\u00a0 \u00a0 Sentencia T-324\/03 \u00a0<\/p>\n
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Entrega de medicamento recetado \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-699.494 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Alicia Andrade Mar\u00edn contra el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil tres (2003).\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente\u00a0 \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA\u00a0 \u00a0<\/p>\n
en el proceso de revisi\u00f3n del fallo del Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, de fecha 14 de enero de 2003, en la acci\u00f3n de tutela presentada por Alicia Andrade Mar\u00edn contra el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
El expediente lleg\u00f3 a la Corte, por remisi\u00f3n que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por el art\u00edculo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero Dos de la Corte, en auto de fecha 21 de febrero de 2003, eligi\u00f3, para efectos de su revisi\u00f3n, el expediente de la referencia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0<\/p>\n
1. Hechos. \u00a0<\/p>\n
La actora est\u00e1 vinculada al Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica, en calidad de beneficiaria. Manifiesta que padece de Esclerosis M\u00faltiple. Enfermedad de la que ya presenta algunos de sus s\u00edntomas, como son dificultades y defectos para caminar; debilidad en los miembros inferiores y superiores y adormecimiento de pies y de manos; problemas visuales; entre otros. El m\u00e9dico especialista que la atendi\u00f3, por medio del Fondo del Congreso, le orden\u00f3 el medicamento \u201cInterfer\u00f3n Beta 1A intramuscular de 6\u00b4000.000 unidades internacionales\u201d conocido comercialmente como Abonex.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Este medicamento le fue formulado en dosis de 4 ampollas mensuales, para serle aplicada una ampolla por semana. Sin embargo, desde el mes anterior a la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, el Fondo demandado no le ha suministrado el medicamento, raz\u00f3n por la cual los s\u00edntomas de su enfermedad se han incrementado.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Considera que esta situaci\u00f3n le vulnera sus derechos fundamentales en lo que concierne al derecho a un adecuado nivel de vida, establecido en el art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, Declaraci\u00f3n que, seg\u00fan los art\u00edculos 93 y 94 de la Constituci\u00f3n, prevalece sobre el orden interno. Adem\u00e1s, la no entrega del medicamento pone en peligro su vida, hasta el punto de discapacitarla o acercarla a una incapacidad permanente. El derecho a la igualdad se le vulnera en raz\u00f3n de que otras EPS y Cajas s\u00ed est\u00e1n entregando el medicamento a sus afiliados. Tambi\u00e9n se le viola el derecho a la dignidad humana en raz\u00f3n de los problemas f\u00edsicos que presenta con motivo de esta enfermedad, por lo que el medicamento es indispensable. \u00a0<\/p>\n
Acompa\u00f1\u00f3 los documentos correspondientes.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Tr\u00e1mite procesal. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 9 de diciembre de \u00a02002, admiti\u00f3 la demanda y dispuso ponerla en conocimiento del Fondo demandado, al que le solicit\u00f3 que se pronuncie en relaci\u00f3n con los hechos de la misma. \u00a0<\/p>\n
3. Respuesta del Jefe de la Divisi\u00f3n de Prestaciones M\u00e9dico Asistenciales del Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica, al juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
En respuestas que obran a folios 39 y 40, el Jefe de la Divisi\u00f3n de Prestaciones M\u00e9dico Asistenciales inform\u00f3 que la actora est\u00e1 vinculada al Fondo desde el 4 de septiembre de 2000, como beneficiaria del se\u00f1or Eli\u00e9cer B\u00e1ez Afanador, quien es el afiliado cotizante en calidad de pensionado. Se\u00f1ala que \u201cConsultada su historia cl\u00ednica presenta diagn\u00f3stico de esclerosis m\u00faltiple y ha venido siendo tratada con el medicamento Interfer\u00f3n Beta 1A desde julio de 2001, tratamiento que le ha venido siendo suministrado por el Fondo. En la actualidad por algunos problemas presupuestales no se le ha podido dar continuidad al contrato de suministro de medicamentos y se est\u00e1 a la espera de una adici\u00f3n presupuestal para tal fin.\u201d (fl. 39) \u00a0<\/p>\n
3. Sentencia que se revisa.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En sentencia de fecha 14 de enero de 2003, el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente esta acci\u00f3n. Consider\u00f3 que el derecho fundamental que invoca la actora : la salud, no ha sido vulnerado, pues, por las circunstancias especiales que atraviesa el Fondo, lo que ocurri\u00f3 fue la suspensi\u00f3n del suministro de medicamentos por falta de presupuesto, situaci\u00f3n que se solucionar\u00e1 cuando se realice la adici\u00f3n correspondiente, pero la prestaci\u00f3n del servicio no se ha negado. Por ello, no ha tenido materializaci\u00f3n el presunto agravio alegado, y, en consecuencia, habr\u00e1 de \u00a0negarse la tutela pedida, sin que esto sea \u00f3bice para que el Juzgado advierta y conmine al Fondo a solucionar con prontitud y diligencia el inconveniente presupuestal y se le suministren los medicamentos a la actora, en la cantidad y periodicidad que se hubiere indicado.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
1. Competencia. \u00a0<\/p>\n
La Corte es competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos 33 a 35 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
2. Lo que se debate.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.1 La actora considera que el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica le ha vulnerado sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la dignidad humana y a la igualdad, pues, padece de la enfermedad denominada esclerosis m\u00faltiple, para lo cual le formularon el medicamento Interfer\u00f3n Beta 1A desde julio de 2001. Pero, en el \u00faltimo mes, el Fondo no se lo ha suministrado, ocasion\u00e1ndole un grave deterioro a su salud. \u00a0<\/p>\n
2.2 El Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso, por su parte, le inform\u00f3 al juez de tutela que afronta algunos problemas presupuestales por lo que no se ha podido dar continuidad al contrato de suministro de medicamentos. Con el fin de solucionar esta situaci\u00f3n, se est\u00e1 a la espera de una adici\u00f3n presupuestal. Esta respuesta corresponde al 11 de diciembre de 2002. \u00a0<\/p>\n
2.4 Para resolver sobre la procedencia de esta acci\u00f3n, hay que precisar que la misma corresponde al derecho a la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, contemplado en el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n, derecho que, cuando resulta interrumpido puede, eventualmente, vulnerar derechos fundamentales como la vida, la dignidad de las personas, la integridad f\u00edsica, entre otros. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El derecho a la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud puede ser protegido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela cuando su interrupci\u00f3n vulnera por conexidad derechos fundamentales como la vida, la integridad f\u00edsica o la dignidad de la persona. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia. \u00a0<\/p>\n
3.1 En la sentencia T-624 de 1997, la Corte se refiri\u00f3 a la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud como un elemento esencial de la seguridad social. Explic\u00f3 esta sentencia : \u00a0<\/p>\n
\u201c3. La continuidad, elemento esencial de la seguridad social \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica destaca que, ante todo, la seguridad social es un servicio p\u00fablico de car\u00e1cter obligatorio que se prestar\u00e1 bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control del Estado. \u00a0<\/p>\n
Caracter\u00edstica fundamental de todo servicio p\u00fablico es la continuidad, que implica su prestaci\u00f3n ininterrumpida, constante, permanente, dada la necesidad que de ella tiene el conglomerado. \u00a0<\/p>\n
Por tanto, el Estado es responsable por la prestaci\u00f3n continua de los servicios y cuidados inherentes a la seguridad social, en especial si se recuerda que ella, aun no siendo un derecho fundamental primario, adquiere esa calidad por conexidad, cuando compromete o afecta derechos fundamentales como la vida. \u00a0<\/p>\n
El usuario de la seguridad social no puede estar expuesto a la interrupci\u00f3n de las prestaciones que ella apareja, independientemente de que hayan sido asumidas de manera directa por la entidad a la cual se encuentra afiliado o por centros cl\u00ednicos, m\u00e9dicos, hospitalarios o de otra \u00edndole con los cuales aqu\u00e9lla contrate. Los contratos mediante los cuales se concreta la prestaci\u00f3n de determinados servicios propios de la seguridad social establecen una relaci\u00f3n jur\u00eddica entre la entidad responsable y el establecimiento que efectiva y directamente los brinda al usuario, y en modo alguno la negligencia administrativa en lo concerniente a su celebraci\u00f3n, renovaci\u00f3n o pr\u00f3rroga puede afectar a los usuarios y beneficiarios de tales servicios u ocasionar que ellos est\u00e9n obligados a asumir los costos de tratamientos, consultas, intervenciones quir\u00fargicas o medicamentos.\u201d (sentencia T-624 de 1997) \u00a0<\/p>\n
3.2 En Sentencia T-111 de 1993 esta Corporaci\u00f3n examin\u00f3 los elementos que debe reunir la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico, dentro de los cuales se encuentra el de ser permanente, tal como lo establece el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n. Sostuvo esta providencia : \u00a0<\/p>\n
En todo caso, es indudable, dada su naturaleza de servicio p\u00fablico, que la seguridad social tiene que ser permanente, por lo cual no es admisible su interrupci\u00f3n, y que se habr\u00e1 de cubrir con arreglo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Si a lo dicho se agrega el car\u00e1cter obligatorio del servicio, se tiene que, a la luz de la Constituci\u00f3n, el Estado es responsable de garantizar que las entidades de la seguridad social -p\u00fablicas o particulares- est\u00e9n dispuestas en todo momento a brindar atenci\u00f3n oportuna y eficaz a sus usuarios. All\u00ed radica uno de los fines esenciales de la actividad que les compete seg\u00fan el art\u00edculo 2\u00ba de la Carta”. (sentencia T-111 de 1993) \u00a0<\/p>\n
3.3 En la sentencia T-812 de 1999, la Corte explic\u00f3 que los beneficiarios del sistema de salud no pueden sufrir los inconvenientes de car\u00e1cter presupuestal que atraviesen las entidades encargadas de la prestaci\u00f3n del servicio. Dijo esta sentencia : \u00a0<\/p>\n
\u201cLos beneficiarios del sistema de salud, ha dicho la Corte, no deben padecer los inconvenientes de car\u00e1cter presupuestal que atraviesan las entidades encargadas de prestar el servicio. Los pacientes no pueden ver obstaculizado o impedido su tratamiento m\u00e9dico, por raz\u00f3n de los tr\u00e1mites internos adelantados por las entidades de salud. Estos procedimientos burocr\u00e1ticos deben ser ajenos a la prestaci\u00f3n misma del servicio y, por tanto, no deben afectar la protecci\u00f3n ofrecida por el Estado en esta materia.1 Adem\u00e1s, ha dicho la jurisprudencia, quien presta un servicio de salud no debe efectuar acto alguno que pueda comprometer la continuidad del servicio y en consecuencia la eficiencia del mismo. Es obligaci\u00f3n primordial, tanto de las entidades estatales como de los particulares que participen en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud, garantizar su continuidad.2\u201d (sentencia T-812 de 1999)\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De acuerdo con los par\u00e1metros jurisprudenciales en menci\u00f3n, se examinar\u00e1 el caso concreto.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Caso concreto.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se recuerda que la actora hab\u00eda estado recibiendo del Fondo demandando desde el mes de julio de 2001, el medicamento formulado para la grave enfermedad que padece. Sin embargo, para el mes anterior a la presentaci\u00f3n de esta tutela (probablemente el mes de agosto de 2002, ya que no se indica la fecha precisa), el Fondo del Congreso, aduciendo problemas internos presupuestales suspendi\u00f3, temporalmente, la entrega del medicamento correspondiente, a la espera de una adici\u00f3n presupuestal que estaba en tal \u00e9poca, en tr\u00e1mite legislativo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Es decir, la raz\u00f3n de la suspensi\u00f3n del medicamento obedeci\u00f3 a un asunto ajeno a la usuaria del servicio. Evento que, como se explic\u00f3 en las sentencias \u00a0acabadas de citar, en especial la T-812 de 1999, corresponde a inconvenientes suscitados en los tr\u00e1mites internos de la entidad, cuyas consecuencias no tienen porque sufrir los \u00a0afiliados a la misma, m\u00e1xime si en virtud de la suspensi\u00f3n del servicio, hay dilaciones injustificadas que agraven las consecuencias de la enfermedad que padece el paciente.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En la sentencia T- 027 de 1999, se refiri\u00f3 al tema as\u00ed : \u00a0<\/p>\n
“La dilaci\u00f3n injustificada podr\u00eda agravar el padecimiento y, eventualmente, llevar la enfermedad a l\u00edmites inmanejables donde la recuperaci\u00f3n podr\u00eda resultar m\u00e1s gravosa o incierta, comprometiendo la integridad personal e, incluso, la vida del afectado. En consecuencia, es obligaci\u00f3n de la entidad prestadora del servicio, adelantar las gestiones en el menor tiempo posible para que el usuario no padezca el rigor de su mal, m\u00e1s all\u00e1 de lo estrictamente imprescindible.” (sentencia T-027 de 1999) \u00a0<\/p>\n
Esta dilaci\u00f3n en la entrega de medicamentos, que pone en peligro de agravar la severa enfermedad que sufre la actora, esclerosis m\u00faltiple, lleva a la Sala a la necesaria conclusi\u00f3n de que la falta de continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio ha afectado, por conexidad, los derechos fundamentales de la demandante a la vida y a la dignidad de la persona, lo que hace procedente otorgar la protecci\u00f3n pedida.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia objeto de esta revisi\u00f3n, y se ordenar\u00e1 al Fondo demandado que, si a\u00fan no lo ha hecho, reanude el suministro del medicamento formulado por el m\u00e9dico tratante a la actora, en las dosis y con la frecuencia que se hubiere dispuesto. Para el cumplimiento de lo que aqu\u00ed se ordenar\u00e1, el Fondo no podr\u00e1 oponerse a su entrega bajo el argumento de inconvenientes presupuestales.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, se le advertir\u00e1 al Fondo que, como entidad encargada de la prestaci\u00f3n del servicio de salud del Congreso de la Rep\u00fablica, debe adoptar oportunamente todas las decisiones internas encaminadas a garantizar la continuidad del servicio que presta. Es decir, que no puede darse la suspensi\u00f3n de los servicios, as\u00ed sea temporalmente, ya que puede vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero : Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, de fecha 14 de enero de 2003, en la acci\u00f3n de tutela presentada por Alicia Andrade Mar\u00edn contra el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica. En consecuencia, se concede la tutela pedida para proteger el derecho a la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, en conexidad con la vida y la dignidad con la persona.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Para el cumplimiento de la tutela que se concede, se ordena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta demanda, el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica, si a\u00fan no lo ha hecho, le suministre el medicamento ordenado a la actora por el m\u00e9dico tratante, salvo que su consecuci\u00f3n sea dif\u00edcil, en cuyo caso no exceder\u00e1 de cinco (5) d\u00edas para su entrega. As\u00ed mismo, en lo sucesivo, se le debe garantizar la entrega oportuna del mismo, en las dosis y con la periodicidad indicadas en la formula respectiva.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Segundo : Se le advierte al Fondo como entidad encargada de la prestaci\u00f3n del servicio de salud del Congreso de la Rep\u00fablica que debe adoptar oportunamente todas las decisiones internas encaminadas a garantizar la continuidad del servicio que presta. Es decir, que no puede darse la suspensi\u00f3n de los servicios, as\u00ed sea temporalmente, ya que puede vulnerar derechos fundamentales de los usuarios. \u00a0<\/p>\n
L\u00edbrense por Secretar\u00eda, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. \u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Cfr. sentencia T-428 de 1998. \u00a0<\/p>\n
2 Cfr. Sentencias T-428 de 1998, \u00a0T-059 de 1997 y T-109\/99. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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