T-357-93<\/p>\n
{p} <\/p>\n
Sentencia No. T-357\/93 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta Resoluci\u00f3n <\/p>\n
El derecho a obtener “la pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular”, es un aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
PENSION DE VEJEZ-Reconocimiento\/DERECHOS LITIGIOSOS <\/p>\n
Lo perseguido mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela es”el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez”. Un pronunciamiento orientado a dar cabal satisfacci\u00f3n a las pretensiones del peticionario, rebasa el \u00e1mbito de la competencia del Juez de tutela, a quien, en eventos similares al presente, no le corresponde se\u00f1alar el contenido de las decisiones que deban tomar las autoridades p\u00fablicas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables a la finalidad de resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA\/DERECHO DE PETICION\/PRESTACIONES SOCIALES <\/p>\n
Cuando la acci\u00f3n de tutela verse sobre solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, no es procedente su ejercicio para decretar \u00e9stas, por existir otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de amparar s\u00f3lamente el Derecho de petici\u00f3n, ante el silencio injustificado de la entidad, con respecto a la petici\u00f3n o decisi\u00f3n sobre los recursos gubernativos. Cosa distinta ocurre cuando la administraci\u00f3n reconoce el derecho e inclusive ordena su pago sin que este se haya hecho efectivo por alg\u00fan motivo, evento en el cual se hace viable el precepto constitucional que garantiza el pago oportuno de las pensiones legales de jubilaci\u00f3n con sus reajustes peri\u00f3dicos. <\/p>\n
REF: Expediente No 13689 <\/p>\n
Peticionario: Jos\u00e9 Cen\u00f3n Castro <\/p>\n
Valderrama. <\/p>\n
<\/p>\n
TEMA: Derecho de petici\u00f3n, silencio administrativo <\/p>\n
Procedencia: Tribunal Administrativo <\/p>\n
de Cundinamarca. <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: DR. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n, integrada por los Honorables Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar la sentencia que para decidir la acci\u00f3n de la referencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n B, el d\u00eda treinta (30) de Abril de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
El veinte (20) de abril de 1993, el se\u00f1or JOSE CENON CASTRO VALEDERRAMA mediante apoderado impetr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela prevista en el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, a f\u00edn de “obtener la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental de petici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional que ha sido violado por la entidad en menci\u00f3n…” <\/p>\n
A. HECHOS <\/p>\n
Seg\u00fan el accionante, sirven de fundamento para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela los siguientes hechos: <\/p>\n
1. El quince de marzo de 1990, el se\u00f1or CASTRO VALDERRAMA present\u00f3 ante la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL solicitud de reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, luego de haber reunido los requisitos de ley y presentado los anexos respectivos. La petici\u00f3n fue radicada bajo el n\u00famero 1903. <\/p>\n
2. Han transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os y la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL no ha resuelto la solicitud. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA OBJETO DE REVISION <\/p>\n
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n B, mediante sentencia de abril treinta (30) de mil novecientos noventa y tres (1993), resolvi\u00f3 “NEGAR la tutela solicitada, de conformidad con las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. La petici\u00f3n presentada por el accionante “data de marzo 15 de 1990, fecha en la cual a\u00fan no se hab\u00eda promulgado la Carta Pol\u00edtica vigente que consagra la acci\u00f3n de tutela en el art\u00edculo 86 y la cual consagra como derecho fundamental – de aplicaci\u00f3n inmediata- el de petici\u00f3n- art\u00edculo 23-, quedando por lo mismo dicha petici\u00f3n sujeta al desarrollo que para el efecto, le daba el art\u00edculo 45 de la Constituci\u00f3n Nacional de 1886 donde se considera como un derecho civil y garant\u00eda social” <\/p>\n
2. El accionante no espera una simple respuesta sino la resoluci\u00f3n respecto del derecho sustancial que se reclama. <\/p>\n
3. “Adicionalmente se observa que la acci\u00f3n de tutela no protege situaciones anteriores a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991 que la consagr\u00f3. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
A. LA COMPETENCIA <\/p>\n
En atenci\u00f3n a los dispuesto por los art\u00edculos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los art\u00edculos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer de la sentencia que resolvi\u00f3 acerca de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. Se procede entonces a la revisi\u00f3n en virtud de la selecci\u00f3n practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado seg\u00fan lo establecido por el reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
B. LA MATERIA <\/p>\n
El caso sub-ex\u00e1mine permite exponer algunas consideraciones acogidas en varios pronunciamientos proferidos por diversas Salas de esta Corporaci\u00f3n, y que habr\u00e1n de reiterarse ahora a prop\u00f3sito de la solicitud que el actor present\u00f3 ante la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social, en la cual invoc\u00f3, entre otros, el derecho de petici\u00f3n (art\u00edculo 23 de la C.N.), reconocido como fundamental por la jurisprudencia de esta Corte; as\u00ed en la sentencia No 12 de mayo 25 de 1992, con ponencia del H. Magistrado Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, se dijo: <\/p>\n
“Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoci\u00f3n de la prosperidad general, la garant\u00eda de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n y la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan, as\u00ed como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (art. 2o Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)”. <\/p>\n
El texto constitucional vigente, recogiendo exigencia igualmente prevista en la Carta de 1886 contempla el derecho a obtener “la pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular”, aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que “sin la posibilidad de exigir una respuesta r\u00e1pida y oportuna carecer\u00eda de efectividad este derecho” y puede “incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental ser\u00eda inocuo si solo se formulara en t\u00e9rminos de poder presentar la respectiva petici\u00f3n. Lo que hace efectivo el derecho es que la petici\u00f3n elevada sea resuelta r\u00e1pidamente. De nada servir\u00eda el derecho de petici\u00f3n, si la misma Constituci\u00f3n no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resoluci\u00f3n. Es en la resoluci\u00f3n y no en la formulaci\u00f3n donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensi\u00f3n como instrumento eficaz de la participaci\u00f3n democr\u00e1tica, el derecho a la informaci\u00f3n y la efectividad de los dem\u00e1s derechos fundamentales”. (sentencia T-426 de junio 24 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz y sentencia T-495 de agosto 12 de 1992 M.P. Dr. Ciro Angarita Bar\u00f3n) <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anotado, la Corte, por intermedio de sus salas de Revisi\u00f3n, ha tenido oportunidad de precisar las notas esenciales que caracterizan la “pronta resoluci\u00f3n” como parte integrante del derecho de petici\u00f3n, a saber: <\/p>\n
“a) Su pronta resoluci\u00f3n hace verdaderamente efectivo el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
b) Es una obligaci\u00f3n inexcusable del Estado resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos. <\/p>\n
c) \u00danicamente la ley puede fijar los t\u00e9rminos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del car\u00e1cter constitucional y fundamental que tiene este derecho. <\/p>\n
d) Cuando se habla de ‘pronta resoluci\u00f3n’ quiere decir que el Estado est\u00e1 obligado a resolver la petici\u00f3n, no simplemente a expedir constancias de que la recibi\u00f3. Sin embargo, el sentido de la decisi\u00f3n depender\u00e1 de las circunstancias de cada caso y, en esa medida, podr\u00e1 ser positiva o negativa. La obligaci\u00f3n del Estado no es acceder a la petici\u00f3n, sino resolverla”. (Sentencia T-495 de 1992). <\/p>\n
Ahora bien, acerca de este \u00faltimo aspecto resulta pertinente recordar los criterios vertidos en la antecitada sentencia No. 12 de 1992: <\/p>\n
“Pero no se entiende conculcado el derecho de petici\u00f3n cuando la autoridad responde al peticionario aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ala, representa en s\u00ed misma, independientemente de su sentido, la satisfacci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. Cuando al absolver la petici\u00f3n se resuelve negar lo pedido, no se est\u00e1 desconociendo el derecho de petici\u00f3n y, en consecuencia, ning\u00fan objeto tiene la tutela para reclamar la protecci\u00f3n de este. <\/p>\n
“Cuesti\u00f3n muy diferente es la relativa a la validez del acto administrativo en que consiste la respuesta, frente al cual el peticionario dispone los recursos por v\u00eda gubernativa, en guarda de sus intereses. En esta hip\u00f3tesis no cabe la acci\u00f3n de tutela, dada la existencia de otros medios de defensa judicial, a menos que se intente como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable”. <\/p>\n
Sin embargo, frente al planteamiento que se acaba de transcribir, conviene destacar que reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que la operancia de la figura conocida como “silencio administrativo” en modo alguno satisface la efectividad del derecho de petici\u00f3n. La ya referida sentencia No T-426 de 1992, sobre el particular deja en claro que, “la posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno del silencio administrativo (arts 40 a 42 c\u00f3digo contencioso administrativo) no debe entenderse como v\u00eda expedita para el desconocimiento del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n”. Y en sentencia No T-481 de agosto 10 de 1992, con ponencia del H. Magistrado Jaime San\u00edn Greiffenstein se consignaron conceptos que en lo pertinente se transcriben: <\/p>\n
“…Es de notar tambi\u00e9n el (derecho de petici\u00f3n) consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino de que haya una resoluci\u00f3n del asunto solicitado, lo cual si bien no implica que la decisi\u00f3n sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a tomar una posici\u00f3n de fondo, clara y precisa, por el competente; por esto puede decirse tambi\u00e9n que el derecho de petici\u00f3n que la Constituci\u00f3n consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuaci\u00f3n sea posible y no sea bloqueada por la administraci\u00f3n, especialmente con vista en la promoci\u00f3n de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resoluci\u00f3n y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, as\u00ed sea de tanta importancia”. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia que, en ejercicio del Derecho Fundamental de Petici\u00f3n, la CAJA NACIONAL DE PREVISION deber\u00e1 resolver la reclamaci\u00f3n elevada en el presente asunto dentro del t\u00e9mino de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de \u00e9sta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud, amparando el Derecho de Petici\u00f3n. <\/p>\n
Considera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la situaci\u00f3n que se debate en el presente asunto tuvo lugar antes de la entrada en vigencia de la Carta de 1991 y que , por ende, debe gobernarse por lo dispuesto en la Constituci\u00f3n de 1886 y las normas que la desarrollan, y posteriormente agrega que la acci\u00f3n de tutela “no protege situaciones anteriores a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991 que la consagr\u00f3”. Si bien es cierto que la petici\u00f3n inicial se present\u00f3 el 15 de marzo de 1990, tal situaci\u00f3n no constituye pretexto para descartar el ejercicio de la acci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 86 del actual Estatuto Superior, puesto que no se trata de hechos consumados, todo lo contrario, la prolongada omisi\u00f3n de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL entra\u00f1a una vulneraci\u00f3n ininterrumpida del derecho fundamental de petici\u00f3n, que por lo mismo presenta el requisito de “actualidad” exigido para que prospere la protecci\u00f3n tutelar. En otras palabras la violaci\u00f3n al derecho no ha agotado sus efectos nocivos. Por lo dem\u00e1s, baste recordar que el art\u00edculo 45 de la Constituci\u00f3n de 1886 tambi\u00e9n contemplaba el derecho a obtener pronta resoluci\u00f3n de las peticiones respetuosas presentadas ante la autoridades; al desconocimiento del precepto anterior no debe pues sumarse el incumplimiento del precepto vigente. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Segunda, Subsecci\u00f3n B, el d\u00eda treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), de conformidad con en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela por violaci\u00f3n del derecho fundamental del petici\u00f3n, en tal sentido se ordena a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL resolver la petici\u00f3n elevada por JOSE CENON CASTRO VALDERRAMA dentro del t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, si para la fecha de esta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud. <\/p>\n
Segundo. LIBRENSE por Secretar\u00eda las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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