Sentencia C-516-16<\/a><\/b>, Septiembre 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas R\u00edos. "De manera preliminar, la Corte advirti\u00f3 la similitud entre el contenido normativo demandado del art\u00edculo 3\u00ba, el cual hace parte de medidas para racionalizar tr\u00e1mites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado reguladas en la Ley 962 de 2005 y el art\u00edculo 29 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petici\u00f3n y se sustituye un t\u00edtulo del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En efecto, ambos preceptos legales disponen que los costos de expedici\u00f3n de copias de documentos que soliciten a las entidades de la administraci\u00f3n p\u00fablica, deben ser asumidos por el interesado en obtenerlas, previsi\u00f3n cuya constitucionalidad se cuestiona en el presente proceso, por considerar que se convierte en una barrera econ\u00f3mica en el acceso a la informaci\u00f3n para las personas con menores recursos en Colombia, con lo cual se desconocer\u00edan los art\u00edculos 2\u00ba y 23 de la Constituci\u00f3n. De igual modo, la corporaci\u00f3n encontr\u00f3 que exist\u00eda un pronunciamiento anterior sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 29 del proyecto de ley estatutaria que se promulg\u00f3 como Ley 1755 de 2015, en ejercicio del control oficioso e integral que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional respecto de esta categor\u00eda de leyes. As\u00ed, mediante la sentencia C-951 de 2014, la Corte declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 29 del proyecto de ley estatutaria No. 65 de 2012 Senado, 227 de 2012 C\u00e1mara sancionado como Ley 1755 de 2015. Ante lo observado, el tribunal analiz\u00f3 si se cumpl\u00edan en este caso los presupuestos definidos en su jurisprudencia para que se configure el fen\u00f3meno de cosa juzgada material. Al respecto, record\u00f3 que en virtud del principio de cosa juzgada constitucional consagrado en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 48 y 46 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y 22 del Decreto Ley 2067 de 1991, que complementan el postulado superior, las decisiones que dicta la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos erga omnes. Reiter\u00f3 que este postulado tiene una funci\u00f3n negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una funci\u00f3n positiva, como es la de proveer seguridad a las relaciones jur\u00eddicas. En el asunto concreto, la Corte verific\u00f3 que se cumpl\u00edan los presupuestos de la cosa juzgada material establecidos por la jurisprudencia, a saber: (i) la censura se dirige contra el mismo contenido normativo de una proposici\u00f3n jur\u00eddica que ya estudiada en una sentencia anterior; (ii) el cuestionamiento planteado ya fue examinado en el fallo antecedente y (iii) no ha variado el par\u00e1metro normativo de control. En el presente caso, coexisten dos normas legales que hacen parte de estatutos normativos distintos pero que presentan identidad sustancial en su contenido, en la medida que ambas imponen la carga para el interesado en obtener copias de documentos que requiere de los \u00f3rganos y entidades, de pagar el costo de su expedici\u00f3n. Sobre el cargo espec\u00edfico que se plantea en la presente oportunidad, el tribunal constitucional indic\u00f3 en la sentencia C-951 de 2014 que: \u201c[\u2026] el marco constitucional (art\u00edculos 20 y 23 de la Constituci\u00f3n sobre acceso a la informaci\u00f3n y derecho de petici\u00f3n, respectivamente), convencional (art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos sobre petici\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica) y legal (art\u00edculos 2\u00ba y 3\u00ba de la Ley Estatutaria 1712 de 2013 sobre m\u00e1xima publicidad para el titular universal y los principios de facilitaci\u00f3n, gratuidad y eficacia en la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n) que describe las peticiones a las autoridades, as\u00ed como el principio de gratuidad en el ejercicio del derecho de petici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 13 del texto bajo estudio, implica que los costos de personal, as\u00ed como de infraestructura f\u00edsica y virtual necesarios para garantizar al ciudadano, deber\u00e1n ser sufragados por cada autoridad como parte de su funcionamiento\u201d (se resalta fuera del texto). Esto significa, que aunque por regla general el interesado debe sufragar los costos de las copias que solicite, los cuales deben restringirse al costo de reproducci\u00f3n, en aquellos casos en los que el peticionario en situaci\u00f3n de vulnerabilidad carezca de recursos para sufragarlos (vgr. persona en condici\u00f3n de desplazamiento, o afiliada a Sisben 1), deber\u00e1 darse aplicaci\u00f3n al principio de gratuidad previsto tanto en Ley Estatutaria 1712 de 2013, como en la Ley Estatutaria 1755 de 2015, con el fin de garantizar el acceso efectivo del interesado a la informaci\u00f3n y el goce efectivo del derecho de petici\u00f3n. Por lo expuesto, en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional, la Corte procedi\u00f3 a acatar lo resuelto en la sentencia C-951 de 2014, que declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 29 de del proyecto de ley estatutaria que se convirti\u00f3 en la Ley 1755 de 2015. y adicionalmente, por tratarse de un contenido normativo incorporado en otra ley, emitir un pronunciamiento expreso sobre la constitucionalidad de la expresi\u00f3n acusada del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 962 de 2005, de manera que la proposici\u00f3n jur\u00eddica \u201ca su costa\u201d regulada en el inciso tercero de este art\u00edculo se declar\u00f3 exequible.<\/i>"<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n <\/p>\n
A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gesti\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n <\/p>\n
Al acceso a los registros y archivos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica en los t\u00e9rminos previstos por la Constituci\u00f3n y las leyes.<\/font><\/i><\/p>\n
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