, y pide se ordene a COOVEZAGRO Ltda, la entrega de la informaci\u00f3n el solicitada. \u00a0<\/p>\n
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISI\u00d3N. \u00a0<\/p>\n
En sentencia del 28 de julio de 2000, el Juzgado Tercero Civil Municipal de La Dorada, neg\u00f3 la tutela en cuesti\u00f3n. Consider\u00f3 el a quo que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, el derecho de petici\u00f3n contra particulares procede en casos excepcionales, los cuales no se cumplen en el presente caso ( actuar como autoridad, o en la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico), y finalmente, por cuanto el derecho de petici\u00f3n frente a particulares no ha sido reglamento por el Legislador. \u00a0<\/p>\n
Impugnada la anterior decisi\u00f3n, conoci\u00f3 en segunda instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, el cual en sentencia del 21 de julio del presente a\u00f1o, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, con base en similares consideraciones. \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
2. Violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
Reiteradamente esta Corporaci\u00f3n,1 ha se\u00f1alado que el derecho de petici\u00f3n, consagrado en la Carta Pol\u00edtica, tiene como elementos esenciales, el que las respuestas dadas a los peticionarios, sean oportunas, y que resuelvan de fondo las pretensiones por ellos presentadas, sin que ello implique una decisi\u00f3n favorable a sus intereses. La raz\u00f3n de ser de que las respuestas de dichas peticiones sean comunicadas al peticionario en los t\u00e9rminos ya indicados, no es s\u00f3lo la de conocer el contenido mismo de la comunicaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, con el fin de poder interponer los recursos y acciones del caso. \u00a0<\/p>\n
En reciente jurisprudencia, T-377\/2000, se resumieron los \u00a0par\u00e1metros que emanan de la jurisprudencia en la siguiente forma: \u00a0<\/p>\n
\u201ca) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Adem\u00e1s, porque mediante \u00e9l se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u201cb) El n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n, pues de nada servir\u00eda la posibilidad de dirigirse a la autoridad si \u00e9sta no resuelve o se reserva para s\u00ed el sentido de lo decidido. \u00a0<\/p>\n
\u201cc) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneraci\u00f3n del derecho constitucional fundamental de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u201cd) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. \u00a0<\/p>\n
\u201ce) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constituci\u00f3n lo extendi\u00f3 a las organizaciones privadas cuando la ley as\u00ed lo determine.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cf) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petici\u00f3n se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio p\u00fablico o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petici\u00f3n opera igual como si se dirigiera contra la administraci\u00f3n. 2. Cuando el derecho de petici\u00f3n se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no act\u00faan como autoridad, este ser\u00e1 un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. \u00a0<\/p>\n
\u201cg). En relaci\u00f3n con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el t\u00e9rmino que tiene la administraci\u00f3n para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al art\u00edculo 6\u00ba del C\u00f3digo Contencioso Administrativo que se\u00f1ala 15 d\u00edas para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deber\u00e1 explicar los motivos y se\u00f1alar el t\u00e9rmino en el cual se realizar\u00e1 la contestaci\u00f3n. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del t\u00e9rmino ser\u00e1 determinante, puesto que deber\u00e1 tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del t\u00e9rmino de 15 d\u00edas, en caso de no hacerlo, la respuesta ser\u00e1 ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. \u00a0<\/p>\n
\u201ch) La figura del silencio administrativo no libera a la administraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de resolver oportunamente la petici\u00f3n, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201ci) El derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa, por ser \u00e9sta una expresi\u00f3n m\u00e1s del derecho consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.\u201d \u00a0<\/p>\n
En el caso objeto de estudio, la entidad demandada, es de car\u00e1cter privado, raz\u00f3n por la cual el derecho de petici\u00f3n, podr\u00e1 ser protegido, siempre y cuando, se cumpla uno de los criterios de procedibilidad del derecho de petici\u00f3n ante entidades privadas, y son: que est\u00e9 prestando un servicio p\u00fablico, o que tenga el car\u00e1cter de autoridad \u00a0<\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en varias de sus decisiones ha se\u00f1alado algunas reglas respecto del derecho de petici\u00f3n frente a particulares. En sentencia de Unificaci\u00f3n SU-166 de 1999, Magistrado Ponente Alejandro Mart\u00ednez Caballero, se\u00f1al\u00f3 algunas reglas, a saber: \u00a0<\/p>\n
\u201c- La Constituci\u00f3n de 1991 ampli\u00f3 el alcance del derecho fundamental de petici\u00f3n, pues se predica respecto de la administraci\u00f3n y de las organizaciones privadas. Empero, en relaci\u00f3n con estas \u00faltimas su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n es limitado.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201c- En cuanto al ejercicio de este derecho contra particulares deben distinguirse dos situaciones. La primera, si la organizaci\u00f3n privada presta una servicio p\u00fablico o si por la funci\u00f3n que desempe\u00f1a adquiere el status de autoridad, el derecho de petici\u00f3n opera como si se tratase de una autoridad p\u00fablica2. La segunda, cuando el sujeto pasivo del derecho de petici\u00f3n es una organizaci\u00f3n que no act\u00faa como autoridad, s\u00f3lo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado3. Por lo tanto, la posibilidad de ejercer el amparo de este derecho, contra particulares, depende del \u00e1mbito y de las condiciones que se\u00f1ale el Legislador. \u00a0<\/p>\n
\u201c- La extensi\u00f3n del derecho de petici\u00f3n a particulares que no act\u00faan como autoridad, s\u00f3lo es procedente cuando aquel es el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, como quiera que este derecho no puede implicar una intromisi\u00f3n indiscriminada y arbitraria en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen p\u00fablico.4\u201d(Subraya y negrilla fuera del texto original). \u00a0<\/p>\n
En el caso objeto de estudio por parte de esta Sala de Revisi\u00f3n, visto que la empresa COOVEZAGRO Ltda, es una entidad de car\u00e1cter privado, que no presta un servicio p\u00fablico y que no tienen el car\u00e1cter de autoridad, se concluye aquella no transgrede el derecho de petici\u00f3n del peticionario, toda vez que hasta el momento, el Legislador no ha regulado este derecho frente a particulares como el accionado. Por tal raz\u00f3n, no procede la tutela del derecho de petici\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, con base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas. \u00a0<\/p>\n
Segundo. Por Secretaria General, l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
CRISTINA PARDO SCHLESINGER \u00a0<\/p>\n
Magistrada (E) \u00a0<\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
IV\u00c1N HUMBERTO ESCRUCER\u00cdA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General (E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, entre muchas otras. \u00a0<\/p>\n
2 Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias T-134 de 1994 y T-105 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T- 529 de 1995 y T-614 de 1995. M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz; \u00a0T-172 de 1993 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. \u00a0<\/p>\n
3 Sentencias T-507 de 1993. M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero; T-530 de 1995 M.P: Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz; T-050 de 1995 M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz; T-118 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara. \u00a0<\/p>\n
4 Sentencia T-001 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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