C-150-94<\/p>\n
Sentencia No. C-150\/94 <\/p>\n
COSA JUZGADA <\/p>\n
REF: Demanda No. D-396 <\/p>\n
Norma acusada: Art\u00edculo 142 (parcial) de la Ley 30 de 1992. <\/p>\n
Actor: Alvaro Ochoa Morales <\/p>\n
Magistrado Sustanciador: <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994). <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Alvaro Ochoa Morales present\u00f3 demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 142 (parcial) de la Ley 30 de 1992, la cual fue radicada con el n\u00famero D-396. <\/p>\n
1. De la norma objeto de revisi\u00f3n <\/p>\n
El art\u00edculo 142 de la Ley 30 de 1992 precept\u00faa lo siguiente -se subraya la parte demandada-: <\/p>\n
ARTICULO 142. Se faculta al Gobierno Nacional para que en un plazo de seis (6) meses reestructure al Instituto Colombiano para el fomento de la Educaci\u00f3n Superior (ICFES) y a la Universidad Nacional de Colombia, y expida las normas reglamentarias de la presente ley. <\/p>\n
2. De los argumentos de la demanda. <\/p>\n
El actor considera infringidas la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep\u00fablica (art\u00edculo 189-11 de la Carta) y el ejercicio, conforme a la ley, de la inspecci\u00f3n y vigilancia de la ense\u00f1anza por parte del Presidente de la Rep\u00fablica (art\u00edculo 189-21 ib\u00eddem), con la presentaci\u00f3n de los siguientes argumentos: <\/p>\n
a) Violaci\u00f3n de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep\u00fablica. El ciudadano Ochoa Morales manifest\u00f3 que “la potestad reglamentaria, vale decir, de reglamentar la ley, es propia del Gobierno Nacional, pues directamente le ha sido asignada por el constituyente. Mal puede, entonces, el Congreso Nacional concederle autorizaciones para tal efecto. Podr\u00eda ordenarle que dentro de determinado tiempo expida la reglamentaci\u00f3n, pero manteniendo el Gobierno su potestad de modificar la reglamentaci\u00f3n en cualquier tiempo por derecho propio”. <\/p>\n
A\u00f1ade el accionante que “el Gobierno Nacional puede ejercer la potestad reglamentaria de las leyes en cualquier tiempo, y la norma acusada da a entender que debe ejercitarla dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanci\u00f3n de la ley, es decir, que si no lo hace dentro de tal lapso, ya no podr\u00e1 hacerlo”. <\/p>\n
b) Violaci\u00f3n del ejercicio, conforme a la ley, de la inspecci\u00f3n y vigilancia de la ense\u00f1anza por parte del Presidente de la Rep\u00fablica. El actor se\u00f1al\u00f3 que “dentro de las funciones de inspecci\u00f3n y vigilancia de la educaci\u00f3n que tiene el Gobierno, est\u00e1 la de dictar normas reglamentarias. No puede el Congreso menoscabar tal funci\u00f3n al imponer una limitaci\u00f3n en el tiempo al Gobierno, por muy bien intencionada que sea”. <\/p>\n
3. De la intervenci\u00f3n gubernamental. <\/p>\n
3.1. Intervenci\u00f3n del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educaci\u00f3n Superior -ICFES-. <\/p>\n
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educaci\u00f3n Superior -ICFES- interviene en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada. <\/p>\n
El ICFES, luego de analizar el texto acusado, observ\u00f3 que “el mismo est\u00e1 compuesto de dos partes bien diferenciadas, la primera relacionada con la facultad que se le concede al Gobierno Nacional, para que en el t\u00e9rmino de seis (6) meses reestructure tanto al ICFES como a la Universidad Nacional y la segunda, referente a la expedici\u00f3n de las normas reglamentarias de la Ley 30 de 1992, sin que ello de a entender que el plazo de seis (6) meses sea extensivo a la facultad reglamentaria que como bien lo dice el accionante es propia del Presidente”. <\/p>\n
Por lo anterior, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educaci\u00f3n Superior -ICFES- solicita que se declare la constitucionalidad de la disposici\u00f3n en revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Del concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n <\/p>\n
La vista fiscal solicit\u00f3 a la Corte Constitucional en su concepto de rigor declarar exequible el texto acusado del art\u00edculo 142 de la Ley 30 de 1992, con fundamento en el siguiente argumento: <\/p>\n
La Vista Fiscal manifest\u00f3 que “para dilucidar el asunto que nos ocupa, es menester aclarar, que mientras los decretos proferidos en uso de facultades extraordinarias deben ce\u00f1irse a los l\u00edmites de temporalidad y precisi\u00f3n que la Carta impone al Legislador ordinario, como presupuestos de validez para delegar la competencia que con tal rango le ha atribuido el Constituyente -puesto que en tal virtud existe un traspaso temporal de competencia del Congreso al Ejecutivo- los decretos que profiere \u00e9ste \u00faltimo en virtud de la potestad reglamentaria, igualmente otorgada por la Constituci\u00f3n pero de manera directa, se desenvuelven en una \u00f3rbita distinta. Podr\u00edamos entender que en tal evento la competencia del Presidente de la Rep\u00fablica es residual, en la medida en que el Congreso, legislador ordinario por excelencia, no regula en una Ley \u00edntegramente una materia, dejando al Ejecutivo un margen para su reglamentaci\u00f3n”. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Ministerio P\u00fablico que “cuando el Congreso en el art\u00edculo 142, en lo acusado, determin\u00f3 que el Ejecutivo, deber\u00eda ‘expedir las normas reglamentarias de la presente ley’ no hizo otra cosa que aludir a la potestad reglamentaria que le es propia a \u00e9ste \u00faltimo, como referencia no vinculada a las facultades extraordinarias, tambi\u00e9n otorgadas en la misma disposici\u00f3n, de tal suerte que en esta funci\u00f3n no queda atado el Presidente a un l\u00edmite temporal ni preciso, como lo entiende el actor, por lo cual puede afirmarse que no existe inconformidad de lo acusado con los mandatos superiores que se dicen infringidos en este aspecto”. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el Procurador General de la Naci\u00f3n solicita a la Corte Constitucional declarar exequible el texto acusado, el cual se encuentra en el art\u00edculo 142 de la Ley 30 de 1992. <\/p>\n
Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
II- FUNDAMENTO JURIDICO <\/p>\n
La presente demanda fue admitida el d\u00eda 6 de septiembre de 1993. M\u00e1s tarde, el texto legal acusado, esto es, la expresi\u00f3n “y expida las normas reglamentarias de la presente ley”, contenida en el art\u00edculo 142 de la Ley 30 de 1992, fue objeto de un pronunciamiento por la Corte Constitucional. En efecto, en la sentencia No. C-022 del 27 de enero de 1993, en el numeral segundo de su parte resolutiva, la Corte declar\u00f3 inexequible el siguiente aparte del art\u00edculo 142 de la Ley 30 de 1992: “y expida las normas reglamentarias de la presente ley”. <\/p>\n
As\u00ed, en este proceso nos encontramos en presencia de una demanda contra una norma que ya ha sido estudiada por la Corte Constitucional, present\u00e1ndose la figura de la cosa juzgada constitucional, tal como la estatuye el art\u00edculo 243 de la Carta, de suerte que se estar\u00e1 a lo resuelto en la sentencia precitada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional No. C-022 del 27 de enero de 1994, en la que se declar\u00f3 inexequible, en el numeral segundo de su parte resolutiva, la siguiente frase del art\u00edculo 142 de la Ley 30 de 1992: “y expida las normas reglamentarias de la presente ley”. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
FABIO MORON DIAZ VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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