\u00a0 \u00a0 Sentencia T-078\/01 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por la Cooperativa SINALTRABAVARIA DE CALI LTDA, por intermedio del Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n contra la Compa\u00f1\u00eda Celular de Colombia COCELCO S.A.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. FABIO MORON DIAZ \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., enero veintinueve (29) \u00a0de dos mil uno \u00a0(2001). \u00a0<\/p>\n
La Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2591 de 1.991, ha proferido la siguiente, \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
dentro del proceso de revisi\u00f3n del fallo de Tutela n\u00famero T 353 917, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de Tutela incoada por la Cooperativa SINALTRABAVARIA DE CALI LTDA, por intermedio del Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n contra la Compa\u00f1\u00eda Celular de Colombia COCELCO S.A.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Reinaldo Maradiago, obrando por intermedio de apoderado judicial y en su condici\u00f3n de Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la Cooperativa SINALTRABAVARIA DE CALI LTDA, en ejercicio de la facultad conferida por el art\u00edculo 86 de la Carta Magna, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sociedad COCELCO S.A. Seccional Cali, con el fin de obtener la exclusi\u00f3n del sistema de deudores morosos de Datacr\u00e9dito.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Argumenta la accionante que, en 1995, la accionada por conducto de uno de sus vendedores realiz\u00f3 una venta individual de tel\u00e9fonos a varios de los asociados de la Cooperativa, pactando en el contrato inicial que la accionante pagar\u00eda 24 tel\u00e9fonos celulares y la accionada efectuar\u00eda los traspasos a cada uno de los asociados, quienes ser\u00edan responsables por el uso del tel\u00e9fono. \u00a0Que Sinaltrabavaria Cali Ltda efectu\u00f3 el pago respectivo, sin que hubiera obtenido de Cocelco el traspaso respectivo a quienes adquirieron los celulares. \u00a0Indica \u2013 el accionante \u2013 que fueron reportados a Datacr\u00e9dito, por parte de Cocelco S.A. a sabiendas de que no lo era. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN \u00a0<\/p>\n
Las Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, en primera instancia, CONCEDE la acci\u00f3n incoada, al considerar que no es leg\u00edtima la conducta de la accionada al reportar como morosa a la accionante en el Banco de Datos de Datacr\u00e9dito, sin que se haya incoado un proceso para determinar si la actora es responsable de las omisiones imputadas.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, REVOCO la decisi\u00f3n proferida y en su lugar NEGO lo pedido, por cuanto, seg\u00fan el criterio de dicha Sala, las personas jur\u00eddicas no est\u00e1n legitimadas para ejercerla.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con el \u00e1nimo de obtener mejores elementos de juicio para la decisi\u00f3n a tomar, se orden\u00f3 oficiar a Computec S.A. Divisi\u00f3n Datacr\u00e9dito, a fin de determinar si la accionante figura reportada como deudora morosa, por informe de Cocelco S.A.. \u00a0Se alleg\u00f3 respuesta, informando que \u201cActualmente no aparece ninguna informaci\u00f3n reportada en la base de datos de DATACREDITO por parte de COCELCO\u201d \u00a0y que \u201cCon anterioridad aparec\u00eda (sic) 25 registro (sic) de COLCELCO (sic) que fueron excluidos el 25 de Mayo de 2000, de la base de datos\u201d \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA REVISION \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos \u00a031 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
2. Carencia actual de objeto \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela ten\u00eda por objeto obtener orden para que la accionada mediante informe a DATACREDITO solicitara la exclusi\u00f3n del sistema de deudores a la accionante.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Al examinar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, observa la Sala que tal pretensi\u00f3n se ha cumplido, pues as\u00ed se desprende de la comunicaci\u00f3n enviada a \u00e9sta Corporaci\u00f3n y a la que se hizo alusi\u00f3n anteriormente.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Habi\u00e9ndose logrado entonces satisfacer la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de tutela, la Sala confirmar\u00e1, pero s\u00f3lo por tal raz\u00f3n, la providencia examinada. \u00a0<\/p>\n
En tales circunstancias, esta Sala reitera su jurisprudencia1 en el sentido de negar la tutela de la referencia, por cuanto el hecho que origin\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales se encuentra superado. En efecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en aquellos eventos en los cuales la pretensi\u00f3n que se dirige a defender derechos fundamentales conculcados o amenazados fue satisfecha, la acci\u00f3n de tutela pierde eficacia, inmediatez y, por ende su justificaci\u00f3n constitucional, por lo que el amparo deber\u00e1 negarse. \u00a0Lo anterior debido a que la acci\u00f3n de tutela \u201ctiene por objeto la protecci\u00f3n cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido favorable o desfavorable, lo cual constituye la raz\u00f3n de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. De tal forma que si la situaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que llegase a impartir el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Esto implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela.\u201d2 \u00a0<\/p>\n
IV. DECISION. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero. CONFIRMAR, por carencia actual de objeto, la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de Junio de 2000, que neg\u00f3 la tutela solicitada por Sinaltrabavaria Cali Ltda \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Por Secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
FABIO MORON DIAZ. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
CRISTINA PARDO SCHLESINGER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General \u00a0<\/p>\n
1 Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-535 de 1992, \u00a0T-338 de 1993, T-564 de 1993, T-235 de 1994, T-100 de 1995, T-167 de 1997 y T-463 de 1997. \u00a0<\/p>\n
2 Sentencia T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanin Greiffenstein \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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