LEY 15 DE 1973

(Octubre 31 de 1973)

por la cual se crea el Fondo Nacional de Inversiones.

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA

CAPITULO I

Constitución del Fondo Nacional de Inversiones.

Artículo 1. Créase el Fondo Nacional de Inversiones, como una Empresa Comercial del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio: su domicilio será la ciudad de Bogotá, D.E.; pero podrá establecer seccionales, sucursales o agencias en las diversas secciones del país o en el exterior. El Fondo estará vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2. El objeto del Fondo Nacional de Inversiones consistirá en administrar su patrimonio y los recursos que los particulares pongan a su disposición, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 3. La Nación garantiza las obligaciones que asuma el Fondo Nacional de Inversiones hasta por valor de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000.00), y en los términos previstos en esta Ley. Como aporte de capital al Fondo Nacional de Inversiones y con el propósito de facilitar su dotación e instalación, el Gobierno asignará hasta cinco millones de pesos ($ 5.000.000.00) por una sola vez.

CAPITULO II

Las unidades del Fondo Nacional de Inversiones.

Artículo 4. Los contribuyentes del impuesto a la renta anualmente podrán acreditar un porcentaje del valor de los impuestos liquidados sobre la renta exclusiva de trabajo, con las condiciones descritas a continuación:

a) Los contribuyentes con rentas líquidas que no excedan de $ 40.000.00 anuales podrán acreditar un 12%, si destinan el valor de ese crédito y una suma adicional par y aproximada a pesos que represente por lo menos el 25% del crédito pedido, para comprar unidades del Fondo Nacional de Inversiones.

b) Los contribuyentes con rentas líquidas superiores a ($ 40.000.00) anuales podrán acreditar un 10%, si destinan el valor de ese crédito y una suma adicional par y aproximada a pesos de por lo menos al 50% del crédito pedido para comprar unidades del Fondo Nacional de Inversiones. El porcentaje sólo podrá aplicarse a los primeros $ 200.000.00 de rentas exclusivas de trabajo. El límite de $ 200.000.00 será expresado anualmente en términos de valor constante tomando como el año de 1972. Para los contribuyentes que reciban rentas exclusivas de trabajo y rentas de otras procedencias, el porcentaje de que trata el inciso anterior se determinará sobre la parte del impuesto que corresponda a las rentas exclusivas de trabajo.

Artículo 5. En las liquidaciones privadas del impuesto sobre la renta y complementarios, se restará del impuesto correspondiente a rentas exclusivas de trabajo, la parte del impuesto destinada al Fondo Nacional de Inversiones. Se continuará el proceso ordinario de liquidación y, el total así determinado, se aumentará con el valor del impuesto que se quiere destinar al Fondo Nacional de Inversiones y con la suma propia que el contribuyente quiera destinar al mismo fin. El resultado de esas operaciones es el valor neto por pagar, el cual podrá ser cubierto en la proporción y dentro de los términos ordinarios señalados para el pago de la liquidación privada.

Artículo 6. Cuando la liquidación oficial del impuesto sobre la renta exclusiva de trabajo fuere superior al determinado en la liquidación privada, podrá el contribuyente, dentro del término que tenga para pagar dicha diferencia, pedir que el respectivo porcentaje de ella a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley, se destine a comprar unidades del Fondo Nacional de Inversiones, si además aporta al mismo objeto la cantidad que le corresponde, sin exceder con ello la cuantía fijada como límite en el mencionado artículo.

Artículo 7. Cuando la liquidación oficial del impuesto sobre la renta exclusiva de trabajo fuere inferior a la liquidación privada, por el mismo concepto, el Ministerio de Hacienda dará inmediato aviso al Fondo Nacional de Inversiones; no se exigirá la redención de las unidades del Fondo Nacional de Inversiones suscritas en exceso; pero a partir de la notificación de la liquidación oficial, el contribuyente no tendrá derecho a percibir suma alguna por concepto de utilidades sobre las unidades correspondientes al exceso del impuesto destinado al Fondo Nacional de Inversiones. Estas unidades podrán computarse en años posteriores dentro de la parte del impuesto de renta que el contribuyente debe pagar para adquirir unidades del Fondo Nacional de Inversiones, y en esa forma podrán adquirir de nuevo el derecho a recibir utilidades.

Artículo 8. Si el contribuyente no recibió rentas exclusivas de trabajo, y a pesar de ello en su declaración privada acreditó una parte del impuesto de renta para ser invertida en el Fondo Nacional de Inversiones, deberá redimir las unidades suscritas correspondientes a su aporte voluntario, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la liquidación oficial, inclusive si ésta no estuviese ejecutoriada, y no tendrá derecho a percibir suma alguna por concepto de utilidades causadas a partir de la fecha en la cual debe redimir las unidades adquiridas como resultado de su errónea liquidación privada. El Ministerio de Hacienda dará aviso al Fondo Nacional de inversiones del hecho previsto en el inciso anterior tan pronto tenga noticia de ello y si el contribuyente no efectúa la redención dentro del término señalado, el Ministerio impondrá una multa por valor igual al de esas unidades, y el Fondo Nacional de Inversiones cancelará los títulos correspondientes y situará su valor en el Ministerio de Hacienda.

Artículo 9. En la liquidación oficial del impuesto, a título informativo, se determinará si el contribuyente tiene o no derecho a invertir en el Fondo Nacional de Inversiones; en qué cuantía y condiciones; si debe o no redimir sus unidades, y hasta qué fecha puede hacerlo.

Artículo 10. Las Administraciones de Impuestos Nacionales, al recibir los pagos correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios, expedirán al contribuyente un certificado de la parte pagada con destino a suscribir unidades del Fondo Nacional de Inversiones. Con en ese comprobante, los contribuyentes solicitarán al Fondo Nacional de Inversiones la expedición de los títulos representativos de las unidades poseídas en dicho Fondo, los cuales deberán ser expedidos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de solicitud. Quincenalmente el Fondo Nacional de Inversiones, con en los comprobantes que hayan servido para expedir las unidades del Fondo, solicitará en forma simultánea a la Dirección General de Tesorería y a la Dirección General del Presupuesto que le consignen tanto la parte correspondiente al crédito de impuestos como a los aportes voluntarios de los contribuyentes, y esa consignación debe hacerse durante los tres (3) días siguientes a esa solicitud. Transcurrido ese plazo, se consideran cumplidos todos los trámites presupuestales, administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Dirección General de Tesorería deberá hacer por tanto el pago respectivo en forma inmediata. En cualquier tiempo, tanto el contribuyente como la Administración del Fondo Nacional de Inversiones, podrá obtener de la Dirección de Impuestos Nacionales, todos los datos de la declaración de renta de aquél, para precisar o aclarar sus relaciones con el Fondo surgidas de la aplicación de esta Ley.

Artículo 11. Las unidades del Fondo Nacional de Inversiones serán nominativas, y negociables en la forma que reglamente el Gobierno, cada unidad tendrá un valor nominal de diez pesos ($ 10.00), mientras la Junta Directiva del Fondo no decida otra cosa . El Fondo podrá expedir certificados sobre el derecho de cada unidad a recibir utilidades; y sobre si existe o no obligación de redimirlas en fecha distinta de la que consta en ellos. El Fondo Nacional de Inversiones publicará mensualmente el valor nominal de las unidades en poder de los contribuyentes.

Artículo 12. Si al hacer la suscripción en los porcentajes señalados en el artículo 4o. de esta Ley, sobraren fracciones inferiores al valor de la unidad, el suscriptor deberá pagar en dinero la cantidad necesaria para completar dicho valor.

Artículo 13. La redención de las unidades del Fondo Nacional de Inversiones podrá efectuarse cuatro (4) años después de la suscripción para las unidades provenientes de impuestos y dos (2) años después de la suscripción para las unidades provenientes de los recursos propios de los contribuyentes, y tomando como el último avalúo vigente. Estos plazos podrán ser reducidos por resolución del Ministerio de Hacienda.

Artículo 14. Las utilidades recibidas por los suscriptores de Unidades del Fondo Nacional de Inversiones estarán sujetas al impuesto sobre la renta, pero las reinversiones en el mismo y sus correspondientes ganancias estarán exentas de ese gravamen si se conservan en el Fondo durante tres (3) años o más.

Artículo 15. Las utilidades del Fondo Nacional de Inversiones no serán utilizadas en ningún caso para aumentar el capital del mismo.

Artículo 16. Cada unidad del Fondo Nacional de Inversiones, suscrita con en las liquidaciones que se practiquen a partir de la vigencia de la presente Ley y su reglamento, conferirá al suscriptor los siguientes derechos:

1. El de recibir la parte proporcional de las utilidades decretadas por la Junta Directiva, que corresponda al número de unidades poseídas y computadas a partir del mes siguiente de realizado el pago total o parcial a la Administración de Impuestos Nacionales;

2. El de recibir, una vez cumplidos los términos señalados en la presente Ley, el valor de rescate de las unidades suscritas, conforme al avalúo efectuado en el mes inmediatamente anterior al de la fecha en que se realice la devolución.

3. El de recibir, en caso de liquidación del Fondo, una parte del patrimonio proporcional al número de unidades suscritas, luego de cubrir el pasivo externo.

CAPITULO III

Dirección y Administración del Fondo Nacional de Inversiones.

Artículo 17. El Fondo Nacional de Inversiones tendrá una Junta Directiva compuesta por el Ministro de Hacienda o su delegado, quien la presidirá; el Ministro de Desarrollo Económico o su delegado; el Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; el Gerente del Banco de la República o su delegado; el Gerente del Instituto de Fomento Industrial o su delegado y cuatro (4) representantes del sector privado que deben tener la calidad de contribuyentes al impuesto de renta y complementarios con derecho a suscribir Unidades del Fondo y dos de ellos, además, deberán ser profesionales con título universitario o administradores de empresa. Los cuatro tendrán suplentes personales y al menos dos (2) serán cambiados cada dos años. Los representantes del sector privado mencionados en el presente artículo serán postulados en sendas listas de diez (10) nombres cada una, que pasarán al Congreso de la República, ANDI (Asociación Nacional de Industriales); ACOPI (Asociación Colombiana de Pequeños Industriales); FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes); CONFECAMARAS (Confederación de Cámaras de Comercio); C.T.C. (Confederación de Trabajadores de Colombia), y U.T.C. (Unión de Trabajadores de Colombia), para que las Comisiones Constitucionales Terceras de ambas Cámaras escojan y elijan cada una dos miembros principales y sus respectivos suplentes personales. Los Presidentes de las dos Comisiones coordinarán previamente la forma de hacer la elección, con el fin de asegurar que se utilicen todas las listas y no se repitan nombres. Artículo 18. El quórum para las reuniones de la Junta Directiva estará constituido por la mayoría absoluta de los miembros que la componen y las decisiones serán tomadas por la mitad más uno de los asistentes. En caso de empate en una votación, decide el Presidente de la Junta.

Artículo 19. La Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones:

1. Disponer qué reservas deben constituirse, las cuales siempre estarán representadas en bienes de valor nominal garantizado y de mucha liquidez, nunca en inmuebles, maquinaria o equipo, y al disponerlas debe prevalecer el criterio de asegurar la mejor rentabilidad posible de las unidades del Fondo.

2. Fijar el monto de las utilidades para los suscriptores de unidades, aprobar los avalúos mensuales de las unidades, y fijar la norma y plazos en que deben pagarse.

3. Ordenar las acciones que correspondan contra los empleados o funcionarios al servicio del Fondo Nacional de Inversiones, cuando a ello hubiere lugar.

4. Nombrar el personal directivo del Fondo, con excepción del Gerente, y disponer de su remuneración.

5. Fijar la política de personal, de inversiones, desarrollo y salarios del Fondo, sin perjuicio de las normas prescritas en esta Ley.

6. Aprobar cada año el inventario y el balance general de los negocios que presente el Gerente.

7. Fijar al Gerente los criterios dentro de los cuales debe actuar al hacer uso de los derechos que la posesión de títulos, acciones y créditos confieren al Fondo, siempre procurando defender los intereses de los suscriptores de sus unidades, y sin perjuicio de las normas establecidas en esta Ley.

8. Las demás que señale la Ley o el Reglamento.

Artículo 20. El Gerente del Fondo Nacional de Inversiones será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

Artículo 21. El Fondo Nacional de Inversiones estará sujeto a la Inspección exclusivo de la Superintendencia Bancaria, y no estará obligado a contribuir al sostenimiento de ésta. Además, el Fondo se regirá por las normas sobre sociedades y fondos administradores de inversión en cuanto no se opongan a lo previsto en esta Ley. El Fondo Nacional de Inversiones tendrá un Revisor Fiscal nombrado por el Superintendente Bancario.

Artículo 22. El Gerente deberá rendir a la Junta Directiva informe de su gestión, al final de cada año y cuando por cualquier causa se retire del cargo.

Artículo 23. A los Directores y al Gerente del Fondo Nacional de Inversiones se aplica el mismo régimen de incompatibilidades o inhabilidades previsto en el Código de Comercio, y en las normas especiales sobre entidades de crédito, en cuanto sea compatible con lo dispuesto en las normas administrativas relacionadas con las entidades adscritas a los Ministerios, para efectos de coordinación de políticas.

CAPITULO IV

Avalúos y balances en el Fondo Nacional de Inversiones.

Artículo 24. El Gobierno Nacional, con la asesoría de la Superintendencia Bancaria, fijará el procedimiento para el avalúo de las Unidades del Fondo, el cual deberá hacerse y publicarse mensualmente, y dentro de criterios y normas aplicadas a los Fondos de Inversión privados, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 25. Durante los tres primeros meses de cada año, el Gerente del Fondo Nacional de Inversiones rendirá a la Junta Directiva balance, inventario y demás estados financieros, a 31 de diciembre del ejercicio anterior. La Superintendencia Bancaria determinará en qué forma deben presentarse esos informes, procurando ajustarse a lo dispuesto para las sociedades administradoras de inversión y Fondos de Inversión privados, en cuanto ello sea posible dentro de lo previsto en esta Ley.

Artículo 26. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de los inventarios, balances y estados financieros, el Gerente deberá enviarlos a la Superintendencia Bancaria junto con las informaciones pedidas por ésta.

Disposiciones generales.

Artículo 27. El Fondo Nacional de Inversiones deberá invertir no menos del cincuenta por ciento (50%) de sus recursos de inversión en los valores de rendimiento fijo o de valor constante que señale la Junta Monetaria, principalmente cédulas del Banco Central Hipotecario, Bonos del Gobierno Nacional y de entidades públicas o privadas; el treinta y cinco por ciento (35%) en acciones o derechos de suscripción de sociedades inscritas en las bolsas de valores; y el quince por ciento (15%) en la promoción de nuevas empresas o en la ampliación de empresas ya existentes, previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. En estas inversiones debe prevalecer el criterio de asegurar la mejor rentabilidad posible de las unidades del Fondo.

Artículo 28. Con excepción de valores del Gobierno Nacional y Cédulas del Banco Central Hipotecario, el Fondo Nacional de Inversiones no podrá invertir más del siete por ciento (7%) de sus recursos de inversión en acciones o bonos de una misma entidad o empresa, ni adquirir más del diez por ciento (10%) del capital social de ella.

Artículo 29. El Fondo Nacional de Inversiones estará exento de toda clase de impuestos nacionales, y no habrá gravamen de timbre sobre los títulos y unidades que emita.

Artículo 30. El Fondo Nacional de Inversiones será miembro de todas las Bolsas de Valores que operan en el país, por derecho propio, en igualdad de obligaciones y derechos con los demás miembros, en cuanto sean compatibles con las normas de esta Ley. El Fondo no podrá celebrar en la Bolsa sino aquellas operaciones que tengan relación directa y exclusiva con su objeto social, únicamente como comprador o vendedor y nunca como intermediario. Asistirán a las bolsas el Gerente del Fondo o sus delegados.

Artículo 31. Previo conocimiento y decisión general de la Junta, el Fondo podrá atender sus gastos de funcionamiento con los rendimientos que obtenga de sus inversiones.

Artículo 32. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento del Fondo Nacional de Inversiones, y tomará todas las medidas presupuestales y administrativas necesarias para cumplir esta Ley.

Artículo 33. Esta Ley rige a partir de su promulgación.

Dada en Bogotá, D. E., a los cuatro días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y tres.

El Presidente del honorable Senado,

HUGO ESCOBAR SIERRA

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

DAVID ALJURE RAMIREZ

El Secretario General del honorable Senado,

Luis Francisco Boada G.

El Secretario General de la honorable Cámara,

Néstor Eduardo Niño Cruz.

República de Colombia. Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., 31 de octubre de 1973.

MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Echavarría Vélez.

LEY 14 DE 1973

(octubre 21 de 1973)

por la cual se celebra el sesquicentenario de la Fundación de la ciudad de Palmira.

El Congreso de Colombia

DECRETA

Artículo 1. Asociarse a la celebración del sesquicentenario de la fundación de la ciudad de Palmira, a celebrarse el 25 de junio de 1974.

Artículo 2. El Gobierno Nacional, queda facultado para apropiar en los presupuestos nacionales de las vigencias fiscales de 1973 y 1974, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000.00) realizando las operaciones de crédito a que haya lugar y/o adicionado los presupuestos ordinarios de las vigencias respectivas.

Artículo 3. La suma de veinte millones ($20.000.000.00) de pesos de que trata el artículo 2 de la presente Ley, será invertida en la celebración de proyectos y construcción del Centro Administrativo Municipal de Palmira.

Artículo 4. La presente Ley, rige a partir de su promulgación.

Dada en Bogotá, D. E., a 18 de septiembre de 1973.

El Presidente del Senado,

HUGO ESCOBAR SIERRA

El Presidente de la Cámara de Representantes,

DAVID ALJURE RAMÍREZ

El Secretario del Senado,

Luis Francisco Boda G.

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Néstor Eduardo Niño Cruz.

República de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., octubre 12 de 1973.

Publíquese y ejecútese.

MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Echevarria Vélez.

LEY 13 DE 1973

por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.

*Nota de Vigencia*

Modificada por la Ley 36 de 1989.

El Congreso de Colombia.

DECRETA

Artículo 1. Créase la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú, y del San Jorge, como un establecimiento público, esto es, como un organismo dotado de autonomía administrativa, patrimonio independiente y personería jurídica, adscrito al Ministerio de Agricultura.

Artículo 2. La Corporación tendrá como finalidad principal promover el desarrollo económico y social de la región bajo su jurisdicción, mediante el pleno empleo de los recursos humanos y naturales a fin de obtener el máximo nivel de vida de la población.

Artículo 3. La Corporación cumplirá sus funciones en el territorio del Departamento de Córdoba y podrá ejecutar estudios y obras fuera de dicha jurisdicción, si ello fuere necesario para adelantar los programas de desarrollo aprobados para su territorio.

La Sede de la Corporación será la ciudad de Montería.

Artículo 4. LA Corporación tendrá las siguientes funciones:

a) Promover, financiar y realizar planes de electrificación, de acuerdo con los estudios y recomendaciones existentes y prospectar su combinación con el sistema eléctrico de la Costa Atlántica y el sistema interconectado central del país.

b) Promover, financiar y realizar la construcción de obras de defensa contra las inundaciones y regular el caudal de las corrientes hidráulicas.

c) Asumir la administración, conservación, fomento, control y vigilancia de los recursos forestales e ictiológicos, para lo cual tendrá a su cargo la reglamentación del aprovechamiento de dichos recursos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

La Corporación adoptará las normas y política general que sobre tales materias haya establecido el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables.

Los Funcionarios que con el carácter de inspectores de Bosques y de Pesca designa la Corporación, tendrán las funciones propias de funcionarios de policía.

d) Asumir la administración de las aguas de uso público para fines agropecuarios y mineros.

e) Promover la creación de parques naturales y asumir su administración, llegado el caso.

f) Asumir, en coordinación con el Ministro de Gobierno y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, la defensa de las parcialidades indígenas y promover la constitución de resguardos de tierras de beneficio de los grupos o tribus indígenas que no los posean.

g) Promover o prospectar el plan vial regional que será sometido a las autoridades nacionales y departamentales competentes y asumir la construcción de vías por delegación nacional o departamental, llegado el caso.

h) Promover la capacitación técnica del campesino en labores agrícolas, pecuarias y mineras, y fomentar la organización cooperativa, para lo cual celebrará convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

i) Realizar estudios del subsuelo con miras al aprovechamiento de los recursos naturales y al fomento de la industria minera.

j) Adelantar directamente por medio de contratos los estudios complementarios para el desarrollo integral de las zonas en las cuales opera.

k) Coordinar y promover el mejoramiento de la vivienda rural, para lo cual celebrará convenios con el Instituto de Crédito Territorial y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Artículo 5. La dirección y administración de la Corporación estará a cargo de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo, quien será su representante legal.

Artículo 6. La Junta Directiva estará integrada por:

a) El Ministerio de Agricultura o su delegado, quien la presidirá.

b) Dos (2) representantes del Presidente de la República con sus respectivos suplentes.

c) Un (1) representante del Gobierno del Departamento de Córdoba y su respectivo suplente.

d) El Gerente o Director de la Federación Nacional de Ganaderos-Seccional de Córdoba.

e) El Gerente o Director d la Federación Nacional de Algodoneros-Seccional Córdoba.

El período de los miembros de la Junta Directiva, será de dos (2) años, excepto el Ministro de Agricultura o su delegado y los dos (2) representantes del Presidente de la República.

Artículo 7. Son funciones de la Junta Directiva, las siguientes:

a) Elaborar los estatutos de la Corporación, los cuales serán sometidos a la aprobación del Gobierno Nacional.

b) Dictar el reglamento y manual de funcionamiento de la Corporación, y adoptar, de acuerdo con su director, su política administrativa.

c) Crear los cargos indispensables y señalar sus funciones y remuneración, con la aprobación del Gobierno Nacional.

d) Establecer cuales de los servicios prestados por la Corporación deben ser retribuidos por medio de tasas y fijar su cuantía y modo de exigirlas, todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

e) Establecer cuales de las obras de la Corporación darán lugar al gravamen de valorización: liquidar dicho gravamen y reglamentar su recaudo, todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

f) Autorizar o aprobar los contratos que celebren el Director Ejecutivo cuando su cuantía sea superior a cien mil pesos ($100.000.00).

h) Adoptar planes y proyectos para el desarrollo de la región, conforme a las reglas que prescriba el Departamento Nacional de Planeación.

i) Comprometer a la Corporación en obligaciones de largo y corto plazo y pignorar los bienes de la Corporación cuando para el cumplimiento de sus funciones fuera menester, y

j) Darse su propio reglamento.

Artículo 8. Los honorarios de los miembros de la Junta Directiva serán los señalados por el Gobierno Nacional. El cargo de miembros de la Junta Directiva no es incompatible con el desempeño de otras funciones públicas o labores particulares, pero sí le impiden intervenir en la celebración de cualquier acto jurídico en que sea parte la Corporación y llevar ante ella la vocería de intereses de particulares, ya sea en nombre propio o ajeno.

Parágrafo. En lo que se refiere a incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de la Junta Directiva, éstas deberán regirse por las disposiciones legales sobre la materia, en especial los artículos 18 y 28 del Decreto 3130 de 1968.

Artículo 9. La Dirección Ejecutiva de la Corporación estará a cargo de un Director que deberá ser profesional de amplia y reconocida experiencia en la técnica de organización y manejo de empresas. Su remuneración, incompatibilidades y responsabilidad serán señaladas en el decreto reglamentario de la presente Ley; su cargo serás incompatible con el ejercicio de toda otra clase de funciones públicas o actividades privadas.

El Director Ejecutivo será el representante legal de la Corporación, su primera autoridad ejecutiva y tendrá el carácter de agente de Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción.

Artículo 10. La Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge podrá imponer multas hasta por cinco mil pesos ($5.000.00), por cada vez, a quienes incumplan los mandatos dictados por ella en ejercicio de las funciones que le confiere la Ley.

Artículo 11. Declárese de utilidad pública e interés social la adquisición de bienes que requiera la Corporación para el cumplimiento de las funciones que se le han asignado por esta Ley, y facultase a la Corporación para adelantar el procedimiento de expropiación de acuerdo con las leyes vigentes.

Artículo 12. Las entidades públicas podrán cooperar en la formación del patrimonio de la Corporación, suministrándole bienes de cualquiera especie sin condición alguna, a manera de donación o bajo la forma de aporte. Los aportes que se hagan a la Corporación no confieren derecho al patrimonio de ella durante su existencia, ni facultad para intervenir en su administración por fuera de las normas estatutarias. De los aportes se llevará una cuenta especial, de manera que si se hacen en bienes distintos de moneda, deberá convenirse su valor entre la entidad aportante y la Corporación, con el fin de registrarlo así en la cuenta respectiva. La cuenta de aportes servirá para que en caso de disolución de la Corporación se establezca la proporción que en el activo líquido le corresponde a cada una de las entidades aportantes.

Artículo 13. Modificado por la Ley 36 de 1989, artículo 1º. Cédese a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, el valor de las regalías que le correspondan a la Nación por concepto de las explotaciones de la mina de “Cerromatoso”, Municipio de Montelíbano. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), asignará y entregará prioritariamente de cada uno de los valores que reciba por concepto de estas regalías a los Municipios de Montelíbano, Ayapel, Puerto Libertador, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Buena Vista ubicados en la zona de influencia de la mina de “Cerromatoso”, aportes en moneda legal colombiana equivalentes a los porcentajes que a continuación se señalan:

%

a) Para el Municipio de Montelíbano 20

b) Para el Municipio de Ayapel 5

c) Para el Municipio de Puerto Libertador 4

d) Para el Municipio de Planeta Rica 4

e) Para el Municipio de Pueblo Nuevo 4

f) Para el Municipio de Buena Vista 3

Total 40

Los municipios administrarán autónomamente los recursos que reciban por concepto de los aportes aquí señalados y no menos del 85% del valor de los mismos deberán ser destinados a inversión.

Parágrafo 1. El saldo de los recursos provenientes de las regalías por las explotaciones de la mina de “Cerromatoso”, Municipio de Montelíbano, que le quedan en administración directa a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), se utilizará prioritariamente en la construcción, hasta su total terminación, de los acueductos regionales en el Departamento de Córdoba.

Texto inicial: “Sédese a la Corporación autónoma regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, el valor de las regalías que le correspondan a la Nación por Concepto de las explotaciones de la mina “Cerro-matoso”, Municipio de Monte Líbano.”.

Artículo 14. El patrimonio de la Corporación estará integrado por:

a) Las sumas que se incluyan en el Presupuestos de gastos de la Nación.

b) Los valores equivalentes a las regalías que la Nación cede a la Corporación, de acuerdo con el artículo anterior.

c) Con las demás rentas que el Congreso de la República, y la Asamblea de Córdoba le destinen.

d) Las donaciones, legados y aportes de las entidades y personas públicas o privadas.

e) Con el producto de las multas, tasas y gravámenes autorizaos por esta Ley; y

f) Con los ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

Artículo 15. La fiscalización de la Corporación se regirá por la Ley 151 de 1959. el Contralor General de la República prescribirá sistemas apropiados a la naturaleza de la Corporación, teniendo en cuenta su carácter de entidad descentralizada, encargada de aplicar la técnica y los sistemas modernos de administración de empresas.

Artículo 16. Exencionase a la Corporación de los impuestos de aduana, depósitos previos, timbres, impuestos de giros, derechos consulares y demás gravámenes relacionados con importaciones, quedando sí sometida a los reglamentos generales sobre registro, cambios, compensaciones, etc.

Parágrafo. Las exenciones de derechos de aduanas, se consideran únicamente para la importación de bienes destinados a la realización de obras encomendadas por la Ley a la Corporación.

Artículo 17. La corporación como establecimiento público que es, gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la Nación.

Artículo 18. A la Corporación le serán aplicables las normas legales sobre establecimientos públicos contempladas en los Decretos 1050 y 3130 de 1968 y demás disposiciones vigentes.

Artículo 19. La presente Ley regirá desde su sanción

Dada en Bogotá, D. E., a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y tres.

El Presidente del honorable Senado,

HUGO ESCOBAR SIERRA

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

DAVID ALJURE RAMÍREZ

El Secretario del General del honorable Senado,

Luis Francisco Boda G.

Néstor Eduardo Niño Cruz.

República de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., octubre 11 de 1973.

Publíquese y ejecútese.

MISAEL PASTRANA BORRERO

EL Ministro de Agricultura,

Hernán Vallejo Mejía.

LEY 12 DE 1973

(octubre 4 de 1973)

El Congreso de Colombia,

DECRETA

Artículo 1. La Lotería Villa Republicana de Chiquinquirá, creada por la Ley 9 de 1970 funcionará durante diez años, a partir de la sanción de la presente Ley, Mediante un sorteo anual extraordinario que podrá ser individual, asociado o colectivo, de cuantía indefinida, y con el procedimiento y la fiscalización que determinen las disposiciones legales vigentes.

Artículo 2. Facultase a la Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá para contratar, organizar y administrar el funcionamiento de la Lotería de la Villa Republicana de Chiquinquirá y para invertir los recaudos, dando prioridad a las siguientes obras: Financiación de la edificación del Mercado Cubierto, Construcción del Coliseo de Ferias, Financiación de la Construcción del Instituto Universitario, Construcción del Matadero Regional, Construcción del Coliseo Deportivo Cubierto de la ciudad de Chiquinquirá y otras obras de la misma ciudad que requieren inversión.

Artículo 3. Quedan derogadas y modificadas las disposiciones que le sean contrarias a la presente Ley.

Dada en Bogotá, D. E., a 2 de agosto de 1973.

El Presidente del Senado,

HUGO ESCOBAR SIERRA

EL Presidente de la Cámara de Representantes,

DAVID ALJURE RAMÍREZ

El Secretario del Senado,

Amaury Guerrero.

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Néstor Eduardo Niño Cruz.

República de Colombia. Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., 4 de octubre de 1973.

Publíquese y ejecútese.

El Ministerio de Salud Pública,

José María Salazar Buchelli.