\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sentencia T-082\/03 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA SALUD-Condiciones para realizaci\u00f3n de tratamiento excluido del POS \u00a0<\/p>\n
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Capacidad econ\u00f3mica del usuario respecto de servicios no cubiertos \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA SALUD-Prueba de la incapacidad econ\u00f3mica para asumir tratamiento \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-679795 \u00a0<\/p>\n
Peticionario: Mery del Socorro Hern\u00e1ndez\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Accionado: Seguro Social, Seccional Antioquia \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de febrero de dos mil tres (2003). \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, \u00c1lvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, \u00a0en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
En el proceso de revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Medell\u00edn el 22 de octubre de 2002 \u00a0<\/p>\n
I. HECHOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La se\u00f1ora Mery del Socorro Hern\u00e1ndez manifiesta ser beneficiaria del Seguro Social y padecer de problemas del es\u00f3fago.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Al acudir al Seguro el 1\u00ba de octubre de 2002, el m\u00e9dico tratante le orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de una metr\u00eda esof\u00e1gica de \u00a024 horas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La accionada no ha prestado el servicio puesto que este se encuentra fuera del P.O.S. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. DECISI\u00d3N \u00a0JUDICIAL \u00a0<\/p>\n
En sentencia del 22 de octubre de 2002, el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Medell\u00edn deneg\u00f3 la tutela por considerar que no se encontraba probada la incapacidad econ\u00f3mica de la accionante para acceder a los servicios de salud, ni que la falta de los ex\u00e1menes amenazara la vida o la integridad personal de \u00e9sta. \u00a0<\/p>\n
III. PRUEBAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Orden del m\u00e9dico tratante del Seguro Social que prescribe una metr\u00eda esof\u00e1gica de 24 horas\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Carn\u00e9 de afiliaci\u00f3n al Seguro Social \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. C\u00e9dula de ciudadan\u00eda en la que consta que la peticionaria tiene 60 a\u00f1os de edad \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. Competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esta Corte es competente de conformidad con los art\u00edculos 86 y 241 de la Constituci\u00f3n Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. Fundamentos \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Problema jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
En la presente ocasi\u00f3n se debe determinar si la negativa del Seguro Social de realizar la metr\u00eda esof\u00e1gica de 24 horas por no estar incluida en el P.O.S. vulnera los derechos a la vida e integridad personal de la se\u00f1ora Mery del Socorro Hern\u00e1ndez\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Necesidad de prueba de la incapacidad econ\u00f3mica para el cubrimiento del servicio m\u00e9dico (reiteraci\u00f3n) \u00a0<\/p>\n
La Corte ha determinado a trav\u00e9s de su jurisprudencia que s\u00f3lo procede la tutela para proteger el derecho a la salud en conexidad con la vida en caso de que (i) se encuentre probada la incapacidad econ\u00f3mica del accionante para el cubrimiento del tratamiento m\u00e9dico, (ii) la necesidad del tratamiento m\u00e9dico para la garant\u00eda del derecho fundamental a la vida y (iii) que la orden m\u00e9dica haya sido impartida por un m\u00e9dico tratante de la entidad accionada. \u00a0<\/p>\n
Dentro de los par\u00e1metros que se deben tener en cuenta en relaci\u00f3n con el otorgamiento excepcional de beneficios de salud por fuera del POS, en la sentencia SU-819-991 se estableci\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
” i) El usuario debe acreditar su falta de capacidad de pago total o parcial para financiar el procedimiento o medicamento. Para este efecto, por falta de capacidad de pago se debe entender no s\u00f3lo la ausencia de recursos personales, sino la de mecanismos alternativos de protecci\u00f3n, como las p\u00f3lizas de seguro o los contratos de medicina prepagada, cuando el usuario posea tales beneficios y est\u00e9 en capacidad legal de exigir las correspondientes prestaciones asistenciales y econ\u00f3micas derivadas de la incapacidad.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De otra parte, la preservaci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del Estado social de derecho, impone tanto al juez de tutela, cuando se acuda a este mecanismo para obtener la defensa del derecho a la salud y por conexidad a la vida, como a las autoridades gubernamentales, representadas por el Ministerio de Salud a trav\u00e9s del Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda, el deber de solicitar a las autoridades o al afiliado la remisi\u00f3n de la informaci\u00f3n tributaria, crediticia y laboral que permita confirmar el estado de necesidad y la imposibilidad de pago. Es que no puede olvidarse que en estos supuestos, se est\u00e1n utilizando los recursos de la sociedad, limitados y normalmente escasos, con riesgo al equilibrio del sistema mismo de seguridad social en salud.” 2 \u00a0<\/p>\n
Del caso concreto \u00a0<\/p>\n
La Sala Sexta de revisi\u00f3n negar\u00e1 la tutela puesto que, as\u00ed como lo expuso el a quo, en el caso bajo estudio no se encuentra probado de manera alguna la incapacidad econ\u00f3mica de la accionante para cubrir el tratamiento m\u00e9dico ordenado. A\u00fan m\u00e1s, ni siquiera se alega tal condici\u00f3n dentro de la tutela presentada. \u00a0<\/p>\n
De igual manera, no se demostr\u00f3 la necesidad del suministro para la conservaci\u00f3n del derecho a la vida en condiciones dignas de la peticionaria. \u00a0<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de octubre de 2003 del Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Medell\u00edn y, en consecuencia, NEGAR la tutela al derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas de la se\u00f1ora Mery del Socorro Hern\u00e1ndez.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos del art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen har\u00e1 las notificaciones y tomar\u00e1 las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0<\/p>\n
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT \u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 En este fallo la Sala Plena de la Corte unific\u00f3 la jurisprudencia de la las distintas Salas de Revisi\u00f3n en torno a las obligaciones del Estado y empresas autorizadas por \u00e9ste para la prestaci\u00f3n del servicio de salud. \u00a0<\/p>\n
2 En esta ocasi\u00f3n, la Corte concedi\u00f3 la tutela al derecho a la salud en conexidad con la vida de un menor de edad a quien la el m\u00e9dico tratante de la E.P.S. hab\u00eda remitido al exterior para un transplante de m\u00e9dula, entre otros argumento, puesto que estaba probado que su padre ten\u00eda m\u00faltiples obligaciones financieras por cubrir y con sus ingresos mensuales le era imposible costear la parte del tratamiento no cubierto por la E.P.S. \u00a0En la sentencia T-002\/03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra se neg\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho a la salud de un se\u00f1or que necesitaba tratamiento quir\u00fargico de la cadera y la E.P.S. no se lo suministraba por no cumplir con el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas, puesto que no se hab\u00eda ni alegado ni probado la incapacidad econ\u00f3mica del peticionario para completar el valor de las semanas cotizadas necesarias. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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