LEY 68 DE 1986

(DICIEMBRE 14)

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Apruébase el “Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, cuyo texto es:

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América;

Animados por el deseo de hacer más eficaz la cooperación entre los dos Estados para la represión de delitos; y

Animados por el deseo de concertar un nuevo Tratado para la recíproca extradición de delincuentes;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Obligación de conceder la extradición.

1. Las Partes Contratantes acuerdan la entrega recíproca, conforme a las disposiciones estipuladas en el presente Tratado, de las personas que se hallen en el territorio de una de las Partes Contratantes, que hayan sido procesadas por un delito, declaradas responsables de cometer un delito, o que sean reclamadas por la otra Parte Contratante para cumplir una sentencia que lleve consigo la privación de la libertad, dictada por las autoridades judiciales por un delito cometido dentro del territorio del Estado requirente.

2. Cuando el delito se haya cometido fuera del Estado requirente, el Estado requerido concederá. la extradición, conforme a las disposiciones del presente Tratado, si:

a) Sus leyes disponen la sanción de tal delito en circunstancias similares, o

b) La persona reclamada es nacional del Estado requirente y dicho Estado tiene jurisdicción para juzgarla.

Artículo 2

Delitos que darán lugar a la extradición.

1. Los delitos que darán lugar a la extradición con arreglo al presente Tratado, son:

a) Los delitos descritos en el Apéndice de este Tratado que sean punibles según las leyes de ambas Partes Contratantes; o

b) Los delitos que sean punibles conforme a las leyes de la República de Colombia y las leyes federales de los Estados Unidos, figuren o no en el Apéndice de este Tratado.

2. Para lo previsto en este Artículo, será indiferente el que las leyes de las Partes Contratantes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.

4. Sujeto a las condiciones estipuladas en los párrafos 1, 2 y 3, la extradición también se concederá:

a) Por intentar cometer un delito o participar en la comisión de un delito. También se concederá por la asociación para delinquir contemplada en la legislación colombiana y por la conspiración prevista en la legislación de los Estados Unidos de América;

b) Por cualquier delito que de lugar a extradición, cuando, para el reconocimiento de la jurisdicción de cualquiera de las Partes Contratantes, el transporte de personas o bienes, el uso de correo u otros medios de realizar operaciones de comercio interestatal o con el extranjero, constituya también un elemento de delito.

5. Cuando se haya concedido la extradición por un delito extraditable, se concederá igualmente por cualquier otro delito especificado en la petición de extradición que reúna todos los requisitos para ser extraditable, salvo el previsto en el párrafo 3 de este Artículo.

Artículo 3

Ambito territorial de aplicación.

Para fines del presente Tratado, el territorio de una Parte Contratante comprenderá todo el territorio sometido a la jurisdicción de dicha Parte Contratante, incluyendo su espacio aérea y sus aguas territoriales.

Artículo 4

Delitos políticos y militares.

1. No se concederá la extradición cuando el delito por el que se solicita sea de carácter político o tenga conexión con un delito de carácter político, o cuando la persona reclamada pruebe que la extradición se solicita con el exclusivo propósito de que se la juzgue o condene por un delito de ese carácter.

2. No se concederá la extradición cuando el delito por el que se solicita sea de naturaleza estrictamente militar.

3. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado requerido decidir sobre la aplicación de este Articulo, salvo que su legislación disponga otra cosa.

Artículo 5

Non bis in idem.

1. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada haya sido juzgada y condenada o absuelta por el Estado requerido por el mismo delito que motive la solicitud de extradición.

2. El que las autoridades competentes del Estado requerido hayan decidido no procesar a la persona reclamada por el hecho que motiva la solicitud de extradición, o suspender cualquier acción penal que se hubiese incoado, no impedirá la extradición.

Articulo 6

Prescripción.

No se concederá la extradición cuando la acción penal o la aplicación de la pena por el delito que motiva la solicitud de extradición hayan prescrito según las leyes del Estado requirente.

Artículo 7

Pena de muerte.

Cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente, y las leyes del Estado requerido no permitan la imposición de dicha sanción por tal delito, se podrá rehusar la extradición, el a menos que; antes de concederse la extradición, el Estado requirente de las garantías que el Estado requerido considere suficientes de que no impondrá la pena de muerte o de que, en caso de imponerse, no será ejecutado.

Artículo 8

Extradición de nacionales.

1. Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus propios nacionales, pero el Poder Ejecutivo del Estado requerido podrá entregarlos silo considera conveniente. Sin embargo, se concederá la extradición de nacionales, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, en los siguientes casos:

a) Cuando el delito comprenda actos que se hayan realizado en el territorio de ambos Estados con la intención de que sea consumado en el Estado requirente; o

b) Cuando la persona cuya extradición se solicita haya sido condenada en el Estado requirente por el delito por el cual se solicita la extradición.

2. Si la extradición no se concede de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo, el Estado requerido someterá al caso a sus autoridades judiciales competentes con el objeto de iniciar la investigación o para adelantar el respectivo proceso, siempre que el Estado requerido tenga jurisdicción sobre el delito.

Artículo 9

Tramitación de la extradición y documentos requeridos.

1. La extradición se solicitará por vía diplomática.

2. La solicitud de extradición irá acompañada de:

a) Documentos, declaraciones u otras pruebas que identifiquen a la persona reclamada y el lugar donde probablemente se encuentra;

b) Una relación de los hechos;

c) Los textos de las disposiciones legales que establezcan los elementos esenciales y la denominación del delito por el cual se solicita la extradición;

d) Los textos de las disposiciones legales que establezcan la pena correspondiente al delito; y

e) Los textos de las disposiciones legales relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena correspondiente al delito.

3. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona que aún no haya sido condenada, deberá ir acompañada de:

b) Pruebas fehacientes de que la persona reclamada es la misma a la que se refiere el auto de proceder o su equivalente; y

c) Las pruebas que, según las leyes del Estado requerido, constituyan motivo fundado para afirmar que la persona reclamada ha cometido el delito por el que se solicita la extradición.

4. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona condenada deberá ir acompañada de:

a) Una copia de la sentencia condenatoria dictada por un Tribunal del Estado requirente; y

b) Pruebas que demuestren que la persona reclamada es la misma a la que se refiere la sentencia condenatoria.

Si la persona hubiere sido declarada responsable, pero no sentenciada, la solicitud de extradición deberá, además, ir acompañada de una prueba de ello y de una copia de la orden de detención.

Si la persona hubiere sido sentenciada, la solicitud de extradición deberá, además, ir acompañada de una copia de la sentencia una declaración en la que se haga constar la parte de la pena que no se hubiere cumplido.

5. Todos los documentos que deberá presentar el Estado requirente de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 de este Tratado, serán traducidos al idioma del Estado requerido.

6. Los documentos que acompañan la solicitud de extradición serán admitidos como medio de prueba cuando:

a) En caso de una solicitud proveniente de los Estados Unidos, estén firmados por un juez, un magistrado u otro funcionario judicial, legalizados por el sello oficial del Departamento de Estado, y certificados por un agente diplomático o consular de la República de Colombia en los Estados Unidos.

b) En el caso de una solicitud proveniente de la República de Colombia, estén firmados por un juez u otra autoridad judicial y hayan sido certificados por el principal agente diplomático o consular de los Estados Unidos en la República de Colombia.

7. El Estado requerido estudiará la documentación presentada en apoyo de la solicitud de extradición para determinar si reúne los requisitos legales, antes de someterla a las autoridades judiciales, y proveerá la representación legal para proteger los intereses del Estado requirente ante las autoridades competentes del Estado requerido.

Articulo 10

Pruebas adicionales.

1. Si el Poder Ejecutivo del Estado requerido considera que las pruebas presentadas, en apoyo de la solicitud de extradición de una persona reclamada no son suficientes para satisfacer los requerimientos del presente Tratado, dicho Estado solicitará la presentación de las pruebas adicionales que estime necesarias. El Estado requerido podrá establecer una fecha límite para la presentación de las mismas, y podrá conceder una prórroga razonable del plazo a petición del Estado requirente, el cual expresará las razones que lo mueven a ello.

2. Si la persona reclamada se encuentra privada de la libertad y las pruebas adicionales o la información presentada no son suficientes, o si dichas pruebas o información no se reciben dentro del plazo estipulado por el Estado requerido, será puesta en libertad. No obstante, dicha libertad no impedirá la presentación de una solicitud de extradición posterior por el mismo delito, y la persona reclamada podrá ser detenida nuevamente. A este respecto, bastará con que en la solicitud subsiguiente se haga mención de los documentos previamente presentados, siempre que estén disponibles al momento de incoarse el nuevo procedimiento de extradición.

Artículo 11

Detención provisional.

1. En caso de urgencia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar, por vía diplomática, la detención provisional de una persona procesada o condenada. La petición deberá contener la identificación de la persona reclamada, una declaración de intención de presentar la solicitud de extradición de la persona reclamada y una declaración de la existencia de una orden de detención o un veredicto o sentencia condenatorios contra dicha persona.

2. Al recibir dicha solicitud, el Estado requerido tomará las medidas necesarias para asegurar la detención de la persona reclamada.

3. La detención provisional se dará por terminada si, dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de la aprehensión de la persona reclamada, el Poder Ejecutivo del Estado requerido no ha recibido la solicitud oficial de extradición y los documentos mencionados en el Artículo 9.

4. La terminación de la detención provisional con arreglo al párrafo 3) no impedirá la extradición de la persona reclamada si la solicitud de extradición y los documentos de pruebas mencionados en el artículo 9 se entregan en una fecha posterior.

Artículo 12

1. El Estado requerido comunicará al requirente, lo antes posible, su resolución sobre la solicitud de extradición

2. El Estado requerido consignará las razones de la de negación total o parcial de la solicitud de extradición.

3. Si la extradición ha sido concedida, la entrega de la persona reclamada se efectuará dentro del plazo establecido por las leyes del Estado requerido, Las autoridades competentes de las Partes Contratantes acordarán la fecha y el lugar de la entrega de la persona reclamada.

4. Si las autoridades competentes han emitido un mandamiento o una orden de extradición contra una persona reclamada y ésta no ha sido retirada del territorio del Estado requerido dentro del plazo establecido por las leyes de dicho Estado, o dentro de 60 días de comunicada la orden de extradición al Estado requirente si las leyes del Estado requerido no establecen dicho plazo, será puesta en libertad y, posteriormente, se podrá rehusar su extradición por el mismo delito.

Artículo 13

Entrega aplazada

Una vez concedida la extradición de una persona, el Estado requerido podrá aplazar su entrega, cuando la persona esté sometida a un proceso o se halle cumpliendo condena en el territorio del Estado requerido por un delito diferente del que ha dado lugar a extradición, hasta que concluya el proceso o cumpla la totalidad de la pena que le pueda ser o le haya sido impuesta.

Artículo 14

Solicitudes de extradición presentadas por varios Estados.

El Poder Ejecutivo del Estado requerido, al recibir solicitudes de la otra Parte Contratante y de un tercer Estado o de otros Estados para la extradición de la misma persona, bien sea por el mismo delito o por distintos delitos, decidirá a cuál de los Estados requirentes entregará dicha persona.

Artículo 15

Reglas de especialidad.

1. La persona extraditada en virtud del presente Tratado no será detenida, juzgada o sancionada en el territorio del Estado requirente por un delito distinto de aquél por el cual se ha concedido la extradición, ni será objeto de extradición por dicho Estado a un tercer Estado, a menos que:

a) Haya abandonado el territorio del Estado requirente después de su extradición y haya regresado a él voluntariamente;

b) No haya abandonado el territorio del Estado requirente dentro de los 60 días después de tener libertad para hacerlo, o

c) El Poder Ejecutivo del Estado requerido haya consentido su detención, juicio o sanción por otro delito; o su extradición a un tercer Estado siempre que se observen los principios del Artículo 4 de este Tratado.

Estas disposiciones no serán aplicables a los delitos cometidos después de la extradición.

2. Si en le curso del procedimiento se alterare la denominación del delito que motivó la extradición de una persona, ésta podrá ser procesada o sentenciada siempre que:

a) El delito según su nueva denominación legal, esté basado en los mismos hechos que figuran en la solicitud de extradición y sus documentos de apoyo, y

b) El acusado pueda ser condenado a una pena privativa de libertad que no exceda la prevista para el delito que motive la extradición.

Artículo 6

Extradición simplificada.

Si las leyes del Estado requerido no prohiben específicamente la extradición de la persona reclamada, y siempre y cuando dicha persona acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradición después de haber sido informada personalmente por un juez o magistrado competente acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protección que esto le brinda, el Estado requerido podrá conceder su extradición sin que se lleve a cabo el procedimiento formal.

Artículo 17

Entrega de elementos, instrumentos, objetos y documentos.

1. En la medida en que lo permitan las leyes del Estado requerido y sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán debidamente respetados, todos los elementos, instrumentos, objetos de valor o documentos concernientes al delito, se hayan usado o no en la comisión del mismo, o que de cualquier otro modo revistan el carácter de piezas de convicción, podrán ser entregados una vez concedida la extradición, aunque ésta no pueda hacerse efectiva debido a la muerte, desaparición o evasión del acusado.

2. El Estado requerido podrá exigir del Estado requirente como condición para la entrega, garantías satisfactorias de que los elementos, instrumentos, objetos de valor o documentos serán devueltos al Estado requerido tan pronto como sea posible o cuando

concluya el proceso penal.

Artículo 18

Tránsito

1. El derecho de transportar por el territorio de una de las Partes Contratantes a una persona entregada por un tercer Estado a la otra Parte Contratante, será concedido cuando se solicite por vía diplomática, siempre que no haya razones de orden público que se opongan a ello.

2. La Parte a la que ha sido entregada la persona, reembolsará a la Parte a través de cuyo territorio se transporta a tal persona, cualquier gasto que esta última haya hecho con motivo de dicho transporte.

Articulo 19

Gastos

Los gastos concernientes a la traducción de documentos y al transporte de la persona reclamada correrán a cargo del Estado requirente. Todos los demás gastos concernientes a la solicitud y al procedimiento de extradición recaerán sobre el Estado requerido. La Parte requerida no presentará a la Parte requirente ninguna reclamación pecuniaria derivada del arresto, custodia, interrogación y entrega de las personas reclamadas, de acuerdo con las disposiciones de este Tratado.

Artículo 20

Alcance de la aplicación.

Este Tratado se aplicará a los delitos previstos en el artículo 20, cometidos antes y después de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado. Sin embargo, no se concederá la extradición por hechos realizados antes de dicha fecha, que según las leyes de ambas Partes Contratantes no constituían delito al momento de su comisión.

Artículo 21

Ratificación; entrada en vigor; denuncia.

1. El presente Tratado estará sujeto a su ratificación; los instrumentos de ratificación serán canjeados en Washington tan pronto como sea posible.

2. El presente Tratado entrará en vigor en la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.

3. Al entrar en vigor este Tratado, quedarán derogadas, la Convención de Extradición Recíproca de Delincuentes, firmada el 7 de mayo de 1888 y la Convención Adicional de Extradición, firmada el 9 de septiembre de 1940, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América; pero si un procedimiento de extradición está pendiente en el Estado requerido en la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, continuará sujeto a los tratados anteriores.

4. Cada una de las Partes Contratantes podrá dar por terminado este Tratado en cualquier momento, previa comunicación a la otra Parte Contratante y la determinación tendrá efecto seis meses después de la fecha de recepción de dicha comunicación.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Tratado.

(Fdo.) ilegible; Por el Gobierno de la República de Colombia, (Fdo) ilegible; Por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

APENDICE

Lista de delitos.

1. Asesinatos; agresión con intención de cometer asesinato.

2. Homicidio.

3. Lesiones dolosas; ocasionar graves daños corporales.

4. Violencia carnal; abusos deshonestos.

5. Actos sexuales ilícitos cometidos con menores de la edad, especificada en las legislaciones penales de cada una de las partes contratantes.

6. Abandono deliberado de un menor u otro familiar a cargo, cuando la vida de dicho menor o familiar a cargo corra o pueda correr peligro.

7. Secuestro con o sin rescate; detención ilegal.

8. Extorsión, chantaje.

9. Robo; robo con escalamiento o fractura; hurto.

10. Estafa, que incluye la obtención de bienes, dinero o valores por medio de imposturas, defraudando al público o cualquier persona con engaño o falsedades u otros medios fraudulentos, aun cuando dichos engaños, falsedades o medios fraudulentos, constituyan o n o impostura.

11. Desfalco; abuso de confianza; peculado.

12. Cualquier delito relativo a la falsificación o a la falsedad.

13. Receptación o transporte de dinero, valores u otros bienes, a sabiendas de que han sido obtenidos ilícitamente.

14. Delito de incendio.

15. Daños internacionales cometidos contra la propiedad.

16. Delitos que pongan en peligro la seguridad pública por medio de explosión, inundación u otros medios destructivos.

17. Piratería, según la definen las leyes o el derecho de gentes; motín o rebelión a bordo de un avión o nave, contra la autoridad del capitán o comandante de dicho avión o nave.

18. Apoderamiento ilícito de barcos o aviones.

19. Todo acto intencional que atente contra la seguridad de las personas que viajen en tren, avión, barco, ómnibus u otro medio de transporte.

20. Delitos relativos a la legislación sobre armas de fuego, municiones, explosivos, dispositivos incendiarios o material nuclear.

21. Delitos contra las leyes relativos al tráfico, la posesión, la producción la elaboración de estupefacientes, cannabis, drogas alucinógenas, cocaína y sus derivados u otras sustancias que producen dependencia física o psíquica.

22. Delitos contra la salud pública como la elaboración o el tráfico ilícitos de productos químicos o sustancias nocivas para la salud.

24. Delitos relativos a la deliberada evasión del pago de impuestos y derechos.

25. Proxenetismo.

26. Cualquier delito relativo al falso testimonio, perjurio o perjurio por soborno.

27. Afirmaciones falsas ante una entidad oficial o un funcionario público.

28. Delitos contra las leyes relativas a la administración u obstrucción de la justicia.

29. Concusión y cohecho,- que comprenden al que solicita, al que ofrece y al que acepta la dádiva.

30. Delitos relativos a las leyes que regulan la administración pública o abusos de la autoridad pública.

31. Delitos relativos a la legislación sobre control de compañías, corporaciones u otras personas jurídicas.

32. Delitos relativos a la legislación sobre control de monopolios particulares y competencia desleal.

33. Delitos contra la economía nacional, o sea delitos relativos a los productos básicos, valores o intereses similares, incluidos su emisión, registro, comercialización, negociación o venta.

34. Delitos relativos a la legislación sobre quiebra.

35. Cualquier delito relativo a la legislación sobre comercio internacional y transferencia de Fondos.

Rama Ejecutiva del Poder Público – Presidencia de la República

Bogotá, D. E., octubre 1979.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Diego Uribe Vargas.

Es fiel copia del texto original del “Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Fdo.) Julio Londoño Paredes, Secretario General.

Bogotá, D. E.~, octubre de 1979.

ARTICULO 2º.- Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944, en relación con el Tratado que por esta misma Ley se aprueba.

Dada en Bogotá,- D. E., a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos ochenta (1980).

El Presidente del honorable Senado de la República, JOSE IGNACIO DIAZ GRANADOS ALZAMORA, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, HERNANDO TURBAY TURBAY, el Secretario General del honorable Senado de la República, Amaury Guerrero, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 3 de noviembre de 1980

Publíquese y ejecútese. –

El Ministro de Gobierno, Delegatario de Funciones Presidenciales, Germán Zea Hernández, el Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado, Julio Londoño Paredes, el Ministro de Justicia, Felio Andrade Manrique.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 14 de diciembre de 1986.

Publíquese y ejecútese.

En la fecha se sanciona el proyecto de ley número 76 de 1979 (Senado) y número 168 de 1979 (Cámara), “por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América’ firmado el 14 de septiembre de 1979”. Esta determinación ha sido adoptada en acatamiento a la sentencia proferida por la honorable Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 1986 (expediente número 5-R).

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Cepeda Ulloa, el Ministro de Justicia, Eduardo Suescún Monroy.

LEY 67 DE 1986

(NOVIEMBRE 25)

Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.- La Nación se asocia a la celebración de los 250 años de la ciudad de Cereté en el Departamento de Córdoba y se rinde tributo al espíritu batallador y a las capacidades cívicas de sus gentes cuyas fuentes de ingreso y trabajo provienen principalmente de las prácticas agropecuarias.

ARTICULO 2º.- Facúltase al Gobierno Nacional para planificar y ejecutar las siguientes obras de beneficio común y de utilidad pública, en el Municipio de Cereté, en el Departamento de Córdoba, así:

1. Pavimentación general de las calles y vías urbanas de la ciudad.

2. Aporte para ampliación del alcantarillado de todos los barrios del perímetro urbano.

3. Aporte para conclusión de la Villa Olímpica de Cereté.

4. Aporte para ampliación y dotación de los colegios departamentales Marcelino Polo y Dolores Garrido y de las escuelas rurales y normales mixtas del municipio.

5. Aporte para construcción del mercado público, en lote que pertenece al municipio y destinado para tal fin.

6. Aporte para construcción de la cárcel nacional, en lote que pertenece al Ministerio de Justicia, ubicado en el barrio 24 de Mayo de esta ciudad.

7. .Aporte para construcción de la Casa Cultural, Salón de Conferencias y biblioteca, en el local donde actualmente funciona el mercado público de la ciudad.

8. Aporte para construcción y dotación de un Colegio Nacional de Bachillerato diversificado según los requerimientos del municipio y previo estudio de prefactibilidad por parte del Ministerio de Educación Nacional.

ARTICULO 3º.- Autorizase al Concejo Municipal de Cereté, para ordenar la emisión de una estampilla “Pro – desarrollo Urbano”, como fuente de recursos para contribuir al financiamiento de las obras anteriores y de las contempladas en el “Plan de Desarrollo de Cereté”, adoptado por las autoridades competentes. La estampilla se cobrará sobre contratos, cuentas de cobro y demás operaciones y gestiones que se lleven a cabo ante el Gobierno Municipal o cualesquiera de las entidades descentralizadas del orden municipal. El Concejo Municipal reglamentará todo lo relacionado con el valor, uso y duración de la estampilla a que se refiere este artículo.

ARTICULO 4º.- De conformidad con el ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución Nacional para incluir en el presupuesto de los tres años siguientes contados a partir de la vigencia de la presente ley las partidas necesarias para su cumplimiento y efectuar las operaciones presupuestales correspondientes, obtener empréstitos y celebrar contratos necesarios para dar cumplimiento a la presente ley.

ARTICULO 5º.- Con el fin de coordinar la celebración de los 250 años de Cereté, créase una Junta Central, la cual se encargará de todos los actos pertinentes, promover, vigilar y agilizar el cumplimiento de esta ley.

Parágrafo. La Junta Central estará integrada así:

– El Gobernador del Departamento de Córdoba, quien la presidirá o un delegado de éste.

– El Alcalde del Municipio de Cereté.

– El Presidente del Concejo Municipal

– El Gerente Regional de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

– El Director de la Oficina de Turismo Departamental.

– El Gerente de la Beneficencia de Córdoba.

– El Secretario de Obras Públicas. y Desarrollo del Departamento.

– El señor Cura Párroco, un representante de los comerciantes, de los agricultores, de los transportadores y de los profesionales de Cereté, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente.

ARTICULO 6º.- Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a los… días del mes de … de mil novecientos ochenta y seis (1986).

El Presidente del honorable Senado de la República, HUMBERTO PELAEZ GUTIERREZ, El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ROMAN GOMEZ OVALLE, El Secretario General del honorable Senado de la República, Crispín Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luís Lorduy Lorduy.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 25 de noviembre de 1986.

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, César Gaviria Trujillo.

LEY 66 DE 1986

Por la cual se decretan adiciones y traslados en el Presupuesto Nacional para la

vigencia fiscal de 1986,

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1: Adiciónase el presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal de 1986 en la cantidad de noventa y un mil trescientos seis millones novecientos sesenta y cinco mil pesos moneda corriente ($91.306. 965.000.00) que con base en los certificados de disponibilidad número Debido a lo extenso de esta ley se omite su publicación y se informa que el texto completo se encuentra publicado en el Diario Oficial N° 37719 del 24 de noviembre de 1986;

ARTICULO 2: Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a los… días del mes de .. de mil novecientos ochenta y seis (1986).

El Primer Vicepresidente del honorable Senado de la República, ROGER BOLAÑOS DE BAUTISTA, El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ROMAN GOMEZ OVALLE, El Secretario General del honorable Senado de la República, Crispín Villazón de Armas, El Subsecretario de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Bonilla Marroquín.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 24 de noviembre de 1986.

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, César Gaviria Trujillo.

LEY 65 DE 1986

(NOVIEMBRE 20)

París el 1 de agosto de 1984.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Apruébase el “Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Colombia y la UNESCO relativo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC”, firmado en París el 1 de agosto de 1984, cuyo texto es:

“ACUERDO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO DE COLÓMBIA Y LA UNESCO, RELATIVO AL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, CERLALC.”

El Gobierno de la República dé Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Considerando que el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, suscribieron en Bogotá, el 23 de abril de 1971 un acuerdo de Cooperación Internacional relativo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina.

Que a la expiración de este instrumento la Organización y el Gobierno de Colombia decidieron conjuntamente prolongar los términos del Acuerdo a partir del 1 de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1982, mediante el acuerdo firmado en parís el 10 de febrero de 1977.

Que el acuerdo así prorrogado ha llegado a expiración, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que en adelante se denominará la “Organización y el Gobierno de Colombia, que en adelante se denominará el “Gobierno”, deseosos de continuar dicha cooperación, convienen lo siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones generales.

ARTICULO I

El Centro, con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia, podrá extender sus programas a los países de América Latina y el Caribe y a los países de unidad Iinguistíca hispano-lusitana que se encuentren fuera de estas áreas geográficas: igualmente podrá establecer dependencias en otras ciudades de Colombia, o de países miembros para facilitar la descentralización de sus actividades.

ARTICULO II

Los Miembros del Centro podrán ser electivos o asociados.

Serán miembros efectivos del Centro, por derecho propio, todos los países de América Latina y el Caribe, cuyos gobiernos hayan manifestado al Gobierno la voluntad de participar en las actividades del Centro.

Serán miembros asociados del Centro, los países de unidad linguistíca hipanolusitana Localizados fuera de las regiones geográficas de la América Latina v el Caribe, cuyos Gobiernos, hayan manifestado al Gobierno la voluntad de participar en las actividades del Centro. Su admisión se efectuará por decisión del Concejo.

El gobierno informará al Centro, a los Estados Miembros y al Director General de la Organización la recepción de esas notificaciones.

Los Estados Miembros podrán retirarse del Centro seis (6) meses después de haberlo notificado por escrito al Gobierno.

C A P I T U L O II

Objetivos fundamentales del Centro.

ARTICULO III

El Centro tendrá a su cargo el fomento de la producción y distribución del libro en particular, la promoción de la lectura. especialmente a través de los planes de educación y del complemento indispensable de unos adecuados sistemas nacionales de bibliotecas escolares y públicas en cada país. Para llevar a cabo estos objetivos, el Centro cumplirá las siguientes funciones:

1. Fomentar la coordinación de los esfuerzos de las entidades públicas y privadas de la región, orientadas a la producción, difusión y distribución del libro en los países de América latina y el Caribe.

2. Fomentar la aplicación de las medidas necesarias para lograr el desarrollo y la armonización del mercado del libro en dicha zona, en forma que pueda llegar a establecerse un mercado común.

3. Estimular la creación de entidades nacionales dedicadas a la promoción del libro, con el auxilio de las instituciones locales, públicas y privadas, que deseen colaborar con esa iniciativa.

4. Compilar y poner a disposición de dichos países las estadísticas y documentación relativas a la producción, distribución y demanda de libros en los países de la región, aprovechando los factores de unidad cultural.

5. Comprometer esfuerzos para la compilación periódica y regular de la bibliografía de obras en lenguas hispanas.

6. Realizar investigaciones sistemáticas sobre hábitos, niveles e intereses de lectura.

7. Llevar a cabo estudios en distintos niveles educativos y socio – económicos, encaminados a establecer la estrategia más apropiada para la promoción de la lectura.

8. Desarrollar planes para la formación y la promoción profesional en las demás industrias gráficas y editorial la de distribución del libro: v realizar así mismo las investigaciones sobre recursos humanos.

9. Realizar estudios relativos a los derechos de autor, con especial énfasis en los problemas específicos de cada país que limitan la aplicación de los Acuerdos Internacionales sobre el tema, defender esos derechos, velar por su cumplimiento y ayudar a encontrar fórmulas viables asistencia de los organismos internacionales competentes para el acceso de los pueblos de la región a las fuentes de la cultura universal.

10. Contribuir al fortalecimiento de los servicios de bibliotecas escolares y públicas en cada país y colaborar en la acción de estos planes en ámbito regional de acuerdo con las condiciones socio – económicas de cada Estado: y promover en la región la formación de bibliotecarios, maestros bibliotecarios y administradores de servicios de bibliotecas escolares y públicas.

12. Impulsar la realización de proyectos de cooperación técnica entre los países de la región.

CAPITULO III

Personería jurídica, privilegios e inmunidades.

ARTICULO IV

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, denominado en este Instrumento el “Centro”, gozará en el territorio de Colombia de la personería y de la capacidad jurídica necesarias para el ejercicio de sus funciones.

El Centro tendrá especial capacidad para controlar, adquirir bienes, muebles e inmuebles y disponer de ellos y actuar en justicia.

ARTICULO V

El Centro gozará en Colombia de las siguientes prerrogativas e inmunidades:

1. De la inmunidad de jurisdicción contra todo procedimiento judicial y administrativo, a excepción de los casos particulares en que expresamente se renuncia a esa inmunidad.

2. La exención de impuestos directos.

3. La exención de derechos de aduana y de cualesquiera otros y de restricciones para la importación de elementos de trabajo para su servicio, incluidas las propias publicaciones que el Centro imparte para su uso.

4. De la exención de derechos de aduana y adicionales para la importación de un vehículo cada cuatro (4) años, destinado al uso oficial, el cual estará sujeto a la reglamentación vigente en esta materia contemplara en el Decreto 232 de 1967 y las normas que lo sustituyan o adicionen.

ARTICULO VI

La sede del Centro en Colombia comprende los terrenos y edificios que el Centro arriende o adquiera, previo acuerdo en este caso con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, celebrado por Canje de Notas.

ARTICULO VII

Los privilegios e inmunidades que se otorgan al Centro y a sus funcionarios son en interés de aquél y no en beneficio personal de éstos.

ARTICULO VIII

La sede del Centro en Colombia es inviolable. Las autoridades de la República de Colombia sólo podrán penetrar en ella para ejercer las funciones oficiales con el consentimiento a petición del Director del Centro y en las condiciones aprobadas por éste.

ARTICULO IX

Los bienes, locales y archivos del Centro son inviolables y en caso necesario serán debidamente protegidos por las autoridades colombianas.

ARTICULO X

El Gobierno reconoce al Centro, en la medida compatible con lo establecido en las convenciones, reglamentos y acuerdos internacionales en los que se parte Colombia, en cuanto se refiere a sus comunicaciones postales, telefónicas, telegráficas y radiotelegráficas, un trato por lo menos tan favorable como el que dé a los demás Gobiernos, inclusive a las misiones diplomáticas, en materia de prioridades, tarifas y tasas sobre correspondencia postal, cablegramas, telegramas, radiotelegramas, fototelegrámas, comunicaciones telefónicas y otros medios de comunicación estatales.

ARTICULO XI

Los inmuebles de propiedad del Centro, estarán exentos en el territorio colombiano del pago de impuesto predial.

ARTICULO XII

A petición del Director del Centro, el Gobierno, autorizará la entrada y permanencia de las personas que deban tratar en Colombia asuntos oficiales con el mencionado Centro. En este caso se otorgarán visas gratuitas.

ARTICULO XIII

Para efectos del reconocimiento de privilegios e inmunidades, se consideran funcionarios de categoría internacional, aquellas personas no colombianas que vengan al país a cumplir exclusivamente funciones oficiales relacionadas con el Centro.

El Gobierno aplicará a la Organización, a sus funcionarios y expertos, así como a los representantes de los Estados Miembros que participen en el Consejo o en el Comité Ejecutivo del Centro, las disposiciones de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los organismos especializados aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, teniendo en cuenta la reserva hecha por el Gobierno de Colombia el 19 de mayo de 1977 al depositar su instrumento de adhesión, que hace mención al hecho de que dicha Convención no es aplicable a los nacionales colombianos que estén presentes en la República de Colombia como funcionarios de las llamadas Agencias Especializadas.

ARTICULO XIV

Los funcionarios extranjeros de categoría internacional que estén oficialmente acreditados ante la Dirección General de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se dediquen exclusivamente a las tareas propias del Centro, tendrán las siguientes inmunidades y privilegios:

1. La Inmunidad contra todo proceso judicial respecto a palabras o escritos y a todos actos ejecutados en su carácter oficial.

2. Excepción de impuestos sobre sueldos y aumentos pagados por el Centro.

3. Inmunidad contra todo servicio nacional obligatorio.

5. Facilidades de repatriación en época de crisis internacional de que gozan los agentes diplomáticos, extensibles a sus cónyuges e hijos menores de edad.

6. Exención de los derechos de aduana y adicionales, respecto a sus efectos personales y manejo de casa, importados dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de su llegada al país.

7. Franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno, en lo que respecta al movimiento internacional de fondos y de acuerdo con las normas internas vigentes sobre la materia.

ARTICULO XV

Los funcionarios extranjeros de categoría internacional del Centro que reúnan los requisitos del articulo séptimo del Decreto 3135 de 1956, podrán importar, libre de derechos de adunas y adicionales, un automóvil para su uso particular, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Las demás condiciones para la importación o venta del vehículo de cada uno de los funcionarios que tengan derecho a las exenciones mencionadas, se regirán por el Decreto 232 de 1967 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTICULO XVI

El Director del Centro tendrá el derecho, y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier funcionario en todos los casos en que a su juicio, la inmunidad impidiera el curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses del Centro.

ARTICULO XVII

Conforme a la rey colombiana, el Gobierno se compromete a colaborar en la solución de las reclamaciones de terceros contra la Organización, que resulten de operaciones del Centro previstas en el presente Acuerdo.

ARTICULO XVIII

El Centro cooperará siempre con las autoridades competentes del gobierno para facilitar la administración de justicia, velar por el cumplimiento del derecho interno y evitar abusos en relación con las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en el presente Acuerdo.

ARTICULO XIX

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, otorgará a los funcionarios del Centro un documento que acredite su categoría de funcionario internacional.

ARTICULO XX

El Centro comunicará oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores los nombres de los funcionarios que en él prestan sus servicios y le informará tanto la fecha en que asuman sus funciones como el día en que cesen en ellas.

CAPITULO IV

Disposiciones financieras.

ARTICULO XXI

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, el Centro podrá, de acuerdo con la legislación vigente en cada uno de los países miembros:

1. Adquirir divisas negociables en bancos autorizados, mantenerlas y disponer de ellas; mantener y manejar cuentas en moneda nacional y extranjera; adquirir por intermedio de instituciones autorizadas, títulos de cualquier naturaleza y disponer de ellos.

2. Introducir fondos, títulos, divisas y disponer de ellos dentro del país o transferirlos al exterior.

ARTICULO XXII

El Centro tendrá un patrimonio propio, constituido por:

1. La contribución del Gobierno, a través de los Ministerios de Educación Nacional y Relaciones Exteriores.

2. Los aportes y contribuciones de los demás Estados Miembros del Centro.

3. Los aportes y contribuciones de la Organización, de sus Estados Miembros, de los organismos internacionales y de otros organismos o entidades internacionales.

4. Los recursos provenientes de los servicios que presta el Centro y de la recuperación por venta de activos.

5. Las donaciones o contribuciones voluntarias de otros Estados, de personas o entidades públicas y privadas.

6. El manejo de los bienes que constituyen el patrimonio del Centro, sólo se ejercerá de acuerdo con el sistema de auditoría adoptado por el Comité Ejecutivo de conformidad con el numeral 3 del artículo XXXII.

ARTICULO XXIII

De acuerdo con el numeral 1 del artículo anterior y atendiendo al monto de los aportes que la Organización destine anualmente al Centro, el Gobierno mantendrá como contribución una suma mínima equivalente a las partidas incluidas para tal fin en los presupuestos de 1984 de sus Ministerios de Relaciones Exteriores y Educación. Dicha suma podrá ser aumentada sobre la base de ejecución de programas que el Gobierno desee prestar a países de la Región por intermedio de CERLALC.

ARTICULO XXIV

1. Asesorar al Centro sobre problemas de fomento, producción y distribución del libro en América Latina y el Caribe.

2. Participar en aquellas actividades del Centro que estén conformes con las trazadas por la Conferencia General

3. Participar como Miembro de pleno derecho en las diferentes órdenes y actividades del Centro.

4. Actuar como agencia de ejecución en programas financiados por otras entidades internacionales relacionadas con el Centro y particularmente en programas de cooperación técnica entre países en desarrollo.

5. Conceder todo aporte que la Conferencia General decida hacer al Centro.

ARTICULO XXV

La estructura del Centro.

ARTICULO XXV

El Centro tendrá un Consejo integrado por los siguientes miembros:

1. Tres representantes del Gobierno, a saber:

– Un representante del Presidente de la República.

– Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores.

– Un representante del Ministerio de Educación Nacional.

2. Un representante de cada uno de los demás Estados Miembros Efectivos y de los Estados Miembros Asociados que hayan manifestado su voluntad de participar en las actividades del Centro, de conformidad al artículo II del presente Acuerdo.

3. Un representante del Director General de la Organización.

ARTICULO XXVI

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

1. Fijar los lineamientos básicos de las políticas, programas y presupuestos del Centro.

2. Aprobar el Estatuto General del Centro y sus modificaciones.

3. Expedir su propio reglamento.

4. Considerar las candidaturas de los Estados que deseen participar en las actividades del Centro como Miembros Asociados.

5. Dictar el reglamento financiero del Centro.

6. Elegir los seis Estados Miembros cuyos representantes harán parte del Comité Ejecutivo.

7. Fijar el valor de los aportes que los Estados Miembros deben hacer al Centro.

ARTICULO XXVII

El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) años y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente, por iniciativa propia, por petición del Comité Ejecutivo o por petición de la mayoría absoluta de los Miembros del Consejo.

Las actas de sus reuniones serán firmadas por el Presidente y el Secretario. Actuará como Secretario del Consejo, el Director del Centro.

ARTICULO XXVIII

Constituye quórum para deliberar y tomar decisiones, la mayoría de los Miembros integran el Consejo.

ARTICULO XXIX

El Consejo elegirá, entre sus Miembros, su propio Presidente cada dos (2) años, por la mayoría de las dos terceras partes.

ARTICULO XXX

Las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría de votos, salvo en el caso contemplado en el artículo anterior. Las actas de sus reuniones serán tomadas por el Presidente del Consejo y el Director del Centro.

ARTICULO XXXI

El Centro tendrá un Comité Ejecutivo integrado por las siguientes personas:

1. Un representante de cada uno de los seis Estados Miembros a que se refiere el numeral 6 del artículo XXVI, cuyo periodo será de dos (2) años.

2. El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia o su representante.

3. El Ministro de Educación de Colombia o su representante.

4. Un representante del Director General de la Organización.

El Director del Centro, en acuerdo con el Presidente del Consejo, podrá invitar a participar en las reuniones del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto, a representantes de países miembros y de organismos internacionales cuya presencia interese a los fines que persigue el Centro.

ARTICULO XXXII

El Comité tendrá las siguientes funciones:

1. Examinar y aprobar los programas y presupuestos anuales del Centro.

2. Controlar el funcionamiento general del Centro y la ejecución de los programas de conformidad con los lineamientos básicos adoptados por el Consejo.

3. Ejercer el control financiero y definir el sistema de auditoría.

4. Evaluar y estudiar los informes del Director del Centro

6. Fijar la planta de funcionarios y sus remuneraciones.

7. Crear los Comités Asesores, permanentes o temporales, para el mejor cumplimiento de los objetivos del Centro y señalarles sus funciones específicas.

8. Reglamentar y aprobar la representación del Centro en 105 Estados Miembros.

9. Expedir su propio reglamento.

10. Fijar las tasas y tarifas de los servicios que el Centro preste a otras entidades y aprobar los reglamentos que regulan estos servicios.

ARTICULO XXXIII

El Comité se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando lo convoque el Director del Centro.

ARTICULO XXXIV

Constituirá quórum para la deliberaciones del Comité la mayoría de los miembros que lo integran.

ARTICULO XXXV

Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría de votos y las actas de sus reuniones serán firmadas por su Presidente y por el Director del Centro.

ARTICULO XXXVI

El Director del Centro podrá asistir a las sesiones del Comité, sin derecho a voto.

ARTICULO XXXVII

El Director del Centro será nombrado por el Presidente del Consejo en acuerdo con el Director General de la Organización y con el Gobierno, para un período de dos años. El Director del Centro podrá ser reelegido.

ARTICULO XXXVIII

Corresponde al Director del Centro:

1. Ser el representante legal del Centro.

2. Dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades y servicios del Centro, la ejecución de las funciones administrativas y técnicas, la realización de sus trabajos y el cumplimiento de sus objetivos.

3. Velar por la correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y utilización de los bienes del Centro.

4. Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo los proyectos de programas específicos de estructura orgánica, de funcionamiento y de modificación a los mismos.

5. Someter el proyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones a consideración del Comité y sugerirle las medidas que estime convenientes para el buen funcionamiento del Centro.

6. Ordenar la ejecución del presupuesto v ejercer el control administrativo.

7. Presentar a los gobiernos y organismos adherentes, a través del Comité, un informe anual sobre la marcha del Centro y preparar los informes adicionales a los estudios especiales que le soliciten.

8. Presentar para la aprobación del Comité los programas anuales del Centro, inclusive las actividades internacionales descentralizadas y los proyectos de los asesores de la Organización y otros organismos.

9. Presentar a los miembros del Comité, de acuerdo con la reglamentación que para efecto se adopte, un informe sobre el desarrollo de los programas y su estado financiero.

10. Preparar para la aprobación del Comité el reglamento relativo a la delegación de funciones a los demás funcionarios del Centro.

11. Proponer al Comité la planta de personal del Centro y las modificaciones que sobre la materia considere del caso.

12. Proponer al Comité los convenios de colaboración del Centro con lo diversos organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

13. Las demás funciones que se relacionen con la Organización y funcionamiento del Centro y que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.

ARTICULO XXXIX

El Director del Centro será asistido por un Secretario General designado por el propio Director, de acuerdo con el Comité Ejecutivo.

ARTICULO XL

Los funcionarios del Centro serán nombrados por el Director de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.

C A P I T U L O VI

Disposiciones finales.

ARTICULO XLI

Las disposiciones del presente Acuerdo no obstaculizan la aplicación de prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes y reglamento de los Estados Miembros si se fundan sobre consideraciones de moralidad, orden público y seguridad pública.

ARTICULO XLII

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno notifique a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que se han cumplido los requisitos constitucionales y legales para su aprobación.

ARTICULO XLIII

A solicitud del Gobierno o de la Organización podrán realizar consultas para la modificación del presente Acuerdo. Toda enmienda se efectuará por aprobación mutua.

ARTICULO XLIV

El presente Acuerdo estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1985 y será, tácitamente prorrogado por períodos sucesivos de dos (2) años, si ninguna de las partes comunica a la otra su deseo de darlo por terminado con seis meses de antelación a la fecha de terminación del período correspondiente.

Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita que surtirá efecto un año después de la fecha de recibo de la comunicación por la otra parte.

ARTICULO XLV

Dicho vigor se mantendrá hasta cuando se cumpla el requisito señalado en el artículo 52, o si Gobierno comunique a la Organización ya los Miembros la no-aprobación del presente Acuerdo por parte del ‘Congreso Nacional. En este evento el instrumento cesará en sus efectos seis (6) meses después de dicha comunicación.

ARTICULO XLVI

En caso de disolución del Centro, el activo revertirá al Gobierno.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe el presente Acuerdo en París al primer día del mes de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) en dos ejemplares en idioma español, igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

(Fdo.) Guillermo Hernández Rodríguez, Embajador de Colombia ante la UNESCO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Fd o.) ilegible

Rama Ejecutiva del Poder Público – Presidencia de la República

Bogotá, D. E. noviembre 1984

Aprobado. Sométase a consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Augusto Ramírez Ocampo.

El fiel copia del texto certificado del “Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Colombia y la UNESCO, relativo al Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe CERLALC”, firmado en París el 1 de agosto de 1984, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

(Fdo.) Joaquín Barreto Ruiz, Jefe División de Asuntos jurídicos.

Bogotá, D. E.

ARTICULO 2º.- Esta Ley entrará en Vigencia una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944, en relación con el Convenio que por esta misma ley se aprueba.

Dada en Bogotá, D. E., a los… días del mes de … de mil novecientos ochenta y seis (1986).

El Presidente del honorable Senado de la República, HUMBERTO PELAEZ GUTIERREZ, el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ROMAN

GOMEZ OVALLE, el Secretario General del honorable Senado de la República, Crispín Villazón de Armas, el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 20 de noviembre de 1986.

Publíquese y ejecútese.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes, la Ministra dé Educación Nacional, Marina Uribe de Eusse.