DECRETO 1070 DE 2015 – Buscador Decretos

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DECRETO 1070 DE 2015

(mayo 26)

D.O. 49.523, mayo 26 de 2015

por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Defensa.

Modificado por el Decreto 1086 de 2025, por el Decreto 1073 de 2025, por el
Decreto 1064 de 2024, por el Decreto 1063 de 2024, por el Decreto 1035 de 2024,
por el Decreto 2174 de 2023, por el Decreto 842 de 2023, por el Decreto 2070 de
2022, por el Decreto 1561 de 2022, por el Decreto 1565 de 2022, por el Decreto
1564 de 2022, por el Decreto 1877 de 2021, por el Decreto 1589 de 2021, por el
Decreto 1768 de 2020, por el Decreto 1345 de 2020, por el Decreto 1017 de 2020,
por el Decreto 1145 de 2019, por el Decreto 439 de 2019, por el Decreto 977 de
2018, por el Decreto 300 de 2018, por el Decreto 1575 de 2017, por el Decreto
703 de 2017, por el Decreto 27 de 2017, por el Decreto 1289 de 2016 y por el
Decreto 878 de 2016.

Adicionado por el Decreto 1276 de 2025, por el Decreto 1075 de 2025, por el
Decreto 873 de 2025, por el Decreto 827 de 2025, por el Decreto 768 de 2025, por
el Decreto 538 de 2025, por el Decreto 533 de 2025, por el Decreto 532 de 2025,
por el Decreto 531 de 2025, por el Decreto 1509 de 2024, por el Decreto 1508 de
2024, por el Decreto 1334 de 2024, por el Decreto 1333 de 2024, por el Decreto
1231 de 2024, por el Decreto 630 de 2024, por el Decreto 2226 de 2023, por el
Decreto 2225 de 2023, por el Decreto 2115 de 2023, por el Decreto 1907 de 2023,
por el Decreto 1163 de 2023, por el Decreto 1126 de 2023, por el Decreto 307 de
2023, por el Decreto 2636 de 2022, por el Decreto 1565 de 2022, por el Decreto
1563 de 2022, por el Decreto 1562 de 2022, por el Decreto 1007 de 2022, por el
Decreto 771 de 2022, por el Decreto 631 de 2022, por el Decreto 557 de 2022, por
el Decreto 380 de 2022, por el Decreto 1589 de 2021, por el Decreto 1588 de
2021, por el Decreto 1429 de 2021, por el Decreto 1428 de 2021, por el Decreto
1417 de 2021, por el Decreto 648 de 2021, por el Decreto 647 de 2021, por el
Decreto 247 de 2021, por el Decreto 93 de 2021, por el Decreto 1346 de 2020, por
el Decreto 2369 de 2019, por el Decreto 1181 de 2019, por el Decreto 697 de
2019, por el Decreto 592 de 2019, por el Decreto 2258 de 2018, por el Decreto
1844 de 2018, por el Decreto 2149 de 2017, por el Decreto 1454 de 2017, por el
Decreto 1284 de 2017, por el Decreto 910 de 2017, por el Decreto 26 de 2017, por
el Decreto 1588 de 2016, por el Decreto 942 de 2016, por el Decreto 879 de 2016,
por el Decreto 2092 de 2015 y por el Decreto 1721 de 2015.

Derogado parcialmente por el Decreto 1063 de 2024, por el Decreto 2114 de 2023 y
por el Decreto 2636 de 2022.

Reglamentado parcialmente por la Resolución 776 de 2018, DIMAR.

Corregido por el Decreto 156 de 2016.

Ver Resolución 4859 de 2018, M. Defensa Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de
políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los
instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del
sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y
compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la
misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias
preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las
normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones
vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario
implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada,
para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual
conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad
reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este
decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en
consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las
circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades
administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos
compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad
vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de
disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley
153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de
reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se
entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en
cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza
reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general
administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno
verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de
nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información
suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter
reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único
para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único
Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR DEFENSA

PARTE 1

SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1

CABEZA DEL SECTOR DEFENSA

Artículo 1.1.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional. El Sector Administrativo
Defensa Nacional está integrado por el Ministerio de Defensa Nacional y sus
entidades adscritas y vinculadas.

El Ministerio de Defensa Nacional tendrá a su cargo la orientación, control y
evaluación del ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que
conforman el Sector Administrativo Defensa Nacional, sin perjuicio de las
potestades de decisión que les correspondan así como de su participación en la
formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en
la ejecución de los mismos.

(Decreto 1512 de 2000 artículo 1°)

La Dirección del Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Ministro, quien
la ejerce con colaboración del Comandante General de las Fuerzas Militares, los
Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional y los
Viceministros.

(Decreto 1512 de 2000 artículo 2°. Los Decretos 49 de 2003 y 4481 de 2008
incorporaron tres viceministerios más)

El Presidente de la República, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 189 de
la Constitución Nacional, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la
República y como tal dirige la Fuerza Pública y dispone de ella, directamente o
por conducto del Ministro de Defensa Nacional.

(Decreto 1512 de 2000 artículo 3°)

El Ministerio de Defensa Nacional tiene como objetivos primordiales la
formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos
del Sector Administrativo Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la
independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del
orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática.

(Decreto 1512 de 2000 artículo 4°)

TÍTULO 2

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

Artículo 1.1.2.1. Órganos de Asesoría y Coordinación. Son Órganos de Asesoría y
Coordinación del Sector Defensa, los siguientes:

1. Consejo Superior de Defensa y Seguridad Nacional.

2. Juntas Asesoras de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

3. Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar.

4. Consejo Nacional de Lucha Contra el Secuestro y demás Atentados contra la
Libertad Personal, Conase.

5. Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

6. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.

7. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

8. Comisión de Personal.

9. Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED”.

10. Junta Asesora del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED”

11. Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.

12. Comité Directivo del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los
miembros de la Fuerza Pública – FONDETEC.

13. Junta Directiva del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares.

(Decreto 49 de 2003 artículo 1°. Modificado por los Decretos 2369/14, 1737/13,
2758/12, 4890/11, 4320/10 y 3123/07)

PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS

CAPÍTULO 1

SUPERINTENDENCIA

Artículo 1.2.1.1.1. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de
Defensa Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera.

Le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y
los servicios de vigilancia y seguridad privada.

(Decreto 2355 de 2006 artículos 1° y 2°. El parágrafo del artículo 76 de la Ley
1151 de 2007, dotó de personería jurídica a la Superintendencia)

CAPÍTULO 2

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Artículo 1.2.1.2.1. Establecimientos Públicos. Son Establecimientos Públicos del
Sector Defensa, los siguientes:

1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. La Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares tiene como objeto fundamental reconocer y pagar las Asignaciones de
Retiro al personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las
Fuerzas Militares que consoliden el derecho a tal prestación, así como la
sustitución pensional a sus beneficiarios, contribuir al desarrollo de la
política y los planes generales que en materia de seguridad social adopte el
Gobierno Nacional respecto de dicho personal y administrar los bienes muebles e
inmuebles de su patrimonio.

(Acuerdo 008 de 2002, artículo 5°, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 10
de 2011)

2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. La Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional tiene como objetivos fundamentales reconocer y
pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales,
personal del nivel ejecutivo, agentes y demás estamentos de la Policía Nacional
que adquieran el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a
sus beneficiarios y desarrollar la política y los planes generales que en
materia de servicios sociales de bienestar adopte el Gobierno Nacional respecto
de dicho personal.

(Acuerdo 008 de 2001, artículo 5°)

3. Hospital Militar Central. Como parte integral del Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares, el Hospital Militar Central tendrá como objeto la prestación
de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se constituye en uno de los
establecimientos de más alto nivel para la atención de los servicios de salud
del sistema logístico de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Para mantener la eficiencia y calidad de los servicios, desarrollará actividades
de docencia e investigación científica, acordes con las patologías propias de
los afiliados al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y
sus beneficiarios, según las normas vigentes. El Hospital Militar Central podrá
ofrecer servicios a terceros.

(Acuerdo 002 de 2002, artículo 5°)

4. Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Tiene por objeto ejecutar las
actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos
para atender las necesidades de las Fuerzas Militares.

(Decreto 4746 de 2005, artículo 6°)

5. Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Tiene por objeto fundamental
desarrollar políticas y planes relacionados con la adquisición, producción,
comercialización representación y distribución de bienes y servicios, para el
normal funcionamiento de la Policía Nacional y el apoyo de sus integrantes,
Sector Defensa, Seguridad Nacional y demás Entidades Estatales.

(Acuerdo 012 de 2013, artículo 5°)

6. Instituto de Casas Fiscales del Ejército. Tiene por objeto fundamental,
desarrollar la política y los planes generales de vivienda por el sistema de
arrendamiento que adopte el Gobierno Nacional, respecto del personal de
Oficiales y Suboficiales en servicio activo y personal civil del Ejército.

(Acuerdo 012 de 1997, artículo 3°, aprobado por el Decreto 472 de 1998)

7. Club Militar. Es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la
política y los planes generales que en materia de bienestar social y cultural
adopte el Gobierno Nacional en relación con el personal de oficiales en
actividad o en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de
acuerdo con el Estatuto de Socios.

No obstante lo dispuesto, el Club Militar podrá admitir o prestar sus servicios
en forma permanente o transitoria a personas naturales o jurídicas de derecho
privado y entidades oficiales, de conformidad con el Estatuto de Socios.

(Acuerdo 004 de 2001, artículo 5°)

8. Defensa Civil Colombiana. Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la
prevención inminente y atención inmediata de los desastres y calamidades y como
integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, le
compete ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que se
le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, así
como participar en las actividades de Atención de Desastres o Calamidades
declaradas, en los términos que se definan en las declaratorias correspondientes
y especialmente, en la fase primaria de atención y control.

(Acuerdo 003 de 2005, artículo 5°)

TÍTULO 2

ENTIDADES VINCULADAS

CAPÍTULO 1

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

Artículo 1.2.2.1.1. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Son empresas
Industriales y Comerciales del Estado – Sector Defensa, las siguientes:

1. Industria Militar. El objetivo de la Industria Militar es desarrollar la
política general del Gobierno en materia de importación, fabricación y comercio
de armas, municiones y explosivos y elementos complementarios, así como la
explotación de los ramos industriales, acordes con su especialidad.

(Acuerdo 439 de 2001, artículo 3°)

2. Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. La Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, tendrá como objeto facilitar a sus afiliados la
adquisición de vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las
operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la
captación y administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las
actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean
indispensables para el mismo efecto.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá administrar las
cesantías del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda de
conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Para quienes gozan del
efecto retroactivo en esta prestación, esta se sujetará al plan de pagos
establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Acuerdo 008 de 2008, artículo 5°, en concordancia con el artículo 1° de la Ley
973 de 2005, por la cual se modifica el Decreto ley 353 de 1994)

CAPÍTULO 2.

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.

Artículo 1.2.2.2.1. Sociedades de Economía Mixta. Son Sociedades de Economía
Mixta del Sector Defensa, las siguientes:

1. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A., SATENA S.A. La Sociedad de
Economía Mixta por acciones del Orden Nacional, de carácter nacional y anónimo,
SATENA S.A., tiene como objeto principal la prestación del servicio de
transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el territorio nacional y en el
exterior y por ende la celebración de contratos de transporte aéreo de
pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desarrollar la política y
planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos
desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional.

SATENA S.A., seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar las
regiones más apartadas con los Centros económicos del País, para coadyuvar al
desarrollo económico, social y cultural de estas regiones y contribuir al
ejercicio de la soberanía nacional de las zonas apartadas del país.

(Escritura Pública N° 1427 del 9 de mayo de 2011, artículo 5°, en concordancia
con la Ley 1427 de 2010 artículo 1°)

2. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., CIAC S.A. Constituye
el objeto principal de la CIAC S. A., organizar, construir, promover y explotar
centros de reparación, entrenamiento aeronáutico, mantenimiento y ensamblaje de
aeronaves y sus componentes y la importación, comercialización y distribución de
repuestos, piezas, equipos y demás elementos necesarios para la prestación de
servicios aeronáuticos y aeroportuarios.

(Acuerdo 006 de 2001, artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Acuerdo 004
de 2012 y aprobado por el Decreto 2737 de 2012)

3. Sociedad Hotelera S.A. El objeto principal de la Sociedad es la explotación
de la industria hotelera y la administración directa o indirecta de hoteles,
negocios conexos y servicios complementarios, incluidos los servicios de
tecnología de la información y comunicaciones y la gestión inmobiliaria propia y
de terceros.

(Escritura Pública número 7589 del 12 de noviembre de 1948, modificada por las
Escrituras Públicas números 1407 de 2007, 1797 de 2011 y 2771 de 2012, Acuerdo
006 de 2001, artículo 6°)

TÍTULO 3

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS INDIRECTAS

Artículo 1.2.3.1. Entidades Descentralizadas Indirectas. Son Entidades
Descentralizadas Indirectas del Sector Defensa, las siguientes:

1. Numeral corregido por el Decreto 156 de 2016, artículo 1º. Corporación de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y
Fluvial (Cotecmar). Tiene como objeto el desarrollo y ejecución de la
investigación, transferencia y aplicación de tecnología para la industria naval,
marítima y fluvial.

(Estatutos aprobados por el Consejo Directivo de Cotecmar el 21 de julio de
2000).

Texto inicial del numeral 1: “Corporación de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial- COTECMAR. Tiene como
objeto el desarrollo y ejecución de la investigación, transferencia y aplicación
de tecnología para la industria naval, marítima y fluvial.”.

(Estatutos aprobados por el Consejo Directivo de COTECMAR el 14 de diciembre de
2007)

2. Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, CODALTEC. Tendrá como objeto
el desarrollo, la promoción y la realización de actividades de ciencia,
tecnología e innovación a adelantarse de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, a efecto de fortalecer las capacidades
científico tecnológicas del sector Defensa de la República de Colombia, buscando
apoyar la generación de desarrollos de carácter industrial a nivel nacional,
tanto para el sector Defensa como para otros sectores de la industria nacional,
como consecuencia del uso dual de las capacidades científico tecnológicas
aplicables.

(Autorización de creación mediante Decreto 2452 de 2012 – Documento Privado
4/12/2012)

LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DEFENSA

PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad
expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para
la cumplida ejecución de las leyes del sector Defensa.

Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las
entidades del sector Defensa y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2

REGLAMENTACIONES GENERALES.

TÍTULO 1

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

CAPÍTULO 1

DEL PERSONAL NO UNIFORMADO

SECCIÓN 1

DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y REQUISITOS GENERALES CON LA NOMENCLATURA Y
CLASIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE
CONFORMAN EL SECTOR DEFENSA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Objeto. La presente Sección determina las competencias
laborales y requisitos generales con la nomenclatura y clasificación para los
diferentes empleos públicos del Sector Defensa.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 1°)

Artículo 2.2.1.1.1.1.2. Sector Defensa. Para los efectos previstos en la
presente Sección, se entiende que el Sector Defensa está integrado por el
Ministerio de Defensa Nacional, incluidas las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, así como por sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 2°)

SUBSECCIÓN 2

COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DEL SECTOR DEFENSA

Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Definición de Competencias Laborales para los Empleos
del Sector Defensa. Las competencias laborales para los empleos del Sector
Defensa se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en
diferentes contextos y con base en los requerimientos y resultados esperados en
el sector público y en especial en el sector defensa, las funciones inherentes a
un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
valores, habilidades, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el
empleado público del Sector Defensa.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 3°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.2. Elementos que Integran las Competencias Laborales para
los Empleos del Sector Defensa. Las competencias laborales se determinarán con
base en el contenido funcional de los empleos del Sector Defensa, e incluirán
los siguientes elementos:

1. Las competencias funcionales del empleo.

2. Las competencias comportamentales requeridas para el desempeño del empleo.

3. Requisitos de estudio y experiencia del empleo.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 4°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.3. Competencias Funcionales del Empleo. Las competencias
funcionales precisarán y detallarán lo que en forma general debe estar en
capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo del sector defensa y se
definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel, conforme
a los siguientes parámetros:

1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan
cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.

2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño
de un empleo.

3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado
para evidenciar su competencia.

4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los
empleados.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 5°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.4. Competencias Comportamentales del Empleo. Las
competencias comportamentales se describirán en los manuales de funciones de los
empleos del Sector Defensa, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Habilidades y aptitudes laborales

2. Responsabilidad en el manejo de información

(Decreto 1666 de 2007 artículo 6°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.5. Modificado por el Decreto 1877 de 2021, artículo 1º.
Competencias Comportamentales Comunes a los Empleados Públicos del Sector
Defensa. Todos los empleados públicos civiles y no uniformados del Sector
Defensa, de los distintos niveles jerárquicos, deberán poseer y evidenciar las
siguientes competencias:

Nota, artículo 2.2.1.1.1.2.5: Competencias Comportamentales Comunes a los
Empleados Públicos del Sector Defensa. Todos los empleados públicos civiles y no
uniformados del Sector Defensa de los distintos niveles jerárquicos, deberán
poseer y evidenciar las siguientes competencias:

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Reserva de la información.

Capacidad personal para responder individualmente por la guarda y cuidado de la
información del Sector Defensa de la que tenga conocimiento, por razón del
empleo.

Protege de terceros no autorizados, la información del Sector Defensa que
maneja.

Adopta las precauciones requeridas para evitar la divulgación no autorizada de
la información del Sector Defensa a su cargo, así como de aquella a la que por
razones del servicio tenga acceso.

Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores
institucionales del Sector Defensa.

Demostración individual de cómo el funcionario identifica y asume las
responsabilidades a su cargo, teniendo en cuenta la disponibilidad permanente
que se requiere de su parte, la organización jerárquica de la Fuerza Pública,
marco en el cual se desempeña, así como la identidad con los valores
institucionales del Sector Defensa.

Reconoce en el ejercicio de sus funciones los niveles de mando militar y
policial, respetando el conducto regular.

Demuestra sentido de pertenencia con el logro de los objetivos institucionales
de la Fuerza Pública, orientados a salvaguardar la seguridad nacional, así como
disponibilidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

Responde en su actividad laboral y personal, manifestando entendimiento de la
cultura organizacional del Sector, así como una interiorización de los valores
asociados al compromiso con la Defensa y Seguridad Nacional.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 7°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.6. Modificado por el Decreto 1877 de 2021, artículo 2º.
Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico. Las siguientes son las
competencias por nivel jerárquico de los empleos del Sector Defensa que se deben
establecer en los respectivos manuales de funciones y que podrán complementarse
de acuerdo con las características especiales de los empleos de cada entidad del
Sector.

Una captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla

Descripción generada automáticamente

Texto inicial del artículo 2.2.1.1.1.2.6: Competencias Comportamentales por
Nivel Jerárquico. Las siguientes son las competencias por nivel jerárquico de
los empleos del Sector Defensa que se deben establecer en los respectivos
manuales de funciones y que podrán complementarse de acuerdo a las
características especiales de los empleos de cada entidad del Sector.

1 Nivel Directivo.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Conocimiento de las entidades y dependencias Sector Defensa.

Entendimiento del entorno organizacional de las entidades y dependencias que
conforman el Sector Defensa, que permita apoyar el desarrollo e implementación
de políticas de Defensa y Seguridad Nacional.

Coordina la competencia de las diferentes entidades y dependencias del Sector
Defensa, para el logro de metas conjuntas. Ejecuta o propone actuaciones
administrativas para la organización y el funcionamiento coordinado de las
entidades y dependencias del Sector Defensa, que permiten el cumplimiento de la
misión institucional. Realiza la toma de decisiones bajo su responsabilidad, con
fundamento en el conocimiento sobre el entorno organizacional.

Comprensión del impacto estratégico del manejo de la información del Sector
Defensa.

Conocimiento de los efectos que la información del sector defensa genera en la
sociedad.

Conoce y comprende las teorías y enfoques de la ciencia política y la
administración sobre la seguridad nacional.

Conoce y aplica el marco legal y administrativo propio de las entidades del
sector defensa.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 7°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.6. Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico. Las
siguientes son las competencias por nivel jerárquico de los empleos del Sector
Defensa que se deben establecer en los respectivos manuales de funciones y que
podrán complementarse de acuerdo a las características especiales de los empleos
de cada entidad del Sector.

1 Nivel Directivo.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Conocimiento de las entidades y dependencias Sector Defensa.

Comprensión del impacto estratégico del manejo de la información del Sector
Defensa.

Conocimiento de los efectos que la información del sector defensa genera en la
sociedad.

Conoce y comprende las teorías y enfoques de la ciencia política y la
administración sobre la seguridad nacional.

Conoce y aplica el marco legal y administrativo propio de las entidades del
sector defensa.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Conocimiento de las Políticas de Seguridad Nacional y Administración de Recursos
para el Sector Defensa.

Capacidad de comprender información cualitativa y organizada, relativa a los
temas de gerencia de las políticas del sector defensa.

Conoce las teorías de administración y gerencia pública.

Conoce las normas de carácter administrativo y jurídico del Estado colombiano y
del sector defensa.

Conoce y aplica las normas de administración financiera y contratación pública y
en especial del Sector Defensa.

2. Nivel Asesor.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y
proyectos del Sector Defensa.

Capacidad de análisis para proponer acciones alternativas, en los distintos
procesos de gerencia pública en el sector defensa.

Conoce y propone acciones al nivel de gerencia del sector defensa, basado en
teorías de administración pública.

Formula alternativas de aplicación e interpretación de las normas de carácter
administrativo y jurídico del Estado colombiano y del Sector Defensa.

Desarrollo de relaciones interpersonales.

Habilidad para generar y mantener relaciones efectivas con personas y/o grupos
de personas internas y externas del sector Defensa.

Comunica de manera efectiva los conocimientos y experiencias que permiten la
toma de decisiones.

Emplea sus habilidades interpersonales para el apoyo y asesoramiento del Nivel
Directivo en desarrollo de los programas objetivos del sector defensa.

Pensamiento analítico propio de la formación profesional, para la atención y
toma de decisiones en la atención misional de salud para los miembros de la
Fuerza Pública.

Capacidad de análisis para recomendar y desarrollar la atención requerida por
los miembros de la Fuerza Pública con el fin de mantener su aptitud psicofísica
en las condiciones exigidas para el cumplimiento de su misión constitucional.

Conoce y propone acciones de tipo misional de salud para la atención de los
miembros de la fuerza pública, basado en los conocimientos científicos.

Formula alternativas de aplicación de los métodos científicos para el
tratamiento de la aptitud psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública. Se
actualiza sobre el desarrollo de teorías y resultados científicos requeridos
para el desarrollo de la organización.

3. Nivel Profesional.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional.

Poseer conocimientos académicos, herramientas, y metodologías propias de la
formación profesional.

Conoce teorías, metodologías, y cuerpos científicos necesarios para el
desarrollo de procesos, procedimientos y actividades requeridos por el sector
defensa.

Propone alternativas de acción de acuerdo con su formación profesional.

Apoya la ejecución de planes, programas y proyectos propios del sector defensa.

Se actualiza sobre el desarrollo de teorías y nuevas tecnologías requeridas para
el desarrollo de la organización.

Trabajo en equipo e interdisciplinario.

Contribuir al desarrollo laboral y de la sinergia de los equipos de trabajo,
para el cumplimiento de metas institucionales.

Aporta, comparte y comunica sus conocimientos, para el desarrollo de tareas
conjuntas de forma interdisciplinaria.

Crea relaciones de trabajo efectivas.

Permite el desarrollo de un clima laboral adecuado para el desarrollo eficiente
de los equipos de trabajo.

Analiza, compara y facilita el desarrollo de metodologías, procesos y productos
derivados del accionar de los equipos de trabajo.

4. Nivel de Orientador de Defensa o Espiritual:

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Permitir y facilitar la instrucción requerida por los miembros de la Fuerza
Pública y sus familias.

Orientar y coadyuvar a construir a través de la instrucción, conocimientos
teóricos y su aplicación en el entorno del Sector Defensa.

Imparte y orienta el desarrollo de conocimientos y conductas dentro de un plan
estratégico requerido en la Fuerza Pública.

Utiliza metodologías apropiadas a la población a la que dirige su actividad
laboral.

Garantiza que las temáticas desarrolladas permitan la construcción de cuerpos
teóricos coherentes con los principios y necesidades del Sector Defensa.

Orienta la instrucción dentro del marco de seguridad, confianza y
confidencialidad requerido en el Sector Defensa.

Brindar apoyo moral y espiritual.

Orientar y prestar asesoramiento espiritual para el desarrollo y afianzamiento
de un marco de valores institucionales, de los servidores públicos del Sector
Defensa y sus familias.

Apoya a los miembros uniformados y funcionarios del Sector Defensa, en la
Construcción de los valores requeridos para el ejercicio de la labor
institucional.

Presta apoyo espiritual y moral a los miembros de las Fuerzas Militares y del
Sector Defensa y sus familias.

Proyecta, prepara y elabora informes y estadísticas, para presentar balances y
resultados institucionales.

5. Nivel Técnico

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Habilidad técnica misional y de servicios.

Apoyar a través de conocimientos y aplicación de tecnologías, el cumplimiento
del objeto misional del Sector Defensa.

Demuestra, comprende y aplica conocimientos y tecnologías requeridas al servicio
del cumplimiento de la misión del Sector Defensa.

Presta una asistencia técnica de servicio al desarrollo de las labores
misionales incluidas la de seguridad, defensa e inteligencia militar o policial.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Comprende y cumple las instrucciones dadas, para la realización de actividades
propias de su servicio relacionado con la misión sectorial.

Es recursivo y práctico en la asistencia técnica, en desarrollo de procesos
misionales llevados a cabo por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Habilidad técnica administrativa y de apoyo.

Apoyar a través de conocimientos y aplicación de tecnologías, la gestión
administrativa requerida por el Sector Defensa.

Demuestra, comprende y aplica conocimientos y tecnologías administrativas,
requeridas por el Sector Defensa.

Presta asistencia técnica administrativa de apoyo, al desarrollo de las labores
del Sector Defensa.

Participa de manera activa, en los equipos de trabajo que apoyan la actividad
administrativa del sector defensa.

Cumple las normas de seguridad exigidas en el desarrollo de funciones asignadas.

6. Nivel Asistencial.

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios.

Apoyar a través de su actividad laboral el cumplimiento del objeto misional del
Sector Defensa.

Presta asistencia laboral de servicio, al desarrollo del cumplimiento de la
misión del sector defensa incluida el área de seguridad, defensa e inteligencia.

Entiende y cumple las instrucciones de seguridad, confidencialidad y reserva
dadas, para la realización de actividades propias de su servicio.

Cumple las normas de seguridad exigidas en el desarrollo de funciones asignadas.

Apoyo y asistencia administrativa.

Apoyar a través de su actividad laboral la gestión administrativa requerida por
el Sector Defensa.

Presta una asistencia laboral administrativa al desarrollo del Sector Defensa.

Cumple las instrucciones dadas, para la realización de actividades de apoyo
administrativo propias de su quehacer laboral.

Asume y acata el control de los funcionarios responsables, de las actividades
asignadas.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 8°)

Artículo 2.2.1.1.1.2.7. Requisitos de los Empleos del Sector Defensa. Los
requisitos de estudio y experiencia con la nomenclatura y clasificación para
cada uno de los grados salariales por cada nivel jerárquico para los empleos del
Sector Defensa, que se fijan en la presente Sección servirán de base para que
las entidades y dependencias que integran el Sector Defensa, conformen sus
plantas de personal con los respectivos manuales específicos de funciones y de
requisitos.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 9°)

SUBSECCIÓN 3.

REQUISITOS DE LOS EMPLEOS POR NIVELES.

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Requisitos del Nivel Directivo. Los requisitos con la
nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos del nivel directivo del
Sector Defensa, serán los siguientes:

Requisitos Nivel Directivo

Grado

Estudio

Experiencia

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización.

Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Noventa y dos (92) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Sesenta (60) de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Cuarenta y uno (41) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintinueve (29) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintitrés (23) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada

(Decreto 1666 de 2007 artículo 10)

Artículo 2.2.1.1.1.3.2. Requisitos del Nivel Asesor del Sector Defensa. Los
requisitos con la nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos del
nivel Asesor del Sector Defensa, en las denominaciones de Jefe de Oficina
Asesora del Sector Defensa y Asesor del Sector Defensa o Misional o Sanidad
Militar o Policial, serán los siguientes:

Requisitos Nivel Asesor

Grado

Estudio

Experiencia

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de maestría

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Veinte (20) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Catorce (14) meses de experiencia profesional relacionada

Grado

Estudio

Experiencia

Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Catorce (14) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Ocho (8) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Cuatro (4) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Dos (2) meses de experiencia profesional relacionada

(Decreto 1666 de 2007 artículo 11)

Artículo 2.2.1.1.1.3.3. Requisitos del Nivel Profesional. Los requisitos con la
nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos del nivel profesional
del Sector Defensa, en las denominaciones de Profesional de Seguridad o
Profesional de Defensa, serán los siguientes:

Requisitos Nivel Profesional

Grado

Estudio

Experiencia

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Veintiuno (21) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional y título posgrado en la modalidad de especialización

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia profesional relacionada

Grado

Estudio

Experiencia

Título profesional

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Catorce (14) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada

Título profesional

Ocho (8) meses de experiencia laboral relacionada

Título profesional

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Título profesional

Cuatro (4) meses de experiencia laboral relacionada

Título profesional

Dos (2) meses de experiencia laboral relacionada

Título profesional

(Decreto 1666 de 2007 artículo 12)

Artículo 2.2.1.1.1.3.4. Requisitos del Nivel Orientador de Defensa o Espiritual.
Los requisitos con la nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos
del nivel Orientador del Sector Defensa, en las denominaciones de Orientador de
Defensa u Orientador Espiritual, serán los siguientes:

Requisitos del Nivel Orientador de Defensa o Espiritual

Grado

Estudio

Experiencia

Título Profesional

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada

Título Profesional

Aprobación de dos (2) años de educación superior

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación superior

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de Bachiller

Treinta (30) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de Bachiller

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de Bachiller

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de Bachiller

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

(Decreto 1666 de 2007 artículo 13)

Artículo 2.2.1.1.1.3.5. Requisitos del Nivel Técnico. Los requisitos con la
nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos del Nivel Técnico del
Sector Defensa, en las denominaciones de Técnico de Servicios, Técnico de
Inteligencia, Técnico de Policía Judicial, Técnico para Apoyo de Seguridad o
Técnico para Apoyo de Defensa, serán los siguientes:

Requisitos del Nivel Técnico

Grado

Estudio

Experiencia

Título de formación tecnológica con especialización

Terminación y aprobación del pensum académico de educación superior

Tres (3) meses de experiencia laboral

Título de formación tecnológica con especialización

Dos (2) meses de experiencia laboral

Grado

Estudio

Experiencia

Terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación superior

Seis (6) meses de experiencia laboral

Título de Formación Tecnológica

Nueve (9) meses de experiencia laboral

Terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación superior

Doce (12) meses de experiencia laboral

Título de Formación Tecnológica

Seis (6) meses de experiencia laboral

Aprobación de tres (3) años de educación superior

Quince (15) meses de experiencia laboral

Título de Formación Tecnológica

Tres (3) meses de experiencia laboral

Aprobación de tres (3) años de educación superior

Doce (12) meses de experiencia Laboral

Título de Formación Tecnológica

Aprobación de tres (3) años de educación superior

Nueve (9) meses de experiencia Laboral

Título de formación técnica profesional

Tres (3) meses de experiencia Laboral

Aprobación de dos (2) años de educación superior

Doce (12) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller

veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Veintiún (21) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Dieciocho (18) meses experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Quince (15) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Quince (15) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Seis (6) meses de experiencia laboral

Aprobación de educación básica primaria

Tres (3) meses experiencia laboral

Aprobación de educación básica primaria

(Decreto 1666 de 2007 artículo 14)

Artículo 2.2.1.1.1.3.6. Requisitos del Nivel Asistencial. Los requisitos con la
nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos del Nivel Asistencial
del Sector Defensa, en las denominaciones de Auxiliar de Servicios, Auxiliar de
Inteligencia, Auxiliar de Policía Judicial, Auxiliar para Apoyo de Seguridad y
Auxiliar para Apoyo de Defensa, serán los siguientes:

Requisitos del Nivel Asistencial

Grado

Estudio

Experiencia

Aprobación de tres (3) años de educación superior

Seis (6) meses de experiencia laboral

Aprobación de tres (3) años de educación superior

Cuatro (4) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación superior

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación superior

Cuatro (4) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de un (1) año de educación superior

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Grado

Estudio

Experiencia

Aprobación de un (1) año de educación superior

Cuatro (4) meses de experiencia laboral relacionada

Diploma de bachiller

Quince (15) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller

Doce (12) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller

Nueve (9) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller

Seis (6) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller

Tres (3) meses de experiencia laboral

Diploma de bachiller

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Seis (6) meses experiencia laboral relacionada

Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria

Aprobación de educación básica primaria

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Veintidós (22) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Dieciséis (16) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Catorce (14) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Diez (10) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Ocho (8) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Cuatro (4) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación de educación básica primaria

Dos (2) meses de experiencia laboral relacionada

Aprobación cuatro (4) años de educación básica primaria

Un (1) mes de experiencia laboral

Aprobación de tres (3) años de educación básica primaria

(Decreto 1666 de 2007 artículo 15)

SUBSECCIÓN 4

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Equivalencias entre Estudio y Experiencia. Los
requisitos de que trata la presente Sección no podrán ser aumentados o
disminuidos. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones y las
responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes por necesidades
propias del servicio y sin perjuicio de la compensación de requisitos prevista
en el Decreto 092 de 2007, podrá aplicar las siguientes equivalencias:

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Profesional,
y desde el grado trece (13) para Orientador de Defensa o Espiritual.

1.1 Título de posgrado en la modalidad de especialización por:

1.1.1 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y viceversa, siempre
que se acredite el título profesional, o

1.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones
del empleo, o

1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de
experiencia profesional, o

1.4 Título técnico o tecnológico adicional al título profesional exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea
afín con las funciones del empleo, y dos (2) años de experiencia técnica
relacionada, o

1.1.5 Dominio de otro idioma distinto al español adicional al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicho idioma
tenga afinidad con las funciones del empleo.

1.2 El título de posgrado en la modalidad de maestría por:

1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el título profesional, o

1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones
del cargo, o

1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de
experiencia profesional.

1.3 Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional
al exigido en el requisito del respectivo empleo.

1.4 Dos (2) años de experiencia profesional por título técnico o tecnológico
adicional al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo.

1.5 Un (1) año de experiencia profesional por título técnico o tecnológico
adicional al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo y
un (1) año de experiencia técnica relacionada.

1.6 Para los empleos del Nivel Profesional y para el Nivel Orientador de Defensa
o Espiritual:

1.6.1 Dos (2) años de experiencia técnica relacionada, por un (1) año de
experiencia profesional relacionada.

1.6.2 Tres (3) años de experiencia laboral relacionada, por un (1) año de
experiencia profesional relacionada.

Parágrafo 1°. Las equivalencias establecidas para la experiencia, podrán
aplicarse siempre que se acredite el título de formación técnica profesional o
de formación tecnológica o profesional, exigido para el ejercicio del respectivo
empleo cuando sea del caso.

Parágrafo 2°. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se
aplicarán a los empleos del área asistencial de las entidades y dependencias que
conforman el sistema de seguridad social en salud.

2. Para los empleos desde el Grado 01 al 12 del Nivel Orientador de Defensa, y
para los Niveles Técnico y Asistencial:

2.1 Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un
(1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación
y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.

2.2 Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica
o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y
viceversa.

2.3 Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa,
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma
de bachiller para ambos casos.

2.4 Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y
CAP de Sena.

2.5 Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por nueve (9) meses
de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

2.6 Aprobación de un año de educación básica primaria por seis (6) meses de
experiencia laboral.

2.7 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de
Aprendizaje, Sena, se establecerá así:

2.7.1 Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de
experiencia, por el CAP del Sena.

2.7.2 Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria
entre 1.500 y 2.000 horas.

2.7.3 Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria
superior a 2.000 horas.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 16)

SUBSECCIÓN 5

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Requisitos ya Acreditados. A los empleados públicos del
Sector Defensa para todos los efectos legales, no les serán exigibles requisitos
distintos a los acreditados al momento de su vinculación inicial, en el último
lapso de tiempo de servicio continuo, ni los establecidos en la presente
Sección, mientras permanezcan en los mismos empleos que desempeñan al 14 de mayo
de 2007 (entrada en vigencia del Decreto 1666 de 2007), o en el equivalente
según la nomenclatura especial aquí establecida.

(Decreto 1666 de 2007 artículo 17)

SECCIÓN 2

DISPOSICIONES CON RELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVILES O NO UNIFORMADOS
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL
Y SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 1792 DE 2000

Artículo 2.2.1.1.2.1. Miembros de la Fuerza Pública. En concordancia con el
artículo 114 del Decreto ley 1792 de 2000, los servidores públicos civiles o no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, a quienes se les aplica el Decreto ley 1214 de 1990, se
consideran miembros de la Fuerza Pública y continuarán con el mismo régimen
salarial, pensional y prestacional, en lo que a cada uno corresponde, de acuerdo
con las mencionadas normas.

(Decreto 2743 de 2010 artículo 1°)

SECCIÓN 3

REGLAMENTACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1214 DE 1990, ESTATUTO Y
RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA POLICÍA
NACIONAL

Artículo 2.2.1.1.3.1. Prima de Buceria. Además de los requisitos establecidos en
el Artículo 40 del Decreto 1214 de 1990, para el pago de la Prima de Buceria a
los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, el
tiempo de buceo deberá́ certificarse por el Comandante que lo ordenóo
autorizó, mediante cuadro o planilla explicativa que debe rendirse mensualmente
al Comando de la respectiva Fuerza o a la Dirección General de la Policía
Nacional.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 7°)

Artículo 2.2.1.1.3.2. Requisitos para el Reconocimiento de Prima de Instalación.
Para el reconocimiento de la prima de instalación de qué trata el Artículo 42
del Decreto 1214 de 1990 los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de
la Policía Nacional que sean trasladados dentro del país, debe elevar solicitud
escrita al respectivo Comando de Fuerza o Dirección de la Policía Nacional y si
fueren casados o viudos con hijos acompañarla de certificado expedido por el
Comandante o Jefe de la Unidad repartición de destino, en el cual conste que el
solicitante instalófamilia en la nueva sede.

Si el traslado fuere al exterior o del exterior al país, el viaje e instalación
de la familia se comprobarámediante certificación expedida por el superior
inmediato dentro de la organización de destino o por el Agregado Militar, Naval,
Aéreo o de Policía, acreditado ante el respectivo país o por el Agente
Diplomático o consular Colombiano más cercano a la nueva sede.

Parágrafo 1°. Para el reconocimiento y pago de la prima de instalación a los
empleados públicos, se tendrá́ en cuenta el sueldo básico que devenguen para
poca en que se cause y novedad fiscal en la respectiva disposición.

Parágrafo 2°. Cuando el traslado o comisión permanente sea al exterior o del
exterior al país, esta prima se pagaráanticipadamente en dólares en la cuantía
que fijen las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 9°)

Artículo 2.2.1.1.3.3. Prima de Navidad en el Exterior. La Prima de Navidad de
que trata el parágrafo 2° del Artículo 43 del Decreto 1214 de 1990, solo se
liquidaráy pagaráen la forma allí́ establecida, cuando el empleado público que
cumple la comisión permanente en el exterior, se encuentre en desempeño de ella
el 30 de noviembre del respectivo.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 10)

Artículo 2.2.1.1.3.4. Reconocimiento y Pago de la Prima de Vacaciones. El
reconocimiento y pago de la prima de vacaciones de que trata el Artículo 48 del
Decreto 1214 de 1990, se efectuaráa través de las nóminas mensuales elaboradas
por la División de Informática del Ministerio de Defensa o División de Sistemas
de la Policía Nacional, con base a turnos de vacaciones aprobados por el Comando
General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza, la Secretaria General
del Ministerio de Defensa o por la Dirección General de la Policía Nacional.
Estos turnos, una vez comunicados a la División de Informática o Sistemas, no
podrán ser modificados sino por circunstancias insuperables del servicio y con
la expresa autorización de la autoridad que les impartid su aprobación, la cual
debe dar aviso oportuno a la Sección de Sistemas de la respectiva Fuerza o
División de Sistemas de la Policía Nacional para que se hagan las correcciones
del caso.

Parágrafo. El reconocimiento y pago de la prima de vacaciones de los empleados
públicos del Ministerio de Defensa y Policía Nacional que desempeñen cargos en
la Justicia Penal Militar y en su Ministerio Público, se regirán por las
disposiciones Vigentes sobre la materia.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 11)

Artículo 2.2.1.1.3.5. Subsidio Familiar. Para los efectos del reconocimiento de
subsidio familiar de que trata el artículo 49 del Decreto 1214 de 1990, es
necesario:

a) Solicitud escrita formulada por el interesado, siguiendo el conducto regular,
al Comando General de las Fuerzas Militares, secretaría General del Ministerio
de Defensa, Comando de Fuerza o Dirección General de la Policía Nacional, según
el caso.

b) Acompañar la mencionada solicitud, los soportes del cónyuge o compañero
permanente, o el nacimiento de cada uno de los hijos, según el caso.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 12)

Artículo 2.2.1.1.3.6. Disminución del Subsidio Familiar. Para los efectos del
parágrafo 1o. del artículo 51 del Decreto 1214 de 1990, las situaciones allí́
contempladas se acreditaran así́:

a) Declaraciones extrajuicio rendidas por el interesado, en las cuales se
acredite la dependencia económica

b) La calidad de estudiante se comprobarácon la certificación expedida por el
plantel educativo correspondiente

c) Para acreditar la condición de inválido, se requerirá́ Certificación de la
Sanidad respectiva.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 13)

Artículo 2.2.1.1.3.7. Descuento Subsidio Familiar. Para aplicar lo previsto en
el artículo 52 del Decreto 1214 de 1990 se ordenarápreviamente por el superior
inmediato dentro de la línea de mando, siempre que sea oficial en servicio
activo, que el empleado rinda un informe sobre la causa o causas de su omisión.
Este informe, una vez conocido y conceptuado por el superior inmediato del
inculpado, debe remitirse al Comando General, Secretaría General del Ministerio,
Comando de Fuerza o Dirección General de la Policía Nacional, en donde se
aceptarán las explicaciones dadas por el interesado, si fueren justificadas, o
se elaborarála disposición de descuento, si no lo fueren. Las sumas descontadas
por este concepto ingresarán al Fondo de Bienestar y Recreación del Ministerio
de Defensa Nacional o al Bienestar Social de la Policía, según el caso.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 14)

Artículo 2.2.1.1.3.8. Prohibición Pago Doble Subsidio Familiar. Para hacer
efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto 1214 de
1990, los empleados públicos deberán demostrar ante la secretaría General del
Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos de
Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional, mediante declaración jurada
ante autoridad competente, que su cónyuge no tiene relación legal y
reglamentaria, ni contrato de trabajo con personas de derecho público En caso de
existir, deberá́ allegarse constancia de que este no percibe subsidio familiar.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 15)

Artículo 2.2.1.1.3.9. Servicios Medico-Asistenciales. Para la Prestación de los
servicios médico-asistenciales previstos en el artículo 81 del Decreto 1214 de
1990, las oficinas de personal de la secretaría General del Ministerio de
Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos de Fuerza y
Dirección General de la Policía Nacional, expedirán carnés de identificación y
los beneficiarios de los empleados públicos, para cuyo efecto se observarán las
siguientes normas:

a) El carnédebe expedirse individualmente e incluir su fotografía salvo para
niños menores de dos (2) años. El documento tendrá́ una vigencia de tres (3)
años.

b) El valor de cada carné, determinado por el Comando General de las Fuerzas
Militares, debe ser cubierto por el beneficiario en el momento de recibirlo.

c) La dependencia económica se comprobarámediante la presentación de los
siguientes documentos:

1. Certificación expedida por la Administración de Impuestos Nacionales, en el
sentido de que el beneficiario no declara renta ni patrimonio.

2. Certificado que acredite la calidad de estudiante del hijo, expedido por la
institución docente, indicando la intensidad horaria, que no puede ser inferior
a cuatro (4) horas diarias

3. Cuando se trate de hijos inválidos, deberá́ presentarse además la
certificación de la respectiva Sanidad Militar o de Policía.

d) Los carnés correspondientes a hijos del empleado, caducarán de manera
automática en la fecha en que cumplan veintiún (21) años de edad, excepto los de
los hijos inválidos. En el caso de los estudiantes hasta la edad de veinticuatro
(24) años dependientes económicamente se expedirá́ un nuevo carné;

e) Al retiro del empleado público, las oficinas de personal a que se refiere el
presente Artículo, deben exigir la devolución de los carnés correspondientes,
expidiendo constancia escrita y detallada de tal devolución;

f) La constancia a que se refiere el literal anterior, será́ válida para la
prestación de los servicios asistenciales al causante y a sus beneficiarios
durante los tres (3) meses de alta que establece la ley, siempre que se trate de
personal con derecho pensión. Dicha constancia será́ también la base para la
expedición de los nuevos carnés por parte del Fondo Asistencial de Pensionados
del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional.

Parágrafo. Los documentos probatorios de las situaciones de dependencia a que se
refiere este Artículo, deben exigirse para la expedición inicial de los carnés y
para cada una de sus renovaciones, teniendo cuidado de verificar su
actualización o validez para la época en que se presentan.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 21)

Artículo 2.2.1.1.3.10. Prestación de Servicios por otras Entidades. Cuando la
unidad médica de una Guarnición Militar o Policial, no estéen capacidad de
prestar el servicio requerido, el Comandante o Jefe de esta, podrá́ solicitar
los servicios de profesionales de entidades particulares, previa autorización de
la jefatura de sanidad respectiva, hasta por las cuantías fijadas en la escala
de tarifas establecidas para el efecto por el Ministerio de Defensa Nacional.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 22)

Artículo 2.2.1.1.3.11. Atención Casos de Urgencia. En casos de urgencia, los
cuales deben ser plenamente comprobados, los beneficiarios podrán solicitar los
servicios asistenciales de la Guarnición Militar o Policial o de cualquiera otra
persona natural o jurídica del lugar en que se encontrase en el momento de
requerirlos. El beneficiario de la atención de urgencia o sus familiares están
en la obligación de informar a la guarnición militar o policial a la que
pertenezcan o a la Jefatura de Sanidad respectiva, la ocurrencia de los hechos,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su acaecimiento.

Parágrafo. Se consideran casos de urgencia los determinados por accidentes y
enfermedades repentinas con manifestaciones graves o alarmantes y las
complicaciones súbitas que surjan dentro de un tratamiento médico-quirúrgico.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 23)

Artículo 2.2.1.1.3.12. No Utilización de los Servicios Medico-Asistenciales.
Cuando los beneficiarios del personal civil no utilicen los servicios
médico-asistenciales de la Sanidad Militar o Policial o de las personas o
entidades particulares autorizadas para prestarlos, el Ministerio de Defensa y
la Policía Nacional quedaran exonerados de toda responsabilidad y no cubrirán
cuenta alguna por concepto de servicios sustitutivos de los anteriores. Se
exceptúan de esta norma los casos de urgencia que deban ser atendidos por
personas o entidades diferentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo
anterior.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 24)

Artículo 2.2.1.1.3.13. Atención de Enfermos Especiales. Los servicios médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y a fines, de que tratan los artículos
anteriores, están destinados a la atención de enfermedades y accidentes comunes
del personal con derecho a ellos. La atención de pacientes afectados por
enfermedades infectocontagiosas que impongan su aislamiento permanente o
prolongado, se prestaráen los lugares especialmente establecidos o autorizados
para ello por el Ministerio de Salud, con cargo al presupuesto del Ministerio de
Defensa o de la Policía Nacional.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 25)

Artículo 2.2.1.1.3.14. Pago por no Utilización de Servicios. Serán de cargo del
causante los gastos de preparación de salas de cirugía o consultorios
especializados, con base en tarifas fijadas por los establecimientos
hospitalarios del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, o por las
clínicas particulares autorizadas, cuando sin motivo plenamente justificado el
paciente deje de concurrir a la cita que se le da para una intervención
quirúrgica o consulta especial.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 26)

Artículo 2.2.1.1.3.15. Pago por Servicios Indebidos. El personal civil que por
medios fraudulentos obtuviere carnépara la prestación de servicios
asistenciales, a personas sin derecho a estos o que hiciere prestar servicios
médicos no establecidos por la ley, incurrirá́ en falta disciplinaria y
pagaráademás con destino a la sanidad respectiva una suma equivalente al doble
de las tarifas establecidas para ese servicio. Esta suma será́ descontable de la
asignación mensual de actividad o de las prestaciones sociales a solicitud de la
autoridad correspondiente.

Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se aplicaráel Reglamento del
Régimen Disciplinario para las FF.MM.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 27)

Artículo 2.2.1.1.3.16. Turno de Vacaciones. En desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 90 del Decreto 1214 de 1990, en el mes de noviembre de cada año, la
secretaría General de Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las
Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía
Nacional, prepararán una relación del personal con derecho a vacaciones dentro o
siguiente, indicando las fechas en que se adquiere tal derecho. Las partes
pertinentes de dicha relación se difundirán por conducto regular y las Unidades
y Reparticiones en que el citado personal preste sus servicios. Con base en
dicha relación, las Unidades y Reparticiones que más adelante se enumeran,
procederán a elaborar los “Turnos anuales de Vacaciones” para el personal de su
dependencia, los que remitirán para fines de aprobación y control del Comando
respectivo. Aprobados los turnos, se publicarán por las órdenes del Día de:

a. Secretaría General del Ministerio de Defensa.

b. Comando General de las Fuerzas Militares.

c. Comandos de Fuerza.

d. Dirección General de la Policía Nacional.

e. Institutos Descentralizados adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa,
para el personal en comisión en tales entidades.

f. Comandos de Unidad Operativa, Fuerza Naval, Comandos Aéreos, Comandos de
Departamento de Policía y Comandos de Policía Metropolitana.

g. Institutos de Formación y Capacitación de Oficia les, Suboficiales y Agentes.

h. Comandos de Batallón, Base Naval o Fluvial, Unidad a flote o submarina,
Apostadero Naval, Grupo Aéreo y Comandos de Distrito.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 28)

Artículo 2.2.1.1.3.17. Obligatoriedad de las Vacaciones. El disfrute de
vacaciones anuales tiene carácter obligatorio para todo el personal civil, quien
debe hacer uso de ellas dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en
que se cause el derecho.

Las entidades que de acuerdo con el Artículo anterior tienen a su cargo la
preparación de los turnos de vacaciones y el control de su ejecución o
cumplimiento, no podrán introducirles modificaciones sin la expresa autorización
del respectivo Comando o Dirección General de la Policía Nacional.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 29)

Artículo 2.2.1.1.3.18. Vacaciones de Personal en Comisión en otras Entidades. El
personal civil del Ministerio de Defensa y de Policía Nacional, cuando preste
sus servicios en comisión en otras dependencias del Estado, disfrutaráde sus
vacaciones anuales acuerdo con las necesidades de la respectiva dependencia, la
cual debe expedir con destino a la correspondiente autoridad nominadora, una
certificación sobre la época y circunstancias en que el comisionado hace uso de
tales vacaciones.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 30)

Artículo 2.2.1.1.3.19. Autorización Vacaciones del Personal en Comisión en el
Exterior. Las vacaciones de los empleados públicos que se encuentren en comisión
en el exterior serán autorizadas por la Orden del Día respectiva.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 31)

Artículo 2.2.1.1.3.20. Vacaciones Especiales. Para efecto de lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 90 del Decreto 1214 de 1990, los profesionales y
ayudantes cuya actividad sea la aplicación de rayos X, tendrán derecho a quince
(15) días corridos de vacaciones, por cada seis (6) meses continuos de servicio.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 32)

Artículo 2.2.1.1.3.21. Suspensión de Vacaciones. Al empleado público que durante
sus vacaciones se le excuse del servicio por la Sanidad Militar o de la Policía
Nacional, le será́ interrumpido el goce de estas y no perderá́ el derecho a
disfrutar los días que le quedaren pendientes, lo cual hará́ cuando las
circunstancias lo permitan.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 33)

Artículo 2.2.1.1.3.22. Anticipo de Cesantía. El anticipo de cesantía de que
trata el artículo 95 del Decreto 1214 de 1990, solo se liquidaráy pagarácuando
así́ lo autorice el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, con base en las
correspondientes disponibilidades presupuestales y a solicitud escrita del
interesado, la cual puede ser formulada directamente o por conducto de la Caja
de Vivienda Militar.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 34)

Artículo 2.2.1.1.3.23. Solicitud Directa de Anticipo. Cuando el empleado
solicite directamente la liquidación del anticipo de cesantía, deberá́ presentar
los siguientes documentos:

a) Memorial petitorio del anticipo, con indicación de su cesantía y el fin a que
será́ destinado.

b) Cuando se trate de compra de lote, casa o apartamento:

1. Copia del contrato de promesa de compraventa debidamente autenticado.

2. Certificado de libertad y tradición o copia del folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente al inmueble materia del contrato.

c) Cuando se trate de construcción de vivienda:

1. Certificado de libertad y tradición del lote, expedido por la correspondiente
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

2. Planos de la construcción y presupuesto de la misma, elaborado por una
Institución Oficial de Vivienda o por una cooperativa y banco, o por un
ingeniero o arquitecto debidamente licenciado para el ejercicio de su profesión,
que se comprometa formalmente a realizar los trabajos de construcción.

d) Cuando se trate de ampliación reparación o reconstrucción de la vivienda
propia:

1. Certificado de libertad y tradición o copia del folio de matrícula
inmobiliaria.

2. El Acta de inspección ocular practicada por un ingeniero o arquitecto
designado por el respectivo Comando de Fuerza, o por la Caja de Vivienda
Militar, en la cual se demuestre la necesidad y conveniencia de que el inmueble
sea ampliado, reparado o reconstruido.

e) Cuando se trate de liberación de gravámenes hipotecarios que afecten el
inmueble de habitación propio o del cónyuge:

1. Copia debidamente registrada de la escritura pública por medio de la cual se
constituyó́ el gravamen hipotecario, con la finalidad exclusiva de satisfacer el
pago total o parcial del inmueble hipotecado.

2. Certificado de libertad y tradición expedido por la correspondiente Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos en el cual se incluya la información
relacionada con la cuantía y vigencia del crédito hipotecario que pesa sobre la
propiedad.

f) En todos los casos a que se refieren los literales anteriores se requerirá́,
además, la presentación de los siguientes certificados:

1. Servicios en el Ministerio de Defensa, liquidados hasta la fecha de la
solicitud;

2. Últimos haberes mensuales percibidos;

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 35)

Artículo 2.2.1.1.3.24. Solicitud de Anticipo por Conducto de la Caja de Vivienda
Militar. Cuando la solicitud de liquidación del anticipo de cesantía se haga por
conducto de la Caja de Vivienda Militar el interesado deberá́ presentar los
documentos que esta Entidad exija a su vez la solicitud de la Caja de Vivienda
Militar al Ministerio de Defensa, deberá́ ir acompañada de la siguiente
documentación:

a) Memorial petitorio del anticipo de cesantía, con indicación de su cuantía y
el fin para el cual será́ destinado.

b) Constancia sobre el préstamo que la Caja haya otorgado al interesado.

c) Certificación sobre los haberes devengados por el interesado en el último
mes.

d) Certificación sobre tiempo de servicio en el Ministerio de Defensa o en la
Policía Nacional.

e) Autorización conferida por el interesado a la Caja de Vivienda Militar, para
solicitar y obtener el pago del anticipo.

f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 36)

Artículo 2.2.1.1.3.25. Cálculo de Tiempo. Para calcular el tiempo de servicio
que da derecho a pensión de jubilación, solo se computarán como jornadas
completas de trabajo las de cuatro (4) horas o más. Si las horas de trabajo
señaladas para el respectivo empleo no llegan a ese límite, el cómputo se hará́
sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado
que así́ se obtenga se tomarácomo el de días laborados y se adicionarácon los
descansos remunerados y las vacaciones conforme a la Ley.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 37)

Artículo 2.2.1.1.3.26. Pensión por Aportes. Para efectos del reconocimiento de
la pensión de que trata el artículo 100 del Decreto 1214 de 1990, se seguirán
las normas establecidas en el Decreto 1160 de 1989 y disposiciones que lo
adicionen, complementen o modifiquen.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 38)

Artículo 2.2.1.1.3.27. Exámenes de Revisión de Pensionados por Invalidez. El
personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que
estépercibiendo pensión de invalidez, deberá́ someterse a exámenes médicos de
revisión, conforme al artículo 109 del Decreto 1214 de 1990, cada dos (2) años
como mínimo; contados a partir del 30 de diciembre de 1991 (entrada en vigencia
del Decreto 2909 de 1991).

(Decreto 2909 de 1991 artículo 39)

Artículo 2.2.1.1.3.28. Afiliación Voluntaria de Familiares. Los pensionados
civiles del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que en desarrollo
del artículo 113 del Decreto 1214 de 1990, soliciten asistencia médica,
quirúrgica, odontológica, hospitalaria farmacéutica, cotizarán los siguientes
porcentajes adicionales a los que en la actualidad rigen para el servicio
asistencial personal dichos pensionados:

a) Por el cónyuge 2% mensual.

b) Por cada uno de los hijos menores o inválidos que les dependan
económicamente, el 1% sin sobrepasar del 5% la cotización total por cónyuge e
hijos, cualquiera que sea el número de afiliados.

Parágrafo 1°. Al fallecimiento del titular de la pensión, los beneficiarios del
causante cotizarán el 5% del monto total del valor de la sustitución pensional,
cualquiera que sea el número de estos.

Parágrafo 2°. Para la prestación de los servicios asistenciales de que trata el
presente Artículo regirán las mismas normas consagradas en los artículos 21 a 27
del presente Decreto. La expedición de carnés de identidad estará́ a cargo del
Fondo asistencial de Pensionados del Ministerio de Defensa o de la Dirección
General de la Policía Nacional.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 40)

Artículo 2.2.1.1.3.29. Plazo Exámenes para Retiro. Los sesenta (60) días de que
trata el artículo 116 del Decreto 1214 de 1990, deben interpretarse como días
hábiles.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 41)

Artículo 2.2.1.1.3.30. Prestaciones Económicas. Las prestaciones económicas a
que se refiere el literal b) del artículo 116 del Decreto 1214 de 1990, serán
reconocidas por la División de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa
Nacional o de la Policía Nacional, según sea el caso.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 42)

Artículo 2.2.1.1.3.31. Comprobación de Situaciones para goce de Pensión. Los
beneficiarios de pensiones otorgadas por el fallecimiento de empleados públicos
en servicio activo o en goce de pensión, para mantener el derecho a disfrutar de
tal prestación, deberán demostrar ante la correspondiente entidad pagadora, que
no han incurrido en las causales de extinción previstas en el artículo 125 del
Decreto 1214 de 1990, mediante declaración anual juramentada, rendida ante Juez
o Notario competente.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 43)

Artículo 2.2.1.1.3.32. Aviso sobre Causales de Extinción. Los beneficiarios de
las pensiones a que se refiere el artículo anterior, están en la obligación de
dar aviso a la entidad pagadora, de cualquier hecho que constituya causal de
extinción de la pensión que disfrutan o de cualquiera de sus cuotas partes,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ocurrencia del hecho.
Quienes incumplieren esta obligación y continuaren percibiendo la pensión o la
cuota parte respectiva, deberán cubrir a la entidad pagadora una suma
equivalente a lo indebidamente recibido por tal concepto, suma que será́
exigible por vía judicial sin perjuicio de la acción penal que corresponda al
caso.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 44)

Artículo 2.2.1.1.3.33. Pasajes y Primas de Instalación para Familiares de
Personal Fallecido en el Exterior. El derecho consagrado en el parágrafo del
artículo 126 del Decreto 1214 de 1990, sobre pasajes y prima de instalación para
el cónyuge e hijos del empleado público que falleciere en el exterior, solo se
refiere a los necesarios para su regreso a Colombia, siempre y cuando hubiesen
estado residiendo con el empleado en el lugar de su deceso y este hubiere
ocurrido durante el desempeño de comisión del servicio.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 45)

Artículo 2.2.1.1.3.34. Procedimiento en Caso de Desaparecimiento. Cuando un
empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional en servicio,
desaparezca en las circunstancias previstas en el artículo 130 del Decreto 1214
de 1990, se procederá́ de la siguiente manera:

a) Transcurridos treinta (30) días de la última noticia del desaparecido, el
Comandante o Jefe de la respectiva Unidad o Repartición, designaráun
funcionario para que adelante la investigación.

b) El funcionario instructor, dentro de un término no mayor de ocho (8) días
hábiles practicarálas diligencias que considere pertinentes, para determinar
las circunstancias en que tuvo ocurrencia la desaparición.

c) Vencido el término a que se refiere el literal anterior, el instructor
remitirá́ el informativo al superior que ordenóla investigación, quien deberá́
emitir concepto dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las
diligencias.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 46)

Artículo 2.2.1.1.3.35. Aparecimiento. Si el presunto desaparecido apareciere o
se tuviere noticias ciertas de su existencia, el Secretario General del
Ministerio de Defensa, el Comandante General de las Fuerzas Militares, los
Comandantes de Fuerzas o el Director General de la Policía Nacional, según el
caso, ordenarán adelantar una investigación de carácter administrativo, con el
objeto de precisar:

a) La identidad del aparecido, acerca de la cual debe obtenerse plena certeza
mediante la utilización de medios técnicos apropiados de identificación.

b) Las actividades desarrolladas por la persona durante el tiempo comprendido
entre la fecha de su desaparición y la de su aparición.

Parágrafo. Si en la investigación administrativa se llegaren establecer acciones
u omisiones que deban ser investigadas por la Justicia Penal Militar o por la
ordinaria, se compulsará́ copia del expediente administrativo a fin de que se
adelante el proceso a que haya lugar.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 47)

Artículo 2.2.1.1.3.36. Sanciones por Injustificada Desaparición. Si el proceso
penal culmina con fallo condenatorio para la persona aparecida, se cambiara la
causal de baja por presunción de muerte a que se refiere el parágrafo del
artículo 130 del Decreto 1214 de 1990 por la que resulte del respectivo fallo y
se dará́ aplicación a lo dispuesto en el artículo 131 del mismo decreto.

Si el fallo es absolutorio el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional
declararán sin valor ni efecto las disposiciones que se hubieren dictado con
ocasión del desaparecimiento. En este Caso, el tiempo transcurrido entre la
desaparición y la aparición se considerará́ de actividad para todos los efectos,
incluyendo el derecho a los haberes mensuales correspondientes a la categoría,
previo reintegro del monto de las prestaciones sociales que se hubieren podido
reconocer a los beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 130 del
Decreto 1214 de 1990.

Parágrafo. Cuando él reintegro dispuesto en el inciso segundo de este artículo
no fuere posible por razones de fuerza mayor plenamente comprobadas, el valor
correspondiente se descontaráde los haberes y prestaciones sociales del
causante, en la forma que determine el Ministerio de Defensa o la Policía
Nacional.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 48)

Artículo 2.2.1.1.3.37. Controversia en la Reclamación. Para efectos de lo
dispuesto en el artículo 146 del Decreto 1214 de 1990 para demostrar que existe
controversia judicial entre los reclamantes de una prestación por causa de
muerte, el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional exigirán certificación
expedida por el Juzgado competente, en que conste que fue admitida y debidamente
notificada la demanda correspondiente.

(Decreto 2909 de 1991 artículo 49)

CAPÍTULO 2

EL SISTEMA DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA
PÚBLICA

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.1.2.1.1. Selección de Defensores. Las personas jurídicas y/o
naturales que se vinculen como Defensores serán escogidas de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, conforme los perfiles que para tal efecto
determine el Comité Directivo del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de
los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec).

(Decreto 0124 de 2014 artículo 1°)

Artículo 2.2.1.2.1.2. Creación Registro de Abogados. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013, se crea el Registro de
Abogados del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la
Fuerza Pública, el cual debe contener la información personal y profesional de
los abogados seleccionados vinculados a Fondetec como Defensores.

El Director o Gerente de Fondetec será el responsable de actualizar anualmente
la información de los abogados defensores vinculados al Fondo.

El Registro de Abogados debe contener como mínimo la información correspondiente
a nombre e identificación del profesional, tarjeta profesional, certificado de
vigencia de la tarjeta profesional, estudios universitarios, de posgrado,
maestría o doctorado, perfil profesional, experiencia laboral, estudios
relacionados con derecho operacional o derechos humanos y derecho internacional
humanitario.

Este Registro no reemplaza la inscripción en el Registro Nacional de Abogados
del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la normatividad
vigente.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 2°)

Artículo 2.2.1.2.1.3. Auxiliares de la Justicia. El Sistema de Defensa Técnica y
Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública podrá contratar auxiliares de
la justicia, con el fin de apoyar la defensa técnica y especializada de los
Miembros de la Fuerza Pública.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 3°)

Artículo 2.2.1.2.1.4. Derecho Operacional. En concordancia con el principio de
especialidad consagrado en el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013, se entiende
por derecho operacional la integración de los tratados internacionales
ratificados por Colombia, la legislación nacional y la jurisprudencia en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario al planeamiento,
ejecución y seguimiento de las operaciones, operativos y procedimientos de la
Fuerza Pública.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 4°)

Artículo 2.2.1.2.1.5. Obligaciones de los Defensores. De conformidad con los
artículos 2° y 3° de la Ley 1698 de 2013 y en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 941 de 2005, el Defensor cumplirá entre otras, las
siguientes obligaciones:

1. Manifestar la existencia de cualquier impedimento. No podrá tener interés
personal con la causa ni con el usuario que representa.

2. Ejercer defensa técnica, idónea y oportuna.

3. Verificar el respeto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las
garantías judiciales por parte de las autoridades en los procesos a su cargo. En
caso de violación interponer los recursos que estime pertinentes e informar por
escrito al Director o Gerente del Fondo sobre dichas violaciones y las acciones
adelantadas para contrarrestarlas.

4. Asumir inmediatamente, con atención y diligencia hasta el final del proceso,
la representación judicial o extrajudicial en los asuntos asignados por el
Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública.

5. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o
cualquier dato o evidencia conocidos en el ejercicio de su labor, salvo las
excepciones establecidas por la ley.

6. Cumplir sus obligaciones de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio
de la profesión de abogado y las que reglamenten su desempeño como defensor.

7. Rendir informes al Director o Gerente del Fondo, de acuerdo con los
parámetros establecidos para tal efecto.

8. Cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato que suscriba con el
Fondo de Defensa Técnica y Especializada de la Fuerza Pública (Fondetec).

(Decreto 0124 de 2014 artículo 5°)

SECCIÓN 2

COBERTURA Y EXCLUSIONES

Artículo 2.2.1.2.2.1. Cobertura y Exclusiones. El Servicio de Defensa Técnica y
Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública se prestará a todos aquellos
Miembros activos o retirados de la Fuerza Pública que así lo soliciten, de
acuerdo a la apropiación presupuestal disponible y conforme a lo previsto en el
inciso 2° del artículo 2.2.1.2.2.2., del presente Capítulo en todo el territorio
nacional donde se ubique un despacho judicial o disciplinario que conozca de un
proceso en contra de un miembro de la Fuerza Pública y cuyo delito o falta
corresponda a aquellas conductas no excluidas conforme el artículo 7° de la Ley
1698 de 2013 o a aquellas que determine el Comité Directivo de Fondetec.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 6°)

Artículo 2.2.1.2.2.2. Criterios. El Servicio de Defensa Técnica y Especializada
de los Miembros de la Fuerza Pública tendrá cobertura en todas aquellas
actuaciones disciplinarias o penales que se encuentren en curso a la entrada en
vigencia de la ley, siempre y cuando la conducta o falta no corresponda a
aquellas excluidas de la cobertura del servicio conforme el artículo 7° de la
Ley 1698 de 2013 y conforme la apropiación presupuestal disponible.

El Comité Directivo de Fondetec será el responsable de determinar los criterios
de priorización o selección de las solicitudes de servicio de defensa que se
presenten.

El Ministerio de Defensa Nacional (Fondetec) asume la responsabilidad de brindar
una defensa en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, entendiéndose
como una responsabilidad de medio y no de resultado, razón por la cual el
Gerente o Director del Fondo es responsable de establecer e implementar los
controles y/o mecanismos que permitan realizar un seguimiento permanente a la
actividad de los defensores en sus diferentes actuaciones procesales y presentar
las recomendaciones o correctivos que se consideren pertinentes, con el fin de
garantizar un adecuado servicio de defensa y acceso oportuno a la administración
de justicia, conforme la disponibilidad presupuestal respectiva.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 7°)

SECCIÓN 3

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 2.2.1.2.3.1. Comité Directivo. Al tenor de lo dispuesto en el artículo
9° de la Ley 1698 de 2013, el Comité Directivo del Fondo de Defensa Técnica y
Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) estará integrado
por:

1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Comandante General de las Fuerzas Militares, o su delegado.

3. El Comandante del Ejército Nacional de Colombia, o su delegado.

4. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, o su delegado.

5. El Comandante de la Armada Nacional, o su delegado.

6. El Director General de la Policía Nacional, o su delegado.

7. Tres (3) representantes del Ministro de Defensa Nacional.

8. El Director o Gerente de Fondetec tendrá a su cargo la Secretaría Técnica del
Comité, y asistirá con voz pero sin voto.

Parágrafo 1°. El Comité Directivo podrá acordar que se invite a otros servidores
públicos y/o particulares a aquellas reuniones en que así lo considere.

Parágrafo 2°. Los Oficiales a los que se refieren los numerales 2, 3, 4, 5 y 6
del presente artículo solo podrán delegar en otro Oficial General o de Insignia.

Parágrafo 3°. El Comité Directivo no podrá ordenar gastos ni participar en el
trámite de solicitud, adjudicación, celebración y supervisión de los contratos
que se celebren con cargo a los recursos del Fondo.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 8°)

Artículo 2.2.1.2.3.2. Sesiones y Adopción de Decisiones. El Comité Directivo del
Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública
(Fondetec) deberá reunirse, de manera ordinaria, una vez trimestralmente y,
extraordinariamente, cuando así lo solicite el Presidente del Comité.

El Comité Directivo sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y tomará
sus decisiones por mayoría simple de los asistentes a la respectiva sesión.

Parágrafo. Las sesiones podrán ser presenciales o no presenciales, de
conformidad con el mecanismo que se establezca en su reglamento.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 9°)

Artículo 2.2.1.2.3.3. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del
Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública
(Fondetec) tendrá por funciones las siguientes:

1. Determinar la cobertura del servicio de defensa que se financiará con cargo a
los recursos del Fondo en atención a la tipología y complejidad de los procesos
e investigaciones, la afectación y necesidad de coordinación con la defensa de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y/o la Policía Nacional, u otros
criterios que determine el Comité Directivo.

2. Adoptar los planes y programas con fundamento en los cuales se impartan las
instrucciones a la sociedad fiduciaria administradora del Patrimonio Autónomo
constituido con los recursos del Fondo, bien sea al momento de su constitución o
durante la ejecución del contrato fiduciario respectivo.

3. Determinar criterios en relación con el perfil de la(s) persona(s)
jurídica(s) o naturales(s) que prestarán el servicio de defensa técnica y
especializada de los miembros de la Fuerza Pública.

4. Determinar, a instancia del Director o Gerente, las necesidades del Fondo.

5. Establecer las conductas punibles que se excluirían del ámbito de cobertura
del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza
Pública, adicionales a las establecidas en el artículo 7° de la Ley 1698 de
2013.

6. Aprobar el Manual de Contratación que deberá regir la actividad que adelante
el patrimonio autónomo.

7. Aprobar el presupuesto teniendo en cuenta los recursos disponibles en el
patrimonio autónomo.

8. Adoptar su propio reglamento interno, y

9. Las demás que le asigne el Ministro de Defensa Nacional.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 10)

Nota, artículo 2.2.1.2.3.3: Ver Acuerdo 12 de 2018, Fondetec. D.O. 50.625, pag.
6.

Artículo 2.2.1.2.3.4. Director o Gerente. El Director o Gerente del Fondo de
Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec)
tendrá las siguientes funciones:

1. Administrar el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la
Fuerza Pública (Fondetec), bajo la orientación y coordinación del Secretario
General del Ministerio de Defensa Nacional.

2. Ejercer la ordenación del gasto del Fondo de Defensa Técnica y Especializada
de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) y ser parte del Consejo de
Administración del Patrimonio Autónomo.

3. Atender los negocios, las operaciones y las actividades administrativas,
financieras, contables y legales a que haya lugar para el buen funcionamiento
del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza
Pública (Fondetec). Así mismo, llevar la estadística general de los procesos
atendidos y del Registro de Abogados vinculados al Sistema de Defensa Técnica y
Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública.

4. Adoptar las medidas que permitan brindar instrucción y acompañamiento a los
profesionales que atienden el servicio de la Defensoría Pública, en asuntos
relacionados con derecho operacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

5. Gestionar la consecución de recursos para el financiamiento del Fondo de
Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec)
y definir las prioridades de distribución de los recursos del Fondo, teniendo en
cuenta la oportunidad, operatividad y eficiencia y presentarlas para aprobación
de Comité Directivo.

6. Dirigir los procesos contractuales, adjudicar y ordenar al patrimonio
autónomo la suscripción, liquidación de los contratos y demás actos que se
deriven de la actividad contractual y que se realizan con cargo a los recursos
del Fondo, y suscribir cuando sea el caso los contratos conforme la normatividad
vigente en materia de contratación estatal.

7. Proponer al Comité Directivo, previa aprobación del Secretario General del
Ministerio de Defensa Nacional, procedimientos administrativos y financieros
para el cabal cumplimiento de las operaciones del Fondo.

8. Diseñar procedimientos administrativos y financieros para el cabal
cumplimiento de las operaciones del Fondo y presentarlos a las instancias
correspondientes.

9. Comunicar a las autoridades competentes las faltas cometidas por los
Defensores vinculados al Fondo de Defensa Técnica y Especializada de la Fuerza
Pública (Fondetec).

10. Las demás que le asigne o delegue el Ministro de Defensa Nacional.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 11, modificado por el Decreto 2369 de 2014,
artículo 2°)

SECCIÓN 4

RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 2.2.1.2.4.1. Convenios o Contratos. Fondetec podrá celebrar convenios o
contratos con entidades oficiales o privadas para la designación de expertos en
determinada ciencia, arte, técnica u oficio, entre otros, con el fin de contar
con su asesoría cuando la naturaleza de los hechos objeto de un proceso asignado
a un defensor público lo requiera.

(Decreto 0124 de 2014 artículo 12)

SECCIÓN 5

Nota: Sección 5 adicionada por el Decreto 1721 de 2015, artículo 1º.

REGLAMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE ORIENTAN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS
SERVICIOS DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA
PÚBLICA CON CARGO A FONDETEC

Artículo 2.2.1.2.5.1. Objeto. El presente decreto tiene como objeto precisar los
criterios que orientan la asignación de recursos para los servicios de Defensa
Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública con cargo a
Fondetec, incluyendo criterios de distribución proporcional, cuando la demanda
del servicio supere la apropiación presupuestal disponible, a fin de asegurar
que se cubra la defensa de aquellos integrantes de la Fuerza Pública que no
cuentan con rentas e ingresos suficientes para sufragar su defensa.

Artículo 2.2.1.2.5.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este
decreto son aplicables a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados,
que solicitan el servicio de defensa técnica especializada, incursos en
investigaciones que surjan por actuaciones adelantadas en cumplimiento de la
misión constitucional o con ocasión de ella, en la jurisdicción penal ordinaria,
penal militar, o disciplinaria del orden nacional, internacional y de terceros
estados por excepción.

Artículo 2.2.1.2.5.3. Criterios de Distribución. Se establecen los siguientes
criterios de distribución en orden de preferencia, así:

1. Capacidad Económica para sufragar una defensa técnica y especializada.

2. Privación de la libertad.

3. Menor grado en el nivel jerárquico, según su Régimen de Carrera o vinculación
con el Estado.

4. Procesos penales o disciplinarios con mayor número de vinculados en un mismo
proceso.

5. Procesos penales o disciplinarios que el Comité Directivo considere, conforme
a los principios que rigen el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los
miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 2.2.1.2.5.4. Expedición de Reglas. El Comité Directivo de Fondetec,
establecerá las reglas aplicables conforme el artículo anterior.

SECCIÓN 6.

Nota: Sección 6 adicionada por el Decreto 648 de 2021, artículo 1º.

HOMOLOGACIÓN Y/O EQUIVALENCIA DE LOS REQUISITOS DE ESTUDIO, CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA DE LOS ABOGADOS DEFENSORES

Artículo 2.2.1.2.6.1. Requisitos de los Abogados Defensores. Los requisitos de
estudio y experiencia que se fijan en la presente Sección para los abogados
defensores de que trata el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013, servirán de base
para que Fondetec elabore sus lineamientos generales para contratistas.

Artículo 2.2.1.2.6.2. Factores para la determinación de los Requisitos. Los
factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos de los abogados
defensores de Fondetec, serán:

1. Los estudios, que serán la educación formal y la educación superior.

2. La experiencia, que podrá ser profesional y/o relacionada.

Artículo 2.2.1.2.6.3. Estudios. Son los conocimientos académicos adquiridos y
certificados por instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por
el Gobierno nacional, correspondientes a la educación superior en los programas
de pregrado en la modalidad de formación profesional, y en programas de
postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y
posdoctorado.

Artículo 2.2.1.2.6.4. Certificación de la Experiencia. La experiencia se
acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.

Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes
datos:

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.

2. Tiempo de servicio.

3. Funciones u obligaciones contractuales desempeñadas.

Parágrafo. Cuando la persona haya asesorado en el mismo período a una o varias
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Artículo 2.2.1.2.6.5. Definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación
de la presente Sección, se considerarán las siguientes definiciones:

1. EDUCACIÓN FORMAL: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.

2. EDUCACIÓN SUPERIOR: Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de
las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.

3. EXPERIENCIA: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y
las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,
arte u oficio.

4. EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida a partir del grado profesional y en
el ejercicio de empleos actividades que tengan funciones similares a las del
objeto contractual de abogado defensor, es decir, litigio en las materias objeto
de la labor que asumirá, penal y/o disciplinario.

Artículo 2.2.1.2.6.6. Requisitos Mínimos de los Abogados Defensores. Se tendrán
en cuenta los siguientes parámetros:

1. Defensor Técnico Especializado: Título de abogado, título de posgrado en el
nivel educativo de especialización y/o Maestría, y cinco (5) años de experiencia
relacionada.

2. Defensor Técnico: Título de abogado, título de posgrado en el nivel educativo
de especialización y/o Maestría, y tres (3) años de experiencia relacionada.

Parágrafo 1°. En todo caso, y de conformidad con el principio de “Especialidad”
incluido en la Ley 1698 de 2013, los abogados defensores deberán tener estudios
en grado de especialización o maestría en derecho disciplinario, penal o
procesal penal y experiencia en litigio penal o en disciplinario, así como
conocimientos en derecho operacional o derechos humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

Parágrafo 2°. El título profesional de abogado exigido para el objeto
contractual de abogado defensor, deberá ser de conformidad con la normatividad
que el Gobierno nacional expida al respecto.

Artículo 2.2.1.2.6.7. Equivalencias entre Estudios y Experiencias. Las
equivalencias generales de los requisitos de los abogados defensores de
Fondetec, se harán con sujeción a los siguientes parámetros:

1. El título de posgrado en el nivel educativo de maestría por:

• Cuatro (4) años adicionales a los señalados en el artículo 2.2.1.2.6.6. de
experiencia relacionada.

• Título profesional adicional al exigido, y dos (2) años adicionales a los
señalados en el artículo 2.2.1.2.6.6. de experiencia relacionada.

2. El título de posgrado en el nivel educativo de especialización por:

• Dos (2) años adicionales a los señalados en el artículo 2.2.1.2.6.6. de
experiencia relacionada.

• Título profesional adicional al exigido, y un (1) año adicional a los
señalados en el artículo 2.2.1.2.6.6. de experiencia relacionada.

Parágrafo. La equivalencia establecida para la experiencia relacionada, podrá
aplicarse solo por una vez, es decir, no podrá ser acumulativa con varios
títulos de posgrado.

Artículo 2.2.1.2.6.7. Requisitos ya Acreditados. Para todos los efectos legales,
y a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, a los actuales
abogados defensores contratistas de Fondetec, no les serán exigibles requisitos
distintos a los acreditados al momento en que suscribió el contrato de
prestación de servicios, ni los establecidos en la presente Sección mientras se
ejecute el contrato.

Nota LexBase, artículo 2.2.1.2.6.7.: Se deja constancia de que el Decreto 648 de
2021, artículo 1º, en su adición trae este artículo repetido.

TÍTULO 2

ADAPTACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA
JURISDICCIÓN PENAL MILITAR

Artículo 2.2.2.1. Plan de Implementación. Adoptar el Plan de implementación del
Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar en cuatro (4) fases que se
desarrollarán de manera gradual y sucesiva a lo largo del territorio nacional,
garantizando la continuidad de los proceso vigentes, respetando el marco fiscal
de mediano plazo vigente y el marco de gasto de mediano plazo vigente del sector
defensa, de acuerdo con los recursos que se apropien de conformidad con lo
señalado en la ley.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 1°)

Artículo 2.2.2.2. Modificado por el Decreto 1768 de 2020, artículo 1º. Fases.
Las cuatro (4) fases territoriales de implementación del Sistema Penal
Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial, con sus planes pilotos,
iniciarán en el año 2022 de la siguiente manera:

FASE I: Año 2022. BOGOTÁ.

Inicia Piloto de implementación el 1 de enero del año 2022 e irá hasta el 30 de
junio del mismo año. En forma definitiva, el Sistema Penal Acusatorio en la
Justicia Penal Militar y Policial iniciará en Bogotá el 1 de julio del año 2022.

FASE II: Año 2023. BOYACÁ, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA, HUILA, NARIÑO, QUINDIO,
RISARALDA, TOLIMA y VALLE DEL CAUCA.

Inicia Piloto de implementación el 1 de enero del año 2023 e irá hasta el 30 de
junio del mismo año. En forma definitiva, el Sistema Penal Acusatorio en la
Justicia Penal Militar y Policial en estos departamentos iniciará el 1 de julio
del año 2023.

FASE III: Año 2024: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SAN ANDRÉS y PROVIDENCIA,
CESAR, CHOCÓ, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER y
SUCRE.

Inicia Piloto de implementación el 1 de enero del año 2024 e irá hasta el 30 de
junio del mismo año. En forma definitiva, el Sistema Penal Acusatorio en la
Justicia Penal Militar y Policial en estos departamentos iniciará el 1 de julio
del año 2024.

FASE IV: Año 2025. AMAZONAS, ARAUCA, CAQUETÁ, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, META,
PUTUMAYO, VAUPÉS y VICHADA.

Inicia Piloto de implementación el 1 de enero del año 2025 e irá hasta el 30 de
junio del mismo año. En forma definitiva, el Sistema Penal Acusatorio en la
Justicia Penal Militar y Policial en estos departamentos iniciará el 1 de julio
del año 2025.

Parágrafo 1°. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar o la entidad
en que ella se transforme, tendrá a su cargo la planeación y ejecución de lo
dispuesto en este artículo.

Parágrafo 2°. Las fases territoriales establecidas en este artículo podrán ser
modificadas de acuerdo con las necesidades del proceso de transición.

Texto anterior del artículo 2.2.2.2. Modificado por el Decreto 1575 de 2017,
artículo 1º. “Fases. Las cuatro (4) fases territoriales de implementación del
Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial, iniciarán en
el año 2020, así:

FASE I: Año 2020: Bogotá, D. C.

FASE II: Año 2021: Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío,
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

FASE III: Año 2022: Antioquia, Atlántico, Bolívar, San Andrés y Providencia,
Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y
Sucre.

FASE IV: Año 2023: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta,
Putumayo, Vaupés y Vichada.

Parágrafo 1°. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar o la Entidad
en que ella se transforma, tendrá a su cargo la planeación y ejecución de lo
dispuesto en este artículo.

Parágrafo 2°. Las fases territoriales establecidas en este artículo podrán ser
modificadas de acuerdo con las necesidades del proceso de transición.”.

Texto anterior del artículo 2.2.2.2. Modificado por el Decreto 27 de 2017,
artículo 1º. “Fases. Las cuatro (4) fases territoriales de implementación del
Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial, iniciarán en
el año 2018, así:

Fase I: Año 2018: Bogotá, D. C.

Fase II: Año 2019: Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío,
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Fase III: Año 2020: Antioquia, Atlántico, Bolívar, San Andrés y Providencia,
Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y
Sucre.

Fase IV: Año 2021: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta,
Putumayo, Vaupés y Vichada.

Parágrafo 1°. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar o la Entidad
en que ella se transforma, tendrá a su cargo la planeación y ejecución de lo
dispuesto en este artículo.

Parágrafo 2°. Las fases territoriales establecidas en este artículo podrán ser
modificadas de acuerdo con las necesidades del proceso de transición.”.

Texto anterior del artículo 2.2.2.2. Modificado por el Decreto 878 de 2016,
artículo 1º. “Fases. Las cuatro (4) fases territoriales de implementación del
Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial, iniciarán en
el año 2017, así:

FASE I: Año 2017: BOGOTÁ, D. C.

FASE II: Año 2018: BOYACÁ, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA, HUILA, NARIÑO, QUINDÍO,
RISARALDA, TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA.

FASE III: Año 2019: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA,
CESAR, CHOCÓ, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER y
SUCRE.

FASE IV: Año 2020: AMAZONAS, ARAUCA, CAQUETÁ, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, META,
PUTUMAYO, VAUPÉS Y VICHADA.

Parágrafo 1°. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar o la Entidad
en que ella se transforma, tendrá a su cargo la planeación y ejecución de lo
dispuesto en este artículo.

Parágrafo 2°. Las fases territoriales establecidas en este artículo podrán ser
modificadas de acuerdo con las necesidades del proceso de transición.”.

Texto inicial del artículo 2.2.2.2: “Fases. Modifícase el artículo primero del
Decreto número 2787 del 28 de diciembre de 2012, que modificó el artículo
primero del Decreto 4977 del 30 de diciembre de 2011, que modificó el artículo
segundo del Decreto 2960 del 17 de agosto de 2011, “por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1407 de 2010 y se adoptan medidas para implementar el
Sistema Penal Acusatorio en la Jurisdicción Penal Militar”, determinando que las
cuatro (4) fases territoriales de desarrollo anual cada una, para implementarla
operatividad y aplicación del Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal
Militar, comenzarán a partir del mes de enero de 2015, así:

FASE I: Año 2015

BOGOTÁ, D.C.

FASE I

Bogotá, D.C.

No. Despachos

BOGOTÁ, D.C.

FASE II: Año 2016

BOYACÁ, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA, HUILA, NARIÑO, QUINDÍO, RISARALDA, TOLIMA Y
VALLE DEL CAUCA.

FASE II

Departamento

No. Despachos

BOYACÁ

CALDAS

CAUCA

CUNDINAMARCA

HUILA

NARIÑO

QUINDÍO

RISARALDA

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

TOTAL

FASE II: Año 2016

BOYACÁ, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA, HUILA, NARIÑO, QUINDÍO, RISARALDA, TOLIMA Y
VALLE DEL CAUCA.

FASE II

Departamento

No. Despachos

BOYACÁ

CALDAS

CAUCA

CUNDINAMARCA

HUILA

NARIÑO

QUINDÍO

RISARALDA

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

TOTAL

FASE III: Año 2017

ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, CESAR, CHOCÓ, CÓRDOBA,
GUAJIRA, MAGDALENA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER Y SUCRE.

FASE III

Departamento

No. Despachos

ANTIOQUÍA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

GUAJIRA

MAGDALENA

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

SUCRE

TOTAL

FASE IV: Año 2018

AMAZONAS, ARAUCA, CAQUETÁ, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, META, PUTUMAYO, VAUPÉS Y
VICHADA.

FASE IV

Departamento

No. Despachos

AMAZONAS

ARAUCA

CAQUETÁ

CASANARE

GUAINÍA

GUAVIARE

META

FASE IV

Departamento

No. Despachos

PUTUMAYO

VAUPÉS

VICHADA

TOTAL

Parágrafo 1°. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar tendrá a su
cargo la planeación y ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Parágrafo 2°. Las fases territoriales establecidas en este artículo podrán ser
modificadas por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo 3°. Cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho
lo ameriten, se aplicará el trámite procesal dispuesto en la Ley 1407 de 2010,
independientemente del lugar donde acontezca el mismo y de las fases
implementadas de acuerdo con este Título.

Parágrafo 4°. En los casos en que se tenga competencia por el factor funcional,
esta se aplicará de conformidad con el lugar donde ocurran los hechos,
atendiendo las fases implementadas de acuerdo con este Título.”.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 2°, modificado por artículo 1° del Decreto número
4977 del 30 de diciembre de 2011, a su vez modificado por el artículo 1° del
Decreto número 2787 del 28 de diciembre de 2012, a su vez modificado por el
artículo 1° del Decreto 314 de 2014)

Artículo 2.2.2.3. Funciones de la Jurisdicción Especializada. En la
implementación de las fases del Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal
Militar, se tendrán en cuenta para el cumplimiento de las funciones de la
Jurisdicción Especializada, los siguientes criterios y factores:

1. Número de despachos y procesos en los Juzgados de Instrucción Penal Militar,
en la Fiscalía Penal Militar y en los Juzgados de conocimiento.

2. Registro de funcionarios de la Justicia Penal Militar capacitados en oralidad
y previsión de demanda de capacitación.

3. Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.

4. Requerimiento de Sistema de Defensoría Penal militar y Cuerpo Técnico de
investigación de la Justicia Penal Militar.

5. Nivel de congestión.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 3°)

Artículo 2.2.2.4. Estudios Técnicos. El Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, presentará los estudios
técnicos al Departamento Administrativo de la Función Pública de conformidad con
los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y 95 del Decreto 1227 de 2005 o las
normas que lo compilen, adicionen, modifiquen complementen o sustituyan, para
efectos de ajustar su planta de personal a las necesidades de la Justicia Penal
Militar, de acuerdo con las fases de implementación del Sistema Penal Acusatorio
previstas en este Título y los criterios y factores determinados por la ley.

Parágrafo. La puesta en marcha de la primera fase del Sistema Penal Acusatorio,
se atenderá con la realización de ajustes a la planta de personal existente y
con servidores pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol de la Policía Nacional, con funciones de Policía Judicial.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 4°)

Artículo 2.2.2.5. Estadística. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal
Militar, ejercerá el control estadístico de los procesos adelantados por los
despachos de la Justicia Penal Militar bajo el amparo de la Ley 522 de 1999 y
tomará las decisiones necesarias para su descongestión, hasta la culminación de
los mismos e ingreso de dichos despachos al nuevo Sistemas Penal Acusatorio.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 5°)

Artículo 2.2.2.6. Sedes de los Despachos. La Dirección Ejecutiva de la Justicia
Penal Militar determinará la sede de los despachos y la nomenclatura de estos en
orden ascendente, en la medida que vayan ingresando al nuevo Sistema Penal
Acusatorio, ajustándola a las denominaciones del nuevo Código Penal Militar y al
Mapa Judicial de la Justicia Penal Militar.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 6°)

Artículo 2.2.2.7. Capacitación. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal
Militar establecerá el plan de capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para
los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de acuerdo con las fases de
implementación, las necesidades del servicio y los recursos disponibles.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 7°)

Artículo 2.2.2.8. Cumplimiento de Fases. El Comando General de las Fuerzas
Militares, los Comandos de Fuerza, la Dirección General de la Policía Nacional y
las demás dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, brindarán el apoyo
logístico requerido por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar para
el cumplimiento de las Fases de implementación del Sistema Penal Acusatorio aquí
establecidas.

Parágrafo. Para construir la plataforma tecnología requerida para la
implementación del Sistema Penal Acusatorio, el Comité de Integración de
Tecnologías de la Información del Ministerio de Defensa Nacional, las Oficinas
de Telemática de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía
Nacional, colaborarán en el suministro de hardware, desarrollo de software y
conectividad necesarios, así como en los ajustes técnicos requeridos para la
operatividad del Sistema en los despachos de la Justicia Penal Militar.

(Decreto 2960 de 2011 artículo 8°)

Artículo 2.2.2.9. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º. Objeto. El
presente decreto tiene por objeto establecer el procedimiento para la
integración de las listas de candidatos a ocupar los cargos de Magistrados del
Tribunal Superior Militar y Policial, Fiscal General Penal Militar y Policial y
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior
Penal Militar y Policial.

Artículo 2.2.2.10. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Procedimiento para la conformación de las listas. El procedimiento para
conformar las listas de candidatos para ocupar los cargos de Magistrados del
Tribunal Superior Militar y Policial, Fiscal General Penal Militar y Policial y
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior
Penal Militar y Policial, surtirá las siguientes fases:

1. Solicitud Convocatoria.

2. Postulación de aspirantes que reúnan los requisitos generales y especiales
del cargo.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales y especiales del
cargo

y preselección de candidatos.

4. Evaluación de competencias.

5. Entrevista preseleccionados.

6. Conformación y remisión de la lista o terna de candidatos

7. Nombramiento

Artículo 2.2.2.11. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º. Solicitud
Convocatoria. De acuerdo con las necesidades del servicio, el Director Ejecutivo
de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
solicitará por escrito a los comandantes del Ejército, Armada Nacional, Fuerza
Aérea Colombiana y al Subdirector de la Policía Nacional se realice invitación
para postular y preseleccionar a los interesados que reúnan los requisitos
constitucionales y legales para ocupar los cargos de Magistrados de Tribunal
Superior, de Fiscal General, o de Fiscales Penales Militares y Policiales
delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial.

Parágrafo. En la solicitud, el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, establecer el número de
vacantes a proveer y el número de preseleccionados que cada fuerza debe remitir.

Artículo 2.2.2.12. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Postulación de aspirantes que reúnan los requisitos generales y especiales del
cargo. Dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la solicitud
mencionada en el artículo anterior, los Comandantes del Ejército Nacional,
Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y el Subdirector General de la Policía
Nacional, invitarán a través de medios institucionales a los interesados que
reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la Ley 1765
de 2015, para ocupar los cargos de Magistrados del Tribunal Superior, de Fiscal
General, o de Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal
Superior Militar y Policial. Los aspirantes a los cargos se postularán dentro de
los cinco (5) días siguientes a la publicación allegando su hoja de vida con los
soportes documentales que correspondan.

Parágrafo 1°. Los aspirantes deberán anexar declaración juramentada de no
hallarse incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para el
ejercicio del cargo.

Parágrafo 2°. Las hojas de vida, anexos y demás documentos que se aporten de
manera extemporánea serán rechazados y no serán valorados para ningún efecto en
el proceso.

Artículo 2.2.2.13. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Verificación del cumplimiento de los requisitos generales y especiales del cargo
y preselección de candidatos. Dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento del plazo para la postulación de los aspirantes, los Comandantes del
Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y el Subdirector
General de la Policía Nacional, verificarán el cumplimiento de los requisitos
generales y especiales establecidos en la Ley 1765 de 2015 de las personas que
se postulen para ocupar los cargos convocados, y conformarán la lista de
preseleccionados, aplicando criterios como: probidad, independencia,
imparcialidad, responsabilidad, idoneidad, transparencia, formación académica y
experiencia profesional de los candidatos.

Parágrafo. El Comandante del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la
Fuerza Aérea Colombiana y el Subdirector General de la Policía Nacional,
enviarán de manera inmediata a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial la lista de aspirantes preseleccionados.

Artículo 2.2.2.14. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Evaluación de competencias comportamentales. El Director Ejecutivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial consolidará la
lista de aspirantes preseleccionados por la Fuerza Pública para ocupar los
cargos de Magistrados del Tribunal Superior Penal Militar y Policial, Fiscal
General Penal Militar y Policial, y Fiscales Penales Militares y Policiales
Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, la cual deberá ser
remitida al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que
realizará la evaluación de competencias comportamentales de manera virtual o
presencial y ele conformidad con la normatividad vigente.

Parágrafo. Los resultados de la evaluación serán enviados a la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, no otorgará
puntaje alguno, constituirá un criterio orientador para el Consejo Directivo, y
contra sus resultados no procede la interposición de reclamaciones ni recursos.

Artículo 2.2.2.15. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Entrevista preseleccionados. Dentro de los tres (3) días siguientes a la
recepción de los resultados de la evaluación de competencias comportamentales y
una vez se cuente con la lista de preseleccionados; el Presidente del Consejo
Directivo convocará a una sesión del Consejo Directivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial con el fin de
realizar entrevistas a los preseleccionados.

Parágrafo. La entrevista no otorgará puntaje alguno, ni prevé la interposición
de reclamaciones ni recursos contra la decisión que al respecto se adopte,
constituirá un criterio orientador para el Consejo Directivo.

Artículo 2.2.2.16. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Conformación y remisión de la lista de candidatos. El Consejo Directivo de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
conformará la lista de candidatos para ocupar los cargos de Magistrados del
Tribunal Superior, de Fiscal General, o de Fiscales Penales Delegados ante el
Tribunal Superior, en un número no menor a tres (3) candidatos por cargo; lista
que será presentada por el Presidente del Consejo Directivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, al Presidente
de la República.

Artículo 2.2.2.17. Adicionado por el Decreto 631 de 2022, artículo 1º.
Nombramiento. Presentada la lista de candidatos para ocupar los cargos de
Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, de Fiscal General Penal
Militar y Policial, o de Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante
el Tribunal Superior Militar y Policial, el Presidente de la República procederá
a nombrar a quien va a desempeñar cada cargo.

TÍTULO 3

NORMAS PARA FORTALECER EL MARCO LEGAL QUE PERMITE A LOS ORGANISMOS QUE LLEVAN A
CABO ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA CUMPLIR CON SU MISIÓN
CONSTITUCIONAL.

CAPÍTULO 1

DELIMITACIÓN DE LOS ORGANISMOS, DEPENDENCIAS Y PERSONAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES
DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Artículo 2.2.3.1.1. Delimitación de los Organismos y Dependencias. Llevarán a
cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia los organismos y
dependencias autorizados por la ley. Estos organismos y las dependencias
autorizadas desarrollarán estas actividades observando la Constitución y la Ley
y serán los siguientes:

1. En las Fuerzas Militares:

a) En el Comando General de las Fuerzas Militares:

1. La Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta, sus
Direcciones, Divisiones y/o equivalentes y demás unidades o dependencias de
inteligencia y contrainteligencia subordinadas a ella.

2. Las unidades o dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada uno
de los Comandos Conjuntos o Comandos de Fuerza de Tarea Conjunta.

3. Las unidades o dependencias especiales creadas por el Comandante General de
las Fuerzas Militares, mediante acto administrativo, para realizar actividades
de Inteligencia y Contrainteligencia, previo concepto de la Jefatura de
Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta, de acuerdo con su misión,
competencias y funciones.

b) En el Ejército Nacional:

1. La Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, las
dependencias y unidades de inteligencia y contrainteligencia subordinadas a
ella.

2. Las dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada División,
Brigada, Batallón y unidades que por su naturaleza y misión desarrollen estas
actividades en sus diferentes niveles.

3. Las unidades especiales creadas por el Comandante del Ejército, mediante acto
administrativo, para realizar actividades de Inteligencia y Contrainteligencia,
previo concepto de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, de
acuerdo con su misión, competencias y funciones.

c) En la Armada Nacional:

1. La Jefatura de Inteligencia Naval, las dependencias y unidades de
inteligencia y contrainteligencia subordinadas a ella.

2. Las dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada una de las
unidades de la Armada Nacional, que por su naturaleza, misión y organización
desarrollen estas actividades en sus diferentes niveles.

3. Las unidades especiales creadas por el Comandante de la Armada Nacional,
mediante acto administrativo, para realizar actividades de Inteligencia y
Contrainteligencia, previo concepto de la Jefatura de Inteligencia Naval, de
acuerdo con su misión, competencias y funciones.

d) En la Fuerza Aérea Colombiana:

1. La Jefatura de Inteligencia Aérea, las dependencias y unidades de
inteligencia y contrainteligencia subordinadas a ella.

2. Las dependencias de inteligencia y contrainteligencia en cada una de las
unidades de la Fuerza Aérea Colombiana, a nivel estratégico, operacional y
táctico, que por su naturaleza y misión desarrollen estas actividades en sus
diferentes niveles.

3. Las unidades especiales autorizadas por el Comandante de la Fuerza Aérea
Colombiana, mediante acto administrativo, para realizar actividades de
Inteligencia y Contrainteligencia, previo concepto de la Jefatura de
Inteligencia Aérea, de acuerdo con su misión, competencias y funciones.

2. En la Policía Nacional:

a) La Dirección de Inteligencia Policial con sus dependencias subordinadas, la
cual dirigirá, coordinará e integrará la función de inteligencia y
contrainteligencia en la Policía Nacional.

b) Los grupos especializados de la Policía Nacional que sean creados por el
Director General de la Policía Nacional, previo concepto de la Dirección de
Inteligencia Policial, de acuerdo con su misión, competencias y funciones.

3. En el Departamento Administrativo “Dirección Nacional de Inteligencia”

Todas las dependencias orgánicas a ella.

4. En la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Todas las dependencias orgánicas a ella.

(Decreto 857 de 2014 artículo 1°)

CAPÍTULO 2

REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.2.1. Plan Nacional de Inteligencia. El Plan Nacional de
Inteligencia, es el documento que desarrolla los requerimientos y las
prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en materia de inteligencia y
contrainteligencia, y asigna responsabilidades, deberá contener como mínimo los
siguientes elementos estructurales en su elaboración y adopción:

a) Objetivo General. En este punto se indicarán los aspectos ordenados por la
Constitución y la ley para la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia.

b) Límites y fines. El Plan Nacional de Inteligencia, se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 4° y 5° de la Ley 1621 de 2013.

c) Requerimientos. Son aquellos determinados en los artículos 7° y 9° de la Ley
1621 de 2013.

d) Amenazas, riesgos, prioridades. El Plan Nacional de Inteligencia debe
orientar la coordinación, cooperación y esfuerzo relacionados con el desarrollo
de la función y las actividades de inteligencia y contrainteligencia, frente a
posibles amenazas y riesgos contra la seguridad y defensa nacional y demás fines
enunciados en la Ley 1621 de 2013, observando las potencialidades y capacidades
del Estado, dando prioridad en su ejecución a aquellas actividades de
inteligencia y contrainteligencia que el Gobierno Nacional requiera, bien sea
por su impacto, probabilidad de ocurrencia, valor estratégico y/o afectación de
los intereses nacionales.

e) Asignación de responsabilidades. La asignación de responsabilidades en el
Plan debe estar alineada con la misión constitucional y legal, y ser conforme a
las competencias y al principio de especialidad de cada uno de los organismos
que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia.

f) Seguimiento y evaluación. Estará a cargo de la Junta de Inteligencia Conjunta
realizar seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de los
requerimientos de inteligencia y contrainteligencia establecidos en el Plan
Nacional de Inteligencia.

g) Vigencia. El Plan Nacional de Inteligencia tendrá una vigencia de un (1) año
a partir de su adopción.

(Decreto 857 de 2014 artículo 2°)

CAPÍTULO 3

COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN.

Artículo 2.2.3.3.1. Coordinación y Cooperación para el Intercambio de
Información. En el marco del cumplimiento de sus funciones los organismos de
inteligencia y contrainteligencia deberán compartir información de acuerdo con
la misión constitucional, legal y conforme a las competencias y principio de
especialidad. Cada entidad será responsable de manejar la información que se
comparta con la debida reserva y observando los protocolos de seguridad y acceso
de la información establecidos por la Junta de Inteligencia Conjunta JIC.

Cuando se intercambie información con organismos o entidades homólogas de orden
nacional o internacional, los Jefes o Directores de los organismos de
inteligencia y contrainteligencia podrán suscribir los acuerdos, protocolos y/o
memorandos de entendimiento, en los que se deben fijar con claridad los
parámetros que garanticen la reserva legal, la seguridad de la información y las
restricciones legales a la difusión de la misma.

Los acuerdos, protocolos y/o memorandos de entendimiento deberán estar ajustados
a la Constitución, a la Ley 1621 de 2013 y los decretos específicos en materia
de la función y actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Los Jefes y Directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia
podrán suscribir directamente acuerdos, convenios y protocolos con los
organismos homólogos, nacionales e internacionales, en los cuales se garantice
la reserva legal, la seguridad y la protección de la información.

Tratándose de intercambio de información con organismos internacionales se
establecerán y ajustarán los instrumentos internacionales, convenios, tratados y
protocolos para establecer su uso, garantizar la reserva legal, la seguridad de
la misma y evitar la difusión no autorizada a terceros.

(Decreto 857 de 2014 artículo 3°)

Artículo 2.2.3.3.2. Colaboración de otras Entidades Públicas y Privadas en el
Suministro de Información. En el marco de la colaboración y coordinación
interinstitucional, con el fin de requerir información útil y necesaria para la
función de inteligencia y contrainteligencia del Estado, los Jefes o Directores
de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, podrán suscribir
convenios, acuerdos o protocolos interinstitucionales con otras entidades
públicas y privadas, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 42 de la Ley
1621 de 2013.

(Decreto 857 de 2014 artículo 4°)

CAPÍTULO 4

DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, ÓRDENES DE OPERACIONES Y/O
MISIONES DE TRABAJO.

Artículo 2.2.3.4.1. Documentos de Inteligencia y Contrainteligencia. Son
documentos de inteligencia y contrainteligencia todos aquellos originados,
procesados y/o producidos en los organismos de inteligencia y contrainteligencia
con los niveles de clasificación establecidos en el presente Título. Estos
documentos de conformidad con la ley están protegidos por la reserva legal.

Los documentos de inteligencia y contrainteligencia pueden estar contenidos en
medios físicos, digitales o similares, de acuerdo con los desarrollos
científicos o tecnológicos y deben encontrarse bajo la administración,
protección, custodia y seguridad de los organismos de inteligencia y
contrainteligencia, los receptores autorizados o las entidades del Estado que de
acuerdo con la ley deban conocer de ellos.

(Decreto 857 de 2014 artículo 5°)

Artículo 2.2.3.4.2. Protección de los Documentos de Inteligencia y
Contrainteligencia. De conformidad con la ley, los documentos de inteligencia y
contrainteligencia estarán amparados, en todo momento, por la reserva legal en
cualquiera de los niveles de clasificación que se les asigne. La difusión
contenida en estos documentos de inteligencia y contrainteligencia observará los
parámetros y restricciones consagrados en la Constitución, la Ley 1621 de 2013,
el presente Título, los manuales y protocolos que se establezcan al interior de
cada organismo para su adecuada administración, protección, custodia y seguridad
de la información.

(Decreto 857 de 2014 artículo 6°)

Artículo 2.2.3.4.3. Orden de Operaciones y/o Misión de Trabajo. Las órdenes de
operaciones y/o misión de trabajo de inteligencia y contrainteligencia serán los
documentos soportes básicos de las actividades de inteligencia y
contrainteligencia y deberán contener:

a) Marco jurídico. Referencia de las normas legales en que se sustenta.

b) Motivación. Indicará el literal o literales correspondientes del artículo 4°
de la Ley 1621 de 2013 que sustenta o sustentan la actividad de inteligencia o
contrainteligencia. Incluirá la relación entre la actividad de inteligencia, los
fines y la ponderación respecto de los principios consagrados en el artículo 5°
de la Ley 1621 de 2013.

c) Planeamiento de la actividad: Contemplará las actividades, medios y recursos.

d) Dependencia o unidad que desarrollará la operación y/o actividad.

e) Personal que efectuará la misión.

f) Nivel de clasificación del documento.

g) Anexos cuando se consideren pertinentes.

h) Firma del jefe o director del organismo, o jefe o subjefe de unidad, sección
o dependencia, según el equivalente en cada organismo, de conformidad con su
estructura interna y atendiendo los criterios establecidos en el artículo 14 y
15 de la Ley 1621 de 2013. Los Jefes o Directores de los Organismos que integran
la comunidad de inteligencia, deberán establecer por medio de acto
administrativo los niveles de autorización para la emisión de órdenes de
operaciones y/o misiones de trabajo.

i) Vigencia.

Parágrafo. Las órdenes de operaciones y/o misión de trabajo de inteligencia y
contrainteligencia deberán observar los postulados consagrados en la
Constitución, la Ley estatutaria propia de la función de inteligencia y
contrainteligencia, la Ley de gastos reservados, los decretos reglamentarios que
se expidan sobre la materia, la estrategia que en materia de inteligencia emita
el Gobierno Nacional para su periodo constitucional, el Plan Nacional de
Inteligencia, los requerimientos adicionales, los manuales y los demás actos
administrativos correspondientes a inteligencia y contrainteligencia que expidan
los respectivos organismos.

(Decreto 857 de 2014 artículo 7°)

Artículo 2.2.3.4.4. Criterio Orientador de los Informes de Inteligencia
Financiera de la UIAF. Sin perjuicio de la información que obtenga de las
unidades homólogas de inteligencia financiera de otros países y de los reportes
de operaciones sospechosas que por su naturaleza y de acuerdo con las
prescripciones legales reciba la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF), este organismo podrá con base en la información que reciba de los
organismos que hacen parte de la comunidad de inteligencia del Estado, iniciar
una misión de trabajo que dé origen a informes de inteligencia financiera como
criterio orientador con destino a las fiscalías competentes, de conformidad con
el parágrafo del artículo 34 de la Ley 1621 de 2013.

(Decreto 857 de 2014 artículo 8°)

CAPÍTULO 5

MANUALES.

Artículo 2.2.3.5.1. Manuales. Los Jefes o Directores de los organismos que
integran la comunidad de inteligencia establecerán los contenidos, adoptarán y
expedirán los manuales de inteligencia y contrainteligencia en cada uno de sus
organismos, derogando aquellas disposiciones contrarias a la Constitución y a la
Ley 1621 de 2013.

Los manuales deberán ser revisados y actualizados periódicamente, dejando
constancia de la fecha en que se revisan o actualizan, de los cambios que se
efectúan y de la fecha a partir de la cual entran en vigencia las
modificaciones.

Los manuales y los demás documentos que hagan parte de ellos tendrán el nivel de
clasificación que establezca cada organismo y mantendrán la reserva legal, de
acuerdo con la Constitución, la ley estatutaria vigente en materia de
inteligencia y contrainteligencia y el presente Título.

(Decreto 857 de 2014 artículo 9°)

CAPÍTULO 6

RESERVA LEGAL, NIVELES DE CLASIFICACIÓN, SISTEMA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS
NIVELES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Artículo 2.2.3.6.1. Reserva Legal. En los términos del artículo 33 de la Ley
1621 de 2013, los documentos, información y elementos técnicos de los organismos
de inteligencia y contrainteligencia estarán amparados por la reserva legal y se
les asignará un nivel de clasificación de acuerdo con lo establecido en el
siguiente artículo.

(Decreto 857 de 2014 artículo 10)

Artículo 2.2.3.6.2. Niveles de Clasificación de la Información. Los niveles de
clasificación de seguridad de la información que goza de reserva legal serán los
siguientes:

a) Ultrasecreto. Es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los
documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre
posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar al
exterior del país los intereses del Estado o las relaciones internacionales.

b) Secreto. Es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos
de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles
amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar al interior
del país los intereses del Estado.

c) Confidencial. Es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los
documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre
posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar
directamente las instituciones democráticas.

d) Restringido. Es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los
documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información de las
instituciones militares, de la Policía Nacional o de los organismos y
dependencias de inteligencia y contrainteligencia, sobre posibles amenazas,
riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar en las citadas
instituciones y organismos, su seguridad, operaciones, medios, métodos,
procedimientos, integrantes y fuentes.

Parágrafo. Los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan
información relacionada con diferentes niveles de clasificación de seguridad,
asumirán la del nivel más alto que tenga la información contenida en ellos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1621 de 2013, a
mayor nivel de clasificación de seguridad de la información, mayores serán las
restricciones y controles para el acceso a la misma por parte de los receptores,
las autoridades, los servidores públicos y asesores que deban conocer de ella.
Estas restricciones deberán quedar establecidas en actos administrativos,
manuales, protocolos, tarjetas de autorización para manejo y acceso a la
información y contratos respectivos en cada uno de los organismos de
inteligencia y contrainteligencia.

(Decreto 857 de 2014 artículo 11)

Artículo 2.2.3.6.3. Criterios para dar Acceso a La Información. Los organismos
de inteligencia y contrainteligencia para dar acceso interno y externo a la
información que goza de reserva legal y tenga nivel de clasificación, cumplirán
con los siguientes criterios:

a) Mantener el principio de compartimentación a partir de la necesidad de saber
y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es
propia. Así mismo, establecerán un mecanismo interno que determine los niveles
de acceso para cada funcionario o asesor del organismo de inteligencia y
contrainteligencia.

b) Entre mayor sea el nivel de clasificación de la información, mayores serán
las restricciones como los controles que se deben aplicar para tener acceso a
ella.

c) Identificar a los receptores de productos de inteligencia y
contrainteligencia, estableciendo su nivel de acceso.

d) Desarrollar guías y/o protocolos, cuando sea el caso, para recibir, compartir
e intercambiar información de inteligencia y contrainteligencia.

e) Implementar de forma física y/o mediante la utilización de herramientas
tecnológicas, el sistema de acceso a los diferentes niveles de clasificación,
con capacidades de administración, monitoreo y control, con base en los cargos,
perfiles y funciones determinadas en la estructura de cada organismo de
inteligencia y contrainteligencia.

f) Suscribir acuerdos, protocolos o convenios, en los términos de la
Constitución y la Ley, para recibir, compartir o intercambiar información que
goce de reserva legal con agencias de inteligencia y contrainteligencia
extranjeras.

Cada organismo documentará sus procedimientos, en sus manuales o protocolos,
para asegurar la reserva legal, los niveles de clasificación y dar acceso a la
información a las autoridades o receptores competentes.

(Decreto 857 de 2014 artículo 12)

CAPÍTULO 7

SEGURIDAD Y RESTRICCIONES EN LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS E INFORMACIÓN DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.7.1. Seguridad y Restricciones en la Difusión de Productos de
Inteligencia y Contrainteligencia. Los organismos y dependencias de inteligencia
y contrainteligencia deberán para los casos de difusión de productos de
inteligencia y contrainteligencia a los receptores autorizados por la ley,
indicar la reserva legal a la que está sometida la información y expresar, al
receptor autorizado de la misma, si se trata de un producto de inteligencia o
contrainteligencia “de solo conocimiento” o “de uso exclusivo”, teniendo como
referencia las siguientes restricciones para cada caso, así:

a) De solo conocimiento. Es aquel producto de inteligencia y contrainteligencia
que tiene un receptor autorizado por ley, solo para conocimiento directo y,
únicamente, como referencia o criterio orientador para tomar decisiones dentro
de su órbita funcional. El receptor autorizado recibe el producto bajo las más
estrictas medidas de seguridad, reserva legal y protocolos adecuados. El
receptor autorizado no podrá difundir la información contenida en el producto de
inteligencia y contrainteligencia.

b) De uso exclusivo. Es aquel producto de inteligencia y contrainteligencia que
tiene un receptor autorizado por ley, solo para su conocimiento directo y uso
exclusivo. Este producto solo podrá ser empleado como referencia para tomar
decisiones dentro de su órbita funcional. El receptor autorizado recibe el
producto, bajo las más estrictas medidas de seguridad, reserva legal y
protocolos adecuados. El receptor autorizado podrá difundir esta clase de
información bajo su responsabilidad, únicamente, para establecer cursos de
acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines
establecidos en la Constitución y la ley.

En ninguno de los anteriores casos, se podrá revelar fuentes, métodos,
procedimientos, identidad de quienes desarrollan o desarrollaron actividades de
inteligencia y contrainteligencia o poner en peligro la seguridad y defensa
nacional.

Las autoridades competentes y los receptores de productos de inteligencia o
contrainteligencia deberán garantizar, en todo momento, la reserva legal de la
misma.

No se entregarán productos de inteligencia y contrainteligencia a aquellas
autoridades competentes o receptores autorizados que no garanticen, por escrito,
la reserva legal, la seguridad y la protección de la información contenida en
los documentos o informes que les vayan a ser suministrados.

El documento con el cual se traslade la reserva legal de la información, a las
autoridades competentes o receptores autorizados, deberá especificar la
prohibición de emitir copias o duplicados de la misma, alertando sobre las
acciones penales y disciplinarias que acarrea la no observancia de lo consagrado
en la ley.

(Decreto 857 de 2014 artículo 13)

Artículo 2.2.3.7.2. Suministro de Información. Cuando proceda, el organismo de
inteligencia y contrainteligencia, responsable de dar respuesta legal a un
requerimiento de información de inteligencia, deberá verificar previamente que:

a) La solicitud se ajuste a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 1621 de
2013.

b) La respuesta identifique el nivel de clasificación, correspondiente a la
naturaleza del documento o la información que se ponga en conocimiento de la
autoridad competente.

c) La respuesta debe reflejar adecuadamente la valoración de la información, el
uso de términos condicionales y dubitativos, que garantice entre otros la
reserva, el debido proceso, el buen nombre y el derecho a la intimidad.

d) La respuesta cumpla los protocolos de seguridad, acceso y reserva.

e) La respuesta con la información suministrada no debe poner en peligro o
riesgo la seguridad y defensa nacional, y, en los organismos que integran la
comunidad de inteligencia, sus métodos, sus procedimientos, sus medios, sus
fuentes, sus agentes, sus servidores públicos o sus asesores. Los criterios de
valoración y ponderación del presente literal los fijará el Jefe o Director de
cada organismo, según corresponda.

f) La respuesta no debe dar a conocer capacidades, procedimientos, métodos,
medios, elementos técnicos, fuentes, operaciones o actividades de inteligencia o
contrainteligencia.

g) La respuesta debe quedar debidamente registrada para tener la trazabilidad de
la misma. En el documento de respuesta se debe trasladar a las autoridades
competentes o receptores autorizados la reserva legal de la información y
especificar las prohibiciones o restricciones de su difusión, alertando sobre
las acciones penales y disciplinarias que acarrea la no observancia de lo
consagrado en la ley.

(Decreto 857 de 2014 artículo 14)

CAPÍTULO 8

CENTROS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.8.1. Centros de Protección de Datos de Inteligencia y
Contrainteligencia (CPD). Los Jefes o Directores de cada uno de los organismos
de inteligencia y contrainteligencia implementarán y/o adecuarán los CPD y
archivos de inteligencia y contrainteligencia, designando un responsable por
cada CPD en cada una de las dependencias, según su órbita funcional, nivel de
clasificación de la información, desarrollo de la función en sus actividades
estratégicas, operacionales o tácticas, o sus equivalentes, en cada uno de los
organismos que hacen parte de la comunidad de inteligencia.

Los Jefes o Directores de inteligencia y contrainteligencia implementarán un
plan anual de capacitación, para el personal responsable y comprometido en el
ingreso, permanencia, difusión y protección de la información de inteligencia y
contrainteligencia, en los CPD y en los archivos respectivos, que permita dar
cumplimiento a los fines, límites y principios de la Ley 1621 de 2013.

(Decreto 857 de 2014 artículo 15)

Artículo 2.2.3.8.2. Actualización, Corrección y Retiro de Datos y Archivos de
Inteligencia. Para atender lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1621 de
2013, los Jefes o Directores de los organismos de inteligencia y
contrainteligencia crearán un comité para la actualización, corrección y retiro
de datos y archivos de inteligencia.

El comité de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de
inteligencia en cada uno de los organismos que integran la comunidad de
inteligencia, para efectos de fijar los criterios de actualización, corrección y
retiro de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, deberá observar
los límites, fines y principios de los artículos 4° y 5° de la Ley 1621 de 2013.

Una vez conformado el comité de actualización, corrección y retiro de datos y
archivos de inteligencia en cada uno de los organismos que integran la comunidad
de inteligencia, este comité deberá presentar al Jefe o Director del organismo
de inteligencia y contrainteligencia, un primer informe de avance e
implementación dentro de los seis meses siguientes a su conformación y,
posteriormente, el comité presentará un informe periódico, cada cuatro meses, o,
en forma extraordinaria, cuando lo requiera el Jefe o Director del organismo.

(Decreto 857 de 2014 artículo 16)

CAPÍTULO 9

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD E IDENTIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.

Artículo 2.2.3.9.1. Protección de la Identidad. Para garantizar la protección de
la identidad de los servidores públicos que desarrollan actividades de
inteligencia y contrainteligencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en coordinación con las Direcciones y Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas
Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la
Unidad de Información y Análisis Financiero, establecerán mecanismos, manuales
de procedimiento, formas de llevar los registros, trámites ágiles para la
expedición del documento de nueva identidad, control de archivos y bases de
datos, entre otros aspectos, que permitan mantener sistemas adecuados, seguros,
confiables y reservados, a la hora de asignar nueva identidad con cupo numérico
a quienes deban realizar misiones y operaciones de inteligencia y
contrainteligencia previamente autorizadas.

El suministro de nueva identidad solo se realizará previa solicitud escrita del
respectivo Director o Jefe de Inteligencia y contrainteligencia, únicamente para
las personas que él determine y que desarrollen misiones de trabajo en el marco
de los artículos 4° y 5° de la Ley 1621 de 2013.

La nueva identidad solo se suministrará por el tiempo necesario, prorrogable y
controlable por quien autoriza, para cumplir con la misión y garantizar la
protección e integridad del servidor público que en ella participe.

Los Comandantes de Fuerza, las Jefaturas y las Direcciones de los organismos de
inteligencia y contrainteligencia adoptarán los procedimientos administrativos,
académicos y demás que sean necesarios para facilitar la protección de la
identidad funcional e instruir a los servidores públicos que harán uso de ella.

Parágrafo. El Director o Jefe de Inteligencia y contrainteligencia será quien
determine el tiempo necesario y tendrá la potestad de requerir, en el momento
que lo estime pertinente, la cancelación de la nueva identidad, mediante
documento escrito clasificado dirigido al Registrador Nacional del Estado Civil.

(Decreto 857 de 2014 artículo 17)

Artículo 2.2.3.9.2. Medidas de Seguridad. La Registraduría Nacional del Estado
Civil, en coordinación con los organismos de inteligencia y contrainteligencia,
establecerá los protocolos, medidas de seguridad y mecanismos necesarios,
incluyendo estudios de seguridad y pruebas de confiabilidad de los funcionarios
responsables de la administración del sistema de nueva identidad, garantizando
en todo momento y lugar la reserva legal.

(Decreto 857 de 2014 artículo 18)

Artículo 2.2.3.9.3. Mecanismos de Protección para los Servidores Públicos que
desarrollan Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y su Núcleo
Familiar. Para garantizar la debida protección de los servidores públicos
pertenecientes a los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y
contrainteligencia, que con ocasión del cumplimiento de sus funciones y
actividades se vean compelidos a riesgo o amenaza, actual e inminente, contra su
integridad personal o la de su núcleo familiar, las Direcciones y Jefaturas de
Inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Dirección
Nacional de Inteligencia, la UIAF y de los demás organismos de inteligencia y
contrainteligencia que se creen por ley, coordinarán la realización del estudio
técnico de nivel de amenaza o riesgo, para la toma de las decisiones a que haya
lugar, con la dependencia de contrainteligencia, su equivalente o se apoyarán
con otro organismo de la comunidad de inteligencia para tal fin.

El estudio técnico de nivel de amenaza o riesgo, para la toma de decisiones en
materia de protección, se realizará al servidor público perteneciente a un
organismo de inteligencia y contrainteligencia que se encuentre por sus
funciones en situación de amenaza o riesgo, y, cuando sea el caso, se efectuará
al núcleo familiar de dicho servidor, siempre que estén dentro del primer grado
de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero o
compañera permanente.

Los Comandantes de Fuerza, las Jefaturas y las Direcciones de los organismos de
inteligencia y contrainteligencia adoptarán los procedimientos que sean
necesarios para implementar los mecanismos de protección para los servidores
públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia y su
núcleo familiar.

Los Comandantes de Fuerza, los Jefes y los Directores de los organismos de
inteligencia y contrainteligencia adelantarán los trámites legales y las
coordinaciones directas para garantizar las medidas de protección que se estimen
necesarias y pertinentes.

Parágrafo 1°. Las hojas de vida, los perfiles o los datos de los servidores
públicos de inteligencia y contrainteligencia y de los contratistas que lleven a
cabo estas actividades, no deberán ser revelados, incorporados, ni publicados en
páginas y/o portales electrónicos o web u otros medios similares.

Parágrafo 2°. Las autoridades competentes que por razón de sus funciones
conozcan acerca de la identidad y actividades propias de los servidores públicos
de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, deberán garantizar la
reserva legal de dicha información como mecanismo de protección.

(Decreto 857 de 2014 artículo 19)

CAPÍTULO 10

ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD E INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE LOS
ORGANISMOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Artículo 2.2.3.10.1. Estudios de Credibilidad y Confiabilidad. Los estudios de
credibilidad y confiabilidad, son de obligatorio acatamiento y comprenden un
conjunto de actividades, exámenes y/o evaluaciones, orientadas a asegurar los
más altos estándares en materia de seguridad y reserva de la información,
mediante la aplicación de exámenes técnicos o evaluaciones periódicas que
verifiquen la idoneidad, credibilidad y confiabilidad de los servidores públicos
y/o contratistas de los organismos de inteligencia y contrainteligencia y/o de
personas que por razón de sus funciones y actividades tengan que conocer
información con nivel de clasificación.

En este sentido, los estudios de credibilidad y confiabilidad podrán componerse,
entre otros similares, de los siguientes exámenes técnicos que evalúen los
siguientes aspectos:

a) Individual: Verificación administrativa de información y datos, referencias,
anotaciones, antecedentes judiciales, antecedentes disciplinarios, antecedentes
médicos, prueba y evaluación psicotécnica, entrevistas, competencias, prueba
informatizada de integridad y veracidad, examen psicofisiológico de polígrafo.

b) Familiar: Visita domiciliaria y de vecindario.

c) Social: Estudio socioeconómico, referencias personales, profesionales,
laborales, comerciales y financieras.

Cada organismo de inteligencia y contrainteligencia determinará el objeto,
finalidad y alcance de los estudios de credibilidad y confiabilidad, sus
características, ámbito de aplicación, periodicidad, protocolos y procedimientos
de realización y evaluación, privilegiando el interés general y la dignidad de
los evaluados.

Los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán coordinar su
realización con otras dependencias y extenderlos a los procesos y procedimientos
internos en cada institución, siempre que tengan relación directa con las
actividades de inteligencia, contrainteligencia y los demás fines enunciados en
la Ley 1621 de 2013.

Parágrafo 1°. Los organismos que integran la comunidad de inteligencia, cuando
las circunstancias lo requieran, podrán apoyarse entre sí o con organismos
homólogos internacionales, para la coordinación y realización de estudios de
credibilidad y confiabilidad, con el fin de optimizar las fortalezas
institucionales en materia de conocimiento específico, recursos humanos y
recursos técnicos especializados.

Para la aplicación de las pruebas de credibilidad y confianza, el nivel de
acceso a la información que se haya dado al funcionario y el nivel que posea
para la autorización de cada operación o misión de trabajo, cuando fuere el
caso, serán factores decisivos para el diseño e implementación del conjunto de
exámenes a practicar al funcionario.

Parágrafo 2°. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia desarrollarán
protocolos internos para la aplicación de las pruebas de credibilidad y
confiabilidad, cuando se trate de actividades específicas, de apoyo dirigido a
la recolección de información a través de fuentes humanas y, de la dirección,
orientación y coordinación de equipos especializados de inteligencia,
contrainteligencia o asuntos internos, entre otros.

(Decreto 857 de 2014 artículo 20)

CAPÍTULO 11

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.2.3.11.1. Programas de Formación y Capacitación del Personal de
Inteligencia y Contrainteligencia. Los organismos de inteligencia y
contrainteligencia, en el marco de su naturaleza jurídica crearán, orientarán
y/o implementarán programas académicos para formar, instruir, capacitar
periódicamente a los servidores públicos que cumplan funciones relacionadas con
las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y expedirán los
certificados de idoneidad y las constancias sobre el desarrollo y aprobación de
dichos programas.

Parágrafo. Para asegurar la formación, instrucción, capacitación y
adiestramiento de los servidores públicos, los organismos que integran la
comunidad de inteligencia podrán apoyarse entre sí o con otras entidades del
orden nacional o internacional.

(Decreto 857 de 2014 artículo 21)

Artículo 2.2.3.11.2. Asignación Presupuestal. Los organismos de inteligencia y
contrainteligencia que conforman la comunidad de inteligencia tramitarán la
partida presupuestal – Gastos Generales – Gastos Reservados con cargo a su
asignación presupuestal, observando el conducto regular, a fin de atender las
diferentes actividades de inteligencia y contrainteligencia asignadas de
conformidad con su marco legal.

(Decreto 857 de 2014 artículo 22)

CAPÍTULO 12.

Nota: Capítulo 12 adicionado por el Decreto 2149 de 2017, artículo 1º.

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE DEPURACIÓN DE DATOS Y ARCHIVOS
DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

SECCIÓN 1

DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPURACIÓN DE DATOS Y ARCHIVOS DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Artículo 2.2.3.12.1.1. Del Sistema Nacional de Depuración de Datos Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia. Créase el Sistema Nacional de Depuración de
Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, denominado – “SND”, como
un conjunto de instancias, orientaciones, actividades, recursos, definiciones,
programas e instituciones que permiten la aplicación de los principios generales
y las disposiciones sobre actualización, corrección y retiro de datos y archivos
de inteligencia y contrainteligencia.

Artículo 2.2.3.12.1.2. Estructura del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. El Sistema Nacional de Depuración
“SND” estará conformado por un Consejo Directivo, un Consejo Técnico, un Consejo
Operativo.

SECCIÓN 2

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 2.2.3.12.2.1. Del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Depuración
de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. El Consejo Directivo
del Sistema Nacional de Depuración “SND” lo conformarán:

1. El o la Ministro (a) del Interior o su delegado (a).

2. El o la Ministro (a) de Relaciones Exteriores o su delegado (a).

3. El o la Ministro (a) de Defensa Nacional o su delegado (a) quien lo
presidirá;

4. El o la Ministro (a) de Justicia y del Derecho o su delegado (a).

5. El o la Ministro (a) de Hacienda y Crédito Público o su delegado (a).

6. El o la Ministro (a) de Cultura o su delegado (a).

7. El o la Director (a) del Departamento Administrativo “Dirección Nacional de
Inteligencia” o su delegado (a).

Parágrafo 1°. Los delegados asignados por los titulares tendrán voz y voto en
las reuniones.

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo del Sistema “SND” se reunirá cada seis (6)
meses o en forma extraordinaria cuando lo estimen pertinente.

Parágrafo 3°. La documentación que se genere con ocasión de las actividades del
Consejo Directivo del “SND” estará bajo la responsabilidad y custodia de su
secretaría técnica.

Parágrafo 4°. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y
la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las funciones
Constitucionales y legales que les corresponden, podrán designar un o una
delegado (a) para que asistan como invitados a las reuniones del Consejo
Directivo, sin derecho a voto en las sesiones.

Artículo 2.2.3.12.2.2 De la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia tendrá una secretaría técnica, a cargo del
Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de
Defensa Nacional.

Artículo 2.2.3.12.2.3. De las funciones del Consejo Directivo del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia tendrá las siguientes funciones:

1. Unificar y expedir las políticas para adelantar el proceso de depuración de
datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

2. Garantizar la existencia de un informe preliminar que permita conocer cifras
aproximadas acerca del estado actual de los archivos de inteligencia y
contrainteligencia, en especial, volumen de archivos físicos y digitales,
posibles costos del proceso de actualización, corrección y retiro de datos y
archivos, recurso humano disponible, recurso humano requerido, equipos, técnicas
o tecnologías necesarias para su implementación, espacios físicos presentes y
futuros, parámetros de adecuación de los repositorios y/o lugares de depósito,
que permitan la adopción de decisiones al interior del presente Sistema.

3. Coordinar las correspondientes acciones, a nivel nacional, que permitan con
eficacia y eficiencia adoptar medidas para que los organismos de inteligencia y
contrainteligencia desarrollen adecuadamente las labores del proceso de
depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

4. Fijar parámetros para el tratamiento adecuado de los documentos de
inteligencia,

contrainteligencia y gastos reservados del extinto D.A.S., que se encuentran en
custodia del Archivo General de la Nación.

5. Establecer los mecanismos de entrega, recepción, custodia, niveles y
protocolos de acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia que
sean retirados, fijando procedimientos que garanticen durante todo el proceso de
depuración observar el ordenamiento jurídico, en especial, el derecho al buen
nombre, la honra, la vida e integridad de todas las personas, el debido proceso,
la memoria histórica, la reserva legal de la información, los receptores legales
y los protocolos de seguridad de la misma.

6. Presentar a la Procuraduría General de la Nación, a partir de la puesta en
marcha del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia, un informe anual sobre la implementación del mismo.

7. Comunicar al Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia las decisiones adoptadas para su
implementación.

8. Establecer su reglamento interno.

9. Las demás que defina el señor Presidente de la República.

Parágrafo 1°. Las reuniones, deliberaciones, actos y documentos del Consejo
Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia
y Contrainteligencia, gozarán de reserva legal por tratarse de asuntos
relacionados con inteligencia, contrainteligencia, defensa y seguridad nacional,
para lo cual se firmarán en todas la reuniones las actas de compromiso de
reserva legal de la información, por parte de los asistentes. En materia de
reserva legal se debe observar lo consagrado en la Ley 1621 de 2013.

Artículo 2.2.3.12.2.4. De las funciones de la Secretaria Técnica del Consejo
Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia
y Contrainteligencia. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia
tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar las comunicaciones de convocatoria a las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Consejo Directivo del “SND”.

2. Elaborar, hacer firmar, registrar, archivar y custodiar las actas de las
reuniones del Consejo Directivo.

3. Elaborar, hacer firmar, registrar, archivar y custodiar las actas de
compromiso de reserva legal de la información a todos los asistentes a las
reuniones del Consejo Directivo del “SND”.

4. Tener bajo su responsabilidad y custodia la documentación relacionada con las
actividades del Consejo Directivo del “SND”.

5. Comunicar al Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia las decisiones que adopte el
Consejo Directivo del “SND”.

6. Las demás que le asigne el Consejo Directivo del “SND”.

SECCIÓN 3

DEL CONSEJO TÉCNICO

Artículo 2.2.3.12.3.1. Del Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de
Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. El Consejo Técnico del
Sistema Nacional de Depuración “SND” lo conformarán:

1. El o la Jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del
Comando General de las Fuerzas Militares o la dependencia que haga sus veces, o
su delegado (a), quien lo presidirá;

2. El o la Jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
del Ejército – CEDE2, o la dependencia que haga sus veces, o su delegado (a).

3. El o la Jefe de Inteligencia Naval, la dependencia que haga sus veces, o su
delegado (a).

4. El o la Jefe de Inteligencia Aérea, la dependencia que haga sus veces, o su
delegado (a).

5. El o la Director (a) de Inteligencia Policial, la dependencia que haga sus
veces, o su delegado (a).

6. El o la Director (a) de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia o
la dependencia que haga sus veces, del Departamento Administrativo “Dirección
Nacional de Inteligencia”, o su delegado (a).

7. El o la Director (a) de la Unidad de Información y Análisis Financiero
(U.I.A.F.), o su delegado (a).

Parágrafo 1°. Los delegados asignados por los titulares tendrán voz y voto en
las reuniones.

Parágrafo 2°. El Consejo Técnico del Sistema “SND” se reunirá cada tres (3)
meses o en forma extraordinaria cuando lo estimen pertinente.

Parágrafo 3°. La documentación que se genere con ocasión de las actividades del
Consejo Técnico del “SND” estará bajo la responsabilidad y custodia de su
secretaría técnica.

Artículo 2.2.3.12.3.2. De la Secretaria Técnica del Consejo Técnico del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
El Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia tendrá una secretaría técnica, a cargo del
Director de Producción Estratégica (DIPES), de la Jefatura de Inteligencia y
Contrainteligencia Militar Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares
o quien haga sus veces.

Artículo 2.2.3.12.3.3. De las funciones del Consejo Técnico del Sistema Nacional
de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. El
Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia tendrá las siguientes funciones:

1. Adoptar las políticas o directrices que imparta el Consejo Directivo del
Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia.

2. Presentar al Consejo Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, los informes que le sean
requeridos.

3. Impartir instrucciones a los organismos que integran la comunidad de
inteligencia, para poner en marcha las políticas que fije el Consejo Directivo
del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia, que permitan a nivel nacional adoptar con eficacia y
eficiencia las medidas para que los organismos de inteligencia y
contrainteligencia desarrollen adecuadamente las labores del proceso de
depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

4. Presentar recomendaciones al Consejo Directivo del Sistema Nacional de
Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, para
adelantar de forma adecuada el proceso de depuración.

5. Adoptar las acciones correspondientes para observar los parámetros que
establezca el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, para el tratamiento adecuado de
los documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del
extinto D.A.S., que se encuentran en custodia del Archivo General de la Nación.

6. Unificar criterios con los organismos de inteligencia y contrainteligencia,
para la elaboración de los formatos correspondientes a la entrega, recepción,
custodia, niveles y protocolos de acceso a los archivos de inteligencia y
contrainteligencia que sean retirados, fijando procedimientos que garanticen
durante todas las etapas del proceso de depuración, observar el ordenamiento
jurídico, en especial, el derecho al buen nombre, la honra, la vida e integridad
de todas las personas, el debido proceso, la memoria histórica, la reserva legal
de la información, los receptores legales y los protocolos de seguridad de la
misma.

7. Comunicar al Consejo Operativo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia las decisiones adoptadas para su
implementación.

8. Establecer su reglamento interno.

9. Las demás que defina el Señor Presidente de la República.

Parágrafo 1°. Las reuniones, deliberaciones, actos y documentos del Consejo
Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia, gozarán de reserva legal por tratarse de asuntos
relacionados con inteligencia, contrainteligencia, defensa y seguridad nacional,
para lo cual se firmarán en todas la reuniones las actas de compromiso de
reserva legal de la información, por parte de los asistentes. En materia de
reserva legal se debe observar lo consagrado en la Ley 1621 de 2013.

Artículo 2.2.3.12.3.4. De las funciones de la Secretaria Técnica del Consejo
Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia. La Secretaría Técnica del Consejo Técnico del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia
tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar las comunicaciones de convocatoria a las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Consejo Técnico del “SND”.

2. Elaborar, hacer firmar, registrar, archivar y custodiar las actas de las
reuniones del Consejo Técnico.

3. Elaborar, hacer firmar, registrar, archivar y custodiar las actas de
compromiso de reserva legal de la información a todos los asistentes a las
reuniones del Consejo Técnico del “SND”.

4. Tener bajo su responsabilidad y custodia la documentación relacionada con las
actividades del Consejo Técnico del “SND”.

5. Comunicar al Consejo Operativo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia las decisiones que adopte el
Consejo Directivo y el Consejo Técnico del “SND”.

6. Las demás que le asigne el Consejo Técnico del “SND”.

SECCIÓN 4

DEL CONSEJO OPERATIVO

Artículo 2.2.3.12.4.1. Del Consejo Operativo del Sistema Nacional de Depuración
de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. El Consejo Operativo
del Sistema Nacional de Depuración “SND” lo conformarán:

1. El o la responsable del Centro de Protección de Datos por cada uno de los
organismos de inteligencia y contrainteligencia.

2. Un o una representante de los Comités de actualización, corrección y retiro
por cada uno de los organismos de inteligencia y contrainteligencia.

3. Un asesor jurídico de cada organismo de inteligencia y contrainteligencia.

4. Un o una representante de los equipos interdisciplinarios para la depuración
de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, que se conformen en
cada uno de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, como apoyo a
los Comités de actualización, corrección y retiro.

5. Un o una representante experto (a) en archivos de inteligencia y
contrainteligencia por cada uno de los organismos de inteligencia y
contrainteligencia.

6. Un delegado del Archivo General de la Nación, quien asesora técnicamente en
materia archivística y de gestión documental al Consejo Operativo, acorde a la
normatividad vigente.

Parágrafo 1°. Los delegados asignados por cada organismo que integra la
comunidad de inteligencia tendrán voz y voto en las reuniones.

Parágrafo 2°. El Consejo Operativo del Sistema “SND” se reunirá al menos una vez
al mes o en forma extraordinaria cuando lo estimen pertinente.

Parágrafo 3°. La documentación que se genere con ocasión de las actividades del
Consejo Operativo del “SND” estará bajo la responsabilidad y custodia de su
secretaría técnica.

Artículo 2.2.3.12.4.2. De la Secretaria Técnica del Consejo Operativo del
Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia. El Consejo Operativo del Sistema Nacional de Depuración de
Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia tendrá una secretaría
técnica, a cargo del responsable del Centro de Protección de Datos de la
Dirección de Inteligencia Policial.

Artículo 2.2.3.12.4.3. De las funciones del Consejo Operativo del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
El Consejo Operativo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia tendrá las siguientes funciones:

1. Elegir entre sus integrantes, un o una delegado (a) que presidirá el Consejo
Operativo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia
y Contrainteligencia.

2. Adoptar las políticas o directrices que imparta el Consejo Directivo y el
Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de
Inteligencia y Contrainteligencia.

3. Presentar al Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición de este Capítulo, un informe preliminar que permita
conocer cifras aproximadas acerca del estado actual de los archivos de
inteligencia y contrainteligencia, en especial, volumen de archivos físicos y
digitales, posibles costos del proceso de actualización, corrección y retiro de
datos y archivos, recurso humano disponible, recurso humano requerido, equipos,
técnicas o tecnologías necesarias para su implementación, espacios físicos
presentes y futuros, parámetros de adecuación de los repositorios y/o lugares de
depósito, que permitan la adopción de decisiones al interior del presente
Sistema.

4. Presentar al Consejo Técnico del Sistema Nacional de Depuración de Datos y
Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia los informes que le sean
requeridos.

5. Impartir instrucciones en cada uno de los organismos de inteligencia y
contrainteligencia, para poner en marcha las políticas que fije el Consejo
Directivo y las directrices del Consejo Técnico del Sistema Nacional de
Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, que
permitan a nivel nacional adoptar con eficacia y eficiencia las medidas para que
los organismos de inteligencia y contrainteligencia desarrollen adecuadamente
las labores del proceso de depuración de datos y archivos de inteligencia y
contrainteligencia.

6. Presentar recomendaciones al Consejo Técnico del Sistema Nacional de
Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, para
adelantar de forma adecuada el proceso de depuración.

7. Adoptar las acciones correspondientes para observar los parámetros que
establezcan tanto el Consejo Directivo como el Consejo Técnico del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.

8. Aplicar los formatos correspondientes a la entrega, recepción, custodia,
niveles y protocolos de acceso a los archivos de inteligencia y
contrainteligencia que sean retirados, así como observar los procedimientos que
garanticen durante todas las etapas del proceso de depuración, acatar el
ordenamiento jurídico, en especial, el derecho al buen nombre, la honra, la vida
e integridad de todas las personas, el debido proceso, la memoria histórica, la
reserva legal de la información, los receptores legales y los protocolos de
seguridad de la misma.

9. Establecer su reglamento interno.

10. Las demás que defina el señor Presidente de la República.

Parágrafo 1°. Las reuniones, deliberaciones, actos y documentos del Consejo
Operativo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia
y Contrainteligencia, gozarán de reserva legal por tratarse de asuntos
relacionados con inteligencia, contrainteligencia, defensa y seguridad nacional,
para lo cual se firmarán en todas las reuniones las actas de compromiso de
reserva legal de la información, por parte de los asistentes. En materia de
reserva legal se debe observar lo consagrado en la Ley 1621 de 2013.

Artículo 2.2.3.12.4.4. De las funciones de la Secretaria Técnica del Consejo
Operativo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia
y Contrainteligencia. La Secretaría Técnica del Consejo Operativo del Sistema
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de inteligencia y Contrainteligencia
tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar las comunicaciones de convocatoria a las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Consejo Operativo del “SND”.

2. Elaborar, hacer firmar, registrar, archivar y custodiar las actas de las
reuniones del Consejo Operativo.

3. Elaborar, hacer firmar, registrar, archivar y custodiar las actas de
compromiso de reserva legal de la información a todos los asistentes a las
reuniones del Consejo Operativo del “SND”.

4. Tener bajo su responsabilidad y custodia la documentación relacionada con las
actividades del Consejo Operativo del “SND”.

5. Comunicar a los integrantes del Consejo Operativo del Sistema Nacional de
Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia las
decisiones que adopte el Consejo Directivo y el Consejo Técnico del “SND”.

6. Las demás que le asigne el Consejo Operativo del “SND”.

SECCIÓN 5

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2.2.3.12.5.1. Conformación de equipos interdisciplinarios. Cada uno de
los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrá conformar equipos
interdisciplinarios integrados por expertos en las siguientes disciplinas:
archivística, sociología, memoria histórica, inteligencia, contrainteligencia,
derecho, derechos humanos, derecho internacional humanitario, politólogos,
relaciones internacionales, economía, finanzas, entre otras ciencias o
disciplinas académicas que se requieran, con el fin que sirvan de apoyo al
proceso de actualización, corrección y retiro, en especial, para que efectúen el
estudio, revisión, evaluación y emisión del concepto correspondiente de aquellos
datos o archivos que se deban retirar, así como para la construcción de las
versiones editadas que sean requeridas por las autoridades competentes, cuando
la información que goza de reserva legal deba ser anonimizada, en especial,
fuentes, agentes, medios, métodos, procesos, procedimientos y en aquellos casos
que puedan poner en riesgo la vida o integridad de los ci udadanos.

Artículo 2.2.3.12.5.2. Designación de los funcionarios de enlace en cada uno de
los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Cada organismo de
inteligencia y contrainteligencia de la comunidad de inteligencia designará un
(1) funcionario responsable de las coordinaciones y enlaces que se requieran
para garantizar la entrega y traslado de la reserva legal de la información, a
los receptores legales, de los archivos de inteligencia y contrainteligencia que
deban ser r etirados.

Artículo 2.2.3.12.5.3. Criterios para los procedimientos de actualización,
corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.
Los organismos de inteligencia y contrainteligencia que conforman la comunidad
de inteligencia deberán observar los siguientes criterios:

1. Se deberá garantizarla reserva legal de la información durante todo el
proceso de depuración.

2. Las tareas que se adelanten deberán obedecer a un cronograma con metodologías
que permitan adelantar los procedimientos de revisión tomando los datos o
archivos de inteligencia más recientes y continuar la tarea en forma regresiva
hasta los más antiguos.

3. La revisión de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia debe
realizarse teniendo como referencia el contexto en el cual se desarrolló el
ciclo de inteligencia y la conexión de la información a una amenaza,
potencialidad, capacidad o riesgo para el Estado.

4. Se deberán conservar los datos o archivos de inteligencia y
contrainteligencia en las condiciones que se originaron, de tal forma, que no
perjudique las condiciones relativas a las dinámicas propias de las amenazas,
potencialidades, capacidades y riesgos en materia de seguridad y defensa
nacional, para lo cual se podrá recurrir a formatos, actas o registros que den
fe de la revisión.

5. Los procedimientos que se adelanten sobre datos o archivos de inteligencia y
contrainteligencia no podrán poner en riesgo los fines esenciales del Estado,
los intereses nacionales, la vigencia del régimen democrático, la integridad
territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación.

6. Los procedimientos que se adelanten sobre datos o archivos de inteligencia
contrainteligencia deberán proteger las instituciones democráticas de la
República, así como los derechos de las personas residentes en Colombia y de los
ciudadanos colombianos en todo tiempo y lugar –en particular los derechos a la
vida y la integridad personal– frente a amenazas tales como el terrorismo el
crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados, el lavado de activos, y
otras amenazas similares.

7. Los procedimientos que se adelanten sobre datos o archivos de inteligencia y
contrainteligencia deberán protegerlos recursos naturales y los intereses
económicos de la Nación.

8. La forma en que los procedimientos de actualización, corrección y retiro se
adelanten y registren en cada organismo de inteligencia y contrainteligencia, se
adoptará teniendo en cuenta los recursos humanos, científicos, técnicos,
tecnológicos y presupuestales disponibles.

Artículo 2.2.3.12.5.4. Protocolo para la actualización, corrección y retiro de
datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia. Los organismos de
inteligencia y contrainteligencia que conforman la comunidad de inteligencia
deberán:

1. Elaborar y adoptar formatos internos para actualizar, corregir y retirar
datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

2. Elaborar la relación y actas respectivas de entrega y recibo de aquellos
datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean r etirados.

3. Hacer entrega al Archivo General de la Nación de los datos y archivos de
inteligencia y contrainteligencia que sean retirados, dejando constancia de la
trazabilidad del proceso, trasladando la reserva legal de la información y
protegiendo aquellos datos y archivos que puedan poner en riesgo fuentes,
agentes, medios, procesos y procedimientos de los organismos de inteligencia y
contrainteligencia.

Artículo 2.2.3.12.5.5. Entrega de datos y archivos de inteligencia y
contrainteligencia que sean retirados. Cada uno de los organismos de
inteligencia y contrainteligencia que conforman la comunidad de inteligencia
deberá entregar los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que
sean retirados, al Archivo General de la Nación, para su administración,
custodia y preservación, trasladando la reserva legal de la información retirada
y protegiendo aquellos datos que puedan poner en riesgo la seguridad y defensa
nacional, fuentes, agentes, medios, métodos, procesos o procedimientos de
inteligencia y contrainteligencia.

Artículo 2.2.3.12.5.6. Recibo, acceso y protección de los datos y archivos de
inteligencia y contrainteligencia que sean retirados. El Archivo General de la
Nación recibirá de los organismos de inteligencia y contrainteligencia aquellos
datos y archivos que éstos hayan retirado, previa comunicación escrita en la que
el Archivo General de la Nación manifieste a los organismos de inteligencia y
contrainteligencia que existen las condiciones de espacio físico, seguridad y
conservación adecuadas, indicando a estos el lugar al que deben ser llevados los
datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia retirados. El Archivo
General de la Nación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la puesta en
marcha del Sistema de Depuración, establecerá los protocolos, niveles,
trazabilidad y controles de acceso a los datos y archivos de inteligencia y
contrainteligencia retirados, con destino a las autoridades competentes y
receptores legales autorizados por la ley para el cumplimiento de sus fines,
observando lo consagrado tanto en la Ley 1621 de 2013 como en la Ley 1712 de
2014.

El Archivo General de la Nación establecerá los protocolos de seguridad y
trazabilidad correspondientes al acceso y consulta que autorice a los datos y
archivos de inteligencia y contrainteligencia retirados, dejando constancia de
la autoridad o receptor legal competente que los requirió, fecha, hora, forma de
entrega de las copias controladas, disposición final de los documentos y
traslado de la reserva legal de la información. El Archivo General de la Nación
en la administración, custodia, conservación, autorización de acceso y
expedición de copias controladas de los datos y archivos de inteligencia y
contrainteligencia retirados, observará el ordenamiento jurídico, en especial,
garantizará el derecho al buen nombre, la honra, la vida e integridad de todas
las personas, la seguridad y defensa nacional, fuentes, agentes, medios,
métodos, procesos o procedimientos de inteligencia y contrainteligencia, el
debido proceso, la memoria histórica, la reserva legal de la información, los
receptores legales y los protocolos de seguridad de la misma.

El efecto presupuestal que se deriva de la aplicación de los artículos
2.2.3.12.5.5., 2.2.3.12.5.6. y 2.2.3.12.5.7, será asumido por cada uno de los
organismos que integran la comunidad de inteligencia y, cuando se requiera, cada
organismo en relación con los archivos que deba retirar podrá suscribir un
convenio con el Archivo General de la Nación.

Artículo 2.2.3.12.5.7. Archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos
reservados del extinto D.A.S. El Archivo General de la Nación mantendrá la
custodia de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados
del extinto DAS. Para los trámites de acceso y consulta de la documentación
correspondiente a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos
reservados del extinto DAS, será la Dirección Nacional de Inteligencia la
autoridad competente para autorizar el acceso o consulta de los mencionados
archivos.

El acceso y consulta de la documentación de los archivos de inteligencia,
contrainteligencia y gastos reservados del extinto D.A.S., estará sujeta a la
reserva legal en los términos establecidos en la Constitución y la ley. En este
sentido, sólo se dará acceso o permitirá la consulta de esta información a las
autoridades judiciales que dentro de un proceso judicial la soliciten o los
entes de control que la requieran para el cumplimiento de su misión
Constitucional o legal. La Dirección Nacional de Inteligencia acogerá o
elaborará los protocolos de seguridad necesarios para las actividades de acceso
y consulta de la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos
reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

TÍTULO 4

ARMAS Y MUNICIONES

CAPÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 2535 DE 1993

Artículo 2.2.4.1.1. Armas Autorizadas. En desarrollo del parágrafo 2° del
artículo 8° del Decreto 2535 de 1993, las armas, municiones de guerra o de uso
privativo de la Fuerza Pública, que pueden portar los miembros de los organismos
nacionales de seguridad o cuerpos oficiales armados de carácter permanente
creados o autorizados por la ley, son las siguientes:

a) Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm. (38 pulgadas);

b) Pistolas de funcionamiento semiautomático o automático y subametralladoras.

Parágrafo 1°. Excepcionalmente, la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación, y el Instituto Nacional Penitenciario
(INPEC), podrán poseer armas largas como fusiles y carabinas, previa
autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo 2°. El permiso para porte de las armas a que se refiere el presente
artículo se expedirá por las autoridades competentes, hasta por diez (10) años.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 1°)

Artículo 2.2.4.1.2. Autorización. Conforme al parágrafo 3° del artículo 9° del
Decreto 2535 de 1993, el Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional,
podrá autorizar el porte de armas de uso restringido así:

a) Hasta dos (2) armas por persona natural, siempre y cuando demuestre a través
de elementos probatorios las circunstancias de que trata el literal c) del
artículo 34 del Decreto 2535 de 1993;

b) Los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública en servicio activo, dos
armas;

c) Miembros del Nivel Ejecutivo y agentes de la Policía Nacional en servicio
activo, un arma;

d) Los departamentos de Seguridad podrán tener un arma por cada cinco miembros,
sin que las mismas puedan exceder cuatro por escolta, en desempeño y ejercicio
de sus actividades como tal.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 2°)

Artículo 2.2.4.1.3. Transporte. En virtud de lo previsto en el artículo 18 del
Decreto 2535 de 1993, para el transporte de un lugar a otro de las armas con
permiso de tenencia y sus municiones, para reparación, prácticas de polígono,
deportivas o de caza en sitios autorizados, deberán observarse las siguientes
condiciones de seguridad:

a) Llevar consigo el permiso de tenencia vigente;

b) Llevar el arma y proveedor descargados, en diferentes embalajes.

Parágrafo. Los socios de Clubes de Tiro afiliados a la Federación Colombiana de
Tiro y Caza y los Coleccionistas de armas para efectos del presente artículo,
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Llevar consigo el permiso de tenencia vigente.

b) Llevar consigo el carné de afiliación vigente, expedido por la Federación
Colombiana de Tiro y Caza o la credencial que los acredite como coleccionistas.

c) Llevar el arma y proveedor descargados, en diferentes embalajes.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 3°)

Artículo 2.2.4.1.4. Coleccionistas y Deportistas. A los coleccionistas y
deportistas debidamente registrados, por índole de su afición o práctica
deportiva, se les expedirán permisos de tenencia.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, las armas de fabricación anterior al
año 1900, no requieren permiso de tenencia ni de porte, sin embargo deberán
tener credencial expedida por el Comando General de las Fuerzas Militares.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 4°)

Artículo 2.2.4.1.5. Polígonos. Establécense los siguientes requisitos para la
instalación de polígonos, a que hace referencia el artículo 30 del Decreto 2535
de 1993:

1. Solicitud motivada dirigida al Comandante General de las Fuerzas Militares,
con los siguientes datos.

a) Nombre, apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y dirección del
solicitante;

b) Localización exacta del lugar en donde se proyecta instalar el polígono.

2. Certificado judicial vigente.

3. Concepto favorable expedido por la respectiva autoridad militar con
jurisdicción, de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 del 1993, en el que
indique que el lugar donde se pretende instalar el polígono, reúne las
condiciones estipuladas en el Manual que para el efecto posee el Ejército
Nacional; así como también que el personal que prestará sus servicios en el
polígono reúne condiciones de idoneidad en el manejo y conservación de armas.

4. Apertura de un libro, foliado y registrado en el Departamento Control,
Comercio Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas
Militares, con todos los datos necesarios de la persona que utiliza el polígono
(fecha, hora, nombre y apellidos completos, dirección, teléfono, cantidad de
munición, etc.). Este libro será revisado en los cinco primeros días de cada mes
por la autoridad militar de su residencia.

5. Concepto expedido por la autoridad civil respectiva, en el que se indique que
la instalación del polígono en su jurisdicción, en nada afecta la tranquilidad y
seguridad públicas.

6. Todo polígono debe tener un Administrador responsable, quien deberá acreditar
idoneidad en el manejo de armas, debidamente inscrito en la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada como Asesor de Seguridad.

El permiso de funcionamiento del polígono tendrá validez por tres (3) años
prorrogables.

Para la prórroga se requieren los conceptos favorables a que hacen relación los
numerales 3 y 5 del presente artículo.

Una vez reunidos los requisitos exigidos, el Comando General por conducto de la
Jefatura del Departamento Control Comercio armas, Municiones y Explosivos,
otorgará la respectiva Licencia, si lo estimaré pertinente.

En las instalaciones de polígonos queda totalmente prohibido vender municiones o
accesorios, sin la autorización de la Industria Militar, así como el consumo y
venta de bebidas embriagantes.

Del polígono únicamente podrán hacer uso, las personas que tengan vigente el
permiso de porte o tenencia y aquellas que desarrollen programas de
entrenamiento de Seguridad Privada conforme al artículo 2.2.4.1.23., del
presente Capítulo.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 5°)

Artículo 2.2.4.1.6. Sesiones. El Comité de Armas del Ministerio de Defensa
Nacional a que se refiere el artículo 31 del Decreto 2535 del 1993, se reunirá
ordinariamente una vez al mes, previa convocatoria del Secretario del Comité y
extraordinariamente, a solicitud de cualquiera de los miembros del mismo por
conducto del Secretario.

La Secretaría del Comité será desempeñada por el Jefe del Departamento de
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares.

A las sesiones del Comité, podrán asistir en calidad de invitados personas cuyos
conocimientos tengan afinidad con los temas que se van a debatir, previa
citación del Secretario del Comité.

El Comité podrá sesionar válidamente con la asistencia de cinco de sus miembros
y de las decisiones se tomarán la mayoría.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 6°)

Artículo 2.2.4.1.7. Expedición y Revalidación de Permisos. El Comité de armas
del Ministerio de Defensa Nacional, estudiará y decidirá sobre todas las
peticiones que se formulen, por conducto de la autoridad militar competente,
para expedir y revalidar permisos para tenencia y para porte, en relación con
armas, municiones y explosivos de uso restringido. Para tales fines, además de
las atribuciones señaladas por la Ley, cumplirá las siguientes funciones:

a) Decidir, previo concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, sobre la autorización para expedir el permiso de tenencia o
porte de armas de uso restringido, a las empresas, personas o entidades que se
encuentren inscritas y reguladas por aquella Superintendencia.

b) Decidir sobre las solicitudes que tengan como finalidad obtener los permisos
de porte de armas de uso restringido, a quienes demuestren estar incursos en las
circunstancias contempladas en el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de
1993, de conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 23 del
mismo Decreto.

c) Conceptuar sobre la suspensión y cancelación de los permisos para porte o
parra tenencia, a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales;

d) Recomendar a las autoridades militares competentes la suspensión provisional
de venta de armas, municiones y explosivos, cuando a su juicio estime necesario
tal medida, para la preservación del orden público y la seguridad ciudadana;

e) Recomendar políticas generales en materia de adquisición de armas y sobre la
venta de municiones y explosivos, y recomendar políticas generales en materia de
importación y exportación de armas, municiones y explosivos.

f) Expedir el reglamento para adelantar el control sobre los elementos
requeridos para uso industrial, que sin serlo individualmente, en conjunto,
conformar sustancias explosivas y sobre los elementos que sin serlo de manera
original, mediante un proceso pueden transformarse en explosivos.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 7°)

Artículo 2.2.4.1.8. Certificado Médico. Para los efectos previstos en el ordinal
d) del artículo 33 del Decreto 2535 de 1993, establécense como causales de no
expedición del certificado médico su aptitud psicofísica para el uso de armas
las siguientes:

1. VISTA.

a) Visión monocular: Agudeza visual del ojo único de dos tercios, con o sin
gafas o lentes de contacto.

b) Visión binocular: Agudeza visual menor de dos tercios en cada uno de los
ojos, o un medio en el peor y dos tercios en el ojo fijador, con o sin gafas o
son lentes de contacto.

c) Hemeralopía: No se Admite.

d) Escotomas centrales: No son admisibles.

e) Arreflexia fotomotora: No es admisible.

f) Existencia de nistagmus.

g) Enfermedades de ambos ojos o del ojo fijador, así como procesos generales que
pudieran por su evolución reducir la visión, hasta el defecto señalado en los
literales anteriores.

2) OÍDO.

a) Hipoacusias, con o sin audífono, de más de treinta y cinco por ciento de
pérdida combinada entre los dos oídos, realizando audimetría tonal y obteniendo
el índice de la pérdida combinada.

b) Cualquier alteración del equilibrio manifiesta en el momento del
reconocimiento, mientras subsiste el padecimiento causal.

c) Epilepsia en cualquiera de sus formas y momento evolutivo.

d) Cuadros exclusivos o espásticos de cualquier etiología,

e) Temblor intencional o de grandes oscilaciones. Todos los procesos que
produzcan movimientos amplios de cabeza, tronco y extremidades.

f) Afecciones de los músculos o del sistema nervioso central o periférico, que
produzcan deficiencia motora o de incoordinación, en los miembros superiores o
pérdida de fuerza ostensible.

g) Toda clase de hipertensiones intracraneales.

3. ESTADO MENTAL.

a) Afectados de retraso mental grave que altere o, deteriore de forma notable la
personalidad;

b) Toda Psicosis.

c) Todo proceso neurótico lo suficientemente intenso para estimar peligroso el
uso, manejo y tenencia de armas de fuego;

d) Personalidades psicopáticas con agresividad e inadaptación social;

e) Depresiones manifestadas, con o sin intenso de suicidio.

4. TÓXICOS DEPENDIENTES

Alcoholismos crónicos y dependencia de estupefacientes y psicótropos.

5. APARATOS LOCOMOTORES

a) Pérdida anatómica o funcional, o enfermedades, lesión o secuela de todo o
parte de uno o ambos miembros superiores que reduzcan manifiestamente la
Seguridad en el uso o manejo de armas.

b) Mutilación de un pulgar de tal forma que dificulte la aprehensión en la mano
rectora.

c) Pérdida de dos falanges del dedo índice de la mano rectora.

d) Pérdida de tres dedos de la mano rectora.

6. Además, cualquier enfermedad, lesión o secuela no incluida dentro de las
anteriores, que por su actual gravedad evolución o pronóstico previsible durante
el período de validez aconsejen la denegación del permiso de porte o de
tenencia.

Parágrafo. Exceptúase de certificado médico de aptitud psicofísica, al personal
del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 8°)

Artículo 2.2.4.1.9. Procedimiento. Para los efectos del artículo 37 del Decreto
2535 de 1993, establécese el siguiente procedimiento:

1. La Industria Militar vende a la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Comando
General de las Fuerzas Militares, las armas según listas de precios, más el
impuesto al valor agregado IVA.

2. Del precio de venta de la Industria Militar traslada el diez por ciento (10%)
para constitución un Fondo de Valores que permita celebrar contratos de fiducia,
con el objeto de cancelar al titular del permiso de porte o de tenencia, el
valor del uso del arma por expiración del término del permiso o devolución de
las mismas a las autoridades militares competentes.

3. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de
1993, autorizarán a la Industria Militar para que proceda a recaudar el valor
del uso de armas y efectuar su entrega. Dicho costo deberá se incrementado por:

a) Los valores estipulados por el Gobierno Nacional por concepto del impuesto de
timbre nacional, por el permiso para porte o tenencia de armas de fuego.

b) El costo que el Comando General de las Fuerzas Militares fije por la
elaboración del permiso respectivo.

c) El impuesto social a las armas y municiones consagrado en el artículo 224 de
la Ley 100 de 1993, a partir del 1o. de enero de 1996.

4. El Comando General de las Fuerzas Militares, autorizará a la Industria
Militar para que gestione ante la Compañía Fiduciaria el reintegro del valor del
uso de las armas, en un término no mayor a 30 días calendario.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 9°)

Artículo 2.2.4.1.10. Cesión de Armas. Cuando se trate de la cesión de armas de
uso restringido entre las personas contempladas en el parágrafo del artículo 45
del Decreto 2535 de 1993, deberá acompañarse prueba documental que acredite el
parentesco.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 10)

Artículo 2.2.4.1.11. Explosivos. Para la compra de explosivos en la Industria
Militar, a que se refiere el artículo 51 del Decreto 2535 de 1993, el interesado
deberá cumplir con lo siguiente:

a) Entidades Públicas

1. Solicitud de la entidad interesada, dirigida al Departamento Control Comercio
Armas, Municiones y Explosivos, en Santafé de Bogotá o al Comandante de la
Brigada, Unidad Táctica, Base Naval o Aérea de la ciudad en donde exista almacén
de la Industria Militar, en la cual deberá indicarse:

a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesitan.

b) Actividad para la cual requiere el explosivo.

c) Forma y seguridad del almacenamiento.

d) Lugar donde se utilizarán los explosivos y ubicación exacta.

2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se van
a emplear los explosivos: nombre de las personas designadas para su control y
forma de empleo.

3. Acreditar debidamente a la persona encargada de efectuar la tramitación y
recibir el material solicitado.

4. Libro de Control y movimiento de los explosivos y sus accesorios.

5. Cuadro mensual de uso o empleo de explosivos y sus accesorios.

b) Personas Jurídicas de Derecho Privado.

1. Solicitud en los términos de que trata el literal a) numeral 1 del presente
artículo indicando:

a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesita;

b) Justificación de la cantidad de explosivos y accesorios solicitados;

c) Prueba de la actividad para la cual se requiere el explosivo;

d) Formas y Seguridad de almacenamiento;

e) Ubicación exacta del lugar donde se utilizarán.

2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se van
a emplear los explosivos: nombre de las personas designadas para su control y
forma de empleo.

3. Certificado de existencia y representación legal.

4. Certificado judicial nacional vigente del representante legal.

5. Licencia de exploración, explotación y permiso funcionamiento otorgado por
las autoridades competentes.

6. Libro de control y movimiento de explosivos y accesorios.

7. Cuadro mensual de consumo de explosivos y accesorios.

c) Personas Colombianas o extranjeras.

1. Solicitud dirigida al Departamento Control Comercio Armas, Municiones y
Explosivos en la guarnición de Santafé de Bogotá o al Comandante de la Brigada,
Unidad Táctica, Base Naval o Aérea de la guarnición más cercana en donde exista
almacén de la Industria Militar indicando lo siguiente:

a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesita;

b) Justificación de la cantidad de explosivos y accesorios solicitados;

c) Forma y Seguridad de almacenamiento;

d) Ubicación exacta del lugar donde se utilizarán.

2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se van
a emplear los explosivos, en la cual se dé el concepto y se registre el uso que
les dará, las medidas de seguridad para su empleo, lugar de almacenamiento,
nombre de la persona asignada para el control y forma de ejercerlo.

3. Certificado judicial nacional vigente del solicitante.

4. Libro de control y movimiento de los explosivos y accesorios.

5. Cuadro mensual de uso o empleo de explosivos y sus accesorios.

6. Para la explotación de minas de cualquier naturaleza, los peticionarios,
deberán presentar la correspondiente licencia expedida por la autoridad
competente.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 11)

Artículo 2.2.4.1.12. Usuarios. En desarrollo de lo previsto en el parágrafo 3°
del artículo 51 del Decreto 2535 de 1993, para efectos de control de la
Nitrocelulosa que contenga no menos del 25% de alcohol por peso y no exceda del
12.6% de Nitrógeno por peso seco, o con no menos del 18% de sustancia
plastificante por peso y no exceda del 12,6% de Nitrógeno por peso seco, o con
no menos del 25% de agua por peso, el Departamento de Control Comercio Armas,
Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, está
facultado para requerir y recibir de las personas que usen o comercialicen dicho
material, las siguiente información.

1. Para usuarios:

a) Nombre, NIT y Dirección;

b) Certificado de la Cámara de Comercio (el cual debe actualizarse cada año);

c) Plan anual de compra de Nitrocelulosa y sus modificaciones, si las hay;

d) Ejecución trimestral del plan de compras;

e) Ejecución trimestral del uso de la Nitrocelulosa;

f) Lugar de almacenamiento de la Nitrocelulosa.

2. Para importadores y comercializadores:

a) Nombre, NIT y Dirección;

b) Certificado de la Cámara de Comercio (el cual debe actualizarse cada año);

c) Plan anual de compras de Nitrocelulosa y sus modificaciones, si las hay;

d) Plan anual de ventas de Nitrocelulosa y sus modificaciones si las hay,

e) Ejecución trimestral del Plan de compras;

f) Ejecución trimestral del Plan de ventas, indicando nombre de los compradores,
fecha de venta y cantidad vendida;

g) Lugar de almacenamiento de la Nitrocelulosa.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 12)

Artículo 2.2.4.1.13. Nitrocelulosa. Los importadores, comercializadores o
usuarios de la Nitrocelulosa a que se refiere el artículo anterior, están
obligados a llevar un registro detallado de consumo, si son consumidores o del
Nombre, NIT, y Dirección de los compradores con las cantidades y fechas de cada
venta, si son importadores o comercializadores. Estos registros deberán
coincidir con sus libros oficiales de contabilidad.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 13)

Artículo 2.2.4.1.14. Planes de Compras. Los planes anuales tanto de compras como
de ventas requeridos, deberán ser enviados al Departamento de Control Comercio
Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, a
más tardar en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al de la
ejecución de los planes.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 14)

Artículo 2.2.4.1.15. Informes de Ejecución. Los informes de ejecución trimestral
requeridos en el artículo 12 deberán ser enviados al Departamento de Control
Comercio Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas
Militares, dentro de los diez (10) primeros días de los meses de enero, abril,
julio y octubre de cada año.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 15)

Artículo 2.2.4.1.16. Licencias de Importación. Con el objeto de cotejar la
información recibida de los importadores el Departamento de Control Comercio
Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares, pedirá al Incomex, las
licencias de importación del respectivo trimestre.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 16)

Artículo 2.2.4.1.17. Almacenamiento de Nitrocelulosa. Corresponde a los
Alcaldes, como suprema autoridad de Policía de sus respectivas jurisdicciones,
mediante la dependencia que ellos señalen, vigilar que la Nitrocelulosa se
almacene y se use de conformidad con las normas técnicas y de seguridad
industrial, establecidas por las casas fabricantes, la IATA, Organización
consultiva Internacional de las Naciones Unidas y la lista de mercancías
peligrosas de Puertos de Colombia, pudiendo en cada caso de que no se cumplan
dichas normas suspender las licencias de sanidad del respectivo establecimiento
industrial o de comercio.

Para este fin, el Departamento de Control Comercio Armas, Municiones y
Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, con base en la
información recibida oficiará a los Alcaldes, indicando el nombre y dirección
del importador, Comercializador o usuario de la Nitrocelulosa.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 17)

Artículo 2.2.4.1.18. Transporte de Explosivos. Para la aplicación del artículo
54 del Decreto 2535 de 1993, el transporte de explosivos y sus accesorios deberá
sujetarse a los siguientes requisitos.

TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL.

– Autorización de la venta de los explosivos y sus accesorios.

– Permiso para transporte de los mismos, expedido por la autoridad militar
respectiva.

– Factura de pago suministrada por la Industria Militar.

– Solicitud escrita a la autoridad militar de la jurisdicción de la escolta
respectiva, sin la cual no podrá trasladar el material.

– Certificación de la entidad transportadora en la que se responsabilice el
transporte y custodia del material, del lugar de origen hasta su destino final.

AÉREO:

– Los mismos requisitos mencionados anteriormente y además la autorización
previa de la Aeronáutica Civil, en donde en forma expresa se haga claridad de
tipo de material que autoriza transportar.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 18)

Artículo 2.2.4.1.19. Importación y Exportación de Armas. Para los efectos del
artículo 57 de Decreto 2535 de 1993, el Gobierno Nacional, a través de la
Industria Militar puede importar y exportar armas, municiones y explosivos para
las personas jurídicas y naturales que así lo requieran, previo cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a) Personas jurídicas colombianas o extranjeras.

1. Solicitud motivada en la que conste:

a) Clase y cantidad (en volumen) del material por importar,

b) Puerto de embarque;

c) Puerto de llegada al País;

d) Destino final (lugar de almacenamiento);

e) Porcentaje de concentración de los explosivos;

f) Nombre del consignatario;

g) Nombre de la Casa exportadora;

h) Empleo que se le dará al material;

2. Certificado de existencia y representación legal.

3. Concepto favorable expedido por la autoridad militar Competente.

4. Concepto favorable expedido por la Industria Militar.

b) Personas naturales colombianas o extranjeras.

1. Solicitud escrita adjuntando los siguientes requisitos:

a) Certificado judicial nacional vigente y libreta militar.

b) Concepto favorable expedido por el Comandante de Brigada, Unidad Táctica,
Base Naval o Aérea, de su residencia.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 19)

Artículo 2.2.4.1.20. Permisos de Exportación e Importación de Armas. De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 2535 de 1993, el Comando General de
las Fuerzas Militares, podrá expedir y revalidar permisos de exportación e
importación temporal, de armas y municiones deportivas o de cacería, a tiradores
que salgan o entren al país, con el propósito de participar en competencias
internacionales, actividades de caza y arreglos o reparaciones de las mismas.

Parágrafo. Cuando se trate de cacería deberá contarse con la autorización previa
del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, y acreditar la afiliación a la
Federación Colombiana de Tiro y Caza, requisitos sin los cuales el Comando
General de las Fuerzas Militares, se abstendrá de expedir la correspondiente
autorización.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 20)

Artículo 2.2.4.1.21 Modificado por el Decreto 2174 de 2023, artículo 2º.
Requisitos para la instalación, funcionamiento de fábricas, establecimientos de
comercio o expendio de pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales y
globos aerostáticos de pirotecnia. Para el funcionamiento en el territorio
nacional de fábricas, establecimientos de comercio o expendio de pólvora,
productos pirotécnicos, juegos artificiales y globos aerostáticos de pirotecnia,
se requiere de la licencia emitida por el Departamento Control Comercio de
Armas, Municiones y Explosivos, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Solicitud dirigida al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos, donde se indique la ubicación exacta en donde se fabrica, almacena o
comercializa la pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales y globos
aerostáticos de pirotecnia, firmada por el representante legal inscrito ante ese
departamento.

2. Concepto favorable e informe de revista de inspección ordenada por el jefe de
Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor o por el Ejecutivo y Segundo
comandante de la Unidad Táctica en el Ejército Nacional o sus equivalentes en la
Armada Nacional o la Fuerza Aeroespacial Colombiana, encargada de la
jurisdicción donde se encuentre ubicada la instalación en la que se fabrique,
almacene y distribuya la pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales y
globos aerostáticos de pirotecnia.

3. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de
Comercio respectiva con vigencia a no mayor de sesenta (60) días, cuyo objeto
social sea acorde a la actividad económica para la cual solicita el permiso.

4. Autorización para verificación de antecedentes judiciales y copia de cédula
de ciudadanía del representante legal y personal responsable de la fabricación y
almacenamiento de la pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales y
globos aerostáticos de pirotecnia.

5. Certificación que acredite la idoneidad del personal de la fábrica o del que
se encargará de la manipulación de sustancias químicas o sustancias peligrosas,
emitido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

6. Certificado de seguridad humana y de protección contra incendio expedido por
el cuerpo de bomberos del municipio o distrito.

7. Certificado vigente de brigadista integral de las personas que se ocuparán
del proceso de fabricación, almacenamiento y distribución de sustancias químicas
controladas, expedido por los Centros de Formación autorizados por la Dirección
Nacional de Bomberos de Colombia.

8. Concepto de conveniencia emitido por la alcaldía municipal o distrital en el
que se especifique la autorización de instalación y funcionamiento de la
fábrica, establecimientos de comercio o expendio de pólvora, productos
pirotécnicos, juegos artificiales y globos aerostáticos de pirotecnia.

9. Los demás que establece el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo 1°. El permiso de funcionamiento para las fábricas, establecimientos
de comercio o expendio de pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales y
globos aerostáticos de pirotecnia, tendrá validez por tres (3) años a partir de
la fecha en que se expida.

La renovación del mismo se sujetará a los requisitos previstos en el presente
artículo.

Parágrafo 2°. La autorización para la importación de pólvora, artículos
pirotécnicos, juegos artificiales y globos aerostáticos de pirotecnia, se
tramita ante la Industria Militar (Indumil), previo concepto favorable del
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

Texto inicial del artículo 2.2.4.1.21. Fábricas de Pólvora. En desarrollo del
artículo 59 del Decreto 2535 de 1993, para el funcionamiento en el territorio
nacional de fábricas de artículos pirotécnicos, pólvora negra, perdigones,
fulminantes y talleres para reparación de armas, se expedirá el respectivo
permiso previo el lleno de los siguientes requisitos:

a) Para el permiso de funcionamiento de fábricas y expendios de artículos
pirotécnicos, se requiere:

1. Solicitud motivada dirigida al Comandante General de las Fuerzas Militares,
con los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, y número de la cédula de ciudadanía del solicitante;

b) Dirección de residencia y sitio destinado para la fabricación o expendio de
los artículos;

c) Relación de personas que se ocuparán del proceso de elaboración con su
respectivo número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfono de la
residencia, y certificados judiciales nacionales vigentes de los mismos.

2. Certificado judicial nacional vigente del solicitante.

3. Estudio de seguridad de las instalaciones y del personal, por parte de la
autoridad militar de su residencia.

4. Acreditar la experiencia en el manejo y fabricación de pólvora y de artículos
pirotécnicos.

5. Certificación que acredite al personal, como idóneo en su fabricación de
artículos pirotécnicos, o en su defecto presentar un examen de competencia ante
la Junta Técnica que para el efecto designe el Departamento de Control Comercio
Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

6. Certificado de seguridad, expedido por el Cuerpo de Bomberos.

7. Carátula del producto, aprobado por el Ministerio de Salud Pública.

8. Concepto de la autoridad civil sobre conveniencia o inconveniencia de la
instalación de la fábrica.

b) Para el permiso de funcionamiento de Talleres de Armería, se requiere:

1. Solicitud motivada dirigida al Comandante General de las Fuerzas Militares,
con los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y dirección del
solicitante.

b) Localización del taller.

2. Certificado judicial nacional vigente del solicitante.

3. Estudio de seguridad de las instalaciones y del personal, por parte de la
autoridad militar de su residencia.

4. Acreditar la experiencia en el manejo y fabricación de pólvora y de artículos
pirotécnicos.

5. Certificación que acredite al personal, como idóneo en la fabricación de
artículos pirotécnicos, o en su defecto presentar un examen de competencia ante
la Junta Técnica que para el efecto designe el Departamento de Control Comercio
Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

6. Certificado de seguridad, expedido por el Cuerpo de Bomberos.

7. Carátula del producto, aprobado por el Ministerio de Salud Pública.

8. Concepto de la autoridad civil sobre conveniencia o inconveniencia de la
instalación de la fábrica

b) Para el permiso de funcionamiento de Talleres de Armería, se requiere:

1. Solicitud motivada dirigida al Comandante General de las Fuerzas Militares,
con los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y dirección del
solicitante.

b) Localización del Taller.

2. Certificado judicial nacional vigente del solicitante.

3. Estudio de seguridad de instalaciones y del personal por parte de la
autoridad militar de su residencia.

4. Certificación que acredite al personal como idóneo en armería o en su
defecto, presentar un examen de competencia ante la Junta Técnica que para el
efecto designe el Departamento Control, Comercio Armas, Municiones y Explosivos
del Comando General de las Fuerzas Militares.

5. Apertura de un libro, foliado y registrado en el Departamento Control,
Comercio Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas
Militares. Este libro será revisado en los cinco primeros días de cada mes por
la autoridad militar de su residencia.

6. Los cinco primeros días de cada mes deberán anexar la relación de armas
reparadas al Departamento Control, Comercio Armas, Municiones y Explosivos.

Parágrafo. El permiso de funcionamiento de los Talleres de Armería y Fábricas de
Artículos Pirotécnicos, tendrá validez por tres años a partir de la fecha en que
se otorgue. La revalidación del permiso de funcionamiento se sujetará a los
requisitos previstos en el presente artículo.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 21)

Artículo 2.2.4.1.22. Requisitos de Afiliación para Clubes de Tiro y Caza. Para
la afiliación de un Club a la Federación Colombiana de Tiro y Caza, en
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto 2535 de 1993, los
interesados deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Estatutos del Club.

2. Personería Jurídica.

3. Listado de socios y certificado judicial nacional vigente, de cada uno de
ellos.

4. Acta de constitución del Club, en la cual debe quedar constancia del número
de integrantes.

5. Concepto favorable, expedido por el respectivo Comandante de la Unidad
Militar de su residencia, sobre los siguientes aspectos:

a) Concepto sobre los integrantes del Club.

b) Condiciones para ejercer control sobre las armas y municiones de propiedad de
los socios.

c) Facilidad del Club para practicar tres modalidades de tiro deportivo
internacional.

d) Conveniencia sobre funcionamiento del Club en la jurisdicción.

Parágrafo 1°. El número de integrantes de un Club en ningún caso podrá ser
inferior a 21.

Parágrafo 2°. Con el fin de controlar las armas y municiones adquiridas por los
socios de los Clubes, las autoridades militares practicarán como mínimo una
inspección anual.

Parágrafo 3°. A la Federación Colombiana de Tiro y Caza se le pasará revista
anualmente, por parte de la Inspección General del Comando General de las
Fuerzas Militares.

Parágrafo 4°. Para la construcción de Polígonos y depósitos de armamento, los
Clubes afiliados a la Federación Colombiana de Tiro y Caza deberán dar
cumplimiento a lo dispuesto sobre el particular en el manual de normas de
seguridad para prevención de accidentes.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 22)

Artículo 2.2.4.1.23. Control. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 64
del Decreto 2535 de 1993, los Comandantes de Unidades Operativas o Tácticas o
sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea, anualmente
inspeccionarán las armas y municiones que posean los integrantes de los Clubes
de Tiro y Caza, los coleccionistas de armas y las Empresas de Vigilancia y
Departamentos de Seguridad que existan en su jurisdicción, con el propósito de
verificar el cumplimiento de las normas legales sobre la materia.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 23)

Artículo 2.2.4.1.24. Venta. Para efectos de lo previsto en el artículo 66 del
Decreto 2535 de 1993, la venta de municiones a los socios de los Clubes, se
tramitará, diligenciará y distribuirá por concepto de la Federación Colombiana
de Tiro y Caza.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 24)

Artículo 2.2.4.1.25. Devolución de Armas. La Federación Colombiana de Tiro y
Caza, por conducto del Club de Tiro al Cual pertenezca el socio, entregará las
armas y municiones autorizadas del socio suspendido o retirado, a la autoridad
militar a que hace referencia el artículo 69 del Decreto 2535 de 1993.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 25)

Artículo 2.2.4.1.26. Coleccionistas. En cumplimiento del artículo 70 del Decreto
2535 de 1993, inciso 2°, los coleccionistas de armas no afiliados a una
Asociación, deberán obtener el respectivo permiso, previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida al Comandante General de las Fuerzas Militares, en el cual
se especifique la clase o tipo de armas, que por sus características históricas,
tecnológicas o científicas, considere como de colección.

2. Apoyo expedido por el respectivo Comando de la autoridad militar de su
residencia, con los siguientes requisitos:

a) Concepto sobre el solicitante.

b) Condiciones del solicitante para ejercer control sobre las armas, municiones
y sus accesorios.

c) Conveniencia sobre la tenencia de las armas en su jurisdicción.

d) Concepto sobre medidas de seguridad, de acuerdo con lo estipulado en el
presente Capítulo.

3. Certificado judicial nacional vigente.

4. Concepto favorable del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 26)

Artículo 2.2.4.1.27. Medidas de Seguridad de los Coleccionistas. Para efectos de
lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto 2535 de 1993, los coleccionistas de
armas deberán adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad.

1. Disponer de un lugar en el cual se garantice la seguridad y exhibición de las
armas; debiendo en consecuencia observar que:

a) Las ventanas estén protegidas por un enrejado de hierro.

b) La puerta de acceso debe estar seguida de una segunda puerta en forma de reja
de hierro.

c) El sistema de alarma conectado a las puertas y ventanas.

d) Se evitará en lo posible que la sala de exposición se encuentre en cercanía
de la puerta de acceso al inmueble.

e) Los coleccionistas que tengan más de 20 armas, deberán protegerlas en una
bodega de seguridad con todos los sistemas eléctricos.

2. Normas de desactivación de las armas de uso restringido.

a) Para pistolas, quitar la aguja percutora y la uña extractora.

b) Para fusiles y armas largas, quitar el cerrojo.

c) Para las armas automáticas y semiautomáticas quitar el bloque de cierre y
dejar únicamente el cajón de los mecanismos y cañón.

d) Las partes que se retiren, de acuerdo con los numerales anteriores, deberán
pasar con todas las medidas de seguridad a una caja fuerte, la cual debe
permanecer en un sitio diferente de la sala de exposición, en donde se
encuentran las armas a que pertenecen dichas piezas.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 27)

Artículo 2.2.4.1.28. Creación de Asociaciones. Quienes pretendan crear
Asociaciones de coleccionistas de Armas, en los términos del artículo 73 del
Decreto 2535 del 1993, deberán presentar solicitud al Comando General de las
Fuerzas Militares y obtener concepto favorable del Comité de Armas del
Ministerio de Defensa, debiendo acreditar los siguientes requisitos:

1. Estatutos de la Asociación aprobados por el Comando General de las Fuerzas
Militares.

2. Clase o tipo de colección de cada uno de los socios.

3. Relación de las armas de cada uno de los socios.

4. Acta de constitución de la Asociación y constancias del número de asociados,
que en ningún caso podrá ser inferior a 21.

5. Concepto favorable, expedido por la respectiva autoridad militar, de que
trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 28)

Artículo 2.2.4.1.29. Seguridad Privada. Cuando los servicios de vigilancia y
seguridad privada, requieran prestar servicios de escoltas con armas de fuego,
deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los
requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de
1993, respecto de las personas escoltadas.

La escolta para vehículos y mercancía se justificará, de acuerdo con las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realice el desplazamiento. Las
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada con servicio de escolta autorizada,
deberán verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 29)

Artículo 2.2.4.1.30. Venta de Munición Entidades de Seguridad Privada. Las
autoridades militares competentes y con el propósito de facilitar la idoneidad
para el uso de armas contemplada en el artículo 78 del Decreto 2535 de 1993,
podrán autorizar la venta de munición a las entidades dedicadas a la formación y
entrenamiento de personal de seguridad privada, en las cantidades que para el
efecto fije el Comando General de las Fuerzas Militares, en consideración a los
programas y horarios de prácticas de polígono que estas programen.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 30)

Artículo 2.2.4.1.31. Multas. En desarrollo del parágrafo 2° del artículo 86 del
Decreto 2535, se dispone que las sumas por conceptos de multas sean consignadas
en las respectivas cuentas de Fondo Interno de la Unidad correspondiente.

Las autoridades Militares o de Policía Nacional que impongan multa deben remitir
dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes un informe contentivo de las
mismas, indicando nombre y apellidos del sancionado, número del documento de
identidad, características del arma y valor consignados.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 31)

Artículo 2.2.4.1.32. Material Decomisado. El material decomisado a que se
refiere el artículo 93 del Decreto 2535 de 1993, deberá ser remitido al Comando
General de las Fuerzas Militares, cuando el mismo no esté vinculado a proceso
penal o civil alguno.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 32)

Artículo 2.2.4.1.33. Salvoconductos. Quienes tenían salvoconducto vencido a 28
de febrero de 1994, podrán solicitar la expedición de un nuevo permiso para
tenencia antes del 30 de septiembre de 1994, mediante el siguiente
procedimiento:

a) Diligenciar bajo la gravedad del juramento, un formulario que para el efecto
distribuirá el Comando General de las Fuerzas Militares por conducto de las
Unidades Militares y Comandos de policía.

Dichos formularios consta de dos partes:

1. Solicitud para la obtención de permiso para tenencia.

2. Un desprendible que será el “Permiso para tenencia provisional” para el arma,
con vigencia hasta el 31 de octubre de 1994;

b) La solicitud (parte uno) será enviada por el solicitante por correo al
apartado aéreo número 700 en Santafé de Bogotá, adjuntando el recibo de
consignación de la Caja Agraria, cuenta Nacional N° 0950001585–5 a favor del
Ministerio de Defensa Nacional por valor de ciento diez mil pesos moneda
corriente ($110.000.00);

c) Previa la verificación de la información suministrada, la autoridad
competente podrá expedir permiso para tenencia a nombre del solicitante para el
arma o armas declaradas, el cual será remitido por correo a la dirección
registrada por el peticionario, antes del 31 de octubre de 1994.

d) El solicitante conservará copia del recibo de pago y el “permiso provisional
para tenencia”, que él mismo diligenciará, el cual acredita que el permiso para
tenencia definitivo se encuentra en trámite. Las autoridades podrán verificar en
todo momento la veracidad del “permiso provisional de tenencia”.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 33)

Artículo 2.2.4.1.34. Términos. Los términos de días y meses señalados en este
Capítulo, se contabilizarán conforme al calendario.

(Decreto 1809 de 1994 artículo 34)

CAPÍTULO 2.

REGLAMENTACIÓN PARCIAL DE LA LEY 80 DE 1993

Artículo 2.2.4.2.1. Armas y Municiones Inservibles. Las armas y municiones que
se consideren inservibles, obsoletas y que no sean susceptibles de reconversión
y utilización por la Fuerza Pública se podrán poner en venta en la forma
prevista por el artículo 101 del Decreto ley 2535 de 1993, o normas que lo
modifiquen o adicionen.

Cuando por razones de seguridad nacional se considere inconveniente la venta de
las armas en los términos señalados, previo concepto del Comandante General de
las Fuerzas Militares, será procedente la transformación o destrucción de las
mismas, mediante la fusión de los elementos metálicos y la destrucción de otro
tipo de materiales u otros procedimientos que se consideren apropiados.

Para tal propósito, el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos, la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares y
la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional, levantarán un
acta que contendrá el inventario del material cuya fusión y destrucción procede,
así como la constancia sobre la efectividad del procedimiento en cada una de las
armas inventariadas.

(Decreto 626 de 2001 artículo 1°)

CAPÍTULO 3.

PORTE Y TENENCIA DE ARMAS

Artículo 2.2.4.3.1. Prohibiciones. Prohíbese el porte y transporte de armas en
motocicletas, motocarros, y mototriciclos.

(Decreto 514 de 2007 artículo 1°)

Artículo 2.2.4.3.2. Medidas para Garantizar el Cumplimiento. Las autoridades de
que trata el artículo 32 del Decreto ley 2535 de 1993, y los gobernadores y
alcaldes municipales y distritales en el ámbito de sus competencias, adoptarán
las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto para la Fuerza Pública, las empresas de
servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad
debidamente constituidos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y autorizadas por esta y de los permisos especiales que se expidan.

Parágrafo. Las autoridades de que trata este artículo podrán ampliar la
prohibición, de conformidad con lo decidido en los Consejos Departamentales de
Seguridad, para prevenir posibles actos contra la integridad física de los
habitantes de la República o alteraciones del orden público.

(Decreto 514 de 2007 artículo 2°)

Artículo 2.2.4.3.3. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Objeto.
El presente decreto tendrá como objeto la clasificación y regulación de las
armas traumáticas.

Artículo 2.2.4.3.4. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Regulación. Las armas traumáticas como armas menos letales se regirán
estrictamente por la regulación establecida en el Decreto ley 2535 de 1993 y sus
modificaciones.

Artículo 2.2.4.3.5. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Ámbito
de aplicación. El presente decreto se aplica a todas las personas naturales,
personas jurídicas y a los servicios de vigilancia y seguridad privada, de
conformidad con lo establecido en la presente norma, con excepción de la Fuerza
Pública, en el cumplimiento de su misión Constitucional, Legal y Reglamentaria.

Artículo 2.2.4.3.6. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Armas
traumáticas. Las armas traumáticas se clasificarán como:

1. Todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las
tipologías establecidas en el artículo 8° del Decreto ley 2535 de 1993 se
considerarán armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública.

2. Todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las
tipologías establecidas en el artículo 9° del Decreto ley 2535 de 1993 se
considerarán armas de uso restringido.

3. Todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las
tipologías establecidas en el artículo 11 del Decreto ley 2535 de 1993 se
considerarán armas de uso civil de defensa personal.

Artículo 2.2.4.3.7. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Permiso
para la tenencia y/o porte de armas traumáticas de uso civil de defensa
personal. Los particulares, previo permiso de autoridad competente, podrán tener
y/o portar las armas traumáticas de uso civil que están establecidas en el
numeral 3 del artículo 2.2.4.3.6. del presente decreto, y conforme a las
cantidades autorizadas en los artículos 22 y 23 del Decreto ley 2535 de 1993.

Parágrafo. Se podrá solicitar permiso especial para porte conforme a la
Directiva 01 de 2021 o la reglamentación que esté vigente, ante la autoridad
competente en los términos establecidos en las directrices del Ministerio de
Defensa Nacional, cuando exista una medida de restricción por parte del Gobierno
nacional o de la autoridad militar competente, para lo cual el arma traumática
deberá contar previamente con el permiso para porte vigente.

Artículo 2.2.4.3.8. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Procedimiento de Marcaje o registro durante la Transición. Los ciudadanos
interesados en legalizar y definir la situación jurídica sobre armas traumáticas
con ocasión al presente decreto, a iniciativa de los mismos serán los
responsables de entregar a la Industria Militar las armas traumáticas de uso
civil de defensa personal establecidas en el numeral 3 del artículo 2.2.4.3.6.
del presente decreto, conforme al siguiente procedimiento:

1. Los puntos de entrega de las armas traumáticas serán establecidos por la
autoridad competente.

2. Una vez entregue el ciudadano el arma, se diligenciará un formulario, el cual
se entregará ante la autoridad competente de manera voluntaria, donde podrá
tomar las siguientes opciones:

a) Entregar el arma, solicitar el marcaje y continuar con el trámite de registro
y emisión del permiso de tenencia y/o porte del arma.

b) Entregar el arma voluntariamente en el caso en que decida no marcarla, ni
adelantar el trámite de registro y emisión del permiso.

3. Una vez recibida el arma por parte del almacén comercial con sede en la
fábrica, se expide:

3.1 Comprobante de recepción: formato con datos del propietario y arma.

3.2 Se genera remisión con solicitud de Trabajo a la Fábrica José María Córdoba
(Fagecor).

3.3 La Industria Militar procederá al marcaje de armas traumáticas, en el cual
mínimo se debe contemplar:

3.3.1 Características de cada una de las armas traumáticas.

3.3.2 Datos de contacto del titular de la misma.

3.3.3 Se realiza un marcaje alfanumérico mediante tecnología láser en bajo
relieve.

Parágrafo 1°. En un plazo de ocho (8) meses contados a partir de la publicación
del presente decreto, prorrogables por ocho (8) meses más, la autoridad
competente será la responsable de recoger las armas traumáticas de uso civil de
defensa personal establecidas en el numeral 3 del artículo 2.2.4.3.6. del
presente decreto, que se encuentran en poder de la ciudadanía, de los
importadores y de los servicios de vigilancia y seguridad privada, a fin de
agotar el procedimiento de marcaje y registro de las mismas.

Parágrafo 2. En todo caso, dentro de los ocho (8) meses siguientes a la
publicación del presente decreto, la Industria Militar (Indumil) y el
Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando
General de las Fuerzas Militares, establecerán el procedimiento de marcaje y
registro.

Parágrafo 3. El procedimiento de marcaje o registro del arma traumática hará
parte del trámite de permiso de porte y/o tenencia establecido en el artículo
2.2.4.3.7. del presente decreto.

Artículo 2.2.4.3.9. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Entrega
de armas traumáticas. A partir de la expedición de este decreto y hasta dentro
de los 6 meses siguientes a su publicación, las personas naturales o jurídicas
titulares de armas traumáticas que cumplan con las características de armas de
guerra o uso privativo y de uso restringido, deberán entregarlas al Estado, so
pena de su incautación y judicialización. La entrega se hará por medio del
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando
General de las Fuerzas Militares y/o Seccionales Control Comercio de Armas a
nivel nacional, sin recibir contraprestación alguna.

Parágrafo 1°. Las personas naturales y jurídicas titulares de armas traumáticas
que cumplan con las características de uso civil de defensa personal que quieran
hacer su entrega y no quieran solicitar el permiso ante la autoridad competente,
podrán entregarlas al Estado en el mismo término establecido en el presente
artículo.

Parágrafo 2°. El material recibido en el Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares y/o
Seccionales Control Comercio de Armas a nivel nacional, deberá remitirse al
Almacén General de Armas entregadas al Estado, para su destrucción previa
elaboración del acta correspondiente, diferenciándose del decomisado.

Artículo 2.2.4.3.10. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Tiempos establecidos para el marcaje o registro de las armas traumáticas. Las
personas naturales o jurídicas que tengan armas traumáticas deberán realizar el
marcaje de estas ante la autoridad competente en un plazo de ocho (8) meses
contados a partir de que entre en funcionamiento y operación el procedimiento
que para ello establezca Indumil. Después de dicho proceso, contarán con ocho
(8) meses adicionales para presentar la solicitud de permiso de tenencia y/o
porte, este término se contará a partir del marcaje y registro de cada arma
traumática.

Artículo 2.2.4.3.11. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Requisitos para la solicitud de permiso de porte y/o tenencia de las armas
traumáticas. Para el estudio de las solicitudes de permisos para tenencia y/o
porte de las armas de fuego traumáticas, además de los requisitos señalados en
los artículos 33 (modificado por el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006) y 34 del
Decreto ley 2535 de 1993, se deberá acreditar ante el Departamento Control
Comercio de Armas Municiones y Explosivos el origen del arma y acreditar los
siguientes requisitos:

a) Evidenciar la entrega el arma traumática a la Industria Militar para el
proceso de marcaje o registro con el comprobante de recepción: formato con datos
del propietario y arma.

b) Solicitar la cita con el código único de atención ciudadana electrónica
(ACE), mediante los canales establecidos por la autoridad competente y adjuntar
en línea los siguientes documentos:

• Presentar Factura de venta o declaración de importación del arma.

c) Presentarse el día de la cita en el Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos y/o Seccionales Control Comercio de Armas a nivel
nacional para enrolamiento y obtención de la huella dactilar y fotografía en el
Sistema de Información de Armas, Municiones y Explosivos.

La autoridad militar competente verificará el cumplimiento de requisitos y la
justificación de la necesidad del ciudadano para el porte o tenencia del arma
traumática autorizará o negará el permiso y le informará al solicitante, de la
cita para la toma de huella dactilar y fotografía.

Artículo 2.2.4.3.12. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Costos
para el ciudadano. El solicitante deberá pagar los valores asociados a la
expedición del permiso de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Artículo 2.2.4.3.13. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º. Tiempo
para entrega de permiso. Una vez el solicitante se presente el día de la cita y
haya realizado el pago de los valores correspondientes para el permiso de
tenencia y/o porte transcurrirán ocho (8) días hábiles para la entrega del
permiso.

Artículo 2.2.4.3.14. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Autorización a entregar al ciudadano. El ciudadano recibirá por la realización
del trámite, el respectivo permiso de tenencia y/o porte del arma traumática,
cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente decreto.

Artículo 2.2.4.3.15. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Canales de atención. Los canales de atención para realizar el trámite serán los
establecidos por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

Artículo 2.2.4.3.16. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Cesión. Toda arma clasificada como traumática de acuerdo con lo establecido en
el numeral 3 del artículo 2.2.4.3.6. del presente decreto, podrá ser cedida
según lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto ley 0019 de 2012 el cual
modificó el Decreto ley 2535 de 1993.

Artículo 2.2.4.3.17. Adicionado por el Decreto 1417 de 2021, artículo 1º.
Régimen de transición para el comercio de las armas traumáticas. Los
comerciantes que al momento de entrar en vigencia el presente decreto tengan
registradas en sus balances e inventarios armas traumáticas podrán
comercializarlas en el plazo establecido en la presente disposición con
excepción de las armas establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo
2.2.4.3.6. del presente decreto.

El plazo para su comercialización será el de dieciséis (16) meses siguientes a
la fecha de publicación de este decreto.

El comerciante deberá llevar un registro de quien las adquiere, salvo cuando se
exporten en el plazo establecido en el párrafo precedente. En el registro deberá
indicar el nombre, apellidos y el número de la cédula de ciudadanía de las
personas naturales o la razón social, número de identificación tributaria NIT y
nombre, apellidos y número de la cédula de ciudadanía del representante legal
cuando se trate de una persona jurídica, dejando copia del documento de
identidad y del certificado de existencia y representación legal.

Así mismo, deberán informar al adquirente la obligación de solicitar la
marcación, registro y trámite para permiso de tenencia y/o porte de las armas
traumáticas dentro del término establecido en el parágrafo del artículo
2.2.4.3.7. de este decreto.

En caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas
traumáticas dentro del plazo establecido en este artículo, o las personas
naturales o jurídicas no realicen el trámite de registro ni se solicite la
autorización de tenencia y/o porte, deberán entregarlas al Estado, so pena de su
incautación y judicialización. La devolución se hará por medio del Departamento
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares y/o Seccionales Control Comercio de Armas a nivel nacional,
sin recibir contraprestación alguna.

CAPÍTULO 4

Nota: Adicionado por el Decreto 771 de 2022, artículo 1º.

Del Registro Nacional de Identificación Balística (RNIB).

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

Artículo 2.2.4.4.1. Objeto. Establecer criterios y directrices para la operación
del Registro Nacional de Identificación Balística (RNIB) de que trata el
artículo 5° de la Ley 1941 de 2018 el cual contará con la información de la
huella balística de todas las armas de fuego con permiso de tenencia y porte, y
con la información sobre la huella balística de las armas vinculadas en
cualquier momento a una investigación judicial de carácter penal.

Artículo 2.2.4.4.2. Registro Nacional de Identificación Balística. Es un sistema
único que permite la interoperabilidad entre el Sistema de Información de Huella
Balística Civil (SIHBC) y Sistema de Información de Huella Balística Criminal
(SIHBCR), mediante datos y registros simples, soportados en la información
obtenida a través de la huella balística de las armas de fuego. Bajo los
principios de autenticidad, identidad, integridad, inalterabilidad,
preservación, seguridad, almacenamiento y continuidad, de la información allí
registrada.

Parágrafo 1°. Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC):
entiéndase como el sistema que contiene archivo físico y digital con la
información de la huella balística de todas las armas con permiso de tenencia o
porte, que será administrado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de
la Policía Nacional.

Parágrafo 2°. Sistema de Información de Huella Balística Criminal (SIHBCR):
entiéndase como el sistema que contiene archivo físico y digital con la
información de la huella balística de las armas de fuego, vainillas proyectiles,
fragmentos de proyectil y encamisados, vinculadas a una investigación judicial
de carácter penal que será administrado por la Fiscalía General de la Nación.

Parágrafo 3°. Empadronamiento: consiste en la toma de la huella balística,
obtenida a través de la aplicación de pruebas técnicas realizadas al arma de
fuego.

Artículo 2.2.4.4.3. Objetivos del Registro Nacional de Identificación Balística
(RNIB). Los objetivos son: registrar, validar, actualizar, generar, certificar y
suministrar información necesaria para facilitar la interoperabilidad de los
sistemas de información, la consulta por parte de las instituciones que integran
el registro y permitir el ejercicio del control social suministrando a las
autoridades la información sobre el empadronamiento.

Artículo 2.2.4.4.4. Corresponsabilidad. Sin perjuicio de las competencias
asignadas a todas las instituciones que integran el Registro Nacional de
Identificación Balística, estas deberán garantizar el registro, validación,
actualización, generación y suministro de la información, así como la
interoperabilidad de los sistemas y su consulta en línea.

Artículo 2.2.4.4.5. Interoperabilidad. Los sistemas de información que integran
el Registro Nacional de Identificación Balística mantendrán una permanente
comunicación y cooperación en doble vía, permitiendo el registro, validación,
actualización, generación y suministro de los datos almacenados, para el
desarrollo de sus funciones, garantizando su compatibilidad y permitiendo el
ingreso y la consulta de la información.

Artículo 2.2.4.4.6. Protección de datos personales. Las instituciones que
integran el RNIB garantizarán la eficacia del ejercicio del derecho fundamental
de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringir
los datos en los casos autorizados por la Constitución o la Ley, y conforme a lo
previsto en los artículos 18 y 19 la Ley 1712 de 2014, en consonancia con las
definiciones previstas en los literales c) y d) del artículo 6°, de la misma.

Parágrafo. Las Instituciones a las que hace referencia este artículo que
recolecten, procesen, almacenen, usen, o traten datos personales, deberán
realizar esa actividad de manera legal, licita, confidencial y segura, dando
estricto cumplimiento a las normas sobre Protección de Datos Personales
previstas en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. Adicionalmente, deberán
adoptar medidas de responsabilidad demostrada para garantizar el debido
tratamiento de esos datos, en especial, aquellos de naturaleza sensible. Dichas
medidas deben ser apropiadas, efectivas, útiles, eficientes, y demostrables.
Especial énfasis realizarán en garantizar la veracidad, la seguridad, la
integridad, la calidad, la confidencialidad, el uso, y la circulación
restringida de esa información.

Artículo 2.2.4.4.7. Entidades que conforman el Registro Nacional de
Identificación Balística:

1. Ministerio de Defensa Nacional: tiene la potestad reglamentaria referente al
Registro Nacional de Identificación Balística.

2. Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE):
realizará el registro, validación, actualización, generación, certificación y
suministro de la información, que permita la interoperabilidad de la información
requerida por el Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC.)

3. Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e
INTERPOL: realizará el diseño, implementación, dirección y administración del
Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC).

4. Fiscalía General de la Nación: realizará el diseño, implementación, dirección
y administración del Sistema de Información de Huella Balística Criminal
(SIHBCR).

SECCIÓN 2

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE HUELLA BALÍSTICA CIVIL (SIHBC).

Artículo 2.2.4.4.8. Diseño, implementación, dirección y administración del
Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC). El diseño,
implementación, dirección y administración del sistema es responsabilidad del
Ministerio de Defensa Nacional a través de la Policía Nacional-Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL, para lo cual cumplirá con las siguientes
funciones:

1. Desarrollar e implementar la infraestructura tecnológica que sea necesaria
para el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

2. Establecer las etapas de despliegue necesarias para que las instituciones
responsables en el procedimiento de permisos para porte o tenencia de las armas
de fuego se integren al Sistema de Información de Huella Balística Civil
(SIHBC).

3. Diseñar y establecer los medios que permitan la operación, registro,
actualización y gestión de la información requerida por el Sistema de
Información de Huella Balística Civil (SIHBC) e impartir las directrices
relacionadas con los usos y propósitos de la información.

4. Realizar el empadronamiento de las armas de fuego.

5. Definir los procedimientos estándar que deberán ser utilizados por las
diferentes instituciones para la operación, registro, actualización y gestión de
la información que requiera el Sistema de Información de Huella Balística Civil
(SIHBC) en sus etapas de despliegue.

6. Hacer seguimiento a la operabilidad del Sistema de Información de Huella
Balística Civil (SIHBC) y al cumplimiento de las instituciones en el registro,
validación, actualización, generación y suministro de la información.

7. Garantizar y facilitar el acceso a la información a las entidades
corresponsables, teniendo en cuenta los roles y accesos que se determinen para
tal fin, así como las restricciones de reserva que impongan la Constitución
Política y la ley.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional establecerá los lineamientos para
el procedimiento y protocolo de seguridad necesario para garantizar la
confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben ser
reservados, y establecer los roles y acceso al Sistema de Información de Huella
Balística Civil (SIHBC).

Artículo 2.2.4.4.9. Usuarios del Sistema de Información de Huella Balística
Civil (SIHBC). Serán usuarios del Sistema de Información de Huella Balística
Civil (SIHBC) las instituciones establecidas en el artículo 2.2.4.4.3 del
presente Decreto, los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y los
ciudadanos, teniendo en cuenta las restricciones de información y de acceso que
sean establecidos por la Policía Nacional a través de la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL.

Artículo 2.2.4.4.10. Responsabilidades de las instituciones que integran al
Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC). Las instituciones a
quienes se aplica el presente Decreto son responsables del registro, validación,
actualización, generación, certificación y suministro de la información de cada
institución que integra el Sistema de Información de Huella Balística Civil
(SIHBC).

Es responsabilidad de las instituciones velar porque la información que se
incorpore en el Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC) se
registre, valide, actualice, genere y suministre de manera oportuna, veraz y
confiable.

Artículo 2.2.4.4.11. Armas de fuego que deben ser registradas y empadronadas en
el Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC). Las armas de fuego
con permisos para porte o tenencia que deben ser registradas y empadronadas, son
las que cumplan con las siguientes características técnicas:

a) Pistolas, subametralladoras y revólveres sin importar calibre

b) Fusiles y carabinas sin importar calibre

c) Armas automáticas sin importar calibre

d) Escopetas sin importar calibre

e) Rifles sin importar calibre

Artículo 2.2.4.4.12. Procedimiento para el empadronamiento. A partir de la
entrada en funcionamiento del Registro Nacional de Identificación Balística, las
personas naturales o jurídicas deberán propender por la realización del
procedimiento de empadronamiento de las armas de fuego con permiso de porte o
tenencia.

En cuanto a las armas de fuego nuevas se realizará el registro de
empadronamiento durante el trámite de adquisición, para lo cual la Policía
Nacional lo efectuará antes de ser entregada por el DCCAE al titular del
permiso.

Parágrafo 1°. El costo del empadronamiento del arma de fuego corresponde al
fijado por la Ley 2197 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

Parágrafo 2°. El presente procedimiento, será requisito para la renovación y
cesión de los permisos para porte y/o tenencia de las armas de fuego.

Artículo 2.2.4.4.13. Fases para la operación del Sistema de Información de
Huella Balística Civil (SIHBC). Las fases de despliegue del sistema, por
instituciones y por módulos, serán definidas por el Ministerio de Defensa
Nacional a través de la Policía Nacional Dirección de Investigación Criminal e
Interpol. Una vez las instituciones sean convocadas a integrarse al Sistema de
Información de Huella Balística Civil (SIHBC), deberán hacerlo en los términos y
condiciones dispuestos por el Ministerio de Defensa Nacional.

Las entidades señaladas en el artículo 2.2.4.4.7 del presente decreto, deberán
registrar, validar, actualizar, generar y suministrar la información necesaria
en el Sistema de Información de Huella Balística Civil (SIHBC), para cumplir el
procedimiento de empadronamiento, de acuerdo con los parámetros y protocolos que
para tal efecto establezca el Ministerio de Defensa Nacional manteniendo
continua coordinación y comunicación.

Parágrafo 1°. Las Instituciones que integran el Sistema de Información de Huella
Balística Civil (SIHBC) deberán prestar asesoría, capacitación, acompañamiento y
suministro de la información requerida durante las etapas de diseño,
implementación, despliegue y en cualquier momento de su operación.

Parágrafo 2°. La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol, deberá observar los principios que rigen la cadena de
custodia establecidos en el Código de Procedimiento Penal en los procedimientos
que se realicen en el empadronamiento ante el Sistema de Información de Huella
Balística Civil (SIHBC).

Artículo 2.2.4.4.14. Costos del Sistema de Información de Huella Balística Civil
(SIHBC). Las entidades que integran el sistema, previa disponibilidad
presupuestal, asumirán los costos de uso y funcionamiento del mismo.

Las entidades deberán contar con los requerimientos técnicos necesarios para
operar el Sistema de Información de Huella Balística Civil, de acuerdo con las
especificaciones que establezca el Ministerio de Defensa Nacional a través de la
Policía Nacional-Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

SECCIÓN 3

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE HUELLA BALÍSTICA CRIMINAL (SIHBCR)

Artículo 2.2.4.4.15. Diseño, implementación, dirección y administración del
Sistema de Información de Huella Balística Criminal (SIHBCR). El diseño,
implementación, dirección y administración del sistema es responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación, para lo cual cumplirá con las siguientes
funciones:

1. Desarrollar e implementar la infraestructura tecnológica que sea necesaria
para el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

2. Diseñar y establecer los medios que permitan la operación, registro,
actualización y gestión de la información requerida por el sistema e impartir
las directrices relacionadas con los usos y propósitos de la misma.

3. Definir los procedimientos estándar que deberán ser utilizados por las
diferentes instituciones para la operación, registro, actualización y gestión de
la información que requiera el sistema.

4. Hacer seguimiento a la operabilidad del sistema y al cumplimiento de las
instituciones en la operación, registro, validación, actualización, y gestión.

5. Garantizar y facilitar el acceso a la información a las entidades
corresponsables, teniendo en cuenta los roles y accesos que se determinen para
tal fin, así como las restricciones de reserva que impongan la Constitución
Política y la ley.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación establecerá los lineamientos para el
procedimiento y protocolo de seguridad necesario para garantizar la
confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben ser
reservados, y establecer los roles y acceso al sistema.

Artículo 2.2.4.4.16. Usuarios del Sistema de Información de Huella Balística
Criminal (SIHBCR). Serán usuarios del Sistema de Información de Huella Balística
Criminal(SIHBCR) las instituciones con funciones permanentes de policía judicial
de conformidad con el artículo 201 de la Ley 906 de 2004, teniendo en cuenta las
restricciones de información y de acceso que sean establecidas por la Fiscalía
General de la Nación, de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 2.2.4.4.17. Responsabilidades de las instituciones que se integren al
Sistema de Información de Huella Balística Criminal (SIHBCR). Las instituciones
a quienes se aplica el presente decreto son responsables de la operación,
registro, validación, actualización, entrega y gestión de la información de cada
institución que integra el sistema.

SECCIÓN 4

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Artículo 2.2.4.4.18. Régimen de Transición. A partir de la entrada en vigencia
del presente decreto las instituciones que integran el Sistema de Información de
Huella Balística Civil (SIHBC) contarán con un término de dos meses, para
cumplir con las condiciones técnicas y tecnológicas del funcionamiento del
Registro Nacional de Identificación Balística, y doce (12) meses adicionales
para implementar el citado registro, las cuales serán establecidas por el
Ministerio de Defensa Nacional a través de la Policía Nacional-Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, contados a partir de la expedición del
presente decreto.

CAPÍTULO 5

Nota: Capítulo 5 adicionado por el Decreto 1563 de 2022, artículo 1º.

Clasificación y Reglamentación del Porte de las Armas, Municiones, Elementos y
dispositivos Menos Letales

Artículo 2.2.4.5.1. Objeto. Reglamentar la clasificación, marcaje, registro,
permiso y restricciones de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales.

Artículo 2.2.4.5.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a todas
las personas naturales o jurídicas, de conformidad con lo establecido en la
presente norma, con excepción de la Fuerza Pública, en el cumplimiento de su
misión Constitucional, Legal y Reglamentaria.

Artículo 2.2.4.5.3. Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales.
Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales se clasificarán
según su funcionamiento y características, como se enuncia en los artículos
siguientes, así como el cumplimiento de requisitos para el porte, la
comercialización, importación y exportación, en los términos establecidos en el
presente decreto.

Artículo 2.2.4.5.4. Energía Cinética. Elemento diseñado para influir en el
comportamiento de una persona, generando incomodidad física o dolor mediante el
impacto no punzante o perforante; así mismo entiéndase la energía cinética como
la energía que se genera por el movimiento, de lo que se desprende que no
depende de su funcionamiento, sino de su movimiento, en los términos de la Ley.
Dentro de esta clasificación se incluyen a título de enunciación, las
siguientes:

a) Bastón tonfa.

b) Bastón extraíble.

c) Manoplas metálicas.

Artículo 2.2.4.5.5. Neumáticas o de Aire Comprimido. Son todas aquellas que
utilizan como fuerza impulsora del proyectil la originada por la expansión de un
gas comprimido. Dentro de esta clasificación solo se autoriza el porte de las
siguientes armas menos letales:

a) Revólver.

b) Pistola.

c) Escopeta.

d) Carabina.

e) Rifle.

Artículo 2.2.4.5.6. Fogueo. Son todas aquellas que utilizan un cartucho que
carece de proyectil, el cual genera sonido similar al de un arma de fuego.
Dentro de esta clasificación solo se autoriza el porte de las siguientes armas
menos letales:

a) Revólver.

b) Pistola.

c) Escopeta.

d) Carabina.

e) Rifle.

Artículo 2.2.4.5.7. Eléctricas. Son todas aquellas que utilizan una descarga
eléctrica para anular el sistema nervioso central y provocar una contracción
involuntaria del tejido muscular. Dentro de esta clasificación solo se autoriza
la importación, comercialización y porte de aquellas que cumplan con las
siguientes características técnicas.

a) Dispositivo de Control Electrónico (descarga de energía eléctrica).

b) Emisión de pulsos máxima de 5 segundos de duración.

c) Voltaje: mínima 1.200 Volt.

d) Máxima 50.000 volt.

e) Intensidad max 2,1 mA.

Artículo 2.2.4.5.8. Bioquímica. Son todos aquellos elementos diseñados para la
detención de animales salvajes, reducen de manera inmediata, produciendo un
efecto analgésico incapacitante. Dentro de esta clasificación solo se autoriza
el porte de las siguientes armas menos letales:

a) Pistola lanzadora de dardos tranquilizantes.

b) Rifle lanzador de dardos tranquilizantes con manómetro (uso animal).

Artículo 2.2.4.5.9. Municiones de las armas, elementos y dispositivos menos
letales. Corresponden a la unidad de carga diseñada para ser empleada en las
armas, elementos y dispositivos menos letales, necesaria para su funcionamiento.
Se clasifican de la siguiente manera:

1. Neumáticas o de Aire Comprimido.

a) Proyectiles tipo balín (posta o perdigón), diábolos o dardos calibres entre
el 4,5 milímetro o .117 pulgadas al 17,3 milímetro o .68 pulgadas, metálicos o
plásticos.

b) Proyectiles esféricos en goma o pintura calibre 10,92 milímetros o .43
pulgadas.

2. Fogueo.

a) Cartucho sin proyectil, calibre 5,59 milímetros o .22 pulgadas.

b) Cartucho sin proyectil calibre 9x22mm o .380 pulgadas.

3. Bioquímica.

Dardos de 3/8 pulgada a 3 pulgadas de longitud, con analgésico, en material
plástico desechable.

Artículo 2.2.4.5.10. Permiso para porte de armas, elementos y dispositivos menos
letales. Los particulares de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de
la Ley 2197 de 2022, podrán tramitar un permiso para el porte de armas,
elementos o dispositivos menos letales clasificados en el presente decreto.

Parágrafo 1°. El permiso de que trata el presente artículo, tendrá una vigencia
de tres (3) años, se podrá autorizar hasta un máximo de dos (2) armas, elementos
o dispositivos menos letales por persona natural, para las personas jurídicas
deberán justificar la cantidad requerida para el uso de estos elementos y su
autorización será bajo la potestad discrecional del Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

Parágrafo 2°. Los elementos menos letales enunciados en la clasificación de
energía cinética, no requieren permiso de porte.

Parágrafo 3°. Aquellos elementos o dispositivos menos letales que sean de
consumo o se agoten a través del tiempo o su empleo, no requieren permiso para
su porte, excepto, las restricciones establecidas en la Ley.

Artículo 2.2.4.5.11. Procedimiento de obtención de permiso de porte de Armas y
dispositivos menos letales. Las personas naturales o jurídicas para la obtención
del permiso de porte de las armas y dispositivos menos letales, deberán seguir
el siguiente procedimiento:

Marcaje. La Industria Militar dentro de los seis (6) meses posteriores a la
entrada en vigencia del presente Decreto, procederá a iniciar el marcaje de las
armas o dispositivos menos letales, que los ciudadanos a iniciativa propia
interesados en definir la situación jurídica sobre las mismas, entreguen,
conforme al siguiente procedimiento:

1. Inscribirse en los canales de atención definidos por el Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

2. Para la realización del marcaje, se verificarán los antecedentes judiciales
del solicitante.

3. Los puntos de entrega de las armas y dispositivos menos letales serán
establecidos por la Industria Militar.

4. Presentarse ante la Industria Militar con la solicitud de marcaje previa
inscripción.

5. Una vez recibida el arma por parte de la Industria Militar en los puntos
establecidos, se procederá al marcaje de armas y dispositivos menos letales, en
el cual mínimo se debe contemplar:

5.1. Características de cada una de las armas y dispositivos menos letales.

5.2. Datos de contacto del titular de la misma.

5.3. se realiza un marcaje alfanumérico mediante tecnología láser en bajo
relieve.

6. El ciudadano será notificado cuando debe presentarse a reclamar el arma,
elemento o dispositivo menos letales marcada y deberá continuar el trámite del
permiso de porte para su posterior anotación en el Registro Nacional de Armas,
elementos o dispositivos menos letales.

7. Entregar el arma voluntariamente en el caso en que decida no marcarla o haya
reportado antecedentes judiciales, en los puntos de atención definidos por el
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 2197 de
2022, las personas naturales o jurídicas que posean armas y dispositivos menos
letales, tendrán seis (6) meses para iniciar los trámites ante la Industria
Militar y posterior solicitud de obtención del permiso de porte, y consecuente
registro ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos, so pena de su incautación por parte de la autoridad.

Artículo 2.2.4.5.12. Requisitos para la solicitud de permiso de porte de las
armas, elementos, y dispositivos menos letales. Para el estudio de las
solicitudes de permisos para el porte de armas, elementos y dispositivos menos
letales, deberá cumplir los siguientes requisitos ante el Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos:

1. Haber realizado el procedimiento de marcaje ante la Industria Militar

2. Generar el trámite de permiso de porte de las armas menos letales,
digitalizando los siguientes documentos:

a) Para personas naturales:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

b) Para personas jurídicas, Además de la verificación por parte del Departamento
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, del certificado de
existencia y representación legal de la persona jurídica, los siguientes
documentos:

1. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal.

2. Autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
para los servicios sometidos a su vigilancia.

Artículo 2.2.4.5.13. Registro Nacional de Armas, elementos o dispositivos menos
letales. Es un sistema único que permitirá interoperabiliad entre el sistema de
información de la Industria Militar, sistema del DCCAE, sistema de información
de la DIAN, sistema de información de la Policía Nacional y sistema de
información de la Superintendencia de Vigilancia a Seguridad Privada, para su
implementación y puesta en marcha, el Departamento Control Comercio de Armas y
Explosivos (DCCAE), a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto,
contará con ocho (8) meses, teniendo en cuenta los principios de identidad,
integridad, preservación , seguridad, inalterabilidad y autenticidad de la
información allí registrada.

Parágrafo 1°. El Registro Nacional de Armas y dispositivos menos letales, será
administrado por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos y en él se incluirán todos los permisos de porte expedidos a las
personas naturales o jurídicas; estando disponible para su consulta por parte de
los organismos de seguridad del Estado, a efectos de las investigaciones penales
y administrativas en que puedan verse involucradas.

Parágrafo 2°. El sistema de información de la Industria Militar debe contener
los registros del marcaje de armas y dispositivos menos letales, como de sus
características y la información del titular de las mismas, así como los
registros de la comercialización, importación y exportación de armas, elementos
y dispositivos menos letales.

Parágrafo 3°. La Policía Nacional coordinará con el Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos el apoyo necesario para acceder a la
información, teniendo en cuenta los roles que se determinen para tal fin y en
cumplimiento a la Ley, que permitan dar celeridad a los trámites de los
ciudadanos.

Artículo 2.2.4.5.14. Costos para el registro. El solicitante deberá pagar los
valores asociados al Registro Nacional de Armas y dispositivos menos letales en
la cuenta bancaria que el Comando General de las Fuerzas Militares-Dirección
Administrativa y Financiera o quien haga sus veces establezca, de acuerdo con lo
estipulado en el parágrafo 3° del artículo 38 de la Ley 2197 de 2022, que
corresponde a un 3% de un smlmv, el cual deberá ser ajustado al valor de la
Unidad de Valor Tributario (UVT) por el Departamento Control Comercio de Armas,
municiones y Explosivos.

Parágrafo. El recaudo del valor del Registro Nacional de Armas y dispositivos
menos letales, será destinado para el sostenimiento del Registro Nacional de que
trata el artículo 29 de la Ley 2197 de 2022.

Artículo 2.2.4.5.15. Tiempo para entrega del permiso. Una vez el solicitante
cumpla los requisitos establecidos para obtener el permiso, previo marcaje del
arma menos letal, deberá realizar el pago del registro, a través de los
mecanismos que establezca el Comando General de las Fuerzas Militares, el cual
será entregado en ocho (8) días hábiles.

Artículo 2.2.4.5.16. Autorización para entregar al ciudadano. El ciudadano
recibirá por la realización del trámite, el respectivo permiso de porte del arma
o dispositivos menos letales, cuando cumpla con todos los requisitos
establecidos en el presente Decreto.

Artículo 2.2.4.5.17. Canales de atención. Los canales de atención para realizar
el trámite serán los establecidos por el Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, y para el
marcaje, los definidos por la Industria Militar.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas que tengan armas menos letales de
uso civil, en caso de no entregarlas al Estado, deberán realizar el trámite de
marcaje y permiso de estas ante la autoridad competente en un plazo de ocho (8)
meses contados a partir del inicio del proceso de marcaje por parte de INDUMIL.

Artículo 2.2.4.5.18. Pérdida o Hurto de Armas. El titular de un permiso de porte
de armas, elementos y dispositivos menos letales que sufra pérdida o hurto,
deberá:

a) Inscribirse en los canales de atención definidos por el Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

b) Generar el trámite de descargo por cualquiera de las dos situaciones, pérdida
o hurto, digitalizando los siguientes documentos:

• Cuando sea por pérdida por cualquier motivo, el ciudadano deberá indicar la
fecha, datos personales, datos del arma (clase, marca, calibre y serie) y relato
sucinto de los hechos ocurridos al respecto

• Cuando sea por hurto, el ciudadano deberá presentar denuncia ante la autoridad
competente en la que se debe registrar el número de noticia criminal.

Artículo 2.2.4.5.19. Comercialización, Importación y exportación de armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales. Las personas nacionales o
extranjeras podrán comercializar, importar y exportar armas y dispositivos menos
letales; accesorios, partes y municiones, clasificados en el presente
articulado, conforme a la regulación que expedirá la Industria Militar, en un
plazo de tres (3) meses, a partir de la entrada en vigencia del presente
decreto.

Las personas nacionales o extranjeras que quieran comercializar, importar y
exportar armas y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones,
clasificados en el presente Decreto, deberán obtener previamente un concepto
favorable expedido por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos, en un plazo máximo de 30 días, conforme a la reglamentación expedida
por la Industria Militar.

Parágrafo. Los comerciantes autorizados para la importación de armas y
dispositivos menos letales, deberán tramitar el proceso de marcaje ante la
Industria Militar, previo a su comercialización.

Artículo 2.2.4.5.20. Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
deportivas. Son las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
que cumplen con las especificaciones necesarias para practicar las modalidades
de tiro avaladas por la Federación Colombiana de Tiro Deportivo, para la
práctica del deporte en sitios y por entidades autorizadas, clasificadas dentro
de las neumáticas, aire o gas comprimido, las cuales pueden transportarse sin
necesidad de permiso de porte.

Transporte: Es la acción de llevar las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales de un lugar a otro, clasificadas dentro de las
neumáticas o de aire comprimido, para reparación o práctica de tiro en sitios
autorizados, o para participar en competencias nacionales o internacionales.
Estas deben ir en su respectiva caja o estuche, en la cajuela o morral que
denoten su difícil accesibilidad y deben estar completamente descargadas, y sus
proveedores descargados por fuera del arma, si los tiene. Quien transporte esta
arma, munición, elemento o dispositivo menos letal, deberá estar acreditado por
la Federación Colombiana de Tiro.

Parágrafo 1°. En el evento que el arma deportiva neumática, aire o gas
comprimido sea de características similares a las armas menos letales
clasificadas en el presente decreto, deberá contar con el respectivo permiso de
porte.

Parágrafo 2°. Los elementos o dispositivos menos letales, de características y
funcionamiento diferente a las armas de fuego, ubicados en centros de
entrenamientos, polígonos o lugares para práctica de recreación autorizados, no
requieren tramitar permiso de porte.

Artículo 2.2.4.5.21. Armas, elementos y dispositivos menos letales de Colección.
Son aquellas que por sus características históricas, tecnológicas o científicas
son destinadas a la exhibición privada dentro de inmuebles por lo tanto no
requieren tramitar permiso de porte, no podrán ser portadas, so pena de su
incautación conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.4.5.22. Trámite administrativo de la incautación y disposición
final. Las armas, municiones y dispositivos menos letales que sean objeto de
incautación, por circunstancias diferentes a las establecidas en la Ley 1801 de
2016, se adelantará el procedimiento administrativo de que trata la Ley 1437 del
2011, garantizando el debido proceso. El presente trámite deberá ser registrado
en el sistema de información creado para el efecto.

Parágrafo 1°. Terminado el procedimiento administrativo, el arma, munición o
dispositivo menos letal, se entregará al Departamento Control Comercio de Armas
y Explosivos, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la
Ley 2197 de 2022, se proceda a la destrucción.

Parágrafo 2°. En el momento que el arma, munición o dispositivo menos letal, se
encuentre inmersa en la comisión de una conducta punible, quedará a disposición
de la autoridad judicial en las instalaciones policiales, y se informará al
Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos, para que proceda a la
respectiva cancelación del permiso.

Una vez se resuelva la situación del arma menos letal, por parte de la autoridad
judicial, se remitirá al Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos,
para su destrucción, conforme al procedimiento establecido en la Ley 2197 de
2022.

Parágrafo 3°. Indumil, deberá adelantar las coordinaciones pertinentes con el
Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos que permitan
llevar a cabo la disposición final de las armas, municiones y dispositivos menos
letales, así como la actualización en el registro nacional de armas, elementos y
dispositivos menos letales, dando cuenta de las armas destruidas.

Artículo 2.2.4.5.23. Entrega de armas menos letales. Dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, las personas
naturales o jurídicas propietarias de armas menos letales con características
similares a las armas de guerra, o uso privativo de la fuerza pública y de uso
restringido, deberán entregarlas al Estado, en caso contrario serán incautadas y
decomisadas conforme lo señala el artículo 34 de la Ley 2197 de 2022. La entrega
se hará al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del
Comando General de las Fuerzas Militares y/o Seccionales Control Comercio de
Armas a nivel nacional, sin recibir contraprestación alguna.

Parágrafo 1°. Las personas naturales y jurídicas propietarias de armas menos
letales que cumplan con las características de uso civil de defensa personal que
quieran hacer su entrega y no quieran solicitar el permiso ante la autoridad
competente, podrán entregarlas al Estado en el mismo término establecido en el
presente artículo.

Parágrafo 2°. El material recibido en el Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares y/o
Seccionales Control Comercio de Armas a nivel nacional, deberá remitirse al
Almacén General de Armas entregadas al Estado, para su destrucción por parte de
la Industria Militar, previo concepto del DCCAE.

Parágrafo transitorio. Las armas, elementos o dispositivos menos letales,
accesorios, partes y municiones, que al momento de la expedición del presente
decreto se encuentren incautadas con acto administrativo ejecutoriado, se
entregarán al Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos, de su
jurisdicción para proceder con la disposición final.

Artículo 2.2.4.5.24. Clasificación de las Armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, autorizados para el servicio de vigilancia y
seguridad privada. Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
para el desarrollo de actividades por parte de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, se clasificarán según su funcionamiento y características,
previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
como se enuncia seguidamente:

I. Neumáticas o de Aire Comprimido. Son todas aquellas que utilizan como fuerza
impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido.
Dentro de esta clasificación solo se autoriza el empleo de las siguientes armas
menos letales:

a) Revólver.

b) Pistola.

c) Carabina.

II. Fogueo. Son todas aquellas que utilizan un cartucho que carece de proyectil,
el cual genera sonido similar al de un arma de fuego. Dentro de esta
clasificación solo se autoriza el empleo de las siguientes armas menos letales:

a) Revólver

b) Pistola

III. Eléctricas. Son todas aquellas que utilizan una descarga eléctrica para
anular el sistema nervioso central y provocar una contracción involuntaria del
tejido muscular. Dentro de esta clasificación solo se autoriza la importación,
comercialización y empleo de aquellas que cumplan con las siguientes
características técnicas.

Dispositivo de Control Electrónico (descarga de energía eléctrica).

Emisión de pulsos máxima de 5 segundos de duración.

Voltaje: mínima 1.200 Volt Máxima 50.000 volt.

Intensidad max 2,1 mA.

IV. Acústica. Elemento diseñado para emplear tecnología de sonido audible para
entregar mensajes de advertencia, tales como discursos, grabaciones o tonos de
aviso o que generen fatiga auditiva de manera temporal.

Artículo 2.2.4.5.25. Autorización, uso y permisos de las armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales para los servicios de vigilancia y
seguridad privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
regulará la autorización, el uso y tipo de permisos de las armas, elementos y
dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones para los servicios
de vigilancia y seguridad privada en desarrollo de sus labores, de conformidad
con la normatividad vigente.

Para ello deberán contar con la autorización previa para la prestación del
servicio con medio tecnológico, emitida por la Superintendencia de vigilancia y
Seguridad Privada.

Parágrafo 1°. Los servicios de vigilancia y seguridad privada procederán ante la
Industria Militar para el proceso de marcaje de las armas menos letales
autorizadas para el desarrollo de las actividades, previa autorización de la
Superintendencia de vigilancia y seguridad.

Parágrafo 2°. Las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y
seguridad privada y los departamentos de capacitación utilizarán, para los fines
académicos correspondientes, las armas elementos, dispositivos menos letales;
accesorios, partes y municiones conforme a la reglamentación que expida la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo 3°. Exceptúese el uso de armas, elementos, dispositivos menos letales;
accesorios, partes y municiones a las empresas de transporte de valores.

Parágrafo 4°. Exceptúese el uso de armas, elementos, dispositivos menos letales;
accesorios, partes y municiones al personal de manejadores caninos en la
prestación de su servicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo
2.6.1.1.3.3.19 del Decreto 1070 de 2015.

Artículo 2.2.4.5.26. Régimen de Transición para el comercio de las armas,
elementos y dispositivos menos letales. Los comerciantes que al momento de
entrar en vigencia el presente Decreto tengan registradas en sus balances e
inventarios armas y dispositivos menos letales deberán tramitar el marcaje ante
la Industria Militar, con excepción de las armas establecidas en el artículo
2.2.4.5.23 del presente Decreto.

Una vez marcadas las armas, el comerciante que proceda a comercializar las
mismas, deberá exigir al particular que vaya a adquirir el arma menos letal,
tramitar el permiso ante el Departamento Control Comercio Armas y Explosivos.
Una vez sea autorizado el permiso, podrá entregar el arma menos letal al
particular.

El comerciante deberá llevar un registro de quien las adquiere, salvo cuando se
exporten. En el registro deberá indicar el nombre, apellidos y el número de la
cédula de ciudadanía de las personas naturales o la razón social, número de
identificación tributaria-NIT y nombre, apellidos y número de la cédula de
ciudadanía del representante legal cuando se trate de una persona jurídica,
dejando copia del documento de identidad y del certificado de existencia y
representación legal.

TÍTULO 5.

UTILIZACIÓN DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA

CAPÍTULO 1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES.

Artículo 2.2.5.1.1. Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente Título tiene por
objeto reglamentar la utilización a título protector del emblema de la Cruz Roja
por parte del personal sanitario al servicio de la Fuerza Pública y del personal
sanitario civil autorizado por el Ministerio de la Protección Social, así como
de sus unidades y medios de transporte sanitarios destinados exclusivamente a la
asistencia, búsqueda y transporte de heridos, enfermos y náufragos.

(Decreto 138 de 2005 artículo 1°)

Artículo 2.2.5.1.2. Alcance. Para los efectos del presente Título se entiende
por:

Personal sanitario de la Fuerza Pública: Se entiende por personal sanitario de
la Fuerza Pública, aquellas personas al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, destinadas exclusivamente, con carácter permanente, temporal u
ocasional, a la atención, búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o
tratamiento (incluido los primeros auxilios) de los heridos, enfermos o
náufragos, así como a la prevención de las enfermedades o a la administración o
funcionamiento de las unidades y medios de transporte sanitario.

Unidades sanitarias de la Fuerza Pública: Son los establecimientos sanitarios
militares y policiales, organizados para el desarrollo de labores sanitarias.
Comprende los establecimientos de sanidad militar y policial de cualquier nivel
de atención, los puestos de socorro en campaña fijos, móviles, temporales o
permanentes, los depósitos de material sanitario y productos farmacéuticos de
dichos establecimientos.

Medios de transporte sanitarios de la Fuerza Pública: Son todos los vehículos
terrestres, aéreos o acuáticos, temporales o permanentes, exclusivamente
utilizados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la evacuación y
transporte de heridos, enfermos o náufragos, personal sanitario y/o equipo y/o
materiales sanitarios.

Personal religioso de la Fuerza Pública: Son todas las personas exclusivamente
consagradas de manera temporal o permanente, a su ministerio asistencia
espiritual y adscrita a la Fuerza Pública.

Personal sanitario civil: Se entiende por personal sanitario civil, aquellas
personas al servicio de entidades de salud tanto públicas como privadas
autorizadas por el Ministerio de la Protección Social, sin vinculación con la
Fuerza Pública, y destinadas exclusivamente con carácter permanente, temporal u
ocasional, a la atención, búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o
tratamiento (incluido los primeros auxilios) de los heridos, enfermos o
náufragos, así como a la prevención de las enfermedades o a la administración o
funcionamiento de las unidades o medios de transporte sanitario civiles en
situación o zonas de conflicto armado.

Unidades sanitarias civiles: Se entiende por unidades sanitarias civiles los
establecimientos y otras formaciones, de carácter civil autorizados por el
Ministerio de la Protección Social y organizados con fines sanitarios. La
expresión comprende, entre otros hospitales y otras unidades similares, los
centros de transfusión de sangre, los centros e institutos de medicina
preventiva y los depósitos de material sanitario, así como los almacenes de
material sanitario y de productos farmacéuticos de esas unidades. Las unidades
sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanentes o temporales.

Medios de transporte sanitarios civiles: Se entiende por medio de transporte
sanitario civil todo medio de transporte de carácter civil autorizado por el
Ministerio de la Protección Social, permanente o temporal, destinado
exclusivamente al transporte sanitario en situaciones o zonas de conflicto
armado. Por transporte sanitario se entenderá el transporte por tierra, agua o
aire de los heridos, enfermos o náufragos, o del personal sanitario o del equipo
y material sanitarios.

Uso del emblema de la Cruz Roja a título protector: La utilización del emblema
de la Cruz Roja a título protector en tiempo de conflicto armado es la
manifestación visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra,
sus protocolos adicionales, la Ley 875 de 2004 y el presente Título, al personal
sanitario y religioso de la Fuerza Pública, al Personal Sanitario Civil
autorizado por el Ministerio de la Protección Social, así como a sus unidades y
medios de transporte sanitarios.

Uso indebido del emblema: Se entiende por uso indebido el empleo del emblema de
la Cruz Roja o del término Cruz Roja por personal no autorizado en virtud de los
Convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales, la Ley 875 de 2004 y
el presente Título, así como el empleo de cualquier señal, signo o término que
constituya una imitación o que pueda dar lugar a confusión, sea cual fuere la
finalidad de tal empleo.

Abuso del emblema: Se entiende por abuso del emblema su uso pérfido por el
personal sanitario o religioso de conformidad con lo establecido en el artículo
143 del Código Penal Colombiano.

(Decreto 138 de 2005 artículo 2°)

CAPÍTULO 2.

DEL PERSONAL SANITARIO DE LA FUERZA PÚBLICA.

Artículo 2.2.5.2.1. Uso del Emblema a Título Protector por parte del Personal
Sanitario y Religioso. En desarrollo de lo establecido en el Anexo I, del
Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, bajo el control del
Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Sanidad
Militar y de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el personal
sanitario y religioso de la Fuerza Pública, tanto en tiempo de paz como en
tiempo de conflicto armado, utilizarán el emblema de la Cruz Roja.

El personal sanitario y religioso se identificará mediante un brazalete cuyo
modelo único será confeccionado en material impermeable, de color negro de 50 cm
de longitud por 12 cm de ancho, que en el centro contendrá un cuadrado blanco de
9 cm de lado, en cuyo interior se bordará la Cruz Roja de 8 cm de longitud,
formada por dos bandas de las mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra
vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos, indicando
en la parte inferior-exterior del cuadrado blanco, el nombre de la Fuerza a la
cual pertenece quien lo porta.

(Decreto 138 de 2005 artículo 3°)

Artículo 2.2.5.2.2. Uso del Emblema a Título Protector en Unidades y Medios de
Transporte Sanitario. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo II del
Anexo I del Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, bajo el control
del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Sanidad
Militar y de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en tiempo de paz y
conflicto armado:

1. Los establecimientos sanitarios militares y policiales se identificarán con
el emblema de la Cruz Roja a título protector, pintado sobre un recuadro blanco
de las máximas dimensiones posibles, en el cual esté inscrita la Cruz Roja,
formada por dos bandas de las mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra
vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos.

Dicho emblema se ubicará en techo, laterales y fachada de los establecimientos
de sanidad, con el fin que resulte visible desde todas las direcciones y desde
la mayor distancia posible, especialmente desde el aire.

2. Los medios de transporte sanitarios militares y policiales conservarán sus
colores correspondientes y se identificarán con el emblema de la Cruz Roja a
título protector, pintado sobre un recuadro blanco de las máximas dimensiones
posibles, en el cual esté inscrita la Cruz Roja, formada por dos bandas de las
mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por
la mitad formando cinco cuadrados exactos, que se ubicará en el techo, capó,
laterales y parte posterior, de acuerdo con las características propias de cada
vehículo terrestre.

3. Las embarcaciones sanitarias, sus botes salvavidas, las embarcaciones
costeras de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que utilice el
personal sanitario de la Fuerza Pública, conservando los colores
correspondientes a cada Fuerza Militar y a la Policía Nacional, tendrán visible,
tan grande como sea posible, una o varias cruces rojas a cada lado del casco así
como en las superficies horizontales, de manera que se garantice la mayor
visibilidad desde el aire y en el agua. Todos los buques hospitales militares
izarán la bandera nacional y en el palo mayor ondeará lo más alto posible la
bandera blanca con la Cruz Roja en el centro e incluirán la indicación de la
unidad militar o policial a la que pertenecen.

4. Las aeronaves sanitarias, utilizadas para la evacuación de heridos, enfermos
o náufragos, así como para el transporte de material y personal sanitarios,
conservarán los colores de la Fuerza correspondiente y tendrán visible tan
grande como sea posible, el signo distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco.

5. La Dirección General de Sanidad Militar, las Direcciones de Sanidad de las
Fuerzas Militares y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, proveerán a
las unidades de la Fuerza Pública, de medios temporales de identificación, tales
como banderas, adhesivos y magnéticos entre otros, provistos del emblema de la
Cruz Roja, para identificar medios de transporte sanitarios ocasionales.

Todo el material entregado estará sometido a los controles establecidos en el
artículo 2.2.5.3.1., del presente Título.

6. Los medios de transporte y las unidades sanitarios autorizados para portar el
emblema de la Cruz Roja a título protector, podrán emplearlo en banderas o en
medios de fácil remoción, los cuales deberán ser visibles a distancia y en
horarios nocturnos se podrán iluminar o emplear materiales reflectivos.

7. Las unidades y medios de transporte sanitarios podrán utilizar además,
señales distintivas tales como la señal luminosa, la señal de radio o la
identificación por medios electrónicos.

(Decreto 138 de 2005 artículo 4°)

Artículo 2.2.5.2.3. Tarjeta de Identificación para el Personal Sanitario de la
Fuerza Pública. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Anexo I,
del Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, a través de la Dirección
General de Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional,
en tiempo de paz y conflicto armado, bajo el control del Ministerio de Defensa
Nacional se deberán cumplir las siguientes disposiciones:

1. El personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública debidamente autorizado
portará la tarjeta de identificación con el emblema de la Cruz Roja, diseñada en
material plastificado que ofrezca garantía contra su adulteración o
falsificación, de 85 mm de longitud por 50 mm de ancho, fondo blanco, en el cual
estará inscrita la Cruz Roja, formada por dos bandas, una horizontal y otra
vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos, cada uno
de ellos de 8 mm de lado. La tarjeta contendrá:

a) En el anverso:

La indicación de la fuerza y unidad a la que pertenece el titular.

Nombre, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo, fecha de nacimiento
del titular.

Fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta.

La indicación de tratarse de personal sanitario o religioso, militar o civil,
permanente o temporal.

Número interno de la tarjeta.

Firma de la autoridad que expide la tarjeta.

La leyenda El titular de esta tarjeta está protegido por los Convenios de
Ginebra de 1949 y los Protocolos I y II Adicionales a los Convenios de Ginebra
de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Estatura, color de ojos y de cabello, del titular.

Señales particulares del titular.

Fotografía del titular.

Firma del titular.

Huella dactilar del pulgar derecho del titular.

2. El personal sanitario o religioso autorizado a portar el brazalete y/o
tarjeta de identificación, deberá entregarlos a la Dirección de Sanidad
respectiva, una vez termine su vinculación laboral o contractual con el
Ministerio de Defensa Nacional.

3. La tarjeta de identificación se refrendará según permanencia en el grado.

4. Se designan las siguientes autoridades competentes para suscribir, expedir y
refrendar la tarjeta de identificación para el personal sanitario y religioso de
la Fuerza Pública, temporal o permanente, así:

a) Comando General Fuerzas Militares Director General Sanidad Militar

b) Ejército Nacional Director Sanidad Ejército

c) Armada Nacional Director Sanidad Armada

d) Fuerza Aérea Colombiana Director Sanidad Fuerza Aérea

e) Policía Nacional Director Sanidad Policía

(Decreto 138 de 2005 artículo 5°)

Artículo 2.2.5.2.4. Medidas de Control. Con el fin de controlar el uso del
emblema de la Cruz Roja, se adelantarán las siguientes acciones:

1. El Ministerio de Defensa Nacional a través de las Direcciones de Sanidad de
la Fuerza Pública, velarán por el correcto uso del emblema de la Cruz Roja, a
título protector por parte del personal sanitario y religioso de la Fuerza
Pública.

2. Las autoridades determinadas en el numeral cuarto del artículo 2.2.5.2.3.,
del presente Título, enviarán a los establecimientos de sanidad militar y
policial los brazaletes y tarjetas de identificación debidamente diligenciadas a
nombre de los funcionarios que los portarán, y ejercerán estrictas medidas de
control, mediante la implementación y actualización permanente de las bases de
datos respectivas.

3. En caso de pérdida de la tarjeta de identificación, deberá anexarse la copia
de la denuncia para efectos de su correspondiente reposición.

4. Las inspecciones de cada una de las Fuerzas y la Policía Nacional deberán
incluir entre los aspectos a revisar o inspeccionar, el correcto uso del
brazalete y tarjeta de identificación por parte del personal sanitario y
religioso de la Fuerza Pública, y las unidades y medios de transporte sanitarios
identificados.

5. Las mismas autoridades determinadas en el numeral cuarto del artículo
2.2.5.2.3., del presente Título, dispondrán las medidas necesarias para que las
tarjetas de identificación sean personales e intransferibles.

6. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de las autoridades determinadas
en el numeral cuarto del artículo 2.2.5.2.3., del presente Título, de oficio o a
solicitud de parte, tomarán las medidas indispensables en orden a evitar el uso
indebido o el abuso del emblema a título protector e informarán inmediatamente a
los Comandos con atribuciones disciplinarias.

7. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de
Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, tomará las
medidas indispensables para crear y actualizar una base de datos que contenga
las unidades y medios de transporte sanitarios de la Fuerza Pública autorizados
a portar el emblema.

(Decreto 138 de 2005 artículo 6°)

CAPÍTULO 3.

USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO CIVIL.

Artículo 2.2.5.3.1. Uso del Emblema a Título Protector por parte del Personal
Sanitario Civil. En tiempo de conflicto armado o en zona de conflicto armado, el
personal sanitario civil autorizado por el Ministerio de la Protección Social,
para portar el emblema de la Cruz Roja a título protector podrá emplearlo en
brazaletes, petos, chalecos u otras prendas de vestir, siempre procurando que
sea lo más visible posible.

(Decreto 138 de 2005 artículo 7°)

Artículo 2.2.5.3.2. Tarjeta de Identificación y Brazalete. En desarrollo de lo
establecido en el Capítulo I del Anexo I, del Protocolo I, adicional a los
Convenios de Ginebra, bajo el control del Ministerio de la Protección Social, se
deberán cumplir las siguientes disposiciones:

1. El personal sanitario civil debidamente autorizado portará la tarjeta de
identificación con el emblema de la Cruz Roja, diseñada con las dimensiones de
85 mm de longitud por 50 mm de ancho, fondo blanco, en la cual estará inscrita
la Cruz Roja, formada por dos bandas, una horizontal y otra vertical, que se
cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos, cada uno de ellos de 8 mm
de lado. La tarjeta contendrá:

a) En el anverso:

Nombre, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo y fecha de nacimiento
del titular.

b) En el reverso:

Número interno de la tarjeta.

La Leyenda Este documento es personal e intransferible. Debe ser presentada
junto con el documento de identidad, tarjeta profesional o carné de la entidad
de salud correspondiente.

Firma del titular.

Fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta.

Firma de la autoridad que expide la tarjeta.

2. El personal sanitario civil debidamente autorizado, podrá identificarse
mediante un brazalete cuyo modelo único será confeccionado en material
impermeable, de color blanco de 50 cm de longitud por 12 cm de ancho, que en el
centro contendrá una Cruz Roja de 9 cm de longitud, formada por dos bandas de
las mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que se cruzan
por la mitad, formando cinco cuadrados exactos.

3. El Despacho del Ministro de la Protección Social o el del Viceministro de
Salud y Bienestar, o quien haga sus veces, será la única autoridad competente
para expedir la tarjeta de identificación del personal sanitario civil y
proporcionar el brazalete.

4. El personal sanitario civil autorizado a portar el brazalete y tarjeta de
identificación, deberá entregarlos al Ministerio de la Protección Social, una
vez termine la vigencia de la autorización.

(Decreto 138 de 2005 artículo 8°)

Artículo 2.2.5.3.3. Uso del Emblema a Título Protector en Unidades y Medios de
Transporte Sanitarios Civiles. En tiempo de conflicto armado o en zona de
conflicto armado, las unidades y medios de transporte civiles, autorizados para
portar el emblema de la Cruz Roja a título protector, podrán emplearlo en
banderas o en medios de fácil remoción, los cuales deberán ser visibles a
distancia y en horarios nocturnos se podrán iluminar o emplear materiales
reflectivos.

(Decreto 138 de 2005 artículo 9°)

Artículo 2.2.5.3.4. De los Requisitos Técnicos. El emblema deberá constar de una
cruz conformada por cinco cuadros iguales de color rojo, la cual siempre estará
sobre un fondo blanco. El emblema no podrá ir acompañado de ningún otro
logotipo, escudo, publicidad o texto y será de las mayores dimensiones posibles
según su aplicación.

Parágrafo. Para unificar la tonalidad del color rojo se recomienda tomar como
base el Pantone 485, o en el sistema de cuatricromía, combinar amarillo 100% con
magenta 100%.

(Decreto 138 de 2005 artículo 10)

Artículo 2.2.5.3.5. De la Autorización. El emblema de la Cruz Roja a título
protector únicamente será autorizado expresamente, para identificar al personal,
unidades y medios de transporte sanitarios civiles, en situaciones o actividades
específicas, cuando realicen labores humanitarias de atención de víctimas del
conflicto armado, misiones concretas de salud pública o de atención de una
emergencia o desastre en zonas de conflicto armado. El Ministerio de la
Protección Social, adoptará el formato para la solicitud y autorización del uso
del emblema de la Cruz Roja a título protector, que hace parte integral del
presente Título, que deberá incluir el tipo de actividad, las zonas geográficas
a donde se realizará, el período de tiempo, nombres e identificación del
personal sanitario civil, las unidades y medios de transporte sanitarios civiles
involucrados.

(Decreto 138 de 2005 artículo 11)

Artículo 2.2.5.3.6. Medidas de Control. Con el fin de controlar el uso del
emblema de la Cruz Roja, se adelantarán las siguientes acciones:

1. El Ministerio de la Protección Social velará por el correcto uso del emblema
de la Cruz Roja, a título protector por parte del personal sanitario civil
autorizado.

2. En caso de que el personal sanitario civil autorizado utilice el emblema de
la Cruz Roja a título protector en actividades diferentes a las autorizadas,
incluyendo el mal uso de unidades o medios de transporte sanitarios señalizados,
el Ministerio de la Protección Social ordenará su retiro, sin perjuicio de las
sanciones penales, disciplinarias o legales a que haya lugar.

3. El Ministerio de la Protección Social, a través del Despacho del Ministro o
del Viceministro de Salud y Bienestar tomará las medidas indispensables para
crear un registro que contenga el personal sanitario, sus unidades o medios de
transportes autorizados a portar el emblema.

4. El Ministerio de la Protección Social y el personal sanitario civil
autorizado tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente
cualquier abuso o uso indebido del emblema del que tengan conocimiento.

(Decreto 138 de 2005 artículo 12)

CAPÍTULO 4.

DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 2.2.5.4.1. Sanciones. Los miembros de la Fuerza Pública, que abusen del
emblema de la Cruz Roja, en los términos consagrados en el artículo 2.2.5.3.2.
del presente Título, sin perjuicio de la acción penal, en su condición de
servidores públicos, incurrirán, además, en falta gravísima de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expide el Régimen
Disciplinario para la Policía Nacional y el numeral 34 del artículo 58 de la Ley
836, del 16 de julio de 2003 Reglamento de Régimen Disciplinario para las
Fuerzas Militares en concordancia con el numeral 7, artículo 48 de la Ley 734 de
2002 Código Disciplinario Único, o las normas que hagan sus veces.

Respecto a su personal sanitario civil autorizado, el Ministerio de la
Protección Social ejercerá su potestad disciplinaria en caso de uso indebido o
abuso del emblema. Los servidores públicos del sector salud, que abusen del
emblema de la Cruz Roja, en los términos consagrados en el presente Título, sin
perjuicio de la acción penal, incurrirán, además en falta gravísima de acuerdo
con lo establecido en el numeral 7, artículo 48 de la Ley 734 de 2002 Código
Disciplinario Único, o las normas que hagan sus veces.

(Decreto 138 de 2005 artículo 13)

Artículo 2.2.5.4.2. Difusión. El Ministerio de Defensa Nacional, efectuará
programas de difusión permanentes a través del Comando General de las Fuerzas
Militares y la Dirección General de la Policía Nacional y tomará las medidas
pertinentes con el fin de incluir en los programas académicos de las escuelas de
formación de la Fuerza Pública, el estudio de las normas relacionadas con el uso
y protección del emblema de la Cruz Roja. De igual manera dispondrá la difusión
de dichas normas a todos los niveles de la Fuerza Pública.

El Ministerio de la Protección Social continuará con sus programas de difusión
de las normas del Derecho Internacional Humanitario, en especial las reglas que
guardan relación directa con el respeto a la Misión Médica, por medio de las
asociaciones de facultades de ciencias de la salud, los entes territoriales de
salud y la divulgación dirigida al público en general.

(Decreto 138 de 2005 artículo 14)

Artículo 2.2.5.4.3. Inclusión en la Doctrina Militar y Policial de las Normas
Relativas al Uso y Protección del Emblema de la Cruz Roja y otras Señales
Distintivas. El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando General de
las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional, tomará las
medidas pertinentes con el fin de incluir en la doctrina militar y policial, las
normas relacionadas con el uso y protección del emblema de la Cruz Roja y otras
señales distintivas. A su vez, la Dirección General de Sanidad Militar y la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, elaborarán un glosario de términos,
de actualización permanente, relacionado con dichas normas.

(Decreto 138 de 2005 artículo 15)

Artículo 2.2.5.4.4. Garantías. Todas las autoridades y personas en Colombia
deberán proteger al personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública, al
personal sanitario civil, al personal médico, paramédico, de socorro, y a las
personas que de manera permanente o transitoria realicen labores humanitarias en
situaciones de conflicto armado o de catástrofes naturales, facilitándoles su
libre tránsito y transporte de medicamentos, alimentos y ayudas humanitarias,
evacuación de muertos, heridos y enfermos, cooperando con ellos en lo que fuere
necesario para el buen desarrollo de sus actividades.

Las personas a que se refiere el inciso anterior, que en cumplimiento del deber
constitucional de solidaridad social respondan con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o salud de los seres humanos, contarán
con todas las garantías de seguridad y derecho de confidencialidad, respecto de
los hechos que por razón de sus labores hubieren conocido.

(Decreto 138 de 2005 artículo 16)

TÍTULO 6.

REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA IMPORTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA
CLASIFICABLE EN LAS SUBPARTIDAS 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00,
8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 Y 8905.10.00.00 DEL
ARANCEL DE ADUANAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.2.6.1. Objeto. El presente título establece controles a la maquinaria
y sus partes clasificada bajo las subpartidas arancelarias 8429.11.00.00,
8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00,
8431.42.00.00 y 8905.10.00.00.

(Decreto 723 de 2014, artículo 1°)

Artículo 2.2.6.2. Intercambio de información. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN y el Ministerio de Defensa Nacional suscribirán un
convenio de intercambio de información para acceder a la información disponible
sobre la importación de los bienes descritos en las subpartidas arancelarias
previstas en el artículo anterior. Así mismo, se deberá incluir en este convenio
el intercambio y actualización periódica de información relevante que pueda ser
usada en el sistema de administración y perfilamiento de riesgos de la DIAN,
para incrementar la efectividad en el control a las importaciones de maquinaria
utilizada en la minería.

(Decreto 723 de 2014, artículo 2°)

Artículo 2.2.6.3. Importación de mercancías usadas. La importación de mercancías
usadas clasificadas en las subpartidas mencionadas en el artículo 2.2.6.1., del
presente Título estará sujeta al régimen de licencia previa en los términos del
Decreto 925 de 2013, o la norma que lo compile, modifique o sustituya.

(Decreto 723 de 2014, artículo 3°)

Artículo 2.2.6.4. Lugares habilitados para el ingreso de maquinaria. La DIAN
establecerá mediante acto administrativo, los puertos habilitados para la
importación de la maquinaria y sus partes clasificadas bajo las subpartidas
arancelarias 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00 8429.52.00.00,
8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00.

(Decreto 723 de 2014, artículo 4°)

Artículo 2.2.6.5. Declaración de importación anticipada. La DIAN establecerá la
obligatoriedad de presentar declaración de importación anticipada, sin importar
origen o procedencia, para las mercancías descritas en el artículo 2.2.6.1., del
presente Título.

(Decreto 723 de 2014, artículo 5°)

Artículo 2.2.6.6. Registro de la maquinaria. Toda la maquinaria clasificable en
las subpartidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00,
8429.59.00.00 y 8905.10.00.00, que se encuentre e ingrese al territorio
colombiano, deberá registrarse obligatoriamente en el registro de maquinaria,
del registro único nacional de tránsito (RUNT).

La maquinaria antes descrita, de manera previa a su inclusión en el registro
único nacional de tránsito (RUNT), deberá tener incorporado de manera permanente
y en funcionamiento, un sistema de posicionamiento global (GPS) u otro
dispositivo de seguridad y monitoreo electrónico, que permita la localización de
la maquinaria y la verificación por parte de las autoridades de control.

Parágrafo 1°. La Policía Nacional establecerá las condiciones técnicas del
equipo, instalación, identificación, funcionamiento y monitoreo del sistema de
posicionamiento global (GPS) u otro dispositivo de seguridad y monitoreo
electrónico y el mecanismo de control para el cambio del dispositivo, así como
los parámetros para la autorización de proveedores de servicios, y llevará el
registro respectivo.

La Policía Nacional podrá verificar en cualquier tiempo que los proveedores
registrados, mantengan las condiciones de cumplimiento respecto de los
requerimientos técnicos mínimos. En caso de verificarse que alguno de los
proveedores ha dejado de cumplir con estas, se podrá suspender su autorización y
registro.

Será responsabilidad de los proveedores informar la suspensión del registro a
sus usuarios, con el fin de que puedan suscribir el servicio con proveedores que
tengan vigente el registro.

Parágrafo 2°. La maquinaria que no cumpla con los requisitos exigidos en el
presente artículo deberá ser inmovilizada por la fuerza pública y puesta a
disposición de la autoridad de tránsito competente. Los gastos de inmovilización
de la maquinaria objeto de la medida de tránsito, serán asumidos por el
propietario de la misma.

(Decreto 723 de 2014, artículo 6°)

Artículo 2.2.6.7. Documentos soportes de la operación. Se considerarán como
documentos públicos y que soportan la operación del vehículo, aquellos que sean
necesarios para la ejecución y cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el presente Título. El incumplimiento en el porte y presentación de los
documentos a los que se hace alusión dará lugar a inmovilización.

(Decreto 723 de 2014, artículo 7°)

Artículo 2.2.6.8. Vías autorizadas. La autoridad competente definirá las vías
terrestres, fluviales y marítimas, así como los horarios en los cuales se podrá
realizar el traslado o movilización de esta maquinaria y sus partes.

La maquinaria que no cumpla con los requisitos de que trata el presente artículo
deberá ser inmovilizada por la fuerza pública y puesta a disposición de la
autoridad de tránsito competente.

Parágrafo. Los actos administrativos que hayan sido expedidos en cumplimiento
del artículo 7 del Decreto 2261 de 2012 mantendrán su vigencia.

(Decreto 723 de 2014, artículo 8°)

Artículo 2.2.6.9. Guía de movilización de maquinaria. El Ministerio de
Transporte a través del registro único nacional de tránsito, expedirá el
documento “Guía de movilización o tránsito”, que habilita la movilización o
tránsito de las maquinarias descritas en las subpartidas arancelarias
8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00 y
8905.10.00.00, previo registro del propietario, identificación de la maquinaria
o de sus partes, color, uso y destino en el registro único nacional de tránsito.
Este documento será exigible por la fuerza pública o la autoridad de tránsito
competente en los puntos de control establecidos en las vías y horarios
autorizados.

(Decreto 723 de 2014, artículo 9°)

Artículo 2.2.6.10. Condiciones generales del sistema de posicionamiento global.
Cada dispositivo instalado en la maquinaria deberá ser registrado en la
plataforma de propiedad del proveedor del servicio, indicando el IMEI y número
de serie del terminal y los datos de la máquina a la cual está asociado.

Cada vez que se realice un cambio de dispositivo por cualquier causa, el
propietario y/o poseedor de la maquinaria que debe portar GPS, deberá actualizar
de manera inmediata la información registrada en la plataforma de propiedad del
proveedor del servicio, y en el registro único nacional de tránsito (RUNT).

(Decreto 723 de 2014, artículo 10)

Artículo 2.2.6.11. Responsabilidad sobre la información. El proveedor del
servicio es responsable de la autenticidad, exactitud y validez del servicio,
que deberá prestarse de forma permanente e ininterrumpida.

(Decreto 723 de 2014, artículo 11)

Artículo 2.2.6.12. Requisitos que deben cumplir los proveedores del servicio de
posicionamiento global. El proveedor del servicio de posicionamiento global que
pretenda ser autorizado para el cumplimento de las disposiciones previstas en el
presente título, deberá:

1. Instalar de manera permanente e ininterrumpida, un canal dedicado hacia los
servidores de la Policía Nacional, para la consulta por demanda de la
información que en tiempo real reporten los dispositivos de rastreo y que sea
solicitada por la Policía Nacional.

2. Suministrar mediante el canal dedicado a la Policía Nacional, en las tramas,
la información que sea solicitada por la Policía Nacional.

3. Suministrar un equipo servidor con su correspondiente proceso de recepción de
la información requerida por la Policía Nacional, el cual deberá recibir las
tramas de información reportadas por los dispositivos instalados en la
maquinaria.

4. Suministrar a la Policía Nacional, de manera permanente e ininterrumpida un
servicio geográfico OGC (Open Geospatial Consortium), de la información que en
tiempo real reportan los equipos instalados en la maquinaria a la plataforma de
monitoreo que utiliza el proveedor del servicio y que sean solicitados por la
Policía Nacional.

5. Contar con los diferentes reportes de trazabilidad de la maquinaria, alojando
esta información histórica en sus bases de datos, por un tiempo mínimo de un (1)
año.

6. La Policía Nacional, podrá en cualquier tiempo verificar la información
anteriormente expuesta, con el fin de evaluar el funcionamiento y eficacia del
sistema de monitoreo.

Parágrafo. En caso de incumplimiento a lo previsto en el presente artículo se
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.6., del presente Título.

(Decreto 723 de 2014, artículo 12)

Artículo 2.2.6.13. Control del mercurio utilizado en actividades de minería. La
fuerza pública tendrá acceso a la información contenida en el registro único
nacional de importadores y comercializadores autorizados de mercurio de que
tratan los artículos 4° y 5° de la Ley 1658 de 2013.

(Decreto 723 de 2014, artículo 13)

Artículo 2.2.6.14. Solicitudes en trámite. Las personas naturales o jurídicas
que tuvieran radicadas solicitudes al día 10 de abril de 2014 en cumplimiento
del artículo 2° del Decreto 2261 de 2012 no requerirán de dicha autorización y,
por lo tanto, las solicitudes en trámite serán objeto de archivo.

(Decreto 723 de 2014, artículo 14)

Artículo 2.2.6.15. Instalación del sistema de monitoreo. La instalación del
sistema de monitoreo de que trata el artículo 2.2.6.6., del presente Título
deberá ser exigido por la Policía Fiscal Aduanera de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, con posterioridad a la autorización de levante de la
maquinaria.

El Ministerio de Transporte, reglamentará el registro de la maquinaria
clasificable en las subpartidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00,
8429.52.00.00, 8429.59.00.00 y 8905.10.00.00, que haya ingresado a territorio
colombiano con anterioridad al 2 de noviembre de 2012.

(Decreto 723 de 2014, artículo 15)

TÍTULO 7

Nota: Título 7 adicionado por el Decreto 2092 de 2015, artículo 1°.

por medio del cual se reglamenta la ley 1699 del 27 de diciembre de 2013 sobre
beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros
de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 2.2.7.1.1. Acreditación de la calidad de beneficiario. La calidad de
beneficiario de la Ley 1699 de 2013 será acreditada por medio de un carnet, el
cual será solicitado por los beneficiarios y entregado sin costo alguno por el
Ministerio de Defensa Nacional. En fiel y estricto cumplimiento del artículo 3°
de la Ley 1699 de 2013, el Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional y el Área de Prestaciones
Sociales de la Policía Nacional determinaron el carnet como documento para la
acreditación de la población beneficiaria.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos de la Ley 1699 de 2013 la presentación del
carnet acreditará la calidad de beneficiario.

Parágrafo 2°. Los hijos de los miembros de la Fuerza Pública fallecidos, según
el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1699 de 2013, perderán su calidad de
beneficiarios al cumplir los veinticinco (25) años de edad; con excepción del
beneficio en educación establecido en el artículo 4° de la citada ley;
condicionado lo anterior a que se les haya otorgado el crédito educativo previo
al cumplimiento de los veinticinco (25) años de edad, y que se encuentren
estudiando el programa por el cual les fue otorgado el crédito.

Parágrafo 3°. En caso de cualquier uso o destino indebido del documento de
acreditación, o su utilización por cualquier persona diferente a su titular,
dará lugar a la cancelación de la acreditación como beneficiario de la Ley 1699
de 2013.

Artículo 2.2.7.1.2. Adicionado por el Decreto 1345 de 2020, artículo 1º.
Personal con asignación de retiro. Tendrán derecho a los beneficios consagrados
en la Ley 1699 de 2013, los miembros de la Fuerza Pública con asignación de
retiro que tengan una disminución de la capacidad psicofisica superior al 50%
únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del mismo, o por
acción directa del enemigo o en combate, previa acreditación acorde a la Ley
1699 de 2013 y a su Decreto Reglamentario 2092 de 2015 o la normas que la
adicione, modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO II

Beneficios en educación

Artículo 2.2.7.2.1. Fondo en administración. Se creará un Fondo en
Administración mediante un convenio, suscrito entre el Ministerio de Defensa
Nacional y el Icetex, cuyo fin principal será el otorgamiento de créditos
educativos para financiar estudios de pregrado o de educación para el trabajo y
desarrollo humano, –única y exclusivamente– para las personas establecidas como
beneficiarias en el artículo 2° de la Ley 1699 de 2013; y que se encuentren en
cualquiera de los estratos socioeconómicos definidos como uno (1), dos (2) y
tres (3) conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la citada ley, el presente
Decreto y demás documentos que hagan parte del Fondo.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional y el Icetex conformarán una Junta
Administradora en el convenio y estará conformado por dos (2) representantes
designados por el Ministerio y un (1) representante designado por el Icetex con
el fin de realizar actividades de toma de decisiones, emisión de directrices y
control para garantizar el debido manejo de la administración y destinación de
los recursos por parte del Ministerio al Fondo durante la vigencia del convenio.

El Ministerio de Educación Nacional será invitado permanente a las sesiones que
adelante la Junta Administradora de que trata el presente artículo.

Artículo 2.2.7.2.2. Convocatoria. Previo al proceso de selección para la
asignación de los créditos, se realizará la respectiva convocatoria la cual
estará a cargo del Icetex de acuerdo con los términos señalados en el reglamento
operativo del fondo. En este sentido, la publicación de la convocatoria se hará
a través de los medios de comunicación que disponga la Junta Administradora del
Fondo.

Parágrafo. Las personas que se presenten a la convocatoria y no sean
seleccionadas, podrán participar nuevamente en los futuros procesos de selección
que se adelanten.

Artículo 2.2.7.2.3. Crédito educativo. El crédito educativo será condonable en
un noventa por ciento (90%) y estará compuesto por los siguientes rubros: I.
Matrícula por período académico a cursar; II. Apoyo de sostenimiento semestral,
valor que se girará directamente al beneficiario del crédito; III. Derechos de
grado, en caso que aplique; IV. El valor de la prima de garantía para amparar
los riesgos de muerte, invalidez física o mental, total y permanente del
beneficiario.

Parágrafo 1°. La Junta Administradora del Fondo determinará en cada convocatoria
el monto máximo de la matrícula a ser reconocido por cada beneficiario.

Parágrafo 2°. Por cada beneficiario solo se otorgará un crédito, en virtud del
Fondo.

Parágrafo 3°. El Fondo cubrirá la totalidad del programa académico, incluso los
períodos adicionales, de ser necesario, que en todo caso no podrán superar el
equivalente a un (1) año.

Parágrafo 4°. El beneficiario de la Ley 1699 de 2013, al cual se le haya
adjudicado un crédito mediante el Fondo en Administración creado entre el
Ministerio de Defensa y el Icetex, tendrá derecho a acceder a los cuatro rubros
estipulados en el artículo 2.2.7.2.3 del presente decreto.

Artículo 2.2.7.2.4. Número de créditos educativos a otorgar por cada anualidad y
adjudicación. El número de créditos educativos a otorgar por cada período
académico estará sujeto a la disponibilidad de los recursos asignados al Fondo
en cada anualidad. En este sentido, el proceso de adjudicación de los créditos
estará a cargo de la Junta Administradora del Fondo, a partir de la selección y
calificación realizada por el Icetex entre los aspirantes con mayores puntajes.
Lo anterior hasta agotar el presupuesto disponible, protegiendo siempre la
sostenibilidad de los cohortes y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos
por el Fondo.

Artículo 2.2.7.2.5. Requisitos mínimos de los aspirantes a los créditos
educativos. Los aspirantes a los créditos educativos deberán cumplir como mínimo
con los siguientes requisitos:

1. Estar acreditados como beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, mediante el
carnet que expida el Ministerio de Defensa Nacional.

2. Los beneficiarios deberán pertenecer a alguno de los estratos socioeconómicos
definidos como uno (1), dos (2) o tres (3).

3. En caso de pregrado, estar admitidos o matriculados en programas académicos
de pregrado que cuenten con Registro Calificado vigente o programas de educación
para el trabajo y el desarrollo humano registrados por las entidades
certificadas en educación.

4. Tener título de bachiller, en el caso de aspirantes para estudios de pregrado
en educación superior.

5. Cumplir con el grado mínimo de estudios según el programa académico al que
desee ingresar el aspirante, en el caso de educación para el trabajo y
desarrollo humano.

6. Cumplir con los requisitos y aprobar los exámenes de admisión exigidos por la
respectiva institución educativa.

7. Inscribirse a través de la página web del Icetex dentro de los plazos,
términos y condiciones señalados.

Parágrafo. Los estudiantes que deseen acceder al Fondo y que ya hayan iniciado
un programa académico, deben haber aprobado el período académico inmediatamente
anterior.

Artículo 2.2.7.2.6. Criterios de selección y calificación. Todo el proceso de
selección y calificación se llevará a cabo por el Icetex, a partir de las
solicitudes recibidas y de acuerdo a los criterios que la Junta Administradora
defina y señale en cada convocatoria. Lo anterior en cumplimiento con los
siguientes criterios de selección que estarán estipulados en el reglamento
operativo del Fondo tales como: I. Mérito académico. II. Nivel de formación
académica. III. Estrato socioeconómico; y, IV. Carácter de la Institución
Educativa.

Parágrafo. Tratándose de aspirantes a cursar programas de pregrado, el mérito
académico será evaluado por el Icetex teniendo como base los resultados que
hayan obtenido estas personas en el examen de Estado de la Educación Media ICFES
Saber 11.

Artículo 2.2.7.2.7. Legalización del crédito. Adjudicados los créditos por la
Junta Administradora del Fondo, los beneficiarios deberán legalizar su crédito a
través del Icetex.

Parágrafo. Los documentos exigidos para la legalización del crédito, se
encontrarán señalados expresamente en el reglamento operativo del Fondo.

Artículo 2.2.7.2.8. Duración del crédito educativo. El crédito tendrá una
duración equivalente a la totalidad del programa académico, incluso de los
períodos adicionales si fuesen necesarios, que en todo caso no podrán superar un
(1) año.

Artículo 2.2.7.2.9. Programas autorizados. Sin perjuicio de los demás requisitos
establecidos en este Decreto, solo serán elegibles los aspirantes a cursar
programas académicos de pregrado que cuenten con Registro Calificado vigente o
programas de educación para el trabajo y desarrollo humano registrados por las
entidades certificadas en educación.

Artículo 2.2.7.2.10. Renovación del crédito educativo ante el Icetex. Para
efectos de la renovación de los créditos para un nuevo periodo académico, el
beneficiario tendrá que actualizar la información y los datos que le sean
solicitados dentro de los plazos establecidos.

Artículo 2.2.7.2.11. Desembolso de los créditos educativos. El Icetex realizará
directamente a favor de las instituciones de educación superior y las
instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano el desembolso de
los créditos por concepto de matrícula y derechos de grado (en caso que aplique
al programa). Así mismo, girará directamente al beneficiario el valor por
concepto de apoyo de sostenimiento, mediante el mecanismo de desembolso que
establezca el Icetex.

Artículo 2.2.7.2.12. Condonación de los créditos educativos. Los beneficiarios
de los créditos educativos podrán solicitar una vez se gradúen del respectivo
programa académico, la condonación de estos créditos por el noventa por ciento
(90%) de su valor total; cumpliendo –previamente– y a cabalidad con los
siguientes requisitos: I. Carta solicitando la condonación de los créditos; II.
Copia del título académico obtenido y del acta de grado o sus equivalentes en
caso de ser programas de educación para el trabajo y desarrollo humano.

Artículo 2.2.7.2.13. Adicionado por el Decreto 1345 de 2020, artículo 2º.
Financiación de Estudios. El pensionado por invalidez que esté acreditado como
beneficiario de la Ley 1699 de 2013, podrá ceder su beneficio en educación por
una sola vez, a uno de sus hijos menores de veinticinco (25) años, mediante
solicitud escrita, dirigida y presentada ante la Dirección de Bienestar
Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa Nacional, la cual expedirá una
certificación dirigida al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "ICETEX’ validando la cesión.

Parágrafo. El hijo menor de veinticinco (25) años a quien le sea cedido el
beneficio en educación, deberá estar acreditado conforme al parágrafo del
artículo 28 de la Ley 1979 de 2019, o normas que la adicionen, modifiquen o
sustituyan.

CAPÍTULO III

Beneficios en los productos básicos de primera necesidad

Artículo 2.2.7.3.1. Descuentos en grandes almacenes de cadena o grandes
superficies. Los grandes almacenes de cadena o grandes superficies y sus
respectivas filiales, subsidiarias y sucursales a nivel nacional otorgarán
descuentos en los productos básicos de primera necesidad a la población
beneficiaria de la Ley 1699 de 2013, en los términos y condiciones establecidos
en los artículos 2° y 5° de la ley.

Parágrafo. Los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 al momento de hacer el pago
efectivo de estos productos, deberán hacerlo personalmente y presentar el carnet
junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.3.2. Convenios u otras modalidades de vinculación jurídica con
los grandes almacenes de cadena o grandes superficies. El Ministerio de Defensa
Nacional suscribirá convenios u otras modalidades de vinculación jurídica con
los grandes almacenes de cadena o grandes superficies para otorgar los
descuentos en los productos básicos de primera necesidad; en ellos se contendrán
e incorporarán los parámetros bajo los cuales se hará eficaz este descuento,
además de las condiciones y restricciones establecidas en el artículo 5° de la
Ley 1699 de 2013.

Parágrafo 1°. La obligación de otorgar este beneficio, es decir los descuentos
en los productos básicos de primera necesidad, se hará eficaz para cada gran
almacén de cadena o grande superficie a partir del sexto (6) mes contado desde
del momento en que se suscriba el respectivo convenio u otra modalidad de
vinculación jurídica con el Ministerio de Defensa Nacional, en los términos,
condiciones y restricciones que se acuerden.

Parágrafo 2°. El porcentaje de los descuentos en los productos básicos de
primera necesidad otorgados por los grandes almacenes de cadena o grandes
superficies se estipulará en cada uno de los convenios u otras modalidades de
vinculación jurídica que se suscriban entre los anteriores y el Ministerio de
Defensa Nacional. No será obligatorio el mismo porcentaje de descuento en todos
los convenios ni en todos los productos.

Artículo 2.2.7.3.3. Uso no autorizado del carnet. No está autorizado el uso del
carnet de beneficiario Ley 1699 de 2013 por quien no sea titular del mismo, ni
su empleo para la compra de los productos básicos de primera necesidad con fines
distintos al consumo doméstico tales como, pero sin limitarse a:
comercialización y/o reventa; y en todo caso propósitos comerciales.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de la cancelación de la acreditación como
beneficiario de la Ley 1699 de 2013.

CAPÍTULO IV

Beneficios en exhibición cinematográfica en salas de cine

Artículo 2.2.7.4.1. Descuentos en exhibiciones cinematográficas en salas de
cine. Los exhibidores cinematográficos otorgarán descuentos del cincuenta por
ciento (50%) en el valor de la boletería a los beneficiarios acreditados de la
Ley 1699 de 2013, de acuerdo con las condiciones y restricciones que se señalan
en el presente Decreto, conforme al artículo 7° de la misma ley.

Artículo 2.2.7.4.2. Términos, condiciones y restricciones para otorgar el
descuento en exhibiciones cinematográficas en salas de cine. Para que el
beneficio del artículo 7° de la Ley 1699 de 2013 sea eficaz, los beneficiarios
de la Norma deberán comprar el boleto de entrada personalmente en las taquillas
de cada sala de cine y presentar al momento de efectuar el pago del boleto el
carnet de beneficiario Ley 1699 de 2013, junto con su documento de identidad.

Parágrafo 1°. Lo anterior sin perjuicio de los términos, condiciones y
restricciones propias de cada uno de los exhibidores cinematográficos en cada
una de las salas de cine; esto además, sujeto a la disponibilidad de ubicaciones
en cada una de la salas por función.

Parágrafo 2°. El beneficiario al momento de realizar la compra en la taquilla
del exhibidor cinematográfico solo podrá adquirir una (1) boleta por función.
Por ende, no podrá utilizarse este beneficio más de una (1) vez por día frente a
la misma función y en diferentes operadores cinematográficos.

Parágrafo 3°. Este descuento aplica única y exclusivamente para exhibiciones
cinematográficas en la localidad general de cada una de las salas de cine y en
formatos 2D y 3D. Quedan excluidas de este descuento las tecnologías de las
cuales los exhibidores cinematográficos no son propietarios sino licenciatarios.

Parágrafo 4°. Este descuento solo aplica para el boleto del beneficiario en la
tarifa plena del día de la función y la localidad señalada en este artículo, por
lo cual no resulta acumulable y se excluye con otro tipo de beneficios,
descuentos, precios y promociones; bien sean estos regulares y/o especiales.

CAPÍTULO V

Tarifa diferencial en transporte aéreo

Artículo 2.2.7.5.1. Tarifa diferencial en transporte aéreo. Las empresas
nacionales de transporte aéreo concederán a los beneficiarios de la Ley 1699 de
2013 un descuento del diez por ciento (10%) en la tarifa más económica en
cualquiera de las rutas nacionales, sin incluir impuestos.

Parágrafo 1°. El beneficiario que solicite este descuento, sin perjuicio de las
condiciones y restricciones que imponga cada aerolínea, tendrá que acreditar la
calidad de beneficiario presentando su carnet junto con su documento de
identidad; además de ser él quien personalmente compre el tiquete directamente
en las oficinas de venta de cada empresa.

Parágrafo 2°. Los tiquetes tendrán que ser adquiridos personalmente por el
beneficiario y a su nombre, además no podrá cederlos ni transferirlos.

Parágrafo 3°. Las aerolíneas dispondrán y establecerán los mecanismos, procesos
y procedimientos de control y verificación que consideren necesarios para
garantizar que el beneficio se otorgue única y exclusivamente a los
beneficiarios de la Ley 1699 de 2013.

Parágrafo 4°. La calidad de beneficiario no exime en ningún caso a la persona de
cumplir con las normas y obligaciones que regulan este tipo de contrato de
transporte ni la reglamentación en materia aeronáutica. Es decir que los
términos, condiciones y restricciones serán exactamente las mismas que estén
vigentes para todos los pasajeros; las cuales incluyen, el no reembolso del
valor de los tiquetes cuando a ello hubiere lugar, pago de las penalidades por
cambio de fechas o pérdidas del vuelo, el pago de los impuestos sobre el valor
de la tarifa, entre otros.

Artículo 2.2.7.5.2. Tarifa más económica. Entiéndase por tarifa más económica
para la aplicación del presente Decreto, la que se encuentre disponible al
momento de hacer la compra o la reserva conforme la fecha y hora requerida por
el beneficiario. Si las condiciones de la tarifa más económica, considerando lo
previsto anteriormente exige la compra efectiva del tiquete en un periodo de
tiempo específico, el beneficiario tendrá que hacerlo de tal forma.

Parágrafo. El descuento aplicará únicamente sobre la tarifa más económica aérea
básica publicada o disponible al momento de la reserva o la compra, es decir, no
se hace efectivo al sobrecargo por combustible, tasas aeroportuarias, tarifa
administrativa ni sobre los impuestos que le sean aplicables.

CAPÍTULO VI

Tarifa diferencial en telefonía e internet fija y móvil, y televisión por cable

Artículo 2.2.7.6.1. Tarifa diferencial en telefonía fija. Conforme al numeral
primero del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios tendrán
derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%),
única y exclusivamente en una sola línea telefónica fija por núcleo familiar; la
cual tendrá que ser solicitada personalmente por el miembro de la Fuerza Pública
con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro
de la Fuerza Pública fallecido, quien deberá estar acreditado y al momento de la
solicitud presentará su carnet junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.6.2. Tarifa diferencial en telefonía móvil celular. Conforme al
numeral segundo del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios
tendrán derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento
(15%), única y exclusivamente en una sola línea de telefonía móvil celular por
núcleo familiar; la cual tendrá que ser solicitada personalmente por el miembro
de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo
familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido quien deberá estar
acreditado y al momento de su solicitud presentará su carnet, junto con su
documento de identidad.

Parágrafo. Entiéndase que el beneficio de la tarifa diferencial con descuento no
aplica en ningún caso y bajo ninguna condición para la compra de equipos
terminales móviles.

Artículo 2.2.7.6.3. Tarifa diferencial en internet fijo o móvil. Conforme al
numeral tercero del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios
tendrán derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento
(15%), única y exclusivamente en un solo plan de internet fijo o móvil por
núcleo familiar; el cual tendrá que ser solicitado personalmente por el miembro
de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo
familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido quien deberá estar
acreditado y al momento de su solicitud presentará su carnet, junto con su
documento de identidad.

Artículo 2.2.7.6.4. Tarifa diferencial en televisión por cable. Conforme al
numeral cuarto del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013, los beneficiarios tendrán
derecho a tarifas diferenciales con descuentos del quince por ciento (15%),
única y exclusivamente en un solo plan de televisión por cable por núcleo
familiar; el cual tendrá que ser solicitado personalmente por el miembro de la
Fuerza Pública con discapacidad o por alguno de los integrantes del núcleo
familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido quien deberá estar
acreditado y al momento de su solicitud presentará su carnet, junto con su
documento de identidad.

Artículo 2.2.7.6.5. De los planes. Las tarifas diferenciales con descuentos del
quince por ciento (15%) aplican única y exclusivamente, para nuevos planes que
se contraten por el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o por alguno
de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública
fallecido; es decir que este beneficio no es eficaz para los planes contratados
con anterioridad.

Artículo 2.2.7.6.6. Irretroactividad de la tarifa diferencial con descuentos. La
tarifa diferencial con descuentos del quince por ciento (15%) en telefonía fija
y móvil celular e internet fijo y móvil, y televisión por cable no es
retroactiva. Entiéndase que este solo se aplicará hacia futuro, es decir para el
nuevo plan que contrate el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o
alguno de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública
fallecido y se hará efectivo a partir del segundo (2) mes de facturación.

Artículo 2.2.7.6.7. Normas, regulaciones, condiciones y restricciones del
servicio público de telefonía fija y móvil celular e internet fija y móvil y
televisión por cable. El miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o alguno
de los integrantes del núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública
fallecido que solicite el beneficio del artículo 9° de la Ley 1699 de 2013,
estará sujeto y tendrá que cumplir en igualdad de condiciones como cualquier
otro consumidor con la normatividad vigente que regula lo concerniente a la
prestación de este tipo de servicios públicos y sus contratos; sin perjuicio
además de las condiciones y restricciones de cada operador del servicio que
otorgue el beneficio.

Parágrafo 1°. Entiéndase que el beneficiario acreditado de la Ley 1699 de 2013 y
suscriptor de alguno de los servicios a que se refiere este capítulo, no exime
ni exonera al miembro de la Fuerza Pública con discapacidad ni al integrante del
núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido de cumplir con las
obligaciones propias de estos contratos, como son entre otros, el pago oportuno
de la respectiva factura y las demás obligaciones que estén incluidas en estos.

Parágrafo 2°. No es viable la acumulación o el uso del beneficio en más de un
plan de la misma especie, bien sea con el mismo operador o en algún otro, es
decir que, el miembro de la Fuerza Pública con discapacidad o el integrante del
núcleo familiar del miembro de la Fuerza Pública fallecido solo tendrá derecho a
un descuento en cada uno de los planes de los servicios públicos relacionados en
la Ley 1699 de 2013 y con un solo operador.

Parágrafo 3°. De llegarse a presentar el uso del beneficio en más de un plan de
la misma especie, bien sea con el mismo operador o con algún otro por el miembro
de la Fuerza Pública con discapacidad o el integrante del núcleo familiar del
miembro de la Fuerza Pública fallecido, le será cancelada la acreditación como
beneficiario de la Ley 1699 de 2013; y además, las suscripciones por el operador
o los operadores con los cuales contrató el servicio respectivo.

Artículo 2.2.7.6.8. Consulta de beneficiarios. Los operadores del servicio
público de telefonía fija y móvil celular e internet fija y móvil y televisión
por cable, al momento de recibir una solicitud para contratar un nuevo plan con
tarifa diferencial con descuento en virtud de este beneficio, podrán consultar y
verificar por los medios que defina el Ministerio de Defensa Nacional si el
beneficiario de la Ley 1699 de 2013, cumple con las condiciones para recibir y
mantener el beneficio.

CAPÍTULO VII

Operadores de hotelería

Artículo 2.2.7.7.1. Tarifas diferenciales en baja temporada, con descuentos del
diez por ciento (10%) del valor de la tarifa rack. Conforme al artículo 10 de la
Ley 1699 de 2013, y específicamente su numeral tercero, los descuentos otorgados
por las empresas cuyo objeto social sea la actividad hotelera solo se aplicarán
en el área o período donde estas se encuentren en baja ocupación o “baja
temporada” y sobre el valor de la tarifa rack.

Parágrafo 1°. El operador hotelero o quien haga sus veces informará a los
beneficiarios de esta ley al momento de la reserva los períodos o fechas de baja
ocupación o “baja temporada”, de acuerdo a su ubicación geográfica y área
comercial de influencia. Adicionalmente, para obtener el descuento el
beneficiario deberá:

1. Registrarse en el respectivo hotel o establecimiento de comercio que haga sus
veces y solicitar el descuento personalmente al momento de cancelar su factura.

2. Presentar al momento de cancelar su factura en el hotel o establecimiento de
comercio que haga sus veces, el carnet junto con su documento de identidad.

Parágrafo 2°. El beneficiario que solicite el descuento está sujeto a las
normas, regulaciones, términos, condiciones y restricciones vigentes propias del
sector hotelero y del presente Decreto.

Parágrafo 3°. De manera voluntaria, bajo su única y exclusiva responsabilidad
los operadores hoteleros podrán otorgar cualquier otro tipo de descuentos o
beneficios en sus servicios a los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013. En dicho
caso, tendrán plena y total autonomía para establecer los términos, condiciones
y restricciones de los mismos.

Artículo 2.2.7.7.2. Baja ocupación o “baja temporada”. Para efectos del presente
Decreto entiéndase por baja ocupación o “baja temporada”, las épocas de un año
en que el movimiento turístico decae a la mínima proporción en determinado lugar
de destino.

Artículo 2.2.7.7.3. Tarifa rack. Entiéndase por tarifa rack: la tarifa más alta
de alojamiento sin “otros” descuentos ofrecidos por el operador hotelero. La
anterior se basa en la categoría de la habitación, tipo de cama y ocupación.

CAPÍTULO VIII

Sitios turísticos

Artículo 2.2.7.8.1. Del ingreso a parques naturales administrados por el Estado
o por particulares. La tarifa diferencial en baja temporada que otorga el
descuento del treinta por ciento (30%) sobre el valor de las tarifas de ingreso
a sitios de interés turísticos de acceso permitido a los beneficiarios de la Ley
1699 de 2013, se aplicará también al ingreso a las áreas protegidas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia que cuenten con destinación,
infraestructura y vocación ecoturística; según, lo establecido en las
disposiciones previstas por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Parágrafo 1°. Los beneficiarios tendrán que acogerse a lo dispuesto en la
normatividad vigente que en materia ambiental y ecoturística regula lo
relacionado con las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Así
mismo, se someterán al plan de manejo del área protegida que visiten, en cuanto
a las actividades ecoturísticas permitidas, los horarios, los accesos y los
requisitos de ingreso, entre otros, y a las recomendaciones que se realicen por
parte del personal encargado de la administración y logística del lugar.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios que soliciten el descuento deberán acreditar la
calidad de beneficiarios a través del carnet, el cual presentarán personalmente
junto con su documento de identidad al momento de cancelar el valor de la
entrada.

Parágrafo 3°. El riesgo que pueda presentarse durante la permanencia en el área
protegida será asumido por el visitante y no compromete la responsabilidad de
Parques Nacionales Naturales de Colombia ni del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 2.2.7.8.2. Sitio turístico. Para efectos del presente decreto
entiéndase por “sitio turístico”, el espacio, lugar o zona distinta al entorno
habitual de la persona, con fines entre otros, de convenciones, culturales,
eventos, negocios, ocio y salud.

CAPÍTULO IX

Otros beneficios

Artículo 2.2.7.9.1. Entrada gratuita. Para que los beneficiarios puedan ingresar
de manera gratuita a los establecimientos a los que hace mención el artículo 12
de la Ley 1699 de 2013, como son, museos, bienes de interés cultural y centros
culturales de la Nación, de los Distritos, Municipios y otros de naturaleza
privada, deberán presentar personalmente el carnet que los acredita como
beneficiarios junto con su documento de identidad.

Artículo 2.2.7.9.2. Ventanilla preferencial. Los beneficiarios –única y
exclusivamente– en condición de discapacidad, es decir, los que señala expresa y
taxativamente el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1699 de 2013 al acercarse a
las ventanillas de atención al ciudadano de las entidades que presten servicios
públicos, podrán utilizar bien sea una nueva ventanilla que estas dispongan para
ellos, de ser el caso; o las ya existentes y que son de uso preferencial para
personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad (o
adultos mayores), en general.

CAPÍTULO X

Otras disposiciones

Artículo 2.2.7.10.1. Plazo para la implementación. Para la implementación del
presente Decreto, con excepción del Capítulo III. Beneficios en los productos
básicos de primera necesidad, se contará con un plazo no superior a seis (6)
meses contados a partir de la fecha en que finalice la primera sesión de
carnetización por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en cada uno de los
convenios u otra modalidad de vinculación jurídica que se suscriban entre el
Ministerio de Defensa Nacional y los grandes almacenes de cadena o grandes
superficies.

Artículo 2.2.7.10.2. Estructuración, consolidación suministro y actualización de
la base de datos de los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013. El Ministerio de
Defensa Nacional será el encargado de administrar y disponer de la base de datos
de la población beneficiaria acreditada de la Ley 1699 de 2013.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional será el encargado de mantener
actualizado el registro de los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, así como de
cancelar la acreditación de estos, en caso de verificar el uso indebido del
carnet.

Artículo 2.2.7.10.3. Seguimiento. El Ministerio de Defensa Nacional presentará
ante el Congreso de la República un informe anual donde se indicarán los avances
en materia de beneficios a la población objeto de la Ley 1699 de 2013. Por tal
razón, las entidades públicas y privadas, así como los establecimientos de
comercio relacionados y quienes otorgarán tales beneficios deberán enviar en el
mes de octubre de cada año a partir de la suscripción del presente Decreto, un
documento donde informen las estadísticas y situaciones especiales relacionadas
con los beneficios otorgados.

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional acordará con cada una de las
entidades públicas y privadas, así como con los establecimientos de comercio los
términos y condiciones del informe del cual trata este artículo.

TÍTULO 8

Nota: Título 8 adicionado por el Decreto 1284 de 2017, artículo 1º.

DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 2.2.8.1. Objeto. El presente título tiene por objeto reglamentar
parcialmente la Ley 1801 de 2016, a efectos de la cumplida ejecución de las
disposiciones atinentes al Código Nacional de Policía y Convivencia.

CAPÍTULO I

ESPACIOS FÍSICOS PARA RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS, PETICIONES Y
RECLAMOS

Artículo 2.2.8.1.1. Definiciones. Para efectos de la facultad prevista en el
parágrafo transitorio del artículo 10 de la Ley 1801 de 2016, se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones para la aplicación e interpretación del
presente capítulo:

1. Oficina de Atención al Ciudadano: Es una dependencia de la Policía Nacional
encargada de controlar los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) a su cargo y
desarrollar las actividades propias de recepción, trámite, gestión e información
de peticiones, quejas o reclamos, reconocimientos del servicio policial y
sugerencias, así como las demás actividades relacionadas con la atención y
orientación al ciudadano.

2. Punto de Atención al Ciudadano: Es una dependencia de la Policía Nacional
funcionalmente dependiente de las Oficinas de Atención al Ciudadano, donde se
desarrollan actividades tales como la recepción, trámite, gestión e información
de peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio policial y
sugerencias, y demás actividades relacionadas con atención y orientación al
ciudadano.

3. Dentro de las Regiones de Policía, Clínicas y Establecimientos de Sanidad
Policial, Centros Sociales y Vacacionales, Centro Religioso, Colegios de la
Dirección de Bienestar Social (DIBIE), Regionales de Incorporación, Seccionales
de Protección y Servicios Especiales, Seccionales de Tránsito y Transporte,
Seccionales de Investigación Criminal, Distritos y Estaciones de Policía, y
demás sitios fijos o móviles que determine la Policía Nacional, podrán
instalarse Puntos de Atención al Ciudadano.

4. Dependencias: Lugar destinado para la recepción de peticiones, quejas y
reclamos de las Oficinas de Atención al Ciudadano y de los Puntos de Atención al
Ciudadano de la Policía Nacional.

Comunicaciones: Señales con diferentes sistemas de lectura e identificación, que
brindan información a los usuarios, de lugares y advertencias.

5. Itinerario y circulaciones peatonales: Dirección y descripción de un camino
con señalización de los lugares, obstáculos, paradas y otros que existan a lo
largo de él, para el desplazamiento de los usuarios hacia las Oficinas de
Atención al Ciudadano y Puntos de Atención al Ciudadano.

6. Accesibilidad: Condición de posibilidad de ingresar, transitar y permanecer
en una edificación o parte de esta, que permita hacer uso de un servicio,
independientemente de las capacidades físicas o cognitivas de los usuarios.

Artículo 2.2.8.1.2. Diseño de espacios físicos. Los espacios físicos de las
Oficinas de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y de los Puntos de
Atención al Ciudadano, deberán brindar a todas las personas, especialmente
aquellas en condición de discapacidad, la posibilidad de hacer uso de cada uno
de los espacios de manera fácil, segura, autónoma y desapercibida, debiendo
suprimir las barreras de entorno físico presentes en cada una de las Oficinas de
Atención al Ciudadano y Puntos de Atención al Ciudadano, con el fin de fomentar
su accesibilidad a dichos espacios físicos.

Artículo 2.2.8.1.3. Características de los espacios físicos. El diseño de los
espacios físicos a los que se refiere el artículo 2.2.8.1.2., deberán incluir la
adecuación de las Oficinas y Puntos de Atención al Ciudadano según su tipo, así:

1. Acceso: La Oficina y/o Punto de Atención al Ciudadano, deberá contar con
espacios que interactúen entre todos los ambientes de manera fácil, autónoma y
segura, permitiendo hacer uso de un servicio, independientemente de las
capacidades físicas o cognitivas de los usuarios.

2. Puertas: Las puertas de acceso deberán ser fácilmente localizables, y deberán
contar con un mecanismo de palanca que permitan su manipulación y fácil
apertura, independientemente de las capacidades físicas o cognitivas de los
usuarios.

3. Parqueadero: El estacionamiento de vehículos, de ser viable y pertinente,
debe permitir la accesibilidad de los usuarios a las Oficinas y Puntos de
Atención, los cuales estarán debidamente señalizados de manera vertical y
horizontal, de acuerdo a las especificaciones requeridas para personas con
movilidad reducida o en condición de discapacidad.

4. Itinerario y circulaciones peatonales: Los espacios de circulación deben ser
adecuados según la intensidad, densidad, capacidad y nivel de servicio y deberán
estar libres de obstáculos y barreras, empleándose la infraestructura adecuada
para ello.

5. Dependencias: El espacio físico de la Oficina y/o Puntos de Atención al
Ciudadano, debe estar libre de obstáculos, permitiendo a todos los usuarios
efectuar maniobras de movimientos propios, independientemente de las capacidades
físicas o cognitivas de los usuarios.

6. Sala de espera: Esta deberá contar con sillas individuales y/o tipo tándem,
dejando espacios que faciliten la circulación en ambos costados, garantizando el
libre desplazamiento de una persona en silla de ruedas o vehículos para
transporte de niños tipo coche.

7. Módulos de atención: Se deberá contar con un mobiliario especialmente
acondicionado a las Oficinas y/o Puntos de Atención al Ciudadano; este tipo de
mobiliario deberá permitir una fácil comunicación, al igual que deberá
garantizar la privacidad y confidencialidad para el usuario.

8. Baño accesible: Cada unidad policial que cuente con una Oficina y/o Punto de
Atención al Ciudadano, deberá tener al menos un baño que cuente como mínimo con
las siguientes características:

a) Un lavamanos que no tenga barreras de acceso.

b) Espejo.

c) Grifería con mecanismo de apertura o presión de fácil activación.

d) Dispositivos o mecanismos de transferencia al sanitario.

9. Mobiliario: Este no debe interrumpir por ningún motivo el paso libre de
desplazamiento, al igual que deberá garantizar la privacidad y confidencialidad
de la información suministrada por el usuario, acondicionando el espacio y el
mobiliario a personas con discapacidad motora.

10. Puestos de trabajo: Deben contar con las conexiones telefónicas, voz y datos
y las demás que permitan el normal desarrollo de las actividades.

11. Comunicación: La señalética debe ser incluyente, independientemente de las
capacidades físicas o cognitivas de los usuarios, de manera que debe permitir y
facilitar la ubicación de forma táctil y visual.

No deberá encontrarse ningún obstáculo que impida la aproximación, donde se
ubique la señalización.

12. Kit de ayudas: Las Oficinas y Puntos de Atención al Ciudadano deben poseer
elementos que sirvan de apoyo, tales como sillas de ruedas, bastones de apoyo,
rampas portátiles, información en las pantallas (Televisores).

13. Rampas de ingreso: Se deberán localizar dentro de las zonas más accesibles
en dirección al flujo peatonal de mayor intensidad, utilizando materiales con
textura áspera que genere un acabado rugoso, lo suficientemente adherente para
incrementar la tracción de la silla de ruedas o cualquier mecanismo de apoyo. De
igual manera, se deberán proyectar apoyos tipo barandas dobles como elementos
complementarios a la accesibilidad de la rampa.

14. Escaleras: Todas las escaleras deberán tener franjas táctiles, como mínimo
al inicio y al final del cada tramo de mínimo 40 centímetros, igualmente emplear
colores contrastantes para que las personas con baja visión puedan detectar
cuando inicia y cuando termina el recorrido; se deberán utilizar materiales con
textura áspera que genere un acabado rugoso, lo suficientemente adherente para
mejorar la seguridad en el desplazamiento.

15. Ascensores y/o rampas: Se debe garantizar el acceso a todos los niveles
mediante rampas o ascensores, garantizando que la ubicación de estas sea la más
fácil, cómoda y segura, permitiendo mejorar la movilidad a personas con
reducción en su capacidad locomotora. De igual manera, técnicamente la puerta de
este debe ser de apertura automática, preferiblemente transparente de forma que
permita el contacto visual con el exterior en caso de emergencia.

16. Pasamanos: Estos deben contar con barandas de doble altura, siendo el
anclaje en

forma de “L” o de “J” de modo que no interrumpa el recorrido de la mano.

17. Evacuación: Las salidas estarán debidamente señalizadas, permitiendo una
fácil visibilidad e identificación desde cualquier punto del recinto.

Artículo 2.2.8.1.4. Recursos para adecuación de los espacios físicos. Las
autoridades departamentales, distritales o municipales, según corresponda,
podrán financiar la adecuación de los espacios físicos para la recepción y
atención de quejas, peticiones denuncias, reclamos, sugerencias y
reconocimientos en las instalaciones de la Policía Nacional, teniendo como base,
los términos que sobre infraestructura establezca dicha Institución. Las
erogaciones previstas en el presente artículo serán con cargo a la cuenta
independiente de que trata el artículo 2.2.8.4.1, destinada para financiar
programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana, pedagogía
y prevención en materia de seguridad.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS, FUNCIONES Y DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Artículo 2.2.8.2.1. Creación y naturaleza de los Consejos de Seguridad y
Convivencia. Para efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1801 de
2016, los Consejos de Seguridad y Convivencia son un cuerpo consultivo y de toma
de decisiones en materia de prevención y reacción ante los problemas
relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en los que
participan las autoridades político-administrativas territoriales de acuerdo con
el tipo de Consejo y las autoridades nacionales a través de las unidades
territoriales desconcentradas que tiene cada entidad. Estos espacios de
coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los
principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad,
planeación, complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las
autoridades de diferentes órdenes del gobierno, que tienen competencias directas
en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

Artículo 2.2.8.2.2. Objetivos de los Consejos de Seguridad y Convivencia. Son
objetivos de los Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los siguientes:

1. Generar dinámicas de coordinación interinstitucional, a partir de lo cual se
debe lograr un abordaje integral y sostenible para la prevención y reacción ante
los problemas relacionados con la seguridad y convivencia en espacios públicos y
privados. Se constituye en la principal instancia para la toma de decisiones en
estas materias y teniendo como referente las discusiones y decisiones que se den
en espacios de coordinación interinstitucional especializados en materia de
convivencia y seguridad ciudadana.

2. Dar cumplimiento al principio de planeación con relación a los asuntos de
convivencia y seguridad, mediante el uso de los instrumentos de planeación
estratégica, presupuestal y operativa creados para tal fin, en concordancia con
la Ley 1801 de 2016.

3. Propiciar la implementación conjunta, simultánea y coordinada de las
estrategias, programas, proyectos y acciones que se adopten en su seno. Así,
como el seguimiento y evaluación de las mismas, por concepto de multas de que
trata la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo. Los integrantes de los Consejos de Seguridad y Convivencia, invocando
tal calidad, no estarán facultados para solicitar recursos de las cuentas a que
hace referencia la Ley 1801 de 2016, salvo expreso mandamiento legal.

Artículo 2.2.8.2.3. Tipos de Consejos de Seguridad y Convivencia. Se conformarán
Consejos de Seguridad y Convivencia a nivel nacional, regional, departamental,
distrital, municipal y metropolitano.

Artículo 2.2.8.2.4. Sesiones. Los Consejos de Seguridad y Convivencia sesionarán
de manera ordinaria mensualmente y de manera extraordinaria cuando las
condiciones de seguridad y convivencia de las diferentes jurisdicciones así lo
demanden.

En caso de que se requiera convocar sesiones extraordinarias, estas solo podrán
ser convocadas por los gobernadores y alcaldes que los presiden en cada caso, a
sugerencia de los comandantes de las unidades territoriales de la Policía
Nacional, tipo departamento y estación de policía.

Los Consejos de Seguridad y Convivencia regional, departamental, distrital,
municipal y metropolitano, podrán sesionar en entidades territoriales diferentes
a las dispuestas o en áreas rurales tales como corregimientos y veredas siempre
y cuando el cambio de sede se adopte:

1. Por la mayoría de los miembros del Consejo.

2. Se informe por escrito a todos los participantes.

3. Se realice en lugares en los que se pueda garantizar el normal funcionamiento
de la reunión, bajo condiciones adecuadas de seguridad para los participantes.

Parágrafo. A los Consejos de Seguridad y Convivencia, podrá invitarse a
cualquier otra entidad del Estado, personas jurídicas de derecho privado y
organizaciones internacionales o nacionales, o a particulares cuya presencia sea
necesaria para el cumplimiento de las funciones propias del Consejo de Seguridad
y Convivencia. Los invitados tendrán derecho a participar en las deliberaciones
del Consejo con voz, pero sin voto. Para tal efecto, la Secretaría hará las
correspondientes invitaciones.

Artículo 2.2.8.2.5. Conformación de los Consejos de Seguridad y Convivencia
Regional. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Regional, se conforman por las
siguientes autoridades:

1. Gobernadores.

2. Alcaldes que hagan parte de la región.

3. Comandantes de los Departamentos y Unidades Metropolitanas de la Policía
Nacional, que tienen jurisdicción en las entidades territoriales.

4. Comandantes de División y/o Fuerza Naval y de Brigada y/o Unidad de las
Fuerzas Militares con jurisdicción en las entidades territoriales.

5. Comandantes de Unidades de Guardacostas con jurisdicción en los departamentos
de las Entidades Territoriales.

6. Directores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
de las Entidades Territoriales.

7. Directores Regionales del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) que
atienden las Entidades Territoriales.

8. Directores Seccionales de la Fiscalía General de la Nación (FGN) de las
Entidades Territoriales.

9. Secretarios de Gobierno o Seguridad de cada una de las gobernaciones, o los
que hagan sus veces, que tengan competencias y funciones específicas y directas
en materia de convivencia y seguridad.

Parágrafo 1°. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Regionales contarán con la
participación de los Directores Regionales de Prosperidad Social o quien haga
sus veces, Director Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), o su delegado y Directores de los Grupos Regionales de Protección de la
Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienden las entidades territoriales,
como invitados cuando así se requiera, con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. El Secretario del Consejo Regional de Seguridad, será el
Secretario de Gobierno o Seguridad, según sea el caso, del departamento al que
pertenece el gobernador que preside el Consejo.

Artículo 2.2.8.2.6. Conformación de los Consejos de Seguridad y Convivencia
Departamentales. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Departamentales, se
conforman por las siguientes autoridades:

1. Gobernador del departamento, quien lo presidirá.

2. Comandante del departamento y de la Unidad Metropolitana de Policía Nacional
que tenga jurisdicción en el municipio capital del departamento.

3. Comandantes de División y/o Fuerza Naval de las Fuerzas Militares con
jurisdicción en el departamento y/o Comandantes de Brigada de las Fuerzas
Militares con jurisdicción en el territorio departamental.

4. Capitanes de Puerto con jurisdicción en el departamento.

5. Comandantes de Unidades de Guardacostas con jurisdicción en el departamento.

6. Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que
ten-ga jurisdicción sobre el departamento.

7. Director Seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), que tenga
jurisdicción sobre el departamento.

8. Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación (FGN) del
departamento.

9. Secretario de Gobierno o Seguridad del departamento o quien haga sus veces,
que tenga competencias y funciones específicas y directas en materia de
convivencia y seguridad ciudadana, quien hará las veces de Secretario del
Consejo Departamental de Seguridad y Convivencia.

Parágrafo. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Departamentales contarán con
la participación del Director Regional de Prosperidad Social o quien haga sus
veces, el Director Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), o su delegado y el Director del Grupo Regional de Protección de la
Unidad Nacional de Protección (UNP) que atiende el departamento, como invitados
cuando así se requiera, con voz pero sin voto.

Artículo 2.2.8.2.7. Conformación de los Consejos de Seguridad y Convivencia de
los Distritos Especiales. Los Consejos de Seguridad y Convivencia de los
Distritos Especiales, se conforman por las siguientes autoridades:

1. Alcalde del distrito especial, quien lo presidirá.

2. Alcaldes de las localidades que hacen parte de la jurisdicción del distrito
especial.

3. Comandante de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional y Comandantes de
Estación de cada una de las localidades que conforman el distrito especial.

4. Comandantes de las Unidades de las Fuerzas Militares con jurisdicción en el
distrito especial.

5. Capitanes de Puerto con jurisdicción en el distrito especial.

6. Comandantes de Unidades de Guardacostas con jurisdicción en el distrito
especial.

7. Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que
tiene jurisdicción en el departamento en el que se encuentra ubicado el distrito
especial.

8. Director Seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), que tiene
jurisdicción en el departamento en el que se encuentra ubicado el distrito
especial.

9. Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación (FGN) del departamento
que tiene cobertura sobre el distrito especial.

10. Secretario de Gobierno o Seguridad del distrito especial, o quien haga sus
veces, que tenga competencias y funciones específicas y directas en materia de
convivencia y seguridad ciudadana, quien hará las veces de Secretario del
Consejo del Distrital Especial de Seguridad y Convivencia.

Parágrafo 1°. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Distritales contarán con
la participación del delegado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), y el Director del Grupo Regional de Protección de la Unidad Nacional de
Protección (UNP) que tiene jurisdicción en el departamento en el que se
encuentra ubicado el distrito especial, como invitados cuando así se requiera,
con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. El Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá, reglamentará la
conformación y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Convivencia del
Distrito y las localidades que lo integran.

Artículo 2.2.8.2.8. Conformación de los Consejos de Seguridad y Convivencia
Municipales. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Municipales, se conforman
por las siguientes autoridades:

1. Alcalde municipal, quien lo presidirá.

2. Comandante de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional o de la Estación
de Policía Nacional, que tiene jurisdicción sobre el municipio.

3. Comandantes de las Unidades de las Fuerzas Militares con jurisdicción en el
municipio.

4. Capitanes de Puerto con jurisdicción en el municipio.

5. Comandantes de Guardacostas con jurisdicción en el municipio.

6. Director del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), que tiene presencia material en el municipio.

7. Director de la Unidad Básica del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML),
que tiene presencia material en el municipio.

8. Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación (FGN) del departamento
que tiene cobertura sobre el municipio.

9. Secretario de Gobierno o Seguridad del municipio, según sea el caso, que
tenga competencias y funciones específicas y directas en materia de convivencia
y seguridad, quien hará las veces de Secretario del Consejo Municipal de
Seguridad y Convivencia.

Parágrafo. Los Consejos de Seguridad y Convivencia Municipales contarán con la
participación del delegado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), y el Director del Grupo Regional de Protección de la Unidad Nacional de
Protección (UNP) que tiene jurisdicción en el departamento en el que se
encuentra ubicado el municipio, como invitados cuando así se requiera, con voz
pero sin voto.

Artículo 2.2.8.2.9. Conformación de los Consejos de Seguridad y Convivencia de
las Áreas Metropolitanas. Los Consejos de Seguridad y Convivencia de las Áreas
Metropolitanas, se conforman por las siguientes autoridades:

1. Alcalde del municipio núcleo, quien lo presidirá.

2. Alcaldes de los municipios que hacen parte del área metropolitana.

3. Comandante de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional que atiende los
municipios que hacen parte del área metropolitana.

4. Comandantes de las Fuerzas Militares con jurisdicción en el área
metropolitana.

5. Comandantes de las Estaciones de la Policía Nacional, que tiene jurisdicción
en los municipios que hacen parte del área metropolitana.

6. Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que
tie-ne jurisdicción en el departamento en el que se encuentran ubicados los
municipios que hacen parte del área metropolitana.

7. Directores de las Unidades Básicas del Instituto Nacional de Medicina Legal
(INML), que tienen presencia en los municipios que hacen parte del área
metropolitana.

8. Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación (FGN) del
departamento, del que hacen parte los municipios que conforman el área
metropolitana.

9. El Director del Área Metropolitana, quien será el Secretario del Consejo de
Seguridad y Convivencia.

Parágrafo. Los Consejos de Seguridad y Convivencia de las Áreas Metropolitanas
contarán con la participación del delegado del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (Inpec), y el Director del Grupo Regional de Protección de la
Unidad Nacional de Protección (UNP) que tiene jurisdicción en el departamento en
el que se encuentra ubicada el área metropolitana, como invitados cuando así se
requiera, con voz pero sin voto.

Artículo 2.2.8.2.10. Participación en los Consejos de Seguridad y Convivencia.
La participación en los diferentes Consejos de Seguridad y Convivencia, se
determinará con base en los siguientes criterios:

1. En los departamentos en los que no existen Directores Seccionales del
Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), participarán en los Consejos
Departamentales, los Directores Regionales o sus delegados.

2. En el Consejo de Seguridad y Convivencia del Distrito Capital de Bogotá,
participará el Director Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal
(INML), que atiende esta jurisdicción. Además, podrá considerarse la invitación
o participación permanente de los directores de las unidades básicas que tienen
presencia en este distrito especial.

3. En los Consejos Municipales en los que no exista presencia material de las
Unidades Básicas del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), podrá
considerarse la invitación al director de la Unidad Básica del Instituto
Nacional de Medicina Legal (INML) que tenga cobertura sobre el municipio por ser
parte de su área de influencia, de acuerdo con el acto administrativo expedido
por el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal.

4. Podrá invitarse a las sesiones de los Consejos de Seguridad y Convivencia
Regionales, Departamentales, de los Distritos Especiales, Municipales y
Metropolitanos, a otros funcionarios de las entidades públicas nacionales o
territoriales que tuvieren conocimiento de utilidad para el tratamiento de los
temas de seguridad y convivencia que se analizan en estos espacios de
coordinación interinstitucional.

5. Podrá invitarse a las sesiones de los Consejos Regionales, Departamentales y
Municipales de Seguridad y Convivencia, a los Comandantes de la Policía Nacional
de las unidades tipo: regiones, unidades metropolitanas y distritos de policía
que tienen jurisdicción sobre las entidades territoriales, según corresponda y
si así lo consideran los miembros permanentes de los espacios de coordinación
interinstitu-cional denominados Consejos de Seguridad y Convivencia.

6. El Presidente de la República podrá a través del Ministerio del Interior,
convocar y presidir los Consejos de Seguridad y Convivencia Nacionales,
Regionales, Departamentales, de los Distritos Especiales, Municipales y
Metropolitanos, sin perjuicio de sus atribuciones constitucionales.

7. El Presidente de la República, podrá asistir y presidir los Consejos de
Seguridad y Convivencia Regionales, Departamentales, de los Distritos
Especiales, Municipales y Metropolitanos, en su calidad de suprema autoridad
administrativa y de policía en Colombia.

Artículo 2.2.8.2.11. Funciones de los tipos de Consejos de Seguridad y
Convivencia. Son funciones de los Consejos de Seguridad y Convivencia, como
espacios de coordinación interinstitucional, las siguientes y sin perjuicio del
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le competen a cada
una de las distintas autoridades:

1. Intercambiar información cuantitativa y cualitativa, así como promover el
análisis y comprensión integral e interdisciplinaria de los problemas de
convivencia y seguridad, que se presentan en la jurisdicción que atiende el
Consejo de Seguridad y Convivencia en cada caso.

2. Apoyar la elaboración del diagnóstico de los problemas en materia de
convivencia, de manera participativa y atendiendo a la información cuantitativa,
cualitativa, la experiencia y conocimientos, que tienen los integrantes del
Consejo de Seguridad y Convivencia en cada caso.

3. El diagnóstico que se elabore, es una de las bases para la formulación de los
programas, planes, proyectos de inversión y actividades que hacen parte del Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), el cual se debe
actualizar en cada vigencia, de tal forma que se pueda garantizar la pertinencia
de las intervenciones respecto a las problemáticas.

4. Contribuir, bajo el liderazgo de la primera autoridad en materia de
convivencia, a la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC) durante los primeros seis meses del primer año de gobierno de
las autoridades político-administrativas territoriales, a partir de la
presentación de propuestas de programas, planes, proyectos de inversión y
actividades que permitan mitigar, controlar o atender los problemas de
convivencia. El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) que
se formule, debe ser consecuente con los lineamientos de la política y
estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana y demás lineamientos
que sobre estas materias dicte el Gobierno nacional.

Debe existir una correspondencia entre el PISCC y los lineamientos de política
pública que la entidad territorial dispuso en su plan de desarrollo.

5. Elaborar una propuesta de Plan Operativo Anual de Inversiones en materia de
Seguridad (POAI), consistente con lo propuesto en el Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC), para adopción por parte del ordenador del gasto
que corresponda en la entidad territorial. Esta propuesta debe contener los
proyectos de inversión inscritos en el banco de proyectos de la entidad
territorial, que pueden ser financiados con los recursos de la cuenta que se
destine para el recaudo de las multas de que trata la Ley 1801 de 2016.

6. Revisar y verificar la coherencia, correspondencia y complementariedad que
existe entre los instrumentos de planeación estratégica en asuntos relacionados
con la convivencia, expedidos tanto por las autoridades del orden nacional, como
por las autoridades de otros órdenes de gobierno. Así como, la coherencia,
correspondencia y complementariedad que existe en las decisiones que se adoptan
en otros espacios de coordinación interinstitucional encargados de atender
problemáticas específicas relacionadas con la convivencia, tales como: los
Comités Seccionales de Estupefacientes, los Comités Municipales de Drogas, las
Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, los
Comités Departamentales, Distritales y Municipales de Convivencia Escolar y los
demás que se constituyan para estos fines, como promover sinergias entre las
decisiones de planeación estratégica que se adoptan.

7. Presentar propuesta ante la primera autoridad administrativa y de policía de
la entidad territorial, del plan de acción que se debe elaborar a partir del
segundo año de gobierno, en concordancia con el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC), para garantizar el cumplimiento de los objetivos,
metas e indicadores dispuestos para los cuatro años en el (PISCC).

8. Efectuar el seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por
concepto de multas de que trata la Ley 1801 de 2016 y los eventuales recursos
que se destinen en materia de prevención.

9. Contribuir y participar en la elaboración del informe anual de gestión
pública territorial de la seguridad y convivencia ciudadana de la jurisdicción,
así como en los procesos de rendición de cuentas.

10. Hacer seguimiento en cada vigencia a la ejecución del Plan Operativo Anual
de Inversiones, en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana (POAI- SC), por
concepto de multas de que trata la Ley 1801 de 2016.

11. Asesorar a la primera autoridad en materia de policía, en las situaciones
específicas de alteración de la convivencia, respecto de las medidas que se
pueden imponer y los medios que se pueden adoptar en atención:

a) A las competencias, funciones y atribuciones de las autoridades;

b) A la magnitud y alcance de las situaciones;

c) A las coordinaciones que se estén realizando con las autoridades
territoriales de los órdenes superiores de gobierno en cumplimiento a los
principios de concurrencia y subsidiariedad.

d) A la protección y recuperación de los bienes de uso público.

12. Verificar que las medidas que se adopten en de la convivencia de la
jurisdicción, contribuyan a la garantía de los derechos humanos y el respeto por
las libertades públicas consagradas en la Constitución Política. Así como por la
coherencia y cumplimiento de las disposiciones normativas en esta materia.

13. Asesorar sobre la implementación de planes, programas o proyectos, que permi
tan prevenir la configuración de situaciones de alteración de la seguridad y
convivencia.

14. Formular recomendaciones para la preservación de los derechos humanos y el
cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la convivencia pacífica.

Parágrafo. Los Consejos de Seguridad y Convivencia podrán constituir grupos de
trabajo que se encarguen de realizar análisis o propuestas específicas, con el
fin de profundizar en la comprensión y análisis de algunos problemas públicos de
convivencia y seguridad, así como de las posibles intervenciones, sin que se
genere erogaciones con cargo a los recursos del Fonset o de alguna de sus
cuentas.

Artículo 2.2.8.2.12. Planes de seguridad y convivencia regionales y
metropolitanos. En el caso de las regiones y las áreas metropolitanas, se podrán
diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar planes integrales de seguridad
y convivencia (PISCC), según sea el caso.

Artículo 2.2.8.2.13. Informes. Los informes que deben entregar semestralmente
los representantes legales de las entidades territoriales, gobernadores y
alcaldes, a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Política Criminal
sobre las actividades delincuenciales, modalidades de delitos y factores que
influyen en el aumento o disminución de la criminalidad, deben ser comunicados
en el seno de los Consejos de Seguridad y Convivencia.

Artículo 2.2.8.2.14.Articulación con otros espacios de coordinación
interinstitucional específicos para los asuntos de convivencia y seguridad. Los
Consejos de Seguridad y Convivencia de cada tipo, son la instancia central de
coordinación interinstitucional en estas materias, motivo por el cual requieren
conocer de manera sistematizada y organizada, las discusiones y decisiones que
se toman en otros espacios de coordinación interinstitucional especializados en
temas de convivencia y seguridad ciudadana, como se dispone a continuación:

Espacio de Coordinación Interinstitucional especializado en temas de convivencia
y seguridad ciudadana

Informe

Periodicidad

Comisiones Locales de Drogas

Informe sobre el comportamiento de cada uno de los actores del fenóme-no del
narcotráfico en su jurisdicción (producción, distribución, comercialización,
capital circulante)

Trimestral

Comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol

Informe de las conductas de Indisciplina y desorden social más comu-nes en los
espacios deportivos de fútbol, que generan problemas de convivencia.

Semestral

Comités departamentales, distritales y munici- pales de convivencia escolar.

Informe de las situaciones tipo 2 y 3 de convivencia (artículo 2.3.5.4.2.6.
Decreto 1075 de 2015), así como de los delitos y modalidades delictivas que se
presentan en los establecimientos con relación a las competencias de la Ley 1620
de 2013.

Trimestral

Parágrafo. Se procurará el acceso y la interoperabilidad de la información a la
que se refiere el presente artículo, con el fin de facilitar su consulta.

Artículo 2.2.8.2.15. De las instancias de participación ciudadana en el marco de
los diferentes tipos de Consejos de Seguridad y Convivencia. De manera previa o
posterior a la realización de sesiones ordinarias o extraordinarias de los
diferentes tipos de Consejos de Seguridad y Convivencia, todos los miembros
podrán convocar audiencias de participación ciudadana que permitan:

1. Recolectar y analizar información a partir de la cual se logre una mayor
comprensión de los problemas públicos de indisciplina y desorden social,
violencia inter-personal en espacios públicos y privados y delincuencia.

2. Promover la construcción de propuestas de intervención e iniciativas frente a
los problemas públicos identificados en estas materias.

3. Motivar la participación de los ciudadanos en las estrategias, programas,
proyectos de inversión y actividades que se están desarrollando en materia de
convivencia y seguridad.

4. Dar a conocer y difundir decisiones tomadas por las autoridades en materia de
orden público y policía, entre otras, cuyo fin último sea promover la
participación de los ciudadanos.

5. Articular con los Comités Civiles de Convivencia.

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Artículo 2.2.8.2.16. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º. Objeto.
Reglamentar el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como un
cuerpo consultivo y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas
relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, así como
para la coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la Política
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Artículo 2.2.8.2.17. Modificado por el Decreto 842 de 2023, artículo 1º.
Integración del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará integrado por:

1. El Presidente de la República, quien lo presidirá.

2. El Ministro del Interior.

3. El Ministro de Justicia y del Derecho.

4. El Ministro de Defensa Nacional.

5. El Ministro de Salud y Protección Social.

6. El Ministro de Educación Nacional.

7. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8. El Director del Departamento Nacional de Planeación.

9. El Consejero Presidencial para la Reconciliación Nacional.

10. El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

11. El Director General de la Policía Nacional.

Parágrafo 1°. En el caso de los ministros. la representación en las sesiones del
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana solo podrá ser delegada en
los viceministros, y en el caso de los directores de Departamento Administrativo
y demás entidades, en los subdirectores.

El Presidente de la República podrá delegar su asistencia a la sesión del
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El funcionario delegado,
presidirá la sesión.

Parágrafo 2°. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y el Defensor del Pueblo tendrán el carácter de invitados permanentes.

Parágrafo 3°. A las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana podrán asistir, previa invitación de su presidente, otros ministros o
directores de Departamento Administrativo. funcionarios del Estado, y demás
personas que por su conocimiento y experiencia el Consejo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana considere pertinentes para el desarrollo de sus
funciones, o asuntos a tratar.

Los ministros y directores que sean invitados solo podrán delegar su asistencia
en los viceministros o subdirectores, respectivamente.

Parágrafo 4°. Los invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Texto inicial del artículo 2.2.8.2.17. Adicionado por el Decreto 647 de 2021,
artículo 1º. Integración del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará
integrado por:

1. El Presidente de la República, quien lo presidirá.

2. El Ministro del Interior.

3. El Ministro de Justicia y del Derecho.

4. El Ministro de Defensa Nacional.

5. El Ministro de Salud y Protección Social.

6. El Ministro de Educación Nacional.

7. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8. El Director del Departamento Nacional de Planeación.

9. El Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional.

10. El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

11. El Director General de la Policía Nacional.

Parágrafo 1°. En el caso de los ministros, la representación en las sesiones del
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sólo podrá ser delegada en
los viceministros, y en el caso de los directores de Departamento Administrativo
y demás entidades, en los subdirectores.

El Presidente de la República podrá delegar su asistencia a la sesión del
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El funcionario delegado,
presidirá la sesión.

Parágrafo 2°. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y el Defensor del Pueblo tendrán el carácter de invitados permanentes.

Parágrafo 3°. A las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana podrán asistir, previa invitación de su presidente, otros ministros o
directores de Departamento Administrativo, funcionarios del Estado, y demás
personas que por su conocimiento y experiencia el Consejo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana considere pertinentes para el desarrollo de sus
funciones, o asuntos a tratar.

Los ministros y directores que sean invitados solo podrán delegar su asistencia
en los viceministros o subdirectores, respectivamente.

Parágrafo 4°. Los invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 2.2.8.2.18. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º.
Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Son
funciones del Consejo, las siguientes:

1. Actuar como cuerpo consultivo del Presidente de la República en materia de
convivencia y seguridad ciudadana.

2. Asesorar al Presidente de la República en situaciones específicas de
alteración de la convivencia para la toma de decisiones en la formulación,
implementación, evaluación y estrategias que pueda adoptar para el
restablecimiento de la misma, dentro de la Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana.

3. Articular con las diferentes instituciones del Estado, el intercambio de
información cualitativa y cuantitativa que permita un análisis y compresión
integral de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana en ejecución de
la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

4. Asesorar al Presidente de la República en relación con la estrategia de
convivencia para garantizar la protección del agua, la biodiversidad y medio
ambiente como interés nacional, principal y prevalente de Colombia.

5. Analizar y asesorar en los temas relacionados exclusivamente con la
convivencia y seguridad ciudadana por afectación de organizaciones criminales y
economías ilícitas.

6. Realizar, en el mes de enero de cada año, una audiencia pública de rendición
de cuentas de la Implementación y ejecución de la Política Marco de Convivencia
y Seguridad Ciudadana.

7. Evaluar, en conjunto con las instancias territoriales, de forma permanente en
sus sesiones, los informes sobre posibles problemas en la ejecución de la
Política, respecto a las autoridades político administrativas y en la prestación
del servicio de Policía.

8. Proponer la creación y el desarrollo de un sistema nacional de convivencia y
seguridad ciudadana, para articular y fortalecer las instancias de coordinación
territorial y nacional.

9. Presentar propuestas para reconocer la mejor gestión territorial de las
autoridades administrativas en los territorios. Para reconocimiento de esta
gestión se creará un incentivo escrito por medio de una mención de honor o
distinción al Mejor Alcalde y/o Gobernador, el cual será otorgado por la
definición de un ranking de gestión en convivencia y seguridad ciudadana. El
reconocimiento será creado y evaluando previa definición de metodología y
requisitos por el Ministerio del Interior y presentada al Consejo Nacional
Seguridad y Convivencia Ciudadana para que esta instancia defina y seleccione el
ganador, con criterios técnicos.

10. Promover acciones coordinadas para la difusión e implementación del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, orientadas a la prevención de
comportamientos contrarios a la convivencia.

11. Promover la prevención, la participación cívica y la cultura de la legalidad
en la ciudadanía, en el marco de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

12. Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las líneas de
política y acciones de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

13. Darse su propio reglamento.

14. Las demás que el Presidente de la República determine y que guarden relación
con la naturaleza y objeto del Consejo.

Artículo 2.2.8.2.19. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º.
Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Consejo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sesionará de manera ordinaria cada
seis (6) meses, y de manera extraordinaria, cuando las circunstancias lo
ameriten, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica, a solicitud
del Presidente de la República, o del Ministerio del Interior, del Ministerio de
Defensa Nacional, y/o del Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional.

Artículo 2.2.8.2.20. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º.
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La
Secretaría Técnica del Consejo estará a cargo de los Ministerios de Interior y
de Defensa Nacional. Contará con el soporte técnico de la Policía Nacional, a
través de las dependencias competentes.

Artículo 2.2.8.2.21. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º.
Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será la encargada de:

1. Convocar y preparar la agenda de las sesiones del Consejo.

2. Proponer al Consejo las líneas de política y temáticas.

3. Preparar los documentos necesarios para el funcionamiento del Consejo.

4. Realizar junto con el Departamento Nacional de Planeación, seguimiento,
evaluación y control de las líneas de política, así como de las decisiones,
medidas y compromisos que en el marco de las sesiones del Consejo se adopten, de
lo que deberán presentar un informe semestral a esa instancia.

5. Coordinar la consecución de los insumos necesarios de la mesa técnica de
apoyo.

6. Levantar, documentar y custodiar las actas de las sesiones del Consejo.

7. Las demás que le asigne el Presidente de la República o el Consejo.

Artículo 2.2.8.2.22. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º. Mesa
Técnica de Apoyo. Créase la Mesa Técnica de Apoyo como una instancia del Consejo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se encargará de hacer
recomendaciones técnicas, en el marco de la ejecución de la Política, así como
de apoyar a este cuerpo con estudios, e informes que se le soliciten a través de
la secretaría del mismo.

La Mesa Técnica con un carácter interdisciplinario, prestará apoyo permanente al
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y estará integrada por un
gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos; un alcalde
delegado por la Asociación de Ciudades Capitales; un alcalde delegado por la
Federación Colombiana de Municipios.

Parágrafo. Las funciones, sesiones y actividades a realizar, serán dispuestas en
el reglamento del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 2.2.8.2.23. Adicionado por el Decreto 647 de 2021, artículo 1º. Ámbitos
de coordinación y complementariedad. El Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana actuará de forma coordinada y complementaria con las demás
instancias, consejos y comités relacionados con el desarrollo de la Política
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

CAPÍTULO III

REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 2.2.8.3.1. Registro Nacional de Medidas Correctivas. Registro Nacional
de Medidas Correctivas. Entiéndase por Registro Nacional de Medidas Correctivas,
el sistema a cargo de la Policía Nacional, que contiene los datos concernientes
a la identificación de la persona infractora de un comportamiento contrario a la
convivencia, el tipo de medida correctiva, el estado de pago de la multa o
cumplimiento de la medida correctiva, cuya información detallada y
georreferenciada de forma cualitativa y cuantitativa en tiempo real, permite el
diseño de políticas públicas para la prevención, conservación, fortalecimiento y
restablecimiento de la convivencia y seguridad.

Corresponde a las autoridades departamentales, distritales y municipales
inscribir en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, aquellas aplicadas a
las personas naturales y jurídicas, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a su imposición o del comparendo según sea el caso, así como los
respectivos cumplimientos.

Este registro deberá permitir la interoperabilidad automática con las bases de
datos de las autoridades responsables de verificar el estado del trámite, para
efectos de la revisión e identificación de las personas que se encuentren en las
condiciones de mora en el pago de las multas o cumplimiento de la medida
correctiva, para lo cual se hará uso de los certificados expedidos por el
sistema de conformidad con el manual y reglamento de que trata el artículo
2.2.8.3.2 del presente capítulo, donde se especifique la fecha y hora de la
consulta.

La Policía Nacional podrá contratar la creación, manejo, operatividad,
actualización, control, y sistemas de seguridad informática, física y
conectividad del Registro Nacional de Medidas Correctivas. En todo caso, la
Policía Nacional tendrá los derechos sobre el diseño, manejo, datos, software,
licencias y demás aspectos técnicos y tecnológicos que permitan el
funcionamiento del Registro Nacional de Medidas Correctivas.

La entidad pública o privada, encargada del Registro Nacional de Medidas
Correctivas, será responsable por la creación y administración, adquisición de
licencias y su actualización, operatividad, actualización del sistema y del
sistema operativo, control de los sistemas de seguridad informática y física, la
conectividad y actualización del cumplimiento de las medidas correctivas, lo
cual implica alimentar el sistema en tiempo real.

Parágrafo 1°. Los departamentos, distritos y municipios deberán implementar los
medios tecnológicos requeridos para la conexión con el sistema, de conformidad
con las especificaciones técnicas señaladas por la Policía Nacional, para
asegurar y garantizar el adecuado funcionamiento y actualización en tiempo real.

Parágrafo 2°. Para efectos de lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1801
de 2016, el interesado deberá estar al día en los pagos de las multas del Código
de Policía y Convivencia, lo cual se podrá verificar a través del sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas o cualquier otro medio que demuestre el
pago.

Parágrafo 3°. Los municipios que no cuenten con infraestructura tecnológica que
permita la interconectividad con otros sistemas de gestión para el seguimiento,
actualización y recaudo, deberán registrar y actualizar la información
relacionada con la aplicación y cumplimiento de las medidas correctivas a través
del sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), publicado por la
Policía Nacional.

Artículo 2.2.8.3.2. Manual y reglamento del Registro Nacional de Medidas
Correctivas. La Policía Nacional como responsable del Registro Nacional de
Medidas Correctivas, en coordinación con la entidad pública o privada contratada
para el manejo, operatividad, actualización, control, conectividad,
sistematización y seguridad informática del mencionado Registro, deberá expedir,
al momento de poner en funcionamiento el sistema, un manual con las guías,
protocolos y reglamento de funcionamiento del mismo.

Artículo 2.2.8.3.3. Permanencia del Registro. Únicamente podrá observarse por
parte del interesado, la información del Registro que reporta la medida
correctiva impuesta que se encuentre en firme. El reporte de la medida
correctiva impuesta, permanecerá para la consulta por parte de las autoridades
de policía y entidades del Estado, por un lapso de un (1) año, después de su
cumplimiento, tiempo durante el cual se verificará la reincidencia con las
correspondientes consecuencias contempladas en la Ley 1801 de 2016.

Es deber de la autoridad de policía que impuso la medida correctiva, o quien la
hizo cumplir, actualizar el Registro Nacional de Medidas Correctivas, al momento
de la imposición de la misma, y la constatación de su cumplimiento.

Artículo 2.2.8.3.4. Diseño, ajuste, impresión y dotación para la orden de
comparendo. La Policía Nacional diseñará y ajustará los formatos requeridos para
documentar la orden de comparendo de acuerdo con la reglamentación que para el
efecto expida.

Las administraciones distritales o municipales imprimirán y dotarán al personal
uniformado de la Policía Nacional con los formatos y medios tecnológicos
requeridos para la expedición e inserción de la orden de comparendo en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL COBRO Y RECAUDO DE DINEROS POR
CONCEPTO DE MULTAS

Artículo 2.2.8.4.1. Recaudo y administración del dinero por concepto de multas.
Los recursos provenientes de las multas del Código Nacional de Policía y
Convivencia ingresarán al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(Fonset), en cuenta independiente dispuesta por las administraciones distritales
y municipales, distinta de aquella a la que ingresan los recursos a que se
refiere la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 y 1430 de 2010 y 1738 de 2014.

En cumplimiento del parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, el
sesenta por ciento (60%) de los recursos provenientes del recaudo por concepto
de multas se destinará a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia
de seguridad, de los cuales un cuarenta y cinco por ciento (45%) será para
financiar programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana,
y un quince por ciento (15%) a la administración, funcionamiento e
infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas, como elemento
necesario para garantizar la prevención a través del recaudo y almacenamiento de
información detallada, georreferenciada y en tiempo real del estado de las
multas en todo el territorio nacional, lo cual constituye un instrumento
imprescindible para el cumplimiento de su función legal. El cuarenta por ciento
(40%) restante se utilizará en la materialización de las medidas correctivas
impuestas por las autoridades de Policía.

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación, la Contaduría General de
la Nación y la Contraloría General de la República, tendrán un semestre a partir
de la entrada en vigencia del presente decreto para modificar el Formularlo
Único Territorial (FUT), con el fin de incluir un aparte en el que los alcaldes
reporten el valor total del recaudo anual por concepto de multas que dispone el
Código Nacional de Policía y Convivencia y de la trasferencia a la Policía
Nacional de las sumas a que se refiere el inciso 2° del presente artículo, así
como los proyectos de inversión y gastos en los que se ejecutaron dichos
recursos.

Parágrafo 2°. Las administraciones distritales y/o municipales deberán trasferir
mensualmente el quince por ciento (15%) destinado a la administración,
funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas de
que trata el presente artículo, dentro de los primeros diez (10) días de cada
mes a la cuenta que para tal fin establezca la Policía Nacional.

CAPÍTULO V

SITIOS PARA EL TRASLADO POR PROTECCIÓN

Artículo 2.2.8.5.1. Centros para el traslado por protección o asistencial.
Entiéndase por centros para el traslado por protección o asistenciales, los
espacios físicos dispuestos por la administración distrital o municipal, para
hacer efectivo el medio de policía establecido en el artículo 155 de la Ley 1801
de 2016, cuya implementación, adecuación y funcionamiento, deberán ser
garantizados por cada alcalde distrital o municipal.

Artículo 2.2.8.5.2. Centros asistenciales. Entiéndase como centros asistenciales
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Hospitales, Clínicas,
Centros de Salud, Puestos de Salud, Establecimientos Sanitarios, Hospicios,
Unidades Móviles de Salud, Ambulancias, Centros de Delegaciones Nacionales o
Internacionales de Salud, Centros de Comités Nacionales o Internacionales de
Salud y las demás donde se presten servicios de salud ubicados en la
jurisdicción correspondiente a cada distrito o municipio.

Dichos centros asistenciales, independientemente de ser públicos o privados
deberán prestar la atención inmediata a las personas trasladadas por protección
en procedimiento de policía cuando se trate de ciudadanos en grave estado de
alteración de la conciencia por aspectos mentales, por estar bajo el efecto del
consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas o que
presente lesiones o afecciones en su integridad psicofísica, en los términos
establecidos en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y sus normas reglamentarias.

En caso que una de las instituciones mencionadas en el inciso primero del
presente artículo, se niegue a prestar la atención necesaria para proteger la
vida e Integridad del trasladado por protección en procedimiento de policía, la
autoridad de policía lo informará por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al Ministerio Público, a efectos de que se adopten las medidas
necesarias para prevenir hechos que atenten contra la salud de las personas en
el desarrollo del traslado por protección en procedimiento policivo y para lo
cual la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social,
los Tribunales Seccionales y Nacionales de Ética Médica deberán adelantar
acciones en contra de quienes nieguen el servicio de salud en el marco del
presente capítulo.

Artículo 2.2.8.5.3. Centros de Protección. Es el espacio físico destinado por la
administración distrital o municipal, para recibir a las personas que sean
trasladadas por protección en procedimiento de policía, por incurrir en alguna
de los comportamientos descritos en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016.

Estos espacios deberán tener mínimo las siguientes condiciones:

1. Espacio físico diferenciado: Los centros de protección deberán contar con
lugares separados en razón del sexo de las personas, donde se dejará a cada
ciudadano según sea su sexo, es decir, un espacio en el que estarán separadas
las personas del sexo masculino de las del sexo femenino, una vez realizado el
correspondiente procedimiento de registro a persona así como de identificación e
individualización.

2. Condiciones sanitarias y de servicios públicos: Los centros de protección a
los que se refiere el presente artículo, deberán contar con servicios de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, ventilación, acceso a servicio de
baño, teléfono público y demás condiciones mínimas de dignidad para la estancia
de los ciudadanos en tales centros; en todo caso, dichos centros deberán contar
con unas condiciones sanitarias y de aseo que dignifiquen a los ciudadanos que
de manera transitoria estén en estos sitios.

3. Condiciones de seguridad: Deben contar con mecanismos tecnológicos que
permitan ejercer vigilancia y control sobre las personas para garantizar sus
derechos. Para el efecto, se deberán instalar sistemas de video y audio
permanente, conectado a una central de monitoreo y con capacidad de
almacenamiento.

Las personas trasladadas deberán ser identificadas mediante un sistema
biométrico que permita establecer la hora, día, mes y año, de ingreso y salida.

Se seguirán estrictos protocolos de registro a las personas y sus pertenencias,
en lugares que protejan su intimidad, además de resguardar los bienes que porten
los trasladados.

4. Infraestructura: Los sitios destinados para el traslado por protección deben
garantizar las condiciones de infraestructura mínimas que ofrezcan seguridad en
términos de sismorresistencia, accesibilidad y evacuación de conformidad con la
normatividad vigente.

Como mínimo, los sitios deberán tener la suficiente ventilación, iluminación y
condiciones físicas que ofrezcan seguridad a quienes permanezcan en ellos,
garantizando que a quienes se les aplique el traslado por protección no evadan
el medio de policía o tengan posibilidades de retiro fácil del lugar.

Vigilancia y seguridad física: Conforme a la misionalidad constitucional y
legal, le corresponde a la Policía Nacional brindar seguridad interna en los
centros de traslado por protección para efectos de registro a personas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 155 y 159 de la Ley 1801 de
2016.

5. La vigilancia y seguridad externa de los sitios destinados para el traslado
por protección, estará a cargo de las administraciones municipales, para cuyos
efectos podrán contratar con empresas de vigilancia y seguridad privada
legalmente constituidas.

6. Ingreso y salida del traslado por protección: De conformidad con el artículo
155 de la Ley 1801 de 2016, toda persona que sea trasladada por protección a los
sitios destinados para tal fin, no podrá permanecer en ellos por un espacio de
tiempo mayor a doce (12) horas, entendiendo que el término se cuenta desde el
momento en el que inicia el procedimiento de policía, hasta la salida del sitio.

Teniendo en cuenta que el parágrafo segundo del artículo 155 de la Ley 1801 de
2016 establece, que en el centro asistencial o de protección debe hacer
presencia un representante del Ministerio Público, dicho funcionario deberá
verificar el ingreso y salida del sitio, garantizando que a las personas a
quienes se les aplique el medio de policía, les sea respetado el debido proceso,
permitiéndoles la salida en el término establecido en la ley.

Parágrafo 1°. El medio de policía de traslado por protección, una vez aplicado,
deberá ser proporcional, razonable y necesario, conforme a los principios
señalados en los numerales 12 y 13 del artículo 8° de la Ley 1801 de 2016,
procurando en todo caso la menor afectación posible a derechos y libertades,
evitando los excesos en la materialización del medio de policía, salvaguardando
en todo momento la dignidad humana, los derechos humanos, el debido proceso, el
trato igualitario, el derecho a la libertad y en general las garantías
constitucionales y legales.

Parágrafo 2°. Las personas objeto del traslado por protección, no podrán ser
habitantes de calle o en calle, teniendo como consideración esta única
circunstancia. No se podrán trasladar a estos centros, personas involucradas en
conductas punibles.

CAPÍTULO VI

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS O ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE CONVIVENCIA
Y DIFUSIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016

Artículo 2.2.8.6.1. Programa Comunitario. Entiéndase por programa comunitario,
la actividad obligatoria orientada a mejorar las condiciones de seguridad,
ambiente y tranquilidad en todo el territorio nacional que propenden por el
interés general.

Artículo 2.2.8.6.2. Clasificación. El programa comunitario se clasifica en las
siguientes acciones:

1. Jornadas de ornato y embellecimiento.

2. Preservación del ambiente y el patrimonio cultural, tales como siembra de
árboles y brigadas de recuperación de espacios ecológicos.

3. Cultura ciudadana, consiste en brindar charlas, participar en actividades
lúdico recreativas o de fomento de cultura ciudadana en colegios, ancianatos,
hospitales y sistema de transporte masivo.

4. Las demás que la administración distrital o municipal establezca para tal
fin.

Parágrafo. Aplica para los comportamientos contrarios a la convivencia que
tengan como medida correctiva la participación en programa comunitario, al igual
que para aquel ciudadano que conmute dentro del plazo establecido, la multa
general tipo 1 o 2 por la participación en programa comunitario.

Artículo 2.2.8.6.3. Actividad Pedagógica. Se entenderá por actividad pedagógica,
aquella participación en programas educativos determinados y desarrollados por
las alcaldías distritales o municipales, como medida correctiva impuesta de
conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 y cuyo enfoque será el
fortalecimiento de los principios, fines y objeto de la convivencia, práctica de
derechos y deberes aceptados por la sociedad, así como las responsabilidades que
implica vivir en sociedad otorgando un reconocimiento al valor de lo público y
la tranquilidad de la comunidad en general.

Parágrafo. Para el desarrollo de las actividades pedagógicas la alcaldía
distrital o municipal, podrá destinar un lugar específico que cuente con las
condiciones necesarias para la capacitación de las personas que incurran en
comportamientos contrarios a la convivencia, con base en los siguientes
componentes:

Artículo 2.2.8.6.4. Componentes Pedagógicos. Son las diferentes temáticas que
permiten una interacción comunicativa entre el interlocutor y los participantes
en contextos específicos; en ella se busca crear un ambiente de aprendizaje que
facilite la comprensión de conceptos relacionados a la convivencia,
estableciéndose las siguientes:

1. Ciudadanía, deberes y derechos.

2. Identidad, pluralidad y diferencias.

3. Cuidado del ambiente.

4. Prácticas de Convivencia, negociar, respetar, afrontar los conflictos,
diálogo, co-municación-lenguaje, colaboración, construcción de confianza,
moral-ética.

5. Normatividad.

6. Y aquellas que por el contexto de la población o la comunidad o su
idiosincrasia sean pertinentes para generar comportamientos favorables a la
convivencia.

Artículo 2.2.8.6.5. Objetivos del programa de pedagogía. El programa de
pedagogía como medida correctiva, debe lograr:

1. Educar en materia de convivencia a la comunidad.

2. Construcción personal en el mejoramiento progresivo del comportamiento en
con-vivencia.

3. Respetar los derechos y deberes de las personas.

Artículo 2.2.8.6.6. Adecuación de las instalaciones. Las alcaldías adecuarán las
instalaciones, recursos logísticos y talento humano necesarios para el
desarrollo de las actividades que componen el programa comunitario.

Parágrafo 1°. Las gobernaciones, distritos y alcaldías podrán realizar convenios
con la Policía Nacional e instituciones públicas o privadas para el desarrollo
de los programas comunitarios y componentes pedagógicos.

Parágrafo 2°. Cuando estas actividades se realicen por medio de convenios, las
gobernaciones, distritos y alcaldías garantizarán los recursos que sean
necesarios para su desarrollo.

Parágrafo 3°. La duración de la actividad en ningún caso puede superar las seis
(6) horas, según lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo 4°. Aplica para los comportamientos contrarios a la convivencia que
tengan como medida correctiva la participación en actividad pedagógica, al igual
que para aquel ciudadano que conmute dentro del plazo establecido, la multa
general tipo 1 o 2 por la participación en actividad pedagógica, siempre y
cuando se compagine con los temas acá enunciados.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIÓN SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL
Y EMPRESARIAL DEL ESTADO (RUES)

Artículo 2.2.8.7.1. Informe de registro en Cámaras de Comercio. Las Cámaras de
Comercio garantizarán el acceso a la información, a través del Registro Único
Social y Empresarial del Estado (RUES), a las administraciones distritales y
municipales y la Policía Nacional, para el ejercicio de las funciones propias de
inspección y vigilancia de las actividades mercantiles y de las empresas que se
creen o modifiquen su actividad económica y/o su domicilio en la respectiva
jurisdicción.

Parágrafo. Las administraciones distritales o municipales y la Policía Nacional,
deberán garantizar las condiciones de conectividad y seguridad requeridas para
el acceso a la información del Registro Único Social y Empresarial del Estado
(RUES) y deberán disponer de la capacidad tecnológica necesaria para la
interoperabilidad en tiempo real.

CAPÍTULO VIII

ACTIVIDAD DE POLICÍA EN AGUAS JURISDICCIONALES COLOMBIANAS

Artículo 2.2.8.8.1. Actividad de Policía en aguas jurisdiccionales colombianas.
El ejercicio de la actividad de policía por el Cuerpo de Guardacostas de la
Armada Nacional en las áreas bajo su responsabilidad y competencia, se
desarrollará de conformidad con el Libro Tercero, Título Primero, Capítulo I de
la Ley 1801 de 2016 y del presente capítulo, lo anterior sin perjuicio de las
normas especiales que regulan la navegación y las actividades marítimas.

CAPÍTULO IX

Nota: Capítulo IX adicionado por el Decreto 1844 de 2018, artículo 1º. (éste
derogado por el Decreto 2114 de 2023, artículo 1º.).

Comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas

Artículo 2.2.8.9.1. Verificación de la infracción. En el marco del Proceso Único
de Policía, cuando la autoridad advierta la posible infracción de la prohibición
de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas, tales (i) como
marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína o derivados de
la amapola, drogas sintéticas; (ii) cualquiera de las sustancias, naturales o
sintéticas que figuran en la listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes y su Protocolo de Modificación, celebrada en Ginebra el 25 de
marzo de 1972, aprobada por medio de la Ley 13 del 29 de noviembre de 1974;
(iii) que se encuentren incorporadas en las listas I, II, III y IV del Convenio
de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, aprobado por medio de la
Ley 43 del 29 de diciembre de 1980; o (iv) así como cualquier otra sustancia que
se encuentre legalmente prohibida, se aplicará el procedimiento establecido en
el proceso verbal inmediato de que trata el artículo 222 de Ley 1801 de 2016,
“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará únicamente a las
presuntas infracciones derivadas del porte y tenencia de las cantidades de
dichas sustancias que las normas vigentes determinan como dosis personal.

El porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal será
judicializado de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 2.2.8.9.2. Descargos. En los casos previstos en el artículo anterior,
la autoridad competente procederá a oír en descargos al presunto infractor.

Artículo 2.2.8.9.3. Consecuencia de la infracción. En el evento en que el
presunto infractor, una vez surtido el trámite del proceso verbal inmediato de
que trata el 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sea encontrado
como responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con
el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, procederá a imponer, en
todo caso, la medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las
demás a las que hubiere lugar.

Artículo 2.2.8.9.4. Protocolo del medio de policía de incautación y de la medida
correctiva de destrucción del bien. Para la aplicación del medio de policía de
incautación y de la medida correctiva de destrucción de las sustancias de que
trata el artículo 2.2.8.9.1 del presente Decreto, el personal uniformado se
sujetará al protocolo establecido en los apartes 3.9 y 4.7 de la Guía de
Actuaciones de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional,
frente al Código Nacional de Policía y Convivencia, identificada con el número
1CS-GU-0005, expedida el 27 de junio de 2018 por la Dirección General de la
Policía Nacional, o el acto administrativo que lo modifique.

CAPÍTULO X

Nota: Capítulo X adicionado por el Decreto 380 de 2022, artículo 1º.

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA PROPIETARIOS Y TENEDORES
DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL

Artículo 2.2.8.10.1. Constitución de pólizas. Los propietarios de caninos
considerados de manejo especial deberán contar con una póliza de responsabilidad
civil extracontractual, la cual debe tomarse con una compañía de seguros
legalmente autorizada para operar en el país.

El seguro debe amparar la responsabilidad civil extracontractual del propietario
o tenedor del canino, por los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que
cause a terceros, como consecuencia de la propiedad y/o tenencia de un canino de
manejo especial, y que se concreten en lesión, muerte de personas o animales, o
daños a los bienes de terceros.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo, no aplica para los caninos
utilizados en la prestación del servicio de vigilancia privada mientras se
encuentren en servicio, los cuales se regirán por la normatividad especial sobre
la materia.

Parágrafo 2°. Cuando el propietario del canino sea un menor de edad, el tomador
del seguro deberá ser su representante legal.

Artículo 2.2.8.10.2. Valor mínimo asegurado y vigencia de la póliza. El valor
asegurado de la póliza no podrá ser inferior a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV) por canino. El valor asegurado de la póliza
será la máxima responsabilidad del asegurador, que se puede agotar en uno o más
eventos que ocurran durante la vigencia del seguro.

El asegurado deberá mantener vigente la póliza durante la vida del ejemplar, sin
perjuicio de que esta se expida anualmente.

Parágrafo. Las compañías aseguradoras deberán permitir la adquisición de pólizas
de responsabilidad civil extracontractual colectivas, para aquellas entidades,
fundaciones sin ánimo de lucro o albergues, legalmente constituidas, destinados
a la protección, custodia y cuidado de caninos en estado de maltrato,
indefensión o abandono, que deseen adquirirla. Cuando el canino de manejo
especial vaya a ser entregado en donación, deberá contar con la respectiva
póliza de responsabilidad civil extracontractual.

En todo caso el valor asegurado de la póliza será la máxima responsabilidad del
asegurador, que se puede agotar en uno o más eventos que ocurran durante la
vigencia del seguro por uno o varios caninos.

Artículo 2.2.8.10.3. Notificación de la cesión de la propiedad de caninos de
manejo especial. Toda compra. venta, traspaso, donación o cualquier cesión del
derecho de propiedad, sobre el ejemplar canino clasificado como de manejo
especial, se deberá notificar a la alcaldía distrital o municipal y a la
compañía de seguros que haya expedido la póliza para efectos de lo contemplado
en el artículo 1107 del Código de Comercio. Para lo cual el nuevo propietario
y/o tenedor deberá proceder de forma inmediata a realizar los trámites
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.8.10.1 del
presente decreto.

Artículo 2.2.8.10.4. Microchip de identificación. Los propietarios y/o tenedores
de los caninos de manejo especial deberán implantar un microchip subcutáneo e
hipoalergénico de conformidad con la norma ISO 11784 -11785 o la que haga sus
veces, el cual debe contener un Código numérico único de identificación, que
estará constituido por el número DANE del departamento y municipio en donde
nació el canino o fue implantado y cinco dígitos consecutivos asignados en el
sitio donde fue implantado por un veterinario con Matricula Profesional y
certificado vigente del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de
Zootecnia (COMVEZCOL) o la que haga sus veces.

Para la expedición del seguro, el tomador o asegurado debe proveer a la compañía
de seguros, el número único de identificación del canino de manejo especial,
para que sea incluido en la respectiva póliza.

Parágrafo 1°. Para efectos de lo señalado en el artículo 121 de la Ley 1801 de
2016, los alcaldes permitirán el registro de caninos que no sean de manejo
especial.

La administración distrital o municipal deberá proveer a las autoridades
encargadas del control y registro de los caninos. el equipo necesario para la
lectura del microchip implantado.

Parágrafo 2°. La compañía aseguradora deberá enviar mensualmente un reporte a
través del Registro Único de Seguros (RUS), informando las pólizas vigentes de
que trata la presente reglamentación. En todo caso, la Policía Nacional, a
través del RUS podrá tener acceso a la información de las pólizas de
responsabilidad civil extracontractual de caninos de manejo especial emitidas
por cada compañía de seguros.

Al realizarse cualquiera de las acciones de que trata el artículo 131 de la Ley
1801 de 2016, se deberá indicar el Código numérico único de identificación del
ejemplar y la identidad del médico veterinario que lo implantó, así como el
lugar donde se hizo el procedimiento. Esa misma identificación podrá utilizarse
para los controles de vacunas, los incidentes de ataques y demás aspectos
relacionados con el animal.

Artículo 2.2.8.10.5. Término para la implantación del microchip de
identificación y para la adquisición del seguro de responsabilidad civil
extracontractual. Los propietarios y/o tenedores de caninos de manejo especial,
tendrán seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto,
para implantar el microchip de identificación en el canino y contar con la
póliza de responsabilidad civil extracontractual de que trata la Ley 1801 de
2016.

Artículo 2.2.8.10.6. Reporte de los centros veterinarios. Los centros
veterinarios que lleven a cabo la implantación del microchip de identificación,
deberán reportar ante la alcaldía distrital o municipal mensualmente, los datos
de cada microchip implantado, para que las Alcaldías puedan verificar que la
información contenida en el mismo. corresponda con la información de la póliza
reportada en él registro del canino de manejo especial, respetando lo referente
a la Ley de Protección de Datos Personales.

El reporte tendrá como mínimo los datos de identificación del microchip, el
nombre del canino que lo porta, la raza, el propietario o tenedor.

Artículo 2.2.8.10.7. Acceso a la información por parte de las aseguradoras. Para
efectos de la expedición de las Pólizas de Responsabilidad Civil
Extracontractual de ejemplares caninos de manejo especial, las aseguradoras
podrán tener acceso a la información contenida en el registro de caninos de
manejo especial de que trata el artículo 128 de la Ley 1801 de 2016, respetando
lo referente a la Ley de Protección de Datos Personales.

CAPÍTULO XI

Nota: Capitulo XI adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 1º.

Exhibición y disfrute de bienes o patrimonio cultural

Artículo 2.2.8.11.1. Exhibición de bienes de interés cultural, muebles, de
carácter archivístico y arqueológico, cuya tenencia sea ejercida por las
iglesias o confesiones religiosas. Las iglesias o confesiones religiosas que
poseen bienes de interés cultural muebles, bienes de carácter archivístico y
bienes arqueológicos (debidamente registrados ante el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia), para facilitar su exhibición y disfrute por parte de
la ciudadanía deberán garantizar condiciones físicas y ambientales de
iluminación, temperatura, montaje y seguridad que garanticen su adecuada
protección y conservación, en los términos que en cada caso en particular exija
la ley y la entidad rectora de la actividad.

Para bienes de interés cultural de carácter archivístico, deberán garantizar la
protección de datos personales y sensibles, propendiendo por su reserva legal
cuando esté ordenada de conformidad con los lineamientos del Archivo General de
la Nación.

Cuando deban exhibirse copias de estos documentos, tal aspecto se les informará
a los interesados. La exhibición se hará en un lugar visible al público, se
informarán los derechos, obligaciones y restricciones.

CAPÍTULO XII

Nota: Capítulo XII adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 2º.

Gestión de incautación o decomiso

Artículo 2.2.8.12.1. De las entidades responsables del traslado, almacenamiento,
conservación, preservación, depósito, cuidado y administración de bienes
incautados o decomisados. La administración distrital o municipal asumirá
directamente o a través de terceros, los servicios de logística integral
necesarios para la conservación y preservación de los elementos, animales,
productos y subproductos derivados de los mismos incautados, decomisados y/o
abandonados, exceptuando los especímenes, de especies silvestres de la
diversidad biológica.

La administración distrital o municipal será responsable por los procedimientos
de almacenamiento, guarda, custodia, conservación, preservación, control de
inventarios, entrega y demás servicios complementarios asociados a la
administración de los bienes objeto de las medidas señaladas en el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Así como también, de informar al
Ministerio de Cultura e Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH),
con el fin de coordinar las acciones y lugares de almacenamiento de los Bienes
señalados en el artículo 2.2.8.12.6 de este Decreto.

En el evento en que por las características de la mercancía o por no existir
recintos de almacenamiento contratados en la jurisdicción de la respectiva
administración, no se puedan guardar, almacenar, custodiar los elementos
incautados o decomisados, el alcalde requerirá del operador logístico integral
contratado o, de ser necesario, celebrará un contrato para la recepción,
depósito, almacenamiento, guarda, custodia, conservación y operación logística
integral, en el sitio donde se encuentre el elemento.

Las actividades logísticas previstas en el presente artículo, se podrán
financiar, entre otros, con los recursos de que trata el parágrafo del artículo
180 de la Ley 1801 de 2016, en concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.8.4.1., del Decreto 1284 de 2017, destinado para la materialización de las
medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía.

Parágrafo. La Policía Nacional deberá estructurar el protocolo para la
incautación de las sustancias psicoactivas o prohibidas y armas blancas que
incaute en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que garantice un control sobre la misma hasta su destrucción o
devolución, cuando aplique.

Artículo 2.2.8.12.2. Ubicación Provisional. Cuando por razones de grave
alteración a la convivencia y en forma excepcional los bienes muebles objeto de
incautación y decomiso no puedan trasladarse para su almacenamiento ante la
alcaldía o tercero contratado, la autoridad de policía competente de ejecutar la
orden de policía, lo dejará en custodia de forma provisional en las
instalaciones de la Policía Nacional, informando de inmediato a la
administración distrital o municipal, para que se tomen las medidas pertinentes
dentro del término de la distancia, a efectos que se disponga el traslado del
elemento, una vez cese la grave alteración a la convivencia.

En ningún caso el bien objeto de incautación o decomiso, podrá permanecer en
dependencias de la Policía Nacional por un tiempo superior a dos (2) meses.
Después del tiempo señalado y de mantenerse la grave alteración de la
convivencia, la administración distrital o municipal deberá velar por su
almacenamiento, conservación, preservación, guarda y custodia.

En estos casos, los gastos que demande el traslado, almacenamiento,
preservación, depósito, cuidado y administración de los bienes incautados o
decomisados, estarán a cargo de la administración distrital o municipal.

En los eventos de incautación de elementos perecederos, se deberá llevar a cabo
el procedimiento establecido en el artículo 2.2.8.12.11, del presente Decreto.

Artículo 2.2.8.12.3. Del almacenamiento de elementos incautados, decomisados o
abandonados. Las funciones de administración y custodia de los elementos
incautados, decomisados o abandonados de características especiales que se
detallan en este artículo, sin perjuicio del procedimiento establecido en el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y en la Ley 1333 de 2009,
serán de las entidades que se señalan a continuación:

1. Las sustancias químicas de uso agropecuario y medicamentos de uso animal:
Instituto Colombiano Agropecuario.

2. Videogramas, fonogramas, soportes lógicos, obras cinematográficas y libros
que violen los derechos de autor: Fiscalía General de la Nación.

3. Sustancias precursoras: Sociedad Activos Especiales S.A.S (SAE), o la entidad
que se designe para el efecto.

4. Armas y municiones: La Policía Nacional será la competente de almacenar las
armas incautadas, decomisadas o halladas, cuando con las mismas se haya afectado
la convivencia o así lo disponga la autoridad judicial.

5. Los bienes de interés cultural y que constituyen patrimonio arqueológico: Se
almacenarán en los depósitos culturales o artísticos que designen el Ministerio
de Cultura e Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en
coordinación con los gobernadores y alcaldes.

6. Los insumos, sustancias químicas utilizados en la actividad minera y demás
minerales incautados o decomisados como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley: Serán puestos a disposición de la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S. (SAE), para lo de su competencia.

7. El oro, plata y platino: Sociedad Activos Especiales S.A.S (SAE), o la
entidad que se designe para el efecto, y la custodia en cabeza del Banco de la
República.

8. Los especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica: Los
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, así como de los
productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción
ambiental, se deberán poner a disposición de la autoridad ambiental competente,
en el marco de lo establecido en la Ley 1333 de 2009, o de la norma que la
modifique o sustituya, así como lo señalado en sus normas reglamentarias
vigentes.

Artículo 2.2.8.12.4. Animales de producción para consumo humano. La Policía
Nacional en coordinación conjunta con el Instituto Colombiano Agropecuario para
determinar la procedencia de la incautación o decomiso de animales de
producción, así como la disposición final de los animales de producción
efectivamente decomisados o incautados, atendiendo la normatividad en materia de
bienestar animal.

Para este efecto el Instituto Colombiano Agropecuario emitirá concepto
zoosanitario de los animales de producción en cuestión, en el cual revisará la
condición sanitaria y la validez de la Guía Sanitaria de Movilización Interna.

Parágrafo. Entiéndase como animal de producción para consumo humano, los que
estén regulados en la normatividad sanitaria vigente.

Artículo 2.2.8.12.5. Responsabilidad por el pago de almacenamiento. Cuando se
trate de elementos incautados o decomisados que deban ser objeto de devolución
ordenada mediante acto administrativo por improcedencia de dicha medida, la
administración asumirá únicamente los costos causados por concepto de
almacenamiento, desde la fecha en que esta ingresó al recinto de almacenamiento
y hasta el vencimiento del plazo concedido para su salida.

Parágrafo 1°. La administración podrá tercerizar o contratar los servicios de
almacenamiento, guarda, custodia, conservación y preservación de elementos
incautados o decomisados.

Parágrafo 2°. En el evento que la administración requiera una nueva
tercerización o contratación de dicho servicio, se deberá incluir el término
necesario para el retiro definitivo de las mercancías de los recintos de
almacenamiento del nuevo operador.

Artículo 2.2.8.12.6. Disposición final de los elementos. En caso de abandono,
decomiso o incautación del elemento, con excepción de los Especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica, la disposición final de estos
podrá ser:

Remate: Cuando mediante decisión policiva el elemento es decomisado, queda en
condiciones de ser subastado en público remate por haberse comprobado que afectó
la convivencia.

Igual situación se presenta cuando el elemento fue declarado en abandono por la
autoridad distrital o municipal.

Inutilización: Actividad que lleva a cabo la administración distrital o
municipal frente a bienes incautados o decomisados que por sus características
especiales no pueden ser donados ni rematados.

Donación: Acto a través del cual la administración distrital o municipal,
procede a entregar a título gratuito a otra entidad del Estado, los bienes que
fueron incautados y sobre ellos surgió el abandono o una decisión policiva de
decomiso.

Parágrafo 1°. Para los Bienes de Interés Cultural (BIC), no se aplica lo
señalado en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para las armas de fuego decomisadas, no se aplica lo señalado en
este artículo. Una vez ordenado el decomiso definitivo deberán ser destruidas de
conformidad con lo señalado en la normatividad vigente.

Artículo 2.2.8.12.7. Criterios generales para la procedencia de la donación.
Cuando el elemento incautado, o decomisado, haya sido abandonado, excepto
equipos terminales móviles (ETM), se procederá a realizar la donación, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acreditar la necesidad de utilizar este bien para el cumplimiento de su
objeto misional.

2. Que el bien no cuenta con un alto potencial de venta.

3. Que el bien no se encuentra dentro de un acuerdo de comercialización en curso
para su enajenación.

Además de los criterios aquí previstos, se tendrán en cuenta las normas
generales vigentes que regulan la donación.

Parágrafo 1°. En todo caso, en primera instancia se deberá ofrecer la donación,
a la Fuerza Pública.

Parágrafo 2°. Las personas receptoras de las donaciones de alimentos
decomisados, solamente podrán utilizarlos para el fin para el cual fueron
solicitados.

Parágrafo 3°. Las partes que intervienen en el proceso de donación, deberán
precisar en el mismo acto cuál de ellas asume los gastos de transporte,
almacenamiento y demás que haya lugar.

Artículo 2.2.8.12.8. Criterio para la procedencia del remate. Cuando el elemento
incautado, haya sido abandonado o decomisado, excepto equipos móviles, la
autoridad distrital o municipal, lo rematará si lo estima conveniente.

Artículo 2.2.8.12.9. Precio base mínimo de venta en eventos de remate. Los
Alcaldes distritales o municipales podrán adelantar la venta en subasta pública
de los bienes, la cual se realizará, por un precio base mínimo determinado
mediante la metodología de administración que resulte de aplicar el avalúo
comercial vigente, y las variables que se describen a continuación:

1. Los gastos y obligaciones asociados al mantenimiento, custodia, conservación,
guarda y administración del bien, incluidos sus impuestos y seguros.

2. El tiempo y los costos requeridos para la enajenación del bien.

3. Estado y costos del saneamiento de los activos.

Artículo 2.2.8.12.10. Condiciones para presentar ofertas. Para presentar ofertas
de compra se deberá realizar en sobre cerrado o participar en subasta pública,
el oferente debe consignar el veinte por ciento (20%) del precio base mínimo de
venta a favor de la administración distrital o municipal, en la cuenta que esta
determine. Dicha suma es imputable al precio para el mejor postor aprobado, y se
perderá a título de sanción en caso de incumplimiento de las obligaciones
adquiridas con la presentación de la oferta.

Al oferente cuya oferta no fuere seleccionada se le devolverá el valor
consignado dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la aprobación
definitiva de la oferta, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses,
rendimientos e indemnizaciones, ni reconocimiento del impuesto a las
transacciones financieras.

Un oferente podrá mantener la consignación previa para participar en la oferta
de otros bienes cuando así lo manifieste por escrito, y siempre y cuando dicho
valor corresponda por lo menos al veinte por ciento (20%) del precio mínimo de
venta del bien en el cual esté interesado o adicione recursos que representen
tal porcentaje.

Artículo 2.2.8.12.11. Inutilización o destrucción. La autoridad administrativa
distrital o municipal procederá a la inutilización o destrucción de los bienes
que no se puedan donar o rematar, previo concepto técnico, según corresponda a
la naturaleza del mismo, dejando constancia de ello en un archivo fotográfico
y/o fílmico. No se aplicará cuando se trate de equipos terminales móviles (ETM).

Para lo establecido en el presente artículo, la autoridad administrativa
distrital o municipal, podrá celebrar los convenios o contratos a que haya
lugar, para la disposición final de los bienes.

Esta disposición también se aplicará cuando el decomiso proceda de la autoridad
sanitaria Distrital y Municipal.

Parágrafo 1°. En lo referente a fuegos artificiales y pirotécnicos, sólo
procederá la destrucción, la cual se efectuará a través de la Policía Nacional
en coordinación con las autoridades idóneas en el tema, de conformidad con las
normas legales vigentes.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de ETM, la dependencia que determine el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con lo
previsto en parágrafo transitorio del artículo 164 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, los recibirá una vez la situación jurídica de
la incautación de los mismos se encuentre definida y certificada la decisión de
destrucción a través de la autoridad de policía o judicial competente. Para el
efecto, la dependencia que determine el Ministerio de Tecnologías de la
Información definirá el protocolo de recepción de los ETM incautados y procederá
a su destrucción, con base en la normativa ambiental aplicable, sin que ninguna
de sus partes pueda ser utilizada o comercializada en Colombia, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 16 de la Resolución 4584 de 2014 expedida por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones o la que haga sus veces. De lo actuado
se remitirá constancia a la Policía Nacional.

La dependencia que determine el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones asumirá sus funciones una vez el Ministerio de Defensa
Nacional, a través de la Policía Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la
Información, a través de la dependencia determinada para el efecto, hayan
aprobado el protocolo de recepción de los ETM incautados a que se refiere este
parágrafo. En todo caso, tal dependencia podrá ejecutar directamente las
funciones de destrucción o podrá hacerlo a través de un tercero especializado
atendiendo al régimen de contratación que la rija.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones gestionará el
proyecto de inversión para garantizar los recursos necesarios para que la
dependencia que se determine pueda ejecutar las funciones asignadas por la ley y
el presente Decreto.

Parágrafo 3°. Para el caso de los alimentos y, en especial, los decomisos e
incautaciones relacionados con la cadena de la carne, su inutilización o
destrucción, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
Invima, como autoridad sanitaria nacional, en conjunto con el Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, y la Policía Nacional, establecerán el protocolo
aplicable que se deberá cumplir por parte de las entidades responsables de las
actividades descritas en este Capítulo.

Artículo 2.2.8.12.12. Lugares habilitados para conservar, preservar, guardar y
custodiar los elementos incautados o decomisados. Son aquellos de carácter
público o privado, habilitados por la administración distrital o municipal, para
conservar, preservar, guardar y custodiar los elementos incautados o
decomisados, bajo las condiciones necesarias de conservación, preservación y
seguridad.

Artículo 2.2.8.12.13. Obligaciones especiales de las personas titulares de los
lugares habilitados. Son obligaciones de la persona titular de los lugares
habilitados en el presente Capítulo, las siguientes:

1. Tener disponibilidad para la prestación del servicio veinticuatro (24) horas,
los siete (7) días de la semana, incluidos festivos, cuando la operación lo
requiera.

2. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para que los elementos que se
encuentren bajo su responsabilidad, no sean sustraídos, extraviados, cambiados o
alterados.

3. Disponer de las áreas, los equipos y elementos logísticos que necesita la
administración distrital o municipal, en el desarrollo de las labores de
reconocimiento, conforme lo determine la autoridad de policía.

4. Recibir, custodiar y almacenar los elementos objeto de incautación o
decomiso, que de acuerdo con su habilitación, pueden permanecer en este lugar,
incluida la custodia de elementos abandonados, aprehendidos, o inmovilizados.

5. Elaborar la planilla de recepción a través de servicios informáticos
electrónicos, donde se especifique en forma detallada, el inventario,
características del elemento, estado en que se recibe, peso, medida, volumen,
cantidad y cualquier otro dato que coadyuve a la identificación plena de los
elementos incautados y decomisados que entran bajo su custodia y
responsabilidad; igualmente de contar con medios tecnológicos, lo anterior podrá
acompañarse de registro fotográfico y/o fílmico.

6. Llevar los registros de los elementos incautados o decomisados en archivos
electrónicos, conforme a los requerimientos y condiciones señalados por la
administración distrital o municipal.

7. Cumplir con la normatividad ambiental vigente de acuerdo a los elementos o
materiales a custodiar y si es el caso contar con Licencia Ambiental o los
permisos que determine la autoridad ambiental y que se encuentren vigentes
durante el tiempo de ejecución del contrato.

Artículo 2.2.8.12.14. Responsabilidad de las personas titulares de los lugares
habilitados. Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades frente a
terceros, de conformidad con las normas del Código de Comercio y del Código
Civil, las personas titulares de los lugares habilitados serán responsables ante
la administración distrital o municipal, por la correcta ejecución de sus
obligaciones de conformidad con lo establecido en este Capítulo.

Artículo 2.2.8.12.15. Requisitos generales para la habilitación de los
operadores logísticos. Los requisitos generales para la habilitación de los
operadores logísticos que se deberán acreditar ante las autoridades distritales
o municipales, son los siguientes:

1. Estar domiciliados o representados legalmente en el país e inscritos en el
Registro Único Tributario – RUT, o registro que haga sus veces.

2. Contar con matrícula mercantil vigente, entendida como aquella obtenida en el
año de la habilitación para nuevos comerciantes o renovarla al año de la
habilitación para comerciantes ya existente.

3. Si el operador logístico es una persona jurídica, debe tener dentro de su
objeto social la actividad para la cual solicita la habilitación. Si es persona
natural, la actividad económica debe figurar en el respectivo Certificado de
Registro Mercantil.

4. Contar con la infraestructura física, administrativa, financiera,
tecnológica, de comunicaciones y de seguridad exigida por la administración
distrital o municipal.

5. Presentar, junto con la solicitud de habilitación, la disponibilidad de:

5.1. Los equipos necesarios para el cargue, descargue y manejo de los elementos
incautados, decomisados o abandonados.

5.2. Los equipos de medición de peso y de seguridad, necesarios para el
desarrollo de su actividad.

6. Demostrar un área útil plana de almacenamiento de acuerdo a lo establecido
por la administración distrital o municipal.

7. Acreditar que las características técnicas de construcción de las bodegas,
tanques, patios, oficinas, silos y las vías de acceso, son adecuados para el
tipo, naturaleza, características, volumen y peso de los elementos incautados,
decomisados o abandonados.

8. No tener deudas en el pago de multas por medidas correctivas.

9. Contar, de acuerdo con los materiales a gestionar, con Licencia Ambiental o
los permisos que correspondan para la ejecución de las actividades, expedidos
por autoridades ambientales y que se encuentren vigentes durante el tiempo de
ejecución del contrato.

Parágrafo. La administración distrital o municipal podrá aceptar un área útil
diferente de almacenamiento, de acuerdo a las características geográficas.

Artículo 2.2.8.12.16. De los lugares de almacenamiento de armas, municiones,
armas neumáticas, de aire, de fogueo, no letales o letalidad reducida. Para
efectos del almacenamiento, guarda, custodia, conservación y seguridad de las
armas de fuego, municiones, armas neumáticas, de aire, de fogueo o menos
letales, la administración distrital o municipal, podrá celebrar convenios con
la Policía Nacional, para adecuar las instalaciones al interior de la misma, con
las medidas de seguridad industrial conforme lo señale la Institución, donde en
forma separada conserve las armas incautadas y decomisadas en virtud de los
comportamientos contrarios a la convivencia.

Artículo 2.2.8.12.17. Tiempo de duración del arma en los lugares de
almacenamiento en las Instalaciones de la Policía Nacional. Los elementos
incautados o decomisados a los que se hace alusión en el artículo anterior,
permanecerán en los lugares destinados, hasta la culminación del proceso único
de policía.

CAPÍTULO XIII

Nota: Capítulo XIII adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 3º.

Regulación del sistema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en
la actividad de policía

Artículo 2.2.8.13.1. Sistema Único para el Mejoramiento y Prevención de los
abusos en la actividad de Policía. El Sistema Único para el Mejoramiento y
Prevención de los abusos en la actividad de Policía debe entenderse, como la
herramienta tecnológica a través de la cual se registran todas las Peticiones,
Quejas, Reclamos, Reconocimiento del Servicio Policial y/o Sugerencia (PQR2S),
aplicativo que permite verificar en tiempo real las actividades que realicen las
autoridades de policía y el resultado de las mismas, en materia de seguridad y
convivencia ciudadana, siempre que no afecten operaciones policiales en
desarrollo ni se contravenga la ley.

Artículo 2.2.8.13.2. Administración del Sistema Único para el Mejoramiento y
Prevención de los abusos en la actividad de Policía. El Sistema Único para el
Mejoramiento y Prevención de los abusos en la actividad de Policía será
administrado por la Policía Nacional con el fin de reportar en tiempo real las
actividades que realicen las autoridades de policía y el resultado de las
mismas, en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Parágrafo. La Policía Nacional como administrador del Sistema Único para el
Mejoramiento y Prevención de los abusos en la actividad de Policía, habilitará a
la Procuraduría General de la Nación y la dotará de mecanismos (usuario de
ingreso a la herramienta tecnológica) para verificar en tiempo real los
registros y gestiones adelantadas para la atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos, Reconocimiento del Servicio Policial y/o Sugerencia (PQR2S).

Artículo 2.2.8.13.3. Mecanismo de presentación y recepción de Peticiones,
Quejas, Reclamos, Reconocimientos del Servicio Policial y Sugerencias (PQR2S).
Los ciudadanos podrán interponer las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Reconocimientos del Servicio Policial y/o Sugerencia (PQR2S), a través de la
página web de la Policía Nacional o de las Oficinas de Atención al Ciudadano
(OAC), que se encuentran ubicadas en las diferentes unidades policiales,
direcciones, comandos de metropolitanas, departamentos de policía y escuelas de
formación policial.

Las autoridades una vez recepcionen alguna Petición, Queja, Reclamo,
Reconocimiento del Servicio Policial y/o Sugerencia (PQR2S) relativas a la
actividad de policía, deberán enviarla vía correo electrónico a la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, según su jurisdicción. Para el
caso de autoridades de orden nacional la remitirán por el mismo medio a la Línea
Directa de la Policía Nacional.

Artículo 2.2.8.13.4. Comunicación y divulgación. Las Oficinas y Puntos de
Atención al ciudadano de la Policía Nacional y de las alcaldías distritales y
municipales, propenderán porque la comunidad en general conozca la funcionalidad
del Sistema Único para el Mejoramiento y Prevención de los abusos en la
actividad de Policía, siendo el canal de comunicación directo entre la
ciudadanía y la Policía Nacional en lo que a Peticiones, Quejas, Reclamos,
Reconocimientos del Servicio Policial y/o Sugerencias (PQR2S) respecta.

Artículo 2.2.8.13.5. Trabajo armónico entre autoridades. La Policía Nacional
afianzará canales de comunicación con las distintas autoridades de policía de
cada jurisdicción, orientado a armonizar las relaciones y trabajo entre
distintas entidades, procurando la atención oportuna y con calidad de las
Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos del Servicio Policial y/o
Sugerencia (PQR2S), relativas a la actividad de policía, permitiendo integrar,
centralizar y estandarizar la información disponible.

Artículo 2.2.8.13.6. Soporte técnico de la Herramienta Tecnológica. El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga
sus veces acompañará a la Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Policía Nacional, quien prestará el soporte técnico que
garantice la interoperabilidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad, datos
abiertos, funcionalidad del Sistema, cobertura nacional, el acceso fácil y
oportuno a la ciudadanía, reporte en tiempo real de las actividades y resultados
que efectúen las autoridades de policía, además que esta herramienta permita la
obtención de resultados estadísticos sobre la actividad de policía. La
administración de la herramienta tecnológica estará en cabeza de la Policía
Nacional, actividad que podrá ser verificada por la Procuraduría General de la
Nación.

Artículo 2.2.8.13.7. Mejora continua. La Policía Nacional definirá las
instancias donde se efectúe mejora continua de la información evidenciada en los
reportes estadísticos que arroje la herramienta tecnológica, a través de la cual
se recepcionan Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos del Servicio
Policial y/o Sugerencia (PQR2S) relativas al servicio de la Policía Nacional.

Con el fin de afianzar la gestión de los Comités Civiles de Convivencia, con
antelación a cada sesión, las Oficinas de Atención al Ciudadano o los Puntos
remitirán de manera general la estadística de quejas y reclamos presentados en
la jurisdicción, con ocasión a la actividad de policía.

Artículo 2.2.8.13.8. Diseño e implementación del Sistema Único para el
Mejoramiento y Prevención de los abusos en la actividad de Policía. El diseño e
implementación del sistema es responsabilidad de la Policía Nacional, para lo
cual cumplirá con las siguientes funciones:

1. Desarrollar e implementar el Sistema Único para el Mejoramiento y Prevención
de los abusos en la actividad de Policía, estableciendo su funcionamiento y el
mantenimiento del mismo.

2. Diseñar y establecer los medios que permitan la operación, registro,
actualización y gestión de la información requerida por el Sistema.

3. Definir el procedimiento estándar que será utilizado para la operación,
registro, actualización y gestión de la información que requiera el Sistema.

4. Establecer los procedimientos y protocolos de seguridad necesarios para
garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos
que deben ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización
del Sistema.

5. Hacer seguimiento a la operabilidad del Sistema.

6. Garantizar y facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, a los
organismos de control y a las entidades gubernamentales, teniendo en cuenta los
roles y accesos que se determinen para tal fin, así como las restricciones de
reserva que impongan la Constitución Política y la Ley.

CAPÍTULO XIV

Nota: Capítulo XIV adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 4º.

Programa de educación y promoción del código

Artículo 2.2.8.14.1. Implementación en los establecimientos educativos de
preescolar, básica y media. Para efectos de lo previsto en el artículo 236 de la
Ley 1801 de 2016, los establecimientos educativos de preescolar, básica y media
deberán implementar en la Cátedra de la Paz, lo referente al fomento de
competencias que fortalezcan la cultura ciudadana y la convivencia, así como el
respeto por las normas y las autoridades.

Artículo 2.2.8.14.2. Articulación entre los Consejos de Seguridad y Convivencia
y el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En los términos de la Ley 1620 de
2013, los Comités de Convivencia Escolar, en sus niveles nacional y territorial,
cuando los Consejos de Seguridad y Convivencia lo requieran, compartirán
información sobre los programas o estrategias que se adelanten con relación a la
difusión e implementación de competencias que fortalezcan la cultura ciudadana,
la convivencia y el respeto por las normas y las autoridades.

Artículo 2.2.8.14.3. Instituciones de Educación Superior. En desarrollo del
principio de la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior
podrán implementar los temas de competencias que fortalezcan la cultura
ciudadana y la convivencia, así como el respeto por las normas y las
autoridades, en sus programas académicos y su modelo educativo, para lo cual
podrán definir las acciones educativas que permitan a la comunidad académica
contar con espacios de aprendizaje, reflexión y diálogo para la convivencia.

CAPÍTULO XV

Nota: Capítulo XV adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 5º.

Sistemas de videovigilancia y medios tecnológicos

Artículo 2.2.8.15.1. Sistemas de videovigilancia. Entiéndase como sistemas de
video vigilancia, cualquier medio tecnológico o de video fijo o móvil que
permita la gestión de múltiples dispositivos para el control local y remoto, con
capacidad de captar, almacenar o procesar información, imágenes datos y todo
tipo de contenido auditivo o visual, de propiedad pública o privada que se
encuentren instalados en espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al
público o que siendo privados trasciendan a lo público.

Artículo 2.2.8.15.2. Objetivo de los sistemas de video vigilancia o medios
tecnológicos. Los sistemas de video vigilancia y los medios tecnológicos tienen
como objetivo procurar el control de espacios territoriales definidos, para
garantizar las categorías jurídicas de seguridad, tranquilidad, ambiente y salud
pública; así como disuadir, prevenir y contrarrestar los comportamientos
contrarios a la convivencia, facilitando obtención de pruebas para el proceso
único de policía.

Artículo 2.2.8.15.3. Integración de los sistemas de video vigilancia o los
medios tecnológicos fijos y móviles con la red de la Policía Nacional. Los
sistemas de video vigilancia o los medios tecnológicos considerados como
públicos y de libre acceso en los términos del artículo 237 de la Ley 1801 de
2016, fijos y móviles se deben integrar con la red, plataforma o centro de
gestión que para tal efecto disponga la Policía Nacional a partir de la entrada
en vigencia del presente decreto, permitiendo el acceso para visualizar,
obtener, grabar los datos, cuando así se requiera para el cumplimiento de la
misión constitucional y legal.

Parágrafo 1°. Los sistemas de video vigilancia o los medios tecnológicos que
tienen acceso a través de internet por medio de IP pública se integrarán
mediante la inscripción a la red de la Policía Nacional, la cual deberá contener
todos los detalles técnicos, de seguridad, contacto y ubicación, a fin de
garantizar el acceso por demanda desde los centros de monitoreo. Dicho acceso
deberá ser validado por funcionarios de la Policía Nacional en la ciudad o
municipio correspondiente para verificar la inscripción. La Policía Nacional
establecerá los mecanismos necesarios para censar y verificar la integración a
la que se hace referencia.

Parágrafo 2°. Los sistemas de video vigilancia o medios tecnológicos que no
poseen acceso a través de internet, se deben integrar a la red de la Policía
Nacional mediante la inscripción con información de contacto, características
técnicas y ubicación del elemento, en la plataforma que para el efecto
desarrolle y disponga la Policía Nacional, a fin de garantizar el acceso cuando
sea requerido para los efectos señalados en la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo 3°. Las entidades territoriales deberán fortalecer la infraestructura
de hardware y software, y ofrecer conectividad en los Sistemas Integrados de
Emergencia y Seguridad (SIES), a fin de permitir la integración de los sistemas
de video vigilancia de su municipio y/o ciudad, con la red de la Policía
Nacional.

Artículo 2.2.8.15.4. Para el enlace al que se hace referencia en el artículo 237
de la Ley 1801 de 2016, las personas naturales o jurídicas que instalen, equipos
para la vigilancia y seguridad privada deberán previamente registrarlos ante la
red que para el efecto disponga la Policía Nacional, sin perjuicio de los
trámites propios que se deben surtir ante la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, y de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

Parágrafo. El enlace no implica vigilancia por parte de la Policía Nacional, ni
el traslado a esa entidad de la responsabilidad atribuida a las personas
naturales y jurídicas encargadas de la vigilancia y seguridad de los lugares
donde se encuentren los sistemas de video vigilancia y medios tecnológicos.

CAPÍTULO XVI

Nota: Capítulo XVI adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 6º.

Actuación administrativa migratoria

Artículo 2.2.8.16.1. Actuación administrativa Migratoria Frente al cumplimiento
de medidas correctivas por parte de extranjeros. Para efectos de lo previsto en
el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia – UANMC, podrá imponer medidas migratorias a los extranjeros
a quienes les haya sido impuesta orden de comparendo por comportamientos
contrarios a la convivencia, o por haber incumplido las medidas correctivas
impuestas.

Lo anterior también constituirá causal de inadmisión de extranjeros por parte de
la autoridad migratoria. No obstante, cuando se trate de multas impuestas por
comportamientos contrarios a la convivencia, Migración Colombia podrá autorizar
el ingreso del extranjero al país para facilitar su cumplimiento.

CAPÍTULO XVII

Nota: Capítulo XVII adicionado por el Decreto 1007 de 2022, artículo 7º.

De la orden de comparendo

Artículo 2.2.8.17.1. Formas de la orden de comparendo. Para efectos de lo
contemplado en el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016, el documento oficial se
entenderá en forma física o virtual, y podrá ser consultado en la página que
disponga la Policía Nacional para tal efecto.

CAPÍTULO XVIII

Nota: Capítulo 18 adicionado por el Decreto 768 de 2025, artículo 1º.

DEL PROCESO ÚNICO DE POLICÍA PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SECCIÓN 1

ALCANCE Y AUTONOMÍA

Artículo 2.2.8.18.1.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a
toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se encuentre en el
territorio nacional en forma permanente o transitoria, salvo las excepciones de
ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1801 del
2016.

Artículo 2.2.8.18.1.2. Autonomía del acto de policía. La autonomía del acto de
policía y del derecho de policía implican que únicamente les sean aplicables las
normas de su propio régimen. No les serán aplicables las normas del
procedimiento del derecho administrativo en consonancia con lo previsto por los
artículos 3º y 4º de la Ley 1801 de 2016. Al interior del trámite del proceso
único de policía se proferirán actos de policía, los cuales tendrán tratamiento
autónomo y diferenciado de los actos administrativos.

Parágrafo 1°. La decisión definitiva de un proceso único de policía originada en
queja o formato de convivencia constituirá título ejecutivo para la acción de
cobro; por lo tanto, deberá constar en ella una obligación clara, expresa y
exigible, si se impone medida correctiva de multa.

Parágrafo 2°. De las decisiones originadas en querellas o juicios de policía no
conocerá la jurisdicción contencioso-administrativa y podrán ser ejecutadas ante
la justicia ordinaria.

SECCIÓN 2

OBJETIVO Y PRINCIPIOS

Artículo 2.2.8.18.2.1. Objetivo del proceso único de policía. El objetivo del
proceso único de policía es restablecer las condiciones para la convivencia y el
orden público, mediante la utilización de mecanismos de protección,
restauración, educación o prevención. De ser necesario para el restablecimiento
de la convivencia o el orden público, se utilizarán los medios de policía y de
no resultar eficaz la utilización de medios de policía para tal fin y como
última opción. se impondrán medidas correctivas.

Parágrafo 1°. Conforme con los artículos 3, 8, numeral 14, 236 y 238 de la Ley
1801 de 2016, aplíquese de manera prioritaria el derecho de policía en todos los
asuntos relacionados con la convivencia de las personas en el territorio
nacional, haciendo uso de los mecanismos protección, restauración, educación o
de prevención establecidos en el artículo 8°, numeral 14, de la mencionada ley,
para lo cual se han de establecer las rutas de acceso a la justicia de policía y
las políticas públicas orientadas a la seguridad humana en los diferentes
territorios y de esta manera cumplir con el procedimiento preventivo, correctivo
y de control, de manera progresiva de las normas policivas así: motivos,
mecanismos, medios, procedimientos y, de ser necesario, medidas correctivas.

Parágrafo 2°. Cuando se advierta que, con la utilización de los medios de
policía o mecanismos de protección, restauración, educación y/o corrección, se
ha restablecido de forma eficaz el orden público o la convivencia afectada, se
podrá dar por concluida la respectiva actuación.

Artículo 2.2.8.18.2.2. Principios del proceso único de policía. Los principios
establecidos en el artículo 3° de la Ley 1801 de 2016 se aplicarán, de manera
prioritaria, en el proceso de policía, en todos los asuntos relacionados con la
convivencia de las personas en el territorio nacional, haciendo uso de los
mecanismos de protección, restauración, educación y/o de corrección, se han de
establecer las rutas de acceso a la justicia de policía y las políticas públicas
orientadas a la seguridad humana en los diferentes territorios.

Se aplicarán en el trámite del proceso único de policía los principios
contenidos en los artículos 8° y 213 de la Ley 1801 de 2016, así como el
principio de progresividad.

En la aplicación de este reglamento y del régimen de policía, se deberán
observar adicionalmente los siguientes principios:

1. Protección de la vida y la dignidad humana. En la aplicación del régimen de
policía es indispensable priorizar la protección de la vida y la dignidad
humana, por lo tanto, se debe prevenir y/o evitar, en todo momento, la
materialización de comportamientos, eventos o circunstancias que pongan en
peligro la vida e integridad de las personas.

De la misma forma, a través del respeto y relaciones armónicas entre las
personas y en el relacionamiento con las autoridades se reconocerá el valor de
cada persona por sí misma para el ejercicio y protección de sus derechos
fundamentales.

El orden público que protege la norma de policía y convivencia consiste en la
garantía de las condiciones necesarias e indispensables para el pleno ejercicio
de los Derechos Humanos. Por lo tanto, en ningún caso se utilizarán mecanismos,
medios o medidas correctivas que los trasgredan.

También se deberá tener en cuenta el respeto a los seres sintientes para la
garantía de sus libertades y la protección de su vida.

2. Primacía de la Constitución. Cuando en la aplicación de la norma de policía
se presente conflicto con los principios y normas contenidos en el bloque de
constitucionalidad o de la Constitución Política, estas últimas prevalecerán
para el ejercicio del poder, función y actividad de policía.

3. Prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas etapas
tempranas de la vida humana deben tener la garantía de una protección prevalente
de la vida, integridad y demás derechos en las intervenciones en que se requiera
actividad y/o función de policía y en la atención de los motivos de policía que
se pongan en conocimiento de las autoridades.

A los niños, niñas y adolescentes debe brindárseles la educación suficiente,
oportuna y necesaria para la convivencia con el fin de que logren comprender y
cumplir con sus deberes para con la sociedad y asimismo puedan reclamar la
garantía de sus derechos. Lo anterior, como realización del carácter pedagógico
y preventivo del régimen de policía y convivencia.

4. Debido proceso. El debido proceso se debe aplicar en toda intervención de la
autoridad, constituyendo parte de este los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, así como la utilización en forma progresiva de
mecanismos, medios de policía y medidas correctivas en el ejercicio de la
función y actividad de policía.

5. Reconocimiento de la diversidad y la diferencia. En materia de convivencia,
el respeto que se plasma, a través del reconocimiento de la diversidad
multiétnica y cultural de la Nación. No es admisible ningún tipo de
discriminación en razón de etnia, creencias, identidad sexual, edad, estatus
social o cualquier otro criterio que afecte la dignidad humana.

6. Prevalencia del interés general sobre el particular. Todas las personas
deberán buscar en la convivencia la prevalencia del interés general sobre el
particular. Este también es criterio prevalente en las decisiones e
intervenciones de las autoridades de policía.

7. Prevalencia de lo sustancial sobre lo procesal. En todo caso, primará el fin
de la norma de policía, las garantías que ofrece y su contenido sustancial sobre
las formas procesales.

8. Solidaridad. La armonización del cumplimiento de deberes y derechos en
materia de convivencia exige a todas las personas brindar a sus semejantes el
apoyo requerido para materializar la sana convivencia.

En el trámite del proceso único de policía las autoridades de policía orientarán
sus decisiones hacia el favorecimiento de la solidaridad, entendida como la
voluntad de contribuir a la sociedad en el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de los deberes ciudadanos.

9. Respeto y cuidado del ambiente. En materia de convivencia todas las personas
deben buscar la sostenibilidad ambiental de sus acciones. Las decisiones e
intervenciones de las autoridades procurarán la conservación del patrimonio
ecológico, el bienestar animal, disminuir el daño ambiental y generar las
condiciones para la conservación de un ambiente sano, a través de acciones de
sostenibilidad.

10. Eficacia. La eficacia en las actuaciones de policía se entiende en materia
procesal y operativa como la utilización de los mecanismos, medios de policía y
medidas correctivas útiles a la obtención del resultado de restablecer la
convivencia y/o restablecer el orden público cuando estuviere alterado. Al
verificar el cumplimiento de esta finalidad, se debe dar por terminada la
intervención, si este estado de convivencia u orden público restablecido se
mantiene en el tiempo.

11. Idoneidad. Los mecanismos, medios de policía y medidas correctivas empleados
para conjurar una alteración del orden público o la convivencia deberán ser los
más idóneos para cumplir con esta finalidad. La naturaleza del proceso único de
policía no es sancionatoria.

12. Imparcialidad y transparencia. Las autoridades de policía, en ningún caso
concederán entrevistas privadas para tratar temas que tengan bajo su dirección o
conocimiento, sin perjuicio de las intervenciones reguladas por el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las audiencias públicas.

Artículo 2.2.8.18.2.3. Enfoques. En sus actuaciones e intervenciones concretas
las autoridades de policía deberán dar aplicación preferente a los siguientes
enfoques:

1. Enfoque de respeto y garantía de derechos. Las autoridades de policía en sus
intervenciones y actuaciones tienen la obligación de respetar y garantizar el
ejercicio de los derechos en cualquiera de sus formas; sin permitir el abuso de
estos derechos mediante acciones arbitrarias o ilegítimas, propias o ajenas.

2. Enfoque preventivo. Es deber permanente de las autoridades de policía
utilizar los mecanismos y medios de policía, implementar las medidas correctivas
de su competencia y proferir las órdenes de policía necesarias para prevenir las
alteraciones de la convivencia y el orden público.

3. Enfoque diferencial. En la aplicación del régimen de policía, las autoridades
deberán dar aplicación a las garantías propias de los sujetos de especial
protección constitucional.

4. Enfoque territorial. En el ejercicio del poder, función y actividad de
policía se considerarán las características del territorio y el contexto general
donde se desarrolle, así como las expresiones culturales de los individuos y
comunidades que participan en la vida en sociedad.

SECCIÓN 3

DE LA ACCIÓN DE POLICÍA

Artículo 2.2.8.18.3.1. Improcedencia de la acción de policía en averiguación. La
acción de policía procede exclusivamente en contra de personas determinadas o
determinables, por lo que no existirán procesos de policía en averiguación. El
Registro Nacional de Medidas Correctivas depurará constantemente los procesos de
policía registrados con presunto infractor sin identificar, por parte de la
autoridad competente para hacerlo. Dentro del mes siguiente de la vigencia de
este decreto se iniciará la depuración masiva de este tipo de registros.

Artículo 2.2.8.18.3.2. Materialización del comportamiento contrario a la
convivencia. Para la existencia de un comportamiento contrario a la convivencia,
se exige la materialización del hecho que lo constituye.

Artículo 2.2.8.18.3.3. Tipologías del proceso de policía. El proceso único de
policía tendrá dos tipologías procesales, de conformidad con su actuación
inicial:

Quejas de policía. Corresponden a los procedimientos oficiosos tramitados por la
autoridad en el cual será sujeto procesal el presunto infractor. En los
procedimientos oficiosos en ningún caso puede variar la calidad de quejoso a
querellante.

Querellas de policía. Corresponden a aquellos trámites procesales que requieren
impulso de parte, y en las mismas serán sujetos procesales el querellante y el
querellado. En los procedimientos oficiosos en ningún caso puede variar la
calidad de quejoso a querellante.

Artículo 2.2.8.18.3.4. Improcedencia de trámite de acción civil de indemnización
de perjuicios. No se tramitará acción civil para la indemnización por posibles
perjuicios al interior del trámite del proceso único de policía. Lo anterior,
sin perjuicio de que los afectados puedan acudir a la justicia ordinaria cuando
lo estimen pertinente.

SECCIÓN 4

DE LAS PARTES Y DEL INICIO DEL PROCESO DE POLICÍA

Artículo 2.2.8.18.4.1. Acreditación de la calidad en que se actúa para el
ejercicio de querellas. En todas las querellas de policía deberá acreditarse la
condición y calidad con la que se actúa para el ejercicio de la acción de
policía.

Artículo 2.2.8.18.4.2. Legitimidad por activa en querellas relacionadas con
inmuebles. Cuando se tramiten querellas o procesos de policía relacionadas con
inmuebles, corresponde al querellante probar su calidad de poseedor o tenedor
siquiera sumariamente.

Parágrafo. Cuando el accionante sea una entidad de derecho público, bastará con
el documento que acredite el respectivo vínculo con el objeto de la querella.

Artículo 2.2.8.18.4.3. Apoderados. No se requiere actuar mediante abogado ante
la autoridad de policía, no obstante, en ningún caso se podrá alegar falta de
defensa técnica por el hecho de haber acudido ante la autoridad sin apoderado.

Cuando se otorgue poder dentro del proceso único de policía, este deberá ser
conferido a una persona que cuente con el derecho de postulación vigente.

Artículo 2.2.8.18.4.4. Personas con discapacidad. La persona afectada por
trastorno o enajenación mental, que incurra en algún comportamiento contrario a
la convivencia, será representado por la persona que legalmente deba cuidar de
él, a quien se le emitirá la respectiva orden de policía orientada a la no
reincidencia.

Artículo 2.2.8.18.4.5. Solicitud de apoyo psicológico. En el momento de la
calificación de las solicitudes, querellas o quejas provenientes de la
ciudadanía, el Inspector de policía o el Corregidor competente para su
conocimiento, analizará posibles afectaciones que sufra o pueda sufrir el
quejoso y/o el presunto responsable, a efectos de determinar el procedimiento a
aplicar. Paralelamente podrá solicitar el apoyo de personal médico, psicológico
y/o psiquiátrico de la entidad de salud respectiva y demás entidades
competentes, quienes deberán brindar la atención de manera inmediata y
prioritaria.

Artículo 2.2.8.18.4.6. Del Ministerio Público. El Ministerio Público es el
representante de la sociedad en los procesos de policía. En ningún caso se podrá
impedir u obstaculizar el ejercicio de sus funciones constitucionales de velar
por la garantía de los derechos fundamentales y en especial, el debido proceso.

Artículo 2.2.8.18.4.7. Inadmisión y rechazo de las querellas. Cuando se presente
una querella, la autoridad respectiva verificará en su contenido la existencia
de una perturbación o de un despojo, así como la competencia territorial y
funcional, de igual manera verificará el cumplimiento siquiera sumariamente de
alguno de los requisitos contenidos en el artículo 79 de la Ley 1801 de 2016.
Realizada la verificación y de cumplirse con los requerimientos mencionados se
procederá con lo establecido en el artículo 223 de la mencionada ley. En caso
contrario, se señalarán las falencias que adolezca mediante auto de policía que
se comunicará tal como lo dispone el presente decreto en el artículo
2.2.8.18.2.18. y se inadmitirá a efectos de que sea subsanada por una sola vez
dentro de los dos días siguientes so pena de rechazo.

Parágrafo. Los requisitos antes mencionados no operarán en el caso de las quejas
de policía.

Artículo 2.2.8.18.4.8. Falta de competencia de la autoridad de policía. Cuando
el asunto no sea de competencia de la autoridad de policía ésta la remitirá a la
autoridad competente. Si” el asunto se refiere a materias no relacionadas a
comportamientos contrarios a la convivencia o cualquier otra atribución reglada
de su competencia, se devolverá la solicitud al peticionario con la totalidad de
sus anexos, previo auto que así lo ordene.

Artículo 2.2.8.18.4.9. Uso indebido de la acción de policía. Se considerará que
se hace uso indebido de la acción de policía en los siguientes casos:

1. Cuando los hechos relatados por el accionante no coinciden con ninguna
descripción del comportamiento contrario a la convivencia y se exige
intervención de las autoridades de policía para consolidar o tramitar una
situación temeraria o reclamaciones infundadas. En estos casos la autoridad
archivará de plano la respectiva solicitud.

2. Cuando la existencia de un proceso de policía se vea multiplicada por la
radicación de hechos idénticos que hagan referencia al mismo comportamiento,
contrario a la convivencia ante diferentes autoridades, entidades o entes de
control, por el mismo querellante o personas diferentes, en forma individual
colectiva, siempre y cuando se trate de quejas o querellas reiterativas,
sucesivas o masivas. En este caso procederá la acumulación en cualquier etapa
procesal, con el fin de emitir un único pronunciamiento de fondo de conformidad
con el derecho a turno.

Artículo 2.2.8.18.4.10. Acumulación de querellas y quejas. Procederá la
acumulación de querellas cuando exista identidad de partes, objeto y
pretensiones. No existirá acumulación de actuaciones con pretensiones
contradictorias, ni se podrá cambiar la calificación del comportamiento
contrario a la convivencia únicamente para adaptarlo a una posible acumulación.

Parágrafo. En el caso de las quejas, éstas se podrán acumular sobre el mismo
comportamiento, los mismos hechos y temporalidad, siempre y cuando se relacionen
con el mismo conflicto de convivencia.

Artículo 2.2.8.18.4.11. Legitimación para actuar y aportar documentos. En el
proceso verbal abreviado solo se recibirán los documentos, memoriales, pruebas,
nulidades, impedimentos y/o recusaciones o cualquier solicitud que aporte
presente el quejoso o el presunto responsable del comportamiento contrario a la
convivencia o sus apoderados dentro de las audiencias. Se exceptúan las
justificaciones de inasistencia y aquellos documentos que el Inspector de
policía o Corregidor considere que deban tener trazabilidad de gestión
documental independiente. Frente a la decisión que establezca la procedencia o
improcedencia de tales documentos no se admitirá recurso alguno.

Parágrafo 1°. En consonancia con el artículo 4º de la Ley 1801 de 2016, el
derecho de petición no constituye impulso procesal dentro del proceso único de
policía.

Parágrafo 2°. Los expedientes dentro del proceso único de policía se conformarán
de forma física o virtual, sin necesidad de copias adicionales.

SECCIÓN 5.

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 2.2.8.18.5.1. Incorporación del proceso verbal inmediato en el formato
de convivencia. El proceso verbal inmediato adelantado por el personal
uniformado se incorporará en el formato de convivencia o el documento oficial
que lo reemplace para tal fin, bien sea físico o virtual, tal incorporación se
realizará independientemente de que se impongan o no medidas correctivas. Será
obligatorio plasmar en dicho formato la utilización de mecanismos de
restauración de convivencia, medios de policía, mediación policial, y la
imposición de las medidas correctivas si estas hubieren sido necesarias o el
señalamiento de la medida correctiva de multa cuando proceda.

Parágrafo. El formato de convivencia o el documento que haga sus veces, las
actas que lo complementen, así como las informaciones registradas en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas conforman el expediente del Proceso Único de
Policía. Estos documentos son también los informes de policía referidos a la
atención del motivo de policía los cuales constituyen plena prueba en los
términos del artículo 217 de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.8.18.5.2. Notificaciones en el proceso verbal abreviado. Cuando se
tomen decisiones de cualquier naturaleza dentro del proceso verbal abreviado de
policía, en primera o segunda instancia diferentes a las realizadas en estrados
en audiencia, se realizará la notificación mediante el envío de mensaje de datos
a la dirección electrónica que suministre el interesado que así lo haya
autorizado, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual.
Igualmente, se entenderán notificadas las decisiones con el envío de
comunicación escrita por correo certificado a la dirección que se haya
suministrado, o de acuerdo con las circunstancias por el medio más expedito o
idóneo.

Artículo 2.2.8.18.5.3. De la no comparecencia a audiencia. En el proceso verbal
abreviado, cuando la parte querellada o el presunto infractor no comparezca a la
primera citación a audiencia se le concederá un término de tres (3) días
contados a partir del día siguiente de la fecha para la audiencia, con el fin de
justificar su inasistencia; de ser aceptada la justificación, en la continuación
de la audiencia se le escuchará en argumentos y se continuará el trámite en los
términos del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.

De no ser aceptada la justificación o no presentarse, se continuará el trámite
en la etapa en que haya quedado. La no comparecencia de la parte querellada o
del presunto infractor en posteriores fechas de continuación de la audiencia no
conllevará la suspensión, a menos que la autoridad que conoce así lo decida.

Parágrafo. La inasistencia a las audiencias por parte del quejoso o querellante
no conllevará a la suspensión de la audiencia, a menos que la autoridad que
conoce, así lo disponga.

Artículo 2.2.8.18.5.4. Improcedencia de incidentes. En el proceso único de
policía no se admitirán incidentes procesales. Cualquier solicitud atinente al
proceso será resuelta por parte de la autoridad competente de preferencia en
audiencia y se resolverán de plano. En las querellas, las solicitudes se
resolverán de ser necesario, previo traslado a las partes. El referido traslado
se realizará en audiencia y se entenderá surtido, aunque la parte a quien se le
deba correr no asista.

Artículo 2.2.8.18.5.5. Control de procedimiento en el proceso único de policía.
Las autoridades de policía de segunda instancia, mediante auto motivado, podrán
realizar en cualquier tiempo el control de legalidad del procedimiento realizado
por la primera instancia, en el ámbito propio de sus competencias, pudiendo como
consecuencia de dicho control abstenerse de imponer medidas correctivas,
conmutar, reemplazar, dosificar las impuestas o sustituirlas por amonestación
y/o participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia;
lo anterior se deberá igualmente realizar mediante auto de policía motivado.

SECCIÓN 6

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

Artículo 2.2.8.18.6.1. Hechos jurídicamente relevantes. En la etapa probatoria
del proceso verbal abreviado, la autoridad de policía reconocerá y definirá los
hechos jurídicamente relevantes para demostrar la ocurrencia del comportamiento
contrario a la convivencia que no sean susceptibles de ser probados por
caracterizarse como hechos notorios y/o no controvertidos por las partes.

Artículo 2.2.8.18.6.2. Utilización de medios probatorios. En el proceso único de
policía, se podrán utilizar los medios probatorios que contiene el Código
General del Proceso, siempre y cuando su práctica no modifique los términos y
procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016, ni desnaturalice el proceso
de policía, siempre que sean compatibles con los principios de mismo,
especialmente en lo referido a los principios de inmediatez y celeridad.

Parágrafo. Cuando lo estime pertinente, la autoridad competente podrá ordenar y
decretar pruebas de oficio en los términos del presente artículo.

Artículo 2.2.8.18.6.3. Incorporación de pruebas. La proposición e incorporación
de la prueba en el proceso verbal abreviado, podrá configurarse luego de
concluida la etapa de argumentos y hasta antes del auto que decreta las pruebas
al que hace referencia el literal c) del numeral 3 del artículo 223 de la Ley
1801 de 2016, salvo que la autoridad de policía considere necesario e
indispensable admitir y decretar alguna prueba adicional.

Artículo 2.2.8.18.6.4. Decreto y práctica de pruebas. La autoridad de policía en
audiencia pública deberá motivar, en el aparte respectivo, las pruebas que
incorpora como elementos de juicio para la toma de una decisión, y definirá las
pruebas que considere decretar y practicar.

Artículo 2.2.8.18.6.5. Informes especializados. Los informes especializados que
solicite la autoridad de policía dentro del proceso único de policía, que
corresponda emitirlos a los servidores públicos del sector central o
descentralizado del nivel territorial, serán gratuitos y no serán susceptibles
de ser objetados; no obstante, se podrá solicitar su ampliación y/o aclaración.
Tanto los informes como sus aclaraciones y ampliaciones deberán emitirse y
entregarse a la autoridad competente de forma inmediata para no impedir la
función de policía y la administración de justicia de policía. El incumplimiento
de este deber de colaboración podrá constituir falta disciplinaria y el
comportamiento contrario a la convivencia referido en el artículo 35 numeral 2
de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.8.18.6.6. Incorporación de informes por solicitud de la autoridad
de policía. El medio probatorio denominado prueba por informe al que hace
referencia el literal c) del numeral 3 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016,
deberá realizarse por el servidor público competente a solicitud de la autoridad
de policía que así lo requiera en debida forma; esto es, mediante documento
oficial que cumpla con los requerimientos de producción de documento técnico
vigentes para la entidad territorial. Su incorporación al proceso como elemento
de juicio se realizará en la audiencia pública, permitiendo que los sujetos
procesales puedan controvertirlo y solicitar su aclaración mas no objetarlo.

Parágrafo. En los casos en que no sea posible la presentación de un informe
técnico por escrito, deberá documentarse la exposición del informe en audiencia,
por el medio más idóneo disponible. El profesional que rinda el informe deberá
presentarse con sus requisitos generales de ley y exhibir su tarjeta profesional
cuando se requiera.

Artículo 2.2.8.18.6.7. Inspección ocular. El medio de prueba reconocido como
inspección ocular de que trata el parágrafo 2° del artículo 223 de la Ley 1801
de 2016, deberá practicarse en la respectiva audiencia pública por parte de la
autoridad de policía y en caso de ser necesario, con el apoyo de un servidor
público técnico especializado. Las partes podrán realizar el ejercicio de
contradicción de los resultados de esta prueba en el momento de la diligencia en
que se les ponga en conocimiento las conclusiones de su realización, a través de
la presentación que haga el Inspector de policía o el Corregidor. Esta
presentación de conclusiones podrá incluir las informaciones, consideraciones
y/o recomendaciones del servidor público que emita concepto técnico
especializado.

Parágrafo. El auto que decrete la práctica de la prueba de inspección ocular
deberá notificarse a las partes a través del medio más expedito hasta 24 horas
previas a su realización.

Artículo 2.2.8.18.6.8. Conformación del conjunto probatorio. La autoridad de
policía definirá las pruebas relevantes al proceso, determinando en el proceso
verbal abreviado la conformación del conjunto de pruebas que admite y las que
excluye en el proceso.

Artículo 2.2.8.18.6.9. Valoración probatoria. En la etapa de la valoración de
las pruebas, la autoridad de policía estará facultada para respaldar su decisión
con el apoyo que cada elemento de juicio aportó a la verificación de la comisión
del comportamiento contrario a la convivencia, de forma individual y en
conjunto. No obstante, el Inspector o Corregidor conserva la facultad de
apartarse del informe o de cualquier otro medio de prueba cuando de conformidad
con la experiencia, las leyes de la lógica, las reglas de la sana crítica y en
general, la construcción de inferencias debidamente sustentadas adopte un
criterio diferente.

SECCIÓN 7

DE LA DECISIÓN Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 2.2.8.18.7.1. Contenido de la decisión. La decisión adoptada dentro del
proceso verbal abreviado de policía, en los casos en se impone o abstiene de
imponer medida correctiva o cuando se considera restablecido el orden público o
la convivencia, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Competencia

2. Hechos en orden cronológico: En este aparte la autoridad deberá abstenerse de
argumentaciones, presentar únicamente hechos concretos e indiscutibles, no
consignar presunciones, ni asunciones, ni apreciaciones subjetivas.

3. Trámite desarrollado.

4. Problema jurídico: Es el mismo motivo de policía formulado como pregunta
asertiva.

5. Análisis crítico o valoración probatoria.

6. Respuesta al problema jurídico: Es el sentido de la decisión.

7. Fundamentos de derecho.

8. Decisión del caso.

9. Recursos que proceden y oportunidad para interponerlos.

Artículo 2.2.8.18.7.2. Contenido de la orden de policía que pone fin al proceso.
El mandato claro, preciso y conciso constitutivo de la orden de policía que pone
fin a un proceso deberá constar por cualquier medio de prueba válido para el
proceso único verbal abreviado de policía. Como mínimo deberá contener:

1. Identificación e individualización de la persona a la que se dirige.

2. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de su cumplimiento, y el periodo
específico del plazo mínimo para su cumplimiento.

3. Advertencias legales de las consecuencias de su incumplimiento, bien sea como
medio de policía o como decisión del proceso.

Artículo 2.2.8.18.7.3. Revocatoria de la orden de policía emitida en el proceso
verbal abreviado. La orden de policía emitida por el Inspector de policía o
Corregidor podrá ser revocada por quien la emitió, cuando claramente y de forma
justificada desaparezcan los motivos que le dieron origen, salvo en los juicios
de policía por haber hecho tránsito a cosa juzgada de orden formal, o cuando en
la misma orden se incluya medida correctiva de multa y se ésta encuentre en
firme.

Artículo 2.2.8.18.7.4. De la imposición de multas. A efectos de la aplicación de
lo previsto en el artículo 223 A de la Ley 1801 de 2016, el Inspector de policía
o el Corregidor competente debe proferir un acto de policía mediante el cual
certifique la firmeza de la multa en los casos de que no haya sido objetada
oportunamente la misma o apelada la decisión del uniformado en tiempo. Este acto
de certificación es autónomo, y deberá proferirse por fuera de la audiencia del
proceso verbal abreviado, igualmente dicho auto debe ser contentivo de una
obligación clara, expresa y exigible y no tendrá recurso alguno.

Artículo 2.2.8.18.7.5. De la medida correctiva de reparación de daños. La
imposición de la medida correctiva de reparación de daños materiales de bienes
muebles o inmuebles requerirá como mínimo que se logre acreditar por cualquier
medio de prueba dentro del proceso:

1. La existencia de un daño material.

2. El nexo de causalidad entre el comportamiento contrario a la convivencia
realizado por el presunto infractor y las afectaciones materiales derivadas de
dicho comportamiento.

3. Las acciones posibles que involucra la reparación.

4. Una estimación económica aproximada de las reparaciones.

El Inspector de policía o Corregidor al imponer esta medida correctiva deberá
tener en cuenta estos elementos para especificar los términos en que se hará la
reparación. De no existir certeza sobre cualquiera de estos aspectos, podrá
abstenerse de imponer la medida correctiva y deberá informar a los interesados
sobre la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para satisfacer su
pretensión. Lo anterior, sin perjuicio del carácter y efectos jurídicos de la
cosa juzgada aplicable a la conciliación que alcancen las partes.

Artículo 2.2.8.18.7.6. De la medida correctiva de participación en programa
comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Cuando se imponga la medida
correctiva de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de
convivencia, o haya sido aceptada la conmutación de la multa respectiva cuando
sea procedente, se deberá realizar la participación en programa comunitario en
un término no superior a 2 meses, de lo contrario se impondrá inmediatamente la
medida que se conmutó cuando se establezca que tal omisión ocurrió por
circunstancias atribuibles exclusivamente al presunto infractor.

Artículo 2.2.8.18.7.7. De las medidas correctivas a vendedores informales. No se
impondrá medida correctiva de multa, decomiso o destrucción del bien a
vendedores informales estacionarios, semiestacionarios o ambulantes, hasta que
se haya podido confirmar el ofrecimiento de programas de reubicación o
alternativas de trabajo formal u otras similares por medio de las entidades
competentes.

Parágrafo. La anterior excepción no será aplicable en los casos en los cuales se
haya demostrado el ofrecimiento de alternativa de reubicación y/o trabajo formal
o similares, en los cuales el vendedor informal en cualquiera de sus modalidades
la hubiere rechazado, pudiéndose en tales casos imponer la medida correctiva y
en todo caso podrá imponerse la medida de participación en programa comunitario
o actividad pedagógica de convivencia.

Artículo 2.2.8.18.7.8. De la medida correctiva de expulsión de domicilio. Para
la imposición de la medida correctiva de que trata el artículo 177 de la Ley
1801 de 2016, se requiere querella de parte y se tramitará de conformidad con lo
establecido en el artículo 223 de la misma ley.

Artículo 2.2.8.18.7.9. De las medidas correctivas frente a inmuebles en mal
estado o que amenacen ruina. Para la imposición de las medidas correctivas de
que tratan los artículos 186 y 194 de la Ley 1801 de 2016, cuando se trate de
inmuebles en mal estado o que amenazan ruina, no se requiere querella de parte,
por lo tanto, se tramitarán como queja de manera oficiosa de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 223 de misma ley. Lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989.

Artículo 2.2.8.18.7.10. De las órdenes de protección frente a agresiones. Cuando
el Inspector de policía o Corregidor considere necesario en la decisión del
proceso emitir orden de policía, en el sentido de proteger a una persona de las
agresiones posibles e inminentes del infractor de los comportamientos contrarios
a la convivencia, instará al infractor a abstenerse de realizar las acciones que
se determinen como riesgosas para la vida e integridad de la persona que
interpuso la queja, le advertirá además de las consecuencias legales de
desacatar o incumplir la orden de policía, y oficiará a la autoridad competente
para que realice estudio de seguridad, cuando se requiera.

SECCIÓN 8

DE LA MATERIALIZACIÓN DE LAS DECISIONES

Artículo 2.2.8.18.8.1. Materialización de las medidas correctivas y órdenes de
policía. Para efectos de la concreción y materialización de una medida
correctiva o cumplimiento de orden de policía, la autoridad de policía que
imponga la medida correctiva podrá oficiar a las entidades del orden municipal,
distrital, departamental o nacional según sea el caso, para que le apoye con la
respectiva ejecución y puesta en marcha de esta.

Parágrafo. Para la materialización de la orden de recuperación de espacio
público, o cualquier otra orden que implique la demolición de bienes inmuebles,
será de competencia y esta estará a cargo de la alcaldía municipal o distrital.

Artículo 2.2.8.18.8.2. Competencia de los alcaldes frente a las medidas
correctivas y órdenes de policía. Corresponde a los alcaldes velar por la pronta
ejecución de las órdenes de policía y las medidas correctivas impuestas, así
como apoyar la realización y la materialización de las decisiones y órdenes de
policía en el proceso verbal abreviado.

Parágrafo. Las autoridades administrativas de todo nivel deberán brindar apoyo y
acompañamiento al alcalde para el cumplimiento de las decisiones, y órdenes de
policía, emanadas por la autoridad de policía, lo anterior en el marco de sus
funciones y misionalidades.

Artículo 2.2.8.18.8.4. De la identificación de extranjeros. Para efectos de la
imposición de medidas correctivas, formato de convivencia y medios de policía a
extranjeros que se encuentren en territorio nacional, serán documentos válidos
para identificación: el pasaporte, la cédula de extranjería el permiso especial
de permanencia y/o el permiso por protección temporal.

Parágrafo. La utilización de medios de policía, así como la imposición de las
medidas correctivas previstas en la Ley 1801 de 2016, serán aplicables tanto
para nacionales como para extranjeros indistintamente.

Artículo 2.2.8.18.8.5. Consecuencia por el no pago de multas. Las consecuencias
por el no pago de multas establecidas en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016
aplican únicamente transcurridos seis meses después de la imposición de la
multa. En ningún caso la sola expedición de la orden de comparendo o la
existencia de anotaciones en proceso de eventuales medidas correctivas
incorporadas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas dará lugar a la
aplicación de dichas consecuencias.

SECCIÓN 9

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR SITUACIONES DIFERENTES A LA EFICACIA DE
MECANISMOS Y MEDIOS DE POLICÍA

Artículo 2.2.8.18.9.1. Desistimiento o retiro de la queja o querella. El
desistimiento o retiro de la queja o querella procede únicamente para los
comportamientos contrarios a la convivencia de que tratan los primeros 4
numerales del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, los contenidos en el Título
VII de la Ley 1801, así como el artículo 177 de la mencionada ley. La solicitud
de desistimiento o retiro deberá realizarse antes de la ejecutoria de la medida
correctiva, cuando las diferencias se hayan originado entre particulares o no se
encuentren excluidas de la posibilidad de conciliación, de conformidad con el
inciso 4° del artículo 232 de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.8.18.9.2. Terminación de las querellas por falta de impulso. Cuando
en las querellas se requiera de impulso procesal para su continuación o la
ejecución de una carga impuesta al querellante, sin que se haya realizado el
impulso o la carga, y transcurrido un término de 15 días del vencimiento para
hacerlo, se podrá decretar la terminación del proceso.

Artículo 2.2.8.18.9.3. Terminación del proceso iniciado por queja radicada ante
la inspección de policía o corregiduría por inactividad. En aplicación de los
principios de necesidad, razonabilidad y eficacia, transcurrido un año de
haberse conocido por la autoridad el comportamiento contrario a la convivencia
sin que exista decisión definitiva, podrá decretarse la terminación del proceso
de policía, siempre y cuando no se advierta ningún tipo de maniobra dilatoria
por las partes o intervinientes en el procedimiento y no exista prueba de la
ineficacia de los medios de policía utilizados para restablecer el orden público
o la convivencia ciudadana.

Parágrafo. Este tipo de terminación no aplicará a los procedimientos que no sean
conciliables según lo establecido en el artículo 232 de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.8.18.9.4. Terminación del proceso contenido en comparendo o formato
de convivencia por inactividad. En el proceso verbal inmediato cuando ya se
encuentre el comparendo en conocimiento del Inspector de policía o el
Corregidor, habiendo transcurrido un año de haberse consumado el comportamiento
contrario a la convivencia sin que exista decisión y sin que existan acciones o
circunstancias dilatorias, se podrá decretar la culminación del procedimiento
cuando se evidencie en el material obrante en el expediente que no continúa la
afectación al orden público o a la convivencia, lo anterior sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 223A de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.8.18.9.5. Terminación del proceso por muerte. La muerte de los
presuntos infractores o de los querellados, dará lugar a la terminación del
procedimiento de la queja o querella respecto de ellos.

Parágrafo. Cuando se trate de procesos verbales abreviados de perturbación por
despojo, a solicitud del querellante podrá continuarse la acción en contra de
los causahabientes de los querellados fallecidos.

Artículo 2.2.8.18.9.6. Mediación y conciliación. Si un proceso único de policía
finaliza con mediación, la autoridad de policía deberá aprobar el acuerdo
mediante orden de policía. El incumplimiento del acuerdo entre las partes
constituye el comportamiento contrario a la convivencia contenido en el artículo
35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo 1°. En los casos donde se surta acuerdo conciliatorio o aprobación de
la mediación, por parte de la autoridad de policía, se realizará la ejecución
inmediata ante el incumplimiento de lo establecido en dichos actos por parte de
la misma autoridad de policía, a través de la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a la jurisdicción civil.

Parágrafo 2°. En la orden de policía de aprobación a que se refiere el presente
artículo deberá dejarse constancia expresa frente a la posibilidad de acudir a
la justicia ordinaria para la ejecución de las obligaciones contenidas en el
acuerdo, la cual prestará mérito ejecutivo.

SECCIÓN 10

DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS DE POLICÍA

Artículo 2.2.8.18.10.1. Oportunidad para el uso de los medios de policía. Los
medios de policía podrán ser empleados por las autoridades de policía antes,
durante o después de la posible ocurrencia de un comportamiento contrario a la
convivencia, de acuerdo con las circunstancias, utilizando aquellos cuya
naturaleza permitan el restablecimiento de la convivencia de manera inmediata y
atendiendo las situaciones de riesgo específico de los motivos de policía, así
como las consecuencias por su aplicación.

En ningún caso, los particulares podrán hacer uso de los medios de policía o
imponer las medidas correctivas legalmente establecidos por el legislador, ni
podrán ser delegados por la autoridad competente para ejercer poder, función o
actividad de policía.

Artículo 2.2.8.18.10.2. De los casos de flagrancia. La flagrancia de que trata
el numeral 1 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana es la que se realiza con la intervención del personal uniformado,
quien procederá a dar aplicación al procedimiento de su competencia haciendo uso
de los mecanismos, medios de policía y medidas correctivas de su competencia de
ser necesario. Esta intervención inmediata del motivo de policía en el lugar de
los hechos por parte del uniformado será indispensable para avocar conocimiento
e iniciar la audiencia de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo. Si el comportamiento contrario a la convivencia se realiza en
audiencia pública, tanto el personal uniformado presente como el Inspector de
Policía o Corregidor que dirige la audiencia podrán emitir las órdenes de
policía e imponer las medidas correctivas necesarias para garantizar el normal
desarrollo de la audiencia.

Artículo 2.2.8.18.10.3. Aplicación de los medios de policía y medidas
correctivas a miembros de comunidades indígenas. El miembro de la comunidad
indígena que incurra en un comportamiento contrario a la convivencia será sujeto
de la aplicación de los medios de policía, medidas correctivas y expedición del
formato de convivencia si hay lugar a ello, con arreglo del proceso único de
policía, conforme con Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y sus
normas concordantes, siempre y cuando haya incurrido en el comportamiento por
fuera del resguardo.

Parágrafo. La expedición del formato de convivencia o la aplicación de medios de
policía o medidas correctivas no será procedente en los territorios especiales
indígenas, así como en los resguardos.

Artículo 2.2.8.18.10.4. Alcance del medio de policía de traslado por protección.
Queda prohibido el uso del medio de traslado por protección con fines diferentes
a los establecidos por la Ley y la jurisprudencia constitucional.

Parágrafo 1°. Todos los informes para la planeación que se presenten sobre el
tema de traslado por protección, deben estar orientados en lógica de prevención,
protección y restablecimiento de la convivencia, y no podrán emplearse como
forma de evaluación para la autoridad de policía, para formular sanciones
sociales y/o tenerse como valoración numérica similar a la imposición de medidas
correctivas.

Parágrafo 2°. Corresponde a los alcaldes registrar y actualizar el registro de
personas trasladadas por protección de que trata el numeral 20 del artículo 205
de la Ley 1801 de 2016, teniendo en cuenta la Ley de habeas data y en todo caso
estableciendo un mecanismo de información para quienes tengan interés legítimo
en conocer el paradero de la persona trasladada, para lo cual la Policía
Nacional habilitará un módulo específico dentro del Registro Nacional de Medidas
Correctivas.

Artículo 2.2.8.18.10.5. Uso de medios de policía frente a determinados
comportamientos cometidos por el habitante de y en calle. En los eventos en los
cuales el comportamiento contrario a la convivencia al que hace referencia el
numeral 11 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, sea cometido por un
habitante de y en condición de calle, no procederá la imposición del formato de
convivencia asociado a la multa general tipo 4. En estas situaciones, el
personal uniformado deberá aplicar para el restablecimiento de la convivencia
los mecanismos y medios de policía que considere necesarios.

SECCIÓN 11

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ALCALDES Y OTRAS AUTORIDADES

Artículo 2.2.8.18.11.1. Deber de colaboración armónica. Es deber de las
autoridades de policía, la colaboración armónica y la comunicación directa,
orientadas a la implementación de estrategias, planes y programas que permitan
mejorar las condiciones de convivencia, en los asuntos que generen mayor
afectación en la vida de la comunidad.

Parágrafo. Corresponde a los alcaldes diseñar e implementar planes y estrategias
para la oportuna y eficiente aplicación y gestión de los asuntos de policía.

Artículo 2.2.8.18.11.2. Reglamentación en temas de policía. Las Asambleas
Departamentales y el Concejo de Bogotá en ejercicio del poder subsidiario de
Policía, así como los demás concejos distritales y municipales, en ejercicio del
poder residual de policía, y los alcaldes y gobernadores como primeras
autoridades de policía en el territorio, deberán definir y regular los aspectos
que resulten determinantes para la convivencia en su respectiva jurisdicción.

Parágrafo. En ningún caso se podrá limitar las competencias asignadas a las
autoridades de policía en la Ley 1801 de 2016, mediante regulaciones contenidas
en actos administrativos de orden territorial, ni tampoco podrá crearse mediante
lineamientos o figuras similares procedimientos o trámites adicionales a los
establecidos en la mencionada ley y en los reglamentos de policía.

Artículo 2.2.8.18.11.3. Determinación de perímetros, áreas circundantes y áreas
de influencia. Corresponde a los concejos municipales y distritales, a los
alcaldes municipales y/o distritales, así como a las asambleas y consejos de
administración de las copropiedades, en el marco de sus competencias, regular
las áreas circundantes, áreas de influencia, así como los perímetros de centros
educativos, centros deportivos, parques, así como las áreas o zonas del espacio
público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural u otras
establecidas por motivos de interés público, con el fin de restringir el
consumo, porte, distribución, ofrecimiento y/o comercialización de sustancias
psicoactivas, inclusive la dosis personal, con la observancia de las garantías
constitucionales.

Para la determinación de los perímetros de impacto de que trata la Ley 1801 del
2016, se tomarán desde el eje o centro de la ubicación del inmueble al que se
refiera. Las áreas circundantes son las adyacentes al perímetro del inmueble y
el área de influencia se determinará, de acuerdo con el impacto generado a la
convivencia u orden público desde los perímetros del inmueble.

Artículo 2.2.8.18.11.4. Infraestructura logística y personal de inspecciones de
policía. En todos los casos el alcalde municipal dentro de los alcances de la
Ley 1801 de 2016, deberá garantizar que las inspecciones de policía tengan una
estructura logística y de personal, así como contratistas necesarios para el
adecuado cumplimiento de sus labores. En este último caso podrá seleccionar los
contratistas con base en los perfiles que solicite el Inspector de Policía o el
Corregidor, así mismo podrá crear y organizar grupos de trabajo especializados
debiendo en todo caso suministrar el apoyo logístico.

Artículo 2.2.8.18.11.5. Apoyo a las audiencias. En casos excepcionales y cuando
las circunstancias de seguridad lo ameriten, para dar continuidad a una
audiencia, el Inspector o Corregidor de policía, con antelación suficiente,
podrá solicitar de forma motivada y evidenciando los riesgos de seguridad de los
participantes al comandante de Estación respectivo, la presencia del personal
uniformado de la Policía Nacional, con el fin de garantizar las condiciones de
seguridad de los asistentes a la audiencia hasta su terminación, sin que en
ningún caso el apoyo para su realización sea permanente. Una vez recibida la
solicitud el comandante respectivo en el menor tiempo posible y de acuerdo con
la capacidad de personal existente se pronunciará frente al apoyo solicitado.

Artículo 2.2.8.18.11.6. Apoyo a la acción preventiva por perturbación. En
atención al motivo de policía que dé lugar a la acción preventiva por
perturbación, de manera inmediata cuando se considere necesario por solicitud
del respectivo comandante de policía, se deben activar de forma inmediata por
parte de la administración territorial, los mecanismos de protección,
restauración, educación y/o de prevención para el restablecimiento del orden
público o la convivencia, siendo este último el de la acción preventiva, que
trata el presente artículo. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá
solicitar de manera inmediata la intervención de las diferentes autoridades y
entes de control, ante la presencia de personas que hagan parte de grupos de
especial protección constitucional para evitar su instrumentalización,
vulneración y/o retraso de la acción pr eventiva.

Artículo 2.2.8.18.11.7. Apoyo por parte de las autoridades de tránsito. Es deber
de las autoridades de tránsito, en el marco de sus competencias, prestar
colaboración a las autoridades de policía para el cabal cumplimiento de sus
funciones y actividades, atendiendo los principios de colaboración, concurrencia
y subsi diariedad.

Artículo 2.2.8.18.11.8. Divulgación y educación en temas de convivencia. El
Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional
diseñarán e implementarán actividades de divulgación, capacitación, difusión,
prevención y cursos de actualización en materia de convivencia y normas de
policía en todo el territorio nacional, en cada periodo fiscal.

Parágrafo. Cada entidad territorial, distrital y/o municipal, así como todos los
sectores de la administración pública, deberán desarrollar campañas de
prevención y educación; así como elaborar una política pública de prevención y
educación sobre los aspectos de su competencia relacionados con la Ley 1801 de
2016, soportándose de preferencia en la oferta brindada por entes públicos
especializados en la materia.

Artículo 2.2.8.18.11.9. Carácter nacional del registro de medidas correctivas.
La cobertura del Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas será de
orden nacional. No habrá aplicativos de orden distrital o municipal paralelos al
Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), en los cuales se incorporen la
medida correctiva, y los medios de policía, ni ningún tipo de información del
trámite del proceso único de policía.

Artículo 2.2.8.18.11.10. Consejos de seguridad y convivencia y comités civiles
de convivencia. Los informes solicitados a las autoridades de policía por los
Consejos de Seguridad y Convivencia y/o por los Comités Civiles de Convivencia
estarán enfocados en el uso de los mecanismos y los medios de policía
relacionados con la expedición de formatos de convivencia y no solo sobre la
cantidad o valoración numérica de expedición de formatos de convivencia o
medidas cor rectivas.

Artículo 2.2.8.18.11.11. Evaluación de gestión y desempeño de las autoridades de
policía. No constituirán criterios de evaluación de la gestión y el desempeño de
las autoridades de policía, la cantidad de órdenes de comparendo, traslados por
protección, medidas correctivas o decisiones en el proceso únic o de policía.

Artículo 2.2.8.18.11.12. Creación de autoridades colegiadas de policía. En las
ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que
tengan una población superior a los cien mil habitantes, podrán existir
autoridades colegiadas de policía que funjan como segunda instancia de las
decisiones de los Inspectores de Policía y los Corregidores. Sus miembros podrán
ser elegidos mediante concurso de mérito por periodos. Se procurará que las
decisiones por parte de segunda instancia sean unificadas y así garantizar la
seguridad jurídica y reducir el riesgo de daño antijurídico.

Artículo 2.2.8.18.11.13. De los impedimentos y la recusaciones de autoridades
colegiadas de policía. Las recusaciones al igual que los impedimentos, se
tramitarán de conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley 1801
de 2016; cuando se trate de recusación de autoridades colegiadas de policía,
éstas serán resueltas por el personero municipal o distrital cuando sea contra
la totalidad de los miembros de la corporación, y cuando sea recusado o se
declare impedido alguno de los miembros de la corporación se pondrá en
conocimiento al alcalde de la jurisdicción respectiva para su decisión.

SECCIÓN 12

DE ALGUNOS DERECHOS Y DEBERES PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SUBSECCIÓN 1

De la Privacidad de Habitación y la Propiedad Horizontal

Artículo 2.2.8.18.12.1.1. De la privacidad de habitación. Los habitantes tienen
la responsabilidad primaria de proteger la privacidad de su habitación, en el
sentido de evitar que trasciendan al ámbito público las actividades que se
desarrollen en la misma, a través de sus ventanas y espacios abiertos con o sin
afectación de espacio público o en áreas comunes de uso privado de las
copropiedades, lo anterior sin perjuicio de las protecciones constitucionales y
legales a la privacidad del domicilio y/o lugar de trabajo.

Parágrafo. No se podrán admitir como medios de prueba en el proceso de policía
aquellos que se hayan recaudado con violación de estas protecciones.

Artículo 2.2.8.18.12.1.2. Actividades privadas que trascienden a lo público. En
los casos de las actividades que se desarrollan en espacios semiprivados y
trascienden a lo público, una vez agotado el procedimiento y emitido el
respectivo acto administrativo declarando por el alcalde municipal o distrital
que la actividad desarrollada trasciende a lo público, se deberá establecer el
horario de funcionamiento para que se pueda desarrollar dicha actividad, lo
anterior con el fin de que la autoridad de policía en el marco de sus
competencias, aplique los medios y medidas señaladas en la Ley 1801 de 2016, con
la observancia de las garantías constitucionales.

El acto administrativo emitido por el alcalde mediante el cual se declara que la
actividad semiprivada trasciende a lo público, así como el que establece el
horario para su funcionamiento deberán ser comunicados a la autoridad de policía
competente, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su firmeza.

Artículo 2.2.8.18.12.1.3. Protecciones exteriores de ventanas. En lo atinente a
las protecciones exteriores de las ventanas, se aplicará el régimen de
conservación de la integridad urbanística. La instalación de protección de las
ventanas a través de vidrios insonorizantes, películas de protección solar o
blindaje, los elementos decorativos, los vitrales, esmerilados, biselados o
cualquier otro trabajo de vidriería de carácter temporal no se considerarán
comportamientos que afectan la integridad urbanística.

Artículo 2.2.8.18.12.1.4. Acción preventiva en caso de perturbación. Cuando se
ejecuten acciones con las cuales se pretenda la perturbación de bienes
inmuebles, sean estos de uso público o privado o, se intenten ocupar por vías de
hecho, la Policía Nacional lo impedirá y expulsará a los perturbadores de ella,
en el término establecido en el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, y en todo
caso la acción preventiva se realizará en el menor tiempo posible, atendiendo
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

La acción preventiva por perturbación se materializará en el término necesario
para ejecutar las acciones indispensables para restablecer la convivencia y
excepcionalmente podrá ser mayor al término establecido de las 48 horas
siguientes desde las acciones con que se pretenda o se haya iniciado la
ocupación debiéndose en tales casos justificarse ante el superior jerárquico. En
todo caso, esta acción se realizará en el menor tiempo posible, y continuará en
trámite de la misma autoridad que conoció a prevención.

La persona o la entidad pública con interés en el bien inmueble realizará las
obras necesarias, razonables y asequibles para impedir sucesivas ocupaciones o
intentos de hacerlas por vías de hecho, de conformidad con las órdenes que
impartan las autoridades de Policía.

Parágrafo 1°. Para la concreción, materialización, ejecución, seguimiento y
aplicación de la presente disposición los entes municipales y distritales
coordinarán un mecanismo interinstitucional que podrá convocar el comandante
respectivo para que apoye la planeación, coordinación, ejecución y seguimiento
para el control de ocupaciones irregulares y protección de ecosistemas en las
zonas rurales y urbanas de los municipios o distritos, indistintamente que
pertenezcan a dos o más jurisdicciones.

Parágrafo 2°. Las administraciones territoriales diseñarán rutas de atención
para gestionar las mencionadas solicitudes urgentes y dispondrán de personal
disponible en los términos del parágrafo 2º del artículo 206 de la Ley 180 1 de
2016.

Artículo 2.2.8.18.12.1.5. Actividades económicas de las propiedades
horizontales. Las propiedades horizontales y las juntas de acción comunal que
desarrollen actividades permanentes de esparcimiento, similares a las
desarrolladas como actividades económicas, deberán cumplir para su realización
con los requisitos previstos en la Ley 1801 de 2016.

Artículo 2.2.8.18.12.1.6. Publicidad del régimen de propiedad horizontal. Las
asambleas y consejos de administración de las copropiedades incorporarán las
modificaciones a su reglamento de propiedad horizontal, de conformidad con las
pautas establecidas por la jurisprudencia constitucional a efectos de que las
autoridades de policía puedan desarrollar, sin ambigüedades, su función y
actividad. Una copia del reglamento de propiedad horizontal completa y vigente,
así como el censo de animales de compañía residentes en la propiedad deberá
permanecer a disposición de las autoridades de policía para su consulta.

Artículo 2.2.8.18.12.1.7. De la no entrega de las actas de asamblea. De
conformidad con el parágrafo del artículo 47 de la Ley 675 de 2001, una vez
opere la negativa en la entrega de la copia del acta de asamblea o documentos no
sometidos a reserva legal, bastará con la emisión de la orden de policía
debidamente proferida por el alcalde municipal o distrital para su cumplimiento.
La inobservancia a esta disposición constituirá el comportamiento contrario a la
convivencia al que hace referencia las afectaciones de las relaciones entre las
persona s y las autoridades.

Artículo 2.2.8.18.12.1.8. Del comité de convivencia en propiedades horizontales.
Sin perjuicio de las acciones policivas, corresponderá al comité de convivencia
en el marco de la Ley 675 de 2001 y el reglamento de propiedad horizontal
respectivo, conocer de los conflictos de convivencia que se susciten en la
copropiedad.

SUBSECCIÓN 2

Del Manejo de Caninos de Tratamiento Especial

Artículo 2.2.8.18.12.2.1. De la plataforma de registro de caninos de manejo
especial. Dentro del año siguiente a la expedición de este decreto, las
entidades territoriales deberán implementar una plataforma de registro de
caninos de manejo especial en cumplimiento a la normatividad de la Ley 1801 de
2016, en el cual se incluya no solo su registro sino su venta y/o cesión a
cualquier título. El Distrito Capital, las ciudades capitales y los municipios
con población superior a los cien mil habitantes, tendrán la responsabilidad de
implementar la plataforma. Los departamentos asumirán esta responsabilidad para
los demás entes territoriales. Estos registros serán públicos y les aplicarán
las restricciones propias de protección legal de los datos personales.

Parágrafo. De conformidad con el numeral sexto del artículo 134 de la Ley 1801
de 2016, no se aprobará el registro de caninos de tratamiento especial a nombre
de niños, niñas y/o adolescentes, la obligación de tramitar el registro recaerá
exclusivamente sobre mayores de edad.

Artículo 2.2.8.18.12.2.2. De las pólizas de seguros. Para el cumplimiento del
registro de que trata el numeral 4 del artículo 128 de la Ley 1801 de 2016, la
póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubrirá la indemnización de
los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, bienes,
o demás animales podrá contratarse de manera específica o en conjunto con otros
riesgos.

Artículo 2.2.8.18.12.2.3. De la aprehensión o incautación de animales. La
aprehensión material preventiva de animales, se entenderá para todos los efectos
como su incautación. El Inspector de policía o Corregidor la ordenará de forma
inmediata si existe prueba suficiente para justificar que el animal no debe
regresar a su entorno, en el cual fueron vulneradas cualquiera de sus cinco
libertades; de igual manera procederá, al verificar el término para cancelar las
expensas generadas por su manutención, albergue, atención veterinaria y
similares, si no se ha realizado el pago.

Parágrafo 1°. La custodia definitiva del animal no estará sujeta a la decisión
final sobre las consecuencias jurídicas para el responsable de la situación en
que se encontró al animal, en el momento de su aprehensión material preventiva.
Se procurará en todo caso el restablecimiento más próximo posible de su
bienestar integral.

Parágrafo 2°. Se deberá distinguir en cada caso si la aprehensión es de animales
de compañía, de producción, silvestres o especies protegidas, para lo relativo a
su custodia, tratamiento, efectos jurídicos de las normas que los amparan y
disposición definitiva.

TÍTULO 9

Nota: Título 9 modificado por el Decreto 1064 de 2024, artículo 1º.

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO ULTRATERRESTRE

CAPÍTULO 1

Registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre

Artículo 2.2.9.1.1. Definiciones. Para los fines pertinentes de esta
reglamentación se adoptan las siguientes definiciones:

Apogeo: Punto de la órbita de un satélite de la tierra situado a la máxima
distancia del centro de la tierra.

Designación o Número de Registro: Es el número que, de manera cronológica,
servirá para identificar cada uno de los objetos espaciales registrados.

Entidad del Registro: Entidad delegada por el Gobierno para llevar el registro
de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y encargada de notificar al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estado de Lanzamiento: Es un Estado que lance o promueva el lanzamiento de un
objeto espacial o un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se
lance un objeto espacial.

Estado de Registro: Es un Estado de lanzamiento en cuyo registro se inscriba un
objeto espacial.

Hora UTC: Hora universal coordinada. Es la hora en el meridiano de Greenwich.

Inclinación: Ángulo que forma el plano de la órbita de un satélite con el plano
principal de referencia.

Objeto Espacial: Comprende el vehículo propulsor y las diferentes partes,
componentes y carga útil que integran y constituyen el elemento físico destinado
a ser puesto en el espacio ultraterrestre.

Órbita: Trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia
especificado, el centro de gravedad de un satélite, o de otro objeto espacial,
por la acción única de fuerzas naturales, fundamentalmente las de gravitación;
por extensión, es la trayectoria que describe el centro de gravedad de un cuerpo
espacial por la acción de las fuerzas de origen natural y eventualmente por las
fuerzas correctivas de poca energía ejercidas por un dispositivo de propulsión,
con el objeto de lograr y mantener la trayectoria deseada.

Perigeo: Punto de la órbita de un satélite de la tierra situado a la mínima
distancia del centro de la Tierra.

Periodo nodal: Intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos de
un satélite por el nodo ascendente de su órbita.

Periodo orbital: Intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos
de un satélite por un punto característico de su órbita.

Registro: Es el conjunto de información que identifica un objeto espacial.

Vehículo de lanzamiento: Cohete utilizado para impulsar un objeto espacial desde
la superficie de la Tierra al espacio ultraterrestre.

Artículo 2.2.9.1.2. Objeto. Establecer las normas y procedimientos para efectuar
el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, en cumplimiento de la
Ley 1569 del 2 de agosto de 2012.

Artículo 2.2.9.1.3. Ámbito de aplicabilidad. Las disposiciones previstas en el
presente Decreto Reglamentario se aplican a todas las entidades estatales y
privadas, nacionales y extranjeras, que efectúen o promueva el lanzamiento de un
objeto al espacio ultraterrestre desde el territorio nacional o extranjero.

Parágrafo 1°. La Fuerza Aérea Colombiana designará una dependencia y un
procedimiento que permita que una entidad estatal y pública tenga acceso a un
proceso de registro de los objetos lanzados al espacio.

Parágrafo 2°. Cuando haya dos o más estados de lanzamiento, el contenido de cada
registro y las condiciones en las que este se llevará a cabo serán determinados
por el Estado de registro interesado. En el caso de que Colombia acordara con
otros estados para hacer un lanzamiento de objetos al espacio exterior, se deben
tener en cuenta los tratados y disposiciones internacionales al respecto.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de lanzamiento de objetos en el territorio
colombiano, las entidades deberán abstenerse de efectuar el lanzamiento, sin
haber efectuado previamente el registro correspondiente.

Artículo 2.2.9.1.4. Entidad del Registro. Se designa como Entidad de Registro, a
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), a quien se le confía la guarda de la
integridad de los datos. Dicha responsabilidad implica la creación,
actualización, mantenimiento y administración de los datos de registro, así como
la emisión de informes y reportes a que haya lugar, que utilicen como fuente
dichos registros.

Artículo 2.2.9.1.5. Responsabilidades de la Entidad. La Entidad de Registro
tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Definir el formato a emplear con los requisitos mínimos exigidos para
efectuar el registro.

2. Verificar la autenticidad y pertinencia de la información suministrada.

3. Expedir el certificado del registro correspondiente a la entidad interesada.

4. Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los registros
efectuados.

5. Realizar seguimiento, control y archivo de los registros formalizados.

6. Tener los registros a disposición del público o las entidades que los
requieran.

7. Establecer los medios para la compilación de la información, así como para su
custodia y seguridad informática.

8. Todas aquellas responsabilidades relacionadas con el registro.

Parágrafo 1°. Cuando se modifiquen o actualicen los registros, deberá surtirse
comunicación formal al Secretario General de Naciones Unidas, de manera
concordante con este artículo.

Parágrafo 2°. Cada comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas
será enviada por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 2.2.9.1.6. Creación. Créase el “Registro Único Colombiano de Objetos
Lanzados al Espacio Ultraterrestre” que de aquí en adelante habrá de llamarse
RUCOE, bajo responsabilidad de la Entidad del Registro.

Parágrafo. El acceso a la información consignada en este registro, será pública
y de libre consulta.

Artículo 2.2.9.1.7. Requisitos para el Registro. Serán aquellos definidos por la
Entidad de Registro y que contengan como mínimo la siguiente información:

1. Nombre del Estado o de los Estados de lanzamiento.

2. Una designación apropiada del objeto espacial o su número de registro.

3. Fecha y hora UTC prevista de lanzamiento.

4. Territorio o lugar del lanzamiento.

5. Parámetros orbitales básicos en kilómetros, minutos y grados:

i) Período nodal.

ii) Inclinación.

iii) Apogeo.

iv) Perigeo.

6. Función general del objeto espacial.

7. Objeto espacial.

Artículo 2.2.9.1.8. Obligaciones del Solicitante. Serán obligaciones de la(s)
entidad (es) que solicite(n) el registro:

1. Cumplir oportunamente con los requisitos establecidos por la Entidad de
Registro.

2. Atender los requerimientos de información adicional solicitados por la
Entidad de Registro.

3. Informar oportunamente a la Entidad de Registro sobre los cambios y/o
actualizaciones de la información suministrada.

Artículo 2.2.9.1.9. Información Preexistente. Las organizaciones, empresas o
instituciones colombianas, que, a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, contaren con información o registros sobre lanzamientos de los que
trata el presente Decreto, están obligadas a comunicar tal información a la
Entidad de Registro, la cual, a su vez, podrá solicitar información
complementaria que sea útil, necesaria o pertinente.

Artículo 2.2.9.1.10. Remisión Normativa. Lo que no quede expresamente
reglamentado dentro de este Decreto, pero que haga parte del “Convenio sobre el
Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre”, suscrito en 1974, o sus
modificaciones o enmiendas, se tomará de dicho convenio, excepto en aquellos
casos en que desconozca las leyes nacionales colombianas.

Artículo 2.2.9.1.11. Lanzamientos Conjuntos. Cuando el lanzamiento se efectúe
conjuntamente con otro o más Estados de lanzamiento se requerirá que los mismos
hagan parte del “Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio
Ultraterrestre”, suscrito en 1974.

Parágrafo. En caso de que, junto con Colombia, el lanzamiento haya sido
realizado por más Estados, se obrará de acuerdo al artículo 11, numeral 2, del
‘Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre’ del
12 de noviembre de 1974.

Artículo 2.2.9.1.12. Registro Lanzamientos Conjuntos. En los casos de
lanzamientos conjuntos de objetos espaciales se registrará cada uno de ellos por
separado en el Registro, sin menoscabo de los derechos y obligaciones de los
Estados, los objetos espaciales quedarán inscritos, de conformidad con el
derecho internacional, incluidos los tratados pertinentes de Naciones Unidas,
relacionados con el espacio ultraterrestre, en los registros correspondientes
del Estado responsable del objeto espacial en virtud del artículo VI del Tratado
sobre el Espacio Ultraterrestre.

CAPÍTULO 2

ACTIVIDADES ESPACIALES CONTROLADAS AL INTERIOR DEL TERRITORIO COLOMBIANO

Artículo 2.2.9.2.1. Objeto. Reglamentar las siguientes actividades espaciales
controladas al interior del territorio colombiano, así:

a) Lanzamiento de vehículos orbitales.

b) Pruebas de vehículos orbitales.

c) Lanzamiento de vehículos suborbitales.

d) Pruebas de vehículos suborbitales.

Artículo 2.2.9.2.2. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones previstas en el
presente Decreto se aplican a todas las personas naturales o jurídicas de
carácter público y privadas, nacionales y extranjeras, que efectúen o promuevan
pruebas o el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre desde el
territorio colombiano.

Artículo 2.2.9.2.3. Designación. Desígnese a la Fuerza Aérea Colombiana como
entidad encargada de supervisar, controlar y actualizar los procedimientos para
lanzamientos y pruebas de vehículos orbitales o suborbitales que sean lanzados
sobre el territorio colombiano con la finalidad de que estos no constituyan un
riesgo para la seguridad y defensa nacional, la operación aérea y espacial, y la
soberanía nacional.

Artículo 2.2.9.2.4. Procedimiento. El procedimiento para el lanzamiento y
pruebas de vehículos orbitales y suborbitales corresponde al siguiente:

a) Las personas naturales o jurídicas de carácter público y privadas, nacionales
y extranjeras que requieran efectuar pruebas o lanzamientos de vehículos
orbitales y suborbitales desde el territorio colombiano, deberán diligenciar, a
través de la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, la solicitud para el
desarrollo de la actividad espacial controlada que se pretenda realizar.

La Fuerza Aérea Colombiana dispondrá el fácil acceso a los formatos vigentes
para el diligenciamiento de la solicitud de ejecución de la actividad espacial
controlada al interior del territorio colombiano.

b) Una vez diligenciada en línea la solicitud, la Fuerza Aérea Colombiana
determinará fechas y lugar de ejecución de la actividad espacial controlada,
cuando así se requiera de acuerdo con los riesgos asociados que se enuncian a
continuación:

• Tipo de motor (certificado/experimental) y combustible a usar por el vehículo
orbital o suborbital.

• Sistema de ignición y dispositivo de lanzamiento.

• El perfil de vuelo previsto y la secuencia de eventos.

• Altura máxima prevista del lanzamiento y/o prueba.

• Rango mínimo de seguridad para disminuir los riesgos a la población civil e
instalaciones cercanas.

• Impacto ambiental, incluido el ruido.

• Equipo de soporte (logística) y herramientas necesarias para una operación
segura.

• Procedimiento en caso de emergencia.

• Coordinaciones efectivas con entidades de control de tránsito aéreo, y
atención de emergencias como bomberos y demás organizaciones que sean requeridas
para la prueba.

c) Toda solicitud para la ejecución de una actividad espacial controlada será
analizada por la Jefatura de Operaciones Espaciales de la Fuerza Aérea
Colombiana, respecto a los impactos ambientales, teniendo en cuenta que las
actividades espaciales que se pretendan realizar al interior del territorio
colombiano, deben ser ejecutadas de tal manera que no genere efectos adversos al
medio ambiente, tanto en la tierra como en el espacio exterior, de acuerdo con
las evaluaciones ambientales regidas por la normatividad vigente en Colombia y
los acuerdos internacionales vigentes en materia espacial.

d) La solicitud elevada a la Fuerza Aérea Colombiana deberá cumplir con los
requisitos establecidos, con el objeto de obtener la autorización
correspondiente para la ejecución de la actividad espacial controlada.

e) Cumplidos a satisfacción los requisitos antes señalados, la persona natural o
jurídica de carácter público y privadas, nacional y extranjera responsable de la
ejecución de la actividad espacial controlada deberá presentar póliza de seguro
de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, que ampare a la
totalidad de los participantes ante situaciones de riesgo que puedan afectar su
integridad.

f) La Fuerza Aérea Colombiana recibirá la documentación, únicamente cuando esta
se encuentre completa. Cumplido lo anterior, la institución tendrá 15 días
hábiles para su revisión y emitir el concepto favorable, de ser este procedente,
para la ejecución de la actividad espacial controlada.

Cuando la solicitud lo amerite y se autorice el trasporte de personal y carga
para la ejecución de la actividad espacial controlada, la Fuerza Aérea
Colombiana determinará las fechas y cantidades a transportar. Además, verificará
y supervisará el correcto embalaje de las mercancías peligrosas, de acuerdo con
el Manual para el Transporte de Mercancías Peligrosas por vía Aérea para la
Aviación de Estado (Mamep).

Si revisada la documentación por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, y en caso
de requerirse ajuste o corrección; la persona natural o jurídica que solicita la
ejecución de la actividad espacial controlada contará con un término de 15 días
hábiles, contados a partir de la devolución de la documentación, para que se
subsanen o corrijan las novedades presentadas, término en el cual deberá
radicarse nuevamente la solicitud ante la Fuerza Aérea Colombiana, quien
brindará al solicitante el respectivo concepto favorable, de ser este
procedente, para la ejecución de la actividad espacial controlada.

El concepto favorable contará con una vigencia de 45 días calendario, tiempo en
el cual deberá ejecutarse la actividad espacial controlada objeto de la
solicitud.

Texto inicial del Título 9:

TÍTULO 9.

Nota: Título 9 adicionado por el Decreto 2258 de 2018, artículo 1º.

REGISTRO DE OBJETOS LANZADOS AL ESPACIO ULTRATERRESTRE

Artículo 2.2.9.1. Definiciones. Para los fines pertinentes a esta reglamentación
se adoptan las siguientes definiciones:

Apogeo: Punto de la órbita de un satélite de la tierra situado a la máxima
distancia del centro de la tierra.

Designación o Número de Registro: Es el número que de manera cronológica servirá
para identificar cada uno de los objetos espaciales registrados.

Entidad del Registro: Entidad delegada por el Gobierno para llevar el registro
de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y encargada de notificar al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estado de Lanzamiento: Es un Estado que lance o promueva el lanzamiento de un
objeto espacial o un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se
lance un objeto espacial.

Estado de Registro: Es un Estado de lanzamiento en cuyo registro se inscriba un
objeto espacial.

Hora UTC: Hora universal coordinada. Es la hora en el meridiano de Greenwich.

Inclinación: Ángulo que forma el plano de la órbita de un satélite con el plano
principal de referencia.

Órbita: Trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia
especificado, el centro de gravedad de un satélite, o de otro objeto espacial,
por la acción única de fuerzas naturales, fundamentalmente las de gravitación;
por extensión, trayectoria que describe el centro de gravedad de un cuerpo
espacial por la acción de las fuerzas de origen natural y eventualmente por las
fuerzas correctivas de poca energía ejercidas por un dispositivo de propulsión
con el objeto de lograr y mantener la trayectoria deseada.

Perigeo: Punto de la órbita de un satélite de la tierra situado a la mínima
distancia del centro de la Tierra.

Periodo nodal: Intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos de
un satélite por el nodo ascendente de su órbita.

Periodo orbital: Intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos
de un satélite por un punto característico de su órbita.

Registro: Es el conjunto de información que identifica un objeto espacial.

Vehículo de lanzamiento: Cohete utilizado para impulsar un objeto espacial desde
la superficie de la Tierra al espacio ultraterrestre.

Artículo 2.2.9.2. Objeto. Establecer las normas y procedimientos para efectuar
el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 1569 de 2 de agosto de 2012.

Artículo 2.2.9.3. Ámbito de aplicabilidad. Las disposiciones previstas en el
presente Decreto Reglamentario aplican a todas las Entidades estatales y
privadas de carácter nacional y extranjero que efectúen o promueva el
lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre desde el territorio nacional
o extranjero.

Parágrafo 2°. Cuando haya dos o más Estados de lanzamiento, el contenido de cada
registro y las condiciones en las que este se llevará a cabo serán determinados
por el Estado de registro interesado. En el caso que Colombia llegase a un
acuerdo con otros estados para hacer un lanzamiento de objetos al espacio
exterior, se deben tener en cuenta los tratados y disposiciones internacionales
al respecto.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de lanzamiento de objetos en territorio
colombiano, las entidades deberán abstenerse de efectuar el lanzamiento, sin
haber efectuado previamente el registro correspondiente.

Artículo 2.2.9.4. Entidad del registro. Se designa como Entidad de Registro, a
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), a quien se le confía la guarda de la
integridad de los datos; dicha responsabilidad implica la creación,
actualización, mantenimiento y administración de los datos de registro, así como
la emisión de informes y reportes a que haya lugar, que utilicen como fuente
dichos registros.

Artículo 2.2.9.5. Responsabilidades de la entidad. La Entidad de Registro tendrá
las siguientes responsabilidades: