\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia T-511\/02 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Hecho superado \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T- 598609 \u00a0<\/p>\n
Peticionario: Onasis Hern\u00e1ndez Valdelamar \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., \u00a0cuatro (4) de julio dos mil dos (2002) \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, \u00a0en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
En el proceso de revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisi\u00f3n Penal, el 12 de abril de 2002. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. HECHOS \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El se\u00f1or ONASIS ENRIQUE HERN\u00c1NDEZ VALDELAMAR, fue condenado a 32 meses de prisi\u00f3n por haber sido considerado por el Juez Penal \u00a0Municipal de El Carmen de Viboral, el 21 de diciembre de 2001, como autor responsable del delito de extorsi\u00f3n , tipificado en el art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. La defensora interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia que conden\u00f3 y neg\u00f3 el beneficio de suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la pena. El Juzgado primero Penal del Circuito de Rionegro en Antioquia, confirm\u00f3 el fallo de instancia el 8 de abril de 2002, modificando la condena de la sanci\u00f3n definitiva al imponer un total de 64 meses de prisi\u00f3n, pues tuvo en cuenta que en la tasaci\u00f3n de la pena de primera instancia se hab\u00eda cometido un error aritm\u00e9tico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El se\u00f1or Hern\u00e1ndez Valdelamar interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n que agrav\u00f3 la pena, alegando una violaci\u00f3n a su derecho a la no reforma en perjuicio contenido en el art\u00edculo 204 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. El juez primero penal del circuito de Rionegro resolvi\u00f3 anular parcialmente su sentencia del 20 de marzo de 2002 manteniendo la pena impuesta por el juez de primera instancia, es decir, 32 meses de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. De manera simult\u00e1nea, el accionante interpuso acci\u00f3n de tutela en contra de la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro, con el fin de que se revocara la decisi\u00f3n de incrementar la pena a 64 meses de prisi\u00f3n. En sentencia del 12 de abril de 2002, el Tribunal Superior de Antioquia decidi\u00f3 declarar infundadas las pretensiones de la demanda de tutela, y deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. PRUEBAS\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal de El Carmen de Viboral el 21 de diciembre de 2001. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Copia de la apelaci\u00f3n interpuesta por la apoderada del accionante en contra de la sentencia condenatoria, el 28 de diciembre de 2001. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Copia de la modificaci\u00f3n del fallo de primera instancia por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro, con fecha del 20 de marzo de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Copia del recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el accionante el 4 de abril de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Copia de la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro, del 8 de abril de 2002. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisi\u00f3n Penal, en sentencia proferida el 12 de abril de 2002, declar\u00f3 infundadas las pretensiones de la demanda de tutela presentada por Onasis Hern\u00e1ndez Valdelamar en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro. Los motivos expuestos por el juez fueron los siguientes: el Juez que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n lo \u00fanico que hizo fue rectificar un protuberante error aritm\u00e9tico, el cual mal podr\u00eda generar violaci\u00f3n a los derechos constitucionales fundamentales. Apoy\u00f3 el juez de Tutela su decisi\u00f3n en sentencias de la Corte Suprema de Justicia que consagran la defensa del principio de legalidad, seg\u00fan las cuales el acatamiento a la legalidad de la pena no vulnera la prohibici\u00f3n de la reforma peyorativa. Cita el juez la jurisprudencia de la honorable Corte la cual dice que “si bien es cierto que el art\u00edculo 31 de la Carta impone un l\u00edmite al poder punitivo del Estado, cuando el condenado es apelante \u00fanico, o recurrente \u00fanico en casaci\u00f3n, no es absoluto, sino que est\u00e1 ponderado por la instituci\u00f3n de la consulta y la legalidad de la sanci\u00f3n.”1 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. Competencia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Corte es competente de conformidad con los art\u00edculos 86 y 241 de la Constituci\u00f3n Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. Fundamentos \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Hecho superado \u00a0<\/p>\n
Cuando los derechos fundamentales est\u00e1n siendo vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o de un particular seg\u00fan los t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n o la ley, la acci\u00f3n de tutela busca protegerlos de manera efectiva e inmediata. Esta acci\u00f3n es eficaz cuando el juez encuentra probada la vulneraci\u00f3n o amenaza alegada e imparte una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en discusi\u00f3n. Pero si la situaci\u00f3n de hecho que gener\u00f3 la violaci\u00f3n o amenaza al derecho ha sido superada, no produce ning\u00fan efecto la decisi\u00f3n del juez de tutela, puesto que el proceso carece de objeto. La tutela es entonces improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“La acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido favorable o desfavorable, lo cual constituye la raz\u00f3n de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. De tal forma que si la situaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que llegase a impartir el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Esto implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela. Cuando la perturbaci\u00f3n, vulneraci\u00f3n o amenaza ya no es actual ni inminente y el peticionario carece de inter\u00e9s jur\u00eddico, desaparece el sentido y el objeto de la acci\u00f3n de tutela, por lo cual habr\u00e1 de declararse la cesaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n impugnada2.” \u00a0<\/p>\n
b. An\u00e1lisis del caso en concreto \u00a0<\/p>\n
El caso en estudio es un hecho superado. En efecto, en respuesta a la reposici\u00f3n interpuesta por el accionante a la decisi\u00f3n del juez de aumentar la pena a 64 meses de pena privativa de la libertad, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro decidi\u00f3 anular parcialmente su sentencia del 20 de marzo de 2002 en lo que hace relaci\u00f3n a la correcci\u00f3n de la pena y mantuvo la pena impuesta por el juez de primera instancia, es decir, 32 meses de prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Mientras se surt\u00eda el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de segunda instancia, el se\u00f1or Onasis Hern\u00e1ndez Valdelamar interpuso acci\u00f3n de tutela contra la misma decisi\u00f3n recurrida. Esto se puede entender dentro del contexto de prevenci\u00f3n de configuraci\u00f3n de perjuicio irremediable que tiene la tutela, ya que \u00e9sta puede ser utilizada simult\u00e1neamente con los mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n judicial y as\u00ed evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
A. DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO\u00a0: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 12 de abril de 2002 respecto a la tutela interpuesta por ONASIS HERN\u00c1NDEZ VALDELAMAR en contra de la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro del 20 de marzo de 2002, pero por los motivos anteriormente expuestos por la Corte. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO\u00a0: Para los efectos del art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen har\u00e1 las notificaciones y tomar\u00e1 las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT \u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Sentencia de mayo 8 de 1999, Magistrado Ponente Jorge E. C\u00f3rdoba Poveda. \u00a0<\/p>\n
2 Sentencia T-570 de 1992 M.P. Jaime Sanin Greiffenstein \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-8779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-2002"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}