\u00a0 \u00a0 Sentencia T-921\/00 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general sobre controversias laborales \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-288058 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela incoada por Manuel Esteban Parra Rojas contra el Departamento del Huila.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil (2000). \u00a0<\/p>\n
La Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los art\u00edculos 86 y \u00a0241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
dentro del proceso de revisi\u00f3n de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral. \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El peticionario dijo haberse vinculado como docente, desde hace varios a\u00f1os, al Departamento del Huila. Es afiliado a la Asociaci\u00f3n de Institutores Huilenses, ADIH, organizaci\u00f3n sindical de primer grado, filial de FECODE.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El 14 de octubre de 1999 el actor particip\u00f3 en un paro nacional del Magisterio con car\u00e1cter indefinido, que fue levantado el 21 de octubre, y que en ning\u00fan momento fue declarado ilegal por parte del Ministerio del Trabajo. \u00a0<\/p>\n
Con motivo de su participaci\u00f3n en dicho paro, la autoridad nominadora le hizo efectiva la deducci\u00f3n de cuatro d\u00edas de salario correspondientes al mes de octubre de 1999, con fundamento en el Decreto 1647 de 1967, norma que, seg\u00fan el peticionario, ya fue derogada por disposiciones posteriores seg\u00fan las cuales las deducciones s\u00f3lo son procedentes por autorizaci\u00f3n expresa del trabajador o por orden judicial. Se\u00f1ala que tal deducci\u00f3n se hizo sin observancia del debido proceso y del derecho a la defensa, afectando tambi\u00e9n otras prestaciones sociales como la prima de navidad y la prima de vacaciones. \u00a0<\/p>\n
Pide que mediante la tutela se le ordene el reconocimiento y pago de los cuatro d\u00edas que le fueron deducidos de la asignaci\u00f3n del mes de octubre de 1999. \u00a0<\/p>\n
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, en providencia del 24 de noviembre de 1999, tutel\u00f3 los derechos al debido proceso y defensa de Manuel Esteban Parra Rojas y orden\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Huila reintegrarle el valor correspondiente a los cuatro d\u00edas de salario que le hab\u00edan sido descontados, anotando el juzgado que esto no significa en modo alguno que la administraci\u00f3n no pueda imponer sanciones sino que debe mediar un proceso previo. \u00a0<\/p>\n
El fallo fue impugnado por el Departamento del Huila y correspondi\u00f3 conocer en segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, en donde se revoc\u00f3, al considerar que la entidad empleadora, seg\u00fan las normas vigentes, estaba facultada para descontar los d\u00edas de salario sin que con ello pudiera predicarse violaci\u00f3n del debido proceso, puesto que la deducci\u00f3n obedece al cumplimiento de lo normado en el Decreto 1647 de 1967. Lo actuado, de acuerdo con la Sentencia, no constituye una sanci\u00f3n sino la consecuencia de un servicio no prestado por el docente, sin justificaci\u00f3n alguna. Adem\u00e1s, la educaci\u00f3n es un derecho y un servicio p\u00fablico que tiene una funci\u00f3n social, anot\u00f3 el Tribunal. \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION \u00a0<\/p>\n
Improcedencia de la tutela para dirimir una controversia puramente laboral, sin que est\u00e9 afectado el m\u00ednimo vital del accionante ni exista perjuicio irremediable para sus derechos fundamentales \u00a0<\/p>\n
La Corte confirmar\u00e1 el Fallo de segunda instancia, no por estimar que los derechos del trabajador fueron respetados por el patrono en el caso concreto, sino a partir de la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, que, como ha expresado varias veces la jurisprudencia constitucional, no es la v\u00eda indicada para resolver acerca de controversias de \u00edndole puramente laboral respecto de las cuales las personas tienen a su disposici\u00f3n los medios judiciales ordinarios. \u00a0<\/p>\n
Debe reiterarse: \u00a0<\/p>\n
” La acci\u00f3n de tutela, como instrumento que hace parte de las instituciones del Estado de Derecho, debe ser usada de manera exclusiva para la finalidad que le fue asignada en la Carta Pol\u00edtica, que no es otra que la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales, y no en b\u00fasqueda de objetivos ajenos a ella, ni por fuera de los claros l\u00edmites se\u00f1alados en la normativa que la rige. \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan el texto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art. 86), “esta acci\u00f3n s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. \u00a0<\/p>\n
La norma, que delimita el objeto de la tutela en su primer inciso, indica que se trata de un instrumento subsidiario, como lo destac\u00f3 la Corte Constitucional desde su primer fallo de revisi\u00f3n (Cfr. Sentencia T-01 del 3 de abril de 1992), lo cual no le resta importancia sino que, por el contrario, hace ver que la ausencia de un mecanismo similar en las instituciones anteriores a la Carta hab\u00eda propiciado la impune vulneraci\u00f3n de los derechos inalienables de las personas sin darles posibilidades ciertas de amparo. \u00a0<\/p>\n
A la luz de la Constituci\u00f3n, salvo el caso de un perjuicio irremediable objetivamente previsto en el marco de las circunstancias espec\u00edficas del solicitante, evento en el cual procede la tutela transitoria, la presencia de un medio judicial alternativo incide en la improcedencia de la tutela. \u00a0<\/p>\n
Pero ese medio que desplaza la viabilidad del amparo tiene que ser materialmente apto para lograr que los derechos fundamentales en juego sean eficientemente protegidos. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, no tienen tal virtualidad los medios judiciales apenas te\u00f3ricos o formales, pues seg\u00fan el art\u00edculo 228 de la Carta, en la administraci\u00f3n de justicia debe prevalecer el Derecho sustancial. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, para los efectos de establecer cu\u00e1ndo cabe y cu\u00e1ndo no la instauraci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, el juez est\u00e1 obligado a examinar los hechos que ante \u00e9l se exponen as\u00ed como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus caracter\u00edsticas, el caso materia de estudio puede ser resuelto, en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la \u00fanica posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales. \u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
En ese orden de ideas, si para lograr los fines que persigue el accionante existe un medio judicial id\u00f3neo y efectivo que resguarde sus derechos, la acci\u00f3n de tutela no tiene aplicaci\u00f3n, salvo la hip\u00f3tesis del da\u00f1o irreparable que hiciera tard\u00edo e in\u00fatil el fallo de la justicia ordinaria. En este \u00faltimo evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en todo caso, ante \u00e9l deber\u00e1 instaurarse acci\u00f3n dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protecci\u00f3n urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violaci\u00f3n irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso. \u00a0<\/p>\n
En el campo laboral, aunque est\u00e1 de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acci\u00f3n de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aqu\u00e9l y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias originadas en una relaci\u00f3n de trabajo, bien por vinculaci\u00f3n mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades p\u00fablicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resoluci\u00f3n en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atr\u00e1s en nuestro sistema jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales escapa al \u00e1mbito propio de la acci\u00f3n de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los t\u00e9rminos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera espec\u00edfica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el m\u00ednimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acci\u00f3n de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su \u00fanico ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de \u00a01995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensi\u00f3n revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la v\u00eda del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelaci\u00f3n de prestaciones, favoreciendo con un pago r\u00e1pido a quienes se acogen a determinado r\u00e9gimen y demor\u00e1ndolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociaci\u00f3n sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell). \u00a0<\/p>\n
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuar\u00eda la Carta Pol\u00edtica, en cuanto se quebrantar\u00eda la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de econom\u00eda procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la v\u00eda contemplada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Pero, se repite, estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en la regla general, ya que, de acontecer as\u00ed, resultar\u00eda desnaturalizado el objeto de la tutela y reemplazado, por fuera del expreso mandato constitucional, el sistema judicial ordinario. \u00a0<\/p>\n
A lo anterior debe agregarse que, aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela seg\u00fan las directrices jurisprudenciales en referencia, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el t\u00edtulo que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. \u00a0<\/p>\n
De all\u00ed se desprende que las tutelas incoadas con el prop\u00f3sito de obtener, m\u00e1s que pagos de sumas adeudadas por obligaciones claramente definidas, la liquidaci\u00f3n o reliquidaci\u00f3n de prestaciones son del todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto, al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus propias competencias…”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997). \u00a0<\/p>\n
Como en este caso no se encuentra comprometido el m\u00ednimo vital del trabajador ni el de su familia, ni se muestra como inminente un perjuicio irremediable, y la diferencia entre el empleado y el patrono radica en la definici\u00f3n acerca de si las normas laborales vigentes permiten o no el descuento, escapa por completo al campo propio del amparo constitucional. \u00a0<\/p>\n
DECISION \u00a0<\/p>\n
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
Primero.- CONFIRMASE, por las razones que anteceden, la Sentencia proferida en este caso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Segundo.- DESE aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 FABIO MORON DIAZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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