\u00a0 \u00a0 Sentencia C-160\/03 \u00a0<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Ley estatutaria para t\u00e9rmino de caducidad del dato financiero \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente D-4231 \u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001 \u00a0<\/p>\n
Actor: Alberto Arbel\u00e1ez Sua \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil tres (2003). \u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr\u00e1mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano Alberto Arbel\u00e1ez Sua demand\u00f3 el art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001, \u201cpor la cual se expiden normas para el saneamiento de la informaci\u00f3n contable en el sector p\u00fablico y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones\u201d y los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y par\u00e1grafo y 3\u00ba del Decreto 181 de 2002 \u201cpor el cual se reglamenta el art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001\u201d. \u00a0<\/p>\n
Mediante auto del 23 de agosto de 2002, el Magistrado Sustanciador admiti\u00f3 la demanda respecto del art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001 y la rechaz\u00f3 en relaci\u00f3n con los preceptos del Decreto 181 de 2002, por falta de competencia. Sobre lo admitido, dispuso correr traslado al Procurador General de la Naci\u00f3n para que rindiera el concepto de rigor, orden\u00f3 fijar en lista la norma acusada para garantizar la participaci\u00f3n ciudadana, as\u00ed como comunicar la iniciaci\u00f3n del proceso al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, al Presidente del Congreso, a los Ministros de Justicia y del Derecho, de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a la Superintendencia Bancaria y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a fin de que conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno. \u00a0<\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NORMA DEMANDADA \u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se transcribe el texto de la disposici\u00f3n acusada, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 44.661 del 29 de diciembre de 2001, y se subraya lo demandado: \u00a0<\/p>\n
\u201cLEY 716 DE 2001 \u00a0<\/p>\n
(diciembre 24) \u00a0<\/p>\n
por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informaci\u00f3n contable en el sector p\u00fablico y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones \u00a0<\/p>\n
El Congreso de Colombia \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 19. Las personas que dentro del a\u00f1o siguiente a la vigencia de la presente ley se pongan al d\u00eda en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este art\u00edculo tendr\u00e1n un alivio consistente en la caducidad inmediata de la informaci\u00f3n negativa hist\u00f3rica, sin importar el monto de la obligaci\u00f3n e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente \u00a0<\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo velar\u00e1 por el cumplimiento de la norma\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA DEMANDA \u00a0<\/p>\n
A juicio del actor, la norma transcrita, al disponer que el alivio consistente en la caducidad inmediata de la informaci\u00f3n negativa hist\u00f3rica que reposa en las bases de datos, solamente beneficie a aquellos deudores que se pongan al d\u00eda con sus obligaciones dentro del a\u00f1o siguiente a la vigencia de la Ley 716 de 2001, vulnera el principio de igualdad \u2013art\u00edculo 13 C.P.-, pues desconoce la situaci\u00f3n de quienes, por ejemplo, cancelaron sus obligaciones con anterioridad a dicho periodo. \u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0INTERVENCIONES \u00a0<\/p>\n
Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico \u00a0<\/p>\n
El Ministerio referido, actuando a trav\u00e9s de apoderado especial para el efecto, interviene en el proceso de la referencia con el fin de solicitar a la Corte que, respecto del cargo formulado en contra del art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001, se est\u00e9 a lo resuelto en la Sentencia C-687 de 2002. \u00a0<\/p>\n
V. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El Se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n alleg\u00f3 el concepto n\u00famero 3003, recibido el 9 de septiembre de 2002, en la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n, en el cual solicita que, respecto de la demanda contra el art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001, la Corte declare la existencia de cosa juzgada constitucional, como quiera que, mediante la Sentencia C-687 de 2002, la Corporaci\u00f3n declar\u00f3 su inexequibilidad. \u00a0<\/p>\n
VI. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Competencia \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposici\u00f3n acusada forma parte de la Ley 716 de 2001, que es una Ley de la Rep\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cosa juzgada constitucional \u00a0<\/p>\n
El actor acusa al art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001 de desconocer el principio de igualdad \u2013art\u00edculo 13 C.P.-, porque dispuso que los efectos del alivio que all\u00ed se establece, consistente en la caducidad inmediata de la informaci\u00f3n hist\u00f3rica negativa que reposa en las bases de datos, recaigan solamente sobre aquellas personas que se pongan a paz y salvo dentro del a\u00f1o siguiente a la vigencia de la mencionada ley, y no sobre aquellas que lo hubieren hecho con anterioridad a ese periodo. \u00a0<\/p>\n
Empero, debe decirse que la Corte, mediante la Sentencia C-687 del 27 de agosto de 2002, resolvi\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201cDeclarar INEXEQUIBLE el art\u00edculo 19 de la ley 716 de 2001 “por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de la informaci\u00f3n contable en el sector p\u00fablico y se dictan en materia tributaria \u00a0otras disposiciones”. \u00a0<\/p>\n
Para el efecto, la Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que la materia de la disposici\u00f3n acusada deb\u00eda ser objeto de una ley estatutaria y, por ende, al ser regulada mediante el tr\u00e1mite de una ley ordinaria como la Ley 716 de 2001, se desconoc\u00eda la correspondiente reserva legal estatutaria \u2013art\u00edculo 152 literal a C.P.-. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, toda vez que la norma materia de este proceso ya fue objeto de un pronunciamiento por parte de la Corte en el que se la excluy\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico, no es posible realizar un nuevo estudio de constitucionalidad sobre la misma, ya que sobre ella ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional \u2013art\u00edculo 243 C.P.-, por lo que corresponde estarse a lo resuelto en el pronunciamiento referido. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,\u00a0 \u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E: \u00a0<\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-687 de 2002 en la que se declar\u00f3 INEXEQUIBLE el art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. \u00a0<\/p>\n
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 JAIME ARAUJO RENTER\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JAIME C\u00d3RDOBA TRIVI\u00d1O \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
RODRIGO ESCOBAR GIL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
CLARA IN\u00c9S VARGAS HERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-160\/03 \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente D-4231 \u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 19 de la Ley 716 de 2001 “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informaci\u00f3n contable en el sector p\u00fablico y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones”. \u00a0<\/p>\n
Magistrada Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
Dado que en la sentencia C-687 de 2002 a la cual se remite el presente fallo, salv\u00e9 mi voto, los argumentos all\u00ed expuestos tambi\u00e9n son aplicables en esta oportunidad y a ellos me remito. \u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra. \u00a0<\/p>\n
JAIME ARAUJO RENTERIA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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