C-251-94<\/p>\n
Sentencia No. C-251\/94 <\/p>\n
COSA JUZGADA <\/p>\n
REF.: Expediente No. D-460 <\/p>\n
Demanda de Inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 197 (parcial) de la Ley 5a. de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso”. <\/p>\n
Actores: ELIZABETH WHITTIGHAM GARCIA y ALFONSO CABRERA REYES <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Tema: Objeciones del Gobierno a los proyectos de ley. <\/p>\n
Aprobado seg\u00fan Acta No. <\/p>\n
<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Los ciudadanos Elizabeth Whittigham Garc\u00eda y Alfonso Cabrera Reyes, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad consagrada en los art\u00edculos 241 y 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, demandaron la inexequibilidad del art\u00edculo 197 (parcial) de la Ley 5a. de 1992, por la cual se expide el reglamento del Congreso. <\/p>\n
Admitida la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se fij\u00f3 en lista el negocio en la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n para efectos de la intervenci\u00f3n ciudadana y, simult\u00e1neamente, se dio traslado al Procurador General de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia. <\/p>\n
Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. <\/p>\n
II. TEXTO DE LA NORMA <\/p>\n
El tenor literal de la disposici\u00f3n demandada es el siguiente: <\/p>\n
Ley 5a. de 1992 <\/p>\n
“Por la cual se expide el reglamento del Congreso” <\/p>\n
“…………………………………………………………………………………” <\/p>\n
“Art\u00edculo 197: Objeciones presidenciales: Si el Gobierno objetare un proyecto de ley, lo devolver\u00e1 a la C\u00e1mara en que tuvo origen. Si la objeci\u00f3n es parcial, a la Comisi\u00f3n Permanente, si es total, a la Plenaria de cada C\u00e1mara. <\/p>\n
Si las C\u00e1maras han entrado en receso, deber\u00e1 el presidente de la Rep\u00fablica publicar el proyecto objetado dentro de los t\u00e9rminos constitucionales.” <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
A. Normas constitucionales que se consideran infringidas <\/p>\n
Estiman los actores que la norma acusada es violatoria del art\u00edculo 167 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
B. Fundamentos de la demanda <\/p>\n
A juicio de los actores el art\u00edculo 197 de la Ley 5a. de 1992 es violatorio del inciso 1o. del art\u00edculo 167 superior, ya que hace una diferencia para la objeci\u00f3n parcial y para la objeci\u00f3n total de un proyecto de ley por parte del Gobierno, “al formalizar que si la objeci\u00f3n es parcial, el proyecto de ley se devolver\u00e1 a la Comisi\u00f3n Permanente, y que si la objeci\u00f3n es total el proyecto de ley debe regresarse a la Plenaria de cada C\u00e1mara.” <\/p>\n
Afirman los demandantes que el art\u00edculo 167 superior ordena la devoluci\u00f3n de los proyectos de ley objetados por el Gobierno directamente a las C\u00e1maras a segundo debate, sin hacer ninguna distinci\u00f3n entre las consecuencias de una objeci\u00f3n parcial y una objeci\u00f3n total. En s\u00edntesis, sostienen que en uno u otro caso, la devoluci\u00f3n del proyecto de ley objetado por el Gobierno debe hacerse a las C\u00e1maras y no a la Comisi\u00f3n Permanente o a la Plenaria de cada C\u00e1mara, dependiendo del tipo de objeci\u00f3n, como lo prev\u00e9 la norma acusada. <\/p>\n
IV. CONCEPTO FISCAL <\/p>\n
En la oportunidad legal, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n se pronunci\u00f3 sobre la demanda presentada por los actores y solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n que se declare la inexequibilidad de la norma acusada, de acuerdo con los argumentos que a continuaci\u00f3n se resumen: . <\/p>\n
Antes de emitir su concepto, manifiesta el jefe del Ministerio P\u00fablico que el art\u00edculo 197 de la Ley 5a. de 1992 ya fue objeto de pronunciamiento por parte de su Despacho, dentro del expediente D-452. As\u00ed, ya que los fundamentos de la presente demanda son id\u00e9nticos a los planteados en la citada demanda, el se\u00f1or Procurador reiter\u00f3 su posici\u00f3n sobre este tema, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Sostiene el jefe del Ministerio P\u00fablico que el procedimiento previsto en la Constituci\u00f3n de 1991 para el tr\u00e1mite de las objeciones a los proyectos de ley es diferente al que preve\u00eda la Constituci\u00f3n de 1886; mientras que en la anterior Carta Pol\u00edtica se establec\u00edan diferencias en el tr\u00e1mite de las objeciones, dependiendo de si \u00e9stas est\u00e1n totales o parciales, la actual Constituci\u00f3n prev\u00e9 un procedimiento \u00fanico para ambos eventos. “Cuando el art\u00edculo 167 superior ordena que el proyecto de ley objetado total o parcialmente vuelva a las C\u00e1maras a segundo debate, significa que debe ir a la Plenaria de las C\u00e1maras, pues es s\u00f3lo all\u00ed donde puede darse el segundo debate”, anota el se\u00f1or procurador. <\/p>\n
Tras examinar los antecedentes de las normas constitucionales que se\u00f1alan el tr\u00e1mite y discusi\u00f3n de las leyes, encuentra el Procurador que la modificaci\u00f3n al tr\u00e1mite dado a las objeciones presidenciales a los proyectos de ley hecha por la actual Carta superior, puede justificarse, probablemente, “en su intenci\u00f3n de fortalecer el segundo debate como mecanismo m\u00e1s amplio de participaci\u00f3n democr\u00e1tica, en la medida en que en \u00e9l toman parte todos los integrantes de los cuerpos colegiados al surtirse en el seno de las plenarias de cada una de las C\u00e1maras”. <\/p>\n
Concluye el Procurador General de la Naci\u00f3n afirmando que el art\u00edculo 197 de la Ley 5a. de 1992 es inconstitucional, toda vez que establece un procedimiento distinto al previsto en la Constituci\u00f3n para el tr\u00e1mite de las objeciones presidenciales o los proyectos de ley. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
A. La competencia <\/p>\n
Por dirigirse la demanda contra una disposici\u00f3n que forma parte de una ley de la Rep\u00fablica, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, seg\u00fan lo prescribe el numeral 4o. del art\u00edculo 241 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
Seg\u00fan los art\u00edculos 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 46 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias de la Corte Constitucional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
En acatamiento de tales disposiciones, en lo que respecta a la norma demandada, habr\u00e1 que estarse a lo resuelto en la sentencia C-241 de 1994, que, con ponencia del h. magistrado Hernando Herrera Vergara, declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 197 de la Ley 5a. de 1992 “por la cual se expide el Reglamento del Congreso”. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- Est\u00e9se a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia No. C-241 de 1994. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la Rep\u00fablica, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
… <\/p>\n
<\/p>\n
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