T-524-93<\/p>\n
Sentencia No. T-524\/93 <\/p>\n
DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS-L\u00edmites <\/p>\n
Si es cierto que el derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos, puede considerarse en buena medida como una modalidad del derecho fundamental de petici\u00f3n y como instrumento necesario para el ejercicio del derecho a la informaci\u00f3n y, por lo tanto, comparte con estos su n\u00facleo axiol\u00f3gico esencial, no lo es menos que tiene tambi\u00e9n un contenido y alcance particulares que le otorgan especificidad y autonom\u00eda dentro del conjunto de los derechos fundamentales. <\/p>\n
DOCUMENTO PUBLICO\/DERECHO A OBTENER COPIAS <\/p>\n
Si dentro de los tres d\u00edas subsiguientes a la configuraci\u00f3n del silencio administrativo positivo no se entregan las copias requeridas, se vulnera “el derecho fundamental a la obtenci\u00f3n de la copia del respectivo documento p\u00fablico” para cuya defensa y efectividad “no existe en el ordenamiento ning\u00fan medio judicial diferente de la acci\u00f3n de tutela que pueda garantizar en t\u00e9rminos de eficacia y celeridad su protecci\u00f3n inmediata”. <\/p>\n
REF: Expediente No. 18301 <\/p>\n
Peticionario: Miguel Angel Rubio <\/p>\n
Bravo. <\/p>\n
TEMA: Acceso a Documentos <\/p>\n
P\u00fablicos. <\/p>\n
Procedencia: Juzgado Promiscuo <\/p>\n
Municipal de Puerto Legu\u00edzamo, <\/p>\n
Putumayo. <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: DR. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n, integrada por los Honorables magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar la sentencia que para decidir la acci\u00f3n de la referencia fue proferida por el Juzgado Prom\u00edscuo Municipal de Puerto Legu\u00edzamo (Putumayo), el d\u00eda seis (6) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
El vientinueve (29) de junio de 1993, el se\u00f1or MIGUEL ANGEL RUBIO BRAVO, en su propio nombre, impetr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL de PUERTO LEGUIZAMO, con el fin de que se le ordene resolver una petici\u00f3n presentada ante este despacho. <\/p>\n
A. HECHOS <\/p>\n
Seg\u00fan el peticionario sirven de fundamento para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela los siguientes hechos: <\/p>\n
1.- El d\u00eda diez (10) de junio de 1993, mediante oficio No. 166, el Concejo Municipal de Puerto Legu\u00edzamo solicit\u00f3 a la Alcaldesa Municipal, que expidiera “copia debidamente autenticada del Decreto No. 060 de fecha abril 27 de 1993, mediante el cual se destribuyeron (sic) $29.655.380oo, por conceptos de recursos IVA correspondientes a la vigencia 1992. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA OBJETO DE REVISION <\/p>\n
El Juzgado Prom\u00edscuo Municipal de Puerto Legu\u00edzamo, mediante sentencia de seis (6) de junio mil novecientos noventa y tres (1993), resolvi\u00f3 “NEGAR la acci\u00f3n de tutela presentada por el se\u00f1or MIGUEL ANGEL RUBIO BRAVO…”. Lo anterior, de conformidad con las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1.- “En ateriores oportunidades este Despacho tutelaba una situaci\u00f3n an\u00e1loga, pues se part\u00eda de la base que la omisi\u00f3n por parte de un funcionario dentro de sus deberes, se deb\u00eda obligar, por medio de un mecanismo agil y eficaz como la tutela. No obstante la Corte Constitucional en su sabio pronunciamiento plasm\u00f3 as\u00ed su posici\u00f3n; ‘…cuesti\u00f3n muy diferente es la relativa a la validez del acto administrativo en que consiste la respuesta, frente al cual el peticionario dispone de los recursos por v\u00eda administrtiva (gubernativa) en guarda de sus intereses. En esta hip\u00f3tesis no cabe la acci\u00f3n de tutela dada la existencia de otros medios de defensa judicial…’ “. <\/p>\n
2.- “No puede entonces deducirse violaci\u00f3n al derecho fundamental que el solicitante pretend\u00eda tutelar”. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
A. LA COMPETENCIA <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por los Art\u00edculos 86, Inciso tercero y 241, Numeral noveno de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los Art\u00edculos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer de la sentencia que resolvi\u00f3 acerca de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Se procede a la revisi\u00f3n en virtud de la selecci\u00f3n practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado seg\u00fan lo establecido por el reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
B. LA MATERIA <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del car\u00e1cter fundamental del derecho de acceso a los documentos p\u00fablicos y a obtener copia de los mismos, su relaci\u00f3n con el derecho de petici\u00f3n y el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo eficaz para lograr su efectividad. <\/p>\n
La Sala Segunda de Revisi\u00f3n en sentencia No. T-464 de Julio 16 de 1992, con ponencia del Honorable Magistrado Eduardo Cifuentes Mu\u00f1\u00f3z, precis\u00f3 que, “la efectividad del derecho a obtener copias es manifestaci\u00f3n concreta del derecho a obtener pronta resoluci\u00f3n a las peticiones formuladas que tambi\u00e9n hace parte del n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n”. Lo anterior, sin perjuicio de la especificidad y autonom\u00eda del derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos, aspecto sobre el cual en sentencia No. T-473 de 1992 con ponencia del Honorable Magistrado Ciro Angarita Bar\u00f3n se expuso: <\/p>\n
“… si es cierto que el derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos consagrado en el Art\u00edculo 74, puede considerarse <\/p>\n
en buena medida como una modalidad del derecho fundamental de petici\u00f3n y como instrumento necesario para el ejercicio del derecho a la informaci\u00f3n y, por lo tanto, comparte con estos su n\u00facleo axiol\u00f3gico esencial, no lo es menos que tiene tambi\u00e9n un contenido y alcance particulares que le otorgan especificidad y autonom\u00eda dentro del conjunto de los derechos fundamentales. <\/p>\n
“En efecto, es claro que dentro de las facultades del titular de este derecho se encuentra la de hacer una simple consulta de los documentos que no culmine, si as\u00ed lo estima conveniente, en la formulaci\u00f3n de petici\u00f3n alguna. Como tambi\u00e9n la consulta de documentos con la espec\u00edfica finalidad no ya de adquirir informaci\u00f3n adicional, sino de aclarar o constatar la eventual ocurrencia de una t\u00edpica pr\u00e1ctica o conducta de desinformaci\u00f3n. O, m\u00e1s a\u00fan, la simple aclaraci\u00f3n de que toda inquietud al respecto carece por completo de fundamento”. <\/p>\n
En la providencia que se acaba de citar se indic\u00f3 que el derecho de acceso a los documentos p\u00fablicos tiene algunos l\u00edmites que deben inspirarse “en una objetiva prevalencia del inter\u00e9s general. En este orden de ideas, es permitido a los funcionarios impedir el acceso a documentos reservados, si va autorizada, tambi\u00e9n cuando el contenido de los documentos vulnere el derecho a la intimidad”. Consider\u00f3 adem\u00e1s la Sala de Revisi\u00f3n que “solo la Carta Fundamental y la Ley pueden establecer l\u00edmites al ejercicio de este derecho, que, por supuesto, incluye la consulta de los documentos in situ y no s\u00f3lo, como pudiera pensarse, la solicitud de copias de los mismos”. <\/p>\n
Ahora bien, el Art\u00edculo 22 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, subrogado por la Ley 57 de 1985 contempla la figura del silencio administrativo positivo para aquellos eventos en los cuales las autoridades se abstengan de responder las peticiones formuladas para consultar documentos que se hallan en las oficinas p\u00fablicas y obtener las copias correspondientes. Esa decisi\u00f3n administrativa es una manifestaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n de estirpe constitucional, as\u00ed pues, <\/p>\n
“… incorporado a la esfera de los derechos de una determinada persona, por ministerio de la Ley, como manifestaci\u00f3n existencial del derecho de petici\u00f3n, el derecho a obtener copias de ciertos documentos que reposen en una oficina p\u00fablica, su efectividad, como momento posterior y subsiguiente al reconocimiento de su titularidad -la cual se oper\u00f3-, se reitera, por ministerio de la Ley-, corresponde al \u00e1mbito del mencionado derecho de petici\u00f3n y, por tanto, su vulneraci\u00f3n o amenaza por una autoridad p\u00fablica puede ser objeto de acci\u00f3n de tutela”. (Sentencia T-464 de 1992) <\/p>\n
De modo que, si dentro de los tres d\u00edas subsiguientes a la configuraci\u00f3n del silencio administrativo positivo no se entregan las copias requeridas, se vulnera “el derecho fundamental a la obtenci\u00f3n de la copia del respectivo documento p\u00fablico” para cuya defensa y efectividad “no existe en el ordenamiento ning\u00fan medio judicial diferente de la acci\u00f3n de tutela que pueda garantizar en t\u00e9rminos de eficacia y celeridad su protecci\u00f3n inmediata”. (Sentencia T-464 de 1992) <\/p>\n
La posici\u00f3n adoptada por el fallador de instancia, contradice notoriamente los criterios que ha sostenido la Corte Constitucional por intermedio de sus diversas Salas de Revisi\u00f3n. En consecuencia, con el fin de amparar el derecho a obtener copia de los documentos p\u00fablicos, se revocar\u00e1 la sentencia revisada y se ordenar\u00e1 a la autoridad renuente expedir las copias correspondientes. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Prom\u00edscuo Municipal de Puerto Legu\u00edzamo, el d\u00eda seis (6) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER al se\u00f1or MIGUEL ANGEL RUBIO BRAVO la tutela de su derecho a obtener las copias por \u00e9l solicitadas ante la ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR a la Alcaldesa de Puerto Legu\u00edzamo que expida las copias de los documentos solicitados por el peticionario MIGUEL ANGEL RUBIO BRAVO en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si para la fecha de esta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud. <\/p>\n
Cuarto. LIBRENSE por Secretar\u00eda las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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