{"id":1042,"date":"2020-11-24T19:15:16","date_gmt":"2020-11-24T19:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-970-de-2005\/"},"modified":"2020-11-24T19:15:16","modified_gmt":"2020-11-24T19:15:16","slug":"ley-970-de-2005","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-970-de-2005\/","title":{"rendered":"LEY 970 DE 2005"},"content":{"rendered":"

LEY 970 DE 2005 <\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

LEY 970 DE 2005<\/font><\/b><\/p>\n

(julio 13)<\/font><\/b><\/p>\n

Diario Oficial No. 45.970 de 15 de julio de 2005<\/font><\/b><\/p>\n

Por medio de la cual se aprueba la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*<\/b><\/font>Resumen de Notas de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

NOTAS DE VIGENCIA:<\/font><\/b><\/TD><\/TR>
<\/p>\n

– Mediante el Decreto 4898 de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 46.849 de 21 de Diciembre de 2007, "se promulga la \u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n\u201d, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003"<\/font><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

– Convenci\u00f3n y Ley declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-172-06<\/A><\/b> de 8 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE>

 <\/DIV> EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA<\/font><\/b> <\/p>\n

Visto el texto de la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, que a la letra dice:<\/font><\/p>\n

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto \u00edntegro del Instrumento Internacional mencionado).<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> PROYECTO DE LEY NUMERO 235 DE 2004 SENADO<\/font><\/b> <\/p>\n

por medio de la cual se aprueba la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<\/font>
 <\/DIV> El Congreso de la Rep\u00fablica<\/font><\/b> <\/p>\n

Visto el texto de la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, que a la letra dice:<\/font><\/p>\n

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto \u00edntegro del Instrumento Internacional mencionado).<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> CONVENCI\u00d3N DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCI\u00d3N<\/font><\/b>
 <\/DIV> PRE\u00c1MBULO<\/font><\/b>
 <\/DIV> Los Estados Parte en la presente Convenci\u00f3n,<\/font> <\/p>\n

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupci\u00f3n para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la \u00e9tica y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,<\/font><\/p>\n

Preocupados tambi\u00e9n por los v\u00ednculos entre la corrupci\u00f3n y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia econ\u00f3mica, incluido el blanqueo de dinero,<\/font><\/p>\n

Preocupados asimismo por los casos de corrupci\u00f3n que entra\u00f1an vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporci\u00f3n importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad pol\u00edtica y el desarrollo sostenible de esos Estados,<\/font><\/p>\n

Convencidos de que la corrupci\u00f3n ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fen\u00f3meno transnacional que afecta a todas las sociedades y econom\u00edas, lo que hace esencial la cooperaci\u00f3n internacional para prevenirla y luchar contra ella,<\/font><\/p>\n

Convencidos tambi\u00e9n de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupci\u00f3n,<\/font><\/p>\n

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia t\u00e9cnica puede desempe\u00f1ar un papel importante para que los Estados est\u00e9n en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupci\u00f3n, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,<\/font><\/p>\n

Convencidos de que el enriquecimiento personal il\u00edcito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democr\u00e1ticas, las econom\u00edas nacionales y el imperio de la ley,<\/font><\/p>\n

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos il\u00edcitamente y a fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional para la recuperaci\u00f3n de activos,<\/font><\/p>\n

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en lo s procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,<\/font><\/p>\n

Teniendo presente que la prevenci\u00f3n y la erradicaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n son responsabilidad de todos los Estados y que estos deben cooperar entre s\u00ed, con el apoyo y la participaci\u00f3n de personas y grupos que no pertenecen al sector p\u00fablico, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este \u00e1mbito sean eficaces,<\/font><\/p>\n

Teniendo presentes tambi\u00e9n los principios de debida gesti\u00f3n de los asuntos y los bienes p\u00fablicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, as\u00ed como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupci\u00f3n,<\/font><\/p>\n

Encomiando la labor de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevenci\u00f3n y la lucha contra la corrupci\u00f3n,<\/font><\/p>\n

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperaci\u00f3n Aduanera (tambi\u00e9n denominado Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados \u00c1rabes, la Organizaci\u00f3n de Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3micos, la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, la Uni\u00f3n Africana y la Uni\u00f3n Europea,<\/font><\/p>\n

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupci\u00f3n, incluidos, entre otros la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n, aprobada por la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupci\u00f3n en los que est\u00e9n implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Uni\u00f3n Europea, aprobado por el Consejo de la Uni\u00f3n Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios p\u00fablicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organizaci\u00f3n de Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3micos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio de derecho penal sobre la corrupci\u00f3n, aprobado por el Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre la corrupci\u00f3n, aprobado por el Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 y la Convenci\u00f3n de la Uni\u00f3n Africana para prevenir y combatir la corrupci\u00f3n, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Uni\u00f3n Africana el 12 de julio de 2003,<\/font><\/p>\n

Acogiendo con satisfacci\u00f3n la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,<\/font><\/p>\n

Han convenido en lo siguiente:<\/font>

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO I.<\/font><\/A><\/p>\n

DISPOSICIONES GENERALES<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 1o.<\/b> FINALIDAD.<\/font><\/A> <\/p>\n

La finalidad de la presente Convenci\u00f3n es:<\/font><\/p>\n

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir m\u00e1s eficaz y eficientemente la corrupci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperaci\u00f3n internacional y la asistencia t\u00e9cnica en la prevenci\u00f3n y la lucha contra la corrupci\u00f3n, incluida la recuperaci\u00f3n de activos;<\/font><\/p>\n

c) Promover la integridad, la obligaci\u00f3n de rendir cuentas y la debida gesti\u00f3n de los asuntos y los bienes p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 2o.<\/b> DEFINICIONES.<\/font><\/A> <\/p>\n

A los efectos de la presente Convenci\u00f3n:<\/font><\/p>\n

a) Por "funcionario p\u00fablico" se entender\u00e1: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antig\u00fcedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempe\u00f1e una funci\u00f3n p\u00fablica, incluso para un organismo p\u00fablico o una empresa p\u00fablica, o que preste un servicio p\u00fablico, seg\u00fan se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jur\u00eddico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario p\u00fablico" en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas espec\u00edficas incluidas en el Cap\u00edtulo II de la presente Convenci\u00f3n, podr\u00e1 entenderse por "funcionario p\u00fablico" toda persona que desempe\u00f1e una funci\u00f3n p\u00fablica o preste un servicio p\u00fablico seg\u00fan se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jur\u00eddico de ese Estado Parte;<\/font><\/p>\n

b) Por "funcionario p\u00fablico extranjero" se entender\u00e1 toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un pa\u00eds extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una funci\u00f3n p\u00fablica para un pa\u00eds extranjero, incluso para un organismo p\u00fablico o una empresa p\u00fablica;<\/font><\/p>\n

c) Por "funcionario de una organizaci\u00f3n internacional p\u00fablica" se entender\u00e1 un empleado p\u00fablico internacional o toda persona que tal organizaci\u00f3n haya autorizado a actuar en su nombre;<\/font><\/p>\n

d) Por "bienes" se entender\u00e1 los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;<\/font><\/p>\n

e) Por "producto del delito" se entender\u00e1 los bienes de cualquier \u00edndole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisi\u00f3n de un delito;<\/font><\/p>\n

f) Por "embargo preventivo" o "incautaci\u00f3n" se entender\u00e1 la prohibici\u00f3n temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente;<\/font><\/p>\n

g) Por "decomiso" se entender\u00e1 la privaci\u00f3n con car\u00e1cter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;<\/font><\/p>\n

h) Por "delito determinante" se entender\u00e1 todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el art\u00edculo 23 de la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

i) Por "entrega vigilada" se entender\u00e1 la t\u00e9cnica consistente en permitir que remesas il\u00edcitas o sospechosas salgan del territorio de uno o m\u00e1s Estados, lo atraviesen o entren en \u00e9l, con el conocimiento y bajo la supervisi\u00f3n de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 3o. <\/b>\u00c1MBITO DE APLICACI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. La presente Convenci\u00f3n se aplicar\u00e1, de conformidad con sus disposiciones, a la prevenci\u00f3n, la investigaci\u00f3n y el enjuiciamiento de la corrupci\u00f3n y al embargo preventivo, la incautaci\u00f3n, el decomiso y la restituci\u00f3n del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Para la aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n, a menos que contenga una disposici\u00f3n en contrario, no ser\u00e1 necesario que los delitos enunciados en ella produzcan da\u00f1o o perjuicio patrimonial al Estado.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 4o.<\/b> PROTECCI\u00d3N DE LA SOBERAN\u00cdA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Los Estados Parte cumplir\u00e1n sus obligaciones con arreglo a la presente Convenci\u00f3n en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, as\u00ed como de no intervenci\u00f3n en los asuntos internos de otros Estados.<\/font><\/p>\n

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci\u00f3n facultar\u00e1 a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicci\u00f3n o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO II.<\/font><\/A><\/p>\n

MEDIDAS PREVENTIVAS<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 5o. <\/b>POL\u00cdTICAS Y PR\u00c1CTICAS DE PREVENCI\u00d3N DE LA <\/font> <\/A>CORRUPCI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, formular\u00e1 y aplicar\u00e1 o mantendr\u00e1 en vigor pol\u00edticas coordinadas y eficaces contra la corrupci\u00f3n que promuevan la participaci\u00f3n de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gesti\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos y los bienes p\u00fablicos, la integridad, la transparencia y la obligaci\u00f3n de rendir cuentas.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte procurar\u00e1 establecer y fomentar pr\u00e1cticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte procurar\u00e1 evaluar peri\u00f3dicamente los instrumentos jur\u00eddicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

4. Los Estados Parte, seg\u00fan proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, colaborar\u00e1n entre s\u00ed y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoci\u00f3n y formulaci\u00f3n de las medidas mencionadas en el presente art\u00edculo. Esa colaboraci\u00f3n podr\u00e1 comprender la participaci\u00f3n en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 6o.<\/b> \u00d3RGANO U \u00d3RGANOS DE PREVENCI\u00d3N DE LA <\/font> <\/A>CORRUPCI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, garantizar\u00e1 la existencia de un \u00f3rgano u \u00f3rganos, seg\u00fan proceda, encargados de prevenir la corrupci\u00f3n con medidas tales como:<\/font><\/p>\n

a) La aplicaci\u00f3n de las pol\u00edticas a que se hace alusi\u00f3n en el art\u00edculo 5o de la presente Convenci\u00f3n y, cuando proceda, la supervisi\u00f3n y coordinaci\u00f3n de la puesta en pr\u00e1ctica de esas pol\u00edticas;<\/font><\/p>\n

b) El aumento y la difusi\u00f3n de los conocimientos en materia de prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte otorgar\u00e1 al \u00f3rgano o a los \u00f3rganos mencionados en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, para que puedan desempe\u00f1ar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcion\u00e1rseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, as\u00ed como la capacitaci\u00f3n que dicho personal pueda requerir para el desempe\u00f1o de sus funciones.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte comunicar\u00e1 al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la direcci\u00f3n de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 7o.<\/b> SECTOR P\u00daBLICO.<\/font><\/A> <\/p>\n

l. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, procurar\u00e1 adoptar sistemas de convocatoria, contrataci\u00f3n, retenci\u00f3n, promoci\u00f3n y jubilaci\u00f3n de empleados p\u00fablicos y, cuando proceda, de otros funcionarios p\u00fablicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:<\/font><\/p>\n

a) Estar\u00e1n basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el m\u00e9rito, la equidad y la aptitud;<\/font><\/p>\n

b) Incluir\u00e1n procedimientos adecuados de selecci\u00f3n y formaci\u00f3n de los titulares de cargos p\u00fablicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupci\u00f3n, as\u00ed como, cuando proceda, la rotaci\u00f3n de esas personas a otros cargos;<\/font><\/p>\n

c) Fomentar\u00e1n una remuneraci\u00f3n adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo econ\u00f3mico del Estado Parte;<\/font><\/p>\n

d) Promover\u00e1n programas de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n que les permitan cumplir los requisitos de desempe\u00f1o correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitaci\u00f3n especializada y apropiada para que sean m\u00e1s conscientes de los riesgos de corrupci\u00f3n inherentes al desempe\u00f1o de sus funciones. Tales programas podr\u00e1n hacer referencia a c\u00f3digos o normas de conducta en las esferas pertinentes.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte considerar\u00e1 tambi\u00e9n la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convenci\u00f3n y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elecci\u00f3n a cargos p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte considerar\u00e1 asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convenci\u00f3n y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiaci\u00f3n de candidaturas a cargos p\u00fablicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiaci\u00f3n de los partidos pol\u00edticos.<\/font><\/p>\n

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurar\u00e1 adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 8o.<\/b> C\u00d3DIGOS DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS P\u00daBLICOS.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Con objeto de combatir la corrupci\u00f3n, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, promover\u00e1, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

2. En particular; cada Estado Parte procurar\u00e1 aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jur\u00eddicos, c\u00f3digos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones p\u00fablicas.<\/font><\/p>\n

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente art\u00edculo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, tomar\u00e1 nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el C\u00f3digo Internacional de Conducta para los titulares de cargos p\u00fablicos, que figura en el anexo de la Resoluci\u00f3n 51\/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.<\/font><\/p>\n

4. Cada Estado Parte tambi\u00e9n considerar\u00e1, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios p\u00fablicos denuncien todo acto de corrupci\u00f3n a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.<\/font><\/p>\n

5. Cada Estado Parte procurar\u00e1, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios p\u00fablicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relaci\u00f3n, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

6. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra \u00edndole contra todo funcionario p\u00fablico que transgreda los c\u00f3digos o normas establecidos de conformidad con el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 9o. <\/b>CONTRATACI\u00d3N P\u00daBLICA Y GESTI\u00d3N DE LA HACIENDA <\/font> <\/A>P\u00daBLICA.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, adoptar\u00e1 las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contrataci\u00f3n p\u00fablica, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopci\u00f3n de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupci\u00f3n. Esos sistemas, en cuya aplicaci\u00f3n se podr\u00e1n tener en cuenta valores m\u00ednimos apropiados, deber\u00e1n abordar, entre otras cosas:<\/font><\/p>\n

a) La difusi\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n relativa a procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica y contratos, incluida informaci\u00f3n sobre licitaciones e informaci\u00f3n pertinente u oportuna sobre la adjudicaci\u00f3n de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;<\/font><\/p>\n

b) La formulaci\u00f3n previa de las condiciones de participaci\u00f3n, incluidos criterios de selecci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n y reglas de licitaci\u00f3n, as\u00ed como su publicaci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) La aplicaci\u00f3n de criterios objetivos y predeterminados para la adopci\u00f3n de decisiones sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica a fin de facilitar la ulterior verificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n correcta de las reglas o procedimientos;<\/font><\/p>\n

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelaci\u00f3n, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente p\u00e1rrafo;<\/font><\/p>\n

e) Cuando proceda, la adopci\u00f3n de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, en particular declaraciones de inter\u00e9s respecto de determinadas contrataciones p\u00fablicas, procedimientos de preselecci\u00f3n y requisitos de capacitaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, adoptar\u00e1 medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligaci\u00f3n de rendir cuentas en la gesti\u00f3n de la hacienda p\u00fablica. Esas medidas abarcar\u00e1n, entre otras cosas:<\/font><\/p>\n

a) Procedimientos para la aprobaci\u00f3n del presupuesto nacional;<\/font><\/p>\n

b) La presentaci\u00f3n oportuna de informaci\u00f3n sobre gastos e ingresos;<\/font><\/p>\n

c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoria, as\u00ed como la supervisi\u00f3n correspondiente;<\/font><\/p>\n

d) Sistemas eficaces y eficientes de gesti\u00f3n de riesgos y control interno, y<\/font><\/p>\n

e) Cuando proceda, la adopci\u00f3n de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente p\u00e1rrafo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias en los \u00e1mbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos p\u00fablicos y para prevenir la falsificaci\u00f3n de esos documentos.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 10.<\/b> INFORMACI\u00d3N P\u00daBLICA.<\/font><\/A><\/p>\n

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupci\u00f3n, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar\u00e1 l as medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administraci\u00f3n p\u00fablica, incluso en lo relativo a su organizaci\u00f3n, funcionamiento y procesos de adopci\u00f3n de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podr\u00e1n incluir, entre otras cosas:<\/font><\/p>\n

a) La instauraci\u00f3n de procedimientos o reglamentaciones que permitan al p\u00fablico en general obtener, cuando proceda, informaci\u00f3n sobre la organizaci\u00f3n, el funcionamiento y los procesos de adopci\u00f3n de decisiones de su administraci\u00f3n p\u00fablica y, con el debido respeto a la protecci\u00f3n de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jur\u00eddicos que incumban al p\u00fablico;<\/font><\/p>\n

b) La simplificaci\u00f3n de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del p\u00fablico a las autoridades encargadas de la adopci\u00f3n de decisiones, y<\/font><\/p>\n

c) La publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n, lo que podr\u00e1 incluir informes peri\u00f3dicos sobre los riesgos de corrupci\u00f3n en su administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 11.<\/b> MEDIDAS RELATIVAS AL PODER JUDICIAL Y AL MINISTERIO <\/font> <\/A>P\u00daBLICO.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupci\u00f3n, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptar\u00e1 medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupci\u00f3n entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podr\u00e1n incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.<\/font><\/p>\n

2. Podr\u00e1n formularse y aplicarse en el Ministerio P\u00fablico medidas con id\u00e9ntico fin a las adoptadas conforme al p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo en los Estados Parte en que esa instituci\u00f3n no forme parte del poder judicial pero goce de independencia an\u00e1loga.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 12.<\/b> SECTOR PRIVADO.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar\u00e1 medidas para prevenir la corrupci\u00f3n y mejorar las normas contables y de auditoria en el sector privado, as\u00ed como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.<\/font><\/p>\n

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podr\u00e1n consistir, entre otras cosas, en:<\/font><\/p>\n

a) Promover la cooperaci\u00f3n entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;<\/font><\/p>\n

b) Promover la formulaci\u00f3n de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos c\u00f3digos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses, as\u00ed como para la promoci\u00f3n del uso de buenas pr\u00e1cticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;<\/font><\/p>\n

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jur\u00eddicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gesti\u00f3n de empresas;<\/font><\/p>\n

d) Prevenir la utilizaci\u00f3n indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesi\u00f3n de subsidios y licencias por las autoridades p\u00fablicas para actividades comerciales;<\/font><\/p>\n

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un per\u00edodo razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios p\u00fablicos o a la contrataci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos en el sector privado tras su renuncia o jubilaci\u00f3n cuando esas actividades o esa contrataci\u00f3n est\u00e9n directamente relacionadas con las funciones desempe\u00f1adas o supervisadas por esos funcionarios p\u00fablicos durante su permanencia en el cargo;<\/font><\/p>\n

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tama\u00f1o, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupci\u00f3n y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas est\u00e9n sujetos a procedimientos apropiados de auditoria y certificaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. A fin de prevenir la corrupci\u00f3n, cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgaci\u00f3n de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoria, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n:<\/font><\/p>\n

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;<\/font><\/p>\n

b) La realizaci\u00f3n de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;<\/font><\/p>\n

c) El registro de gastos inexistentes.<\/font><\/p>\n

d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicaci\u00f3n incorrecta de su objeto;<\/font><\/p>\n

e) La utilizaci\u00f3n de documentos falsos, y<\/font><\/p>\n

f) La destrucci\u00f3n deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.<\/font><\/p>\n

4. Cada Estado Parte denegar\u00e1 la deducci\u00f3n tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elemento s constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los art\u00edculos 15 y 16 de la presente Convenci\u00f3n y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 13.<\/b> PARTICIPACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participaci\u00f3n activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector p\u00fablico, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevenci\u00f3n y la lucha contra la corrupci\u00f3n, y para sensibilizar a la opini\u00f3n p\u00fablica con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupci\u00f3n, as\u00ed como a la amenaza que esta representa. Esa participaci\u00f3n deber\u00eda reforzarse con medidas como las siguientes:<\/font><\/p>\n

a) Aumentar la transparencia y promover la contribuci\u00f3n de la ciudadan\u00eda a los procesos de adopci\u00f3n de decisiones;<\/font><\/p>\n

b) Garantizar el acceso eficaz del p\u00fablico a la informaci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) Realizar actividades de informaci\u00f3n p\u00fablica para fomentar la intransigencia con la corrupci\u00f3n, as\u00ed como programas de educaci\u00f3n p\u00fablica, incluidos programas escolares y universitarios;<\/font><\/p>\n

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir informaci\u00f3n relativa a la corrupci\u00f3n. Esa libertad podr\u00e1 estar sujeta a ciertas restricciones, que deber\u00e1n estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:<\/font><\/p>\n

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputaci\u00f3n de terceros;<\/font><\/p>\n

ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden p\u00fablico, o la salud o la moral p\u00fablicas.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 medidas apropiadas para garantizar que el p\u00fablico tenga conocimiento de los \u00f3rganos pertinentes de lucha contra la corrupci\u00f3n mencionados en la presente Convenci\u00f3n y facilitar\u00e1 el acceso a dichos \u00f3rganos; cuando proceda, para la denuncia, incluso an\u00f3nima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 14.<\/b> MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE DINERO.<\/font><\/A>
 <\/DIV> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte:<\/font><\/p>\n

a) Establecer\u00e1 un amplio r\u00e9gimen interno de reglamentaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jur\u00eddicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros \u00f3rganos situados dentro de su jurisdicci\u00f3n que sean particularmente susceptibles de utilizaci\u00f3n para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho r\u00e9gimen se har\u00e1 hincapi\u00e9 en los requisitos relativos a la identificaci\u00f3n del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;<\/font><\/p>\n

b) Garantizar\u00e1, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 46 de la presente Convenci\u00f3n, que las autoridades de administraci\u00f3n, reglamentaci\u00f3n y cumplimiento de la ley y dem\u00e1s autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar informaci\u00f3n en los \u00e1mbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerar\u00e1 la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilaci\u00f3n, an\u00e1lisis y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.<\/font><\/p>\n

2. Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de t\u00edtulos negociables pertinentes, con sujeci\u00f3n a salvaguardias que garanticen la debida utilizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y sin restringir en modo alguno la circulaci\u00f3n de capitales l\u00edcitos. Esas medidas podr\u00e1n incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de t\u00edtulos negociables pertinentes.<\/font><\/p>\n

3. Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:<\/font><\/p>\n

a) Incluyan en los formularios de transferencia electr\u00f3nica de fondos y mensajes conexos informaci\u00f3n exacta y v\u00e1lida sobre el remitente;<\/font><\/p>\n

b) Mantengan esa informaci\u00f3n durante todo el ciclo de pagos, y<\/font><\/p>\n

c) Examinen de manera m\u00e1s minuciosa las transferencias de fondos que no contengan informaci\u00f3n completa sobre el remitente.<\/font><\/p>\n

4. Al establecer un r\u00e9gimen interno de reglamentaci\u00f3n y supervisi\u00f3n con arreglo al presente art\u00edculo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro art\u00edculo de la presente Convenci\u00f3n, se insta a los Estados Parte a que utilicen como gu\u00eda las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.<\/font><\/p>\n

5. Los Estados Parte se esforzar\u00e1n por establecer y promover la cooperaci\u00f3n a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentaci\u00f3n financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO III.<\/font><\/A><\/p>\n

PENALIZACI\u00d3N Y APLICACI\u00d3N DE LA LEY<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 15. <\/b>SOBORNO DE FUNCIONARIOS P\u00daBLICOS NACIONALES.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:<\/font><\/p>\n

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi\u00f3n a un funcionario p\u00fablico, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario act\u00fae o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;<\/font><\/p>\n

b) La solicitud o aceptaci\u00f3n por un funcionario p\u00fablico, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario act\u00fae o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 16.<\/b> SOBORNO DE FUNCIONARIOS P\u00daBLICOS EXTRANJEROS Y <\/font> <\/A>DE FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES P\u00daBLICAS.<\/font><\/font><\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesi\u00f3n, en forma directa o indirecta, a un funcionario p\u00fablico extranjero o a un funcionario de una organizaci\u00f3n internacional p\u00fablica, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario act\u00fae o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacci\u00f3n comercial u otro beneficio indebido en relaci\u00f3n con la realizaci\u00f3n de actividades comerciales internacionales.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptaci\u00f3n por un funcionario p\u00fablico extranjero o un funcionario de una organizaci\u00f3n internacional p\u00fablica, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario act\u00fae o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 17.<\/b> MALVERSACI\u00d3N O PECULADO, APROPIACI\u00d3N INDEBIDA U <\/font> <\/A>OTRAS FORMAS DE DESVIACI\u00d3N DE BIENES POR UN FUNCIONARIO P\u00daBLICO.<\/font><\/font><\/p>\n

Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversaci\u00f3n o el peculado, la apropiaci\u00f3n indebida u otras formas de desviaci\u00f3n por un funcionario p\u00fablico, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o t\u00edtulos p\u00fablicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 18. <\/b>TR\u00c1FICO DE INFLUENCIAS.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:<\/font><\/p>\n

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi\u00f3n a un funcionario p\u00fablico o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario p\u00fablico o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administraci\u00f3n o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona;<\/font><\/p>\n

b) La solicitud o aceptaci\u00f3n por un funcionario p\u00fablico o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario p\u00fablico o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administraci\u00f3n o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 19.<\/b> ABUSO DE FUNCIONES.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realizaci\u00f3n u omisi\u00f3n de un acto, en violaci\u00f3n de la ley, por parte de un funcionario p\u00fablico en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para s\u00ed mismo o para otra persona o entidad.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 20. <\/b>ENRIQUECIMIENTO IL\u00cdCITO.<\/font><\/A> <\/p>\n

Con sujeci\u00f3n a su constituci\u00f3n y a los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento il\u00edcito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario p\u00fablico respecto de sus ingresos leg\u00edtimos que no pueda ser razonablemente justificado por \u00e9l.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 21. <\/b>SOBORNO EN EL SECTOR PRIVADO.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades econ\u00f3micas, financieras o comerciales: <\/font><\/p>\n

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesi\u00f3n, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funci\u00f3n en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, act\u00fae o se abstenga de actuar;<\/font><\/p>\n

b) La solicitud o aceptaci\u00f3n, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funci\u00f3n en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, act\u00fae o se abstenga de actuar.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 22.<\/b> MALVERSACI\u00d3N O PECULADO DE BIENES EN EL SECTOR <\/font> <\/A>PRIVADO.<\/font><\/font> <\/p>\n

Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades econ\u00f3micas, financieras o comerciales, la malversaci\u00f3n o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funci\u00f3n en ella, de cualesquiera bienes, fondos o t\u00edtulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por raz\u00f3n de su cargo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 23.<\/b> BLANQUEO DEL PRODUCTO DEL DELITO.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:<\/font><\/p>\n

a) i) La conversi\u00f3n o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el prop\u00f3sito de ocultar o disimular el origen il\u00edcito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisi\u00f3n del delito determinante a eludir las consecuencias jur\u00eddicas de sus actos;<\/font><\/p>\n

ii) La ocultaci\u00f3n o disimulaci\u00f3n de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicaci\u00f3n, la disposici\u00f3n, el movimiento o la propiedad de bienes o del leg\u00edtimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;<\/font><\/p>\n

b) Con sujeci\u00f3n a los conceptos b\u00e1sicos de su ordenamiento jur\u00eddico:<\/font><\/p>\n

i) La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o utilizaci\u00f3n de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepci\u00f3n, de que son producto del delito;<\/font><\/p>\n

ii) La participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente art\u00edculo, as\u00ed como la asociaci\u00f3n y la confabulaci\u00f3n para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitaci\u00f3n, la facilitaci\u00f3n y el asesoramiento en aras de su comisi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. P ara los fines de la aplicaci\u00f3n o puesta en pr\u00e1ctica del p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo:<\/font><\/p>\n

a) Cada Estado Parte velar\u00e1 por aplicar el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo a la gama m\u00e1s amplia posible de delitos determinantes;<\/font><\/p>\n

b) Cada Estado Parte incluir\u00e1 como delitos determinantes, como m\u00ednimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluir\u00e1n los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicci\u00f3n del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicci\u00f3n de un Estado Parte constituir\u00e1n delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en pr\u00e1ctica el presente art\u00edculo si el delito se hubiese cometido all\u00ed;<\/font><\/p>\n

d) Cada Estado Parte proporcionar\u00e1 al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicaci\u00f3n al presente art\u00edculo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripci\u00f3n de esta;<\/font><\/p>\n

e) Si as\u00ed lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podr\u00e1 disponerse que los delitos enunciados en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 24.<\/b> ENCUBRIMIENTO.<\/font><\/A> <\/p>\n

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 23 de la presente Convenci\u00f3n, cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisi\u00f3n de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retenci\u00f3n continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 25.<\/b> OBSTRUCCI\u00d3N DE LA JUSTICIA.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:<\/font><\/p>\n

a) El uso de fuerza f\u00edsica, amenazas o intimidaci\u00f3n, o la promesa, el ofrecimiento o la concesi\u00f3n de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestaci\u00f3n de testimonio o la aportaci\u00f3n de pruebas en procesos en relaci\u00f3n con la comisi\u00f3n de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

b) El uso de fuerza f\u00edsica, amenazas o intimidaci\u00f3n para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relaci\u00f3n con la comisi\u00f3n de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n. Nada de lo previsto en el presente art\u00edculo menoscabar\u00e1 el derecho de los Estados Parte a disponer de legislaci\u00f3n que proteja a otras categor\u00edas de funcionarios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 26.<\/b> RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JUR\u00cdDICAS.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jur\u00eddicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jur\u00eddicas por su participaci\u00f3n en delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Con sujeci\u00f3n a los principios jur\u00eddicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas podr\u00e1 ser de \u00edndole penal, civil o administrativa.<\/font><\/p>\n

3. Dicha responsabilidad existir\u00e1 sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.<\/font><\/p>\n

4. Cada Estado Parte velar\u00e1 en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jur\u00eddicas consideradas responsables con arreglo al presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 27. <\/b>PARTICIPACI\u00d3N Y TENTATIVA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participaci\u00f3n, ya sea como c\u00f3mplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte podr\u00e1 adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte podr\u00e1 adoptar las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparaci\u00f3n con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 28.<\/b> CONOCIMIENTO, INTENCI\u00d3N Y PROP\u00d3SITO COMO <\/font> <\/A>ELEMENTOS DE UN DELITO.<\/font><\/font> <\/p>\n

El conocimiento, la intenci\u00f3n o el prop\u00f3sito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n podr\u00e1n inferirse de circunstancias f\u00e1cticas objetivas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 29. <\/b>PRESCRIPCI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte establecer\u00e1, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripci\u00f3n amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n y establecer\u00e1 un plazo mayor o interrumpir\u00e1 la prescripci\u00f3n cuando el presunto delincuente haya eludido la administraci\u00f3n de justicia.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 30.<\/b> PROCESO, FALLO Y SANCIONES.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte penalizar\u00e1 la comisi\u00f3n de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jur\u00eddico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios p\u00fablicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigaci\u00f3n, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte velar\u00e1 por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relaci\u00f3n con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n a fin de dar m\u00e1xima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.<\/font><\/p>\n

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, cada Estado Parte adoptar\u00e1 medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideraci\u00f3n los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n de conceder la libertad en espera de juicio o la apelaci\u00f3n, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.<\/font><\/p>\n

5. Cada Estado Parte tendr\u00e1 en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos.<\/font><\/p>\n

6. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario p\u00fablico que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunci\u00f3n de inocencia.<\/font><\/p>\n

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un per\u00edodo determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n para:<\/font><\/p>\n

a) Ejercer cargos p\u00fablicos, y<\/font><\/p>\n

b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.<\/font><\/p>\n

8. El p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo no menoscabar\u00e1 el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci\u00f3n afectar\u00e1 al principio de que la descripci\u00f3n de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jur\u00eddicos de defensa aplicables o dem\u00e1s principios jur\u00eddicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habr\u00e1n de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.<\/font><\/p>\n

10. Los Estados Parte procurar\u00e1n promover la reinserci\u00f3n social de las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 31.<\/b> EMBARGO PREVENTIVO, INCAUTACI\u00d3N Y DECOMISO.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jur\u00eddico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:<\/font><\/p>\n

a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;<\/font><\/p>\n

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisi\u00f3n de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para permitir la identificaci\u00f3n, la localizaci\u00f3n, el embargo preventivo o la incautaci\u00f3n de cualquier bien a que se haga referencia en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo con miras a su eventual decomiso.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte adoptar\u00e1, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para regular la administraci\u00f3n, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los p\u00e1rrafos 1o y 2o del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, estos ser\u00e1n objeto de las medidas aplicables a dicho producto al tenor del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes l\u00edcitas, esos bienes ser\u00e1n objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito tambi\u00e9n ser\u00e1n objeto de las medidas previstas en el presente art\u00edculo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.<\/font><\/p>\n

7. A los efectos del presente art\u00edculo y del art\u00edculo 55 de la presente Convenci\u00f3n, cada Estado Parte facultar\u00e1 a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentaci\u00f3n o la incautaci\u00f3n de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podr\u00e1n negarse a aplicar las disposiciones del presente p\u00e1rrafo ampar\u00e1ndose en el secreto bancario.<\/font><\/p>\n

8. Los Estados Parte podr\u00e1n considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen l\u00edcito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la \u00edndole del proceso judicial u otros procesos.<\/font><\/p>\n

9. Las disposiciones del presente art\u00edculo no se interpretar\u00e1n en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<\/font><\/p>\n

10. Nada de lo dispuesto en el presente art\u00edculo afectar\u00e1 al principio de que las medidas en \u00e9l previstas se definir\u00e1n y aplicar\u00e1n de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeci\u00f3n a este.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 32.<\/b> PROTECCI\u00d3N DE TESTIGOS, PERITOS Y V\u00cdCTIMAS.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jur\u00eddico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidaci\u00f3n a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, as\u00ed como, cuando proceda, a sus familiares y dem\u00e1s personas cercanas.<\/font><\/p>\n

2. Las medidas previstas en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo podr\u00e1n consistir, entre otras sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garant\u00edas procesales, en:<\/font><\/p>\n

a) Establecer procedimientos para la protecci\u00f3n f\u00edsica de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicaci\u00f3n, y permitir, cuando proceda, la prohibici\u00f3n total o parcial de revelar informaci\u00f3n sobre su identidad y paradero;<\/font><\/p>\n

b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnolog\u00edas de comunicaci\u00f3n como la videoconferencia u otros medios adecuados.<\/font><\/p>\n

3. Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicaci\u00f3n de las personas mencionadas en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

4. Las disposiciones del presente art\u00edculo se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n a las v\u00edctimas en la medida en que sean testigos.<\/font><\/p>\n

5. Cada Estado Parte permitir\u00e1, con sujeci\u00f3n a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las v\u00edctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 33.<\/b> PROTECCI\u00d3N DE LOS DENUNCIANTES.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jur\u00eddico interno medidas apropiadas para proporcionar protecci\u00f3n contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 34.<\/b> CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS DE CORRUPCI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

Con la debida consideraci\u00f3n de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptar\u00e1 medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupci\u00f3n. En este contexto, los Estados Parte podr\u00e1n considerar la corrupci\u00f3n un factor pertinente en procedimientos jur\u00eddicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesi\u00f3n u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 35.<\/b> INDEMNIZACI\u00d3N POR DA\u00d1OS Y PERJUICIOS.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupci\u00f3n tengan derecho a iniciar una acci\u00f3n legal contra los responsables de esos da\u00f1os y perjuicios a fin de obtener indemnizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

ART\u00cdCULO 36. <\/b>AUTORIDADES ESPECIALIZADAS.<\/font><\/A>

 <\/DIV> <\/p>\n

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, se cerciorar\u00e1 de que dispone de uno o m\u00e1s \u00f3rganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupci\u00f3n mediante la aplicaci\u00f3n coercitiva de la ley. Ese \u00f3rgano u \u00f3rganos o esas personas gozar\u00e1n de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jur\u00eddico del Estado Parte, para que puedan desempe\u00f1ar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deber\u00e1 proporcionarse a esas personas o al personal de ese \u00f3rgano u \u00f3rganos formaci\u00f3n adecuada y recursos suficientes para el desempe\u00f1o de sus funciones.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 37.<\/b> COOPERACI\u00d3N CON LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE <\/font> <\/A>HACER CUMPLIR LA LEY.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisi\u00f3n de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n a que proporcionen a las autoridades competentes informaci\u00f3n \u00fatil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, as\u00ed como a recuperar ese producto.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigaci\u00f3n de la pena de toda persona acusada que preste cooperaci\u00f3n sustancial en la investigaci\u00f3n o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesi\u00f3n de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperaci\u00f3n sustancial en la investigaci\u00f3n o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

4. La protecci\u00f3n de esas personas ser\u00e1, mutatis mutandis, la prevista en el art\u00edculo 32 de la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. Cuando las personas mencionadas en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperaci\u00f3n sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podr\u00e1n considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesi\u00f3n, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los p\u00e1rrafos 2o y 3o del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 38. <\/b>COOPERACI\u00d3N ENTRE ORGANISMOS NACIONALES.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperaci\u00f3n entre, por un lado, sus organismos p\u00fablicos, as\u00ed como sus funcionarios p\u00fablicos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperaci\u00f3n podr\u00e1 incluir:<\/font><\/p>\n

a) Informar a esos \u00faltimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los art\u00edculos 15, 21 y 23 de la presente Convenci\u00f3n; o<\/font><\/p>\n

b) Proporcionar a esos organismos toda la informaci\u00f3n necesaria, previa solicitud.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 39.<\/b> COOPERACI\u00d3N ENTRE LOS ORGANISMOS NACIONALES Y <\/font> <\/A>EL SECTOR PRIVADO.<\/font><\/font><\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperaci\u00f3n entre los organismos nacionales de investigaci\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisi\u00f3n de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de alentar a sus nacionales y dem\u00e1s personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de investigaci\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico la comisi\u00f3n de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 40. <\/b>SECRETO BANCARIO.<\/font><\/A><\/p>\n

Cada Estado Parte velar\u00e1 por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, existan en su ordenamiento jur\u00eddico interno mecanismos apropiados para salvar todo obst\u00e1culo que pueda surgir como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n relativa al secreto bancario.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 41.<\/b> ANTECEDENTES PENALES.<\/font><\/A> <\/p>\n

Cada Estado Parte podr\u00e1 adoptar las medidas legislativas o de otra \u00edndole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaraci\u00f3n de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa informaci\u00f3n en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 42.<\/b> JURISDICCI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para establecer <\/font><\/p>\n

su jurisdicci\u00f3n respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n cuando:<\/font><\/p>\n

a) El delito se cometa en su territorio, o<\/font><\/p>\n

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabell\u00f3n o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisi\u00f3n. <\/font><\/p>\n

2. Con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 4o de la presente Convenci\u00f3n, un Estado Parte tambi\u00e9n podr\u00e1 establecer su jurisdicci\u00f3n para conocer de tales delitos cuando:<\/font><\/p>\n

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<\/font><\/p>\n

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona ap\u00e1trida que tenga residencia habitual en su territorio, o<\/font><\/p>\n

c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 23 de la presente Convenci\u00f3n y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisi\u00f3n, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 23 de la presente Convenci\u00f3n, o<\/font><\/p>\n

d) El delito se cometa contra el Estado Parte.<\/font><\/p>\n

3. A los efectos del art\u00edculo 44 de la presente Convenci\u00f3n, cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci\u00f3n respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.<\/font><\/p>\n

4. Cada Estado Parte podr\u00e1 tambi\u00e9n adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci\u00f3n respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.<\/font><\/p>\n

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicci\u00f3n con arreglo a los p\u00e1rrafos 1o \u00f3 2o del presente art\u00edculo ha recibido notificaci\u00f3n, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte est\u00e1n realizando una investigaci\u00f3n, un proceso o una actuaci\u00f3n judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultar\u00e1n, seg\u00fan proceda, a fin de coordinar sus medidas.<\/font><\/p>\n

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convenci\u00f3n no excluir\u00e1 el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO IV.<\/font><\/A><\/p>\n

COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 43. <\/b>COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Los Estados Parte cooperar\u00e1n en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 44 a 50 de la presente Convenci\u00f3n. Cuando proceda y est\u00e9 en consonancia con su ordenamiento jur\u00eddico interno, los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. En cuestiones de cooperaci\u00f3n internacional, cuando la doble incriminaci\u00f3n sea un requisito, este se considerar\u00e1 cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislaci\u00f3n de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categor\u00eda o lo denominan con la misma terminolog\u00eda que el Estado Parte requirente.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 44.<\/b> EXTRADICI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. El presente art\u00edculo se aplicar\u00e1 a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradici\u00f3n se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradici\u00f3n sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.<\/font><\/p>\n

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, los Estados Parte cuya legislaci\u00f3n lo permita podr\u00e1n conceder la extradici\u00f3n de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.<\/font><\/p>\n

3. Cuando la solicitud de extradici\u00f3n incluya varios delitos, de los cuales al menos uno d\u00e9 lugar a extradici\u00f3n conforme a lo dispuesto en el presente art\u00edculo y algunos no den lugar a extradici\u00f3n debido al per\u00edodo de privaci\u00f3n de libertad que conllevan pero guarden relaci\u00f3n con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, el Estado Parte requerido podr\u00e1 aplicar el presente art\u00edculo tambi\u00e9n respecto de esos delitos.<\/font><\/p>\n

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente art\u00edculo se considerar\u00e1 incluido entre los delitos que dan lugar a extradici\u00f3n en todo tratado de extradici\u00f3n vigente entre los Estados Parte. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradici\u00f3n en todo tratado de extradici\u00f3n que celebren entre s\u00ed.<\/font><\/p>\n

Los Estados Parte cuya legislaci\u00f3n lo permita, en el caso de que la presente Convenci\u00f3n sirva de base para la extradici\u00f3n, no considerar\u00e1n de car\u00e1cter pol\u00edtico ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. Si un Estado Parte que supedita la extradici\u00f3n a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradici\u00f3n de otro Estado Parte con el que no lo vincula ning\u00fan tratado de extradici\u00f3n, podr\u00e1 considerar la presente Convenci\u00f3n como la base jur\u00eddica de la extradici\u00f3n respecto de los delitos a los que se aplica el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

6. Todo Estado Parte que supedite la extradici\u00f3n a la existencia de un tratado deber\u00e1:<\/font><\/p>\n

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n o de adhesi\u00f3n a ella informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerar\u00e1 o no la presente Convenci\u00f3n como la base jur\u00eddica de la cooperaci\u00f3n en materia de extradici\u00f3n en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convenci\u00f3n; y<\/font><\/p>\n

b) Si no considera la presente Convenci\u00f3n como la base jur\u00eddica de la cooperaci\u00f3n en materia de extradici\u00f3n, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradici\u00f3n con otros Estados Parte en la presente Convenci\u00f3n a fin de aplicar el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

7. Los Estados Parte que no supediten la extradici\u00f3n a la existencia de un tratado reconocer\u00e1n los delitos a los que se aplica el presente art\u00edculo como causa de extradici\u00f3n entre ellos.<\/font><\/p>\n

8. La extradici\u00f3n estar\u00e1 sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradici\u00f3n aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena m\u00ednima para la extradici\u00f3n y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurar\u00e1n agilizar los procedimientos de extradici\u00f3n y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradici\u00f3n, el Estado Parte requerido podr\u00e1, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen car\u00e1cter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detenci\u00f3n de la persona presente en su territorio cuya extradici\u00f3n se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente art\u00edculo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estar\u00e1 obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradici\u00f3n, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptar\u00e1n su decisi\u00f3n y llevar\u00e1n a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo har\u00edan respecto de cualquier otro delito de car\u00e1cter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperar\u00e1n entre s\u00ed, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.<\/font><\/p>\n

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte s\u00f3lo le permita extraditar o entregar de alg\u00fan otro modo a uno de sus nacionales a condici\u00f3n de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicit\u00f3 la extradici\u00f3n o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradici\u00f3n acepten esa opci\u00f3n, as\u00ed como toda otra condici\u00f3n que estimen apropiada, tal extradici\u00f3n o entrega condicional ser\u00e1 suficiente para que quede cumplida la obligaci\u00f3n enunciada en el p\u00e1rrafo 11 del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

13. Si la extradici\u00f3n solicitada con el prop\u00f3sito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, este, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerar\u00e1, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.<\/font><\/p>\n

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizar\u00e1 un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucci\u00f3n en relaci\u00f3n con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente art\u00edculo, incluido el goce de todos los derechos y garant\u00edas previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.<\/font><\/p>\n

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convenci\u00f3n podr\u00e1 interpretarse como la imposici\u00f3n de una obligaci\u00f3n de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en raz\u00f3n de su sexo, raza, religi\u00f3n, nacionalidad, origen \u00e9tnico u opiniones pol\u00edticas o que su cumplimiento ocasionar\u00eda perjuicios a la posici\u00f3n de esa persona por cualquiera de estas razones.<\/font><\/p>\n

16. Los Estados Parte no podr\u00e1n denegar una solicitud de extradici\u00f3n \u00fanicamente porque se considere que el delito tambi\u00e9n entra\u00f1a cuestiones tributarias.<\/font><\/p>\n

17. Antes de denegar la extradici\u00f3n, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultar\u00e1 al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar informaci\u00f3n pertinente a su alegato.<\/font><\/p>\n

18. Los Estados Parte procurar\u00e1n celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradici\u00f3n o aumentar su eficacia.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 45. <\/b>TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS A CUMPLIR UNA <\/font> <\/A>PENA.<\/font><\/font> <\/p>\n

Los Estados Parte podr\u00e1n considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisi\u00f3n u otra forma de privaci\u00f3n de libertad por alg\u00fan delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n a fin de que cumpla all\u00ed su condena.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 46. <\/b>ASISTENCIA JUDICIAL REC\u00cdPROCA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Los Estados Parte se prestar\u00e1n la m\u00e1s amplia asistencia judicial rec\u00edproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Se prestar\u00e1 asistencia judicial rec\u00edproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jur\u00eddica pueda ser considerada responsable de conformidad con el art\u00edculo 26 de la presente Convenci\u00f3n en el Estado Parte requirente.<\/font><\/p>\n

3. La asistencia judicial rec\u00edproca que se preste de conformidad con el presente art\u00edculo podr\u00e1 solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:<\/font><\/p>\n

a) Recibir testimonios o tomar declaraci\u00f3n a personas;<\/font><\/p>\n

b) Presentar documentos judiciales;<\/font><\/p>\n

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;<\/font><\/p>\n

d) Examinar objetos y lugares;<\/font><\/p>\n

e) Proporcionar informaci\u00f3n, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;<\/font><\/p>\n

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes, pertinentes, incluida la documentaci\u00f3n p\u00fablica, bancaria y financiera, as\u00ed como la documentaci\u00f3n social o comercial de sociedades mercantiles;<\/font><\/p>\n

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<\/font><\/p>\n

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;<\/font><\/p>\n

i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;<\/font><\/p>\n

j) Identificar, embargar con car\u00e1cter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del Cap\u00edtulo V de la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del Cap\u00edtulo V de la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podr\u00e1n, sin que se les solicite previamente, transmitir informaci\u00f3n relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa informaci\u00f3n podr\u00eda ayudar a la autoridad a emprender o concluir con \u00e9xito indagaciones y procesos penales o podr\u00eda dar lugar a una petici\u00f3n formulada por este \u00faltimo Estado Parte con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. La transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n con arreglo al p\u00e1rrafo 4o del presente art\u00edculo se har\u00e1 sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la informaci\u00f3n. Las autoridades competentes que reciben la informaci\u00f3n deber\u00e1n acceder a toda solicitud de que se respete su car\u00e1cter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilizaci\u00f3n. Sin embargo, ello no obstar\u00e1 para que el Esta do Parte receptor revele, en sus actuaciones, informaci\u00f3n que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificar\u00e1 al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha informaci\u00f3n y, si as\u00ed se le solicita, consultar\u00e1 al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelaci\u00f3n, el Estado Parte receptor informar\u00e1 sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

6. Lo dispuesto en el presente art\u00edculo no afectar\u00e1 a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial rec\u00edproca.<\/font><\/p>\n

7. Los p\u00e1rrafos 9o a 29 del presente art\u00edculo se aplicar\u00e1n a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente art\u00edculo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial rec\u00edproca. Cuando esos Estados Parte est\u00e9n vinculados por un tratado de esa \u00edndole se aplicar\u00e1n las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los p\u00e1rrafos 9o a 29 del presente art\u00edculo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen esos p\u00e1rrafos si facilitan la cooperaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

8. Los Estados Parte no invocar\u00e1n el secreto bancario para denegar la asistencia judicial rec\u00edproca con arreglo al presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente art\u00edculo, en ausencia de doble incriminaci\u00f3n, el Estado Parte requerido tendr\u00e1 en cuenta la finalidad de la presente Convenci\u00f3n, enunciada en el art\u00edculo 1o;<\/font><\/p>\n

b) Los Estados Parte podr\u00e1n negarse a prestar asistencia con arreglo al presente art\u00edculo invocando la ausencia de doble incriminaci\u00f3n. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello est\u00e9 en consonancia con los conceptos b\u00e1sicos de su ordenamiento jur\u00eddico, prestar\u00e1 asistencia que no entra\u00f1e medidas coercitivas. Esa asistencia se podr\u00e1 negar cuando la solicitud entra\u00f1e asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperaci\u00f3n o asistencia solicitada est\u00e9 prevista en virtud de otras disposiciones de la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) En ausencia de doble incriminaci\u00f3n, cada Estado Parte podr\u00e1 considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia m\u00e1s amplia con arreglo al presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificaci\u00f3n, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n podr\u00e1 ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:<\/font><\/p>\n

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;<\/font><\/p>\n

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte est\u00e1n de acuerdo, con sujeci\u00f3n a las condiciones que estos consideren apropiadas.<\/font><\/p>\n

11. A los efectos del p\u00e1rrafo 10 del presente art\u00edculo:<\/font><\/p>\n

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendr\u00e1 la competencia y la obligaci\u00f3n de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;<\/font><\/p>\n

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplir\u00e1 sin dilaci\u00f3n su obligaci\u00f3n de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, seg\u00fan convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;<\/font><\/p>\n

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podr\u00e1 exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradici\u00f3n para su devoluci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computar\u00e1 como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.<\/font><\/p>\n

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los p\u00e1rrafos 10 y 11 del presente art\u00edculo est\u00e9 de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podr\u00e1 ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricci\u00f3n de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relaci\u00f3n con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.<\/font><\/p>\n

13. Cada Estado Parte designar\u00e1 a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial rec\u00edproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecuci\u00f3n. Cuando alguna regi\u00f3n o alg\u00fan territorio especial de un Estado Parte disponga de un r\u00e9gimen distinto de asistencia judicial rec\u00edproca, el Estado Parte podr\u00e1 designar a otra autoridad central que desempe\u00f1ar\u00e1 la misma funci\u00f3n para dicha regi\u00f3n o dicho territorio. Las autoridades centrales velar\u00e1n por el r\u00e1pido y adecuado cumplimiento o transmisi\u00f3n de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecuci\u00f3n, alentar\u00e1 la r\u00e1pida y adecuada ejecuci\u00f3n de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificar\u00e1 al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n o de adhesi\u00f3n a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial rec\u00edproca y cualquier otra comunicaci\u00f3n pertinente ser\u00e1n transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposici\u00f3n no afectar\u00e1 al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por v\u00eda diplom\u00e1tica y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal, de ser posible.<\/font><\/p>\n

14. Las solicitudes se presentar\u00e1n por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificar\u00e1 al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n o de adhesi\u00f3n a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podr\u00e1n hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.<\/font><\/p>\n

15. Toda solicitud de asistencia judicial rec\u00edproca contendr\u00e1 lo siguiente:<\/font><\/p>\n

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<\/font><\/p>\n

b) El objeto y la \u00edndole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;<\/font><\/p>\n

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentaci\u00f3n de documentos judiciales;<\/font><\/p>\n

d) Una descripci\u00f3n de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;<\/font><\/p>\n

e) De ser posible, la identidad, ubicaci\u00f3n y nacionalidad de toda persona interesada; y<\/font><\/p>\n

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, informaci\u00f3n o actuaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

16. El Estado Parte requerido podr\u00e1 pedir informaci\u00f3n adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.<\/font><\/p>\n

17. Se dar\u00e1 cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.<\/font><\/p>\n

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaraci\u00f3n como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podr\u00e1 permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuesti\u00f3n comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podr\u00e1n convenir en que la audiencia est\u00e9 a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.<\/font><\/p>\n

19. El Estado Parte requirente no transmitir\u00e1 ni utilizar\u00e1, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la informaci\u00f3n o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaci\u00f3n, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente p\u00e1rrafo impedir\u00e1 que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, informaci\u00f3n o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este \u00faltimo caso, el Estado Parte requirente notificar\u00e1 al Estado Parte requerido antes de revelar la informaci\u00f3n o las pruebas y, si as\u00ed se le solicita, consultar\u00e1 al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelaci\u00f3n, el Estado Parte requirente informar\u00e1 sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

20. El Estado Parte requirente podr\u00e1 exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo har\u00e1 saber de inmediato al Estado Parte requirente.<\/font><\/p>\n

21. La asistencia judicial rec\u00edproca podr\u00e1 ser denegada:<\/font><\/p>\n

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente art\u00edculo;<\/font><\/p>\n

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podr\u00eda menoscabar su soberan\u00eda, su seguridad, su orden p\u00fablico u otros intereses fundamentales;<\/font><\/p>\n

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido proh\u00edba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito an\u00e1logo, si este hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;<\/font><\/p>\n

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jur\u00eddico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial rec\u00edproca.<\/font><\/p>\n

22. Los Estados Parte no podr\u00e1n denegar una solicitud de asistencia judicial rec\u00edproca \u00fanicamente porque se considere que el delito tambi\u00e9n entra\u00f1a cuestiones tributarias.<\/font><\/p>\n

23. Toda denegaci\u00f3n de asistencia judicial rec\u00edproca deber\u00e1 fundamentarse debidamente.<\/font><\/p>\n

24. El Estado Parte requerido cumplir\u00e1 la solicitud de asistencia judicial rec\u00edproca lo antes posible y tendr\u00e1 plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que est\u00e9n debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requirente podr\u00e1 pedir informaci\u00f3n razonable sobre el estado y la evoluci\u00f3n de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petici\u00f3n. El Estado Parte requerido responder\u00e1 a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evoluci\u00f3n del tr\u00e1mite de la solicitud. El Estado Parte requirente informar\u00e1 con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.<\/font><\/p>\n

25. La asistencia judicial rec\u00edproca podr\u00e1 ser diferida por el Estado Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.<\/font><\/p>\n

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al p\u00e1rrafo 21 del presente art\u00edculo o de diferir su cumplimiento con arreglo al p\u00e1rrafo 25 del presente art\u00edculo, el Estado Parte requerido consultar\u00e1 al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supedit\u00e1ndola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deber\u00e1 cumplir las condiciones impuestas.<\/font><\/p>\n

27. Sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n del p\u00e1rrafo 12 del presente art\u00edculo; el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigaci\u00f3n, proceso o actuaci\u00f3n judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podr\u00e1 ser enjuiciad o, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricci\u00f3n de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandon\u00f3 el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesar\u00e1 cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince d\u00edas consecutivos o durante el per\u00edodo acordado por los Estados Parte despu\u00e9s de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requer\u00edan su presencia, la oportunidad de salir del pa\u00eds y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a \u00e9l despu\u00e9s de haberlo abandonado.<\/font><\/p>\n

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud ser\u00e1n sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de car\u00e1cter extraordinario, los Estados Parte se consultar\u00e1n para determinar las condiciones en que se dar\u00e1 cumplimiento a la solicitud, as\u00ed como la manera en que se sufragar\u00e1n los gastos.<\/font><\/p>\n

29. El Estado Parte requerido:<\/font><\/p>\n

a) Facilitar\u00e1 al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el p\u00fablico en general;<\/font><\/p>\n

b) Podr\u00e1, a su arbitrio y con sujeci\u00f3n a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no est\u00e9n al alcance del p\u00fablico en general.<\/font><\/p>\n

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente art\u00edculo y que lleven a la pr\u00e1ctica o refuercen sus disposiciones.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 47.<\/b> REMISI\u00d3N DE ACTUACIONES PENALES.<\/font><\/A> <\/p>\n

Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n cuando se estime que esa remisi\u00f3n redundar\u00e1 en beneficio de la debida administraci\u00f3n de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 48. <\/b>COOPERACI\u00d3N EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Los Estados Parte colaborar\u00e1n estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jur\u00eddicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n. En particular, los Estados Parte adoptar\u00e1n medidas eficaces para:<\/font><\/p>\n

a) Mejorar los canales de comunicaci\u00f3n entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y r\u00e1pido de informaci\u00f3n sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n, as\u00ed como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;<\/font><\/p>\n

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realizaci\u00f3n de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n acerca de:<\/font><\/p>\n

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicaci\u00f3n de otras personas interesadas;<\/font><\/p>\n

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisi\u00f3n de esos delitos;<\/font><\/p>\n

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisi\u00f3n de esos delitos;<\/font><\/p>\n

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de an\u00e1lisis o investigaci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

d) Intercambiar, cuando proceda, informaci\u00f3n con otros Estados Parte sobre los medios y m\u00e9todos concretos empleados para la comisi\u00f3n de los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;<\/font><\/p>\n

e) Facilitar una coordinaci\u00f3n eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designaci\u00f3n de oficiales de enlace con sujeci\u00f3n a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;<\/font><\/p>\n

f) Intercambiar informaci\u00f3n y coordinar las medidas administrativas y de otra \u00edndole adoptadas para la pronta detecci\u00f3n de los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convenci\u00f3n, considerar\u00e1n la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperaci\u00f3n directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podr\u00e1n considerar que la presente Convenci\u00f3n constituye la base para la cooperaci\u00f3n rec\u00edproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n. Cuando proceda, los Estados Parte aprovechar\u00e1n plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperaci\u00f3n entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.<\/font><\/p>\n

3. Los Estados Parte se esforzar\u00e1n por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n que se cometan mediante el recurso a la tecnolog\u00eda moderna.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 49.<\/b> INVESTIGACIONES CONJUNTAS.<\/font><\/A> <\/p>\n

Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relaci\u00f3n con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o m\u00e1s Estados, las autoridades competentes puedan establecer \u00f3rganos mixtos de investigaci\u00f3n. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podr\u00e1n llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velar\u00e1n por que la soberan\u00eda del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigaci\u00f3n sea plenamente respetada.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 50.<\/b> T\u00c9CNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. A fin de combatir eficazmente la corrupci\u00f3n, cada Estado Parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n como la vigilancia electr\u00f3nica o de otra \u00edndole y las operaciones encubiertas, as\u00ed como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas t\u00e9cnicas en sus tribunales.<\/font><\/p>\n

2. A los efectos, de investigar los delitos comprendidos en la presente Convenci\u00f3n, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n en el contexto de la cooperaci\u00f3n en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertar\u00e1n y ejecutar\u00e1n respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en pr\u00e1ctica se cumplir\u00e1n estrictamente las condiciones en ellos contenidas.<\/font><\/p>\n

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el p\u00e1rrafo 2o del presente art\u00edculo, toda decisi\u00f3n de recurrir a esas t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n en el plano internacional se adoptar\u00e1 sobre la base de cada caso particular y podr\u00e1, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicci\u00f3n por los Estados Parte interesados.<\/font><\/p>\n

4. Toda decisi\u00f3n de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podr\u00e1, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicaci\u00f3n de m\u00e9todos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO V.<\/font><\/A><\/p>\n

RECUPERACI\u00d3N DE ACTIVOS<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 51<\/b>. DISPOSICI\u00d3N GENERAL.<\/font><\/A> <\/p>\n

La restituci\u00f3n de activos con arreglo al presente cap\u00edtulo es un principio fundamental de la presente Convenci\u00f3n y los Estados Parte se prestar\u00e1n la m\u00e1s amplia cooperaci\u00f3n y asistencia entre s\u00ed a este respecto.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 52. <\/b>PREVENCI\u00d3N Y DETECCI\u00d3N DE TRANSFERENCIAS DEL <\/font> <\/A>PRODUCTO DEL DELITO.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 14 de la presente Convenci\u00f3n, cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempe\u00f1en o hayan desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deber\u00e1 estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deber\u00e1 ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su leg\u00edtima clientela.<\/font><\/p>\n

2. A fin de facilitar la aplicaci\u00f3n de las medidas previstas en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspir\u00e1ndose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deber\u00e1:<\/font><\/p>\n

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jur\u00eddicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deber\u00e1n someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deber\u00e1n prestar particular atenci\u00f3n y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y<\/font><\/p>\n

b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jur\u00eddicas cuyas cuentas esas instituciones deber\u00e1n someter a un mayor escrutinio, adem\u00e1s de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.<\/font><\/p>\n

3. En el contexto del apartado a) del p\u00e1rrafo 2o del presente art\u00edculo, cada Estado Parte aplicar\u00e1 medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, los cuales deber\u00e1n contener, como m\u00ednimo, informaci\u00f3n relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.<\/font><\/p>\n

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, cada Estado Parte aplicar\u00e1 medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus \u00f3rganos reguladores y de supervisi\u00f3n, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no est\u00e9n afiliados a un grupo financiero sujeto a regulaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los Estados Parte podr\u00e1n considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no est\u00e9n afiliados a un grupo financiero sujeto a regulaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera para los funcionarios p\u00fablicos pertinentes y dispondr\u00e1 sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerar\u00e1 asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa informaci\u00f3n con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

6. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios p\u00fablicos pertinentes que tengan alg\u00fan derecho o poder de firma o de otra \u00edndole sobre alguna cuenta financiera en alg\u00fan pa\u00eds extranjero que declaren su relaci\u00f3n con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deber\u00e1n incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 53. <\/b>MEDIDAS PARA LA RECUPERACI\u00d3N DIRECTA DE BIENES.<\/font><\/A><\/p>\n

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:<\/font><\/p>\n

a) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acci\u00f3n civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisi\u00f3n de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

b) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n que indemnicen o resarzan por da\u00f1os y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y<\/font><\/p>\n

c) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el leg\u00edtimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisi\u00f3n de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 54.<\/b> MECANISMOS DE RECUPERACI\u00d3N DE BIENES MEDIANTE <\/font> <\/A>LA COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL PARA FINES DE DECOMISO.<\/font><\/font><\/p>\n

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial rec\u00edproca conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 55 de la presente Convenci\u00f3n con respecto a bienes adquiridos mediante la comisi\u00f3n de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:<\/font><\/p>\n

a) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;<\/font><\/p>\n

b) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicci\u00f3n, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicci\u00f3n, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y<\/font><\/p>\n

c) Considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial rec\u00edproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 2o del art\u00edculo 55 de la presente Convenci\u00f3n, de conformidad con su derecho interno:<\/font><\/p>\n

a) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautaci\u00f3n de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautaci\u00f3n dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes ser\u00edan objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo;<\/font><\/p>\n

b) Adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautaci\u00f3n de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes ser\u00edan objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo; y<\/font><\/p>\n

c) Considerar\u00e1 la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detenci\u00f3n o inculpaci\u00f3n penal relacionada con la adquisici\u00f3n de esos bienes.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 55. <\/b>COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL PARA FINES DE <\/font> <\/A>DECOMISO.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicci\u00f3n para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 31 de la presente Convenci\u00f3n que, se encuentren en su territorio deber\u00e1n, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jur\u00eddico interno:<\/font><\/p>\n

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, dar\u00e1n cumplimiento; o<\/font><\/p>\n

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le d\u00e9 cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 31 y en el apartado a) del p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 54 de la presente Convenci\u00f3n en la medida en que guarde relaci\u00f3n con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.<\/font><\/p>\n

2. A ra\u00edz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicci\u00f3n para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, el Estado Parte requerido adoptar\u00e1 medidas encaminadas a la identificaci\u00f3n, la localizaci\u00f3n y el embargo preventivo o la incautaci\u00f3n del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el p\u00e1rrafo 1o del art\u00edculo 31 de la presente Convenci\u00f3n con miras a su eventual decomiso, que habr\u00e1 de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, el Estado Parte requerido.<\/font><\/p>\n

3. Las disposiciones del art\u00edculo 46 de la presente Convenci\u00f3n ser\u00e1n aplicables, mutatis mutandis, al presente art\u00edculo. Adem\u00e1s de la informaci\u00f3n indicada en el p\u00e1rrafo 15 del art\u00edculo 46, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente art\u00edculo contendr\u00e1n lo siguiente:<\/font><\/p>\n

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, una descripci\u00f3n de los bienes susceptibles de decomiso, as\u00ed como en la medida de lo posible, la ubicaci\u00f3n y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposici\u00f3n de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente expl\u00edcitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;<\/font><\/p>\n

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposici\u00f3n de los hechos y la informaci\u00f3n que proceda sobre el grado de ejecuci\u00f3n que se solicita dar a la orden, una declaraci\u00f3n en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificaci\u00f3n adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;<\/font><\/p>\n

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al p\u00e1rrafo 2o del presente art\u00edculo, una exposici\u00f3n de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripci\u00f3n de las medidas solicitadas, as\u00ed como cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.<\/font><\/p>\n

4. El Estado Parte requerido adoptar\u00e1 las decisiones o medidas previstas en los p\u00e1rrafos 1o y 2o del presente art\u00edculo conforme y con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.<\/font><\/p>\n

5. Cada Estado Parte proporcionar\u00e1 al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicaci\u00f3n al presente art\u00edculo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripci\u00f3n de esta.<\/font><\/p>\n

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopci\u00f3n de las medidas mencionadas en los p\u00e1rrafos 1o y 2o del presente art\u00edculo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerar\u00e1 la presente Convenci\u00f3n como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.<\/font><\/p>\n

7. La cooperaci\u00f3n prevista en el presente art\u00edculo tambi\u00e9n se podr\u00e1 denegar, o se podr\u00e1n levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.<\/font><\/p>\n

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente art\u00edculo, el Estado Parte requerido deber\u00e1, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.<\/font><\/p>\n

9. Las disposiciones del presente art\u00edculo no se interpretar\u00e1n en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 56.<\/b> COOPERACI\u00d3N ESPECIAL.<\/font><\/A> <\/p>\n

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurar\u00e1 adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, informaci\u00f3n sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n si considera que la divulgaci\u00f3n de esa informaci\u00f3n puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la informaci\u00f3n as\u00ed facilitada podr\u00eda dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente cap\u00edtulo de la Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 57.<\/b> RESTITUCI\u00d3N Y DISPOSICI\u00d3N DE ACTIVOS.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte dispondr\u00e1 de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 31 \u00f3 55 de la presente Convenci\u00f3n, incluida la restituci\u00f3n a sus leg\u00edtimos propietarios anteriores, con arreglo al p\u00e1rrafo 3 del presente art\u00edculo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convenci\u00f3n y con su derecho interno.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte adoptar\u00e1, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra \u00edndole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restituci\u00f3n de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convenci\u00f3n, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.<\/font><\/p>\n

3. De conformidad con los art\u00edculos 46 y 55 de la presente Convenci\u00f3n y con los p\u00e1rrafos 1o y 2o del presente art\u00edculo, el Estado Parte requerido:<\/font><\/p>\n

a) En caso de malversaci\u00f3n o peculado de fondos p\u00fablicos o de blanqueo de fondos p\u00fablicos malversados a que se hace referencia en los art\u00edculos 17 y 23 de la presente Convenci\u00f3n, restituir\u00e1 al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el art\u00edculo 55 de la presente Convenci\u00f3n y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podr\u00e1 renunciar el Estado Parte requerido;<\/font><\/p>\n

b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente Convenci\u00f3n, restituir\u00e1 al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el art\u00edculo 55 de la presente Convenci\u00f3n y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podr\u00e1 renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los da\u00f1os causados al Estado Parte requirente como base para la restituci\u00f3n de los bienes decomisados;<\/font><\/p>\n

c) En todos los dem\u00e1s casos, dar\u00e1 consideraci\u00f3n prioritaria a la restituci\u00f3n al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restituci\u00f3n de esos bienes a sus propietarios leg\u00edtimos anteriores o a la indemnizaci\u00f3n de las v\u00edctimas del delito.<\/font><\/p>\n

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte requerido podr\u00e1 deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restituci\u00f3n o disposici\u00f3n de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

5. Cuando proceda, los Estados Parte podr\u00e1n tambi\u00e9n dar consideraci\u00f3n especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposici\u00f3n definitiva de los bienes decomisados.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 58.<\/b> DEPENDENCIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA.<\/font><\/A> <\/p>\n

Los Estados Parte cooperar\u00e1n entre s\u00ed a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerar\u00e1n la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargar\u00e1 de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 59.<\/b> ACUERDOS Y ARREGLOS BILATERALES Y <\/font> <\/A>MULTILATERALES.<\/font><\/font><\/p>\n

Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperaci\u00f3n internacional prestada de conformidad con el presente cap\u00edtulo de la Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO VI.<\/font><\/A><\/p>\n

ASISTENCIA T\u00c9CNICA E INTERCAMBIO DE INFORMACI\u00d3N<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 60.<\/b> CAPACITACI\u00d3N Y ASISTENCIA T\u00c9CNICA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formular\u00e1, desarrollar\u00e1 o perfeccionar\u00e1 programas de capacitaci\u00f3n espec\u00edficamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupci\u00f3n. Esos programas de capacitaci\u00f3n podr\u00e1n versar, entre otras cosas, sobre:<\/font><\/p>\n

a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupci\u00f3n, incluso el uso de m\u00e9todos de reuni\u00f3n de pruebas e investigaci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

b) Fomento de la capacidad de formulaci\u00f3n y planificaci\u00f3n de una pol\u00edtica estrat\u00e9gica contra la corrupci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) Capacitaci\u00f3n de las autoridades competentes en la preparaci\u00f3n de solicitudes de asistencia judicial rec\u00edproca que satisfagan los requisitos de la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

d) Evaluaci\u00f3n y fortalecimiento de las instituciones, de la gesti\u00f3n de la funci\u00f3n p\u00fablica y la gesti\u00f3n de las finanzas p\u00fablicas, incluida la contrataci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como del sector privado;<\/font><\/p>\n

e) Prevenci\u00f3n y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de dicho producto;<\/font><\/p>\n

f) Detecci\u00f3n y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, as\u00ed como de los m\u00e9todos empleados para la transferencia, ocultaci\u00f3n o disimulaci\u00f3n de dicho producto;<\/font><\/p>\n

h) Mecanismos y m\u00e9todos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restituci\u00f3n del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

i) M\u00e9todos utilizados para proteger a las v\u00edctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y<\/font><\/p>\n

j) Capacitaci\u00f3n en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.<\/font><\/p>\n

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de prestarse la m\u00e1s amplia asistencia t\u00e9cnica, especialmente en favor de los pa\u00edses en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir la corrupci\u00f3n, incluido apoyo material y capacitaci\u00f3n en las esferas mencionadas en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, as\u00ed como capacitaci\u00f3n y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitar\u00e1 la cooperaci\u00f3n internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradici\u00f3n y la asistencia judicial rec\u00edproca.<\/font><\/p>\n

3. Los Estados Parte intensificar\u00e1n, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitaci\u00f3n en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.<\/font><\/p>\n

4. Los Estados Parte considerar\u00e1n, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre s\u00ed en la realizaci\u00f3n de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupci\u00f3n en sus respectivos pa\u00edses con miras a elaborar, con la participaci\u00f3n de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acci\u00f3n contra la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. A fin de facilitar la recuperaci\u00f3n del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convenci\u00f3n, los Estados Parte podr\u00e1n cooperar facilit\u00e1ndose los nombres de peritos que puedan ser \u00fatiles para lograr ese objetivo.<\/font><\/p>\n

6. Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de recurrir a la organizaci\u00f3n de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperaci\u00f3n y la asistencia t\u00e9cnica y para fomentar los debates sobre problemas de inter\u00e9s mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los pa\u00edses en desarrollo y los pa\u00edses con econom\u00edas en transici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

7. Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los pa\u00edses en desarrollo y los pa\u00edses con econom\u00edas en transici\u00f3n para aplicar la presente Convenci\u00f3n mediante programas y proyectos de asistencia t\u00e9cnica.<\/font><\/p>\n

8. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el prop\u00f3sito de impulsar, a trav\u00e9s de dicha Oficina, programas y proyectos en los pa\u00edses en desarrollo con miras a aplicar la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 61.<\/b> RECOPILACI\u00d3N, INTERCAMBIO Y AN\u00c1LISIS DE <\/font> <\/A>INFORMACI\u00d3N SOBRE LA CORRUPCI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de analizar; en consulta con expertos, las tendencias de la corrupci\u00f3n en su territorio, as\u00ed como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Los Estados Parte considerar\u00e1n la posibilidad de desarrollar y compartir, entre s\u00ed y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estad\u00edsticas, experiencia anal\u00edtica acerca de la corrupci\u00f3n e informaci\u00f3n con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodolog\u00edas comunes, as\u00ed como informaci\u00f3n sobre las pr\u00e1cticas \u00f3ptimas para prevenir y combatir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte considerar\u00e1 la posibilidad de vigilar sus pol\u00edticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupci\u00f3n y de evaluar su eficacia y eficiencia.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 62.<\/b> OTRAS MEDIDAS: APLICACI\u00d3N DE LA CONVENCI\u00d3N <\/font> <\/A>MEDIANTE EL DESARROLLO ECON\u00d3MICO Y LA ASISTENCIA T\u00c9CNICA.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Los Estados Parte adoptar\u00e1n disposiciones conducentes a la aplicaci\u00f3n \u00f3ptima de la presente Convenci\u00f3n en la medida de lo posible, mediante la cooperaci\u00f3n internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupci\u00f3n en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.<\/font><\/p>\n

2. Los Estados Parte har\u00e1n esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre s\u00ed, as\u00ed como con organizaciones internacionales y regionales; por:<\/font><\/p>\n

a) Intensificar su cooperaci\u00f3n en los diversos planos con los pa\u00edses en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos pa\u00edses para prevenir y combatir la corrupci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los pa\u00edses en desarrollo para prevenir y combatir la corrupci\u00f3n con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) Prestar asistencia t\u00e9cnica a los pa\u00edses en desarrollo y a los pa\u00edses con econom\u00edas en transici\u00f3n para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n. A tal fin, los Estado s Parte procurar\u00e1n hacer contribuciones voluntarias adecuadas y peri\u00f3dicas a una cuenta espec\u00edficamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiaci\u00f3n de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la Convenci\u00f3n, los Estados Parte podr\u00e1n tambi\u00e9n dar consideraci\u00f3n especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convenci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, seg\u00fan proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente art\u00edculo, en particular proporcionando un mayor n\u00famero de programas de capacitaci\u00f3n y equipo moderno a los pa\u00edses en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. En lo posible, estas medidas no menoscabar\u00e1n los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperaci\u00f3n financiera en los \u00e1mbitos bilateral, regional o internacional.<\/font><\/p>\n

4. Los Estados Parte podr\u00e1n celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y log\u00edstica, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperaci\u00f3n internacional prevista en la presente Convenci\u00f3n y para prevenir, detectar y combatir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO VII.<\/font><\/A><\/p>\n

MECANISMOS DE APLICACI\u00d3N<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 63. <\/b>CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE EN LA <\/font> <\/A>CONVENCI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Se establecer\u00e1 una Conferencia de los Estados Parte en la Convenci\u00f3n a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperaci\u00f3n entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convenci\u00f3n y promover y examinar su aplicaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocar\u00e1 la Conferencia de los Estados Parte a m\u00e1s tardar un a\u00f1o despu\u00e9s de la entrada en vigor de la presente Convenci\u00f3n. Posteriormente se celebrar\u00e1n reuniones peri\u00f3dicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.<\/font><\/p>\n

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobar\u00e1 el reglamento y las normas que rijan la ejecuci\u00f3n de las actividades enunciadas en el presente art\u00edculo, incluidas las normas relativas a la admisi\u00f3n y la participaci\u00f3n de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realizaci\u00f3n de esas actividades.<\/font><\/p>\n

4. La Conferencia de los Estados Parte concertar\u00e1 actividades, procedimientos y m\u00e9todos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, y en particular:<\/font><\/p>\n

a) Facilitar\u00e1 las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los art\u00edculos 60 y 62 y a los Cap\u00edtulos II a V de la presente Convenci\u00f3n, incluso promoviendo la aportaci\u00f3n de contribuciones voluntarias;<\/font><\/p>\n

b) Facilitar\u00e1 el intercambio de informaci\u00f3n entre los Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupci\u00f3n y sobre pr\u00e1cticas eficaces para prevenirla y combatirla, as\u00ed como para la restituci\u00f3n del producto del delito, mediante, entre otras cosas, la publicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n pertinente mencionada en el presente art\u00edculo;<\/font><\/p>\n

c) Cooperar\u00e1 con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;<\/font><\/p>\n

d) Aprovechar\u00e1 adecuadamente la informaci\u00f3n pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la corrupci\u00f3n a fin de evitar una duplicaci\u00f3n innecesaria de actividades;<\/font><\/p>\n

e) Examinar\u00e1 peri\u00f3dicamente la aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n por sus Estados Parte;<\/font><\/p>\n

f) Formular\u00e1 recomendaciones para mejorar la presente Convenci\u00f3n y su aplicaci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

g) Tomar\u00e1 nota de las necesidades de asistencia t\u00e9cnica de los Estados Parte con respecto a la aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n y recomendar\u00e1 las medidas que considere necesarias al respecto.<\/font><\/p>\n

5. A los efectos del p\u00e1rrafo 4o del presente art\u00edculo, la Conferencia de los Estados Parte obtendr\u00e1 el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n por conducto de la informaci\u00f3n que ellos le faciliten y de los dem\u00e1s mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.<\/font><\/p>\n

6. Cada Estado Parte proporcionar\u00e1 a la Conferencia de los Estados Parte informaci\u00f3n sobre sus programas, planes y pr\u00e1cticas, as\u00ed como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convenci\u00f3n, seg\u00fan lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratar\u00e1 de determinar la manera m\u00e1s eficaz de recibir y procesar la informaci\u00f3n, incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. Tambi\u00e9n se podr\u00e1n considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.<\/font><\/p>\n

7. En cumplimiento de los p\u00e1rrafos 4 a 6 del presente art\u00edculo, la Conferencia de los Estados Parte establecer\u00e1, si lo considera necesario, un mecanismo u \u00f3rgano apropiado para apoyar la aplicaci\u00f3n efectiva de la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 64.<\/b> SECRETAR\u00cdA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestar\u00e1 los servicios de secretar\u00eda necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. La secretar\u00eda:<\/font><\/p>\n

a) Prestar\u00e1 asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realizaci\u00f3n de las actividades enunciadas en el art\u00edculo 63 de la presente Convenci\u00f3n y organizar\u00e1 los per\u00edodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionar\u00e1 los servicios necesarios;<\/font><\/p>\n

b) Prestar\u00e1 asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de informaci\u00f3n a la Conferencia de los Estados Parte seg\u00fan lo previsto en los p\u00e1rrafos 5 y 6 del art\u00edculo 63 de la presente Convenci\u00f3n; y<\/font><\/p>\n

c) Velar\u00e1 por la coordinaci\u00f3n necesaria con las secretar\u00edas de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO VIII.<\/font><\/A><\/p>\n

DISPOSICIONES FINALES<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 65. <\/b>APLICACI\u00d3N DE LA CONVENCI\u00d3N.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cada Estado Parte adoptar\u00e1, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Cada Estado Parte podr\u00e1 adoptar medidas m\u00e1s estrictas o severas que las previstas en la presente Convenci\u00f3n a fin de prevenir y combatir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 66. <\/b>SOLUCI\u00d3N DE CONTROVERSIAS.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Los Estados Parte procurar\u00e1n solucionar toda controversia relacionada con la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n mediante la negociaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Toda controversia entre dos o m\u00e1s Estados Parte acerca de la interpretaci\u00f3n o la aplicaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n que no pueda resolverse mediante la negociaci\u00f3n dentro de un plazo razonable deber\u00e1, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses despu\u00e9s de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organizaci\u00f3n del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podr\u00e1 remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.<\/font><\/p>\n

3. Cada Estado Parte podr\u00e1, en el momento de la firma, ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de la presente Convenci\u00f3n o de la adhesi\u00f3n a ella, declarar que no se considera vinculado por el p\u00e1rrafo 2o del presente art\u00edculo. Los dem\u00e1s Estados Parte no quedar\u00e1n vinculados por el p\u00e1rrafo 2o del presente art\u00edculo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.<\/font><\/p>\n

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el p\u00e1rrafo 3o del presente art\u00edculo podr\u00e1 en cualquier momento retirar esa reserva notific\u00e1ndolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 67. <\/b>FIRMA, RATIFICACI\u00d3N, ACEPTACI\u00d3N, APROBACI\u00d3N Y <\/font> <\/A>ADHESI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. La presente Convenci\u00f3n estar\u00e1 abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en M\u00e9rida, M\u00e9xico, y despu\u00e9s de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005.<\/font><\/p>\n

2. La presente Convenci\u00f3n tambi\u00e9n estar\u00e1 abierta a la firma de las organizaciones regionales de integraci\u00f3n econ\u00f3mica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convenci\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

3. La presente Convenci\u00f3n estar\u00e1 sujeta a ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n. Los instrumentos de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n se depositar\u00e1n en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integraci\u00f3n econ\u00f3mica podr\u00e1n depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n, esas organizaciones declarar\u00e1n el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convenci\u00f3n. Dichas organizaciones comunicar\u00e1n tambi\u00e9n al depositario cualquier modificaci\u00f3n pertinente del alcance de su competencia.<\/font><\/p>\n

4. La presente Convenci\u00f3n estar\u00e1 abierta a la adhesi\u00f3n de todos los Estados u organizaciones regionales de integraci\u00f3n econ\u00f3mica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea parte en la presente Convenci\u00f3n. Los instrumentos de adhesi\u00f3n se depositar\u00e1n en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesi\u00f3n, las organizaciones regionales de integraci\u00f3n econ\u00f3mica declarar\u00e1n el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convenci\u00f3n. Dichas organizaciones comunicar\u00e1n tambi\u00e9n al depositario cualquier modificaci\u00f3n pertinente del alcance de su competencia.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 68.<\/b> ENTRADA EN VIGOR.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. La presente Convenci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor el nonag\u00e9simo d\u00eda despu\u00e9s de la fecha en que se haya depositado el trig\u00e9simo instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n. A los efectos d el presente p\u00e1rrafo, los instrumentos depositados por una organizaci\u00f3n regional de integraci\u00f3n econ\u00f3mica no se considerar\u00e1n adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Para cada Estado u organizaci\u00f3n regional de integraci\u00f3n econ\u00f3mica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convenci\u00f3n o se adhiera a ella despu\u00e9s de haberse depositado el trig\u00e9simo instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, la presente Convenci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor el trig\u00e9simo d\u00eda despu\u00e9s de la fecha en que ese Estado u organizaci\u00f3n haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo, si esta es posterior.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 69.<\/b> ENMIENDA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Cuando hayan transcurrido cinco a\u00f1os desde la entrada en vigor de la presente Convenci\u00f3n, los Estados Parte podr\u00e1n proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuaci\u00f3n comunicar\u00e1 toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convenci\u00f3n para que la examinen y adopten una decisi\u00f3n al respecto. La Conferencia de los Estados Parte har\u00e1 todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobaci\u00f3n de la enmienda exigir\u00e1, en \u00faltima instancia, una mayor\u00eda de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reuni\u00f3n de la Conferencia de los Estados Parte.<\/font><\/p>\n

2. Las organizaciones regionales de integraci\u00f3n econ\u00f3mica, en asuntos de su competencia, ejercer\u00e1n su derecho de voto con arreglo al presente art\u00edculo con un n\u00famero de votos igual al n\u00famero de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convenci\u00f3n. Dichas organizaciones no ejercer\u00e1n su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.<\/font><\/p>\n

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo estar\u00e1 sujeta a ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n por los Estados Parte.<\/font><\/p>\n

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el p\u00e1rrafo 1o del presente art\u00edculo entrar\u00e1 en vigor respecto de un Estado Parte noventa d\u00edas despu\u00e9s de la fecha en que este deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de esa enmienda.<\/font><\/p>\n

5. Cuando una enmienda entre en vigor, ser\u00e1 vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los dem\u00e1s Estados Parte quedar\u00e1n sujetos a las disposiciones de la presente Convenci\u00f3n, as\u00ed como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 70.<\/b> DENUNCIA.<\/font><\/A> <\/p>\n

1. Los Estados Parte podr\u00e1n denunciar la presente Convenci\u00f3n mediante notificaci\u00f3n escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtir\u00e1 efecto un a\u00f1o despu\u00e9s de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Las organizaciones regionales de integraci\u00f3n econ\u00f3mica dejar\u00e1n de ser Partes en la presente Convenci\u00f3n cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 71.<\/b> DEPOSITARIO E IDIOMAS.<\/font><\/A> <\/p>\n

1 El Secretario General de las Naciones Unidas ser\u00e1 el depositario de la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. El original de la presente Convenci\u00f3n, cuyo texto en \u00e1rabe, chino, espa\u00f1ol, franc\u00e9s, ingl\u00e9s y ruso es igualmente aut\u00e9ntico, se depositar\u00e1 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<\/font><\/p>\n

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> I hereby certify that the foregoingJe certifie que le texte qui pr\u00e9c\u00e9de est<\/font> text is a true copy in the Arabic,la copie conforme en langues anglaise,<\/font> Chinese, English, French, Russian and arabe, chinoise, espagnol, fran\u00e7aise et<\/font> Spanish languages of the United Nationsrusse de la Convention des Nations Unies<\/font> Convention Against Corruption, adoptedcontre la corruption, <\/font> <\/p>\n

adopt\u00e9e par by the General Assembly of thela Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9ral des Nations Unies \u00e1 United Nations in New York on New York le 31 octobre 2003.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> 31 October 2003.<\/font> For the Secretary-General,Pour le Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral,<\/font> The Legal CounselLe Conseiller juridique<\/font> (Under-Secretary-General(Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral adjoint for Legal Affairs) aux affaires juridiques)<\/font> Hans Corell<\/font> United Nations Organisation des Nations Unies<\/font><\/p>\n

New York, le 11 novembre 2003   New York, 11 November 2003 <\/font> <\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., 2 de marzo de 2004<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Aprobada. Som\u00e9tase a la consideraci\u00f3n del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

(FDO.) \u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

(Fdo.) Carolina Barco Isakson.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

DECRETA:<\/font><\/b><\/p>\n

Art\u00edculo 1o.<\/b> Apru\u00e9base la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 2o.<\/b> De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 7\u00aa de 1944, la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, que por el art\u00edculo primero de esta ley se aprueba, obligar\u00e1 al pa\u00eds a partir de la fecha en que se perfeccione el v\u00ednculo internacional respecto de la misma.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 3o. <\/b>La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n.<\/font>
 <\/DIV> <\/p>\n

Dada en Bogot\u00e1, D. C., a…<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Presentado al honorable Congreso de la Rep\u00fablica por los suscritos Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Ministro del Interior y de Justicia,<\/font><\/p>\n

Sabas Pretelt de la Vega.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

Carolina Barco Isakson.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV>

 <\/DIV> <\/p>\n

EXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOS<\/font><\/b><\/p>\n

Honorables Senadores y Representantes:<\/font><\/b> <\/p>\n

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los art\u00edculos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, presentamos a consideraci\u00f3n del honorable Congreso de la Rep\u00fablica el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Consideraciones previas<\/font><\/b> <\/p>\n

En el marco de la Conferencia Pol\u00edtica de Alto Nivel, celebrada en M\u00e9rida, M\u00e9xico, entre el 9 y el 11 de diciembre de 2003, 95 de los 109 Estados participantes -entre ellos Colombia- firmaron la Convenci\u00f3n, dando un significativo paso en la adopci\u00f3n de medidas concretas para combatir la corrupci\u00f3n en el \u00e1mbito universal.<\/font><\/p>\n

Colombia se encuentra comprometida en la campa\u00f1a mundial de lucha contra la corrupci\u00f3n y por esa raz\u00f3n ha venido apoyando las acciones que la comunidad internacional ha juzgado pertinente emprender en diversos \u00e1mbitos. A escala regional, Colombia es Estado Parte en la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n, del 29 de marzo de 1996, y tuvo una participaci\u00f3n constructiva en la elaboraci\u00f3n de este nuevo instrumento jur\u00eddico multilateral de car\u00e1cter global.<\/font><\/p>\n

Teniendo en cuenta la prioridad que ha asignado el Gobierno del Presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez a la lucha contra la corrupci\u00f3n y la importancia que tiene para la comunidad internacional el contar con la aplicaci\u00f3n de este instrumento, se considera prioritario ratificarlo a la brevedad posible, ya que su art\u00edculo 68 establece que entrar\u00e1 en vigor 90 d\u00edas despu\u00e9s del dep\u00f3sito del trig\u00e9simo instrumento de ratificaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, adhesi\u00f3n o aceptaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Generalidades<\/font><\/b> <\/p>\n

La lucha contra la corrupci\u00f3n dej\u00f3 de ser un tema m\u00e1s en la agenda de la comunidad internacional para convertirse en una realidad a trav\u00e9s de este importante instrumento. Su trascendencia fue brillantemente plasmada por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, en palabras pronunciadas ante la Asamblea General, se\u00f1alando que hrefx="La Convenci\u00f3n cambiar\u00e1 positivamente la vida de millones de personas ya que constituye un avance en el compromiso global de lucha contra la corrupci\u00f3n, mal end\u00e9mico que afecta a todas las sociedades e incluso es percibido como el desencadenante de tantos otros males para las sociedades".<\/font><\/p>\n

Colombia particip\u00f3 activamente en la elaboraci\u00f3n de esta importante herramienta de cooperaci\u00f3n internacional. Cuando se negociaba la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, nuestra delegaci\u00f3n present\u00f3 una propuesta completa que buscaba ampliar el tema de la corrupci\u00f3n hacia otras conductas distintas a la del soborno; lo cual dio origen a una serie de resoluciones que en el seno de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Delito y Justicia Penal de la ONU fueron aprobadas para allanar el camino hacia la creaci\u00f3n del Comit\u00e9 Especial que negoci\u00f3 esta Convenci\u00f3n. De la misma manera, la delegaci\u00f3n colombiana particip\u00f3 activamente en el Grupo de Expertos encargado de establecer el mandato de negociaci\u00f3n y en la Reuni\u00f3n Preparatoria llevada a cabo en Buenos Aires, donde Colombia present\u00f3 un proyecto completo que fue sometido a consideraci\u00f3n del Comit\u00e9.<\/font><\/p>\n

Gracias a ese liderazgo, Colombia fue elegido para ocupar la Presidencia, en cabeza del internacionalista H\u00e9ctor Charry Samper, cuyo deceso no dejamos de lamentar. Colombia, junto con M\u00e9xico y el Reino de los Pa\u00edses Bajos, fueron los precursores del proyecto, al someter una propuesta completa a la consideraci\u00f3n de los Estados en la reuni\u00f3n preparatoria llevada a cabo en Buenos Aires, la cual sent\u00f3 las bases para las deliberaciones.<\/font><\/p>\n

Este ha sido el fin de un gran proceso de negociaci\u00f3n, que se recordar\u00e1 con una participaci\u00f3n muy activa por parte de Colombia. Al mismo tiempo se trata del inicio de una segunda etapa: lograr su entrada en vigor a la brevedad posible y, lo m\u00e1s importante, propiciar el que sus disposiciones se pongan en pr\u00e1ctica.<\/font><\/p>\n

A Colombia le corresponde continuar con el impulso demostrado durante de las negociaciones e iniciar cuanto antes el proceso interno de ratificaci\u00f3n con miras a ser uno de los primeros Estados Parte en la Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Principales aspectos regulados por la Convenci\u00f3n<\/font><\/b> <\/p>\n

Sin pretender desconocer la importancia de todas y cada una de las disposiciones contenidas en este instrumento, nos permitimos resaltar a continuaci\u00f3n algunas de las principales normas, varias de las cuales fueron impulsadas o apoyadas por Colombia:<\/font><\/p>\n

– La Convenci\u00f3n cuenta con un pre\u00e1mbulo amplio en el que se resalta la gravedad del problema de la corrupci\u00f3n y la amenaza que plantea para la estabilidad y seguridad de las sociedades, los v\u00ednculos con otras formas de delincuencia como la organizada y la econ\u00f3mica, el reconocimiento de la responsabilidad de todos los Estados, con el apoyo de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria.<\/font><\/p>\n

– Dentro de las disposiciones generales, se plantea como finalidad de la Convenci\u00f3n la promoci\u00f3n, la facilitaci\u00f3n y el apoyo a la cooperaci\u00f3n internacional y se eleva a la categor\u00eda de objetivo la prestaci\u00f3n de asistencia t\u00e9cnica en la lucha contra la corrupci\u00f3n, incluso en la recuperaci\u00f3n de activos. Igualmente, se acepta la inclusi\u00f3n de los principios de buena gesti\u00f3n de los asuntos y los bienes p\u00fablicos, la equidad, la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, la igualdad ante la ley, as\u00ed como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

– Aunque no se defina el t\u00e9rmino "corrupci\u00f3n", se entiende que hace referencia a las conductas punibles contenidas en la Convenci\u00f3n. El t\u00e9rmino funcionario p\u00fablico se define en el sentido m\u00e1s amplio posible, incluyendo las personas que desempe\u00f1en funciones p\u00fablicas, incluso para un organismo p\u00fablico o una empresa p\u00fablica, o que preste un servicio p\u00fablico.<\/font><\/p>\n

– La Convenci\u00f3n incorpora un cap\u00edtulo dedicado a Medidas Preventivas (Cap\u00edtulo II). Se considera un cap\u00edtulo muy importante, aunque fue de dif\u00edcil negociaci\u00f3n, dada la variedad de sistemas jur\u00eddicos. Los Estados se obligan a formular, aplicar o mantener en vigor pol\u00edticas eficaces y coordinadas contra la corrupci\u00f3n, que promuevan la participaci\u00f3n de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gesti\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos y los bienes p\u00fablicos, la integridad, la transparencia y la obligaci\u00f3n de rendir cuentas y garantizar la existencia de un \u00f3rgano u \u00f3rganos encargados de prevenir la corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

– Igualmente, se comprometen a adoptar sistemas de Carrera que comprendan la convocatoria, contrataci\u00f3n, retenci\u00f3n, promoci\u00f3n y jubilaci\u00f3n de empleados p\u00fablicos, basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el m\u00e9rito, la equidad y la aptitud.<\/font><\/p>\n

– Se contempla la aplicaci\u00f3n de c\u00f3digos de conducta para funcionarios p\u00fablicos, la adopci\u00f3n de medidas para la transparencia en la contrataci\u00f3n y gesti\u00f3n de la hacienda p\u00fablica, la adopci\u00f3n de medidas para aumentar la transparencia en la administraci\u00f3n p\u00fablica (simplificaci\u00f3n de procedimientos administrativos, publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n), la adopci\u00f3n de medidas para reforzar la integridad de los miembros del poder judicial, al igual que del Ministerio P\u00fablico.<\/font><\/p>\n

– As\u00ed mismo, se incluye al sector privado, contempl\u00e1ndose la adopci\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n, mejoras en las normas contables y de auditoria y la sugerencia colombiana de adoptar c\u00f3digos de \u00e9tica para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones; para la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses; para la promoci\u00f3n del uso de buenas pr\u00e1cticas comerciales entre las empresas; para regular las relaciones contractuales de las empresas con el Estado y para prever sanciones civiles, administrativas o penales en caso de incumplimiento de esas medidas. Es de destacarse, en este \u00faltimo asunto, la denegaci\u00f3n de deducci\u00f3n tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, siendo esta una de las conductas tipificadas en la Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

Igualmente, en este cap\u00edtulo se plantea la adopci\u00f3n de medidas adecuadas para fomentar la participaci\u00f3n de la sociedad civil y para prevenir el blanqueo de dinero.<\/font><\/p>\n

– La Convenci\u00f3n cuenta con un cap\u00edtulo sobre Penalizaci\u00f3n, sanciones y reparaciones, decomiso e incautaci\u00f3n, jurisdicci\u00f3n, responsabilidad de las personas jur\u00eddicas, protecci\u00f3n de testigos y v\u00edctimas y aplicaci\u00f3n de la ley, en el cual se tipifican las siguientes conductas: el soborno (tanto de funcionarios p\u00fablicos nacionales, como de funcionarios extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales p\u00fablicas), la malversaci\u00f3n o peculado, la ocultaci\u00f3n, el abuso de funciones, el soborno en el sector privado, la malversaci\u00f3n o peculado de bienes en el sector privado, el blanqueo del producto del delito y la obstrucci\u00f3n de la justicia. Es de destacar como logro la inclusi\u00f3n en la Convenci\u00f3n de conductas como el enriquecimiento il\u00edcito y el tr\u00e1fico de influencias, asuntos en los cuales insisti\u00f3 Colombia, a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de propuestas para su definici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

As\u00ed mismo, en este cap\u00edtulo se contempla la adopci\u00f3n de medidas para autorizar el embargo preventivo, la incautaci\u00f3n y el decomiso del producto de delitos comprendidos en la Convenci\u00f3n (o de sus bienes transformados, o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto) y de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisi\u00f3n de dichos delitos. Consideramos de importancia la inclusi\u00f3n de un art\u00edculo de este tenor, ya que establece una herramienta fundamental para la sanci\u00f3n de los corruptos y para la futura recuperaci\u00f3n de los bienes.<\/font><\/p>\n

En cuanto al secreto bancario, el cap\u00edtulo incluye un art\u00edculo separado en el que establece que cada Estado Parte debe velar por la existencia de mecanismos apropiados para salvar todo obst\u00e1culo que pueda surgir como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n relativa al secreto bancario. Aunque se hubiera preferido un art\u00edculo m\u00e1s contundente que prohibiese el secreto bancario, la sola inclusi\u00f3n de este asunto en la Convenci\u00f3n es un avance.<\/font><\/p>\n

En este mismo cap\u00edtulo hay un art\u00edculo sobre las consecuencias de los actos de corrupci\u00f3n, en el cual se establece la adopci\u00f3n de medidas para eliminar sus consecuencias, de forma tal que la corrupci\u00f3n se pueda considerar como un factor pertinente en procedimientos jur\u00eddicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o revocar una concesi\u00f3n u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva. Estimamos que este art\u00edculo tambi\u00e9n es de importancia, ya que la corrupci\u00f3n en la contrataci\u00f3n y la concesi\u00f3n son pr\u00e1cticas comunes.<\/font><\/p>\n

– La Convenci\u00f3n cuenta con un cap\u00edtulo dedicado a la Cooperaci\u00f3n Internacional, en el cual se establece la extradici\u00f3n (incluso en ausencia de la doble incriminaci\u00f3n, estando sujeta esta a la legislaci\u00f3n del Estado Parte requerido), la asistencia judicial rec\u00edproca, la cooperaci\u00f3n en materia de cumplimiento de la ley y las investigaciones conjuntas.<\/font><\/p>\n

– Otro cap\u00edtulo de la Convenci\u00f3n est\u00e1 dedicado al tema de la Recuperaci\u00f3n de Activos, cuya inclusi\u00f3n se logr\u00f3 a instancias de Colombia. Este hecho puede considerarse una conquista de los pa\u00edses en desarrollo, m\u00e1s cuando la cooperaci\u00f3n y la asistencia entre Estados a este respecto se eleva a la categor\u00eda de principio fundamental de la Convenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

En este cap\u00edtulo se incluyen la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de las transferencias de activos il\u00edcitamente adquiridos, medidas para la recuperaci\u00f3n directa de bienes, mecanismos para la recuperaci\u00f3n de bienes mediante la cooperaci\u00f3n internacional para fines de decomiso, la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales para aumentar la eficacia de la cooperaci\u00f3n internacional prestada de conformidad con este cap\u00edtulo y, lo m\u00e1s importante, la restituci\u00f3n y disposici\u00f3n de activos.<\/font><\/p>\n

– La Convenci\u00f3n cuenta con un cap\u00edtulo sobre asistencia t\u00e9cnica e intercambio de informaci\u00f3n, en el que se establece la recopilaci\u00f3n, intercambio y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n sobre la corrupci\u00f3n; capacitaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica y otras medidas para la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n mediante el desarrollo econ\u00f3mico y la asistencia t\u00e9cnica.<\/font><\/p>\n

– Para lograr un adecuado seguimiento a la aplicaci\u00f3n, la Convenci\u00f3n establece la Conferencia de los Estados Parte, la cual se convocar\u00e1 al a\u00f1o de la entrada en vigor de la Convenci\u00f3n y tendr\u00e1 como una de sus funciones examinar peri\u00f3dicamente la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n por sus Estados Parte. La Secretar\u00eda de las Naciones Unidas prestar\u00e1 los servicios de secretar\u00eda a la Conferencia de los Estados Parte. Vale la pena tener en cuenta las disposiciones de este cap\u00edtulo, ya que se deber\u00e1, en el caso de que as\u00ed lo decida el Gobierno Nacional, ratificar la Convenci\u00f3n lo antes posible si se quiere participar en las decisiones que tome la Conferencia de los Estados Parte.<\/font><\/p>\n

– Por \u00faltimo, se cuenta con un cap\u00edtulo sobre Disposiciones finales (Cap\u00edtulo VIII), propio de todo instrumento internacional, del cual resaltamos que establece la entrada en vigor de la Convenci\u00f3n luego del dep\u00f3sito del trig\u00e9simo instrumento de ratificaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Consideraciones finales<\/font><\/b> <\/p>\n

La Convenci\u00f3n que se somete en esta ocasi\u00f3n a la consideraci\u00f3n del honorable Congreso de la Rep\u00fablica constituye un valioso instrumento jur\u00eddico internacional adoptado por los Estados en el marco de la lucha contra la corrupci\u00f3n. Es, adem\u00e1s, el \u00fanico de su g\u00e9nero que tiene un \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n universal.<\/font><\/p>\n

Es por esta raz\u00f3n que el Gobierno Nacional en esta oportunidad ha decidido someterlo a consideraci\u00f3n del \u00d3rgano Legislativo para su aprobaci\u00f3n, como parte de las medidas que debe tomar el Estado colombiano para sumarse a los esfuerzos internacionales de combate al fen\u00f3meno de la corrupci\u00f3n y para adecuar la legislaci\u00f3n nacional a los est\u00e1ndares internacionales sobre la materia. El Gobierno conf\u00eda en que este importante instrumento contar\u00e1 con la aprobaci\u00f3n de las honorables C\u00e1maras Legislativas, de manera que en un futuro cercano nuestro pa\u00eds est\u00e9 en capacidad de convertirse en Parte del mismo y, preferiblemente, como uno de los primeros treinta pa\u00edses en ratificarlo, gracias a los cuales la Convenci\u00f3n pueda entrar en vigor.<\/font><\/p>\n

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministro del Interior y de Justicia y la Ministra de Relaciones Exteriores, solicita al honorable Congreso Nacional aprobar la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

De los honorables Congresistas,<\/font><\/p>\n

El Ministro del Interior y de Justicia,<\/font><\/p>\n

Sabas Pretelt de la Vega.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

Carolina Barco Isakson.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

LEY 424 DE 1998<\/font><\/b><\/p>\n

(enero 13)<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  suscritos por Colombia.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Congreso de Colombia<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

DECRETA:<\/font><\/b><\/p>\n

Art\u00edculo 1o.<\/b> El Gobierno Nacional a trav\u00e9s de la Canciller\u00eda presentar\u00e1 anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y C\u00e1mara y dentro de los primeros treinta d\u00edas calendario posteriores al per\u00edodo legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de c\u00f3mo se est\u00e1n cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 2o. <\/b>Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladar\u00e1 la informaci\u00f3n pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este a las Comisiones Segundas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 3o.<\/b> El texto completo de la presente ley se incorporar\u00e1 como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideraci\u00f3n del Congreso.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 4o. <\/b>La presente ley rige a partir de su promulgaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Presidente del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/p>\n

Amylkar Acosta Medina.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/p>\n

Pedro Pumarejo Vega.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/p>\n

Carlos Ardila Ballesteros.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/p>\n

Diego Vivas Tafur.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Publ\u00edquese y ejec\u00fatese.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Dada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D. C., a 13 de enero de 1998.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

ERNESTO SAMPER PIZANO<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

Mar\u00eda Emma Mej\u00eda V\u00e9lez.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<\/font><\/p>\n

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., 2 de marzo de 2004<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Aprobada. Som\u00e9tase a la consideraci\u00f3n del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

(FDO.) \u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

(Fdo.) Carolina Barco Isakson.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

DECRETA<\/b>:<\/font><\/p>\n

Art\u00edculo 1o. <\/b>Apru\u00e9base la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 2o. <\/b>De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 7\u00aa de 1944, la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, que por el art\u00edculo primero de esta ley se aprueba, obligar\u00e1 al pa\u00eds a partir de la fecha en que se perfeccione el v\u00ednculo internacional respecto de la misma.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 3o.<\/b> La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Presidente del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/p>\n

Lu\u00eds Humberto G\u00f3mez Gallo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/p>\n

Emilio Ram\u00f3n Otero Dajud.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Presidenta de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/p>\n

Zulema Jattin Corrales.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/p>\n

Angelino Lizcano Rivera.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Comun\u00edquese y c\u00famplase.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Ejec\u00fatese, previa revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, conforme al art\u00edculo 241-10 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Dada en Bogot\u00e1, D. C., a 13 de julio de 2005.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales, conforme al Decreto n\u00famero 2317<\/a><\/b> del 8 de julio de 2005,<\/font><\/p>\n

Sabas Pretelt de la Vega.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Ministro del Interior y de Justicia,<\/font><\/p>\n

Sabas Pretelt de la Vega.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

Jaime Gir\u00f3n Duarte.<\/font><\/p>\n

 <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 970 DE 2005   LEY 970 DE 2005 (julio 13) Diario Oficial No. 45.970 de 15 de julio de 2005 Por medio de la cual se aprueba la "Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-1042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2005"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}