LEY 27 DE 1987

(Septiembre 30)

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Democrática Alemana”

firmado en Bogotá el 8 de julio de 1982.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-Apruébase el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Democrática Alemana”, firmado en Bogotá el 8 de julio de 1982, y cuyo texto es:

“CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Democrática Alemana, animados por el deseo de estrechar las relaciones de amistad existentes entre los dos países y de seguir desarrollando su intercambio comercial sobre la base de la igualdad de derechos y de conveniencia recíproca han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes harán todos los esfuerzos tendientes a desarrollar y facilitar el comercio entre ambos Estados dentro de las cláusulas del presente Convenio.

ARTICULO II

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a:

a) Las ventajas que cualquiera de las Partes Contratantes hayan concedido o concedan en el futuro a cualquiera de los países limítrofes con el fin de facilitar el tráfico y el comercio fronterizos;

b) Las ventajas que las Partes Contratantes hayan otorgado u otorguen a terceros países como consecuencia de su participación en uniones aduaneras, zonas de libre comercio, acuerdos regionales y subregionales o los surgidos por los acuerdos de integración interregionales.

ARTICULO III

A la entrada, permanencia y salida de las naves comerciales de un país a los puertos del otro, se aplicará un tratamiento no menos favorable que aquel que se aplica a las naves comerciales de cualquier tercer país. Lo establecido en el presente artículo no se extenderá a las ventajas y privilegios que cada una de las Partes Contratantes haya otorgado y otorguen a otros países, en virtud de los compromisos de integración regional o subregional.

ARTICULO IV

Las transacciones comerciales que realicen las personas naturales y jurídicas colombianas por una parte y las organizaciones de comercio exterior de la RDA. Por otra, se efectuarán con base en contratos entre los mismos de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y las reglamentaciones de importación, exportación y control de divisas que rijan en ambos países.

ARTICULO V

Cada Parte Contratante permitirá la importación y exportación de los siguientes artículos libres de impuestos, derecho y otros tributos similares, siempre que se realice de acuerdo con las leyes y regulaciones de cada país.

a) Muestras de mercancías y material publicitario incluyendo películas técnicas que se necesiten para fines publicitarios;

b) Objetos que, en cumplimiento de garantías concedidas por el respectivo productor o expedidor se envíen al otro país para fines de reparación o sustitución siempre y cuando ello no implique pago alguno;

c) Herramientas y otros objetos importados al otro país para fines de montaje, exámenes o pruebas, con la condición de que no sean objeto de transacción comercial alguna;

d) Mercancías y objetos destinados a ferias y exposiciones con la condición de que no se vendan;

e) Contenedores importados para fines de relleno los cuales al cabo de determinado período deberán ser reexportados.

ARTICULO VI

Los productos importados con arreglo al presente Convenio, estarán destinados exclusivamente al uso o consumo del país importador, quedando prohibida su reexportación; sin embargo, las Partes Contratantes podrán acordar por escrito y para productos distintos al café determinadas excepciones a lo contemplado en el presente articulo.

ARTICULO VII

Las Partes Contratantes se prestarán ayuda mutua en lo que respecta a la participación en ferias comerciales que se realicen en cada uno de los países y la organización de exposiciones comerciales de uno de los países, en el territorio del otro, en las condiciones que se convendrán entre los organismos competentes de ambos países.

ARTICULO VIII

Todos los pagos entre la República de Colombia y la República Democrática Alemana se harán en moneda convertible y de conformidad con las leyes, reglas y disposiciones que rigen o rijan en el futuro, en cada uno de los países respecto del control de cambios.

Las Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias para que su intercambio comercial se realice sobre la base de un dinámico equilibrio.

ARTICULO IX

ARTICULO X

Ambas Partes Contratantes convienen que las estipulaciones concluidas bajo este Convenio serán válidas para la ejecución de los contratos suscritos de acuerdo con sus cláusulas durante la vigencia del mismo y por tanto el tiempo hasta tanto dichos contratos se ejecuten completamente.

ARTICULO XI

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en la cual ambas Partes Contratantes comuniquen por intercambio de notas, haber cumplido los requisitos jurídicos necesarios, de conformidad con sus disposiciones legales.

ARTICULO XII

Este Convenio será válido por un período de tres años, después de cuyo término será prorrogado automáticamente cada año, a menos que cualquiera de las Partes Contratantes dentro de un período no menor de los tres meses previos a la fecha de expiración, informe a la otra parte por escrito su intención de darlo por terminado.

Hecho y firmado en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de julio de mil novecientos ochenta y dos (1982) en dos ejemplares originales en idioma español y alemán ambos de igual validez.

Por el Gobierno de la República de Colombia, (Fdo.) ilegible, por el Gobierno de la República Democrática Alemana, (Fdo.) ilegible.

Rama Ejecutiva del Poder Público-Presidencia de la República

Bogotá, D. E., octubre de 1982.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Belisario Betancur.

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Rodrigo Lloreda Caicedo.

Es fiel copia del texto original del “Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Democratica Alemana”, firmado en Bogotá el 8 de julio de 1982, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

(Fdo.) Joaquín Barreto Ruíz, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos”. Bogotá, D. E.,

ARTICULO 2º.-Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944, en relación con el Convenio que por esta misma Ley se aprueba.

Dada en Bogotá, D. E., a los… días del mes de … de mil novecientos ochenta y siete.

El Presidente del honorable Senado de la República, PEDRO MARTIN LEYES HERNÁNDEZ, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, CESAR PEREZ GARCIA, el Secretario General del honorable Senado de la República, Crispín Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., septiembre 30 de 1987.

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes, el Ministro de Desarrollo Económico, Fuad Char.

LEY 26 DE 1987

(Septiembre 29)

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid”, suscrita en New York el 30 de noviembre de 1973.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-Apruébase la “Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid “suscrita en New York el 30 de noviembre de 1973, cuyo texto es:

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESION

Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID

Los Estados Partes en la presente Convención, recordando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la cual todos los Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente en cooperación con la organización, para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades,

Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna, en particular de raza, u origen nacional,

Considerando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en la que la Asamblea General señala que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, en pro de la dignidad humana, del progreso y de la justicia, es preciso poner fin al colonialismo ya todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompaña.

Observando que, conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, los Estados condenan especialmente la segregación racial, y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar todas las prácticas de esa naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción.

Observando que en la Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio ciertos actos que pueden calificarse también de actos de apartheid constituyen un delito de derecho internacional,

Observando que, conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de esa humanidad, “los actos inhumanos debidos a la política de apartheid”, están calificados de crímenes de lesa humanidad,

Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones en las que se condenan la política y las prácticas de apartheid, como crímenes de lesa humanidad,

Observando que el Consejo de Seguridad ha subrayado que el apartheid y su intensificación y expansión constantes perturban y amenazan gravemente la paz y la seguridad internacionales,

Convencidos de que una convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid permitiría adoptar medidas más eficaces, tanto en el plano internacional como en el nacional, con objeto de reprimir y castigar el crimen de apartheid,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

ARTICULO I

Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheid es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente Convención, son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales,

2. Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales las organizaciones, las instituciones y los particulares que cometen el crimen de apartheid.

ARTICULO II

A los fines de la presente Convención, la expresión “crimen de apartheid”, que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el Africa Meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de persona y de oprimirlos sistemáticamente:

a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona;

i) mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;

ii) mediante, atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o a tratos crueles inhumanos o degradantes;

iii) mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y ghettos separados para los miembros de uno o más grupos raciales prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos.

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales en especial sometiéndolos a trabajo forzoso.

f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales.

ARTICULO III

Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional, cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier otro Estado, que:

a) Cometan los actos enumerados en el articulo II de la presente Convención, o que participen en su comisión, la inciten directamente o se confabulen para ella;

b) Alienten o estimulen, directamente la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente en ella.

ARTICULO IV

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:

a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen;

b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el articulo II de la presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas.

ARTICULO V

Las personas acusadas de los actos enumerados en el articulo II de la presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o por cualquier tribunal penal internacional que sea competente respecto a los Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción.

ARTICULO VI

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y cumplir con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas las decisiones, adoptadas por el Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, reprimir y castigar el crimen de apartheid, así como a cooperar en la ejecución de las decisiones que adopten otros órganos competentes de las Naciones Unidas con miras a la realización de los propósitos de la Convención.

1. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a presentar periódicamente informes al grupo establecido con arreglo al artículo IX sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones de la Convención.

2. Por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas se transmitirán copias de esos informes al Comité Especial del apartheid.

ARTICULO VIII

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier órgano competente de las Naciones Unidas que adopten de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas que considere indispensables para la prevención y represión del crimen de apartheid.

ARTICULO XI

1. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos nombrará un grupo compuesto de tres miembros de dicha Comisión, que sean al mismo tiempo representantes de Estados Partes en la presente Convención, el cual se encargará de examinar los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo VII.

2. En caso de que entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos no figuren representantes de Estados Partes en la presente Convención o sean menos de tres, el Secretario General de las Naciones Unidas nombrará, previa, consulta con todos los Estados Partes en la Convención, a uno o más representantes de Estados Partes en la Convención que no sean miembros de la Comisión de Derechos Humanos para que participen en los trabajos del grupo constituido con arreglo a lo dispuesto en el párrafo I del presente artículo, hasta que sean elegidos miembros de la Comisión de Derechos Humanos representantes de Estados Partes en la Convención.

3. Dicho grupo podrá reunirse para examinar los informes presentados con arreglo a lo dispuesto en el artículo VII por un período no mayor de cinco días antes o después de los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

ARTICULO X

1. Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la Comisión de Derechos Humanos para que:

a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que, cuando transmitan copias de las peticiones previstas en el artículo 15 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, señalen a su atención las denuncias relativas a los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención;

b) Prepare, sobre la base de los informes de los órganos competentes de las Naciones Unidas y de los informes periódicos de los Estados Partes en la presente Convención, una lista de los particulares, organizaciones, instituciones y representantes de Estados que se presuman responsables de los crímenes enumerados en el artículo II, así como de aquellos contra quienes los Estados Partes en la Convención hayan incoado procedimientos judiciales;

c) Solicite de los órganos competentes de las Naciones Unidas información acerca de las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de la administración de los territorios en fideicomiso y no autónomos y de todos los demás territorios a que se refiere la Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General con respecto a los particulares que se presuman responsables de crímenes enumerados en el artículo II de la presente Convención y que se crea se hallan bajo su jurisdicción territorial y administrativa.

2. En tanto no se logren los objetivos de la declaración sobre la Concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, las disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

ARTICULO XI

1. Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención no se reputarán, delitos políticos para los efectos de la extradición.

2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal caso a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.

ARTICULO XII

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la aplicación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido resuelta mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados Partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes hayan convenido en otro medio de arreglo.

ARTICULO XIII

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. Cualquier Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor podrá adherirse a ella.

ARTICULO XIV

1. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO XV

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha del depósito de su propio instrumento de ratificación o de adhesión,

ARTICULO XVI

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas la denuncia surtirá

efectos un año después de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.

ARTICULO XVII

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en cualquier momento la revisión de la misma mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

ARTICULO XVIII

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados los siguientes datos:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos XIII y XIV,

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo XV;

c) Las denuncias hechas con arreglo al artículo XVI;

d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII.

ARTICULO XIX

1 La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados.

Rama Ejecutiva del Poder Público-Presidencia de la República

Bogotá, D. E., julio 19 de 1977.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Alfonso López Michelsen, el Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Indalecio Liévano Aguirre.

Es fiel copia del texto certificado de la “Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid”, adoptado en Naciones Unidas el 30 de noviembre de 1973, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

(Fdo.) Joaquín Barreto Ruíz, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos Bogotá, D. E.

ARTICULO 2º.-Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944, en relación con la Convención que por esta misma Ley se aprueba.

Dada en Bogotá, D. E. a los…

El Presidente del honorable Senado de la República, PEDRO MARTIN LEYES HERNANDEZ, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, CESAR PEREZ GARCIA, el Secretario General del honorable Senado de la República Crispín Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Relaciones Exteriores, JuIio Londoño Paredes, el Ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa.

LEY 25 DE 1987

(Abril 28)

Por la cual se reforma parcialmente y se adiciona el Decreto 80 de 1980, que organiza el sistema de educación post-secundaria.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-El último inciso del articulo 46 del Decreto 80 de 1980 quedará así: “Los programas de formación académica de que tratan los artículos 35 y 36 están reservados a las instituciones reconocidas legalmente como universidades al tenor del artículo siguiente o a aquellas que no han obtenido ese reconocimiento por faltarles únicamente el primero de los requisitos en él señalados”.

ARTICULO 2º.-Para todos los efectos legales la modalidad educativa de formación intermedia profesional de que tratan los artículos 25 y 26 del Decreto 80 de 1980, se denominará formación técnica profesional y conducirá al Título de Técnico Profesional en la rama correspondiente.

ARTICULO 3º.-El artículo 50 del Decreto 80 de 1980 quedará así: “Las instituciones públicas de educación superior son establecimientos públicos del orden nacional, regional, departamental, intendencial, comis o municipal, o unidades administrativas especiales, o unidades docentes dependientes del Ministerio de Educación Nacional.

Los establecimientos públicos nacionales y regionales están adscritos al Ministerio de Educación Nacional; los departamentales a la respectiva gobernación; los intendenciales y comises a las intendencias y comisarías y los municipales a las respectivas alcaldías.

Para los efectos de esta Ley se entiende que una institución pública de educación superior es del orden regional cuando tenga dependencias en más de una de las divisiones territoriales de los órdenes departamental, intendencial o comis”.

ARTICULO 4º.-El artículo 53 del Decreto 80 quedará así: “La creación de instituciones oficiales corresponde al Congreso Nacional, a las Asambleas Departamentales, a los Consejos Intendenciales, a los Consejos Comises y a los Concejos Municipales, a iniciativa del Ejecutivo, con el cumplimiento de las exigencias señaladas para el efecto.

Al respectivo proyecto de ley, ordenanza, acuerdo intendencial, comis o municipal, deberá acompañar la autoridad ejecutiva correspondiente el estudio de factibilidad debidamente aprobado por el ICFES, que acredite la conveniencia de crear la institución”.

ARTICULO 5º.-El artículo 54 del Decreto 80 quedará así: “En ningún caso podrán crearse instituciones de carácter oficial cuya financiación no se encuentre plenamente asegurada por la Nación, el Departamento, la Intendencia, la Comisaria o el Municipio”.

ARTICULO 6º.-El artículo 57 del Decreto 80 de 1980 quedará así: “El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y está integrado por:

a) El Ministerio de Educación Nacional o su representante.

b) El Gobernador del Departamento, el Intendente o el Comisario donde tenga su domicilio la institución, o su representante para las del orden nacional, departamental, intendencial o comis. El respectivo Alcalde o su representante para las del orden municipal. El Alcalde de Bogotá, o su representante para las del orden nacional y distrital cuyo domicilio sea el Distrito Especial de Bogotá.

c) Un miembro designado por el Presidente de la República.

d) Un decano, designado por el Consejo Académico.

e) Un profesor de la institución, elegido mediante votación secreta por el cuerpo profesoral.

f) Un estudiante de la institución, elegido mediante voto secreto por estudiantes con matrícula vigente.

g) Un egresado graduado de la institución de prominente trayectoria profesional, designado por los egresados miembros de los Consejos de Facultad de la entidad.

h) El rector de la institución, con voz pero sin voto.

El decano, el profesor y el estudiante tendrán un período de dos (2) años, siempre y cuando conserven la calidad de tales. El egresado tendrá el mismo período.

Los representantes del Ministro, del Gobernador, del Intendente, del Comisario, del Alcalde o del Alcalde de Bogotá, deberán poseer título universitario, excelente trayectoria profesional y preferencialmente experiencia en la docencia o en la administración universitaria”.

Parágrafo. Al Consejo Superior de las Instituciones de Educación Superior de carácter regional pertenecerá el Gobernador, Intendente o Comisario del territorio donde tenga su domicilio legal la institución, o su representante. Podrán asistir con derecho a voz los jefes de las administraciones de los otros Departamentos, Intendencias o Comisarías donde haya dependencias de la institución, o sus representantes.

ARTICULO 7º.-El articulo 58 del Decreto 80 de 1980 quedará así: “Constituye quórum para decidir, más de la mitad de los que haya acreditado su condición de tales.

El Consejo Superior será presidido por el Ministro de Educación Nacional o su representante, el Gobernador o su representante, el Intendente o su representante, el Comisario o su representante, el Alcalde o su representante según la institución sea nacional, departamental, intendencial, comis o municipal. En su ausencia presidirá el miembro designado por el Presidente de la República.

El Estatuto General dispondrá los asuntos de competencia del Consejo Superior que requerirán el voto favorable de quien presida.

Parágrafo. En las instituciones regionales el Consejo Superior será presidido en la forma prevista para las instituciones oficiales del orden nacional”.

ARTICULO 8º.-El artículo 74 del Decreto 80, quedará así: “La Dirección de las Instituciones Intermedias Profesionales corresponde al rector, cuya designación compete al Presidente de la República, al Gobernador, al Intendente, al Comisario o al Alcalde, según que la institución sea nacional o regional, departamental, intendencial, comis o municipal asignarse al rector las funciones pertinentes previstas para los Consejos Directivos o Juntas de establecimientos públicos.

En caso de que sean unidades docentes del Ministerio de Educación Nacional, el nombramiento del rector corresponde al Ministro”.

ARTICULO 9º.-El artículo 80 del Decreto 80, quedará así: “Con base en los aportes oficiales asignados presupuestalmente para la correspondiente vigencia por los Gobiernos Nacional, departamental, intendencia, comis y municipal y la proyección de sus ingresos propios, el Consejo Superior de cada institución, expedirá el presupuesto de rentas y gastos para la respectiva vigencia.

La elaboración de dicho presupuesto deberá sujetarse a las normas señaladas en este capítulo, y a los principios generales de la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional.

El Gobierno Nacional se abstendrá de girar los aportes que se hubieren decretado a favor de una institución mientras no demuestre adecuadamente el cumplimiento de dichas normas, para lo cual las respectivas entidades deberán remitir al Ministerio de Educación Nacional, antes del 31 de enero de cada año, el presupuesto aprobado con sus respectivos anexos”.

ARTICULO 10. El artículo 90 del Decreto 80 quedará así: “No habrá más de un control fiscal en cada institución oficial de educación superior, que corresponderá a la Contraloría General de la República, o a la Departamental, Intendencial, Comis o Municipal, según el orden al cual pertenezca la entidad.

Sin perjuicio de otros sistemas ágiles de fiscalización que establezca el respectivo Contralor, éste determinará las adquisiciones que por su naturaleza técnica o trámite comercial estarán sujetas solamente al control fiscal posterior.

Parágrafo. Cuando se trate de una institución superior de carácter regional el control fiscal corresponderá a la Contraloría General de la República”.

ARTICULO 11.-El artículo 128 del Decreto 80 de 1980 quedará así: “El patrimonio de las instituciones oficiales que tengan el carácter de establecimientos públicos, estará constituido por:

a) Las partidas que se les asigne dentro del Presupuesto Nacional, departamental, intendencial, comis o municipal.

b) Los bienes muebles o inmuebles que actualmente poseen y los que adquieran posteriormente.

c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos.

d) Los bienes que como personas jurídicas adquieren a cualquier título”.

ARTICULO 12.-En concordancia con lo dispuesto en el Decreto 82 de 1980 y el artículo 137 del Decreto 80 de 1980, las normas de la presente Ley no rigen para la Universidad Nacional de Colombia.

ARTICULO 13.-El artículo 125 del Decreto 80 de 1980 quedará así: “Las disposiciones del presente Decreto relativas a las instituciones oficiales de educación superior, constituyen el estatuto básico u orgánico de las del orden nacional y regional.

En armonía con los artículos 6º, 187, ordinal 6º y 197, ordinal 4º de la Constitución Política, las normas de este Decreto deberán aplicarse para la creación de las instituciones departamentales, intendenciales, comises o municipales y del Distrito Especial de Bogotá”.

ARTICULO 14.-Esta Ley rige desde la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. E., a los… días del mes de … de mil novecientos ochenta y siete (1987).

FI Presidente del honorable Senado de la República, HUMBERTO PELAEZ GUTIERREZ, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ROMAN GOMEZ OVALLE, el Secretario General del honorable Senado de la República, Crispín Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 28 de abril de 1987.

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

La Ministra de Educación Nacional, Marina Uribe de Eusse.

LEY 24 DE 1987

(ABRIL 21)

Por la cual se establecen normas para la adopción de textos escolares y se dictan

otras disposiciones para su evaluación.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.-Los textos escolares destinados a la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, tanto para los establecimientos oficiales como privados, serán evaluados por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley.

ARTICULO 2º.-Los establecimientos educativos no podrán variar los textos antes de transcurrir tres (3) años contados a partir de la fecha de adopción de los mismos.

Parágrafo. El cambio de textos sólo podrá hacerse por razones pedagógicas, de actualización de conocimientos e informaciones o modificaciones en el curriculum vigente.

ARTICULO 3º.-Queda prohibido autorizar textos de estudio donde los educandos usen las páginas de los mismos para resolver tareas.

Los textos correspondientes al nivel de preescolar y a los grados primero (1º ), segundo (2º) y tercero (3º) de enseñanza básica primaria podrán llevar páginas de actividades en las asignaturas que, por razones pedagógicas, así lo requieran.

ARTICULO 4º.-El Gobierno Nacional inspeccionará la aplicación de la Ley 23 de 1982 y normas posteriores por parte de las casas editoriales en beneficio del autor de las obras que les corresponda editar.

ARTICULO 5º.-Adscrita a la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Curriculum y Medios Educativos del Ministerio de Educación Nacional funcionará una Comisión Nacional de Textos escolares, encargada de evaluar pedagógicamente los textos que se editen para la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.

La Comisión Nacional de Textos Escolares estará integrada por:

a) El Ministro de Educación o su Delegado.

b) Un representante de las Asociaciones Nacionales de Padres de Familia, debidamente reconocidas, y designado por el Ministerio de Educación Nacional de ternas presentadas por las mismas.

c) Un Representante de las Facultades de Educación oficiales y privadas, designado por el Ministerio de Educación Nacional de terna elaborada por la Asociación Colombiana de Universidades.

d) Un Representante de las Asociaciones Nacionales de Docentes Oficiales debidamente reconocidas y elegido por el Ministerio de Educación Nacional de ternas presentadas por las mismas.

e) Un Representante de las Asociaciones de Colegios Privados, debidamente reconocidas y designado por el Ministerio de Educación Nacional de ternas presentadas por las mismas.

f) Un Representante de las Asociaciones de Rectores de Educación Media, debidamente reconocidas y designado por el Ministerio de Educación Nacional de ternas elaboradas por las mismas.

g) Un Representante de los Centros Experimentales Pilotos, designado por el Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo 1º.-La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Textos Escolares estará a cargo del Director de la División de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, currículum y Medios Educativos del Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo 2º.-La Comisión Nacional de Textos Escolares, para el cumplimiento de su labor de evaluación, se asesorará de profesionales idóneos, de universidades, academias, fundaciones o instituciones de Investigación, designados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 3º.-Los miembros de la Comisión Nacional y sus consultores no podrán ser autores de textos, editores o personas vinculadas directa o indirectamente a empresas editoriales privadas u oficiales.

Parágrafo 4º.-Transcurrido un lapso de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de un texto escolar para su evaluación sin que se haya notificado el pronunciamiento de la comisión, se entenderá que éste es positivo.

ARTICULO 6º.-Son funciones de la Comisión Nacional Evaluadora de Textos Escolares:

a) Establecer los procedimientos de evaluación de los textos y darse su propio reglamento.

b) Establecer los criterios pedagógicos con base en los cuales se hará la evaluación de textos escolares teniendo en cuenta los fines y objetivos del sistema educativo colombiano, y divulgarlos entre autores y editores de textos.

c) Evaluar los textos de uso en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.

d) Divulgar el listado de los textos aceptados y comunicar todas sus decisiones sobre el particular a los interesados.

e) Orientar a autores y editores en la búsqueda y aplicación de todas aquellas innovaciones que contribuyen a elevar la calidad del sistema educativo nacional.

f) Estimular y convocar la atención de docentes y centros de investigación universitaria para que comprometan su actividad en el mejoramiento de los textos escolares.

g) Fomentar relaciones de armoniosa cooperación entre el cuerpo docente, los centros de investigación y experimentación educativas, los autores y editores de textos escolares.

Parágrafo 1º.-En caso de que la Comisión no dé su aceptación a un determinado texto, se anexará a la comunicación que se dirija al interesado copia del concepto técnico que fundamenta esa decisión.

Parágrafo 2º.-Contra las decisiones de la Comisión proceden los recursos de que tratan los artículos 50 y siguientes del Decreto 1 de 1984.

ARTICULO 7º.-La Comisión a través de las Secretarías Seccionales de Educación, comunicará a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales el listado de los textos aceptados. Las Secretarías llevarán registro actualizado de los mismos.

ARTICULO 8º.-Los rectores o directores de los centros educativos dentro de un lapso máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de iniciación de cada año lectivo, darán a las Secretarías de Educación de su respectiva unidad territorial los textos adoptados para efectos, del control de vigencia de tres (3) años de que trata el artículo primero de esta Ley.

ARTICULO 9º.-El Fondo Rotatorio del Ministerio de Educación Nacional, además de las funciones que le señala la Ley 35 de 1979, ejercerá la de adquirir textos escolares, mediante licitación pública, para su distribución gratuita a los alumnos de establecimientos oficiales de educación básica primaria.

ARTICULO 10.-Los responsables del incumplimiento a lo ordenado en esta Ley, serán sancionados de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

ARTICULO 11.-Autorizase al Gobierno Nacional para efectuar los traslados y las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de la Ley.

ARTICULO 12.-Esta Ley rige a partir de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República. HUMBERTO PELAEZ GUTIERREZ, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ROMAN GOMEZ OVALLE, el Secretario General del honorable Senado de la República. Crispín Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Bogotá. D. E.. 21 de abril de 1987.

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

La Ministra de Educación Nacional, Marina Uribe de Eusse.