LEY 157 DE 1959

LEY 157 DE 1959

(DICIEMBRE 24 DE 1959)

Por la cual se adiciona y modifica la Ley 1 de 1959.

El Congreso de Colombia

 

DECRETA:

Articulo 1. Las disposiciones de la Ley 1 del presente año no son aplicables a la introducción al país (de bienes o elementos que, aunque incluídos en las listas de mercancías de prohibida importación o de licencia previa, deban  sin embargo disfrutar de un régimen de excepción como son los siguientes:

  1. a) Aquellos que por estipulación expresa de un Tratado Público o de un Convenio vigente hayan sido declarados de libre importación;

  1. b) Aquellos que la Nación se haya comprometido a dejar introducir al país, libres de gravámenes y restricciones, por estipulación de un contrato debidamente celebrado y en vigencia;

  1. c) Los destinados al uso a consumo oficial o personal de los miembros de las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas ante el Gobierno de Colombia, o de los representantes de organizaciones y entidades que conforme a prácticas y Convenios Internacionales se asimilen o hayan` de asimilarse en el territorio nacional a las personas amparadas por inmunidades y rango diplomático;

  1. d) cuando las importaciones se destinen al uso o consumo oficial del Cardenal Arzobispo de Bogotá, en las condiciones y con los requisitos que señale el Gobierno, y

e). Cuando se trate de objetos destinado al culto religioso, en las condiciones y con los requisitos que igualmente señale el Gobierno.

Articulo 2. Las importaciones a que se refieren los ordinales a), b) y c) del artículo 1, se someterán al reglamento y procedimiento especiales que de conformidad con los términos de los respectivos Tratados o Contratos y con las prácticas y usos internacionales, establezca el Gobierno.

Parágrafo. Mientras se expide la correspondiente reglamentación con continuará rigiendo la que se encontraba en vigencia el 16 de enero del presente año fecha en que entró en vigor la Ley 1 de 1959.

Articulo 3 Todos los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos remunerados, acreditados en el exterior, tendrán derecho de importar, cuando regresen al país, libres de restricciones y gravámenes, sus equipajes y menaje doméstico.

Articulo 4. Queda así adicionado y modificado el artículo 2º de la Ley 1 de 1959 y derogadas  las disposiciones que sean contrarias a esta Ley.

Articulo 5. Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a 9 de diciembre de 1959.

El Presidente del Senado,

 JORGE URIBE MARQUEZ

El Presidente de la Cámara,

 JESUS BERNAL PINZON

El Secretario del Senado,

 Daniel Lorza Roldán.

El Secretario de la Cámara,

 Luis Alfonso Delgado.

República de Colombia ─ Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., veinticuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

Publíquese y ejecútese.

ALBERTO LLERAS

El Ministro de Relaciones Exteriores.

 Julio César Turbay ayala.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

 Hernando Agudelo Villa




LEY 155 DE 1959

LEY 155 DE 1959

(DICIEMBRE 24 DE 1959)

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre practicas comerciales restrictivas.

*Notas de vigencia*

ver Decreto 3523 de 2009
Modificado y adicionado por la Ley 1340 de 2009, publicada el 21 de Julio de 2009.

El Congreso de Colombia

 

DECRETA:

 

Articulo 1. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar, la libre competencia, con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos en prejuicio de los consumidores y de los productores de materias primas.

Parágrafo. El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdo o convenio que no obstante limitar la libre competencia, tenga por fin defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general.

*Nota Jurisprudencial*

 

Corte Constitucional
La Corte Constitucional declara EXEQUIBLE la expresión “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia” mediante la Sentencia C-032/17 del 25 de Enero de 2017; Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos

 

 

 

Articulo 2. Las empresas que produzcan, establezcan, distribuyan o consuman determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para determinar precios en el mercado por la cantidad que controlen del respectivo artículo o servicio, estarán sometido a la vigilancia del Estado para los efectos de la presente Ley.

 

 

 

Articulo 3. El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos materias primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas.

 

 

 

Articulo 4. *modificado por la Ley 1340 de 2009, nuevo texto:* Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor, y que cumplan con las siguientes condiciones, estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el controlo integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada:

  1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio o;
  2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio;

En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación.

En los procesos de integración o reorganización empresarial en los que participen exclusivamente las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta conocerá y decidirá sobre la procedencia de dichas operaciones. En estos casos, la Superintendencia Financiera de Colombia tendrá la obligación de requerir previamente a la adopción de la decisión, el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el efecto de dichas operaciones en la libre competencia. Esta última podrá sugerir, de ser el caso, condicionamientos tendientes a asegurar la preservación de la competencia efectiva en el mercado.

Parágrafo 1. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá establecer los ingresos operacionales y los activos que se tendrán en cuenta según lo previsto en este articulo durante el año inmediatamente anterior a aquel en que la previsión se deba tener en cuenta y no podrá modificar esos valores durante el año en que se deberán aplicar.

Parágrafo 2. Cuando el Superintendente se abstenga de objetar una integración pero señale condicionamientos, éstos deberán cumplir los siguientes requisitos: Identificar y aislar o eliminar el efecto anticompetitivo que produciría la integración, e implementar los remedios de carácter estructural con respecto a dicha integración.

Parágrafo 3. Las operaciones de integración en las que las intervinientes acrediten que se encuentran en situación de Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la ley 222 de 1995, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, se encuentran exentas del deber de notificación previa ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

*Notas de vigencia*

 

Artículo modificado por el artículo 9º de la Ley 1340 de 2009, publicada el 21 de Julio de 2009.

 

*Texto original del la Ley 155 de 1959*

 

Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicios cuyos activos individualmente considerados en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00), o más, estarán obligados a informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o integración.
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional deberá objetar la operación, Previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, si tiende a producir una indebida restricción a la libre competencia.
Parágrafo. 2. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe de que trata artículo, no se hubiere objetado por el Gobierno la operación, los interesados podrán proceder a realizarla.
Parágrafo 3. El informe que deben dar los interesados y su trámite serán absolutamente reservados y los funcionarios que revelen en todo o en parte el contenido de los expedientes, incurrirán en la destitución del empleo que impondrá el respectivo superior, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el Código Penal.

 

 

 

 

Articulo 5. Extiéndese la incompatibilidad establecida en el articulo 7º do la Ley 5ª de 1947, para los miembros de las Juntas Directivas y los Gerentes de establecimientos de crédito y Bolsas de Valores, a los Presidentes, Gerentes, Directores, representantes legales, administradores y miembros de Juntas Directivas de empresas, cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos servicios, siempre y cuando tales empresas individual o conjuntamente consideradas, tengan activos por valor de veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00) o más.

 

Parágrafo. La incompatibilidad establecida por el presente artículo no cobija a los Presidentes Gerentes, representantes legales y administradores de las compañías de Seguros que por exigencia de la ley deben constituir otras sociedades para operar en los ramos de seguros de vida, seguros generales y capitalización.

 

 

Articulo 6. Los Presidentes, Gerentes, Directores, representantes legales, Administradores o miembros de Juntas Directivas de empresas industriales constituídas en forma de sociedades anónimas no podrán distribuir por sí ni por interpuesta persona los productos, mercancías artículos o servicios producidos por la respectiva empresa o sus filiales, ni ser socios de empresas comerciales, que distribuyan o vendan principalmente tales productos, mercancías; artículos o servicios.

 

Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios de sociedades de responsabilidad limitada que tengan como socios otras sociedades, en forma tal que el número total de personas naturales exceda de veinte (20)

 

Parágrafo 1 La prohibición contenida en este artículo se extiende a los padres, cónyuges hermanos e hijos de aquellos funcionarios.

 

Parágrafo 2. Las empresas tendrán un plazo de diez y, ocho (18) meses para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

 

 

Articulo 7. Las empresas industriales que establezcan o hayan establecido sistemas directos de distribución de sus productos o por intermedio de empresas comerciales, autónomas o filiales, no podrán vender sus artículos, mercancías, o productos por procedimientos que impliquen competencia desleal para con los comerciantes independientes que, negocien con lo mismos artículos o productos.

 

 

Articulo 8. Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución, ni ejecutar actos de competencia, desleal en perjuicio de otros comerciantes.

 

 

Articulo 9. Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al público, ni la misma empresa, directamente, o por medio de filiales o distribuidores, ni los comerciantes independientes, podrán venderlos a precios diferentes de los fijados por el productor so pena de incurrir en las sanciones previstas para los casos de competencia desleal

 

 

Articulo 10. Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial al honrado y normal desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o agrícolas.

 

 

Articulo 11. Se considera que constituyen actos de competencias desleal, los determinados como tales, en las convenciones y tratados internacionales, y específicamente los siguientes:

 

  1. Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios;

 

  1. Los medios o Sistemas encaminados a desacreditar  a un competidor; sus establecimientos de, comercio, sus productos o servicios;

 

  1. Los medios o sistemas encaminados a la desorganización interna de una empresa competidora, o la obtención de sus secretos;

 

  1. Los medios o sistemas encaminados a obtener una desviación de la clientela, por actos distintos a la normal y leal aplicación de la ley de la oferta y la demanda;

 

  1. Los medios o sistemas, encaminados a crear una desorganización general del mercado;

 

  1. Las falsas indicaciones de origen y de calidad de los productos y la mención de falsos honores, premios o condecoraciones;

 

  1. La ejecución de actividades del mismo género, a que se dedica la empresa a la cual pertenecen, por parte de socios, directores y dependientes, cuando tales actividades perjudiquen a dicha empresa por ser contrarias a la buena fe y al honrado y normal desenvolvimiento de las operaciones en el mercado.

 

Parágrafo. Todos los perjuicios que se Causen a terceros por las prácticas, procedimientos o sistemas prohibidos por esta Ley o por actos de competencia desleal, dan acción de perjuicios por la vía ordinaria.

 

 

Articulo 12. El Ministerio de Fomento, de oficio o por denuncia de cualquier persona podrá promover por intermedio de la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Sociedades Anónimas, o la Superintendencia de Cooperativas, las investigaciones por violaciones a esta Ley. En caso de que el control de la empresa no esté adscrito a las entidades antes dichas, la investigación estará a cargo del Ministerio de Fomento. La denuncia deberá ser admitida por el Ministerio, siempre que se presente debidamente motivada, y acompañada de prueba sumaria que la justifique.

 

 

Articulo 13. La investigación, de carácter estrictamente reservado, se adelantará mediante la exigencia de informes sobre producción, importaciones, utilización de materias primas nacionales y extranjeras, sistemas de distribución y ventas, por medio de visitas a las referidas empresas, y en general, mediante la obtención de pruebas indispensables.

 

Del acta de conclusiones se dará traslado por un término prudencial hasta de 30) días, a las entidades denunciadas o que en el curso de la investigación resultaren implicadas, a fin de que puedan formular sus descargos.

 

 

Articulo 14. Vencido este término, el expediente pasará al conocimiento del Ministerio de Fomento, el cual previo concepto del Consejo de Política Económica y Planeación, podrá imponer las siguientes sanciones:

 

  1. a) Retiro de las acciones del mercado público de valores;

 

  1. b) Prohibición de funcionamiento de la empresa para el caso de reincidencia en la violación de esta Ley.

 

Además de estas sanciones, y de conformidad con la gravedad de los hechos, podrá imponer multas hasta de quinientos mil pesos (500.000.00) a favor del Tesoro Nacional.

 

 

Articulo 15. La resolución que profiera el Ministerio de Fomento tendrá recurso de reposición ante el mismo Ministerio, y surtido éste queda agotada la vía gubernativa.

 

 

Articulo 16. En el caso de las sanciones previstas en el aparte b) del artículo 14, la demanda de la resolución ministerial ante el Consejo de Estado, suspende automáticamente su ejecución.

 

 

Articulo 17. El cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo podrá intervenir en la fijación de los precios con el fin de garantizar tanto los intereses de los consumidores como el de los productores y comerciantes. La fijación de precios podrá realizarla el Gobierno como una de las medidas que se tomen con base en la investigación que se haya verificado de acuerdo con esta Ley, y para los productos de la empresa objeto de la investigación.

 

Igualmente el Estado podrá adoptar las siguientes medidas:

 

  1. a) Fijar un plazo perentorio para que cesen las prácticas, sistemas o procedimientos prohibidos;

 

  1. b) Someter a la empresa o empresas cuyas prácticas se investigan a la vigilancia de la respectiva entidad encargada del control, por un tiempo determinado, en cuanto a su política de producción, costos, y precios y con el solo fin de comprobar que la empresa o empresas acusadas no continúan ejerciendo las prácticas comerciales restrictivas que dieron lugar a la investigación.

 

 

Articulo  18. Los revisores o interventores deberán ejercer una estrecha vigilancia, para darle estricto cumplimiento a la presente Ley.

 

 

Articulo 19. Los acuerdos, convenios u operaciones prohibidas por esta Ley, son absolutamente nulos por objeto ilícito.

 

 

Articulo 20. Está Ley regirá desde su sanción.

 

 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 14 de Diciembre de 1959.

 

El Presidente del Senado,

JORGE URIBE MÁRQUEZ

 

El Presidente, de la Cámara,

JESÚS RAMÍREZ SUÁREZ

 

El Secretario del Senado,

JORGE MANRIQUE TERÁN




LEY 151 DE 1959

LEY 151 DE 1959

Sobre empresas y establecimientos públicos descentralizados.

: Ley 42 de 1993

 Las empresas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera que sea la forma de administración adoptada, son parte de la administración pública; sus bienes y rentas, por su origen, son desmembración del patrimonio público, y estén afectos a la prestación de servicios públicos, culturales o sociales, y a la regulación y fomento de la economía nacional, dentro de los límites que seala la Constitución.

Las entidades de que se trata tendrán autonoma administrativa, personera jurdica, y patrimonio independiente aportado, directa o indirectamente, por el Estado.

ágrafo. Los establecimientos bancarios de propiedad del Estado no se consideran, para efectos de esta ley, como establecimientos pblicos, y se regirn por normas especiales de control estatal que determine el legislador.

Artículo 2. La vigilancia de la gestión fiscal de las empresas y establecimientos públicos descentralizados y de aquellas instituciones y organismos que reciban, manejen o inviertan fondos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones de caracter especial, o cuotas forzosas creadas por la ley, corresponde a la Contralora General de la República de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Constitución Nacional.

ón o la explotación de cualesquiera bienes o rentas de la nación, as como el recaudo y manejo de rentas pertenecientes al erario, pero corresponde a la Contralora General de la República ejercer el control del manejo de tales bienes o rentas.

ágrafo 1. La presente disposicin no se aplicar a las concesiones estatales sobre petrleo y dems, sometidas a este rgimen de concesiones por el Cdigo de Minas y Petrleos.

ágrafo 2. Sern absolutamente nulos los contratos que celebre el gobierno sobre administracin de bienes o recaudo de rentas a que se refiere el inciso 1. de este artículo, o de prorroga o renovación de los mismos, en que no se estipule que el contratista queda sujeto a la reglamentación del control fiscal que dicte la Contralora.

Artículo 4. Para efectos del articulo 64 de la Constitución Nacional se entiende por: empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, las compaas, establecimientos bancarios, asociaciones, institutos u organismos en que la nación, los departamentos, los municipios, otra u otras personas jurídicas de derecho publico, separada o conjuntamente, tenga o tengan el cincuenta por ciento (50%) o ms del patrimonio o capital de la respectiva empresa o institución, como también aquellas instituciones u organismos a que se refiere el artculo 2o. de la presente ley.

 El auditor o revisor fiscal de las empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, otra u otras personas jurídicas de derecho público de caracter nacional, distintas de los establecimientos bancarios a que se refiere el pargrafo del articulo 1., ser elegido por la asamblea general de accionistas o de socios, de terna que al efecto pase el contralor general de la repblica.

El personal subalterno de las auditoras o revisaras fiscales ser nombrado por el auditor o revisor fiscal respectivo, y los gastos de estas dependencias sern de cargo de la empresa o institución correspondiente.

El gobierno, por conducto de sus representantes en la junta directiva de la respectiva empresa o institución solicitar de la asamblea general de accionistas o de socios, la modificación de los estatutos, a fin de que ellos se ajusten a la presente ley sobre la elección de auditor o revisor fiscal dentro del plazo prudencial que fije el gobierno en el decreto reglamentario de la presente ley, plazo que no podrá ser superior a un (1) año.

ídica que en la actualidad están bajo la vigilancia de su gestión fiscal por parte de la Contralora General de la República, continuaran sometidos a ese mismo régimen.

ón fiscal a que se refiere la presente ley, la Contralora General de la República adoptar sistemas apropiados a la naturaleza de los establecimientos, empresas o instituciones de que se trata, acordes con el gnero de las actividades a ellos encomendadas. Tales sistemas respetarn la autonoma administrativa de los establecimientos, empresas o instituciones referidos.

ágrafo.- Las partes interesadas podrn recurrir en juicio ante el Consejo de Estado en ejercicio del recurso contencioso administrativo, en la misma forma y trminos en que son acusables las providencias de los ministros del despacho ejecutivo cuando consideren que la adopcin de los sistemas prescritos para lograr la vigilancia y control efectivo por parte de la Contralora, lesionan facultades reconocidas por la ley a favor de los mismos.

ública, por mandato constitucional y en virtud de la presente ley, no afectan las funciones de vigilancia administrativa atribuidas a la Superintendencia de Sociedades Annimas, la cual continuar ejercindolas sin perjuicio de la acción que compete a dicha Contralora.

 9. Los presupuestos de las empresas y establecimientos pblicos descentralizados debern someterse al examen del congreso nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, como presupuestos anexos al presupuesto general de la nacón.

rtículo 10. Los gastos de fiscalización de las empresas y los establecimientos públicos descentralizados afectan el presupuesto de las respectivas empresas, para lo cual se consignaran en la Tesorera General de la República las sumas apropiadas.

El gobierno, con base en estos nuevos recursos, adicionar las partidas correspondientes a Contralora.

Artículo 11. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Artículo 12. Esta ley regir a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos sesenta (1960).

Dada en Bogot, D.E., a 11 de diciembre de 1959.




LEY 142 DE 1959

LEY 142 DE 1959

Por la cual se autoriza al Municipio de Pereira para efectuar sorteos anuales de una lotería extraordinaria durante los años de 1960, 1961, 1962 y 1963.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Articulo 1. Autorízase al Municipio de Pereira para organizar y efectuar sorteos extraordinarias de una lotería que se denominará “Loterías del Centenario de Pereira”.

Estos sorteos se efectuarán por una sola vez en cada uno de los años de 1960, 1961, 1962 y 1963.

Articulo 2. El producto líquido que se obtenga en virtud de los sorteos autorizados por el artículo 1. de esta Ley, será destinado, en su totalidad a la inversión en la forma siguiente: el treinta y cinco por ciento (35%), a la construcción y dotación del Asilo de Ancianos que proyecta en dicha ciudad la <Junta Municipal de Beneficencia; treinta y cinco por ciento (35%), a la ampliación y dotación del Hospital San Jorge y compra de equipos para el tratamiento y prevención de la tuberculosis; y treinta por ciento (30%) para la construcción y dotación de Gotas de Leche y Puestos de Salud Rurales, de conformidad con los planes que para tal efecto fije el Concejo Municipal por medio de acuerdo.

Articulo 3. El Concejo Municipal de Pereira designará una junta de cuatro (4) miembros de filiación política paritaria que tendrá a su cargo la organización de los sorteos que se autorizan por el artículo 1. de la presente Ley.

Parágrafo. La Contraloría General de la República intervendrá en la elaboración del respectivo plan de sorteos, supervigilará el pago de los premios y la inversión de los fondos que se obtengan como producto líquido.

Articulo 4. Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a once de diciembre de mil

novecientos cincuenta y nueve.

El Presidente del Senado,

ANTONIO KURI

El Presidente de la Cámara de Representantes,

BERNARDO RAMIREZ ARISTIZABAL.

El Secretario del Senado,

JORGE MANRIQUE TERAN

El Secretario General de la Cámara de Representantes,

LUIS ALFONSO DELGADO.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Bogotá, D.E., veinticuatro de diciembre de mil  novecientos cincuenta y nueve.

Publíquese y Ejecútese,

ALBERTO LLERAS

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

HERNANDO AGUDELO VILLA.

El Ministro de Salud Pública,

JOSE ANTONIO JACOME VALDERRAMA