T-461-93<\/p>\n
Sentencia No. T-461\/93 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia\/DERECHO DE PETICION\/ACTO ADMINISTRATIVO\/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA\/COMPETENCIA <\/p>\n
No se entiende conculcado el derecho de petici\u00f3n cuando la autoridad responde al peticionario aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ala, representa en s\u00ed misma, independientemente de su sentido, la satisfacci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. Cuando al absolver la petici\u00f3n se resuelve negar lo pedido, no se est\u00e1 desconociendo el derecho de petici\u00f3n y, en consecuencia, ning\u00fan objeto tiene la tutela para reclamar la protecci\u00f3n de \u00e9ste. <\/p>\n
REF: Expediente No. 16486 <\/p>\n
Peticionario: Ana Mart\u00ednez de <\/p>\n
Retamoza. <\/p>\n
TEMA: Derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala Laboral. <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: DR. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n, integrada por los Honorables magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar las sentencias que para decidir la acci\u00f3n de la referencia fueron proferidas por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el d\u00eda veintiuno(21) de Mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) y por el Tribunas Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala Laboral, el d\u00eda once (11) de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
El doce (12) de Mayo de 1993, la se\u00f1ora ANA MARTINEZ DE RETAMOZA, mediante apoderado, impetr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela prevista en el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, con el fin de que se le ordene resolver una petici\u00f3n presentada ante esa entidad. <\/p>\n
A. HECHOS <\/p>\n
Seg\u00fan la peticionaria sirven de fundamento para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela los siguientes hechos: <\/p>\n
1.- El d\u00eda diez (10) de enero de 1992 elev\u00f3 una petici\u00f3n ante la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, para que esta \u00faltima le resolviera sobre la sustituci\u00f3n pensional de jubilaci\u00f3n, “que en vida disfrut\u00f3 el extinto POLICARPO RETAMOZA NIETO, su esposo leg\u00edtimo”. <\/p>\n
2.- La petici\u00f3n “fue radicada en Bogot\u00e1 bajo el No. 925.574”, “secci\u00f3n PENSIONES MAGISTERIO, constituy\u00e9ndose CAJANAL en MORA INJUSTIFICADA, toda vez que han transcurrido diez y seis (16) meses sin resolver su petici\u00f3n lesionando y perjudicando gravemente su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y por consiguiente la personal y familiar…”. <\/p>\n
3. La CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, le est\u00e1 violando flagrantemente derechos que le asisten “y en consecuencia, est\u00e1 amenazando su integridad personal y familiar…”. <\/p>\n
II. LAS SENTENCIAS OBJETO DE REVISION <\/p>\n
A. PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, mediante sentencia de Mayo vientiuno (21) de mil novecientos noventa y tres (1993), resolvi\u00f3 ” DENEGAR la acci\u00f3n de tutela presentada por ANA MARTINEZ DE RETAMOZA…”. Lo anterior, de conformidad con las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1.- Lo previsto en el art\u00edculo 37 del decreto 01 de 1984, “no opera con respecto a las actuaciones administrativas iniciadas por quien ejercita el derecho de petici\u00f3n en inter\u00e9s general o particular….”. <\/p>\n
2.- La acci\u00f3n de tutela, “al amparo del derecho de petici\u00f3n, para una pronta decisi\u00f3n resulta impr\u00f3spera, m\u00e1xime cuando el c\u00f3digo Contencioso Administrativo, contempla el fen\u00f3meno de la ocurrencia del silencio administivo negativo…”. <\/p>\n
3.- “Puede entonces el interesado, ocurrir en acci\u00f3n contenciosa administrativa, para obtener la declaraci\u00f3n de nulidad del acto administrativo negativo -presunto- contenido en el silencio administrativo proveniente de la accionada….”. <\/p>\n
4.- No procede la tutela “por mandato expreso del art\u00edculo 6o. del decreto 2591 de 1991, en raz\u00f3n a que existen otros medios de defensa judiciales…”. <\/p>\n
B. LA IMPUGNACION <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino legal, la se\u00f1ora ANA MARTINEZ DE RETAMOZA, mediante apoderado, impugn\u00f3 el fallo de primera instancia con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
1.- “No es procedente continuar por v\u00eda Contencioso Administrativa puesto que la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL a\u00fan no ha dictado resoluci\u00f3n o acto administrativo para impugnar por v\u00eda administrativa y en evento negativo acudir a la v\u00eda judicial, esto es al Tribunal Contencioso administrativo. <\/p>\n
C. SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala Laboral, mediante sentencia de once (11) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993) decidi\u00f3 “CONFIRMAR la sentencia …” , conforme a las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1.- ” En el caso sub-examine se tiene la no prosperidad de la tutela por cuanto la accionante posee otros medios de defensa judicial de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 6o. del decreto 2591 de 1991, en su numeral 1o.”y en este caso el medio id\u00f3neo para hacer efectivo el derecho de liquidaci\u00f3n y sustituci\u00f3n pensional es acudiendo en demanda ante la justicia ordinaria laboral”. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
A. LA COMPETENCIA <\/p>\n
En atenci\u00f3n a los dispuesto por los art\u00edculos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los art\u00edculos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer de las sentencias que resolvieron acerca de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. Se procede entonces a la revisi\u00f3n en virtud de la selecci\u00f3n practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado seg\u00fan lo establecido por el reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
B. LA MATERIA <\/p>\n
Una vez examinado el expediente de la referencia y analizados los pronunciamientos del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta misma ciudad, entra la Sala a estudiar el tema alusivo al derecho fundamental de petici\u00f3n (Art. 23 de la C.N.), el cual ha sido objeto de tratamiento en las diversas Salas de Revisi\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n cuyas consideraciones servir\u00e1n de soporte para solucionar el caso que en esta oportunidad se revisa. <\/p>\n
En efecto, la sentencia No 12 de mayo 25 de 1992, con ponencia del Honorable Magistrado Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo se refiri\u00f3 al car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
“Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoci\u00f3n de la prosperidad general, la garant\u00eda de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n y la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan, as\u00ed como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (art. 2o Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)”. <\/p>\n
El texto constitucional vigente, recogiendo la exigencia igualmente prevista en la Carta de 1886 contempla el derecho a obtener “la pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular”, aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que “sin la posibilidad de exigir una respuesta r\u00e1pida y oportuna carecer\u00eda de efectividad este derecho” y puede “incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental ser\u00eda inocuo si solo se formulara en t\u00e9rminos de poder presentar la respectiva petici\u00f3n. Lo que hace efectivo el derecho es que la petici\u00f3n elevada sea resuelta r\u00e1pidamente. De nada servir\u00eda el derecho de petici\u00f3n, si la misma Constituci\u00f3n no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resoluci\u00f3n. Es en la resoluci\u00f3n y no en la formulaci\u00f3n donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensi\u00f3n como instrumento eficaz de la participaci\u00f3n democr\u00e1tica, el derecho a la informaci\u00f3n y la efectividad de los dem\u00e1s derechos fundamentales”. (sentencia T-426 de junio 24 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz y sentencia T-495 de agosto 12 de 1992 M.P. Dr. Ciro Angarita Bar\u00f3n) <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anotado, la Corte, por intermedio de sus salas de Revisi\u00f3n, ha tenido oportunidad de precisar las notas esenciales que caracterizan la “pronta resoluci\u00f3n” como parte integrante del derecho de petici\u00f3n, a saber: <\/p>\n
“a) Su pronta resoluci\u00f3n hace verdaderamente efectivo el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
b) Es una obligaci\u00f3n inexcusable del Estado resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos. <\/p>\n
c) \u00danicamente la ley puede fijar los t\u00e9rminos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del car\u00e1cter constitucional y fundamental que tiene este derecho. <\/p>\n
d) Cuando se habla de ‘pronta resoluci\u00f3n’ quiere decir que el Estado est\u00e1 obligado a resolver la petici\u00f3n, no simplemente a expedir constancias de que la recibi\u00f3. Sin embargo, el sentido de la decisi\u00f3n depender\u00e1 de las circunstancias de cada caso y, en esa medida, podr\u00e1 ser positiva o negativa. La obligaci\u00f3n del Estado no es acceder a la petici\u00f3n, sino resolverla”. (Sentencia T-495 de 1992). <\/p>\n
Ahora bien, acerca de este \u00faltimo aspecto resulta pertinente recordar los criterios vertidos en la antecitada sentencia No. 12 de 1992: <\/p>\n
“Pero no se entiende conculcado el derecho de petici\u00f3n cuando la autoridad responde al peticionario aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ala, representa en s\u00ed misma, independientemente de su sentido, la satisfacci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. Cuando al absolver la petici\u00f3n se resuelve negar lo pedido, no se est\u00e1 desconociendo el derecho de petici\u00f3n y, en consecuencia, ning\u00fan objeto tiene la tutela para reclamar la protecci\u00f3n de este. <\/p>\n
Frente al planteamiento que se acaba de transcribir, conviene destacar que reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que la operancia de la figura conocida como “silencio administrativo” en modo alguno satisface la efectividad del derecho de petici\u00f3n. La ya referida sentencia No T-426 de 1992, sobre el particular deja en claro que, “la posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno del silencio administrativo (arts 40 a 42 c\u00f3digo contencioso administrativo) no debe entenderse como v\u00eda expedita para el desconocimiento del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n”. Y en sentencia No T-481 de agosto 10 de 1992, con ponencia del H. Magistrado Jaime San\u00edn Greiffenstein se consignaron conceptos que en lo pertinente se transcriben: <\/p>\n
“…Es de notar tambi\u00e9n el (derecho de petici\u00f3n) consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino de que haya una resoluci\u00f3n del asunto solicitado, lo cual si bien no implica que la decisi\u00f3n sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a tomar una posici\u00f3n de fondo, clara y precisa, por el competente; por esto puede decirse tambi\u00e9n que el derecho de petici\u00f3n que la Constituci\u00f3n consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuaci\u00f3n sea posible y no sea bloqueada por la administraci\u00f3n, especialmente con vista en la promoci\u00f3n de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resoluci\u00f3n y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, as\u00ed sea de tanta importancia”. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia que, en ejercicio del Derecho Fundamental de Petici\u00f3n, la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, deber\u00e1 resolver la reclamaci\u00f3n elevada en el presente asunto dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de \u00e9sta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud, amparando el Derecho de Petici\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, para la Sala es de suma importancia se\u00f1alar que los recursos contra actos presuntos provenientes de la administraci\u00f3n p\u00fablica no constituyen mecanismo de defensa judicial para los efectos de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues la circunstancia de existir en cabeza del interesado la facultad de interponer los recursos pertinentes para agotar la v\u00eda gubernativa no autoriza el desconocimiento por la administraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n que exige su pronta resoluci\u00f3n, como se ha expresado en los apartes precedentes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n observa la Sala que en el caso sometido a estudio no existe otro medio de defensa judicial; en tal circunstancia, la v\u00eda expedita para la protecci\u00f3n del derecho fundamental en cuesti\u00f3n es la acci\u00f3n de tutela, mecanismo preferente que hace efectivo el derecho conculcado. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala Laboral, el d\u00eda once (11) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela impetrada por violaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. En tal virtud, se ordena a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, resolver la petici\u00f3n elevada por ANA MARTINEZ DE RETAMOZA en el improrrogable t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de esta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud. <\/p>\n
Tercero. LIBRENSE por Secretar\u00eda las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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