DECRETO 1856 DE 1989 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(agosto \u00a018) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0por \u00a0el cual se toman medidas encaminadas al restablecimiento del orden p\u00fablico. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0Nota 1: Ver Decreto 2266 de 1991, \u00a0art\u00edculo 7\u00ba. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0Nota 2: Adicionado por el Decreto 42 de 1990 y \u00a0por el Decreto 2390 de 1989. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0Nota 3: Complementado por el Decreto 1893 de 1989. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0El \u00a0Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en uso de las facultades que le \u00a0confiere el art\u00edculo 121 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, \u00a0y \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERANDO: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que \u00a0mediante Decreto 1038 de 1984 \u00a0se declar\u00f3 turbado el orden p\u00fablico y en estado de sitio todo el territorio \u00a0nacional; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que \u00a0dicho Decreto se\u00f1al\u00f3 como uno de los motivos para declarar turbado el orden \u00a0p\u00fablico y en estado de sitio todo el territorio nacional “la acci\u00f3n \u00a0persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotr\u00e1fico, que viene \u00a0perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en \u00a0desaf\u00edo criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, \u00a0la tranquilidad y la salubridad p\u00fablicas y en la econom\u00eda nacional”; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que el \u00a0art\u00edculo 110 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 37 de la Ley 2\u00aa de 1984, prev\u00e9 \u00a0que “el delito lleva consigo la p\u00e9rdida en favor del Estado”, de los \u00a0instrumentos con que se haya cometido y de las cosas y valores que provengan de \u00a0su ejecuci\u00f3n; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que la honorable \u00a0Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 exequible esta norma, en sentencia proferida \u00a0el 3 de julio de 1981, en la cual expres\u00f3: “Ahora bien, si se examina este \u00a0art\u00edculo 110 que establece el comiso se observa, como ya se ha dicho, que se \u00a0aplica al delito, es decir, se requiere que la ley penal considere y defina un \u00a0hecho como tal, y por referirse al delito precisamente que se llegue a esa \u00a0determinaci\u00f3n por un proceso, que haya condena, y que se llegue a ella por la \u00a0actuaci\u00f3n de jueces determinados y seg\u00fan las formas previamente establecidas, \u00a0cuestiones todas que no son propias de un C\u00f3digo de las penas sino de un C\u00f3digo \u00a0de procedimiento. Esto permite afirmar que no se violan las prescripciones de \u00a0los art\u00edculos 26 y 28 de la Constituci\u00f3n. Y si se contin\u00faa el examen del \u00a0comiso, a m\u00e1s de lo dicho se ve que en \u00e9l se dejan a salvo los derechos del \u00a0ofendido o de terceros, es decir, que no puede imponerse en aquellas cosas o \u00a0valores que pertenezcan a personas extra\u00f1as al hecho punible, d\u00e1ndose as\u00ed \u00a0cumplimiento al art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n que garantiza la \u00a0propiedad”; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que ya \u00a0en sentencia del 3 de agosto de 1972, mediante la cual se declar\u00f3 exequible una \u00a0disposici\u00f3n sustancialmente id\u00e9ntica, contenida en el C\u00f3digo Penal de 1936, la \u00a0honorable Corte Suprema de Justicia, hab\u00eda manifestado: “En s\u00edntesis, la \u00a0confiscaci\u00f3n que la Constituci\u00f3n prohibe es la apropiaci\u00f3n oficial indebida, \u00a0sin causa y procedimiento legal, por v\u00eda de simple aprehensi\u00f3n, del patrimonio \u00a0de una persona”; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que \u00a0para reprimir el narcotr\u00e1fico se hace necesario tomar medidas para disponer, en \u00a0beneficio del Estado colombiano, el comiso de los bienes y efectos de toda \u00a0clase vinculados directa o indirectamente a la ejecuci\u00f3n de los delitos de \u00a0narcotr\u00e1fico y conexos o que provengan de ellos; \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Que la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos \u00a0adquiridos con justo t\u00edtulo y con arreglo a las leyes. Por consiguiente, en la \u00a0medida que la propiedad y los dem\u00e1s derechos sean adquiridos con el producto de \u00a0actividades il\u00edcitas, como el narcotr\u00e1fico, no se puede extender a ellos dicha \u00a0garant\u00eda constitucional, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a01\u00ba Mientras subsista el actual estado de sitio, los t\u00edtulos valores, bienes \u00a0muebles e inmuebles, divisas, derechos de cualquier naturaleza y, en general, \u00a0los beneficios econ\u00f3micos y efectos provenientes de o vinculados directa o \u00a0indirectamente a las actividades il\u00edcitas de cultivo, producci\u00f3n, \u00a0almacenamiento, conservaci\u00f3n, fabricaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n, venta o suministro a \u00a0cualquier t\u00edtulo de marihuana, coca\u00edna, morfina, hero\u00edna o cualquier otra \u00a0sustancia que produzca dependencia f\u00edsica o s\u00edquica, o los veh\u00edculos y dem\u00e1s \u00a0medios de transporte, utilizados para la comisi\u00f3n del delito de narcotr\u00e1fico y \u00a0conexos, ser\u00e1n decomisados u ocupados por las Fuerzas Militares, Polic\u00eda \u00a0Nacional y los organismos de seguridad del Estado y puestos a disposici\u00f3n \u00a0inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resoluci\u00f3n, \u00a0podr\u00e1 destinarlos provisionalmente al servicio oficial o de entidades de \u00a0beneficio com\u00fan instituidas legalmente mientras el juez competente dispone \u00a0sobre su destinaci\u00f3n definitiva. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Quien \u00a0tuviere un derecho l\u00edcito demostrado legalmente sobre el bien, tendr\u00e1 \u00a0preferencia para recibirlo en dep\u00f3sito o bajo cualquier t\u00edtulo no traslaticio \u00a0de dominio. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0providencia que ordene la devoluci\u00f3n de los bienes materia del decomiso, deber\u00e1 \u00a0ser consultada y s\u00f3lo surtir\u00e1 efectos una vez confirmada por el superior. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo. \u00a0Cuando se trate de algunos bienes enumerados en este art\u00edculo y sujetos a \u00a0registro de propiedad, el juez del conocimiento notificar\u00e1 personalmente o por \u00a0edicto a las personas inscritas en el respectivo registro. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a02\u00ba El dinero o las divisas que se decomisen, de acuerdo con el art\u00edculo \u00a0anterior, se depositar\u00e1n en cuenta especial en el Banco de la Rep\u00fablica, a \u00a0disposici\u00f3n del Juzgado del conocimiento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a03\u00ba El juez del conocimiento dar\u00e1 aviso inmediato a los interesados para el \u00a0ejercicio de los respectivos derechos. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a04\u00ba El decomiso a que se refiere este Decreto, tambi\u00e9n podr\u00e1 aplicarse a otros \u00a0bienes o derechos adquiridos con anterioridad a la sentencia condenatoria, cuya \u00a0aprehensi\u00f3n se efect\u00fae con posterioridad a la fecha de tal providencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a05\u00ba Le corresponde al sindicado de la comisi\u00f3n de los delitos de narcotr\u00e1fico y \u00a0conexos, demostrar que los bienes aprehendidos o decomisados no proceden de \u00a0actividad il\u00edcita ni fueron utilizados en la comisi\u00f3n del delito. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a06\u00ba Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del \u00a0delito de narcotr\u00e1fico y conexos, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de cinco a diez \u00a0a\u00f1os y multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios m\u00ednimos mensuales, \u00a0sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes. (Nota: Este art\u00edculo fue declarado \u00a0exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-420 de 2002.). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a07\u00ba Este Decreto rige a partir de su publicaci\u00f3n y suspende las disposiciones \u00a0que le sean contrarias. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Publ\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dado en \u00a0Bogot\u00e1, D. E., a 18 de agosto de 1989. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
VIRGILIO \u00a0BARCO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Gobierno, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ORLANDO \u00a0VASQUEZ VELASQUEZ. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Relaciones Exteriores, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0LONDO\u00d1O PAREDES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Justicia, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MONICA \u00a0DE GREIFF LINDO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Viceministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0encargado de las funciones del Despacho del Ministro, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0BERNARDO FLOREZ ENCISO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Defensa Nacional, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
OSCAR \u00a0BOTERO RESTREPO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Agricultura, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GABRIEL \u00a0ROSAS VEGA. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARIA \u00a0TERESA FORERO DE SAADE. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Salud, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EDUARDO \u00a0DIAZ URIBE \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0ARTURO MARULANDA RAMIREZ. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Minas y Energ\u00eda, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0MENA DE QUEVEDO. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Educaci\u00f3n Nacional, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
MANUEL \u00a0FRANCISCO BECERRA BARNEY \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Comunicaciones, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0LEMOS SIMMONDS. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Ministro de Obras P\u00fablicas y Transporte, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUZ \u00a0PRISCILIA CEBALLOS. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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