LEY 78 DE 1989

(diciembre 22)

por la cual se autorizan unas operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación, una capitalización y se dictan otras disposiciones.

Nota: Modificada parcialmente por la Ley 51 de 1990.

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA :

CAPITULO I

Del endeudamiento interno

SECCION PRIMERA

autorización de endeudamiento interno.

Artículo 1° Amplíase en $ 50.000 millones las autorizaciones concedidas al Gobierno Nacional por el artículo 5° de la Ley 43 de 1987 para contratar o garantizar operaciones de crédito público interno destinadas a financiar planes y programas de desarrollo económico y social en los subsectores de compra de tierras por el Incora, títulos de deuda pública para cancelar obligaciones con la Caja Agraria y operaciones de crédito interno con el sector eléctrico nacional.

El Gobierno Nacional podrá emitir contra este cupo títulos de deuda pública interna para el pago de obligaciones creadas por la ley a cargo de la Nación, o para el reconocimiento y pago de la garantía de la Nación a operaciones de crédito público interno.

Parágrafo. Los títulos de deuda pública interna que el Gobierno Nacional emita en ejercicio de las autorizaciones del presente artículo, no podrán ser colocados en el Banco de la República.

Nota: Ver modificación en la Ley 51 de 1990, artículo 1º.

SECCION SEGUNDA

De los Títulos de Ahorro Nacional, TAN

Artículo 2o. Amplíanse las autorizaciones concedidas al Gobierno Nacional por el artículo 6° de la Ley 43 de 1987 y disposiciones anteriores, para emitir, colocar y mantener en circulación Títulos de Ahorro Nacional, TAN, hasta por $ 85.000 millones adicionales a los autorizados en dichas normas, destinados a atender el financiamiento de apropiaciones previstas en el presupuesto complementario de la Nación para la vigencia fiscal de 1990 hasta por una cuantía de $ 15.000 millones y el servicio de la deuda de los títulos en circulación.

Además de los requisitos establecidos en la presente Ley, la emisión, colocación, circulación, negociación, garantía y servicio de los Títulos de Ahorro Nacional, TAN, que se emitan en desarrollo del presente artículo, así como la determinación de sus características financieras, se sujetarán a las reglas establecidas para los mismos fines en la Ley 34 de 1984 y el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 55 de 1985.

Nota: Ver modificación en la Ley 51 de 1990, artículo 2.

Artículo 3° La emisión de Títulos de Ahorro Nacional, TAN, con en las disponibilidades generadas por la redención de títulos en circulación, por cuanto no afecta el cupo autorizado, sólo requerirá la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público-, por solicitud del Banco de la República acompañada de la respectiva certificación de disponibilidad.

Artículo 4° El Gobierno Nacional podrá cancelar las obligaciones ya adquiridas incluidas en el presupuesto general de la Nación, mediante la entrega de Títulos de Ahorro Nacional, TAN, con plazo superior a un año, en los casos en que la entidad beneficiaria así lo solicite.

De los “Bonos de Financiamiento Especial”.

Artículo 5° Autorízase al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna hasta por una cuantía de $ 15.000 millones de pesos denominados “Bonos de Financiamiento Especial”.

Artículo 6° El producto de los bonos de financiamiento especial se destinará a financiar gastos generales y de inversión de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, el Ministerio Público y la Rama Jurisdiccional, según distribución que haga el Consejo de Ministros.

Artículo 7° Las personas jurídicas y sociedades de hecho, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, deberán efectuar una inversión forzosa en “Bonos de Financiamiento Especial” durante el año 1990, la cual será igual a una suma equivalente al 5% del total del impuesto de renta y complementarios a cargo del contribuyente por el año gravable de 1989.

Artículo 8° Autorízase al Gobierno Nacional para determinar las características de los “Bonos de Financiamiento Especial” en relación con plazos de vencimiento, forma de amortización, utilización, negociabilidad y exenciones de impuestos. Así mismo para definir la manera de realizar la adquisición de los bonos en el mercado, las sanciones por incumplimiento, las deducciones por pérdida en la enajenación de los bonos y la manera de aplicar las tarifas a las s gravables del impuesto sobre la renta y complementarios.

Artículo 9° Autorízase al Gobierno Nacional para hacer los traslados necesarios de las partidas presupuestales de las entidades de que trata el artículo 6° asignadas en el presupuesto consolidado de la Nación para la vigencia de 1990, hasta por la suma de $15.000 millones de pesos, para atender del financiamiento de las apropiaciones previstas en el presupuesto complementario para la misma vigencia fiscal de 1990.

CAPITULO II

Autorizaciones de endeudamiento externo.

Artículo 10. Amplíanse en $2.500 millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, las autorizaciones concedidas por el artículo 7° de la Ley 43 de 1987 y por normas anteriores para contratar o garantizar operaciones de crédito público externo destinadas a financiar programas y proyectos de desarrollo, orientando la selección de los proyectos con el criterio de buscar un desarrollo equilibrado del país y un equitativo beneficio de las diferentes regiones, en los siguientes tres renglones.

a) Nuevos créditos con la banca comercial equivalentes al servicio de la deuda pública externa del país durante 1991 y 1992, con dicha banca comercial;

b) Atender las necesidades del sector eléctrico;

c) Financiar planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social que puedan ser financiados por fuentes de crédito diferentes a la banca comercial.

Parágrafo. Los recursos que se obtengan en moneda nacional provenientes de la presente autorización, no podrán utilizarse para financiar gastos de funcionamiento.

Nota: Ver modificación en la Ley 51 de 1990, artículo 1º.

Artículo 11. Facúltase al Gobierno Nacional para que con cargo al cupo de que trata el artículo anterior emita o garantice títulos de deuda pública externa.

Además del cumplimiento de las normas administrativas y las del Código de Comercio que le son aplicables, la emisión de los títulos de deuda pública de que trata el presente artículo, deberá observar los siguientes requisitos:

a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes;

b) Concepto de la Junta Monetaria sobre las características de la emisión, las condiciones financieras y de colocación de los títulos;

c) Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el cual deberá emitirse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha para la cual haya sido citada por escrito para tal efecto por el Director General de Crédito Público.

d) Decreto que autorice la emisión, fije sus características y condiciones financieras de colocación.

Artículo 12. El pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos originados en operaciones de crédito externo estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes de carácter nacional.

CAPITULO III

Capitalización de la Financiera Eléctrica Nacional, FEN.

Artículo 13. Autorízase a la Nación para incrementar el capital social de la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, o de la entidad que la sustituya en la suma equivalente en pesos de hasta US$200.0 millones provenientes de operaciones de crédito externo que el Gobierno Nacional contrate o haya contratado con la banca multilateral y comercial.

CAPITULO IV

Disposiciones generales.

Artículo 14. Las autorizaciones de endeudamiento otorgadas por los artículos 1° y 10 de la presente Ley, se entienden agotadas una vez utilizadas. Sin embargo, los montos contratados que fueren cancelados por no utilización, incrementarán en igual cuantía la disponibilidad del cupo legal afectado, y para su nueva utilización se someterán a lo dispuesto en la presente Ley y a lo establecido en el Decreto extraordinario 222 de 1983 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 15. Las operaciones de Crédito que celebre o garantice el Gobierno Nacional en desarrollo de los artículos 1° y 10 de la presente Ley, requerirán para su celebración, validez y perfeccionamiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto extraordinario 222 de 1983 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 16. Las operaciones de crédito público que garantice la Nación con cargo a las autorizaciones concedidas por la presente Ley, en sus artículos 1° y 10, requerirán además de lo establecido por el Decreto extraordinario 222 de 1983 y las normas que lo modifiquen o adicionen, el concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el cual deberá rendirse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha para la cual haya sido citada por escrito para tal efecto por el Director General de Crédito Público, y con anterioridad al concepto del Conpes.

Artículo 17. La emisión de los títulos de deuda interna de la Nación previstos en el inciso segundo del artículo 1° de la presente Ley, sólo requerirá el concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y la orden de emisión impartida mediante Decreto ejecutivo originario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. Cuando se trate de recursos destinados a financiar proyectos específicos de inversión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público-informará al Departamento Nacional de Planeación previa la emisión de los títulos de que trata el presente artículo.

Artículo 18. Los contratos que celebre el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 2° de esta Ley, sólo requerirán para su validez y perfeccionamiento la firma de las partes y su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director General de Crédito Público.

Artículo 19. Los decretos y resoluciones que autoricen la gestión y contratación de operaciones de crédito público regirán a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director General de Crédito Público.

Artículo 20. Los cupos autorizados por la presente Ley no podrán ser utilizados por el Gobierno Nacional para extender la garantía de la Nación a operaciones ya contratadas, si originalmente fueron contraídas sin garantía de la Nación.

Artículo 21. El Gobierno Nacional informará cada seis (6) meses al Congreso Nacional, por intermedio de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, sobre la utilización de las autorizaciones conferidas por la presente Ley.

Artículo 22. Previo al acuerdo de modificaciones por concepto de nuevos plazos, ampliación o reducción de los mismos, para el cumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados en desarrollo del Título XVII y el Decreto Ley 222 de 1983 y del Decreto 1050 de 1955, las entidades públicas deberán enviar solicitud de autorización al Ministerio de Hacienda-Dirección General de Crédito Público-, acompañada de las condiciones financieras propuestas y la correspondiente justificación económica.

El Ministerio de Hacienda aprobará cada solicitud de modificación mediante resolución ministerial, para lo cual, solicitará el concepto del Departamento Nacional de Planeación o de la Junta Monetaria, cuando estas entidades hayan participado en el trámite de gestiones del contrato original y los efectos de las modificaciones así lo requieran.

Artículo 23. El artículo 11 de la Ley 43 de 1987 quedará, así: “Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, o municipal, que realicen exportaciones podrán contratar operaciones de crédito para financiar exportaciones futuras y de post-embarque de sus productos, con plazo para su pago máximo de un año, cualquiera que sea su cuantía, previa aprobación de la operación y de sus términos financieros por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público-. Tratándose de operaciones externas se requerirá además, el concepto previo de la Junta Monetaria”.

Artículo 24. El inciso segundo del artículo 59 de la Ley 38 de 1989 quedará así: “En consecuencia, no podrán celebrarse ni serán legalmente válidos los contratos, los compromisos y las obligaciones asumidas por los organismos y entidades, con cargo a recursos de contratos de empréstito no perfeccionados”.

Artículo 25. La incorporación al presupuesto general de la Nación de los recursos del crédito aún no perfeccionados, estará limitada en su cuantía a la determinada en el acto administrativo que autorice su contratación o emisión y deberá contar con una certificación motivada expedida por el Director General de Crédito Público.

Tratándose de operaciones de crédito cuya ejecución presupuestal se efectúe en varias vigencias fiscales, la cuantía anual a incorporar corresponderá a la certificada por el Director General de Crédito Público.

Artículo 27. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá administrar directamente los títulos de deuda pública que emita, o celebrar con entidades nacionales o extranjeras contratos para la emisión, edición, colocación, garantía, fideicomiso y el servicio de los respectivos títulos.

Artículo 28. El Gobierno Nacional queda facultado para autorizar la negociación y contratación de operaciones para el manejo de la deuda pública externa contratada por la Nación y demás entidades públicas, encaminadas a proteger la capacidad de pago por concepto de riesgos derivados de las fluctuaciones de las tasas de interés y cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado internacional.

Estas operaciones son asimiladas a empréstito y se someterán en todo caso, para su celebración y validez a los siguientes requisitos:

1. Concepto económico sobre la viabilidad de la operación emitido por la Dirección General de Crédito Público.

2. Aprobación de la minuta por la Oficina Jurídica Externa de la misma Dirección.

3. Firma de las partes.

Los contratos que se celebren en desarrollo de esta autorización, requerirán para su perfeccionamiento la publicación en el Diario Oficial que se entiende cumplido con la orden de publicación impartida por el Director General de Crédito Público y el Registro en la Oficina de Cambios del Banco de la República.

El ejercicio de la presente autorización no afectará los cupos de endeudamiento.

Artículo 29. El Gobierno Nacional podrá autorizar operaciones de intercambio o conversión de deuda pública externa registrada en los términos del artículo 139 del Decreto Ley 444 de 1967, destinadas a reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, o a incentivar proyectos de interés social o inversión en sectores prioritarios.

Estas operaciones no constituyen nuevo financiamiento y por lo tanto no afectarán los cupos de endeudamiento. Serán autorizadas mediante resolución ministerial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la cual se fijen los términos y las condiciones de la conversión y se ordenen las modificaciones o registros presupuestales y cambiarios correspondientes.

Las condiciones incluirán la participación del Tesoro Nacional en el beneficio asociado a estas operaciones y los términos para su cancelación.

En todo caso, cuando se trate de operaciones de conversión de deuda externa en inversión extranjera directa, se requerirá la autorización previa emanada del Departamento Nacional de Planeación, en los términos del artículo 107 del Decreto ley 444 de 1967.

CAPITULO V

De la creación de fondos de inversión.

Artículo 30. El Departamento Nacional de Planeación, previo concepto de la Comisión Nacional de Valores, podrá autorizar inversiones de capital extranjero que proyecten hacer en el país entidades que estén organizadas como fondos de inversión de capital extranjero para captar recursos fuera del territorio nacional mediante la colocación de cuotas de participación o para ingresar al país recursos aportados por inversionistas institucionales extranjeros, los que se destinarán a la inversión en documentos a los cuales les sea aplicable el régimen de la Ley 32 de 1979 y demás disposiciones complementarias.

Además de las funciones propias de la Comisión Nacional de Valores, en la ejecución de las funciones asignadas en la presente Ley, ésta deberá aprobar los reglamentos internos de los fondos, incluyendo el régimen de sus operaciones, inversiones, diversificación e información en Colombia.

Artículo 31. Los fondos de inversión de capital extranjero elegibles para lo dispuesto en la presente Ley, podrán organizarse en Colombia o en el exterior con aportes realizados por personas extranjeras para su inversión en el mercado público de valores colombiano.

El capital extranjero aportado por los fondos para ser invertido en Colombia no podrá reembolsarse antes de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de venta de las divisas al Banco de la República.

Artículo 32. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, fijará mediante resolución de carácter general los criterios y requisitos para que el Departamento Nacional de Planeación estudie y autorice la inversión de capital extranjero por parte de los fondos, el régimen de sus inversiones, pasivos, capital mínimo, remesas de utilidades y registro, para lo cual deberá observar, entre otras, las siguientes reglas:

1. Las inversiones no podrán exceder, directa o indirectamente, del 5% del capital social con derecho a voto de un mismo emisor. Dicha restricción se aumenta a un 10% del capital social con derecho al voto si el excedente sobre el 5% corresponde a acciones de primera emisión, suscritas y pagadas por el fondo en cuestión.

2. La inversión en instrumentos emitidos o garantizados por un mismo emisor, no podrá superar el 10% del activo invertido por cada fondo en Colombia, salvo que se trate de títulos emitidos por la Nación, el Banco de la República o el Fondo Nacional del Café.

3. Al final del primer año de funcionamiento, cada fondo deberá tener a lo menos, un 20% de su activo en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación de sociedades anónimas colombianas. Después del tercer año, a lo menos el 60% de su activo deberá estar invertido en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación de sociedades anónimas colombianas.

4. Los fondos que se creen conforme a las disposiciones de esta Ley no podrán, en conjunto, poseer directa o indirectamente, más del 25% de las acciones emitidas por una misma sociedad anónima.

Artículo 33. La administración de los fondos de que trata la presente Ley, será ejercida por entidades financieras o sociedades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria las cuales responderán hasta de la culpa leve en la ejecución de sus funciones.

Cada sociedad administradora tan solo podrá administrar un fondo, al cual representará, judicial y extrajudicialmente en Colombia, siendo solidariamente responsable con éste del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables. Si el fondo se organiza en el país, la sociedad administradora podrá recibir los aportes de las personas extranjeras, con el fin de constituirlo y administrarlo.

Las operaciones del fondo respectivo serán efectuadas por la sociedad administradora a nombre y por cuenta y riesgo de aquél, quien será el titular de los instrumentos representantivos de las inversiones realizadas. Dichas operaciones se contabilizarán separadamente de las operaciones relativas a la sociedad administradora y estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 34. Para la ejecución de la presente Ley, el Gobierno Nacional queda facultado para tomar todas las medidas y realizar las operaciones presupuestales necesarias.

Artículo 35. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. E., a los … días del mes de … de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

El Presidente del honorable Senado de la República, LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.—–

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D.E., diciembre 22 de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

LEY 77 DE 1989

(diciembre 22)

por la cual se faculta al Presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación.

El Congreso de Colombia

Nota 1: Esta Ley fue demandada ante la Corte Constitucional y está pendiente de sentencia. R-6819 de mayo 2 de 2007.

Nota 2: Reglamentada por el Decreto 206 de 1990.

DECRETA :

Artículo 1. Autorízase al Presidente de la República para conceder indultos a los nacionales colombianos de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Ley.

Artículo 2. El indulto a que se refiere esta Ley, beneficiará a los nacionales colombianos autores o cómplices de hechos constitutivos de delitos políticos, cometidos antes de la vigencia de la presente Ley.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, entiéndese por delitos políticos los tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición y asonada y los delitos conexos con los anteriores.

Artículo 4. El indulto se concederá en cada caso particular una vez cumplidas las condiciones establecidas en esta Ley, cuando a juicio del Gobierno Nacional la organización rebelde de la cual formen parte quienes lo soliciten, haya demostrado inequívocamente su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

Parágrafo. Igualmente, el indulto se podrá otorgar a la persona o personas que fuera de la organización rebelde de la cual forme o haya formado parte, lo solicite y, a juicio del Gobierno Nacional, hayan demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

Artículo 5. La demostración definitiva de voluntad de reincorporación a la vida civil, implica por parte de la respectiva organización rebelde y por sus miembros, la dejación de las armas en los términos de la política de reconciliación. El Gobierno valorará dicha conducta para efecto de la concesión de los beneficios consagrados en esta Ley.

Artículo 6. El indulto no se aplicará a los homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia, o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni a los actos de ferocidad o barbarie. Tampoco se aplicará a quienes formen parte de organizaciones terroristas.

Artículo 7. El beneficio de indulto debe ser solicitado por el interesado, directamente o por intermedio de apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley. La solicitud deberá ser resuelta dentro de los dos (2) meses siguientes.

Artículo 8. El indulto se concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno y Justicia. Una copia de dicha resolución se enviará al Juez o Corporación en cuyo poder esté el correspondiente proceso.

Artículo 9. El interesado podrá solicitar que se establezca la conexión referida en el artículo 3o. de esta Ley, si ella no ha sido declarada en la sentencia o tenida en cuenta en el proceso en curso, teniendo en consideración:

a) El acervo probatorio que obra en el respectivo proceso;

b) Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades competentes;

c) Cualquier otra información juzgada pertinente y adjuntada a la solicitud.

Artículo 10. Se concederá el beneficio de cesación de procedimiento a quienes estuvieren siendo procesados por hechos que puedan ser constitutivos de los delitos a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley, con las excepciones previstas en el artículo 6o. y respecto de los cuales no se hubiere dictado sentencia condenatoria.

Para tal efecto, se requiere que el solicitante forme parte o haya formado parte de una organización rebelde que haya cumplido las condiciones establecidas en los artículos 4. y 5.

El Gobierno establecerá las condiciones que permitan verificar que quienes soliciten el beneficio de cesación de procedimiento formen parte de la respectiva organización rebelde.

Parágrafo. En los procesos que cursen contra las personas a las cuales se les aplica la presente Ley, en que la responsabilidad material e intelectual no haya sido establecida mediante sentencia ejecutoriada, se suspenderá todo procedimiento a partir de la fecha en que se recibe la solicitud y hasta que se decida sobre ella.

Artículo 11. Las autoridades que por cualquier motivo estén conociendo de procesos por delitos definidos en el artículo 3o. de esta Ley, los enviarán inmediatamente al respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial o al Tribunal Superior de Orden Público según el caso, para que en el término de los siete (7) días hábiles siguientes decidan de oficio sobre cesación de procedimiento.

El auto que niegue la cesación de procedimiento será apelable ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Los interesados, directamente o por intermedio de apoderado constituido sin necesidad de presentación personal, formularán la solicitud correspondiente ante el Tribunal Superior competente o ante la autoridad que tuviere en su poder el proceso por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 3o. con las excepciones contempladas en el artículo 6. de la presente Ley.

Artículo 12. Cuando hubiere conocimiento por parte de Juez alguno de hechos que puedan ser constitutivos de los delitos a que se refiere el artículo 3. de esta Ley, con las excepciones previstas en el artículo 6o. de la misma, se abstendrá de iniciar el proceso y para ello deberá dictar el correspondiente auto inhibitorio si quienes se beneficien con esta providencia cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 10. de la presente Ley para la concesión de la cesación de procedimiento.

Lo anterior deberá ser observado frente a denuncias o informes que se presenten en cualquier tiempo contra miembros de las organizaciones guerrilleras a las cuales se les aplique la presente Ley, por acciones relacionadas con la actuación del movimiento rebelde que se desmovilice, siempre que tales hechos hayan sucedido antes de la vigencia de la presente Ley y no estén exceptuados de su aplicación.

La abstención a aplicar el auto inhibitorio en las anteriores circunstancias, será apelable ante la Sala Penal del correspondiente Tribunal Superior o ante el Tribunal Superior de Orden Público, según el caso, de acuerdo con los dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 14. Las personas beneficiadas con el indulto, la cesación de procedimiento o el auto inhibitorio, decretados en desarrollo de esta Ley, no podrán ser procesados ni juzgados por los mismos hechos que originaron su otorgamiento.

Artículo 15. Las personas que estén privadas de libertad por los delitos a que se refiere el artículo 3. de la presente Ley y que sean beneficiarias de la misma, deberán ser puestas en libertad, cumplidos los trámites de rigor, en forma inmediata.

Artículo 16. Corresponde al Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus agentes, verificar en cada caso la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 17. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E., a los… días del mes de… de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Lorduy Lorduy

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D.E., diciembre 22 de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds.

El Ministro de Justicia, Roberto Salazar Manrique.

LEY 76 DE 1989

(diciembre 21)

por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación de los empleados del sector público.

El Congreso de Colombia,

DECRETA :

Artículo 1. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de quince (15) días calendario, contados a partir de la vigencia de esta Ley, para los siguientes efectos:

1. Fijar la nomenclatura de los empleos públicos, sus escalas de remuneración y el régimen correspondiente de comisiones, viáticos y gastos de representación de las distintas ramas y organismos del poder público, así:

b) Los empleados del Congreso Nacional;

c) La Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional y las Oficinas Seccionales de la carrera Judicial, y las direcciones de Instrucción Criminal;

d) El Tribunal Superior Disciplinario;

e) La Registraduría Nacional del Estado Civil; y

f) La Contraloría General de la República.

2. Fijar las escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación de los empleados públicos pertenecientes a las empresas industriales y comerciales del Estado en el orden nacional y a las sociedades de economía mixta sometidas al régimen de dichas empresas.

En ningún caso las Juntas Directivas podrán incrementar la remuneración de los empleados públicos de las entidades a que se refiere el inciso anterior.

3. Fijar las asignaciones mensuales de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional; del personal civil de la Defensa Nacional y el régimen de viáticos de los oficiales, suboficiales y agentes de la Casa Militar de la Presidencia de la República.

4. Señalar las bonificaciones mensuales de alféreces, guardiamarinas, pilotines, grumetes, soldados y alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Artículo 2. El Gobierno al hacer uso de las facultades que le otorga la presente Ley, procurará garantizar el poder adquisitivo de la remuneración de los empleados públicos, para lo cual tendrá en cuenta la variación de los índices de precios al consumidor, así como la disponibilidad de recursos fiscales de la Nación.

Artículo 3. Autorízase al Gobierno para abrir los créditos y ejecutar los traslados presupuestales que sean indispensables para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 4. Esta Ley rige desde la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E., a…

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honaroble Cámara de Representantes,

NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Lorduy Lorduy

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D.E., diciembre 21 de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,

María Teresa Forero de Saade.

LEY 75 DE 1989

(diciembre 21 de 1989)

Por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento.

*Notas de vigencia*

Modificado parcialmente por la Ley 1529 de 2012, Publicada en el Diario Oficial No. 48432 de mayo 16 de 2012: “Por la cual se modifica la Ley 75 de 1989 y se dictan otras disposiciones.”

Modificado parcialmente por la Ley 1406 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47790 del 3 de agosto de 2010. “Por la cual se modifica la Ley 75 de 1989, “por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento” con ocasión del vigésimo aniversario de su fallecimiento.”

Derogada parcialmente por el Decreto 301 de 2004.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1. La República de Colombia honra y exalta la memoria del Senador Luis Carlos Galán Sarmiento, eminente ciudadano que consagró su vida a la defensa de los principios democráticos de la República hasta sacrificarla por esos ideales; que luchó en defensa de la justicia, la libertad, la paz y la igualdad de oportunidades para su pueblo; que trabajó igualmente con esmero por la modernización del Estado, la defensa de los recursos no renovables, el progreso y el bienestar social, la integración latinoamericana y al acrecentamiento del prestigio de Colombia. A lo largo de su trayectoria del servicio al país actuó como Periodista, Ministro de Estado, Embajador, Concejal, Diputado, Senador y candidato a la Presidencia de la República, posiciones todas desde las cuales realizó obras y dio orientaciones de reconocida importancia y beneficio para la vida nacional.

Artículo 2. El Gobierno Nacional encargará a historiadores de reconocida idoneidad la elaboración de una biografía donde se recopilen las ideas, realizaciones y la trayectoria vital del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, trágicamente desaparecido. El texto de esta biografía se editará con destino a la distribución gratuita en los establecimientos educativos de todo el territorio nacional.

Artículo 3. La Cámara de Representantes como parte de la colección “Pensadores Políticos Colombianos”, publicará las obras completas del Senador Luis Carlos Galán Sarmiento, y ordenará la elaboración de su efigie en bronce o mármol para ser colocada en el Capitolio Nacional en lugar contiguo al sitio donde hoy se encuentran los monumentos a los mártires del partido liberal, doctores Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán.

Artículo 4. A partir de la vigencia de la presente Ley la biblioteca del Congreso se denominará “Biblioteca del Congreso Luis Carlos Galán Sarmiento” y en su recinto principal se colocará un retrato al óleo del ilustre Senador cuya memoria se honra en la presente Ley.

Artículo 5. El Fondo de publicaciones del honorable Senado recopilará y ordenará la publicación de los escritos periodísticos y políticos y sus más importantes intervenciones de los debates del Congreso.

Artículo 6. El honorable Senado de la República, ordenará la colocación de una cabeza en bronce del Senador Galán en el Salón de sesiones de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de esta Corporación.

Parágrafo. El honorable Senado asumirá los gastos ocasionados por las obras mencionadas en los artículos 5o. y 6o. de la presente Ley.

Artículo 7. La Nación erigirá un busto en bronce y un monumento consagrado a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento que será colocado en lugar definido por el Distrito Especial de Bogotá, dentro de la zona central de la capital de la República y próximo a una de sus principales avenidas.

Artículo 8. En homenaje a la memoria de este ilustre ciudadano, el Gobierno Nacional erigirá en la ciudad de Bucaramanga, cuna del insigne hombre público, una estatua con la siguiente inscripción; “la República de Colombia al eminente hombre público Luis Carlos Galán Sarmiento, mártir de la democracia”.

Artículo 9. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1990, el Gobierno Nacional inaugurará un monumento a su memoria, en el lugar donde fue sacrificado en el Municipio de Soacha.

Artículo 10. *Derogado por el Decreto 301 de 2004*

*Nota de vigencia*

Artículo derogada por el artículo 18 del Decreto 301 de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 45447, 31 de Enero de 2004.

*Texto original de la Ley 75 de 1989*

Parágrafo. Declárase la Fundación Luis Carlos Galán como organismo consultivo del Instituto que se crea en el presente artículo para todo aquello relacionado con el desarrollo de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 11. *Derogado por el Decreto 301 de 2004*

*Nota de vigencia*

Artículo derogada por el artículo 18 del Decreto 301 de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 45447, 31 de Enero de 2004.

*Texto original de la Ley 75 de 1989*

Artículo 11. El Instituto para el Desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán Sarmiento”, tendrá carácter académico y docente dedicado a la investigación, divulgación y enseñanza de las ciencias, artes y técnicas que puedan contribuir al más rápido progreso de las Instituciones Democráticas de la Nación. La Junta Directiva del Instituto para la Democracia estará integrada por:

El Ministro de Educación Nacional o su Delegado, quien la presidirá;

Un delegado del Ministro de Hacienda;

Un Delegado del señor Presidente de la República;

El Rector de la Universidad Nacional o su delegado; y Cuatro (4) delegados de la Fundación “Luis Carlos Galán”.

Dichos miembros tendrán un período de dos (2) años pudiendo ser reelegidos.

En particular el Instituto estudiará:

a) El origen, causas y motivaciones de la violencia en Colombia, así como las alternativas de la solución pacífica a los conflictos nacionales;

b) La naturaleza, características y soluciones posibles al problema de la pobreza y la marginación social que padecen millones de colombianos;

c) Las formas y contenidos de las instituciones democráticas existentes o posibles, conducentes a conseguir la plena participación de todos los colombianos en las decisiones políticas y en la vida social y económica del país;

d) La incidencia y relación entre el modelo de desarrollo económico y la estructura social y política de la nación;

e) El efecto y la relación de la comunidad internacional con el progreso del país, tanto en el contexto latinoamericano como en el mundial; y

f) Los demás temas conexos con sus objetivos y fines, definidos por sus órganos directivos.

Artículo 12. Créase la beca de post-grado Luis Carlos Galán, para la especialización en Derecho Internacional Público en el Exterior, la cual será otorgada por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex).

Artículo 14. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para:

a) Determinar la estructura orgánica, la dirección y administración del Instituto para el desarrollo de la democracia “Luis Carlos Galán Sarmiento”;

b) Definir el patrimonio económico, los recursos necesarios para su funcionamiento y las escalas de remuneración del personal de adscrito al Instituto creado por la presente Ley;

c) Destinar un inmueble nacional o, adquirir uno, que sirva de sede para el Instituto para el Desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán Sarmiento”, localizado en la zona histórica de la capital de la República donde cuente con las facilidades locativas propias de su naturaleza y funciones, es decir, auditorio, salas de exposiciones, aulas, bibliotecas y demás;

d) Efectuar los créditos, contracréditos, o adiciones en el presupuesto nacional con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la presente Ley;

e) Determinar la forma de administración, operación y asignación de las becas Luis Carlos Galán sarmiento, creadas por la presente Ley;

f) Definir y reglamentar los títulos académicos o las certificaciones de estudio que expida el Instituto para el Desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán Sarmiento” a sus alumnos, en programas de niveles superiores o de extensión, con el fin de estimular la más amplia participación de estudiantes sobresalientes y de dirigentes de la comunidad.

Artículo 15. El Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional, apropiará y otorgará a la Fundación “Luis Carlos Galán Sarmiento” una partida de 300 millones de pesos. Dicha partida se utilizará por parte de la Fundación en el cubrimiento de los costos y realizaciones de las obras que se requieran para el desarrollo de un proyecto de archivo, biografía, libro gráfico, todo ello sobre la vida y obra del Senador Luis Carlos Galán Sarmiento.

Artículo 16. *Adicionado por la Ley 1406 de 2010:* Como homenaje a la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, el Aeropuerto Internacional de Bogotá, D. C., se llamará “El Aeropuerto Internacional de Bogotá, D. C., se llamará Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento”.

*Nota de vigencia*

Aparte subrayado modificado por el artículo 1° de la Ley 1529 de 2012, Publicada en el Diario Oficial No. 48432 de mayo 16 de 2012.

Artículo adicionado por el artículo 1° de la Ley 1406 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47790 del 3 de agosto de 2010.

*Texto anterior modificado por la Ley 1406 de 2010*

“Aeropuerto Internacional “Luis Carlos Galán Sarmiento”.

Artículo 17. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

*Nota de vigencia*

El artículo 2° de la Ley 1406 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47790 del 3 de agosto de 2010, modifica la numeración. “El artículo 16 de la Ley 75 de 1989 cambiará su numeración. Corresponderá al artículo 17 a partir de la vigencia de la presente ley.”

Dada en Bogotá, D.E., a…

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUÍS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Bogotá, D.E., diciembre 21 de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

El Ministro de Educación Nacional,

Manuel Francisco Becerra Barney.