C-132-94<\/p>\n
Sentencia No. C-132\/94 <\/p>\n
COSA JUZGADA <\/p>\n
REF. Expediente No. D-400 <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconsti-tucionalidad contra el art\u00edculo 16 par\u00e1grafo 3o. del literal k) de la Ley 31 de 1992. <\/p>\n
Actor: <\/p>\n
FRANCISCO CUELLO DUARTE <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., marzo diecisiete (17) de mil novecientos noventa y cuatro (1994) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano FRANCISCO CUELLO DUARTE, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad que establece el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n Nacional, present\u00f3 ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra el art\u00edculo 16 par\u00e1grafo 3o. del literal k) de la Ley 31 de 1992. <\/p>\n
Admitida la demanda, se orden\u00f3 practicar las comunicaciones de rigor constitucional y legal; se fij\u00f3 en lista el negocio por la Secretar\u00eda General de la Corte y simult\u00e1neamente se di\u00f3 traslado al Despacho del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia. <\/p>\n
Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda presentada. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el par\u00e1grafo 3o. del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992. <\/p>\n
“LEY 31 de 1992 <\/p>\n
“Por la cual se dictan las normas a las que debe sujetarse el Banco de la Rep\u00fablica para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno al se\u00f1alar el r\u00e9gimen de Cambio Internacional, para la expedici\u00f3n de los Estatutos del Banco mismo, se determinan las entidades a las cuales pasaran los fondos de fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones”. <\/p>\n
ARTICULO 16. Atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
“……. <\/p>\n
“k) ….. <\/p>\n
“PARAGRAFO 3o. Los Distritos y Municipios podr\u00e1n hacer uso de las facultades previstas en el literal b) del art\u00edculo 5o. de la Ley 86 de 1989 para financiar directamente las obras y adquisiciones que dicha ley menciona. Los respectivos Concejos reglamentar\u00e1n el recaudo de los recursos previstos en la citada ley y la fecha de inicio de su cobro”. <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
A. Normas Constitucionales que se Consideran Infringidas <\/p>\n
El demandante considera que la disposici\u00f3n acusada vulnera el art\u00edculo 158 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
B. Los Fundamentos de la Demanda. <\/p>\n
Se\u00f1ala el demandante que la Ley 31 de 1992 expedida por el Congreso de la Rep\u00fablica establece normas que debe observar el Banco de la Rep\u00fablica para el cumplimiento de sus funciones, como son sus estatutos, inspecci\u00f3n, vigilancia y control del mismo, el cambio de r\u00e9gimen internacional y otras disposiciones relacionadas con dicha entidad. <\/p>\n
Observa el demandante que el par\u00e1grafo 3o. del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992, “no tiene nada que ver con el contenido de esa norma”, pues este par\u00e1grafo se refiere a una materia totalmente distinta como es la Ley 86\/89. <\/p>\n
Por lo anterior, considera que la disposici\u00f3n acusada, a que se viene haciendo referencia, viola el art\u00edculo 158 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por traer una regulaci\u00f3n diferente al tema general tratado por la Ley , en que se encuentra contenida. <\/p>\n
IV. EL CONCEPTO FISCAL <\/p>\n
En la oportunidad correspondiente, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, rindi\u00f3 el concepto de su competencia y en \u00e9l solicita a esta Corporaci\u00f3n que declare la inexequibilidad del par\u00e1grafo 3o. del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992. <\/p>\n
Para fundamentar su concepto, el Jefe del Ministerio P\u00fablico formula las consideraciones que se resumen enseguida: <\/p>\n
– En primer lugar, manifiesta el se\u00f1or Procurador General, que mediante concepto 303 de 1993, su Despacho ya se pronunci\u00f3 sobre la constitucionalidad parcial del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992, concepto que se rindi\u00f3 en el tr\u00e1mite de otras acciones promovidas. <\/p>\n
– El art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992, establece las funciones de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica, se\u00f1alando los par\u00e1metros para el desarrollo de las competencias monetarias. <\/p>\n
– Considera que el contenido del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992, “es ajeno al contexto de la ley y que merece retirarse del ordenamiento”. <\/p>\n
– Lo establecido en el par\u00e1grafo demandado hace referencia a la llamada “Ley de Metros”, que regula el sistema de servicio p\u00fablico de pasajeros (Ley 86 de 1989, art. 5o.). <\/p>\n
a) Aumentar hasta un 20% las bases gravables o las tarifas de los grav\u00e1menes que son de su competencia, cobrar una sobretasa al consumo de la gasolina motor, hasta del 20% de su precio al p\u00fablico sobre las ventas de ECOPETROL en la planta o plantas que den abasto a la zona de influencia del respectivo sistema, previo concepto del Consejo de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social CONPES”. <\/p>\n
– De lo anterior, y con base en el mandato establecido en el art\u00edculo 158 de la Carta; “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y ser\u00e1n inadmisibles las proposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”, es claro que el contenido del par\u00e1grafo 3o. del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992, “es ajeno al resorte de una ley sobre r\u00e9gimen legal del Banco de la Rep\u00fablica y particularmente lejano a las funciones de la Junta Directiva del mismo”. <\/p>\n
– El mandato constitucional del art\u00edculo 158, busca tecnificar el proceso legislativo, a fin de lograr la unidad por materias y la armon\u00eda de las leyes. “La conexidad que se predica entre la materia del proyecto y su articulado no puede ser simplemente de car\u00e1cter subjetivo, ya que el articulado del proyecto debe guardar relaci\u00f3n de car\u00e1cter abstracto, es decir que la materialidad de tal conexidad debe estar establecida.” <\/p>\n
– Concluye el concepto, con la observaci\u00f3n de que el legislador no respet\u00f3 la exigencia del articulado 158 de la Carta Pol\u00edtica, y en consecuencia, habr\u00e1 de declarar la inexequibilidad del art\u00edculo 16 en su par\u00e1grafo acusado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Primera.- La competencia y la cosa juzgada <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 241 n\u00fam. 5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y en atenci\u00f3n a lo definido por la jurisprudencia constitucional, corresponde a esta Corporaci\u00f3n el examen de la constitucionalidad de las disposiciones jur\u00eddicas que sean demandadas por cualquier ciudadano. <\/p>\n
No obstante la consideraci\u00f3n que precede, encuentra la Corte Constitucional que el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992, ya fue objeto de examen en esta Corte y sobre el recay\u00f3 sentencia de m\u00e9rito proferida por la Sala Plena dentro de los procesos D-348 Y D-367 acumulados (Sentencia C-70 de febrero 23 de 1994), en la que fue Magistrado Ponente el Doctor Hernando Herrera Vergara, y mediante la cual se declar\u00f3 la inexequibilidad de la disposici\u00f3n acusada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los efectos de la mencionada providencia son los de la cosa juzgada constitucional, debe la Corte en esta nueva oportunidad ordenar estarse a lo resuelto en el mencionado fallo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional actuando en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E: <\/p>\n
ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-70\/94 de febrero veintitr\u00e9s (23) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), de la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, proferida dentro de los procesos acumulados D-348 y D-367, en la que se declar\u00f3 que el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992 es inexequible. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJ\u00cdA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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