\u00a0 \u00a0 Sentencia T-263\/01 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales \u00a0<\/p>\n
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Pago oportuno de mesadas\u00a0 \u00a0<\/p>\n
EMPLEADOR-Situaci\u00f3n econ\u00f3mica o presupuestal no es \u00f3bice para desconocer pago de mesadas pensionales \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente 407.855 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Lida Mercedes Ocampo de Villa contra el municipio de Cali. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dr. ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo del a\u00f1o dos mil uno (2001). \u00a0<\/p>\n
La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA\u00a0 \u00a0<\/p>\n
en el proceso de revisi\u00f3n del fallo adoptado por Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal de Cali, de fecha 9 de noviembre de 2000, en la acci\u00f3n de tutela presentada por Lida Mercedes Ocampo de Villa contra el municipio de Cali. \u00a0<\/p>\n
El expediente lleg\u00f3 a la Corte Constitucional, por remisi\u00f3n que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por el art\u00edculo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero Uno de la Corte, en auto de fecha 26 \u00a0de enero de 2001, eligi\u00f3, para efectos de su revisi\u00f3n, el expediente de la referencia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Hechos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La actora tiene reconocida una pensi\u00f3n mensual de jubilaci\u00f3n, a cargo del municipio de Cali, seg\u00fan Resoluci\u00f3n 0895 del 30 de agosto de 1995. Sin embargo, las mesadas de los meses de septiembre y octubre de 2000, no le han sido pagadas. Por esto, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el municipio, el d\u00eda 26 de octubre de 2000. En el escrito de tutela y en la ampliaci\u00f3n que rindi\u00f3 ante el juzgado, explic\u00f3 que esta situaci\u00f3n afecta los principios de dignidad y justicia, que hacen parte del r\u00e9gimen laboral, adem\u00e1s, se viola el derecho a la igualdad. La actora se\u00f1al\u00f3 que \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n en \u00a0el pago \u00a0de \u00a0sus mesadas, la pone en una dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues ella cumple sus obligaciones con el monto de la pensi\u00f3n, que es de $1\u00b4600.000, menos descuentos, y que, a pesar de que tiene un local, el valor del arriendo es de $120.000. Por esta mora, no ha podido pagar los recibos de servicios ni la cuota de la deuda de su casa que tiene con una Corporaci\u00f3n. Manifiesta que tiene dos hijas, la mayor no trabaja y tiene una ni\u00f1a, y la otra, trabaja tambi\u00e9n con el municipio de Cali, y tampoco el municipio le ha pagado. La demandante es viuda y no recibe pensi\u00f3n de su marido fallecido. Manifiesta que en la Alcald\u00eda le informan que no hay plata y que debe esperar. Por esta situaci\u00f3n ha tenido que pedir dinero prestado. \u00a0<\/p>\n
2. Respuesta del Director del Departamento Administrativo de Hacienda al juez de tutela.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Director Administrativo de Hacienda, en respuesta del 8 de noviembre de 2000, se opone a la procedencia de esta acci\u00f3n. Explic\u00f3 que dentro de las partidas presupuestales del municipio, existen apropiaciones desfinanciadas de $121.611.775.573, de las cuales $24.896.234.422 corresponden a servicios personales asociados a n\u00f3mina, del que queda un saldo de apropiaci\u00f3n de \u00a0$19.346.675.230 para la ejecuci\u00f3n presupuestal de las mesadas pensionales de octubre a diciembre de 2000 y prima de navidad. Se\u00f1al\u00f3 que esto significa que no obstante estar ejecutados presupuestalmente, los pagos de las mesadas s\u00f3lo se har\u00e1n efectivos en la medida en que el flujo de caja lo permita, pues, debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n fiscal que afronta el Municipio, los recursos que por el pago de impuestos ingresan a la Tesorer\u00eda General Municipal, son insuficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones que actualmente se tienen con los empleados, jubilados y dem\u00e1s acreedores. \u00a0<\/p>\n
Por ello, solicita al juez de tutela que si la acci\u00f3n prospera, \u00e9sta se condicione el pago al flujo de caja existente en la Tesorer\u00eda, en raz\u00f3n del sinn\u00famero de demandas y acciones de tutela que se han presentado contra el municipio \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, puso de presente que no ha existido negligencia de la administraci\u00f3n en el pago de sus obligaciones, sino que esta situaci\u00f3n se ha generado por insuficiencia de recursos en las arcas municipales, que son reflejo de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica que afronta no s\u00f3lo de Cali sino el pa\u00eds en general. \u00a0<\/p>\n
Adjunt\u00f3 la certificaci\u00f3n del Director de Presupuesto, de fecha 20 de septiembre de 2000, que contiene la situaci\u00f3n presupuestal del municipio. \u00a0<\/p>\n
3. Sentencia que se revisa. \u00a0<\/p>\n
En providencia del 9 de noviembre del a\u00f1o 2000, el Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal de Cali deneg\u00f3 la tutela pedida. El juzgado consider\u00f3 que tal como lo se\u00f1alan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo procede en casos excepcionales. En el caso concreto, la actora no es una persona de la tercera edad, pues tiene 57 a\u00f1os, y no se encuentra acreditada la apremiante situaci\u00f3n econ\u00f3mica que menciona, por lo que la acci\u00f3n no puede prosperar. \u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0<\/p>\n
La Corte es competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos 33 a 35 del decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Lo que se discute.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el presente caso, se discute la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para ordenar el pago de mesadas pensionales que le ha dejado de pagar el municipio de Cali a la actora, y garantizarle el pago oportuno de las mesadas futuras.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El municipio de Cali, al intervenir en esta tutela, explic\u00f3 que, tal como consta en la certificaci\u00f3n del Subdirector de Presupuesto, hay un saldo de apropiaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n presupuestal de las mesadas de octubre a diciembre y la prima de navidad del a\u00f1o 2000, pero que los pagos s\u00f3lo se podr\u00e1n realizar en la medida en que el flujo de caja lo permita, debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n fiscal que afronta el municipio. Este atraso ha originado m\u00faltiples acciones de tutela por parte de servidores y pensionados. Pide, entonces, al juez de tutela que, en el caso de que \u00e9sta se conceda, se ordene que el pago se condicione al flujo de caja.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Planteada as\u00ed esta acci\u00f3n, la Sala de Revisi\u00f3n observa que \u00e9sta corresponde a \u00a0una de las numerosas acciones de tutela que se presentan a diario en el pa\u00eds, y que han hecho que la Corte Constitucional exponga, en cada oportunidad, los criterios generales que el tema requiere, encaminados a la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales, cuando el incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales constituye una vulneraci\u00f3n de tales derechos y la acci\u00f3n de tutela se convierte en el mecanismo adecuado para su protecci\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por ello, resulta pertinente remitirse a los par\u00e1metros que fueron resumindos en la sentencia T-140 de 2000 que, a su vez, reiter\u00f3 la jurisprudencia de la Corte contenida en las sentencias de unificaci\u00f3n de la Sala Plena, SU-995 de 1999 y SU-090 de 2000, que permiten al juez de tutela determinar, en el caso concreto, la procedencia o no de la acci\u00f3n. Estos par\u00e1metros son : \u00a0<\/p>\n
\u201cb) Por regla general, el pago oportuno de las mesadas pensionales debe reclamarse a trav\u00e9s del proceso ejecutivo laboral. Sin embargo, en casos excepcionales, procede la acci\u00f3n de tutela para proteger el m\u00ednimo vital del pensionado. Sentencias T-01 de 1997, T-118 de 1997, T-544 de 1998, T-387 de 1999, T-325 de 1999, T-308 de 1999. \u00a0<\/p>\n
\u201cc) El concepto de m\u00ednimo vital o \u201cm\u00ednimo de condiciones decorosas de vida\u201d1 deriva del principio de dignidad humana y de los derechos al trabajo y a la igualdad de los trabajadores y de los pensionados. Sentencias T-011 de 1998, T-072 de 1998, T-384 de 1998 y T-365 de 1999, entre muchas otras. \u00a0<\/p>\n
\u201cd) La valoraci\u00f3n del m\u00ednimo vital del pensionado no es una calificaci\u00f3n objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del accionante. Por consiguiente, el concepto de m\u00ednimo vital no se identifica con el monto de las sumas adeudadas o a \u201cuna valoraci\u00f3n num\u00e9rica de las necesidades biol\u00f3gicas m\u00ednimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciaci\u00f3n material del valor de su trabajo\u201d2 De ah\u00ed pues que la jurisprudencia ha considerado que \u00a0son factores importantes, pero no exclusivos, para su an\u00e1lisis, la edad del pensionado y la dependencia econ\u00f3mica de la mesada pensional. Sentencias SU-995 de 1999 y T-011 de 1998. \u00a0<\/p>\n
\u201ce) La cesaci\u00f3n prolongada e indefinida de pagos de las mesadas pensionales \u201chace presumir la vulneraci\u00f3n del m\u00ednimo vital del trabajador, del pensionado y de los que de ellos dependen\u201d. De ah\u00ed pues que le corresponde a \u201cla entidad encargada de pagar esta prestaci\u00f3n, desvirtuar tal presunci\u00f3n\u201d3. Sentencias T-308 de 1999, T-259 de 1999 y T-554 de 1998. \u00a0<\/p>\n
\u201cf) El m\u00ednimo vital de los pensionados \u201cno s\u00f3lo resulta vulnerado por la falta de pago de las mesadas pensionales sino, tambi\u00e9n, por el retraso injustificado en la cancelaci\u00f3n de las mismas\u201d4. Por consiguiente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, la orden judicial que protege el derecho al pago oportuno de la mesada pensional puede ser de dos formas: la reanudaci\u00f3n del pago (hacia el futuro) o la cancelaci\u00f3n de las mesadas pensionales dejadas de percibir (hacia el pasado). Sentencias T-299 de 1997, T-788 de 1998 y T-014 de 1999. \u00a0<\/p>\n
\u201cg) La crisis econ\u00f3mica o presupuestal por la que pueda estar atravesando el empleador o la entidad responsable del pago de la pensi\u00f3n, no la exime de la obligaci\u00f3n de pagar oportunamente la mesada pensional. Sentencias T-387 de 1999, T-259 de 1999 y T-286 de 1999. \u00a0<\/p>\n
\u201ch) La acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo ampara el derecho al pago oportuno de mesadas pensionales ciertas e indiscutibles, pues aquellos montos que se discuten o que no hubieren sido expresamente reconocidos, deber\u00e1n cobrarse en la justicia ordinaria laboral. Sentencias T-637 de 1997 y T-135 de 1993. \u00a0<\/p>\n
\u201ci) Los intereses moratorios de las acreencias laborales no pueden ser cobrados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, como quiera que es un asunto que involucra aspectos eminentemente legales, como son la valoraci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de intereses. Sentencias T-435 de 1998 y T-323 de 1996.\u201d (sentencia T-140 de 2000, M.P., doctor Alejandro Mart\u00ednez Caballero) \u00a0<\/p>\n
Expuestos estos par\u00e1metros en relaci\u00f3n con el caso concreto, hay que se\u00f1alar que si bien la edad de la actora, como lo dice el juez en la sentencia que se revisa, no la ubica exactamente en el concepto de tercera edad, pues tiene 57 a\u00f1os, no quiere ello decir que la mora en el pago de su pensi\u00f3n no le vulnere derechos fundamentales. Cabe recordar lo que esta misma Sala de Revisi\u00f3n, en reciente sentencia se\u00f1al\u00f3, en el sentido de que la pensi\u00f3n goza de una especial protecci\u00f3n del Estado y que debe ser pagada en forma oportuna, tal como lo dispone el art\u00edculo 53, inciso 3, de la Constituci\u00f3n. Precis\u00f3 esta sentencia : \u201csi el trabajador ha alcanzado la edad y el tiempo de servicios establecidos en normas legales o convencionales, puede adquirir su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y, en consecuencia, el derecho a recibir en forma oportuna el pago de las mesadas correspondientes, de tal suerte que se le garantice su subsistencia y la de su familia en condiciones dignas. Resulta claro que los pensionados gozan de una especial protecci\u00f3n por parte del Estado, como quiera que su situaci\u00f3n jur\u00eddica tiene como base el trabajo (art. 25 C.P.), por una parte, y, por la otra, porque son titulares de un derecho de rango constitucional, cual es el pago oportuno y el reajuste peri\u00f3dico de las pensiones legales. De ah\u00ed, que esta Corporaci\u00f3n haya aceptado en forma excepcional la procedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando se trata del pago de mesadas pensionales dejadas de percibir por personas que no cuentan con otro ingreso que les permita tener una vida digna.\u201d (sentencia T-184, del 15 de febrero de 2001). \u00a0<\/p>\n
Por otra parte, no obstante que en el caso presente no hay una cesaci\u00f3n prolongada de pagos de las mesadas pensionales (literal e de los par\u00e1metros transcritos), ya que el atraso, para la \u00e9poca en que present\u00f3 la tutela, era de dos meses, la cesaci\u00f3n s\u00ed era indefinida, pues, no obstante que para tal \u00e9poca exist\u00eda apropiaci\u00f3n presupuestal para el pago de las mesadas pensionales de octubre a diciembre, su pago estaba sujeto a que efectivamente ingresaran a las arcas del municipio, los impuestos de los contribuyentes. As\u00ed lo expres\u00f3 el Director Administrativo de Hacienda Municipal al juez de tutela y de ah\u00ed que hubiera solicitado al juez que, si se otorgaba la acci\u00f3n, \u00e9sta se condicionara a tal evento. Es decir que, a pesar de no ser prolongado el atraso del pago, la administraci\u00f3n municipal no suministr\u00f3 ni a la actora ni al juez de tutela, una fecha aproximada, que permitiera deducir cu\u00e1ndo cesar\u00eda la vulneraci\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Este hecho, aunado a una circunstancia que no consider\u00f3 el juez en la sentencia que se revisa, y es lo afirmado por la actora, en el sentido de que la hija que trabaja, que por lo tanto, hubiera podido ayudarla econ\u00f3micamente, no lo puede hacer, pues labora, precisamente, en el municipio de Cali y est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n que la actora : tampoco le han pagado. Se infiere, pues, la vulneraci\u00f3n del m\u00ednimo vital. \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, la Sala de Revisi\u00f3n considera que esta acci\u00f3n de tutela debi\u00f3 prosperar, y no obstante que se podr\u00eda argumentar que ya la administraci\u00f3n realiz\u00f3 todas los procedimientos para que la mora en el pago cese, el pago qued\u00f3 condicionado al recaudo efectivo en arcas del municipio, lo que no resulta una forma proporcionada de cumplir sus obligaciones laborales y pensionales, pues, el ente territorial est\u00e1 trasladando a una sola de las partes, en este caso al pensionado, todas las consecuencias negativas de la forma como se aprob\u00f3 el presupuesto el Concejo de Cali : las denominadas apropiaciones desfinanciadas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 el pago de las mesadas atrasadas, si a la fecha de notificaci\u00f3n de esta sentencia, el municipio no lo ha realizado, y se le prevendr\u00e1 que adopte todas las medidas que garanticen el pago futuro y oportuno de las mesadas que se contin\u00faen causando. \u00a0<\/p>\n
Se revocar\u00e1, pues, la sentencia que se revisa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. DECISION \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
Revocar la sentencia proferida por Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal de Cali, de fecha nueve (9) de noviembre de dos mil (2000), en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lida Mercedes Ocampo de Villa contra el municipio de Cali. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, se ordena al municipio de Cali, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, pague a la actora las mesadas pensionales adeudadas, o en caso de no contar con los recursos necesarios, inicie las gestiones necesarias tendientes al cumplimiento de este fallo, que en todo caso tendr\u00e1 que hacerse en un plazo no superior a dos (2) meses. As\u00ed mismo, adelantar las gestiones encaminadas al pago futuro y oportuno de las que se \u00a0contin\u00faen causando. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
L\u00edbrense por Secretar\u00eda, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. \u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JAIME CORDOBA TRIVI\u00d1O \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz \u00a0<\/p>\n
3 Sentencia T-259 de 1999. M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra. \u00a0<\/p>\n
4 Sentencia SU-090 de 2000.M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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