LEY 11 DE 1967

(abril 7 DE 1967)

por la cual se auxilia al XXXIX Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, se desarrolla el ordinal 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

Artículo 1. Auxiliase al XXXIX Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, con la cantidad de treinta millones de pesos ($ 30.000.000.00) moneda corriente.

Parágrafo. La administración de los fondos a que se refiere este artículo estará a cargo de una Junta Especial, que integrará el Gobierno en el Decreto Reglamentario de la presente Ley.

Artículo 2. Autorízase al Gobierno Nacional para ejecutar las operaciones presupuestales que demande la ejecución de la presente Ley.

Artículo 3. Considéranse empresas útiles o benéficas, dignas de estímulo y apoyo por parte de la Nación, las que se enumeran a continuación, y que se sometan a los requisitos señalados en esta ley:

a) La construcción, ensanche y sostenimiento de hospitales, preventorios, clínicas, reformatorios, sanatorios y casas de salud y beneficencia, sean departamentales, municipales, intendenciales o comisariales, o de comunidades o de asociaciones religiosas, que tengan origen en un decreto canónico;

b) La construcción, ensanche y sostenimiento de establecimientos de enseñanza primaria, secundaria, profesional, industrial y artística, colonia de vacaciones, teatros culturales, bibliotecas públicas, estadios, aeródromos, gimnasios, campos de deporte, casas de estudios, casas para hospedaje de campesinos, catedrales y templos parroquiales, sean departamentales, municipales, intendenciales o comisariales, o de entidades dedicadas a desarrollar los fines de esas obras o empresas, y las obras o construcciones de casas o edificios de empleados o trabajadores, celebración de Congresos Eucarísticos, nacionales o internacionales, de profesionales o de obreros;

c) La construcción, ensanche y sostenimiento de centrales o plantas hidroeléctricas térmicas, acueductos, alcantarillados, canalización, pavimentación de plazas, parques, calles y demás vías públicas, departamentales, municipales, intendenciales o comisariales, o de varias de estas entidades;

d) La construcción, ensanche y conservación de edificios públicos, mataderos, cementerios, plazas de mercado, parques, avenidas y hoteles de turismo, departamentales, municipales, intendenciales o comisariales, o de varias de estas entidades, carreteras, medios de navegación fluvial y marítima, caminos vecinales y puentes;

e) Las campañas sanitarias de todo orden sean departamentales municipales, intendenciales, comisariales o de entidades de beneficencia;

f) Las exposiciones, campañas agrícolas y ganaderas, de santificación, desecación e irrigación de terrenos y de arboricultura y forestación, fomento de cooperativas y granjas agropecuarias de cualquier entidad de derecho público;

g) La construcción, por motivos de utilidad social de barrios para trabajadores, y la construcción por motivo de calamidad pública, de ciudades, edificios, habitaciones, monumentos públicos, y las obras de defensa o amurallamiento en las poblaciones para prevenir o reparar deslizamientos provocados por avenimientos o inundaciones de ríos, mares o aguas subterráneas en núcleos de población urbanos o rurales;

h) El levantamiento de planos urbanísticos que regulen el futuro desarrollo de las ciudades del país, y el establecimiento, funcionamiento o dotación de cuerpos de bomberos que aseguren su defensa;

i) La publicación o adquisición de obras científicas, didácticas, históricas o artísticas en que están interesados los Departamentos o Municipios;

j) La celebración de centenarios en ciudades y poblaciones colombianas cuando concurran las condiciones, y se cumplan las mismas en la Ley 46 de 1946, pudiendo determinarse en cada caso la cuantía del auxilio.

Artículo 4. Cuando se trata de la construcción y ensanche de una obra, el proyecto que persiga el apoyo nacional deberá presentarse acompañado de los siguientes documentos:

a) De los planos de la obra levantados o autorizados por ingeniero titulado, y con el visto bueno del Agente del Ministerio Público del lugar;

c) Certificación de las autoridades municipales o departamentales correspondientes, según la índole y fines de la obra, sobre la utilidad o necesidad de ‚ésta o sobre la no existencia de otras similares en el lugar respectivo, así como sobre la capacidad o aptitud de la obra para satisfacer las necesidades que trata de remediar;

d) Una explicación razonada y justificada sobre la necesidad del aporte nacional para garantizar la realización de la obra.

Artículo 5. Cuando se trata del sostenimiento de las obras que lo requieran, contempladas en el artículo tercero, campañas agrícolas, ganaderas, sanitarias, de desecación, irrigación, forestación, santificación y similares, el proyecto que busque la ayuda de la Nación deberá presentarse acompañado de lo siguiente:

a) Para los hospitales y demás obras a que se refiere el aparte a) del artículo tercero de esta Ley y campañas sanitarias, certificado de las autoridades municipales o departamentales de higiene sobre la necesidad y manifiesta utilidad del sostenimiento de la obra y su aptitud o capacidad para prestar los servicios que se propone. Una copia del presupuesto para el año siguiente. El acto o acta auténticos de su creación. Testimonio del aporte departamental, municipal o particular para el sostenimiento y garantía sobre la inversión del auxilio nacional;

b) Para los establecimientos de educación y demás obras a que se refiere el artículo tercero, los documentos a que se refiere el Decreto número 559 de 1940, emanado del Ministerio de Educación Nacional, presupuesto del año anterior, si lo hubo, y del subsiguiente; copia de la última acta de visita practicada por Inspectores nacionales o departamentales, o por las autoridades correspondientes; certificado del Alcalde y del Gobernador sobre la necesidad o utilidad del sostenimiento; testimonio del aporte departamental, municipal o particular para el sostenimiento y explicación justificada de la necesidad del auxilio;

c) Para las campañas agrícolas, ganaderas, de irrigación, arborización, etc. concepto de las autoridades departamentales del ramo sobre la importancia de ellas, las necesidades a que atenderán, su presupuesto y una explicación justificativa sobre la necesidad del aporte nacional para garantizar su efectividad.

Artículo 6. Cuando se trata de la creación o sostenimiento de un servicio público, deberá acompañarse el acto oficial que lo ordenó; presupuesto de costo y sostenimiento por año; certificado de la autoridad departamental o municipal correspondiente sobre la necesidad del servicio; concepto del Ministerio o Departamento Administrativo correspondiente sobre la utilidad o conveniencia, y explicación justificada de la necesidad del aporte nacional para garantizar la estabilidad y buena prestación del servicio.

Artículo 7. Cuando se trata de la publicación de una obra por parte del Tesoro Nacional o adquisición de la propiedad literaria de ella, o de un número determinado de ejemplares para las oficinas públicas, el proyecto deberá venir acompañado de un ejemplar de la obra; del concepto de una entidad académica sobre la materia, que la haya revisado; tres declaraciones de personas idóneas, tomadas con asistencia del Personero Municipal, sobre el estado económico del autor de la obra, y certificado de la Administración de Hacienda correspondiente, sobre la renta del autor.

Artículo 8. En todos los casos de fomento a que se refieren los artículos anteriores, el Gobierno tendrá la fiscalización y vigilancia en lo relacionado con la inversión del auxilio en la obra beneficiada dentro de los planes de ellas, en los términos que señale el Gobierno al ordenar su pago.

Artículo 9. Cuando el aporte nacional se entregue a funcionarios oficiales de manejo, la fianza prestada para entrar a servir el cargo responder también del auxilio nacional, ampliándose a juicio de la Contraloría General de la República.

Artículo 10. El legislador podrá al expedir la Ley de auxilio o fomento, remitir el cumplimiento de las formalidades de que habla la presente Ley por parte de las entidades beneficiadas al momento de hacerse el pago respectivo o al de la inclusión de la correspondiente partida en el Presupuesto Nacional. Esta misma facultad se da al Gobierno para que posponga la exigencia del lleno de estas formalidades, tratándose de Municipios o entidades comisariales, hasta el momento del pago del auxilio.

Artículo 11. Las partidas que el Gobierno señaló en forma global en el decreto de liquidación del Presupuesto para obras discriminadas por el Congreso al aprobarse el Presupuesto Nacional de 1967, se distribuirán de acuerdo con la determinación establecida por el Congreso, previa presentación de la Ley preexistente que fundamenta dicho gasto, y sólo distribuirá el Gobierno aquella partida o sobrante que no acrediten la formalidad del artículo 210 de la Constitución Nacional.

Artículo 12. Además de los documentos exigidos en los artículos anteriores, todo proyecto que persiga un auxilio económico nacional deberá acompañarse de una información del Ministro o del Jefe del Departamento Administrativo cuya dependencia ha de afectarse, en su presupuesto especial, con el auxilio solicitado, sobre la urgencia de la obra o empresa en relación con las otras necesidades nacionales que deba atender ese despacho en la región del país que trata de favorecerse. Si el Congreso insiste en el gasto, no tendrá fuerza obligatoria la información administrativa a que se refiere el presente artículo.

Artículo 13. No podrá ser auxiliada de nuevo la obra útil o benéfica a la que el Gobierno le compruebe violación de las obligaciones señaladas en esta Ley o en los decretos respectivos.

Artículo 14. Ningún auxilio decretado por el Congreso Nacional para las empresas dignas de estímulo y apoyo que señala esta Ley, se pagará mientras no se demuestre que la empresa cuenta con recursos suficientes o con medios de financiación adecuada para su adelantamiento y terminación, tomando en cuenta el valor del auxilio nacional de que se trata y habida consideración de un término prudencial para su completa realización.

Artículo 15. Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de abril de 1967.

El Presidente del honorable Senado,

MANUEL MOSQUERA GARCÉS

El Presidente de la honorable Cámara,

CARLOS DANIEL ABELLÓ ROCA

El Secretario del honorable Senado,

Ovidio Rincón.

El Secretario de la honorable Cámara,

Juan José‚ Neira Forero.

República de Colombia. Gobierno Nacional.

Bogotá, D.E., abril 7 de 1967.

Publíquese y ejecútese.

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Gobierno,

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Abdón Espinosa

Valderrama. El Ministro de Fomento,

Antonio Álvarez Restrepo.

El Ministro de Obras Públicas,

Bernardo Garcés Córdoba.

LEY 10 DE 1967

(abril 4 DE 1967)

por la cual se aplaza la elección de Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio Publico, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA

Artículo 1. Posponerse la elección de Magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Aduanas, así como la de Jueces Superiores, de Aduanas, de Circuito, de Menores, Municipales y Territoriales, y la de Fiscales de Tribunales Superiores, Administrativos y de Aduanas, y de Juzgado Superior, para el período subsiguiente al hoy en curso.

Dichas elecciones se realizarán a más tardar el día primero de abril de 1968, las de Magistrados de Tribunales y sus respectivos Fiscales, y el primero de junio de 1968, las de Jueces y Fiscales de Juzgados en las fechas que al efecto señale el Gobierno Nacional.

Los Magistrados, Jueces y Fiscales que actualmente desempeñen sus cargos en propiedad, continuarán en el ejercicio de éstos en calidad de interinos, mientras no sean reemplazados, suspendidos en el ejercicio de sus destinos o destituidos por la autoridad competente, en los casos y con las formalidades que determinan la Constitución y las leyes.

Artículo 2. Esta Ley regirá desde su sanción.

El Presidente del Senado,

MANUEL MOSQUERA GARCÉS

El Presidente de la Cámara de Representantes,

CARLOS DANIEL ABELLÓ ROCA

El Secretario del Senado,

Lázaro Restrepo Restrepo.

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Luis Esparragoza Gálvez.

República de Colombia. Gobierno Nacional. Bogotá, D.C., abril 4 de 1967.

Publíquese y ejecútese.

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Justicia, Darío Echandía.

LEY 1 DE 1967

(enero 25 de 1967)

por la cual se provee a la reconstrucción de las zonas devastadas por el incendio de Quibdo, y la ayuda a los damnificados por este mismo suceso.

El Congreso de Colombia,

DECRETA

Articulo 1. El Banco Central Hipotecario concederá préstamos de amortización gradual hasta con veinte (20) años de plazo e interés del 7% anual, a los damnificados por el incendio ocurrido en Quibdó el 27 de octubre de 1966, con el objeto de atender a la construcción de nuevas viviendas y edificaciones comerciales que sustituyan las afectadas o destruidas.

La cuantía individual de los créditos de que trata este articulo estar limitada a la suma necesaria para sustituir los bienes raíces afectados, y no podrá exceder del 80% del valor de la nueva edificación.

Articulo 2. El Banco Central Hipotecario concederá préstamos industriales hasta con diez (10) años de plazo e interés del 7% anual, a los damnificados por el incendio de Quibdó, con el objeto exclusivo de atender a la reposición de la maquinaria industrial que se hubiere perdido o deteriorado en tal suceso. La cuantía individual de los créditos‚ de que trata este artículo, estar limitada a la suma necesaria para sustituir la maquinaria y la edificación, y no podrá ser superior al 80% del valor de los bienes que se adquieran con el crédito.

Articulo 3. El Banco Central Hipotecario queda facultado para emitir c‚dulas hipotecarias y Bonos Industriales de garantía general del 5% de interés anual, que se destinarán a atender la financiación de las operaciones autorizadas en el artículo anterior.

Articulo 4. Autorizase al Gobierno Nacional para otorgarla garantía solidaria de la Nación a las operaciones de crédito‚que se realicen de conformidad con la presente Ley, destinadas a auxiliar a los damnificados por el incendio de Quibdo.

Articulo 5. Autorizase al Banco de la República, los bancos comerciales, las compañías de seguros y las sociedades de capitalización, para invertir en las c‚dulas hipotecarias y los Bonos Industriales que emita el Banco Central hipotecario en desarrollo de esta Ley, las compras de valores que efectúen tales instituciones en virtud de lo dispuesto en este articulo, no afectar n los cupos fijados por la ley para la inversión de c‚dulas hipotecarias y Bonos Industriales.

Articulo 6. Autorizase al Gobierno para celebrar convenios con los Bancos Comerciales y demás entidades de crédito, y dar las garantías correspondientes, a fin de que puedan otorgara los damnificados por destrucción de bienes muebles no cobijados en las financiaciones previstas por los artículos anteriores, préstamos‚ de amortización gradual a un interés‚ del 7% y con un plazo hasta de diez (10) años, en la cuantía que a continuación se detalla:

A los damnificados que hubieren sufrido pérdidas directas en sus bienes muebles, se les harán préstamos‚ de acuerdo con las siguientes condiciones

a) Para patrimonios hasta de $ 20.000.00, inclusive, préstamos por la totalidad de la pérdida sufrida;

b) Para los patrimonios mayores de $ 20.000.00, hasta $ 100.000.00, inclusive, préstamos de acuerdo con la siguiente tabla:

Para los primeros $ 20.000.00 de pérdida, $20.000.00

Para los $ 10.000.00 adicionales, el 70%, o sea 7.000.00

Para los $ 10.000.00 adicionales, el 60%, o sea 6.000.00

Para los $ 10.000.00 adicionales, el 50%, o sea 5.000.00

Para los $ 50.000.00 adicionales, el 40%, o sea 20.000.00

c) Para patrimonios mayores de $ 100.000.00, con pérdidas mayores de $ 100.000.00, préstamos‚ de $ 60.000.00.

Parágrafo. Los damnificados que hubieren sufrido una pérdida en sus bienes muebles menor del 10% de su patrimonio no tendrán derecho a los préstamos‚ de que trata el presente articulo.

Articulo 7. Toda persona natural o jurídica que tenga interés en utilizar los créditos‚ autorizados en la presente Ley, deber presentar al “Comité‚ de Coordinación Ciudadana”, las respectivas solicitudes dentro de los plazos y condiciones que par tal efecto determine el Gobierno.

Artículo 8. Con destino exclusivo a la reconstrucción de la ciudad de Quibdó, establece‚ en todo el país por el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha que el Gobierno señale, una cuota de recargo “Pro-ciudad Quibdó”, del 10% sobre el valor de cada boleta personal de entrada a espectáculos públicos de cualquier clase. Su producido será consignado en la Tesorería General de la República, a órdenes del “Comité‚ de coordinación ciudadana”.

Artículo 9. Destinase la suma de treinta millones de pesos($ 30’000.000.00), para la construcción de un edificio donde funcionen las dependencias nacionales, departamentales y municipales de Quibdó y para la adquisición de los terrenos y edificios necesarios para la remodelación y reconstrucción de esa ciudad.

De acuerdo con el numeral 11 del artículo 76 de la Constitución, autorizase al Gobierno Nacional para contratar empréstitos, realizar todas las operaciones de crédito‚necesarias, abrir el Presupuesto actual y de las vigencias posteriores, los créditos indispensables, y en general, efectuar todas las operaciones administrativas del caso con el fin de obtener el cabal cumplimiento de la presente Ley. Artículo 10. Autorizase al Gobierno Nacional para conceder plazos de gracia, rebajas y exoneraciones sobre el impuesto de renta y complementarios, correspondientes al año gravable de 1965, a favor de los contribuyentes damnificados por el incendio ocurrido en Quibdó en octubre de 1966, conforme al reglamento que el Gobierno expida para el efecto Parágrafo. Las rebajas o exoneraciones que se autoricen no podrán exceder del porcentaje que las pérdidas comprobadas representen en relación con el patrimonio del contribuyente declarado el 31 de diciembre de 1965.

Artículo 11. La concesión de los plazos o las rebajas o exoneraciones de impuestos autorizada en el artículo anterior, deberá concederse en cada caso particular por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la solicitud correspondiente deberá presentarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta Ley.

Artículo 12. Los contribuyentes damnificados con ocasión del incendio de Quibdó, que tengan motivos de inconformidad con la liquidación que se les haya practicado o se les practique por los años gravables de 1964 y 1965, podrán reclamar contra ellas, dentro de los términos legales, sin necesidad de acreditar el pago previo del impuesto liquidado, siempre que acompañen a sus reclamaciones prueba suficiente de su calidad de damnificados, a juicio del Administrador Regional de Impuestos Nacionales de Quibdó.

Artículo 13. Créase el “Fondo pro Remodelación de Quibdó”,el cual estará constituido por:

a) El aporte nacional ordenado por la presente Ley;

b) Las contribuciones que las entidades oficiales, privadas e internacionales, o las personas naturales hayan

donado o donen para la reconstrucción de Quibdo;

c) El producido de la cuota que se crea por la presente Ley;

d) Las partidas que apropien leyes posteriores;

Parágrafo. El Tesoro del Fondo será el Tesorero General de la República. El manejo de los dineros se hará a través de una cuenta especial.

El Tesorero rendirá cuentas al Contralor General de la República sobre el recaudo, distribución y manejo de los fondos.

Artículo 14. El Fondo “pro-Remodelación de Quibdó”,será dirigido y administrado por un “Comité‚ de Coordinación Ciudadana”, designado por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1. El Comité‚ de Coordinación Ciudadana tendrá un Coordinador Ejecutivo designado por el Presidente de la República, cuya asignación mensual no podrá exceder de siete mil pesos ($ 7.000.00).

Parágrafo 2. El Comité‚ podrá designar al personal auxiliar estrictamente indispensable para el cabal cumplimiento de las funciones que esta Ley le señala. Todo nombramiento requerir Resolución Ejecutiva.

Artículo 15. Son funciones del Comité‚ de Coordinación Ciudadana:

a) Recibir todas las contribuciones que las entidades oficiales privadas o internacionales, o las personas naturales donen para la reconstrucción de Quibdó;

b) Ordenar la inversión y distribución de los dineros que se recolecten y los que la presente Ley destina, de acuerdo con los planes de remodelación y reconstrucción que sean adoptados por el Gobierno Nacional;

c) Celebrar los contratos y gestionar los créditos‚ a que haya lugar para la ejecución de los planes adoptados;

d) Crear Comités‚s Asesores, cuyos servicios serán ad-honórem;

e) Informar mensualmente al Presidente de la República, al Gobernador del Chocó y a la ciudadanía sobre sus actividades;

f) Darse su propio reglamento, sometiéndolo a la aprobación del Gobierno Nacional.

Artículo 16. El Comité‚ dispondrá de la Asesoría Técnica necesaria para la ejecución de sus planes, la cual será suministrada por los organismos estatales correspondientes.

Los establecimientos públicos descentralizados coordinarán con el Comité‚ el plan de obras que tengan programados para la ciudad de Quibdó.

Artículo 17. El Fondo tendrá una duración de dos (2) años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, término que podrá prorrogarse por un (1) año más, a juicio del Presidente de la República.

Dada en Bogotá D.C., a 17 de enero de 1967

El Presidente del honorable Senado,

MANUEL MOSQUERA GARCÉS

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

CARLOS DANIEL ABELLÓ ROCA

El Secretario del honorable Senado,

Lázaro Restrepo Restrepo.

El Secretario de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Esparragoza Gálvez.

República de Colombia. Gobierno Nacional.

Bogotá, D.C., enero 25 de 1967.

Publíquese y ejecútese.

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Gobierno,

Misael Pastrana Borrero.

El Ministro de Hacienda y Crédito Publico,

Abdón Espinosa Valderrama.

LEY 9 DE 1966

(julio 1 de 1966)

por la cual se fijan asignaciones a funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA

Artículo 1. A partir de la vigencia de la presente Ley, señálanse las siguientes asignaciones a los funcionarios aquí indicados:

a) Los Magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial, los Magistrados de Tribunal Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Superior de Aduanas, los Magistrados del Tribunal Superior Militar, así como los Fiscales correspondientes a estos organismos, devengarán la cantidad de cinco mil quinientos pesos mensuales ($ 5.500.00);

b) Los Jueces Superiores de Distrito Judicial, los Jueces de Menores, los Jueces Superiores de Aduanas y los Fiscales de Juzgados Superiores, devengarán la cantidad de cuatro mil pesos mensuales ($ 4.000.00);

c) Los Jueces del Circuito y los Jueces Municipales de la Clase “A”, devengarán la cantidad de tres mil ochocientos pesos mensuales ($ 3.800.00);

d) Los Jueces Municipales de la Clase “B”, devengarán la cantidad de tres mil doscientos pesos mensuales ($ 3.200.00);

e) Los Jueces Municipales de la Clase “C”, los Jueces de Instrucción Criminal adscritos a las Brigadas Militares y los Jueces Territoriales, devengarán la cantidad de dos mil quinientos pesos mensuales ($ 2.500.00);

f) Los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación y el Secretario General de esta Entidad, devengarán la cantidad de cinco mil quinientos pesos mensuales ($ 5.500.00);

g) Los Procuradores Agrarios y los Procuradores de Distrito Judicial, devengarán la cantidad de cinco mil pesos mensuales ($ 5.000.00);

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h) Los Fiscales Instructores de la Procuraduría General de la Nación y los Asesores Jurídicos de la misma, devengarán la cantidad de cuatro mil pesos mensuales ($ 4.000.00).

Artículo 2. Los Jueces Municipales de la Clase “B”, devengarán la cantidad de dos mil quinientos pesos mensuales ($ 2.500.00), los Jueces Municipales de la Clase “C”, los Jueces de Instrucción Criminal adscritos a las Brigadas Militares, y los Jueces Territoriales, devengarán la cantidad de dos mil pesos mensuales, ($ 2.000.00), cuando no sean abogados titulados.

Artículo 3. Para dar cumplimiento a la presente Ley, el Gobierno queda autorizado para abrir los créditos y verificar los traslados correspondientes en el Presupuesto de la actual vigencia.

Artículo 4. La suma girada al Tesorero Municipal de Vélez, con destino a la construcción del edificio de educación primaria denominado “Instituto Kennedy”, de conformidad con lo dispuesto sobre este particular en la respectiva apropiación presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal de 1965, suma que permanece inmovilizada en la Tesorería de dicho Municipio por no haber tenido cumplimiento la finalidad prevista, se aplicará a la construcción del edificio destinado al Ateneo Cultural de Vélez.

Artículo 5. Deróganse todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ley, la cual rige desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a los veintidós días del mes de junio de mil novecientos sesenta y seis.

El Presidente del honorable Senado,

EUGENIO GÓMEZ GÓMEZ

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

JAIME UCROS GARCÍA

El Secretario del honorable Senado,

Amaury Guerrero.

El Secretario de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Esparragoza Gálvez.

República de Colombia ‑ Gobierno Nacional.

Bogotá, D.E., julio 1º de 1966.

Publíquese y ejecútese.*

GUILLERMO LEÓN VALENCIA

El Ministro de Justicia,

Francisco Posada de la Peña.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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