DECRETO LEY 1094 DE 2024 <\/p>\n\n\n\n
(agosto 28) <\/p>\n\n\n\n
por el cual se reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos ind\u00edgenas del Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), se establecen competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinaci\u00f3n para su ejercicio en los territorios que lo conforman en el marco de la autonom\u00eda y autodeterminaci\u00f3n, y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n\n\n\n
El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, en especial, las conferidas por los art\u00edculos 330 y 56 transitorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como la Ley 21 de 1991 y <\/p>\n\n\n\n
CONSIDERANDO: <\/p>\n\n\n\n
Que los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establecen que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Rep\u00fablica unitaria, descentralizada, con autonom\u00eda de sus entidades territoriales, democr\u00e1tica, participativa y pluralista, y que uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ\u00f3mica, pol\u00edtica, administrativa y cultural de la Naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Que del art\u00edculo 7\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deriva el deber estatal de reconocer y proteger la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n colombiana, lo cual se reafirma en el art\u00edculo 8\u00ba constitucional al disponer que es obligaci\u00f3n del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Que el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que las autoridades de los pueblos ind\u00edgenas podr\u00e1n ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constituci\u00f3n y leyes de la Rep\u00fablica. <\/p>\n\n\n\n
Que el art\u00edculo 286 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica estipula que los territorios ind\u00edgenas son entidades territoriales y, por consiguiente, el art\u00edculo 287 constitucional les confiere autonom\u00eda para la gesti\u00f3n de sus intereses dentro de los l\u00edmites de la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n\n\n\n
Que el art\u00edculo 330 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica prescribe que los territorios ind\u00edgenas estar\u00e1n gobernados por consejos conformados y reglamentados seg\u00fan los usos y costumbres de sus comunidades y ejercer\u00e1n, entre otras, la funci\u00f3n de dise\u00f1ar las pol\u00edticas y los planes y programas de desarrollo econ\u00f3mico y social dentro de su territorio, en armon\u00eda con el Plan Nacional de Desarrollo. <\/p>\n\n\n\n
Que, a su vez, dicho art\u00edculo prev\u00e9 que la explotaci\u00f3n de los recursos naturales en los territorios ind\u00edgenas se har\u00e1 sin desmedro de la integridad cultural, social y econ\u00f3mica de las comunidades ind\u00edgenas, as\u00ed como que, en las decisiones que se adopten respecto de dicha explotaci\u00f3n, el Gobierno propiciar\u00e1 la participaci\u00f3n de los representantes de las respectivas comunidades. <\/p>\n\n\n\n
Que el art\u00edculo 56 transitorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone que, mientras se expide la Ley Org\u00e1nica de Ordenamiento Territorial a la que se refiere el art\u00edculo 329 superior, el Gobierno podr\u00e1 dictar las normas fiscales necesarias y las dem\u00e1s relativas al funcionamiento de los territorios ind\u00edgenas y su coordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s entidades territoriales. <\/p>\n\n\n\n
Que el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 89 de 1890 dispone que las comunidades ind\u00edgenas tampoco se regir\u00e1n por las leyes generales de la Rep\u00fablica en asuntos de resguardos y, en lo relativo al gobierno econ\u00f3mico, el art\u00edculo 4\u00ba de esa misma norma reconoce las facultades que les hayan transmitido sus usos y estatutos particulares, con tal de que no se opongan a lo que previenen las leyes, ni violen las garant\u00edas de que disfrutan los miembros de esas comunidades en su calidad de ciudadanos. <\/p>\n\n\n\n
Que la Ley 165 de 1994, por la cual se ratifica el Convenio de Diversidad Biol\u00f3gica, en su art\u00edculo 8\u00ba, literal j, en lo referente a la conservaci\u00f3n in situ, establece que: \u201ccada Parte Contratante, en la medida de lo posible y seg\u00fan proceda. J) Con arreglo a su legislaci\u00f3n nacional, respetar\u00e1, preservar\u00e1 y mantendr\u00e1 los conocimientos, las innovaciones y las pr\u00e1cticas de las comunidades ind\u00edgenas y locales que entra\u00f1en estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservaci\u00f3n y la utilizaci\u00f3n sostenible de la diversidad biol\u00f3gica y promover\u00e1 su aplicaci\u00f3n m\u00e1s amplia, con la aprobaci\u00f3n y la participaci\u00f3n de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y pr\u00e1cticas, y fomentar\u00e1 que los beneficios derivados de la utilizaci\u00f3n de esos conocimientos, innovaciones y pr\u00e1cticas se compartan equitativamente\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Que el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991, protege la autonom\u00eda de las autoridades tradicionales ind\u00edgenas, el respeto a su integridad y su autodeterminaci\u00f3n como pueblos, adem\u00e1s reconoce la importancia que reviste para las culturas y los valores espirituales de los pueblos ind\u00edgenas su relaci\u00f3n con los territorios y su \u00e1mbito territorial que cubre la totalidad del h\u00e1bitat de las regiones que ocupan o utilizan. <\/p>\n\n\n\n
Que el art\u00edculo 23 de dicho Convenio prescribe que las actividades tradicionales relacionadas con la econom\u00eda de subsistencia de los pueblos se reconocer\u00e1n como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo econ\u00f3mico y, en ese sentido, a petici\u00f3n de los pueblos interesados, el gobierno deber\u00e1 facilitar asistencia t\u00e9cnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las t\u00e9cnicas tradicionales y las caracter\u00edsticas culturales de esos pueblos. <\/p>\n\n\n\n
Que en la Decisi\u00f3n n\u00famero 391 de 1996, n\u00famero 486 y 523 de 2000, expedida por la comunidad Andina de Naciones (CAN) se insta a Colombia como Estado parte, a asegurar que la protecci\u00f3n conferida o en desarrollo relacionada con activos de propiedad intelectual, sea concedida salvaguardando el patrimonio biol\u00f3gico y gen\u00e9tico, as\u00ed como los conocimientos tradicionales de sus comunidades ind\u00edgenas. <\/p>\n\n\n\n
Que, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos establece un marco fundamental para la protecci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, cuya incorporaci\u00f3n al bloque de constitucionalidad se dispuso mediante la Ley 16 de 1972. <\/p>\n\n\n\n
Que de conformidad con el principio de no discriminaci\u00f3n del art\u00edculo 1.1 y en armon\u00eda con el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana de los Derechos Humanos, los pueblos ind\u00edgenas precisan ciertas medidas especiales y protecci\u00f3n efectiva para garantizar el ejercicio pleno de los derechos, en especial respecto a la utilizaci\u00f3n, administraci\u00f3n y conservaci\u00f3n de los recursos naturales, a fin de garantizar su supervivencia f\u00edsica y cultural. <\/p>\n\n\n\n
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado criterios interpretativos a trav\u00e9s de su jurisprudencia que reconocen la necesidad de una protecci\u00f3n diferenciada para estos pueblos, garantizando as\u00ed el pleno goce de sus derechos individuales y colectivos. <\/p>\n\n\n\n
Que, en ese sentido, en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua (2001) y el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (2008), ha establecido que las comunidades ind\u00edgenas, mediante lazos \u00fanicos y duraderos, conservan una estrecha relaci\u00f3n con la tierra y su territorio ancestral que debe entenderse como la base fundamental de su vida espiritual, su integridad, su supervivencia econ\u00f3mica y culturas, siendo una de las expresiones del derecho a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos. <\/p>\n\n\n\n
Que, asimismo, en casos como Caso Pueblo Ind\u00edgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012) reiterado la importancia de la consulta previa para cumplir las obligaciones de la Convenci\u00f3n Americana. <\/p>\n\n\n\n
Que, a su vez, la Corte Interamericana ha expuesto en su jurisprudencia en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (2008) y en el Caso Comunidad Ind\u00edgena Yakye Axa Vs. Paraguay (2005), entre otros, que es deber de los Estados procurar los medios y condiciones jur\u00eddicas necesarias para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica reconocido en el art\u00edculo 3\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y el eficiente ejercicio de sus titulares, toda vez, que tienen derecho a ser propietarios y obtener protecci\u00f3n judicial contra toda violaci\u00f3n de derecho individual. <\/p>\n\n\n\n
Que, la Corte Interamericana en el Caso Yatama Vs. Nicaragua (2005) ha establecido que, en una sociedad democr\u00e1tica, los Estados deben considerar las caracter\u00edsticas particulares de los pueblos ind\u00edgenas, incluyendo sus valores, usos y costumbres, para asegurar su participaci\u00f3n efectiva en las decisiones que afectan y garantizan el goce efectivo de sus derechos. <\/p>\n\n\n\n
Que, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, observando que muy pocos Estados han establecido mecanismos de orden legal y administrativo que garanticen el derecho a la autonom\u00eda de los pueblos ind\u00edgenas, ha enfatizado el deber de los Estados de reconocer su derecho a la autodeterminaci\u00f3n o libre determinaci\u00f3n. Y resalta la importancia del Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos normativos, para alcanzar los derechos de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. <\/p>\n\n\n\n
Que, mediante Decreto n\u00famero 982 de 1999, el Gobierno nacional reconoci\u00f3 la emergencia social, cultural y econ\u00f3mica que declararon los pueblos y autoridades ind\u00edgenas organizados en el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), con ocasi\u00f3n a ello, manifest\u00f3 su voluntad de atender con celeridad y diligencia los fundamentos de la misma en t\u00e9rminos de territorialidad, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo de normas constitucionales, econom\u00eda y seguridad alimentaria, para tal efecto, se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n para el Desarrollo Integral de la Pol\u00edtica Ind\u00edgena del departamento del Cauca. <\/p>\n\n\n\n
Que el Decreto n\u00famero 2333 de 2014, establece los mecanismos para la efectiva protecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica de las tierras y territorios ocupados o pose\u00eddos ancestralmente y\/o tradicionalmente por los pueblos ind\u00edgenas acorde al Convenio 169 de la OIT. <\/p>\n\n\n\n
Que el Acuerdo de Escaz\u00fa del a\u00f1o 2018, ratificado y aprobado en Colombia por la Ley 2273 de 2022, es un instrumento que protege los derechos humanos en materia ambiental en cuanto al acceso a la informaci\u00f3n, participaci\u00f3n y justicia ambiental. En virtud del cual, los Estados deben proporcionar a personas o grupos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, incluidos los pueblos ind\u00edgenas y grupos \u00e9tnicos, asegurar la participaci\u00f3n p\u00fablica, abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales (art\u00edculo 7.1.). <\/p>\n\n\n\n
Que la Corte Constitucional en Sentencia T-236 de 2012, T-530 de 2016, T-247 de 2023, afirm\u00f3 que el reconocimiento constitucional de la capacidad de autogobierno de los pueblos ind\u00edgenas, s\u00f3lo es posible si se reconoce a la vez un territorio para ejercer en \u00e9l sus propias normas y desarrollar su cultura y costumbres y que, adem\u00e1s, las normas constitucionales y legales tambi\u00e9n otorgan competencia de vigilancia y control ambiental a los pueblos ind\u00edgenas, creaci\u00f3n de espacios de coordinaci\u00f3n de naturaleza intercultural a nivel local y nacional. As\u00ed como, la autonom\u00eda alimentaria y el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a controlar, desarrollar y proteger sus tierras y sus recursos, con el fin de conservar su capacidad productiva y preservar el ambiente. <\/p>\n\n\n\n
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-489 de 2012 identific\u00f3 que la Ley 1454 de 2011, org\u00e1nica de ordenamiento territorial, adolece de omisi\u00f3n legislativa absoluta en lo que refiere al desarrollo de las entidades territoriales ind\u00edgenas, pues \u00fanicamente remite a la posterior regulaci\u00f3n de tales deberes constitucionales. <\/p>\n\n\n\n
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-617 de 2015 defini\u00f3 la competencia establecida en el art\u00edculo 56 transitorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n\n\n\n
\u201c5.3.1. Es una competencia amplia que confiere una atribuci\u00f3n para adoptar normas relativas (i) al funcionamiento de los territorios ind\u00edgenas, incluyendo las de naturaleza fiscal y (ii) a su coordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s entidades territoriales. Comprende diferentes dimensiones o facetas del r\u00e9gimen territorial ind\u00edgena. <\/p>\n\n\n\n
5.3.2. Es una competencia cualificada dado que las normas que se expiden en ejercicio de lo all\u00ed dispuesto tienen naturaleza legislativa y, por regla general, solo perder\u00e1n su vigencia, cuando sea expedida la ley a la que se refiere el art\u00edculo 329 de la Constituci\u00f3n. Algunas de las materias a las que alude el art\u00edculo 56 de la Carta deber\u00e1n ser expedidas por el Congreso siguiendo el tr\u00e1mite propio de la regulaci\u00f3n org\u00e1nica al paso que otras podr\u00edan ser reguladas en leyes ordinarias. <\/p>\n\n\n\n
5.3.3. Es una competencia condicionada dado que su ejercicio depende de la inacci\u00f3n legislativa del Congreso de la Rep\u00fablica. A diferencia de otras de las disposiciones transitorias, en el caso del art\u00edculo 56 no se encuentra previsto ni un t\u00e9rmino para la adopci\u00f3n de la ley por parte del Congreso, ni un plazo para el ejercicio de la facultad por parte del Gobierno. \u00danicamente cuando el Congreso de la Rep\u00fablica expida la ley a la que se refiere el art\u00edculo 329, se extinguir\u00e1 o agotar\u00e1 la atribuci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
5.3.4. Es una competencia que no se encuentra limitada temporalmente. A ella no le resulta aplicable el art\u00edculo 9\u00b0 transitorio conforme al cual las facultades extraordinarias para cuyo ejercicio no se hubiere establecido plazo especial, expirar\u00edan quince d\u00edas despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n Especial creada por el art\u00edculo 6\u00b0 transitorio cese definitivamente en sus funciones. La inaplicabilidad de tal regla obedece a que la competencia del art\u00edculo 56 no se encuentra sometida a un plazo sino, como se ha dejado dicho, a una condici\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
5.3.5. Es una competencia cuyo ejercicio puede concretarse en diferentes instrumentos normativos. En efecto, debido a la amplitud tem\u00e1tica de la atribuci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 56 transitorio es posible que el Gobierno nacional las regule en decretos diferentes seg\u00fan la materia de que se trate\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Que, con fundamento en lo anterior, la competencia gubernamental prevista en el referido art\u00edculo 56 transitorio puede ser ejercida por m\u00e1s de una vez, si a\u00fan no ha sido expedida la ley relativa al funcionamiento de los territorios ind\u00edgenas y su coordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s entidades territoriales. <\/p>\n\n\n\n
Que a la fecha el Congreso de la Rep\u00fablica no ha expedido una ley que desarrolle el art\u00edculo 329 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n\n\n\n
Que el 1\u00ba de julio del 2018, la Autoridad Tradicional del Consejo Regional ind\u00edgena del Cauca, en ejercicio del Derecho Mayor, la Ley de Origen, el Derecho propio, y con fundamento en lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n del 30 de mayo de 1999 de la Mar\u00edaPiendam\u00f3, el Decreto n\u00famero 982 de 1999 y los Mandatos de los Congresos Regionales, expiden el Mandato n\u00famero 01-0718, donde se ratifica la Autoridad Territorial Econ\u00f3mico Ambiental. <\/p>\n\n\n\n
Que el Mandato de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica y Ambiental (ATEA) fue expedido por las autoridades ind\u00edgenas en la Junta Directiva de Autoridades Tradicionales, en cumplimiento del XII, XIII y XVI Congreso Regional del Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), de conformidad con sus formas y estructuras de gobierno propio reconocidas en el art\u00edculo 330 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n\n\n\n
Que, en concordancia con la declaraci\u00f3n de emergencia social, cultural, econ\u00f3mica, y ambiental de los pueblos ind\u00edgenas del Cauca abordados en el Decreto n\u00famero 982 de 1999 y reafirmada por el Decreto Ley 1811 de 2017, y con el prop\u00f3sito de atender y tomar las acciones urgentes para superar la emergencia en t\u00e9rminos de territorialidad, medio ambiente, desarrollo de normas constitucionales, econom\u00eda y seguridad alimentaria, se hace necesario reconocer el MANDATO n\u00famero 01-0718, de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mico Ambiental, como un instrumento de derecho propio de los pueblos adscritos al CRIC y establecer competencia y mecanismos de coordinaci\u00f3n con entidades competentes. <\/p>\n\n\n\n
Que, en el ejercicio del derecho propio y la con la autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el bloque de constitucionalidad y el Convenio 169 de 1989, las comunidades y autoridades que conforman el CRIC han construido de manera colectiva, participativa y pluralista, una propuesta normativa bajo su cosmovisi\u00f3n para la reafirmaci\u00f3n y ratificaci\u00f3n de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mico Ambiental en el ejercicio del fortalecimiento de la autonom\u00eda territorial, econ\u00f3mica y ambiental de acuerdo a la ley de origen, derecho mayor y derecho propio de cada pueblo ind\u00edgena. <\/p>\n\n\n\n
Que, conforme a lo anterior, se entiende agotado el derecho fundamental de los pueblos ind\u00edgenas referente a la consulta previa libre e informada del Mandato de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica y Ambiental (ATEA) en coherencia a los principios y normas previstas en la jurisprudencia Constitucional. <\/p>\n\n\n\n
DECRETA: <\/p>\n\n\n\n
CAP\u00cdTULO I <\/p>\n\n\n\n
Objeto y principios <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 1\u00ba. Objeto. Reconocer el Mandato de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica y Ambiental (ATEA) como un instrumento de derecho propio de las autoridades tradicionales de los pueblos ind\u00edgenas que conforman el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), as\u00ed como las competencias de sus autoridades y establecer los mecanismos de coordinaci\u00f3n y operativizaci\u00f3n entre estas y las entidades p\u00fablicas competentes, en armon\u00eda con la pol\u00edtica ind\u00edgena integral de la autoridad territorial econ\u00f3mica y ambiental, as\u00ed como de la Constituci\u00f3n, el bloque de constitucionalidad, la ley y dem\u00e1s instrumentos normativos que protegen los derechos territoriales, econ\u00f3micos y ambientales de los pueblos ind\u00edgenas. <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 2\u00ba. Principios. La interpretaci\u00f3n del presente decreto tendr\u00e1 como fundamento los siguientes principios que derivan del mandato ATEA, en armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el bloque de constitucionalidad, la ley y dem\u00e1s instrumentos normativos que protegen los derechos territoriales, econ\u00f3micos y ambientales de los pueblos ind\u00edgenas: <\/p>\n\n\n\n
\u201cA. Territorio: Es concebido de manera integral y comprende el espacio originario, f\u00edsico y espiritual en sus tres dimensiones, donde habitan los seres en familia ejerciendo sus derechos preexistentes e inherentes; es el coraz\u00f3n de la tierra, sustenta la vida, en \u00e9l se crea, revitaliza y vivencia la Ley Natural, Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, as\u00ed como el pensamiento, los valores, la memoria colectiva y constituye el \u00e1mbito tradicional de las actividades econ\u00f3micas, ambientales, culturales y espirituales de los pueblos ind\u00edgenas para la pervivencia; <\/p>\n\n\n\n
B. Cosmovisi\u00f3n y Espiritualidad: Es la relaci\u00f3n y la vivencia de los saberes, el sentir, pensar y actuar, desde la cosmovisi\u00f3n de los pueblos originarios que dinamiza la ley natural, la ley de origen, el derecho propio, derecho mayor, para mantener la armon\u00eda y equilibrio en los espacios de vida desde las pr\u00e1cticas ancestrales; <\/p>\n\n\n\n
C. Autodeterminaci\u00f3n: Los pueblos ind\u00edgenas establecen libremente los planes de vida a trav\u00e9s de las estructuras de gobierno propio en el marco de la ley natural, de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite gestionar sus intereses, determinar y ejercer competencias jurisdiccionales, pol\u00edticas, territoriales, administrativas, econ\u00f3micas, ambientales, entre otras, en el territorio; <\/p>\n\n\n\n
D. Soberan\u00eda y Autonom\u00eda alimentaria: Derecho fundamental de los pueblos ind\u00edgenas para producir, consumir, transformar, distribuir y comercializar las cosechas, productos, bienes y servicios derivadas de las econom\u00edas propias y comunitarias en armon\u00eda con los espacios de vida, que son reguladas, controladas y protegidas por las Autoridades Territoriales Econ\u00f3micas Ambientales. Igualmente, se garantiza el acceso a los beneficios del desarrollo tecnol\u00f3gico y otras prerrogativas que promueven el buen vivir; <\/p>\n\n\n\n
E. Integralidad: Es la relaci\u00f3n de armon\u00eda y equilibrio constante entre todos los seres de la naturaleza que habitan el territorio, garantiza la materializaci\u00f3n de los planes de vida y en ellos, los sistemas propios y el ejercicio de competencias jurisdiccionales, pol\u00edticas territoriales, administrativas, econ\u00f3micas, ambientales, entre otras, para el goce y la pervivencia de los pueblos; <\/p>\n\n\n\n
F. Armon\u00eda y Equilibrio: Son fuerzas naturales y principios que fundamentan la convivencia, el control social, el fortalecimiento del orden comunitario, el buen vivir, la defensa y protecci\u00f3n de los espacios de vida, en el marco de la Ley Natural, Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor; <\/p>\n\n\n\n
G. Deber de cuidado y protecci\u00f3n del Territorio: Toda persona natural o jur\u00eddica, p\u00fablica o privada, nacional o extranjera en el marco de la Ley Natural, Ley de Origen, el Derecho Propio, Derecho Mayor de los pueblos ind\u00edgenas y el presente decreto, es responsable de cuidar y proteger la integridad territorial y los espacios de vida; <\/p>\n\n\n\n
H. Pluralismo jur\u00eddico: Las normas que expidan las autoridades ind\u00edgenas, desde su autonom\u00eda jurisdiccional respecto de la protecci\u00f3n, preservaci\u00f3n, uso y manejo de los espacios de vida, el territorio, las formas de econom\u00edas propias, la propiedad intelectual, los derechos colectivos y derechos bioculturales, prevalecer\u00e1n y har\u00e1n parte del bloque jur\u00eddico intercultural de constitucionalidad; <\/p>\n\n\n\n
I. Progresividad: Los umbrales y est\u00e1ndares de protecci\u00f3n cultural, pol\u00edtica y jur\u00eddica adquiridos por los pueblos ind\u00edgenas en relaci\u00f3n al territorio, los sistemas econ\u00f3micos, al cuidado, protecci\u00f3n y administraci\u00f3n de los espacios de vida, deber\u00e1n garantizarse de tal manera que se fortalezcan y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser disminuidos o afectados en cualquier nivel actual y \u00e1mbito sustantivo de protecci\u00f3n de estos derechos colectivos; <\/p>\n\n\n\n
J. Rigor subsidiario: Las normas y medidas que las autoridades ind\u00edgenas expidan respecto de la protecci\u00f3n, cuidado y administraci\u00f3n de los espacios de vida, el ejercicio de la autonom\u00eda territorial, ambiental y econ\u00f3mica, el fortalecimiento de la soberan\u00eda alimentaria y del sistema econ\u00f3mico propio, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades p\u00fablicas para el cuidado y protecci\u00f3n de los espacios de vida, el territorio y el sistema econ\u00f3mico propio de las comunidades, o que exijan permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podr\u00e1n hacerse sucesiva y respectivamente m\u00e1s rigurosas, pero no m\u00e1s flexibles; <\/p>\n\n\n\n
K. Interpretaci\u00f3n cultural: Cuando surja alguna duda sobre la interpretaci\u00f3n de los t\u00e9rminos utilizados en el presente decreto, su alcance, objeto, o efectos, se acudir\u00e1 a las disposiciones constitucionales, al pensamiento, lenguaje, Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor de los diferentes pueblos originarios; <\/p>\n\n\n\n
L. Seguridad jur\u00eddica: El goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas sobre sus territorios y territorialidades, en todas las modalidades reconocidas en los Tratados y Declaraciones Internacionales sobre pueblos ind\u00edgenas, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la legislaci\u00f3n especial ind\u00edgena, los reglamentos y la jurisprudencia constitucional, consagra el respeto y la inalienabilidad de la relaci\u00f3n \u00fanica y especial que estos pueblos mantienen con tales territorios, la cual debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental para la pervivencia de sus culturas, su identidad, su vida material y espiritual, su integridad cultural y su autodeterminaci\u00f3n; <\/p>\n\n\n\n
M. Ley Natural, La ley de Origen, derecho propio y derecho mayor de los Pueblos Ind\u00edgenas: Representan el fundamento de vida que gobiernan y establecen la preexistencia a toda norma o reglamento y se materializan en el territorio originario, ancestral y tradicional, para proteger, cuidar, conservar la armon\u00eda, el equilibrio natural y territorial\u201d. <\/p>\n\n\n\n
CAP\u00cdTULO II. <\/p>\n\n\n\n
\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n, competencias y coordinaci\u00f3n <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 3\u00ba. \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n. Las disposiciones establecidas en el presente decreto aplican en los territorios originarios comprendidos por: los resguardos ind\u00edgenas, las reservas ind\u00edgenas, las tierras y territorios ocupados o pose\u00eddos ancestralmente y\/o tradicionalmente por los pueblos o comunidades ind\u00edgenas de los territorios que conforman el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), donde se haya solicitado la constituci\u00f3n, ampliaci\u00f3n, saneamiento, clarificaci\u00f3n, estructuraci\u00f3n, puesta en funcionamiento de la entidad territorial ind\u00edgena o la protecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica de dichos territorios. <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 4\u00ba. Competencia de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica Ambiental (ATEA). La ejercen las autoridades tradicionales conforme a los principios, normas, estructuras procedimientos que rigen dentro del \u00e1mbito territorial, cultural, econ\u00f3mico, social y jurisdiccional de los pueblos ind\u00edgenas en el marco de la Ley Natural, Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, integrada por sus componentes; Territorio, Espacios de vida y Sistema Econ\u00f3mico Propio, que se orienta a la protecci\u00f3n de los territorios ocupados o pose\u00eddos ancestralmente y\/o tradicionalmente por los pueblos o comunidades ind\u00edgenas de los territorios que conforman el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), sus formas de vida, el fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno, la autonom\u00eda y soberan\u00eda alimentaria desde el respeto y el uso arm\u00f3nico con la naturaleza. <\/p>\n\n\n\n
En el ejercicio de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica Ambiental, las comunidades de los pueblos ind\u00edgenas y sus autoridades ancestrales y\/o tradicionales establecen libremente sus formas y estructuras de gobierno propio, revitalizan, reglamentan, administran y fortalecen el desarrollo econ\u00f3mico, social, cultural y ambiental en su territorio ancestral y\/o tradicional. <\/p>\n\n\n\n
Par\u00e1grafo. En cuanto a terceros, las autoridades tradicionales se coordinar\u00e1n con las autoridades p\u00fablicas competentes para el ejercicio de sus competencias, conforme a los mecanismos que se establezcan para el efecto. <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 5\u00ba. Competencia general. Las autoridades tradicionales y\/o ancestrales de los territorios y territorialidades ind\u00edgenas que conforman el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC) son competentes para ordenar, regular, preservar, cuidar, conservar, restaurar, proteger, disponer, aprovechar, vigilar, revitalizar y salvaguardar el territorio, los espacios de vida y el fortalecimiento del sistema econ\u00f3mico propio, el buen vivir, y en armon\u00eda con los art\u00edculos 3\u00b0 y 4\u00b0 del presente decreto. <\/p>\n\n\n\n
Estas competencias se ejercer\u00e1n de manera razonable y proporcionada garantiz\u00e1ndose el cumplimiento de los mecanismos y procedimientos internos de participaci\u00f3n comunitaria, conforme a la Ley Natural, Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, los planes de vida y de acuerdo con los usos y costumbres, y los sistemas de conocimiento de los pueblos o comunidades ind\u00edgenas que conforman el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC). <\/p>\n\n\n\n
Par\u00e1grafo. En armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto y el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, el Gobierno nacional, en un plazo de nueve (9) meses, expedir\u00e1 dentro del marco de las competencias de cada uno de los sectores y ministerios las reglamentaciones sobre el fortalecimiento del sistema econ\u00f3mico propio y del buen vivir, en particular, los instrumentos normativos que resulten necesarios para: 1. Fortalecer los mecanismos de protecci\u00f3n y financiaci\u00f3n de las unidades productivas ind\u00edgenas; 2. Crear la pol\u00edtica de financiaci\u00f3n para el fortalecimiento del sistema econ\u00f3mico propio y el buen vivir en toda la cadena de producci\u00f3n, adquisici\u00f3n de insumos, transformaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n; 3. Definir e implementar los mecanismos que contribuyan al eficaz desarrollo del modelo econ\u00f3mico ATEA, industrial, agroindustrial, de servicios y comercial, bajo una normativa especial para el buen vivir en los territorios ind\u00edgenas que conforman el CRIC, en concordancia con sus planes de vida; y 4. Crear el centro de innovaci\u00f3n y productividad y el Centro Financiero con identidad. <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 6\u00ba. Coordinaci\u00f3n entre las Autoridades de los Pueblos Ind\u00edgenas (CRIC) y las entidades competentes. La Autoridad Territorial Econ\u00f3mico Ambiental (ATEA), de conformidad con los art\u00edculos 2\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba de este decreto, se coordinar\u00e1 con las entidades competentes. Esto, en armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el bloque de constitucionalidad, la ley y dem\u00e1s instrumentos normativos que protegen los derechos territoriales, econ\u00f3micos y ambientales de los pueblos ind\u00edgenas. <\/p>\n\n\n\n
Par\u00e1grafo. En el marco de la Comisi\u00f3n Mixta del Decreto n\u00famero 1811 de 2017, en un plazo de nueve (9) meses, se concertar\u00e1 un protocolo de coordinaci\u00f3n, concurrencia y subsidiariedad entre las autoridades competentes en las materias respectivas y las autoridades de los pueblos ind\u00edgenas que conforman el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), en armon\u00eda con el art\u00edculo 288 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y en desarrollo del di\u00e1logo intercultural y el respeto por los saberes propios y cient\u00edficos. <\/p>\n\n\n\n
CAP\u00cdTULO III. <\/p>\n\n\n\n
Financiaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Integral de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica Ambiental (ATEA) <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 7\u00ba. Financiaci\u00f3n de la pol\u00edtica integral de la autoridad territorial econ\u00f3mica ambiental (ATEA). La financiaci\u00f3n de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica Ambiental ATEA provendr\u00e1 de recursos p\u00fablicos, entre otros, de los compromisos adquiridos por las diferentes entidades del Gobierno nacional, en el marco del respectivo Plan Cuatrienal adoptado por la Comisi\u00f3n Mixta para el Desarrollo Integral de la Pol\u00edtica P\u00fablica Ind\u00edgena del departamento del Cauca, establecida en el Decreto n\u00famero 1811 de 2017. <\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), suscribir\u00e1 contratos, convenios marco y espec\u00edficos con las diferentes entidades p\u00fablicas competentes, de conformidad con el Estatuto General de contrataci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica y, en especial, las dem\u00e1s normas aplicables para contrataci\u00f3n con pueblos ind\u00edgenas. Para ello, el CRIC podr\u00e1 contar con asesor\u00eda especializada y con enfoque diferencial por parte de Colombia Compra Eficiente para garantizar la eficacia del presente inciso. <\/p>\n\n\n\n
Par\u00e1grafo. Para la financiaci\u00f3n prevista en el inciso primero de este art\u00edculo, se establecer\u00e1n par\u00e1metros en los instrumentos t\u00e9cnicos, jur\u00eddicos y presupuestales que garanticen cada uno de los componentes de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica ambiental (ATEA), de conformidad con los plazos y lo dispuesto en el art\u00edculo 6\u00ba del presente decreto. <\/p>\n\n\n\n
Art\u00edculo 8\u00ba. El presente decreto rige a partir de su publicaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Publ\u00edquese, comun\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n\n\n\n
Dado a los 28 de agosto de 2024. <\/p>\n\n\n\n
GUSTAVO PETRO URREGO <\/p>\n\n\n\n
El Ministro del Interior, <\/p>\n\n\n\n
Juan Fernando Cristo Bustos. <\/p>\n\n\n\n
El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, <\/p>\n\n\n\n
Ricardo Bonilla Gonz\u00e1lez <\/p>\n\n\n\n
La Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, <\/p>\n\n\n\n
Martha Viviana Carvajalino Villegas <\/p>\n\n\n\n
El Ministro de Minas y Energ\u00eda, <\/p>\n\n\n\n
Andr\u00e9s Camacho Morales. <\/p>\n\n\n\n
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, <\/p>\n\n\n\n
Luis Carlos Reyes Hern\u00e1ndez. <\/p>\n\n\n\n
La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, <\/p>\n\n\n\n
Mar\u00eda Susana Mahumad Gonz\u00e1lez. <\/p>\n\n\n\n
El Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, <\/p>\n\n\n\n
Alex\u00e1nder L\u00f3pez Maya. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
DECRETO LEY 1094 DE 2024 (agosto 28) por el cual se reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Econ\u00f3mica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos ind\u00edgenas del Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC), se establecen competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinaci\u00f3n para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[88],"tags":[],"class_list":["post-58462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-decretos-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58462"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58462\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58463,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58462\/revisions\/58463"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/decretos\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}