\u00a0 \u00a0 Sentencia T-293\/01 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Naturaleza \u00a0<\/p>\n
JUEZ CONSTITUCIONAL-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0<\/p>\n
GOBIERNO NACIONAL-Formulaci\u00f3n anual del presupuesto y ley de apropiaciones\/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores p\u00fablicos \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA COMO TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores p\u00fablicos \u00a0<\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
Referencia: expedientes acumulados T- 386 340 – 386 341 – 387 250 – 387 251 – 387 253 – 388 172 – 388 504 – 388 627 – 388 796 – 388 797 – 388 798 – 388 799 – \u00a0388 877 – 388 878 – 388 955 – 389 082 – 389 083 – 389 084 – 389 140 – 389 146 – 389 147. \u00a0<\/p>\n
Acciones de tutela instauradas por Mar\u00eda Elena Sandoval Ort\u00edz y otros. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., marzo diecis\u00e9is (16) de dos mil uno (2001). \u00a0<\/p>\n
La Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente las previstas en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2591 de 1.991, ha proferido la siguiente, \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
dentro del proceso de revisi\u00f3n de los fallos proferidos por los diferentes Despachos Judiciales del pa\u00eds, dentro de los procesos de tutela instaurados por \u00a0diferentes servidores p\u00fablicos, en contra de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Educaci\u00f3n, Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, Departamento de Antioquia, entre otros. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por considerar que existe unidad de materia la Sala de Selecci\u00f3n Once mediante auto de fecha noviembre diecisiete (17) de 2000 en su art\u00edculo sexto, decidi\u00f3 acumular entre s\u00ed los expedientes respectivos, raz\u00f3n por la cual se proferir\u00eda un solo fallo para decidir los procesos de la referencia. Excepci\u00f3n hecha de los expedientes T 387 249, 387 252, 387 254, 387 255, 387 256, 387 573, 387 574 y 389 127 que por diferentes causas se orden\u00f3 su desacumulaci\u00f3n por auto de fecha catorce (14) de marzo de 2000 a fin de darles el tr\u00e1mite pertinente.\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los actores, servidores p\u00fablicos vinculados a distintas entidades del Estado, consideran que la decisi\u00f3n del Gobierno \u00a0Nacional de no incrementar los salarios de los empleados p\u00fablicos que devengaban para enero de 2000, m\u00e1s de dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales, es contraria a sus derechos fundamentales, espec\u00edficamente de los derechos a un salario digno y justo (art\u00edculo 25), m\u00f3vil y proporcional (art\u00edculo 53), adem\u00e1s del derecho a la igualdad (art\u00edculo 13), por cuanto unos servidores p\u00fablicos s\u00ed obtuvieron un aumento en sus \u00a0salarios, como son los casos de los empleados cuya asignaci\u00f3n a enero de 2000 era inferior a dos (2) salarios m\u00ednimos, recibiendo un aumento del nueve por ciento (9%). Por su parte, a los Congresistas y a otros funcionarios como Magistrados de las Altas Cortes; \u00a0el Fiscal General de la Naci\u00f3n; el Procurador General de la Naci\u00f3n; el Contralor General de la Rep\u00fablica y el Defensor del Pueblo, se les reconoci\u00f3 un reajuste del quince punto tres por ciento (15.3%), a pesar de la pol\u00edtica de ajuste fiscal que promovi\u00f3 el mismo Gobierno. \u00a0<\/p>\n
Manifiestan los actores que su salario debe aumentar anualmente, por lo menos en la misma proporci\u00f3n del IPC para mantener su poder adquisitivo, toda vez que en raz\u00f3n a la inflaci\u00f3n, se hace ostensible su disminuci\u00f3n con la medida adoptada por el Gobierno para el a\u00f1o 2000 desmejorando sus condiciones de trabajo. \u00a0<\/p>\n
De otra parte, fundamentan su petici\u00f3n en sentencias proferidas por esta Corporaci\u00f3n, citando entre otras, la T – 483 de 1993, T 102 de 1995 y C-710 de 1999 que hacen referencia al incremento salarial, al salario vital y m\u00f3vil. \u00a0<\/p>\n
Solicitan se ordene al Gobierno Nacional aumentar sus salarios, en un porcentaje igual o similar al \u00edndice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estad\u00edstica -DANE-, con \u00a0el fin de conservar el valor adquisitivo de los mismos, con car\u00e1cter retroactivo a enero del a\u00f1o 2000. En algunos casos los actores manifiestan que interponen la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, aunque no demuestran la ocurrencia de perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el expediente T 388 172 el actor instaura acci\u00f3n de tutela con el fin de obtener de la Gobernaci\u00f3n del Meta el pago del incremento salarial establecido por el Decreto 182 de 2000 para los servidores p\u00fablicos que como \u00e9l devengaban menos de dos (2) salarios m\u00ednimos legales vigentes a diciembre de 1999, dado que hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n no se hab\u00eda obtenido su pago. \u00a0<\/p>\n
En cuanto al expediente T 387 253 el actor solicita que su incremento salarial se reajuste en la misma proporci\u00f3n del IPC del a\u00f1o inmediatamente anterior, dado que s\u00f3lo se le aument\u00f3 en un 4% \u00a0por la Gobernaci\u00f3n de Antioquia para el a\u00f1o 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. DECISIONES JUDICIALES \u00a0<\/p>\n
Los diferentes Despachos Judiciales al conceder la acci\u00f3n de tutela ordenaron al Gobierno Nacional reajustar el salario de los actores en la misma proporci\u00f3n del IPC y con retroactividad a 1\u00ba de enero de 2000, fijando un t\u00e9rmino perentorio para su cumplimiento, invocando entre otras razones, las siguientes: \u00a0<\/p>\n
1) Que el Gobierno Nacional no pod\u00eda desconocer, con su pol\u00edtica econ\u00f3mica, los derechos de los servidores p\u00fablicos a tener un salario vital y m\u00f3vil como lo consagra la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 53, vulnerando sus derechos fundamentales.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Que as\u00ed mismo se ha vulnerado el derecho a la igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 ib\u00eddem, al congelar los salarios en el sector p\u00fablico para el a\u00f1o 2000, decisi\u00f3n gubernamental que no cobij\u00f3 a todos los empleados del Estado sino \u00fanicamente a quienes devengaban m\u00e1s de dos (2) salarios m\u00ednimos, generando una disminuci\u00f3n real en el salario de los trabajadores frente a una econom\u00eda inflacionaria. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3) Que no obstante, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado (expediente 119708) que no se puede mediante la acci\u00f3n de tutela exigir per s\u00e9 \u00a0un aumento salarial, ya que ese no es el objeto del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, se considera que debe prosperar la acci\u00f3n de tutela por ostensible violaci\u00f3n a los derechos a la igualdad y al trabajo. \u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se relacionan cada uno de los expedientes de tutela a los cuales se refiere la presente providencia, mencionando las decisiones de cada instancia, as\u00ed: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
No. Exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ACTOR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00aa. Inst. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECISION\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00aa. Inst. \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-386340 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Elena Sandoval Ort\u00edz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica (C\u00f3rdoba) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-386341 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ana Lida Arango Mart\u00ednez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica (C\u00f3rdoba) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-387250 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Yolanda V\u00e9lez P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 7\u00ba. Laboral del Circuito de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-387251 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Claudia Patricia Acosta Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 7\u00ba. Laboral del Circuito de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-387253 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Guillermo Le\u00f3n Osorio Arteaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONFIRMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388172 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anselmo Beltr\u00e1n Tuizo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 2\u00ba. Laboral del Circuito de Villavicencio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388504 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Fabio Gilberto Jaramillo y otra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Laboral del Circuito Ad – Hoc de Ipiales. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NIEGA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
REVOCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388627 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Claudia Mar\u00eda Sierra Pineda y otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 4\u00ba. Laboral del Circuito de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONFIRMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388796 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388797 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dora Luz P\u00e9rez Rojas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388798 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Clara Luc\u00eda Ram\u00edrez Jaramillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388799 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Amanda de Jes\u00fas L\u00f3pez Arango\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388877 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Astrid Elena Valencia Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 3\u00ba. Civil Municipal de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONFIRMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388878 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eugenia del Socorro Moreno Monsalve \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 12 Civil Municipal de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONFIRMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-388955 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Xiomara de Jes\u00fas G\u00f3mez Vald\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 1\u00ba. Penal Municipal de Ci\u00e9naga (Magdalena) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONFIRMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-389082 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alveiro de Jes\u00fas Ochoa Restrepo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-389083 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Olga In\u00e9s Henao de Penagos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-389084 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Ulises Maldonado Heredia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado Civil Municipal de \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-389140 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cintya Valentina Castrill\u00f3n Mu\u00f1oz \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 2\u00ba. Civil del Circuito de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NO HUBO \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-389146 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Olga Ang\u00e9lica Jim\u00e9nez Correa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 11 Civil Municipal de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEDE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONFIRMA \u00a0\u00a0<\/p>\n
T-389147 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Olga del Carmen V\u00e1squez de Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzgado 20 Civil Municipal de Medell\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
NIEGA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
REVOCA \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA REVISION \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos \u00a031 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
2. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para obtener el incremento salarial o el pago del mismo. \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 la acci\u00f3n de tutela no procede cuando exista otro medio defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, raz\u00f3n por la cual se le ha calificado como residual y subsidiaria. Por lo tanto, no proceder\u00e1 conceder la tutela como mecanismo transitorio en raz\u00f3n a que no obstante haberse invocado por algunos de los actores, no se demostr\u00f3 la ocurrencia de perjuicio irremediable.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo el Decreto 182 de 2000 en virtud del cual se estableci\u00f3 el incremento salarial es una norma de car\u00e1cter general, \u00a0impersonal y abstracta contra la cual no procede la acci\u00f3n de tutela conforma lo se\u00f1ala el numeral 5\u00ba. Ib\u00eddem, existiendo otro medio de defensa judicial como es la acci\u00f3n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el C.C.A, la cual no ha sido intentada por los actores. \u00a0<\/p>\n
En cuanto al expediente T 388 172 el actor persigue a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela el pago del incremento salarial establecido en el Decreto 182\/00 para los servidores que devengan menos de dos (2) salarios m\u00ednimos, al efecto se advierte que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo judicial id\u00f3neo para obtener el cumplimiento de dicha norma, para lo cual se ha previsto constitucionalmente la acci\u00f3n de cumplimiento como lo prescribe el art\u00edculo 87 de la Carta Pol\u00edtica, resultando improcedente la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala reitera una vez m\u00e1s que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo judicial id\u00f3neo para obtener el incremento salarial, como tampoco es dable al juez de tutela ordenar la modificaci\u00f3n del presupuesto con el fin de que se destine una partida al incremento salarial de los servidores p\u00fablicos, ya que esto implicar\u00eda el inmiscuirse en competencias asignadas a otras autoridades, lo que se traducir\u00eda a su vez en un desbordamiento de la competencia constitucional conferida por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, es preciso remitirnos \u00a0a lo expuesto en la Sentencia SU-1052 del 10 de agosto de 2000 (M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis), que se refiere igualmente al pago de incrementos salariales de los servidores p\u00fablicos para el presente a\u00f1o, en la cual se expres\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201c3. Naturaleza de la Acci\u00f3n de Tutela. Improcedencia de esta v\u00eda para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Como qued\u00f3 planteado, la decisi\u00f3n en el asunto que ocupa a la Corte, exige establecer si la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo adecuado para ordenar al Gobierno Nacional el incremento de los salarios de los accionantes, dada su calidad de servidores p\u00fablicos, ya que a \u00e9stos para el presente a\u00f1o, no se les ha incrementado su remuneraci\u00f3n. Deber\u00e1 determinarse adem\u00e1s, si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo transitorio, para el efecto, habr\u00e1 de precisarse si la situaci\u00f3n planteada por los invocantes constituye una amenaza a sus derechos fundamentales o les ha ocasionado un perjuicio irremediable.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.1. Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de \u00e9sta Corporaci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica y, en casos excepcionales por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para la protecci\u00f3n de estos especiales y trascendentales derechos.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Al respecto se ha sostenido que la acci\u00f3n de tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prev\u00e9 otro mecanismo para la protecci\u00f3n del derecho invocado; tambi\u00e9n se la ha calificado de residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y adem\u00e1s se ha dicho que es informal, porque se tramitan por esta v\u00eda las violaciones o amenazadas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontaci\u00f3n propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela, dada su especificidad, est\u00e1 destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza o afrenta concreta a una persona determinada.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, al juez constitucional no le corresponde interferir, por v\u00eda de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a otras autoridades estatales, aunque si podr\u00eda, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisi\u00f3n general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acci\u00f3n de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gesti\u00f3n de formular y aplicar la pol\u00edtica fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el prop\u00f3sito por dem\u00e1s loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a \u00e9sta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustituci\u00f3n y la disputa, tendr\u00edamos que concluir que el constituyente le confi\u00f3 al juez constitucional, por v\u00eda de tutela, el poder omn\u00edmodo de decidir en todos los asuntos p\u00fablicos, incluyendo la direcci\u00f3n econ\u00f3mica del Estado lo cual, adem\u00e1s de impertinente, contradice abiertamente la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes \u00f3rganos del poder p\u00fablico delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperaci\u00f3n en la consecuci\u00f3n de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.).\u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulaci\u00f3n anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deber\u00e1 corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 346 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y compete al Congreso Nacional su aprobaci\u00f3n. Por su parte, esta Corporaci\u00f3n es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad se llegare a controvertir.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, compete al Gobierno Nacional presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armon\u00eda con su pol\u00edtica econ\u00f3mica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificaci\u00f3n con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores p\u00fablicos, porque, de hacerlo, se inmiscuir\u00eda por v\u00eda de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando as\u00ed la competencia constitucional conferida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y deber\u00e1 responder por extralimitaci\u00f3n de funciones de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 6 del mismo ordenamiento.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De otra parte, debe recordarse que en la contestaci\u00f3n a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico relaciona la decisi\u00f3n del Gobierno Nacional de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneraci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos que devengan m\u00e1s de dos salarios m\u00ednimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta menci\u00f3n del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la funci\u00f3n p\u00fablica, esta Corporaci\u00f3n no podr\u00eda crear la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores p\u00fablicos en un monto determinado y para una vigencia espec\u00edfica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque adem\u00e1s de transgredir los art\u00edculos 6\u00b0 y 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como qued\u00f3 explicado, quebrantar\u00eda los art\u00edculos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como tambi\u00e9n el art\u00edculo 71 del Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligaci\u00f3n ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. As\u00ed mismo, no debe olvidarse que el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en \u201cel presupuesto\u201d al igual que invertir las incluidas en \u00e9ste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela como por el principio de legalidad del gasto p\u00fablico, el juez constitucional no puede por v\u00eda de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga. \u00a0<\/p>\n
3.2. Los tutelantes adem\u00e1s de estar inconformes con la decisi\u00f3n del Gobierno Nacional relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso Nacional por el art\u00edculo 187 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el art\u00edculo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores p\u00fablicos resultar\u00edan afectados con el no incremento de sus salarios para el presente a\u00f1o. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por v\u00eda de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un tr\u00e1mite especial que hace de suyo a la tutela improcedente.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acci\u00f3n de tutela, tal como qued\u00f3 expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de gasto p\u00fablico, en raz\u00f3n a que la pol\u00edtica fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Org\u00e1nica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporaci\u00f3n, pero en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideraci\u00f3n de \u00e9sta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 – por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1\u00b0 de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los n\u00fameros 2780, 2804, 2922 y 3051. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, tampoco la acci\u00f3n de tutela es el procedimiento id\u00f3neo para controvertir la constitucionalidad del art\u00edculo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposici\u00f3n, al igual que las anteriores, debe demandarse ante \u00e9sta Corte en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, el mandato del art\u00edculo 187 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de conformidad con el cual la asignaci\u00f3n de los miembros del Congreso se reajustar\u00e1 cada a\u00f1o, no puede objetarse por ning\u00fan procedimiento, puesto que su incuestionable jerarqu\u00eda la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporaci\u00f3n a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.)\u201d.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por lo anteriormente expuesto esta Sala proceder\u00e1 a revocar las decisiones de instancia que concedieron el amparo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. DECISION. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, La Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
Primero.- Revocar los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica (C\u00f3rdoba) (expedientes T 386 340 y \u00a0T 386 341), Juzgado 7\u00ba. Laboral del Circuito de Medell\u00edn (expedientes T 387 250 y \u00a0T 387 251), Juzgado 10\u00ba. Laboral del Circuito de Medell\u00edn y Tribunal Superior de Medell\u00edn – Sala Laboral (expediente \u00a0T 387 253), Juzgado 2\u00ba. Laboral del Circuito de Villavicencio (expediente T 388 172), Tribunal Superior de Pasto – Sala Laboral (expediente \u00a0T 388 504), Juzgado 4\u00ba. Laboral del Circuito de Medell\u00edn y Tribunal Superior de Medell\u00edn – Sala Laboral (expediente \u00a0T 388 627), Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) (expedientes \u00a0T 388 796 – T 388 797 – T 388 798 – T 388 799), Juzgado 3\u00ba. Civil Municipal de Medell\u00edn y Juzgado 2\u00ba. Civil del Circuito de Medell\u00edn (expediente \u00a0T 388 877), Juzgado 12\u00ba. Civil Municipal de Medell\u00edn y Juzgado 2\u00ba. Civil del Circuito de Medell\u00edn (expediente \u00a0T 388 878), Juzgado 1\u00ba. Penal Municipal de Ci\u00e9naga (Magdalena) y Juzgado 2\u00ba. Penal del Circuito de Ci\u00e9naga (expediente \u00a0T 388 955), Juzgado Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) (expediente \u00a0T 389 082 – T 389 083 – T 389 084), Juzgado 2\u00ba. Civil del Circuito de Medell\u00edn (expediente \u00a0T 389 140), Juzgado 11\u00ba. Civil Municipal de Medell\u00edn y Juzgado 2\u00ba. \u00a0Civil del Circuito de Medell\u00edn (expediente \u00a0T 389 146), Juzgado 2\u00ba. Civil del Circuito de Medell\u00edn (expediente \u00a0T 389 147). En su lugar Denegar el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de \u00e9sta providencia. \u00a0<\/p>\n
Segundo.- Por Secretar\u00eda, l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JAIME ARAUJO RENTERIA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Sentencia T-293\/01 \u00a0 ACCION DE TUTELA-Naturaleza \u00a0 JUEZ CONSTITUCIONAL-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0 GOBIERNO NACIONAL-Formulaci\u00f3n anual del presupuesto y ley de apropiaciones\/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores p\u00fablicos \u00a0 ACCION DE TUTELA COMO TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-7509","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-2001"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7509"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7509\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}