LEY 62 DE 1979

(diciembre 21)

por medio de la cual se aprueba el “Protocolo relativo a una enmienda al artículo 50, a), del Convenio de Aviación Civil Internacional”, firmado en Montreal el 16 de octubre de 1974.

El Congreso de Colombia

DECRETA :

ARTICULO 1º.-Apruébase el “Protocolo relativo a una enmienda al artículo 50, a), del Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, firmado en Montreal el 16 de octubre de 1974, que a la letra dice:

“PROTOCOLO

Relativo a una enmienda al artículo 50, a), del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Montreal el 16 de octubre de 1974.

La Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, habiéndose reunido en su vigésimo primer período de sesiones en Montreal el 14 de octubre de 1974;

Habiendo tomado nota del deseo general de los Estados Contratantes de aumentar el número de miembros del Consejo;

Habiendo considerado que, a tal fin, es necesario modificar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944,

1. Aprueba, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 94 del mencionado Convenio, la siguiente propuesta de enmienda a dicho Convenio:

Que en el párrafo a) del artículo 50 del Convenio se enmiende la segunda frase, sustituyendo ‘treinta’ por ‘treinta y tres’.

2. Fija, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 94 del mencionado Convenio, en ochenta y seis el número de Estados Contratantes, cuya ratificación es necesaria para que dicha enmienda entre en vigor, y

3. Decide que el Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional redacte un Protocolo, en los idiomas español, francés e inglés, cada uno de los cuales tendrá la misma autenticidad, que contenga la propuesta de enmienda anteriormente mencionada, así como las disposiciones que se indican a continuación:

a) El Protocolo será firmado por el Presidente y el Secretario General de la Asamblea.

b) El Protocolo quedará abierto a la ratificación de todos los Estados que hayan ratificado el mencionado Convenio sobre Aviación Civil Internacional o se hayan adherido al mismo.

c) Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Organización de Aviación Civil Internacional.

d) El Protocolo entrará en vigor, con respecto a los Estados que lo hayan ratificado, en la fecha en que se deposite el octogésimo sexto instrumento de ratificación.

e) El Secretario General comunicará inmediatamente a todos los Estados Contratantes la fecha de depósito de cada una de las ratificaciones del Protocolo.

f) El Secretario General notificará inmediatamente la fecha de entrada en vigor del Protocolo a todos los Estados Partes en dicho Convenio.

g) El Protocolo entrará en vigor, respecto a todo Estado Contratante que lo ratifique después de la fecha mencionada, a partir del momento en que se deposite su instrumento de ratificación en la Organización de Aviación Civil Internacional.

Por lo tanto, de acuerdo con la mencionada decisión de la Asamblea, el presente Protocolo ha sido redactado por el Secretario General de la Organización;

Hecho en Montreal el diez y seis de octubre del año de mil novecientos setenta y cuatro, en un documento único redactado en los idiomas español, francés e inglés, cada uno de los cuales tendrá la misma autenticidad. El presente Protocolo quedará depositado en los archivos de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Secretario General de la Organización transmitirá copias certificadas conformes del mismo a todos los Estados Partes en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional hecho en Chicago el siete de diciembre de 1944.

Es copia fiel y auténtica.

Dirección de Asuntos Jurídicos. (Fdo.), ilegible.

Hay un sello que dice OACI.

Rama Ejecutiva del Poder Público-Presidencia de la República.-Bogotá, D. E., 24 de octubre de 1978.

Aprobado.-Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Diego Uribe Vargas”.

Es fiel copia del texto certificado del Protocolo relativo a una enmienda al artículo 50, a), del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal el 16 de octubre de 1974, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Fdo.) Humberto Ruíz Varela, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos.

Bogotá, D. E., agosto de 1979.

ARTICULO 2º.-Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944, en relación con el Protocolo que por esta misma Ley se aprueba.

Dada en Bogotá, D. E., a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

El Presidente del Senado, HECTOR ECHEVERRI CORREA, El Presidente de la Cámara de Representantes, ADALBERTO OVALLE MUÑOZ, El Secretario General del Senado, Amaury Guerrero. El Secretario General de la Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., 21 de diciembre de 1979.

Comuníquese y ejecútese.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Uribe Vargas.

El Jefe del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil,

encargado,

Teniente Coronel Alberto Guzmán Molina.

LEY 61 DE 1979

(diciembre 21)

por la cual se dictan normas sobre la industria del carbón y se establece un impuesto.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1°. A partir de la vigencia de la presente Ley la exploración y explotación de carbón mineral de propiedad de la Nación sólo podrá realizarse mediante el sistema de aporte otorgado por el Ministerio de Minas y Energía a empresas industriales y comerciales del Estado, del orden nacional, que tengan entre sus fines dicha actividad.

Para los efectos del inciso anterior, entiéndese por aporte el otorgamiento que hace el Estado, a través del Ministerio de Minas y Energía, del derecho a explorar y explotar sus reservas carboníferas a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional. Las entidades titulares de aporte podrán llevar a cabo estas actividades directamente o mediante contratos celebrados con particulares.

En el sistema de aporte las empresas oficiales beneficiarias no estarán sujetas a la limitación de áreas, ni a los términos de exploración, montaje y explotación a que están sometidos los sistemas de licencias, permisos y concesiones de que trata el Decreto 1275 de 1970.

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo:

a) Las áreas de permisos, licencias o contratos de concesión otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley;

b) Las áreas objeto de solicitudes o propuestas de personas que las hubieran estado explotando antes de la vigencia del Decreto 2533 de 1973 y que continúen explotándolas a la vigencia de la presente Ley.

Parágrafo. Las áreas que por causa de cancelación, caducidad, renuncia o cualquier otra causa quedaren libres, se someterán al régimen previsto en este artículo.

ARTICULO 2°. Los equipos y maquinarias, sus accesorios y repuestos, que se importen al país para ser utilizados directa y exclusivamente en la exploración, explotación, beneficio y transformación del carbón mineral, o que estén destinados a efectuar sustitución de consumos de hidrocarburos por carbón, previa aprobación del Ministerio de Minas y Energía. No pagarán impuestos de aduanas.

Así mismo quedarán cobijados por la exención de que trata el inciso anterior, las materias primas o partes importadas para la fabricación en el país de los mismos equipos e implementos.

Los equipos, accesorios, maquinarias y repuestos destinados a efectuar la sustitución mencionada en el presente artículo podrán depreciarse, para efectos fiscales, en un plazo de cinco (5) años.

ARTICULO 3°. Créase el Fondo Nacional del Carbón, como un sistema de manejo de cuentas, cuyo objeto será financiar proyectos y programas de exploración, explotación, beneficio, transporte, embarque y comercialización de carbón mineral.

a) El producido del impuesto establecido en la presente Ley, en las condiciones y cuantías señaladas en la misma;

b) Los ingresos que se liquiden como producto de las operaciones realizadas con los recursos del mismo Fondo;

c) Los aportes que reciba del Presupuesto Nacional, y

d) Los demás bienes que se le asignen a cualquier título.

Parágrafo. Carbocol tendrá a su cargo, con su propio personal, la administración y disposición de los recursos de dicho Fondo en la forma y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.

ARTICULO 4°. A partir del 1º de enero de 1980 todas las personas que a cualquier título exploten carbón en el territorio nacional pagarán un impuesto igual al 5% del valor en boca de mina del mineral extraído, impuesto que será recaudado por el Fondo Nacional del Carbón.

Para los efectos previstos en el presente artículo, el Ministerio de Minas y Energía determinará para cada semestre el precio básico por tonelada de carbón, sobre el cual se liquidará en todo el país el citado impuesto.

Parágrafo 1°. Las personas que celebren o hayan celebrado contratos con entidades, oficiales descentralizadas para explorar y explotar carbón, en los cuales se estipulen algunas clases de cánones o participaciones, pagarán como impuesto el mayor valor que resulte de aplicar la tarifa estipulada en el presente artículo y el monto de dichos cánones y participaciones.

Parágrafo 2°. Para efectos del impuesto sobre la renta, serán deducibles las sumas que por concepto del impuesto establecido en este artículo se paguen durante el respectivo año o período gravable.

Parágrafo 3°. Las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de este impuesto deberán acompañar el paz y salvo del Fondo Nacional del Carbón a su declaración de renta. Este paz y salvo será necesario para que la Administración de Impuestos Nacionales pueda reconocer las exenciones y deducciones establecidas para el impuesto sobre la renta, patrimonio y complementarios del contribuyente.

ARTICULO 5°. Quedará exento del impuesto establecido en el artículo anterior el carbón no coquizable que se suministre a las plantas térmicas de generación eléctrica para servicio público y aquellas destinadas a la producción de combustibles sintéticos y otros productos que sustituyan el uso de hidrocarburos.

ARTICULO 6°. El producido del impuesto de que trata el artículo 4o. de esta Ley se distribuirá así: un sesenta por ciento (60%) ingresará al Fondo Nacional del Carbón y el cuarenta por ciento (40%) restante corresponderá por mitades a los Departamentos y Municipios en cuyo territorio se adelante la explotación. La inversión de este recurso será exclusivamente con los fines previstos en el artículo 6º del Decreto 1245 de 1974.

Parágrafo. El Fondo Nacional del Carbón entregará a los Municipios y Departamentos el producto de este impuesto por trimestres vencidos.

ARTICULO 7°. Carbones de Colombia S. A., Carbocol, conservará su actual estructura de sociedad comercial e industrial del Estado, y la totalidad de sus acciones deberá pertenecer en todo tiempo a entidades descentralizadas del orden nacional.

Carbocol, a partir del año gravable de 1979, tendrá derecho a deducir de su renta el valor de la inversión que compruebe haber efectuado en el respectivo año gravable en exploración, explotación, beneficio y transformación de carbón mineral. En el caso de que se solicite esta deducción, no se aceptarán pérdidas en el respectivo ejercicio fiscal.

ARTICULO 8°. Además de las señaladas en las disposiciones vigentes, será causal de cancelación y caducidad de los permisos, licencias, concesiones y aportes sobre carbón, el incumplimiento no justificado de las normas sobre higiene y seguridad mineras que adopte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 9°. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. E., a los once días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., 21 de diciembre de 1979.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E),

Guillermo Nuñez Vergara.

El Ministro de Minas y Energía,

Alberto Vásquez Restrepo.

LEY 60 DE 1979

(DICIEMBRE 21)

Por la cual se rinde homenaje a distinguidos ciudadano.

El congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-La República rinde homenaje de gratitud y admiración a los eminentes ciudadanos y doctores Angel Martín Vásquez Abad, José J. Gómez, Eduardo Fernández Botero, Hernán Toro Agudelo y Eudoro González, quienes prestaron grandes servicios al país, como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Medellín, altos funcionarios del Estado colombiano y parlamentario, engrandecieron la cátedra universitaria con su sabiduría y dejaron lección perenne a las juventudes con sus obras jurídicas.

ARTICULO 2º.-Retratos ejecutados por artistas colombianos perpetuarán la memoria de los ilustres juristas mencionados y serán colocados en los sitios que señale el Ministerio de Justicia.

ARTICULO 3º.-Las obras “Derecho Penal Colombiano” del doctor Angel Martín Vásquez Abad, “Régimen Legal de Bienes en el Matrimonio” y “De los Bienes” del doctor José J. Gómez, “Las Constituciones Colombianas Comparadas” del doctor Eduardo Fernández Botero, “Estudios Constitucionales” del doctor Hernán Toro Agudelo y “Comentarios al Código Civil”, del doctor Eudoro González Gómez, serán editadas por cuenta del Estado colombiano.

ARTICULO 4º.-Destínase la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.00) para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del esta ley. Dicha suma será incluida en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia próxima. Si ello no se hiciere así, se autoriza expresamente al Gobierno para hacer el traslado necesario para ello.

ARTICULO 5º.-Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a … de … de mil novecientos setenta y nueve (1979).

El Presidente del honorable Senado de la República, HECTOR ECHEVERRI CORREA, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ADALBERTO OVALLE MUÑOZ, el Secretario General del honorable Senado de la República, Amaury Guerrero, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia- Gobierno Nacional

Bogotá, D.E. 21 de diciembre de 1979.

Publíquese y ejecútese.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Justicia,

Hugo Escobar Sierra.

LEY 6 DE 1979

ENERO 24)

Por la cual se conceden unas facultades extraordinarias, relacionadas con la

expedición y vigencia de un nuevo Código de Procedimiento Penal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de dos años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, para expedir y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, siguiendo los lineamientos generales del anteproyecto de Código del Procedimiento Penal presentado por el Gobierno a la Cámara de Representantes el día 3 de agosto de 1978, en cuanto no se oponga a las bases enunciadas a continuación. El mencionado proyecto formará parte del expediente para los efectos de esta Ley:

a) La orientación filosófica del Código consultará los principios constitucionales y de universal vigencia que garantizan los derechos de la Sociedad sin desmedro de los del procesado, tales como el de legalidad, derecho de defensa, favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad, lealtad entre las partes y el de adecuación a los tratados internacionales relativos a los derechos humanos del individuo;

b) La estructura general del proceso descansará sobre una función instructora, una función de acusación y una función de juzgamiento;

c) El proceso se organizará sobre un sistema mixto, con marcada acentuación hacía el acusatorio, eliminando el auto de proceder, el sobreseimiento temporal, y en lo posible el procedimiento escrito, además se consagrará el Principio de la Excarcelación;

d) En desarrollo de la función de perseguir los delitos y contravenciones que la Constitución Nacional atribuye al Ministerio Público, al Fiscal General de la Nación o a quien haga sus veces, se reglamentará la manera como éste debe formular el cargo, en los casos en que a ello hubiere lugar, otorgándole la calidad de parte acusadora;

e) Se establecerán:

1º Un término de instrucción breve;

2º El sistema de inmediación de la prueba;

3º Poder de coerción del Juez frente a las partes y a los testigos, y

4º Simplificación de los sistemas de notificaciones;

f) Se reglamentará la Policía Judicial, la cual ejercerá sus funciones bajo la exclusiva dirección y dependencia de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal o de la Fiscalía General de la Nación; buscando la Integración de Unidades de Policía Judicial bajo la coordinación del Juez Instructor o de quien haga sus veces y asegurando que la instrucción sea continua, para todo lo cual se les adscribirán también las oficinas Médico-legales y los Laboratorios Forenses;

g) Fuera de los casos de flagrancia y cuasiflagrancia la captura obrará exclusivamente por orden de la autoridad judicial. El sindicado tendrá derecho de ser asistido por un abogado en todos los interrogatorios a que sea sometido y a conferenciar con él desde el momento mismo de la captura, además, el sindicado no estará obligado a declarar, pero silo quiere hacer, deberá prestar juramento y podrá ser interrogado como cualquier testigo;

h) La defensa y la acusación participarán en el proceso en absoluto pie de igualdad;

i) La suspensión condicional de la sentencia deberá extenderse para todos los casos de penas cortas, con excepción de la reincidencia;

j) Se adoptará un sistema legal con el fin de establecer medios mecánicos modernos para la adecuación de pruebas y la documentación de los actos procesales;

k) Se consagrará un eficaz sistema de habeas corpus y se conservará el principio de las dos instancias;

l) Se conservará la institución del jurado de conciencia; se reglamentará con miras a asegurar su operatividad y se determinarán los delitos que deban ser juzgados con esta ritualidad, incluyendo necesariamente el de homicidio;

II) Además del procedimiento ordinario, se establecerán uno especial, abreviado, para los casos de flagrancia, cuasiflagrancia y confesión y para el juzgamiento de delitos de escasa significación jurídico penal y otro policivo, para delitos de poca entidad;

m) Aquellos Municipios donde, por el escaso volumen de trabajo, no se justifiquen un juez del conocimiento permanente, serán integrados en círculos. Para cada círculo será nombrado un solo Juez. Cuando las circunstancias varíen, el Gobierno, previo concepto favorable de la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, desintegrará los círculos y creará el Juzgado para cada uno de los Municipios que lo componían.

ARTICULO 2º.-El Presidente ejercerá las facultades asesorado de una comisión integrada por dos Senadores y tres Representantes, nombrados por las Mesas Directivas de las Comisiones Primera de ambas Cámaras y por un miembro de la Comisión redactora del anteproyecto de Código de Procedimiento Penal, designado por el Gobierno.

ARTICULO 3º.-El nuevo Código entrará en vigencia un año después de su expedición, previa la divulgación del mismo que adelantara el Ministerio de Justicia.

ARTICULO 4º.-El Gobierno rendirá al Congreso informe acerca de la manera como ejerció las facultades y lo hará dentro de los treinta(30) días siguientes a la expedición del Código, si estuviere reunido el Congreso, o dentro de los treinta primeros días de las próximas sesiones ordinarias.

ARTICULO 5º.-Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción.

Dada En Bogotá, D. E., a de mil novecientos setenta y ocho (1978).

República de Colombia-Gobierno Nacional

Bogotá, D. E.. 24 de enero de 1979.

Publíquese y ejecútese.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Justicia.

Hugo Escobar Sierra.