LEY 6 DE 1971

(septiembre 16 de 1971)

por la cual se dictan normas generales, a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

*Nota de Vigencia*

Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1111 del 24 de agosto de 2000

*CONCORDANCIA*

DECRETO 2696 DE 2010

DECRETO 2595 DE 2010

DECRETO 2462 DE 2010

DECRETO 1769 DE 2010

DECRETO 1142 DE 2010

El Congreso de Colombia

DECRETA

Articulo 1. Las modificaciones que en el Arancel de Aduanas decrete el Gobierno, con fundamento en el articulo 65 del Acto Legislativo número 1 de 1968, modificatorio del articulo 205 de la Constitución Nacional, se efectuarán con sujeción a las siguientes normas generales:

a) Actualización de la Nomenclatura, así como de sus correspondientes reglas de interpretación, notas legales y notas explicativas, para lo cual podrá adoptar las modificaciones que establezcan el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, y establecer las notas adicionales o complementarias de las notas legales que estime conveniente;

b) Reestructuración de los desdoblamientos de las posiciones de la Nomenclatura, teniendo en cuenta las modificaciones que sea necesario introducir en las posiciones principales y la conveniencia de establecer desdoblamientos específicos respecto de determinadas mercancías, según sea su importancia para el desarrollo económico del país;

c) Actualización de las Normas de Valoración de Mercancías, para lo cual podrá incorporar los ajustes que periódicamente acuerde el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, tanto de la Definición del Valor como de sus mecanismos y reglamentaciones conducentes a la percepción adecuada y regular de los gravámenes arancelarios;

e) Variación en la Tarifa, con miras a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Estimular el crecimiento económico del país de acuerdo con los planes y programas adoptados para el desarrollo económico y social;

2. Otorgar una razonable y adecuada protección a la industria nacional, en forma que le permita abastecer a precios justos las necesidades del consumo interno y competir satisfactoriamente en los mercados externos;

3. Regular la sustitución de importaciones en los sectores de materias primas, bienes de consumo, intermedios y de capital, que puedan producirse económicamente en el país;

4. Promover la sustitución de importaciones en los sectores de materias primas, bienes de consumo, intermedios y de capital, que puedan producirse económicamente en el país;

5. Propiciar las inversiones y propender por el empleo óptimo de los equipos existentes que incrementen la utilización de los recursos naturales, la creación de nuevas fuentes de trabajo y el aumento de las exportaciones;

6. Servir de instrumento de control en la política de precios internos que adelante el Gobierno en defensa del consumidor, y velar por el mejoramiento de la posición competitiva de los productos colombianos, y

7. Atender las obligaciones del país contempladas en tratados y convenios internacionales de carácter multilateral o bilateral y especialmente las relativas a los programas de integración económica latinoamericana.

Articulo 2. Las disposiciones que dicte el Gobierno de conformidad con el articulo anterior, previo el concepto del Consejo Nacional de Política Aduanera, entrarán en vigencia en la fecha que el Gobierno determine.

Articulo 3. Las modificaciones que se introduzcan al régimen de aduanas deberán consultar las recomendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, el esquema del Código Aduanero Uniforme acordado para la ALALC, los estudios existentes sobre legislación comparada y los progresos técnicos alcanzados en materia de administración aduanera, con el fin de revisar la legislación vigente, y en especial la Ley 79 de 1931.

Articulo 4. Derógase los artículos 6º y 7º del Decreto Ley 3168 de 1964 y los literales c), d) y e) del articulo 6º del Decreto Ley 2611 de 1968, así como las demás disposiciones contrarias a la presente Ley.

Articulo 5. Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción.

Dada en Bogotá, D.C., a 6 de septiembre de 1971.

El Presidente del Senado,

EDUARDO ABUCHAIBE OCHOA;

El Presidente de la Cámara de Representantes,

GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ;

El Secretario del Senado,

Amaury Guerrero;

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Eusebio Cabrales Pineda.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Bogotá, D.C., septiembre 16 de 1971.

Publíquese y ejecútese.

MISAEL PASTRANA BORRERO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, encargado,

Hugo Palacios Mejía.

LEY 5 DE 1971

(septiembre 11 DE 1971)

por la cual se aprueba el Convenio sobre bases para la Cooperación Económica y Técnica entre la República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil, suscrito en Bogotá el 28 de mayo de 1958.

El Congreso de Colombia

DECRETA

Artículo 1. Apruébase el Convenio sobre las bases para Cooperación Económica y Técnica entre la República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil, suscrito en Bogotá, el 28 de mayo de 1958, por los Plenipotenciarios de los dos países, que a la letra dice:

“Convenio sobre bases para Cooperación Económica y Técnica entre las República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil.

La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia y el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, animados del elevado propósito de fortalecer los tradicionales lazos de amistad y colaboración felizmente existentes entre las dos naciones, han resuelto celebrar un convenio para establecer las bases definitivas de un programa de cooperación económica y técnica que pueda contribuir al desenvolvimiento equilibrado y coordinado de los nuevos recursos naturales y de la capacidad productiva de los dos países, y con tal objeto han nombrado sus respectivos plenipotenciarios, así:

La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, al señor doctor Carlos Sanz de Santamaría, Ministro de Relaciones Exteriores;

El Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, al señor Embajador José Carlos Macedo Soares, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores.

Quienes, luego de haber mutuamente exhibido sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de los Estados Unidos del Brasil designarán representantes para constituir una Comisión Mixta que deberá estudiar y formular un programa amplio y armónico de cooperación económica y técnica, con el objeto de resolver problemas comunes de evaluación y aprovechamiento de recursos naturales y humanos de los dos países e intensificar el comercio reciproco.

Parágrafo único. Para el logro de estos propósitos la Comisión deberá considerar especialmente:

a) Las condiciones actuales del comercio entre los dos países y las posibilidades de su incremento y diversificación;

b) Las posibilidades de desarrollo de medios de comunicaciones marítimas, fluviales, terrestres y aéreas;

d) La conveniencia del establecimiento del servicio recíproco de puertos libres en los dos países;

e) Las posibilidades de cooperación técnica y de intercambio de informaciones sobre métodos y conocimientos técnico-científicos.

Artículo 2. La Comisión Mixta Colombo-Brasileña de que trata el artículo anterior deberá, además, estudiar las posibilidades de coordinar los programas de desarrollo de sus respectivas áreas amazónicas, teniendo en cuenta:

a) Las condiciones actuales de navegación en los ríos de interés común de la Hoya Amazónica y las medidas necesarias para su más amplia utilización, inclusive en el sentido de permitir más fácil acceso a los Océanos Pacífico y Atlántico;

b) La conveniencia de intensificar los transportes aéreos en la región;

c) El interés de los dos países en intensificar el aprovechamiento de sus materias primas, inclusive el petróleo y sus derivados;

d) Las peculiaridades del comercio fronterizo y los medios de fomentarlo;

e) El desarrollo de programas encaminados a proporcionar a los habitantes de esas regiones servicios médicos y hospitalarios y, en general, la mejora de las condiciones de salubridad y vivienda.

Artículo 3. La Comisión Mixta a que se refiere el artículo 1 de este Convenio, tendrá los siguientes órganos:

a) Comité Pleno;

b) Las Comisiones Permanentes;

c) Las Subcomisiones Técnicas.

Artículo 4. El Comité Pleno de la Comisión Mixta funcionará en Río de Janeiro y en Bogotá, alternativamente, bien por medio de la Reunión de la dos Comisiones Permanentes, organizadas en la forma prevista en el artículo 5, bien por intermedio de Delegados ad hoc designados por los dos Gobiernos.

Parágrafo primero. En su primera reunión, que se realizará en Río de Janeiro, el Comité Pleno de la Comisión Mixta formulará su programa y sus normas de trabajo, que serán sometidos a la aprobación de los dos Gobiernos.

Parágrafo segundo. Posteriormente el Comité Pleno se reunirá para estudiar las conclusiones a que lleguen las Subcomisiones Técnicas, organizadas conforme al artículo 6, y someterá esas conclusiones a la consideración de los dos Gobiernos para su aprobación final.

Artículo 5. Las Comisiones Permanentes, en número de dos, una colombiana y otra brasileña, funcionarán en los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, y mantendrán permanente comunicación a través de la Misiones Diplomáticas de los dos países.

Parágrafo único. Compete a la Comisión Permanente coordinar el trabajo de las Subcomisiones Técnicas.

Artículo 6. Las Subcomisiones Técnicas serán constituidas de acuerdo con el programa y las normas de trabajo formulados por el Comité Pleno.

Parágrafo primero. Los miembros colombianos y brasileños de las Subcomisiones Técnicas serán presentados por las respectivas Comisiones Permanentes y nombrados por los dos Gobiernos.

Parágrafo segundo. Compete a las Subcomisiones Técnicas efectuar los estudios específicos necesarios al logro de los fines de este Convenio.

Artículo 7. Los dos Gobiernos adoptarán de común acuerdo las medidas necesarias para concretar las condiciones aprobadas en la forma dispuesta en el parágrafo segundo del artículo 4.

Artículo 8. Este Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman el presente Convenio en dos ejemplares, igualmente auténticos, en los idiomas castellano y portugués, y les estampan sus sellos respectivos.

Celebrado en la ciudad de Bogotá a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho.

Carlos Sanz de Santamaría

José Carlos de Macedo Soares

Rama ejecutiva del Poder Público.-Bogotá, 30 de junio de 1958

Aprobado.-Sométase a la consideración del Congreso para los efectos constitucionales.

GABRIEL PARIS G.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Carlos Sanz de Santamaría

Es fiel copia del original.

Carlos Borda Mendoza,

Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores”

Artículo 2. La presente Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.C., a 25 de agosto de 1971.

El Presidente del Senado,

EDUARDO ABUCHAIBE OCHOA.

El Presidente de la Cámara de Representantes,

GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ.

El Secretario del Senado, A

maury Guerrero.

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Eusebio Cabrales Pineda.

Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogotá, D.C., 11 de septiembre de 1971.

Publíquese y ejecútese.

MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Alfredo Vázquez Carrizosa

LEY 47 DE 1971

(diciembre 3 de 1971)

por la cual se crea el Fondo de Inmuebles Nacionales y se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República.

El Congreso de Colombia

DECRETA

Artículo 1. Créase el Fondo de Inmuebles Nacionales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente para el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Administrar y conservar los inmuebles de propiedad de la Nación y los jardines y monumentos nacionales cuando no estén a cargo de otras dependencias.

b) Construir y adquirir los inmuebles que requieran la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias para su normal funcionamiento.

Parágrafo. Los inmuebles nacionales destinados a la defensa, los planteles educativos, las cárceles, los hospitales y aquellos cuya adquisición y administración corresponde al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se exceptúan de las prescripciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 2. Constituye el patrimonio del Fondo:

a) Las apropiaciones que figuren en el Presupuesto Nacional destinadas a los fines de que trata el artículo anterior.

b) El producto de sus negociaciones u operaciones financieras.

c) El producto de la venta de los inmuebles a que se refiere el artículo 4o. de la presente Ley.

d) Los demás que se aporten al Fondo por entidades públicas y privadas o que adquiera a cualquier título.

Artículo 3. Los inmuebles que el Fondo adquiera o construya ingresarán al patrimonio de la Nación.

Artículo 4. Autorízase al Gobierno para enajenar, conforme a los reglamentos correspondientes, los inmuebles de propiedad nacional que no sean necesarios para el servicio público que tengan una superficie hasta de 20 hectáreas para predios rurales y 5.000 metros cuadrados para predios urbanos, y para incorporar su producto al Fondo de Inmuebles Nacionales.

Artículo 5. El Ministerio de Obras Públicas, a través de sus dependencias tendrá la administración del Fondo de Inmuebles Nacionales. El Ministro de Obras Públicas será su representante legal y el Tesorero del Fondo será el Tesorero General de la República.

El Gobierno Nacional expedirá los estatutos del Fondo de Inmuebles Nacionales observando los principios de esta Ley y las disposiciones sobre establecimientos públicos que le sean aplicables.

El Fondo asumirá la administración de los contratos vigentes del Gobierno relativos a Inmuebles Nacionales.

Artículo 6. El Fondo de Inmuebles Nacionales podrá contratar directamente empréstitos internos y externos para el desarrollo de sus programas, los cuales gozarán de la garantía del Estado.

Artículo 7. Los contratos que celebre el Ministro de Obras Públicas en su calidad de representante legal del Fondo, sólo requieren para su validez: certificado de paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios del contratista y de su representante legal si fuere el caso, constancia de la Auditoría Fiscal sobre disponibilidad presupuestal, aceptación por parte de la misma de la garantía que debe constituir el contratista; concepto de la Oficina Jurídica del Ministerio y publicación en el “Diario Oficial”. Causarán además, los impuestos de timbre y papel sellado correspondiente.

Artículo 8. La vigilancia fiscal del Fondo de Inmuebles Nacionales se ejercerá por la Contraloría General de la República a través de la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas. La Contraloría dictará un reglamento fiscal del Fondo, de acuerdo con la naturaleza de las operaciones del mismo y con el propósito de darle la debida agilidad administrativa.

Artículo 9. Concédense al Presidente de la República, facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la sanción de la presente Ley para crear y organizar la Dirección General de Inmuebles Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y para hacer los traslados y abrir los créditos presupuestales que le sean necesarios.

Artículo 10. Esta ley rige desde su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.C., a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

El Presidente del honorable Senado,

EDUARDO ABUCHAIBE OCHOA.

El Presidente de la h. Cámara de Representantes,

DAVID ALJURE RAMIREZ.

El Secretario General del h. Senado,

Amaury Guerrero.

El Secretario General de la h. Cámara de Representantes,

Néstor Eduardo Niño Cruz.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 1971.

Publíquese y ejecútese.

MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Rodrigo Llorente Martinez.

El Ministro de Obras Públicas,

Argelino Durán Quintero.

LEY 46 DE 1971

(diciembre 31 DE 1971)

se encuentra vigente teniendo en cuenta la expedición de la Ley 60 de 1993 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”

CONGRESO DE COLOMBIA

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 182 de la Constitución Nacional.

*Notas de Vigencia*

Esta Ley ha pudo haber perdido vigencia teniendo en cuenta la expedición de la Ley 60 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 40.987, de 12 de agosto de 1993, ‘Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones’

Modificada por el Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 de 14 de mayo de 1986, ‘Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal’. Modificación NO incluida en esta Ley.

Modificada por la Ley 43 de 1975, publicada en el Diario oficial No. 34.471, de 20 de enero de 1976, ‘Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones’. Modificación NO incluida en esta Ley.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Artículo 1. A partir de 1973, en la Ley de Presupuesto para ese año, se apropiará como mínimo el trece por ciento (13 %) de los ingresos ordinarios de la Nación, para ser distribuido entre los Departamentos, Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, en la forma que esta Ley determina. El porcentaje será de catorce por ciento (14%) en 1974 y de quince por ciento (15%) en 1975. El valor total de esa apropiación se denomina “Situado Fiscal”.

A partir de 1973 cada una de las entidades territoriales recibirá por concepto de Situado Fiscal por lo menos una suma igual a la que reciba en 1972 por motivo de transferencias para gastos de funcionamiento de educación primaria y salud pública, de las que en esta Ley se destinan a ser entidades con el Situado Fiscal.

El Gobierno, a través de los proyectos de ley de presupuesto, procurará incrementar el porcentaje señalado en el inciso 1. en cada una de las vigencias posteriores a 1975, si los ingresos corrientes de la Nación aumentaren en más de un quince por ciento (15%) anual, con relación al promedio de los tres años anteriores, hasta un máximo de dos por ciento (2%) en cada vigencia, y sin que el Situado Fiscal sobrepase nunca el veinticinco por ciento (25%) de dichos ingresos ordinarios.

Parágrafo. Esta participación será pagada por la Nación a las entidades beneficiadas normal y periódicamente dentro de cada vigencia, en la forma que adelante se indica.

*Notas de Vigencia*

El artículo 32 de la Ley 10 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.137 del 10 de enero de 1990, ‘Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.’ estableció:

Tener en cuenta que el artículo 309 de la Constitución Política de 1991 erigió en Departamentos las antiguas Intendencias y Comisarías y el 1° del artículo 322 de la misma, el cual organizó como Distrito Capital a Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca.

Artículo 2. Para efecto de esta ley se entienden por “ingresos ordinarios” de la Nación y de las entidades territoriales, aquellos ingresos corrientes destinados por norma legal alguna a fines u objetos específicos.

Artículo 3. El treinta por ciento (30%) del Situado Fiscal se dividirá por partes iguales entre las entidades territoriales mencionadas en el artículo 1o. Esta porción del “Situado Fiscal se denomina Situado Fiscal Territorial”.

*Nota de Vigencia*

Tener en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1o. del Decreto 232 de 1983, ‘Por el cual se redistribuye la participación en el Impuesto a las Ventas y se dictan otras disposiciones’, publicado en el Diario Oficial No. 36.187 de 7 de Febrero de 1983.

Artículo 4. El setenta por ciento (70%) del Situado Fiscal se distribuirá entre las entidades territoriales a las que se refiere esta ley, en proporción directa a la población de cada una de ellas. Esta parte del Situado Fiscal se denomina “Situado Fiscal de Población”.

Artículo 5. Los departamentos, las intendencias, las comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, invertirán la totalidad del Situado Fiscal en los gastos de funcionamiento de la enseñanza primaria y en aquellos gastos de salud pública que no correspondan a campañas sanitarias nacionales que no hayan de ser dirigidos y administrados por la Nación. Estos recursos serán administrados por los Fondos Educativos Regionales y por los servicios seccionales de salud de todas las entidades territoriales y el Servicio Distrital de Salud de Bogotá, con sujeción a los planes nacionales que establezcan los respectivos Ministerios. El setenta y cuatro por ciento (74%) del Situado Fiscal se dedicará al pago de gastos de funcionamiento de la educación primaria, y el veintiséis por ciento (26%) a salud, salvo decisión distinta del Gobierno Nacional anualmente.

Parágrafo. Cuando el Situado Fiscal alcance el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos ordinarios de la Nación, serán de cargo de los departamentos, de las intendencias y comisarías y del Distrito Especial de Bogotá, todos los gastos de funcionamiento que demande la enseñanza primaria y los de salud pública que no correspondan a campañas sanitarias nacionales y que la Nación no administre y dirija, para lo cual harán la apropiación correspondiente de acuerdo con lo dicho en el inciso anterior.

*Notas de Vigencia*

Tener en cuenta que el artículo 309 de la Constitución Política de 1991 erigió en Departamentos las antiguas Intendencias y Comisarías y el 1° del artículo 322 de la misma, el cual organizó como Distrito Capital a Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca.

Artículo 6. Las entidades territoriales a que se refiere esta Ley deberá apropiar para gastos de funcionamiento de educación primaria y de salud, además del Situado Fiscal, el porcentaje de sus ingresos ordinarios que en 1972 destinaron a los mismos fines.

Artículo 7. Si el monto del Situado Fiscal y de los recursos previstos en el artículo anterior, llegare a ser superior al valor de los gastos de funcionamiento de la educación primaria y de salud, como se establece en el artículo 5. de esta ley, el excedente, certificado por el Ministerio de Hacienda, deberá apropiarse para atender gastos de inversión de las entidades beneficiadas y de sus municipios, de acuerdo con planes y programas legalmente adoptados por ellas.

Artículo 8. A partir de 1973, la participación del impuesto sobre las ventas de que trata la Ley 33 de 1968, será distribuída por los Departamentos en su totalidad entre los municipios, proporcionalmente al número de habitantes de cada uno de éstos, de acuerdo con el último censo de población, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo total o parcial de la participación.

Parágrafo. Derógase la limitación establecida en el artículo 2., parágrafo 3. de la Ley 33 de 1968, para la participación de las capitales de departamentos en el impuesto sobre las ventas.

*Nota de Vigencia*

Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 43 de 1975, publicada en el Diario oficial No. 34.471, de 20 de enero de 1976.

*Nota Jurisprudencial*

Corte Suprema de Justicia

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 26 de febrero de 1973, Magistrado Ponente Dr. Guillermo González Charry.

Artículo 9. Las autoridades de las entidades territoriales a que se refiere esta ley a quienes la Constitución o la ley han concedido la iniciativa en el gasto público, deben dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en este estatuto. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aplicará las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley, y de las obligaciones que ella impone a las entidades territoriales.

Artículo 10. Modificase en los términos anteriores la Ley 111 de 1960, los artículos 9., y 11 de la Ley 33 de 1968 y deróganse las demás disposiciones contrarias a la presente ley.

Artículo 11. Esta ley rige desde su promulgación y surte efectos legales a partir del 1 de enero de 1972.

Dada en Bogotá, D.C, a 31 de diciembre de 1971.

El Presidente del Senado,

Eduardo Abuchaibe Ochoa

El Presidente de la Cámara,

David Aljure Ramírez

El Secretario del Senado,

Amaury Guerrero

El Secretario de la Cámara,

Néstor Eduardo Niño Cruz

República de Colombia – Gobierno Nacional.

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 1971.

Publíquese y ejecútese.

MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Rodrigo Llorente Martínez

José María Salazar Buchelli

El Ministro de Educación Nacional,

Luís Carlos Galán Sarmiento

El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Álvaro Velásquez Cock