LEY 9 DE 1978

(AGOSTO 4)

Por la cual se autoriza una emisión especial de monedas de oro y plata para fines conservacionistas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-Autorízase al Gobierno Nacional para realizar, a través del Banco de la República, una emisión especial de monedas de otro y plata de curso legal y de circulación en Colombia, de tipo conmemorativo y para fines conservacionistas de la naturaleza y preservación de las especies animales y vegetales en peligro de extinción en el país. Tales monedas podrán distribuirse en el exterior con fines numismáticos.

ARTICULO 2º.-La Junta Monetaria reglamentará las características y el monto de la emisión y fijará las condiciones de venta de las monedas. La Ley, peso, tipo y denominación de las monedas cuya emisión se autoriza, deberán guardar relación con el previo internacional del oro y plata.

Los contratos o convenio que el Banco de la República celebre para la acuñación, distribución y venta de las monedas se harán de acuerdo con los precedentes y las reglamentaciones que al efecto señale la Junta Monetaria y solo requerirá para su validez la aprobación del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros.

ARTICULO 5º.-Para la efectividad de los fines propuestos, el Gobierno, a través del Instituto de los Recursos Naturales-INDERENA-y de la Sociedad Colombiana de Ecología y demás organismos nacionales afines, proyectará, coordinará y acordará, con la asesoría de las organizaciones o entidades internacionales cuya finalidad es la conservación de la fauna y las zonas naturales, la preparación y ejecución de los proyectos y programas a realizarse en el país con los recursos obtenidos por la emisión, acuñación y venta de las monedas objeto de esta Ley.

ARTICULO 6º.-Esta ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a los veinticinco días del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho.

El Presidente del honorable Senado, GUILLERMO PLAZAS ALCID, El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, JORGE MARIO EASTMAN, el Secretario General del honorable Senado, Amaury Guerrero, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia- Gobierno Nacional

Bogotá, 4 de agosto de 1978.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alfonso Palacio Rudas.

LEY 8 DE 1978

(agosto 4)

“por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica”, firmado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el 17 de marzo de 1977″.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º.-Apruébase el “Tratado sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, República de Costa Rica el 17 de marzo de 1977, que dice: Tratado sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica. La República de Colombia y la República de Costa Rica.

Conscientes de que la cooperación y reciprocidad internacional constituyen el mejor medio para resolver los asuntos de interés común de las naciones amigas. Acordes en la convivencia y necesidad de proceder a la deleitación de sus áreas marinas y submarinas en el Mar Caribe.

Entendidas respecto a la salvaguardia de la soberanía y jurisdicción de las áreas marinas propias de cada país y de la franca y expedita comunicación a través de éstas. Mutuamente interesadas en la adopción de medidas adecuadas para la preservación, conservación y aprovechamiento de los recursos existentes en dichas áreas y para la prevención, control y eliminación de la contaminación de las mismas, han resuelto celebrar un Tratado y a tal efecto han designado como sus Plenipotenciarios a saber: Su Excelencia el señor Presidente de la República de Colombia, el señor doctor Heraclio Fernández Sandoval, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Costa Rica. Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor Licenciado Gonzalo J. Facio, Ministro de Relaciones Exteriores;

Quienes habiéndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes, los que han sido hallados en buena y debida forma han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I

Señalar como límite entre sus respectivas áreas marinas y submarinas que estén establecidas o puedan establecerse en el futuro las siguientes líneas:

A. A partir de la intersección de una línea recta, trazada con azimut 225 grados (45 grados suroeste) desde un punto ubicado en Latitud Norte 11 grados 00′ 00″ y Longitud Oeste 81 grados 15′ 00″ con el paralelo 10 grados 49′ 00″ Norte. Por el citado paralelo hacia el Oeste, hasta su intersección con el meridiano 82 grado 14′ 00″ Oeste.

B. Desde la intersección del Paralelo 10 grado 49′ 00″ Norte y el Meridiano 82 grados 14′ 00″ Oeste, el límite continúa por el citado meridiano hacia el Norte, hasta donde la delimitación deba hacerse con un tercer Estado. Parágrafo. Las líneas y los puntos acordados están señalados en la carta náutica que, firmada por los Plenipotenciarios, se agrega al presente Tratado como anexo, siendo entendido que en todo caso prevalecerá el tenor del Tratado.

Aceptar y respetar las modalidades mediante las cuales cada uno de los dos Estados ejerce actualmente o pudiere ejercer en el futuro su soberanía, jurisdicción, vigilancia, control o derechos en las áreas marinas y submarinas adyacentes a sus costas, delimitadas en virtud de este Tratado, de conformidad con lo que cada país haya establecido o estableciere en el futuro y con las regulaciones propias de su derecho interno.

ARTICULO III

Desarrollar la más amplia cooperación entre los dos países para la protección de los recursos renovables y no renovables que se encuentren dentro de las áreas marinas y submarinas sobre las que ejercen o llegaren a ejercer en el futuro soberanía, jurisdicción o vigilancia y para utilizar tales recursos en beneficio de sus pueblos y de su desarrollo nacional.

ARTICULO IV

Propiciar la más amplia cooperación internacional para coordinar las medidas de conservación que cada Estado aplique en las zonas de mar sometidas a su soberanía o jurisdicción, particularmente en referencia a las especies que se desplazan más allá de sus respectivas zonas jurisdiccionales, tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos regionales correspondientes y los datos científicos más veraces y actualizados. Dicha cooperación internacional no menoscabará el derecho soberano de cada Estado para adoptar dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones marítimas, las normas y regulaciones que les parecieren pertinentes.

ARTICULO V

Prestarse mutuamente las mayores facilidades posibles con el propósito de desarrollar las actividades de explotación y utilización de los recursos vivos de sus respectivas zonas jurisdiccionales marítimas, mediante el intercambio de informaciones, la cooperación en la investigación científica, la colaboración técnica y el estímulo a la formación de empresas mixtas.

ARTICULO VI

Cada una de las partes manifiesta su decisión de cooperar con la otra, según sus posibilidades en la aplicación de las medidas más adecuadas para impedir, reducir y controlar toda contaminación del medio marino que afecte al Estado vecino, cualquiera sea la fuente de la cual provenga.

ARTICULO VII

Propiciar la más amplia cooperación para promover el desenvolvimiento expedito de la navegación internacional en los mares sometidos a la soberanía o jurisdicción de cada Estado.

ARTICULO VIII

El presente Tratado será sometido para su ratificación, a los trámites constitucionales de las Altas Partes Contratantes y entrará en vigencia al canjearse los instrumentos de ratificación, lo que se llevará a efecto en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Este Tratado se firma en doble ejemplar, en idioma español, cuyos textos son igualmente auténticos. Firmado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, a los 17 días del mes de marzo de 1977.

Rama Ejecutiva del Poder Público-Presidencia de la República.

Bogotá, D. E., julio 19 de 1977.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre.

Es fiel copia del texto original del Tratado sobre delimitación de Areas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el 17 de marzo de 1977, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Jefe de la División de Asuntos Jurídicos, Humberto Ruiz Varela.

(Hay un sello).

Artículo 2º.-Esta Ley entrará en vigencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944.

Dada en Bogotá, D.E., a los veinticinco días del mes de julio de mil novecientos setenta y ocho.

El Presidente del honorable Senado, GUILLERMO PLAZAS ALCID. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Jorge Mario Eastman. El Secretario del honorable Senado, Amaury Guerrero. El Secretario de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogotá, D.E., agosto 4 de 1978.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre.

LEY 7 DE 1978

(agosto 4)

por medio de la cual se aprueban los Estatutos del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), aprobados en Cali, Colombia, el 12 de marzo de 1976.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º.-Apruébanse los Estatutos del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), aprobados el 12 de marzo de 1976 en la ciudad de Cali, Colombia, y cuyo texto es el siguiente:

Estatuto del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA).

Los Gobiernos de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Teniendo presente que el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, creado en Cozumel, Quintana Roo, México en noviembre de 1974, se basa en los principios de igualdad soberana y de respeto mutuo entre los Países Miembros;

Dada la importancia que tiene el azúcar en las economías de dichos países;

Convencidos de que una más estrecha cooperación y una acción concertada contribuirán al adecuado ordenamiento del mercado azucarero para la defensa de los ingresos que perciben los Países Miembros por sus exportaciones de azúcar.

Decididos a fortalecer la complementación regional dentro de un creciente proceso de integración en el ámbito latinoamericano;

Considerando que dicha complementación debe realizarse dentro del espíritu de la declaración y del programa de acción sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados;

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del SELA es el “diseñar y reforzar mecanismos y formas de asociación que permitan a los Países Miembros obtener precios remuneradores, asegurar mercados estables para la exportación de sus productos básicos y manufacturados y acrecentar su poder de negociación”;

Deciden que el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, que en adelante se denominará “el Grupo”, se regirá por los siguientes Estatutos:

Objetivos y funciones.

Artículo 1º.-Son objetivos y funciones del Grupo:

a) Servir como un mecanismo flexible de consulta y de coordinación sobre las cuestiones comunes relativas a la producción y comercialización del azúcar;

b) Contribuir a la creación de mecanismos adecuados para delinear y realizar fórmulas de cooperación e integración, congruentes con las obligaciones derivadas de los tratados en vigor de los cuales sean parte los Países Miembros;

c) Propiciar el desarrollo adecuado y armónico de la industria azucarera de los Países Miembros;

d) Coadyuvar a la adopción de posiciones comunes en reuniones y negociaciones internacionales relacionadas con el azúcar;

e) Propiciar acciones solidarias ante situaciones especiales que afronten Países Miembros en materia de Azúcar;

f) Coordinar políticas tendientes a lograr niveles de precios justos y remunerativos;

g) Incrementar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los organismos y las entidades encargadas de la ejecución de la política en materia de comercialización externa del azúcar de los Países Miembros;

h) Intercambiar conocimientos científicos y tecnológicos en materia de campo, fábrica y utilización de los subproductos de la caña de azúcar;

i) Mantener un servicio de información periódico de carácter operativo, que pueda servir a los Países Miembros para orientar su política de comercialización del producto;

j) Analizar las posibilidades de complementación industrial en todas las ramas de la actividad de la industria azucarera; y

k) Otros objetivos y funciones que contribuyan al desarrollo del principio básico contenido en el inciso a) de este artículo.

CAPITULO II

Miembros.

Artículo 2º.-Son Miembros del Grupo todos los países independientes de América Latina y del Caribe, exportadores tradicionales de azúcar, que hayan aceptado o ratificado los presentes Estatutos de conformidad con el artículo 37.

CAPITULO III

Observadores.

Artículo 3º.-La Asamblea podrá aceptar, por unanimidad, la participación de países observadores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser independiente;

b) Ser exportador tradicional de azúcar;

c) Ser Miembro del Grupo de los 77; y

d) Haber manifestado expresamente su deseo de participar en el Grupo.

Artículo 4º.-La Asamblea podrá conceder, por unanimidad, el status de observador a cualquier organización intergubernamental regional o subregional de América Latina o del Caribe, que así lo haya solicitado, en la que participen Países Miembros del Grupo.

Una vez concedido aquel status, la organización de que se trate deberá estar representada por nacionales de Países Miembros del Grupo.

CAPITULO IV

Organización.

Artículo 5º.-El Grupo tiene los siguientes órganos permanentes:

a) La Asamblea, y

b) El Secretariado.

Artículo 6º.-La Asamblea es el órgano supremo del Grupo y estará integrada por todos los Países Miembros. Cada País Miembro nombrará un representante y, si así lo desea, uno o más suplentes y asesores.

Artículo 7º.-. La Asamblea tendrá poderes para examinar todos los asuntos de la competencia del Grupo, adoptar resoluciones y decisiones y formular recomendaciones de conformidad con los presentes Estatutos.

Artículo 8º.-Como norma general la Asamblea celebrará uno o dos períodos ordinarios de sesiones cada año calendario. También podrá celebrar períodos extraordinarios de sesiones cuando así lo decida la propia Asamblea o cuando lo solicite la mayoría de los Países Miembros.

Artículo 9º.-La fecha y lugar de los períodos ordinarios de sesiones serán determinados por la Asamblea.

Artículo 10.-Los períodos de sesiones de la Asamblea serán convocados por el Secretario Ejecutivo y se celebrarán en la sede del Secretariado o bien en cualquier País Miembro que ofrezca ser el lugar en que se celebre el período de sesiones de que se trate.

Artículo 11.-Los períodos de sesiones de la Asamblea deberán ser convocados con 30 días de anticipación por lo menos. Con la convocatoria se acompañará el proyecto de agenda de las sesiones.

Artículo 12.-El quórum de cualquier reunión de la Asamblea estará constituido por la presencia de dos tercios de los Países Miembros con derecho a voto.

Artículo 13.-La Asamblea tendrá las siguientes atribuciones:

a) Adoptar todas las medidas y decisiones que los Países Miembros consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Grupo regulados por el artículo 1º de los presentes Estatutos;

b) Elegir y remover al Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo Adjunto y a los Secretarios Asistentes del Grupo;

d) Aprobar el Plan de Trabajo del Secretariado;

e) Aprobar y modificar reglamentos;

f) Elegir Presidente y dos Vicepresidentes para cada período de sesiones;

g) Aceptar la participación de los observadores a que se refieren los artículos 3º y 4º y fijar las condiciones de esa participación;

h) Constituir comisiones especiales o grupos de trabajo;

i) Decidir sobre el cambio de la sede del Secretariado;

j) Declarar la disolución del Grupo y la terminación de los presentes Estatutos;

k) Conocer y aprobar las enmiendas a los presentes Estatutos;

I) Nombrar a los auditores externos del Grupo, y

m) Interpretar los presentes Estatutos.

Artículo 14.-Con excepción de las decisiones a que se refiere el inciso g) del articulo 13, que serán adoptadas por unanimidad, la Asamblea adoptará todas sus resoluciones y decisiones y formulará todas sus recomendaciones por mayoría de dos tercios de los Países Miembros con derecho a voto.

Artículo 15.-Cada País Miembro tendrá derecho a un voto.

Artículo 16.-El Secretariado es el órgano ejecutivo del Grupo y actuará de conformidad con los presentes Estatutos, los reglamentos y las decisiones de la Asamblea. Estará constituido por un Secretario Ejecutivo, un Secretario Ejecutivo Adjunto, los Secretarios Asistentes y el personal que sea necesario. El Secretario Ejecutivo tendrá la representación legal del Grupo.

Artículo 17.-Cada uno de los Países Miembros se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario Ejecutivo, del Secretario Ejecutivo Adjunto, de los Secretarios Asistentes y del personal del Secretariado, y a no tratar de influir sobre ellos, en el desempeño de tales funciones.

Articulo 18.-El Secretariado tendrá su sede en México, D. F., Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 19.-El Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo Adjunto y los Secretarios Asistentes serán elegidos por un período de tres años y podrán ser reelectos por una sola vez, por igual período.

Estos funcionarios deberán ser nacionales de los Países Miembros, y serán designados con un criterio de alternabilidad entre dichos países.

CAPITULO V

Disposiciones financieras.

Articulo 20.-Los Países Miembros pagarán contribuciones al presupuesto anual del Grupo, las cuales serán fijadas por la Asamblea de conformidad con las siguientes bases:

a) Cada país pagará una cuota mínima, igual para todos;

b) El saldo será distribuido en proporción directa al volumen de exportación de azúcar de cada país, correspondiente al promedio de los tres años inmediatamente anteriores al ejercicio presupuestario de que se trate, para los cuales haya, en el primer día del ejercicio, información publicada oficialmente por la Organización Internacional del Azúcar o por otra fuente que la Asamblea determine. La Asamblea también podrá decidir que el saldo mencionado sea distribuido tomando como base, conjuntamente con el volumen de exportación, la producción de cada país correspondiente al mismo período indicado para fijar el volumen de exportación;

c) Se establecerá una cuota máxima cuyo monto será equivalente a un porcentaje del presupuesto total que fije la Asamblea; y

d) Si hubiere diferencia entre el monto de las contribuciones calculadas con arreglo a los incisos anteriores y el monto total del presupuesto, dicha diferencia será distribuida entre los Países Miembros en base a lo establecido en el inciso b).

Artículo 21. a) Cualquier País Miembro podrá contribuir en forma voluntaria a un fondo especial, independiente del presupuesto, destinado a la financiación de programas y estudios, especialmente en materia de intercambio científico y tecnológico, que la Asamblea considere de particular interés para el Grupo;

b) Los países admitidos como observadores, de conformidad con el artículo 3º de los Estatutos, pagarán contribuciones al Fondo Especial a título de retribución por los servicios y beneficios que se deriven de su participación como observadores en el Grupo;

c) La Asamblea fijará un monto indicativo para la integración del Fondo Especial, estimará lo que podría ser aportado en concepto de contribuciones voluntarias por los Países Miembros y fijará el monto de las contribuciones de los países observadores; y

d) La Asamblea determinará las condiciones de operación del Fondo Especial.

Artículo 22.-El ejercicio financiero del Grupo coincidirá con el año calendario.

Artículo 23.-Los gastos de los representantes a las reuniones del Grupo serán pagados por sus respectivos países.

Artículo 24.-Los gastos relativos a la organización y realización de las reuniones correrán a cargo del país huésped, a menos que las reuniones tengan lugar en la sede del Secretariado.

Artículo 25.-Los gastos no presupuestados en que incurra el Secretariado cuando sean celebrados períodos extraordinarios de sesiones, serán cubiertos por los Países Miembros, en proporción a sus contribuciones al presupuesto anual.

Artículo 26.-Las contribuciones al presupuesto anual se abonarán en moneda libremente convertible y serán exigibles el primer día del ejercicio financiero.

Artículo 27.-Si algún Miembro no paga su contribución completa al presupuesto anual en el termino de seis meses a partir de la fecha en que ésta sea exigible, quedará suspendido su derecho a voto en la Asamblea.

Artículo 28.-El País Miembro cuyo derecho a voto haya sido suspendido por falta de pago de su contribución, recuperará ese derecho una vez efectuado el pago.

CAPITULO VI

Privilegios e inmunidades.

Artículo 29.-El Grupo tendrá personería jurídica. Gozará, en especial, de la capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, y para entablar procedimientos judiciales.

Artículo 31.-El Convenio previsto en el artículo 30, que será independiente de 109 presentes Estatutos, determinará las condiciones para la terminación del mismo.

Artículo 32.-A menos que se apliquen otras disposiciones sobre impuestos, en virtud del Convenio previsto en el artículo 30, el país sede del Secretariado:

a) Concederá exención de impuestos sobre la retribución pagada por el Grupo a su personal, y

b) Concederá exención de impuestos sobre los haberes, ingresos y demás bienes del Grupo.

Artículo 33.-Los representantes de los Países Miembros tendrán, durante su permanencia en el territorio de un País Miembro para concurrir a reuniones u otras actividades del Grupo, los privilegios e inmunidades que aquel País Miembro les confiera, necesarios para desempeñar sus funciones;

a) Los miembros del Secretariado y los expertos nombrados por el Grupo, tendrán durante su permanencia en el territorio de un País Miembro, los privilegios e inmunidades que aquel País Miembro les confiera, necesarios para desempeñar sus funciones; y

c) El Grupo, si lo considera necesario, negociará con los Países Miembros un convenio sobre estos privilegios e inmunidades.

CAPITULO VII

Relaciones con el SELA.

Artículo 34.-La Asamblea podrá autorizar al Secretario Ejecutivo para establecer relaciones de coordinación e información con el Secretario Permanente del SELA con miras a lograr la mejor cooperación posible entre el Grupo y el citado organismo.

CAPITULO VIII

Artículo 35.-Los presentes Estatutos estarán abiertos a la firma de todos los Países independientes de América Latina y del Caribe Exportadores Tradicionales de Azúcar, en la IV Reunión del Grupo de Cali, Colombia, y continuarán abiertos a la firma de dichos países en la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, país sede del Secretariado del Grupo. En el acto de la firma los representantes de los países indicarán si la firma estará sujeta a ratificación. Dicha Secretaría notificará cada firma a los Países Miembros y al Secretario Ejecutivo del Grupo.

Ratificación.

Artículo 36.-Los presentes Estatutos estarán sujetos a aceptación, mediante la firma, o bien a firma y ratificación, si este requisito fuere exigido por las disposiciones legales vigentes en el respectivo país. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. La mencionada Secretaría notificará cada depósito a los Países Miembros y al Secretario Ejecutivo del Grupo.

Entrada en vigor.

Artículo 37.-Los Estatutos entrarán en vigor en la fecha en que hayan sido aceptados o bien ratificados por dos tercios de los gobiernos de los países que integran el Grupo.

Los países cuyos gobiernos deban ratificar los presentes Estatutos de conformidad con sus disposiciones legales vigentes, serán considerados como miembros provisionales del Grupo, con plenos derechos y obligaciones, hasta el momento en que adquieran la calidad de Países Miembros, mediante el depósito del instrumento de ratificación.

Reservas.

Artículo 38.-No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones de los presentes Estatutos.

Retiro voluntario.

Artículo 39.-Todo País Miembro podrá retirarse del Grupo y denunciar los presentes Estatutos en cualquier momento, previa notificación por escrito al Depositario, quien la transmitirá a los Países Miembros y al Secretario Ejecutivo. El retiro y la denuncia surtirán efecto 90 días después de recibida la notificación por el Depositario.

Ajuste de cuentas.

Artículo 40.-En el caso del retiro de un País Miembro, el Secretariado y el País Miembro efectuarán todo ajuste de cuentas a que haya lugar, dentro del plazo de 90 días estipulado en el artículo precedente.

Ningún País Miembro que se haya retirado tendrá derecho a recibir parte alguna del producto de la liquidación del Grupo o de otros haberes de éste.

Enmiendas.

Artículo 41.-Cada País Miembro puede proponer enmiendas a los presentes Estatutos.

Las enmiendas a los Estatutos, aprobadas por la Asamblea, se formalizarán en protocolos que entrarán en vigor una vez hayan sido aceptadas o ratificados por dos terceras partes de los Países Miembros, mediante el depósito del respectivo instrumento.

Idiomas.

Artículo 42.-Son idiomas oficiales del Grupo los siguientes: español, francés, inglés y portugués.

Duración y terminación.

Artículo 43.-1) Los presentes Estatutos tendrán vigencia indefinida.

2) La Asamblea podrá, en cualquier momento, por mayoría de dos terceras partes de los Países Miembros con derecho a voto, declarar disuelto el Grupo y terminados los presentes Estatutos; y

3) A pesar de la disolución del Grupo y la terminación de los presentes Estatutos, la Asamblea seguirá existiendo todo el tiempo que se requiera para liquidar el Grupo y disponer de sus haberes, y tendrá durante dicho período todas las facultades que sean necesarias para esos fines.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos debidamente autorizados al efecto por sus respectivos gobiernos, han firmado estos Estatutos en las fechas que figuran junto a sus firmas.

APROBADOS en la ciudad de Cali, Colombia, a los doce días del mes de marzo de mil novecientos setenta y seis, en cuatro ejemplares igualmente válidos en los idiomas español, francés, inglés y portugués. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, como país depositario de los presentes Estatutos, enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás países signatarios.

Por Argentina, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Barbados, firmado: ilegible, 1º de julio de 1976.

Por Bolivia, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Brasil, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Colombia, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Costa Rica, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Cuba, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Ecuador, firmado: ilegible, 16 de julio de 1976.

Por El Salvador, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Guatemala, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Guyana, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Haití, firmado: ilegible, 10 de julio de 1976.

Por Honduras, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Jamaica, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por México, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Nicaragua, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Panamá, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Paraguay, firmado: ilegible, 26 de octubre de 1976.

Por Perú, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por República Dominicana, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Trinidad y Tobago, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Por Venezuela, firmado: ilegible, 12 de marzo de 1976.

Rama Ejecutiva del Poder Público-Presidencia de la República.

Bogotá, D.E., 21 de julio de 1977.

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre.

Es fiel copia del texto certificado de los Estatutos del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar aprobados el 12 de marzo de 1976.

Humberto Ruiz Varela, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos.

Bogotá, D. E., 21 de julio de 1977.

Artículo 2º.-Esta Ley entrará en vigencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7a. de 1944.

Dada en Bogotá, D.E., a los veinticinco días del mes de julio de mil novecientos setenta y siete.

El Presidente del honorable Senado de la República, GUILLERMO PLAZAS ALCID. El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, JORGE MARIO EASTMAN. El Secretario General del honorable Senado, Amaury Guerrero. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Bogotá, D.E., agosto 4 de 1978.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Indalecio Liévano Aguirre.

El Ministro de Agricultura,

Joaquín Vanín Tello.

LEY 64 DE 1978

(Diciembre 28)

por la cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares.

Nota 1: Derogada por la Ley 842 de 2003, artículo 78.

Nota 2: Modificada por la Ley 9 de 1990.

Nota 3: Reglamentada parcialmente por el Decreto 239 de 2000 y por el Decreto 2500 de 1987.

DECRETA:

Artículo 1º.-Se entiende por ejercicio de las profesiones de Ingeniería, Arquitectura y auxiliares, todo lo relacionado con el estudio, la planeación, asesoría, dirección, superintendencia, interventoría y, en general, con la ejecución o el desarrollo de cualquiera de las tareas, obras o actividades especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la “Clasificación Nacional de Ocupaciones”, adoptado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución 1186 de 1970, ordenamiento que corresponde a los subgrupos “Arquitectos, Ingenieros y Técnicos asimilados” de la “Clasificación Internacional de Ocupaciones”, elaborada por la Oficina Internacional del Trabajo.

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere dicha Clasificación, teniendo en cuenta las características especiales del país.

La presente reglamentación no se aplicará al ejercicio profesional de las especialidades de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares ya reguladas por medio de las Leyes 20 de 1971, 14 de 1975 y 18 de 1976, así como en virtud de cualesquiera otras disposiciones legales, que, al empezar a regir esta Ley, estuvieren vigentes.

Nota: La Ley 9 de 1990, artículo 1º., PARAGRAFO, dice: “Adiciónase a la Clasificación Nacional de Ocupaciones establecida en el artículo 1o. de la Ley 64 de 1978, la de Técnico Hidráulico y Sanitario, como profesión auxiliar de la Arquitectura e Ingeniería.”.

Artículo 2º.-Salvo lo dispuesto en el inciso 3º del artículo anterior, nadie podrá ejercer la Ingeniería o la Arquitectura, en cualquiera de sus ramas, sin la correspondiente matrícula expedida por un Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura y confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo con el reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno.

Se presume la autenticidad de la matrícula así expedida.

Artículo 3º.-Así mismo, con las excepciones consagradas en el inciso 3º del artículo 1º de esta Ley, para ejercer cualquiera de las profesiones auxiliares de la Arquitectura o de la Ingeniería, se requiere certificado expedido por un Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura, confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo con el reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno.

El certificado así expedido se presume auténtico.

Artículo 4º.-Solo podrá expedirse matrícula de Ingeniero o de Arquitecto, de acuerdo con su especialidad profesional, en favor de quien posea el respectivo título otorgado por universidad, instituto o escuela nacional que cuente con la debida autorización del Gobierno para el efecto.

También podrá expedirse matrícula de Ingeniero o de Arquitecto, en cualquiera de las especialidades correspondientes a tales profesiones, a quien posea el respectivo titulo otorgado por universidad, escuela o instituto extranjero.

En este caso se procederá así:

a) A la solicitud para la expedición de matrícula con base en título otorgado en país con el cual Colombia tenga tratado de intercambio de títulos, el interesado agregará la prueba del reconocimiento del suyo por parte del Ministerio de Educación Nacional;

b) A la solicitud para la expedición de matrícula con base en título otorgado en país con el cual Colombia no tenga tratado de intercambio de títulos, el interesado agregará la prueba de la convalidación del suyo por parte del Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto, además de la prueba sobre su domicilio en Colombia, presentará en dicho Ministerio, debidamente autenticado, y, si fuere del caso, traducidos, su título y el certificado de estudios profesionales, con las anotaciones sobre las materias cursadas, su intensidad horaria y su contenido académico, y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. El Ministerio, por decisión propia o a solicitud del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, dispondrá que el interesado presente exámenes, en una de las universidades oficiales, sobre aquellas materias que, según se deduzca de las certificaciones aportadas, no llenen los requisitos mínimos exigidos para otorgar el correspondiente título en Colombia, o no hubieren sido cursadas por el peticionario. Si el resultado de tales exámenes es satisfactorio, el Ministerio procederá a convalidar el título.

Parágrafo. En ninguno de los casos contemplados en el presente artículo, los títulos basados en estudios por correspondencia serán reconocidos.

Artículo 5º.-Las matrículas profesionales de Ingenieros y Arquitectos expedidas de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1782 de 1954, conservan su validez y se presumen auténticas.

Artículo 6º.-Los ingenieros y arquitectos matriculados en alguna de las especialidades de la ingeniería o de la arquitectura, podrán obtener matrícula en otra u otras de dichas especialidades profesionales, mediante el procedimiento indicado en esta Ley.

Artículo 7º.-Los ingenieros o arquitectos titulados y domiciliados en el exterior, que suscriban contratos de trabajo con entidades públicas o privadas para prestar sus servicios profesionales en el país por tiempo determinado o período fijo, podrán suplir el requisito de la matrícula mediante autorización que para el ejercicio profesional soliciten al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. La autorización no tendrá validez mayor de un año, pero podrá renovarse. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 239 de 2000.).

Artículo 8º.-En las construcciones, estudios, instalaciones, interventorías, asesorías y demás trabajos relacionados con los profesionales a que se refiere la presente Ley, la participación de los profesionales extranjeros no podrá ser superior a un 20% en número ni en el valor de la nómina de su personal de Ingeniería y Arquitectura.

Parágrafo. Cuando, previa autorización del Ministerio de Trabajo y por tratarse de personal estrictamente, técnico e indispensable, fuere necesaria una mayor participación de profesionales extranjeros, el patrono o la firma, empresa o entidad que haga sus veces, dispondrá de un año, contado a partir de la fecha de la iniciación de los trabajos, para dar adecuada capacitación al personal nacional fuere menester con el fin de reemplazar a los extranjeros, hasta completar el mínimo de ochenta por ciento (80%) de colombianos y el ochenta por ciento (80%) de la nómina.

Artículo 9º.-Ejerce ilegalmente la profesión de Ingeniero o de Arquitecto y, por tanto, incurrirá en las sanciones para la respectiva infracción, la persona que, sin haber llenado los requisitos previstos en esta Ley, practique cualquier acto comprendido en el ejercicio de dichas profesiones, así como la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquiera otra forma, actúe o se anuncie como Ingeniero o Arquitecto sin poseer tal calidad ni reunir los requisitos exigidos en la presente Ley.

Artículo 10. Salvo las excepciones consignadas en el inciso 3º del artículo 1º, la sociedad, firma, empresa u organización profesional cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que, según la presente Ley, corresponden al ejercicio de la Ingeniería o de la Arquitectura, está obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, y según el caso, un Ingeniero o un Arquitecto matriculado en la rama o ramas de las actividades profesionales a que se dedique.

El Gerente, o la persona que desempeñe las funciones correspondientes a dicho cargo, de la sociedad, firma, empresa u organización que no diere cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, incurrirá en las sanciones establecidas para el ejercicio ilegal de profesión u oficio.

Artículo 11. Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería o de la Arquitectura, con las salvedades consignadas en el inciso 3º del artículo 1º, debe ser dirigido, según el caso, por un Ingeniero cuya matrícula corresponda a la especialidad profesional que la obra requiera, o por un Arquitecto matriculado.

Si para la ejecución de la obra se exigiere licencia, en éstas se incluirán el nombre y apellido y el número de la matrícula de Ingeniero o del Arquitecto director.

Artículo 12. El cargo de perito, cuando el dictamen comprenda cuestiones técnicas de ingeniería o de arquitectura, se encomendará a Ingeniero con matrícula en al especialidad que requiera la peritación, o Arquitecto matriculado, según la materia de que se trate. Lo dispuesto en el inciso anterior no rige para los dictámenes que deban rendirse en los procesos y asuntos cuyo conocimiento corresponda a los Jueces Municipales o a las autoridades de policía.

Artículo 13. Para tomar posesión de cualquier cargo oficial cuyo desempeño demande conocimientos de ingeniería o arquitectura en cualquiera de sus ramas, o implique el ejercicio de una de dichas profesiones, la persona nombrada deberá presentar, ante el funcionario a quien corresponda darle posesión, su matrícula profesional. En el acta de posesión se dejará constancia del número de la matrícula, del Consejo Profesional que la hubiere expedido y de la especialidad del posesionado.

Artículo 14. Con las salvedades comprendidas en el inciso 3º del artículo 1º las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por la Nación (Ministerios y Departamentos Administrativos), los Departamentos, Intendencias, Comisarías, Municipios y Distrito Especial, para la adjudicación de contratos cuya ejecución se relacione con el ejercicio de cualquiera de las especialidades de la Ingeniería o de la Arquitectura, deberán, para que puedan considerarse válidamente, estar abonados, cuando menos, por un profesional matriculado y especializado en la rama respectiva.

En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, se impondrá a los contratistas la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica y la ejecución de los trabajos a profesionales que posean matrícula en la especialidad requerida. El incumplimiento de esta obligación por parte de los contratistas figurará como causal de caducidad en los contratos.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las propuestas que se presenten como a los contratos de igual naturaleza y con el mismo objeto que se celebren con las sociedades de economía mixta en las cuales más del 90% del capital social pertenezca a entidades oficiales y con los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, distrital o municipal.

Artículo 15. El empleado oficial que, en el ejercicio de su cargo viole cualquiera de las disposiciones anteriores, o autorice, facilite, patrocine o encubra el ejercicio ilegal de la Ingeniería o de la Arquitectura, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones que le fueren aplicables por la transgresión de las leyes penales o de policía, en falta disciplinaria que se castigará con la suspensión del cargo por primera vez, y con la destitución en caso de reincidencia.

Artículo 16. El particular que viole las disposiciones de la presente Ley, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones penales y policivas a que hubiere lugar, en multa de cinco mil ($ 5.000.00) a cien mil ($ 100.000.00) pesos.

La multa deberá consignarse a favor del Tesoro Municipal del lugar en donde se cometa la infracción y será impuesta por el respectivo Alcalde o por quien haga sus veces, mediante la aplicación de las normas de procedimiento establecidas para las contravenciones especiales en el Capítulo XII, del Título lV, del Libro III del Código Nacional de Policía.

Parágrafo. El Gobierno, por decreto, podrá reajustar la cuantía de la multa cuando por devaluación o por cualquiera otra circunstancia monetaria el reajuste fuere necesario para asegurar los efectos de la sanción.

Artículo 17. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura continuará funcionando como la entidad encargada del control y vigilancia de estas profesiones, así como de sus auxiliares.

Artículo 18. El Consejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura estará integrado así:

El Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado; El Ministro de Educación Nacional o su delegado; El Rector de la Universidad Nacional o el Decano de la Facultad de Ingeniería de la misma; Un representante de las universidades privadas; El Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; El Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Parágrafo. Con excepción de los señores Ministros de Obras Públicas y Transporte, del señor Ministro de Educación Nacional y del señor Rector de la Universidad Nacional, los Miembros del Consejo Nacional a que se refiere el presente artículo deben ser Ingenieros o Arquitectos titulados y matriculados.

Artículo 19. En las capitales de Departamento en cuyo territorio funcione universidad, escuela o instituto autorizado por el Gobierno para otorgar título de Ingeniero o de Arquitecto y en aquellas otras que determine el Consejo Profesional Nacional de Ingeniera y Arquitectura, se establecerán Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura, integrados en la siguiente forma:

El Gobernador del Departamento o el Secretario de Educación; El Secretario de Obras Públicas o quien ocupe el cargo equivalente o su delegado; El Presidente de la Asociación Regional de Ingeniería; El Presidente de la Asociación Regional de Arquitectura; Un representante de la Universidad o de las Universidades oficiales, que debe ser el Rector de una de ellas o uno de los Decanos de las facultades de Ingeniería o Arquitectura. En aquellas capitales en donde no funcione universidad, escuela o instituto autorizado por el Gobierno para otorgar títulos de Ingeniero o Arquitecto, el representante respectivo será nombrado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura.

Artículo 20 Son funciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, las siguientes:

a) Conocer, por recurso de apelación o de consulta, de las resoluciones que dicten los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura, y resolver sobre ellas. Serán consultadas, en todos los casos, aquellas que versan sobre las matrículas y los certificados a que se refieren los artículos 2º y 3º ;

b) Resolver sobre la cancelación o suspensión de tales matrículas o certificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24;

c) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y sus decretos reglamentarios;

d) Presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores observaciones sobre la expedición de visas a Ingenieros, Arquitectos y auxiliares, solicitadas con el fin de ejercer su profesión en Colombia;

e) Presentar al Ministerio de Educación Nacional observaciones sobre la aprobación de nuevos programas de estudios y establecimiento de centros educativos relacionados con la Ingeniería y la Arquitectura y las profesiones auxiliares;

f) Elaborar y mantener actualizado un registro de Ingenieros y Arquitectos y profesionales auxiliares de la Ingeniería y de la Arquitectura;

g) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas de las disposiciones legales que reglamentan el ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares y solicitar de aquéllas la imposición de las penas correspondientes;

h) Las demás que le señalen la ley y los decretos reglamentarios.

Artículo 21. Las matrículas y certificados que confirme el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura requerirán necesariamente la firma del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros o de la Sociedad Colombiana de Arquitectos según el caso, lo cual dará lugar a que dichas sociedades perciban un derecho que debe ser cubierto por el interesado, en la cuantía que fije el Consejo.

Artículo 22. Son funciones de los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación;

b) Expedir la matrícula a los profesionales que llenen los requisitos establecidos;

c) Expedir el certificado a los auxiliares que llenen los requisitos establecidos;

d) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas de las disposiciones legales que reglamentan el ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares, y solicitar de aquéllas la imposición de las penas correspondientes e informar sobre el particular al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura;

e) Las demás que le señalen la ley, los decretos reglamentarios y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura.

Artículo 23. Para obtener el certificado de que trata el artículo 3º el interesado debe presentar ante el Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura su título o la constancia de haber cursado y aprobado todas las materias que, de acuerdo con las normas vigentes, correspondan a su profesión, en universidad, instituto, escuela o establecimiento educativo reconocido por el Gobierno.

Cuando, previa consulta al Ministerio de Educación Nacional, formulada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, se comprobare que en alguna o algunas de las profesiones auxiliares a que se refiere el anterior inciso no existe en el país un número suficiente de egresados de universidades, institutos, escuelas o establecimientos educativos reconocidos por el Gobierno, los Consejos Profesionales Seccionales de Ingeniería y Arquitectura podrán expedir certificados para ejercer tales profesiones auxiliares a las personas que, sin haber hecho los estudios correspondientes, hayan tenido una práctica comprobada de cinco (5) años por lo menos, y que demuestren, por medio de exámenes presentados en una de las universidades oficiales, que tienen los conocimientos necesarios para su correcto ejercicio.

Artículo 24. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, podrá sancionar a los Ingenieros y Arquitectos matriculados, así:

a) Con suspensión de la matrícula hasta por el término de cinco (5) años, en los casos de faltas contra el correcto ejercicio a la ética profesional, e igualmente, por el encubrimiento de quienes ejerzan ilegalmente la Ingeniería o la Arquitectura;

b) Con la cancelación de la matrícula a quien reincidiere en las faltas anteriores o cometiere una falta grave contra la ética o el ejercicio profesional, a juicio del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Para el solo efecto de aplicar las sanciones establecidas en este artículo, dicho Consejo, bajo el título de “Código de Etica Profesional”, elaborará un conjunto de normas que comprenda, entre otras, las faltas de lealtad al cliente y a los colegas, al decoro, a la dignidad, a la honradez y a la debida diligencia profesional. El Código de Etica Profesional requiere la adopción por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Parágrafo. El Gobierno, al reglamentar esta Ley, fijará el procedimiento para imponer las anteriores sanciones y establecerá los recursos que procedan contra ellas.

Artículo 25. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Obras Públicas, continuará sufragando los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura y por conducto de los Departamentos los que ocasione el funcionamiento de los respectivos Consejos Profesionales Seccionales.

Artículo 26. La Sociedad Colombiana de Arquitectos continuará prestando los servicios de Cuerpo Consultivo del Gobierno para las cuestiones relacionadas con la Arquitectura, cuando así lo estime conveniente, pero su concepto no tendrá carácter obligatorio.

Las consultas relacionadas con el urbanismo serán sometidas, cuando el Gobierno lo estime conveniente, conjuntamente a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Artículo 27. Derógase el Decreto legislativo 1782 de 1954.

Artículo 28. Esta Ley rige a partir de su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978).

El Presidente del Honorable Senado de la República, GUILLERMO PLAZAS ALCID. El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, JORGE MARIO EASTMAN. El Secretario General del Honorable Senado de la República, Amaury Guerrero. El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Bogotá, D.E., diciembre 28 de 1978.

Publíquese y ejecútese.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Desarrollo Económico, Gilberto Echeverri Mejía. El Ministro de Educación Nacional, Rodrigo Lloreda Caicedo. El Ministro de Obras Públicas y Transporte, Enrique Vargas Ramirez.