\u00a0 \u00a0 Sentencia T-125\/01 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por pago de acreencias laborales \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-300301 \u00a0<\/p>\n
Acciones de tutela instauradas por Emilce Bonza Bayona y otros contra el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., a los cinco (5) d\u00edas del mes de febrero del a\u00f1o dos mil uno (2001). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
dentro del proceso de revisi\u00f3n del fallo de 28 de enero de 2000, proferido por el Juzgado Quince de Familia de Bogot\u00e1, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico por: \u00a0<\/p>\n
ALVAREZ MONTOYA MARIA ROSA \u00a0<\/p>\n
BIGOTH GARCES RUBY PRAXEDES \u00a0<\/p>\n
BLANCO ESLAVA JUANA \u00a0<\/p>\n
BOADA CONTRERAS JOAQUIN \u00a0<\/p>\n
BONZA BAYONA EMILCE \u00a0<\/p>\n
CABEZA MONTA\u00d1EZ LUIS ORLANDO \u00a0<\/p>\n
CASTILLO SANTANA DANIEL \u00a0<\/p>\n
CIFUENTES VARGAS LUIS JAVIER \u00a0<\/p>\n
CONTRERAS LAMUS MARCELINA \u00a0<\/p>\n
DOMINGUEZ ACOSTA EMIRO ANDRES \u00a0<\/p>\n
FUENTES DIAZ ANTONIO FRANCISCO \u00a0<\/p>\n
GARCIA PE\u00d1ARANDA ANA MYRIAM \u00a0<\/p>\n
HERNANDEZ JIMENEZ UBALDO \u00a0<\/p>\n
LUNA ARAQUE CARLOS JULIO \u00a0<\/p>\n
MOTTA JAVIER \u00a0<\/p>\n
OSTOS COLMENARES MARIA ANTONIA \u00a0<\/p>\n
PEREZ DE SANCHEZ MERY STELLA \u00a0<\/p>\n
PINEDA ANGARITA SONIA YANETH \u00a0<\/p>\n
RAMIREZ ELDA DEL CARMEN \u00a0<\/p>\n
SANCHEZ PEREZ EDWIN HERNANDO \u00a0<\/p>\n
SUAREZ REYES INOCENCIO \u00a0<\/p>\n
VALBUENA CAMEJO WHIELSEN \u00a0<\/p>\n
VARGAS MARQUEZ FANNY \u00a0<\/p>\n
WALTEROS ARCHILA AZAEL \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Los accionantes, educadores al servicio del Departamento de Arauca, interpusieron acciones de tutela contra la Naci\u00f3n, Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, por considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la familia y a la alimentaci\u00f3n b\u00e1sica, en raz\u00f3n a que el demandado no ha girado los dineros correspondientes a la Tesorer\u00eda del Fondo Educativo Departamental de la Secretar\u00eda de Desarrollo Humano del Departamento de Arauca para cancelar el salario del mes de noviembre. Que a la fecha de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n (diciembre 13 de 1999), no hab\u00eda sido pagado. \u00a0<\/p>\n
Afirman los demandantes que el salario que devengan es su \u00fanico medio de subsistencia, con el que cubren gastos como alimentaci\u00f3n, salud, vivienda, vestuario, recreaci\u00f3n, y pago de servicios p\u00fablicos, entre otros. Solicitan en consecuencia, se ordene a la Naci\u00f3n, Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, que gire a la Tesorer\u00eda del Fondo Educativo Departamental de la Secretar\u00eda de Desarrollo Humano del Departamento de Arauca, los dineros pertinentes a fin de que les sean pagados los salarios adeudados. \u00a0<\/p>\n
II. DECISI\u00d3N JUDICIAL OBJETO DE REVISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n, para verificar los supuestos de hecho que originaron la acci\u00f3n de tutela de la referencia, consider\u00f3 necesario obtener algunas pruebas, para lo cual orden\u00f3 mediante auto de junio 12 de 2000 que la Tesorer\u00eda del Fondo Educativo Departamental de la Secretar\u00eda de Desarrollo Humano del Departamento de Arauca informara a la Sala si ya hab\u00eda cancelado los salarios adeudados a los accionantes. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente, el 5 de julio de 2000, fue recibido un oficio, suscrito por Pedro Pablo Cisneros, Tesorero Pagador de Recursos del Situado Fiscal de la Gobernaci\u00f3n del Arauca, en el que se\u00f1ala que los salarios se han venido cancelado a los accionantes normalmente hasta mayo de 2000, con excepci\u00f3n del docente Whielsen Valbuena Camejo, quien corresponde a la educaci\u00f3n contratada.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n, por medio de auto de 10 de noviembre de 2000, se orden\u00f3 al Tesorero de la Educaci\u00f3n Nacional, Diocesis de Arauca, que informara a esta Sala de Revisi\u00f3n si ya se hab\u00eda cancelado el salario correspondiente al mes de noviembre de 1999 al docente Whielsen Valbuena Camejo. \u00a0<\/p>\n
Mediante oficio de 20 de noviembre de 2000, suscrito por la se\u00f1ora Nidia Consuelo Manosalva, T\u00e9cnico Administrativo (Pagadora), de la Educaci\u00f3n Nacional Contratada de Arauca, se inform\u00f3 lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
“… al docente Whielsen Valbuena Camejo, identificado con la C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda n\u00famero 17580900 de Arauca, ya se le cancel\u00f3 el sueldo correspondiente al a\u00f1o 1999”. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
1. Competencia \u00a0<\/p>\n
Es competente esta Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional para proferir sentencia dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los art\u00edculos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los art\u00edculos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
2. Hecho superado \u00a0<\/p>\n
Los demandantes interpusieron la acci\u00f3n de tutela con el fin de lograr el pago del salario correspondiente al mes de noviembre de 1999, que les adeudaba el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, a folio 195 obra prueba, enviada con fecha 27 de junio de 2000, \u00a0que a los demandantes se les han venido cancelando los salarios normalmente hasta el mes de mayo de 2000. \u00a0<\/p>\n
En cuanto al se\u00f1or Whielsen Valbuena Camejo, es un docente de la educaci\u00f3n contratada y tambi\u00e9n se le cancel\u00f3 lo adeudado (folio 200). \u00a0<\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n1 ha considerado improcedente la acci\u00f3n de tutela cuando el motivo o la causa de la violaci\u00f3n del derecho ha desaparecido, por cuanto cualquier decisi\u00f3n al respecto ser\u00eda ineficaz: \u00a0<\/p>\n
“La acci\u00f3n de tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario para la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de un particular en los casos que determine la ley. As\u00ed las cosas, la efectividad de la acci\u00f3n, reside en la posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneraci\u00f3n o la amenaza alegada por quien solicita protecci\u00f3n, imparta una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
“Sin embargo, si la situaci\u00f3n de hecho que genera la violaci\u00f3n o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su raz\u00f3n de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ning\u00fan efecto podr\u00eda tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecer\u00eda de objeto y la tutela resultar\u00eda entonces improcedente.” Sentencia T- 100 de 1995 (M.P. Doctor Vladimiro Naranjo Mesa). \u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto esta Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quince (15) de Familia de Bogot\u00e1, el veintiocho (28) de enero de dos mil (2000) y, en su lugar declarar improcedente las presentes acciones de tutela, en virtud de haberse superado los hechos que las motivaron. \u00a0<\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRENSE por Secretar\u00eda las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed previstos.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
RODRIGO ESCOBAR GIL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Ver, entre otras, las sentencias T-519 de 1992 , Magistrado Ponente: Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. T-419 de 1996 y T-467 de 1996, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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