\u00a0 \u00a0 Sentencia T-116\/01 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Hecho superado \u00a0<\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-382196\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria Cuartas Garc\u00eda contra el Banco Ganadero S.A.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrada Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dra. MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA M\u00c9NDEZ \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., enero treinta y uno (31) de dos mil uno (2001) \u00a0<\/p>\n
La Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Martha V. S\u00e1chica M\u00e9ndez, Carlos Gaviria D\u00edaz y Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
en el proceso de revisi\u00f3n del fallo adoptado por el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C., dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria Cuartas Garc\u00eda \u00a0contra el Banco Ganadero S.A. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Hechos\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El 4 de agosto de 2000, la se\u00f1ora Gloria Cuartas Garc\u00eda, interpuso acci\u00f3n de tutela en contra del Banco Ganadero S.A., por considerar que \u00e9ste vulner\u00f3 su derecho de petici\u00f3n (C.P., art 23). Explica que el d\u00eda 20 de octubre de 1999 elev\u00f3 petici\u00f3n ante dicha entidad, solicitando la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario que pesaba sobre un predio rural de su propiedad ubicado en el municipio de Ulloa – Valle. Manifiesta, que pese a que han transcurrido varios meses desde la formulaci\u00f3n de la referida solicitud, no ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad demandada. \u00a0<\/p>\n
2. Sentencia objeto de Revisi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Mediante providencia de octubre 3 de 2000, el Juez \u00a057 Civil Municipal de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0En su concepto, en el caso estudiado la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente puesto que la actora no se encuentra en estado de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto a la entidad demandada y, por lo tanto, no se configura ninguna circunstancia excepcional que haga procedente la tutela contra particulares. Por otra parte, en su fallo afirma que la demandante cuenta con otros medios de defensa, ante la jurisdicci\u00f3n civil, para obtener la cancelaci\u00f3n del gravamen.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Las pruebas practicadas por la Sala conducen a concluir que los hechos objeto de la demanda fueron superados. En efecto, lo pretendido en la presente acci\u00f3n de tutela era que se ordenara al Banco Ganadero S.A. resolver la petici\u00f3n referente a la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario que pesaba sobre el inmueble de propiedad de la actora. De la informaci\u00f3n suministrada por el Banco, el 16 de enero de 2001, se concluy\u00f3 que dicha solicitud fue resuelta afirmativamente y que en la actualidad ya se cumpli\u00f3 con el levantamiento de la hipoteca.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Lo anterior indica que el objeto de este proceso se ha extinguido por cuanto la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos del actor ya ha sido superada. Como lo ha indicado esta Corporaci\u00f3n en \u00a0reiterada jurisprudencia, cuando los hechos que dieron lugar a la acci\u00f3n de tutela han desaparecido al momento de dictarse sentencia, la protecci\u00f3n constitucional pierde su raz\u00f3n de ser por no existir un objeto jur\u00eddico tutelable.1 En consecuencia, en el presente caso la tutela debe negarse por sustracci\u00f3n de materia, pues la actora ya obtuvo lo pretendido en la demanda de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No obstante, la Sala considera pertinente recordar que de acuerdo con la jurisprudencia de \u00a0la Corte el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n contempla no s\u00f3lo la posibilidad de elevar peticiones respetuosas ante las autoridades o particulares encargados de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico o que desarrollan actividades similares que comprometen el inter\u00e9s general, sino el derecho a obtener de \u00e9stos una pronta resoluci\u00f3n del asunto sometido a su consideraci\u00f3n y dentro del t\u00e9rmino previsto por la ley2. Particularmente, en relaci\u00f3n con las entidades financieras, la Corte ha sostenido que en raz\u00f3n al inter\u00e9s p\u00fablico que involucra la actividad que estas desarrollan, tienen la obligaci\u00f3n de resolver oportunamente las peticiones que se les formulen relativas al cumplimiento de sus funciones3. En consecuencia, la Sala no puede dejar de advertir que la dilaci\u00f3n de la entidad financiera para resolver la petici\u00f3n de la actora que inicialmente tuvo lugar, no tiene justificaci\u00f3n alguna y, por ende, vulner\u00f3 su derecho fundamental de petici\u00f3n. Sin embargo, por los motivos previamente expuestos, el fallo de tutela proferido por el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogot\u00e1, \u00a0habr\u00e1 de confirmarse. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. DECISION \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero.- \u00a0CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia del 3 de octubre de 2000, \u00a0proferida por el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogot\u00e1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Segundo.- \u00a0L\u00cdBRESE por la Secretar\u00eda, \u00a0la comunicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese, c\u00famplase, publ\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA \u00a0S\u00c1CHICA M\u00c9NDEZ \u00a0<\/p>\n
Magistrada (e) \u00a0<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0<\/p>\n
IVAN ESCRUCER\u00cdA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General (e) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Ver sobre este tema, las sentencias T-515\/92, T-338\/93, T-494\/93, T-100\/95, T-469\/96, T-167\/97, T-463\/97 y T-522\/97, entre otras.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 Sentencias T-021, T-167, T-209, T-301, T-439, 468 de 1998 Y T-241 de 1999, entre otras. \u00a0<\/p>\n
3 Sentencias T-131\/98 y T-468\/98. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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