{"id":1084,"date":"2020-11-24T19:24:05","date_gmt":"2020-11-24T19:24:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1017-de-2006\/"},"modified":"2020-11-24T19:24:05","modified_gmt":"2020-11-24T19:24:05","slug":"ley-1017-de-2006","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1017-de-2006\/","title":{"rendered":"LEY 1017 DE 2006"},"content":{"rendered":"

LEY 1017 DE 2006 <\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

<\/font><\/b><\/p>\n

LEY 1017 DE 2006<\/font><\/b><\/p>\n

(febrero 27)<\/font><\/b><\/p>\n

Diario Oficial No. 46.195 de 27 de febrero de 2006<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA<\/font><\/b><\/p>\n

Por medio de la cual se aprueba el \u201cConvenio sobre Blanqueo, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito\u201d, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Resumen de Notas de Vigencia*<\/b><\/font><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
NOTAS DE VIGENCIA:<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
– Convenio y ley aprobatoria declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia<\/font>C-931-07<\/a><\/font><\/b> de 8 de noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Adicionalmente establece el fallo:<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
"<\/font><\/i>Tercero.- Disponer<\/font><\/i><\/b> que el Presidente de la Rep\u00fablica, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por este Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido que el Gobierno de Colombia interpreta que el t\u00e9rmino \u201cconfiscaci\u00f3n\u201d contenido en este Convenio no se aplica al despojo de bienes l\u00edcitos impuesto por razones pol\u00edticas, que es la pena prohibida por el art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, sino que est\u00e1 referido al procedimiento de decomiso previsto en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, en respeto de las garant\u00edas procesales, y al procedimiento de extinci\u00f3n de dominio conforme a lo previsto en la ley colombiana. <\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n
Cuarto.- <\/font><\/i><\/b>Disponer que el presidente de la Rep\u00fablica al manifestar su consentimiento en obligarse internacionalmente por este Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido que la aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 4\u00ba requiere de autorizaci\u00f3n judicial previa, cuando exista una norma jur\u00eddica que as\u00ed lo establezca. <\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n
Quinto.- Disponer <\/font><\/i><\/b>que el Presidente de la Rep\u00fablica, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido de advertir que el art\u00edculo 14-2 podr\u00e1 aplicarse sobre la base del respeto de los principios constitucionales vigentes, especialmente, de los derivados del debido proceso.  <\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n
Sexto.- Disponer <\/font><\/i><\/b>que el Presidente de la Rep\u00fablica, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido de advertir que la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 17 del referido Convenio opera a pesar de la especificaci\u00f3n en contrario de la parte solicitante. ".<\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n
– Mediante Auto 311 de 2006, seg\u00fan Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 8 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. la Corte Constitucional devuelve a la C\u00e1mara de Representantes la Ley con el fin de que tramite el saneamiento del vicio de procedimiento detectado en esta providencia; determina los plazos. En la decisi\u00f3n del Auto se establece:<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
"<\/font>Primero.-<\/font><\/b>Por Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional <\/font>devu\u00e9lvase <\/font><\/b>a la Presidencia de la C\u00e1mara de Representantes, la Ley 1017 de 2006<\/b> <\/font>\u201cpor medio de la cual se aprueba<\/font><\/i> <\/font>\u201cEl Convenio sobre blanqueo, detecci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de los productos de un delito\u201d, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990\u201d, <\/font><\/i>con el fin de que tramite el saneamiento del vicio de procedimiento detectado en esta providencia.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
"Segundo.- <\/font><\/b>Conc\u00e9dase a la Comisi\u00f3n Segunda Constitucional Permanente de la C\u00e1mara de Representantes el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este auto en la Presidencia de la misma, para que subsane el vicio detectado en esta providencia. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
"Tercero.- <\/font><\/b>Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la C\u00e1mara de Representantes dispondr\u00e1 hasta el 20 de junio de 2007, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo. Luego, el Presidente de la Rep\u00fablica tendr\u00e1 el plazo establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
"Cuarto.- <\/font><\/b>Una vez cumplido el tr\u00e1mite anterior, el Presidente del Congreso remitir\u00e1 a la Corte la Ley 1017 de 2006<\/b>, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad."<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA<\/font><\/b> <\/p>\n

Visto el texto del \u201cConvenio sobre Blanqueo, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito\u201d, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, que a la letra dice:<\/font><\/p>\n

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto \u00edntegro del Instrumento Internacional mencionado).<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> PROYECTO DE LEY NUMERO 245 DE 2005 SENADO<\/font><\/b> <\/p>\n

por medio de la cual se aprueba el \u201cConvenio sobre Blanqueo, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito\u201d,
hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA<\/font><\/b> <\/p>\n

Visto el texto del \u201cConvenio sobre Blanqueo, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito\u201d, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.<\/font><\/p>\n

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto \u00edntegro del Instrumento Internacional mencionado).<\/font><\/p>\n

Serie de Tratados Europeos n\u00famero 141.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CONVENIO SOBRE BLANQUEO, DETECCI\u00d3N, EMBARGO Y CONFISCACI\u00d3N DE LOS PRODUCTOS DE UN DELITO<\/font><\/b><\/p>\n

Estrasburgo, consejo de Europa, Servicio de Ediciones y Documentaci\u00f3n Edici\u00f3n diciembre de 1990.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> PRE\u00c1MBULO<\/font><\/b> <\/p>\n

Los Estados Miembros del Consejo de Europa y el resto de los Estados firmantes del presente;<\/font><\/p>\n

Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es conseguir una mayor unidad entre sus miembros;<\/font><\/p>\n

Convencidos de la necesidad de perseguir una pol\u00edtica criminal com\u00fan, encaminada a la protecci\u00f3n de la sociedad;<\/font><\/p>\n

Considerando que la lucha contra los delitos graves, que se ha convertido progresivamente en un problema internacional, exige el uso de m\u00e9todos modernos y efectivos a escala internacional;<\/font><\/p>\n

Creyendo que uno de dichos m\u00e9todos es el privar a los delincuentes de los productos del delito;<\/font><\/p>\n

Considerando que para alcanzar este objetivo es tambi\u00e9n necesario establecer un sistema de cooperaci\u00f3n internacional que tenga un buen funcionamiento,<\/font><\/p>\n

Han acordado lo siguiente:<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO<\/font><\/b> I. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

USO DE LOS T\u00c9RMINOS. <\/font><\/b> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 1o. <\/font><\/b> <\/A>USO DE LOS T\u00c9RMINOS. A los fines de este Convenio:<\/font><\/font> <\/p>\n

a) \u201cproductos\u201d significa cualquier ventaja econ\u00f3mica que se obtenga de la comisi\u00f3n de un delito. Puede consistir en cualquier propiedad de las definidas en el sub apartado b) de este art\u00edculo;<\/font><\/p>\n

b) \u201cpropiedad\u201d incluye la propiedad de cualquier clase, ya sea material o inmaterial, mueble o inmueble, as\u00ed como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el t\u00edtulo o cualquier inter\u00e9s sobre dicha propiedad;<\/font><\/p>\n

c) \u201cinstrumentos\u201d significa cualquier propiedad utilizada o que se pretenda utilizar, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para cometer un delito o delitos;<\/font><\/p>\n

d) \u201cconfiscaci\u00f3n\u201d significa una pena o medida, ordenada por un Tribunal tras un procedimiento judicial relacionado con un delito o delitos, que finaliza con la privaci\u00f3n de la propiedad;<\/font><\/p>\n

e) \u201cdelito base\u201d significa cualquier delito como resultado del cual se han generado productos que puedan ser el objeto de un delito de los definidos en el art\u00edculo 6o de este Convenio.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO<\/font><\/b> II. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL \u00c1MBITO NACIONAL. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 2o.<\/font><\/b><\/A> MEDIDAS DE CONFISCACI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada una de las Partes adoptar\u00e1 aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para permitir la confiscaci\u00f3n de los instrumentos y productos de un delito, o de las propiedades cuyo valor corresponda a dichos productos.<\/font><\/p>\n

2. Cualquier Parte puede, en el momento de la firma o cuando deposite su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, mediante declaraci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que el apartado 1 de este art\u00edculo se aplicar\u00e1 \u00fanicamente a aquellos delitos o clases de delitos que se especifiquen en dicha declaraci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 3o. <\/font><\/b> <\/A>MEDIDAS DE INVESTIGACI\u00d3N Y PROVISIONALES.<\/font><\/font> <\/p>\n

Cada una de las Partes adoptar\u00e1 aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para permitir identificar y localizar propiedades que sean susceptibles de confiscaci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 2o apartado 1, e impedir que se comercien, transmitan o enajenen dichas propiedades.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 4o. <\/font><\/b> <\/A>PODERES Y T\u00c9CNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACI\u00d3N.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada una de las partes adoptar\u00e1 aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias en orden a facultar a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar que los archivos de un banco, financieros o comerciales sean puestos a su disposici\u00f3n o sean embargados, con el fin de llevar a cabo las acciones a que se refieren los art\u00edculos 2o y 3o. Ninguna Parte podr\u00e1 abstenerse de actuar en virtud de las disposiciones de este art\u00edculo bas\u00e1ndose en el secreto bancario.<\/font><\/p>\n

2. Cada una de las Partes tomar\u00e1 en consideraci\u00f3n la adopci\u00f3n de aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para utilizar t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n que faciliten la identificaci\u00f3n y seguimiento de los productos de un delito y la reuni\u00f3n de pruebas relacionadas con el mismo.<\/font><\/p>\n

Dichas t\u00e9cnicas podr\u00e1n incluir control de \u00f3rdenes, observaci\u00f3n, interceptaci\u00f3n de telecomunicaciones, acceso a sistemas de Ordenador y \u00f3rdenes de presentar documentos espec\u00edficos.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

*Nota jurisprudencial*<\/p>\n\n\n\n
\n

– Con respecto a este art\u00edculo, establece la Corte Constitucional mediante Sentencia <\/font>C-931-07<\/a><\/font><\/b> de 8 de noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra:<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

"Cuarto.- <\/font><\/i><\/b>Disponer que el presidente de la Rep\u00fablica al manifestar su consentimiento en obligarse internacionalmente por este Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido que la aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 4\u00ba requiere de autorizaci\u00f3n judicial previa, cuando exista una norma jur\u00eddica que as\u00ed lo establezca<\/font><\/i>."<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 5o. <\/font><\/b> <\/A>RECURSOS LEGALES.<\/font><\/font> <\/p>\n

Cada una de las Partes adoptar\u00e1 aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para asegurar que las partes interesadas afectadas por las medidas a que se refieren los art\u00edculos 2o y 3o tengan recursos legales efectivos en orden a la protecci\u00f3n de sus derechos.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 6o. <\/font><\/b> <\/A>DELITOS DE BLANQUEO.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cada una de las Partes adoptar\u00e1 aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para considerar como delitos en virtud de su derecho interno, cuando sean cometidos de forma intencionada:<\/font><\/p>\n

a) La conversi\u00f3n o transmisi\u00f3n de propiedades, con conocimiento de que dichas propiedades son producto de un delito con el prop\u00f3sito de ocultar o disfrazar el origen il\u00edcito de las mismas o de ayudar a cualquier persona que est\u00e9 implicada en la comisi\u00f3n del delito base a evadir las consecuencias legales de sus acciones;<\/font><\/p>\n

b) La ocultaci\u00f3n o disfraz de la verdadera naturaleza, origen, localizaci\u00f3n, disposici\u00f3n, movimiento, propiedad o derechos en relaci\u00f3n con propiedades, con conocimiento de que dichas propiedades son producto de un delito, y sujeta a sus principios constitucionales y a los conceptos b\u00e1sicos de su sistema jur\u00eddico;<\/font><\/p>\n

c) La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o uso de propiedades, con conocimiento de que, en el momento de su recepci\u00f3n, dichas propiedades eran producto de un delito;<\/font><\/p>\n

d) La participaci\u00f3n en asociaci\u00f3n o conspiraci\u00f3n para cometer, tentativa de cometer y ayudar, inducir o facilitar y aconsejar y cometer cualquiera de los delitos que se establezcan de acuerdo con este art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

2. A los fines de la puesta en pr\u00e1ctica o aplicaci\u00f3n del apartado 1 del presente art\u00edculo:<\/font><\/p>\n

a) Ser\u00e1 irrelevante que el delito base est\u00e9 sometido o no a la jurisdicci\u00f3n criminal de la Parte;<\/font><\/p>\n

b) podr\u00e1 disponerse que los delitos a que se refiere aquel apartado no sean de aplicaci\u00f3n a las personas que cometieron el delito base;<\/font><\/p>\n

c) El conocimiento, la intenci\u00f3n o la finalidad exigida como elemento de los delitos a que se refiere aquel apartado pueden deducirse de circunstancias objetivas, basadas en hechos.<\/font><\/p>\n

3. Cada una de las Partes podr\u00e1 adoptar aquellas medidas que considere necesarias para establecer tambi\u00e9n como delitos en virtud de su derecho interno todas o algunas de las acciones a que se refiere el apartado 1 de este art\u00edculo, en todos o algunos de los siguientes casos, cuando el delincuente:<\/font><\/p>\n

a) Deber\u00eda haber presumido que la propiedad era producto de un delito;<\/font><\/p>\n

b) Actu\u00f3 con el m\u00f3vil de obtener un beneficio;<\/font><\/p>\n

c) Actu\u00f3 con la finalidad de facilitar que se llevasen a cabo m\u00e1s actuaciones delictivas.<\/font><\/p>\n

4. Cada una de las Partes podr\u00e1, en el momento de la firma o cuando deposite su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, mediante declaraci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que el apartado 1 de este art\u00edculo se aplicar\u00e1 solamente a los delitos base o categor\u00edas de dichos delitos que se especifiquen en aquella declaraci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO<\/font><\/b> III. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 1. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

PRINCIPIOS DE COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 7o. <\/font><\/b> <\/A>PRINCIPIOS Y MEDIDAS GENERALES PARA LA COOPERACI\u00d3N INTERNACIONAL.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Las partes cooperar\u00e1n entre s\u00ed en la mayor medida posible a los fines de las investigaciones y procedimientos judiciales que tengan por objeto la confiscaci\u00f3n de instrumentos y productos de un delito.<\/font><\/p>\n

2. Cada una de las Partes adoptar\u00e1 aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para permitirle cumplir, en las condiciones estipuladas es este Cap\u00edtulo, con las solicitudes:<\/font><\/p>\n

a) De confiscaci\u00f3n de bienes espec\u00edficos que sean productos o instrumentos de un delito, as\u00ed como de confiscaci\u00f3n de productos de un delito que consistan en la obligaci\u00f3n de pagar una suma de dinero que corresponda al valor de dichos productos;<\/font><\/p>\n

b) De ayudar en la investigaci\u00f3n y medidas provisionales que tengan por finalidad cualquiera de las formas de confiscaci\u00f3n a que se refiere el apartado a anterior.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 2. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

AYUDA EN LA INVESTIGACI\u00d3N. <\/font><\/b> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 8o.<\/font><\/b><\/A> OBLIGACI\u00d3N DE AYUDAR.<\/font><\/font> <\/p>\n

Las Partes se prestar\u00e1n entre s\u00ed, cuando se les solicite, la mayor ayuda posible en la identificaci\u00f3n y seguimiento de los instrumentos, productos de un delito y otras propiedades que sean susceptibles de confiscaci\u00f3n. Dicha asistencia incluir\u00e1 cualquier medida que proporcione y asegure medios de prueba relativos a la existencia, localizaci\u00f3n o movimiento, naturaleza, situaci\u00f3n jur\u00eddica o valor de las propiedades anteriormente mencionadas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 9o. <\/font><\/b> <\/A>EJECUCI\u00d3N DE LA AYUDA.<\/font><\/font> <\/p>\n

La ayuda prevista en el art\u00edculo 8o se prestar\u00e1 de la forma permitida y prevista por el derecho interno de la Parte requerida y de acuerdo con los procedimientos especificados en la solicitud, en la medida en que estos no sean incompatibles con dicho derecho interno.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 10. <\/font><\/b> <\/A>INFORMACI\u00d3N ESPONT\u00c1NEA.<\/font><\/font> <\/p>\n

Sin perjuicio de sus propias investigaciones o procedimientos judiciales, cualquier Parte puede, sin que haya mediado solicitud previa, enviar a otra Parte informaci\u00f3n acerca de instrumentos o productos de un delito, cuando considere que la revelaci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n puede facilitar a la Parte receptora el iniciar o el llevar a buen fin investigaciones o procedimientos judiciales, o que pueda llevar a dicha Parte a realizar una solicitud en virtud de este Cap\u00edtulo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 3. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

MEDIDAS PROVISIONALES. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 11. <\/font><\/b> <\/A>OBLIGACI\u00d3N DE ADOPTAR MEDIDAS PROVISIONALES.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. A solicitud de una Parte que haya iniciado un procedimiento penal o un procedimiento que tenga por objeto una confiscaci\u00f3n, otra Parte adoptar\u00e1 las medidas provisionales necesarias, como el bloqueo o el embargo, para evitar que se negocie, se transmita o se enajene cualquier propiedad que, en un momento posterior, pueda ser objeto de solicitud de confiscaci\u00f3n o que pueda servir de fundamento jur\u00eddico a tal solicitud.<\/font><\/p>\n

2. Cualquier Parte que haya recibido una solicitud de confiscaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 13 adoptar\u00e1, cuando se le solicite, las medidas mencionadas en el apartado 1 del presente art\u00edculo en relaci\u00f3n con cualquier propiedad que sea objeto de la solicitud o que pueda servir de fundamento jur\u00eddico a tal solicitud.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> ART\u00cdCULO 12. <\/font><\/b> <\/A>EJECUCI\u00d3N DE MEDIDAS PROVISIONALES.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Las medidas provisionales mencionadas en el art\u00edculo 11 ser\u00e1n ejecutadas de la forma permitida y prevista por e l derecho interno de la Parte requerida y de acuerdo con los procedimientos especificados en la solicitud, en la medida en que no sean incompatibles con dicho derecho interno. <\/font><\/p>\n

2. Antes de dejar sin efecto cualquier medida provisional adoptada en virtud del presente art\u00edculo, y siempre que sea posible, la parte que haya sido objeto de la solicitud dar\u00e1 la oportunidad a la Parte solicitante de presentar sus alegaciones a favor del mantenimiento de la medida.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 4. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

CONFISCACI\u00d3N. <\/font><\/b> <\/p>\n

ART\u00cdCULO 13. <\/font><\/b> <\/A>OBLIGACI\u00d3N DE CONFISCAR.<\/font><\/font> <\/p>\n

1. Cualquier Parte que haya recibido de otra Parte una solicitud de confiscaci\u00f3n relativa a instrumentos o productos de un delito situados en su territorio deber\u00e1:<\/font><\/p>\n

a) Mandar ejecutar una resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n emitida por un Tribunal de la Parte solicitante en relaci\u00f3n con dichos instrumentos o productos de un delito; o<\/font><\/p>\n

b) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n y, una vez obtenida, ejecutarla.<\/font><\/p>\n

2. A los fines de la aplicaci\u00f3n del apartado 1 del presente art\u00edculo, cualquier Parte ser\u00e1, siempre que sea necesario, competente para iniciar un procedimiento de confiscaci\u00f3n de acuerdo con su derecho interno.<\/font><\/p>\n

3. Lo previsto en el apartado 1 del presente<\/font><\/p>\n

ART\u00cdCULO<\/font><\/b> SER\u00c1 TAMBI\u00c9N DE APLICACI\u00d3N A LA CONFISCACI\u00d3N CONSISTENTE EN LA OBLIGACI\u00d3N DE PAGAR UNA SUMA DE DINERO CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LOS PRODUCTOS DE UN DELITO, CUANDO LA PROPIEDAD SOBRE LA QUE PUEDE EJECUTARSE LA CONFISCACI\u00d3N EST\u00c9 SITUADA EN TERRITORIO DE LA PARTE REQUERIDA. EN ESTOS CASOS, SI CUANDO EJECUTE LA CONFISCACI\u00d3N DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL APARTADO 1 LA PARTE REQUERIDA NO OBTIENE EL PAGO, PODR\u00c1 EJECUTAR LA PRETENSI\u00d3N SOBRE CUALQUIER PROPIEDAD DISPONIBLE A ESE FIN.<\/font><\/font><\/p>\n

4. Cuando la solicitud de confiscaci\u00f3n se refiera a un bien espec\u00edfico, las Partes podr\u00e1n acordar que la Parte requerida pueda ejecutar la confiscaci\u00f3n en forma de una obligaci\u00f3n de pagar una suma de dinero que corresponda al valor de aquel bien.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 14. <\/b>Ejecuci\u00f3n de la confiscaci\u00f3n.<\/font> <\/p>\n

1. Los procedimientos para obtener y ejecutar la confiscaci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 13 se regir\u00e1n por el derecho interno de la Parte requerida.<\/font><\/p>\n

2. La Parte requerida estar\u00e1 obligada por la constataci\u00f3n de los hechos en la medida en que estos vengan reflejados en una condena o resoluci\u00f3n judicial de la Parte solicitante, o en la medida en que dicha condena o resoluci\u00f3n judicial est\u00e9 basada impl\u00edcitamente en ellos.<\/font><\/p>\n

*Nota jurisprudencial*<\/p>\n\n\n\n
\n

– Con respecto a este art\u00edculo, establece la Corte Constitucional mediante Sentencia <\/font>C-931-07<\/a><\/font><\/b>  de 8 de noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra:<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

"Quinto.- Disponer <\/font><\/i><\/b>que el Presidente de la Rep\u00fablica, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido de advertir que el art\u00edculo 14-2 podr\u00e1 aplicarse sobre la base del respeto de los principios constitucionales vigentes, especialmente, de los derivados del debido proceso. <\/font><\/i>"<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

 <\/div>\n

3. Cada una de las partes podr\u00e1, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, mediante declaraci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarara que el apartado 2 del presente art\u00edculo ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n \u00fanicamente con sujeci\u00f3n a sus principios constitucionales y a los conceptos b\u00e1sicos de su sistema jur\u00eddico.<\/font><\/p>\n

4. Cuando la confiscaci\u00f3n consista en la obligaci\u00f3n de pagar una suma de dinero, la autoridad competente de la Parte requerida convertir\u00e1 la cuant\u00eda de la misma a su moneda de curso legal, al tipo de Cambio vigente al momento en que se adopte la resoluci\u00f3n de ejecutar la confiscaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. En el caso previsto en el art\u00edculo 13, apartado 1.a, la Parte solicitante ser\u00e1 la competente para decidir acerca de cualquier solicitud de revisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 15.<\/b> Propiedad confiscada.<\/font> <\/p>\n

La Parte que haya sido objeto de la solicitud dispondr\u00e1 de cualquier propiedad confiscada de acuerdo con su derecho interno, salvo pacto en contrario de las Partes interesadas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 16.<\/b> Derecho de ejecuci\u00f3n y cuant\u00eda m\u00e1xima de la confiscaci\u00f3n.<\/font> <\/p>\n

1. La solicitud de confiscaci\u00f3n efectuada conforme al art\u00edculo 13 no afecta al derecho de la Parte solicitante de ejecutar por s\u00ed misma la resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio deber\u00e1 interpretarse en el sentido de permitir que el valor total de la confiscaci\u00f3n exceda de la cuant\u00eda de dinero especificada en la resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n. Si una de las Partes descubre que se puede dar esta situaci\u00f3n, las Partes interesadas deber\u00e1n iniciar consultas tendentes a evitar que dicho efecto se produzca.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 17. <\/b>Prisi\u00f3n por falta de pago.<\/font> <\/p>\n

La Parte que haya sido objeto de la solicitud no podr\u00e1 imponer prisi\u00f3n por falta de pago, ninguna otra medida restrictiva de la libertad de una persona como resultado de una solicitud efectuada en virtud del art\u00edculo 13, si la Parte solicitante lo ha especificado as\u00ed en su solicitud.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

*Nota jurisprudencial*<\/p>\n\n\n\n
\n

– Con respecto a este art\u00edculo, establece la Corte Constitucional mediante Sentencia <\/font>C-931-07<\/a><\/font><\/b> de 8 de noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra:<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

"Sexto.- Disponer <\/font><\/i><\/b>que el Presidente de la Rep\u00fablica, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente Convenio, formule una declaraci\u00f3n interpretativa en el sentido de advertir que la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 17 del referido Convenio opera a pesar de la especificaci\u00f3n en contrario de la parte solicitante.<\/font><\/i>"<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 5. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

DENEGACI\u00d3N Y APLAZAMIENTO DE LA COOPERACI\u00d3N. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 18.<\/b> Motivos de denegaci\u00f3n.<\/font> <\/p>\n

1. La cooperaci\u00f3n prevista en el presente Cap\u00edtulo podr\u00e1 ser denegada cuando:<\/font><\/p>\n

a) La medida solicitada sea contraria a los principios fundamentales del sistema jur\u00eddico de la Parte requerida; o<\/font><\/p>\n

b) La ejecuci\u00f3n de la solicitud pueda perjudicar a la soberan\u00eda, seguridad, orden p\u00fablico u otros intereses esenciales de la Parte requerida; o<\/font><\/p>\n

c) A juicio de la Parte requerida, la importancia del asunto al que se refiere la solicitud no justifique la adopci\u00f3n de la medida solicitada; o<\/font><\/p>\n

d) El delito al que se refiere la solicitud sea un delito pol\u00edtico o fiscal; o<\/font><\/p>\n

e) La Parte requerida considere que el cumplimiento de la medida solicitada ser\u00eda contrario al principio de ne bis in idem; o<\/font><\/p>\n

f) El delito al que se refiere la solicitud no constituya un delito en virtud del derecho interno de la Parte requerida, si este se hubiese cometido dentro de su jurisdicci\u00f3n. No obstante, este motivo de denegaci\u00f3n se aplica a la cooperaci\u00f3n prevista en la Secci\u00f3n 2 \u00fanicamente en la medida en que la asistencia solicitada implique la adopci\u00f3n de medidas coercitivas.<\/font><\/p>\n

2. La cooperaci\u00f3n prevista en la Secci\u00f3n 2, en la medida en que la asistencia solicitada implique la adopci\u00f3n de medidas coercitivas, as\u00ed como la prevista en la Secci\u00f3n 3 del presente Cap\u00edtulo, pueden ser tambi\u00e9n denegadas cuando las medidas solicitadas no se puedan adoptar en virtud del derecho interno de la Parte requerida a los fines de investigaciones o de procedimientos judiciales, si se tratase de un asunto interno similar.<\/font><\/p>\n

3. Cuando el ordenamiento jur\u00eddico de la parte requerida as\u00ed lo exija, la cooperaci\u00f3n prevista en la Secci\u00f3n 2, en la medida en que la asistencia implique la adopci\u00f3n de medidas coercitivas, as\u00ed como la prevista en la Secci\u00f3n 3 del presente Cap\u00edtulo, pueden ser tambi\u00e9n denegadas cuando las medidas solicitadas o cualesquiera otras medidas que tengan efectos similares no estuvieran permitidas por el ordenamiento jur\u00eddico de la Parte solicitante, o por lo que se refiere a las autoridades competentes de la Parte solicitante, cuando la solicitud no venga autorizada por un juez u otra autoridad judicial, incluido el Ministerio Fiscal, actuando cualquiera de estas autoridades en relaci\u00f3n con infracciones penales.<\/font><\/p>\n

4. La cooperaci\u00f3n prevista en la Secci\u00f3n 4 del presente Cap\u00edtulo podr\u00e1 ser tambi\u00e9n denegada cuando:<\/font><\/p>\n

a) De acuerdo con el ordenamiento jur\u00eddico de la Parte requerida, no est\u00e9 prevista la confiscaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el tipo de delito a que se refiere la solicitud; o <\/font> <\/p>\n

b) Sin perjuicio de la obligaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 13, apartado 3, fuese contraria a los principios del ordenamiento jur\u00eddico interno de la Parte requerida relativos a los l\u00edmites de la confiscaci\u00f3n con respecto a las relaciones entre un delito y;<\/font><\/p>\n

i. Una ventaja econ\u00f3mica que pueda ser considerada como su producto; o<\/font><\/p>\n

ii. Cualquier propiedad que pueda ser considerada como su instrumento; o<\/font><\/p>\n

c) de acuerdo con el ordenamiento jur\u00eddico de la Parte requerida la confiscaci\u00f3n ya no pueda ser impuesta o ejecutada por causa de prescripci\u00f3n; o<\/font><\/p>\n

d) La solicitud no se refiera a una condena previa, ni a una resoluci\u00f3n de naturaleza jur\u00eddica, ni a una declaraci\u00f3n en dicha resoluci\u00f3n de que se han cometido uno o varios delitos, sobre cuya base se ha ordenado o se solicita la confiscaci\u00f3n; o<\/font><\/p>\n

e) la confiscaci\u00f3n no sea ejecutoria en la Parte solicitante, o est\u00e9 todav\u00eda sujeta a las v\u00edas de recurso ordinarias; o<\/font><\/p>\n

f) La solicitud se refiera a un mandamiento de confiscaci\u00f3n resultante de una resoluci\u00f3n adoptada en ausencia de la persona contra la cual se dirige el mandamiento y, a juicio de la Parte requerida, el procedimiento seguido por la Parte solicitante para alcanzar dicha resoluci\u00f3n no satisface los derechos m\u00ednimos de defensa legalmente reconocidos a cualquier persona contra la que se dirige una acusaci\u00f3n penal.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 19.<\/b> Aplazamiento.<\/font> <\/p>\n

La Parte requerida puede aplazar la ejecuci\u00f3n de una solicitud, cuando dicha ejecuci\u00f3n pudiese perjudicar las investigaciones o procedimientos que lleven a cabo sus autoridades.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 20.<\/b> Aceptaci\u00f3n parcial o condicional de una solicitud.<\/font> <\/p>\n

Antes de denegar o aplazar la cooperaci\u00f3n prevista en el presente art\u00edculo, la Parte requerida examinar\u00e1, cuando sea procedente tras haber consultado a la Parte solicitante, la posibilidad de conceder lo solicitado parcialmente o sujeto a aquellas condiciones que estime necesarias.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 6. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

NOTIFICACI\u00d3N Y PROTECCI\u00d3N DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 21.<\/b> Notificaci\u00f3n de documentos.<\/font> <\/p>\n

1. Las Partes se proporcionar\u00e1n mutuamente la mayor ayuda posible para la notificaci\u00f3n de documentos judiciales a las personas afectadas por las medidas provisionales y de confiscaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Nada de lo dispuesto en el presente art\u00edculo pretende interferir con:<\/font><\/p>\n

a) La posibilidad de enviar documentos judiciales por v\u00eda postal, directamente a personas que se encuentren en el extranjero;<\/font><\/p>\n

b) La posibilidad de que los agentes judiciales, funcionarios u otras autoridades competentes de la Parte de origen efect\u00faen la notificaci\u00f3n de documentos judiciales directamente a trav\u00e9s de las autoridades consulares de dicha Parte, o a trav\u00e9s de agentes judiciales, funcionarios u otras autoridades competentes de la Parte de destino, salvo cuando la Parte de destin\u00f3 haga una declaraci\u00f3n en sentido contrario al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. Cuando se notifiquen documentos judiciales a personas que se encuentren en el extranjero afectadas por medidas provisionales o de confiscaci\u00f3n dictadas por la Parte enviante, dicha Parte indicar\u00e1 los recursos legales de que disponen dichas personas en virtud de su derecho interno.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 22.<\/b> Reconocimiento de resoluciones extranjeras.<\/font> <\/p>\n

1. Cuando tramite una solicitud de cooperaci\u00f3n en virtud de las Secciones 3 y 4, la Parte requerida reconocer\u00e1 cualquier resoluci\u00f3n judicial adoptada en la Parte solicitante en relaci\u00f3n con derechos reivindicados por terceros.<\/font><\/p>\n

2. Podr\u00e1 denegarse el reconocimiento cuando:<\/font><\/p>\n

a) Los terceros no hayan tenido suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos; o<\/font><\/p>\n

b) La resoluci\u00f3n sea incompatible con una resoluci\u00f3n anteriormente adoptada en la Parte requerida sobre la misma materia; o<\/font><\/p>\n

c) Sea incompatible con el orden p\u00fablico de la parte requerida; o<\/font><\/p>\n

d) La resoluci\u00f3n haya sido adoptada en contra de las disposiciones sobre competencia exclusiva previstas en el ordenamiento jur\u00eddico de la Parte requerida.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

SECCI\u00d3N<\/font><\/b> 7. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y OTRAS NORMAS GENERALES. <\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 23.<\/b> Autoridad central.<\/font> <\/p>\n

1. Las Partes designar\u00e1n una autoridad central o, en caso necesario, diversas autoridades, que ser\u00e1n las responsables de enviar y contestar las solicitudes efectuadas en virtud de este Cap\u00edtulo, de la ejecuci\u00f3n de dichas solicitudes o de la transmisi\u00f3n de las mismas a las autoridades competentes para su ejecuci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Cada una de las Partes, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, comunicar\u00e1 al Secretario General del Consejo de Europa los nombres y direcciones de las autoridades designadas en cumplimiento del apartado 1 del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 24. <\/b>Comunicaci\u00f3n directa.<\/font> <\/p>\n

1. Las autoridades centrales se comunicar\u00e1n directamente entre ellas.<\/font><\/p>\n

2. En caso de urgencia las solicitudes o comunicaciones previstas en el presente Cap\u00edtulo podr\u00e1n ser enviadas directamente por las autoridades judiciales, incluido el Ministerio Fiscal, de la Parte solicitante a tales autoridades de la Parte requerida. En tales casos se enviar\u00e1 al mismo tiempo una copia a la autoridad central de la Parte requerida a trav\u00e9s de la autoridad central de la Parte solicitante.<\/font><\/p>\n

3. Cualquier solicitud o comunicaci\u00f3n formulada en virtud de los apartados 1 y 2 del presente art\u00edculo podr\u00e1 ser presentada a trav\u00e9s de la organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal (Interpol).<\/font><\/p>\n

4. Cuando se realice una solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del presente art\u00edculo y la autoridad no sea competente para tramitar dicha solicitud, la trasmitir\u00e1 a la autoridad nacional competente e informar\u00e1 de ello directamente a la Parte solicitante.<\/font><\/p>\n

5. Las solicitudes o comunicaciones efectuadas en virtud de lo dispuesto en la Secci\u00f3n 2 del presente Cap\u00edtulo que no impliquen la adopci\u00f3n de medidas coercitivas podr\u00e1n ser transmitidas directamente por las autoridades competentes de la Parte solicitante a las autoridades competentes de la Parte requerida.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 25. <\/b>Forma e idioma de las solicitudes.<\/font> <\/p>\n

1. Todas las solicitudes previstas en el presente Cap\u00edtulo se efectuar\u00e1n por escrito. Podr\u00e1n utilizarse los medios modernos de telecomunicaci\u00f3n, como por ejemplo el fax.<\/font><\/p>\n

2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 3 del presente art\u00edculo, no se exigir\u00e1n las traducciones de las solicitudes ni los documentos que les sirvan de apoyo.<\/font><\/p>\n

3. En el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, cualquier Parte podr\u00e1 comunicar, mediante declaraci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho a exigir que las solicitudes que se le formulen y los documentos que sirvan de apoyo a las mismas vayan acompa\u00f1ados de una traducci\u00f3n a su propio idioma o a uno de los idiomas oficiales del Consejo de Europa, o a uno de los idiomas que ella indique. Con esta misma ocasi\u00f3n podr\u00e1 declarar que est\u00e1 dispuesta a aceptar las traducciones a cualquier otro idioma que especifique. Las restantes partes podr\u00e1n aplicar el principio de reciprocidad.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 26.<\/b> Legalizaci\u00f3n.<\/font> <\/p>\n

Los documentos enviados en aplicaci\u00f3n del presente Cap\u00edtulo estar\u00e1n exentos de todas las formalidades de legalizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 27.<\/b> Contenido de la solicitud.<\/font> <\/p>\n

1. Cualquier solicitud de cooperaci\u00f3n en virtud del presente Cap\u00edtulo deber\u00e1 especificar:<\/font><\/p>\n

a) La autoridad que formule la solicitud y la autoridad encargada de las investigaciones o procedimientos judiciales;<\/font><\/p>\n

b) El objeto y el motivo de la solicitud;<\/font><\/p>\n

c) Los temas incluidos, los hechos pertinentes (como la fecha, lugar y circunstancias del delito), a que se refieren las investigaciones o procedimientos judiciales, excepto en el caso de una solicitud de notificaci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

d) En la medida en que la cooperaci\u00f3n suponga la adopci\u00f3n de medidas coercitivas:<\/font><\/p>\n

i. El texto de las disposiciones legales o, cuando no sea posible un informe sobre las normas jur\u00eddicas aplicables; y<\/font><\/p>\n

ii. Una indicaci\u00f3n de que la medida solicitada o cualquier otra medida que tenga un efecto similar puede ser adoptada en el territorio de la Parte solicitante en virtud de su propio derecho interno;<\/font><\/p>\n

e) Cuando sea necesario y en la medida de lo posible:<\/font><\/p>\n

i. Detalles acerca de la persona o personas implicadas, incluyendo nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y situaci\u00f3n y, cuando se trate de una persona jur\u00eddica, su domicilio social; y<\/font><\/p>\n

ii. La propiedad en relaci\u00f3n con la cual se solicita la cooperaci\u00f3n, su situaci\u00f3n, su relaci\u00f3n con la persona o personas implicadas, cualquier conexi\u00f3n con el delito, as\u00ed como cualquier informaci\u00f3n de que disponga en relaci\u00f3n con los intereses de otras personas sobre dicha propiedad; y <\/font><\/p>\n

f) cualquier procedimiento especial que la Parte solicitante desee que se siga.<\/font><\/p>\n

2. La solicitud de medidas provisionales en virtud de la Secci\u00f3n 3 relacionada con el embargo de propiedades que podr\u00edan ser objeto de una orden de confiscaci\u00f3n consistente en el pago de una suma de dinero, deber\u00e1n indicar tambi\u00e9n la cuant\u00eda m\u00e1xima que se pretende recuperar sobre dicho bien.<\/font><\/p>\n

3. Adem\u00e1s de las indicaciones mencionadas en el apartado 1, cualquier solicitud efectuada en virtud de la Secci\u00f3n 4 deber\u00e1 contener:<\/font><\/p>\n

a) En el caso del art\u00edculo 13, apartado 1.a:<\/font><\/p>\n

i. Una copia aut\u00e9ntica certificada de la resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n dictada por el Tribunal de la Parte solicitante as\u00ed como un informe de los fundamentos que sirvieron de base para adoptar dicha resoluci\u00f3n, cuando no est\u00e9n indicados en la propia resoluci\u00f3n;<\/font><\/p>\n

ii. Una certificaci\u00f3n de la autoridad competente de la Parte solicitante de que la resoluci\u00f3n de confiscaci\u00f3n es ejecutoria y no est\u00e1 sujeta a las v\u00edas de recurso ordinarias;<\/font><\/p>\n

iii. Informaci\u00f3n acerca de la medida en que se solicita que se ejecute la resoluci\u00f3n; y<\/font><\/p>\n

iv. Informaci\u00f3n acerca de la necesidad de adoptar mediadas provisionales;<\/font><\/p>\n

b) En el caso del art\u00edculo 13, apartado 1.b) un informe de los hechos invocados por la Parte solicitante que sean suficientes para permitir a la Parte requerida obtener la resoluci\u00f3n en virtud de su derecho interno:<\/font><\/p>\n

c) Cuando terceras personas hayan tenido oportunidad de reivindicar derechos, aquellos documentos que demuestren que as\u00ed ha sido.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 28.<\/b> Solicitudes defectuosas.<\/font> <\/p>\n

1. Cuando una solicitud no cumpla lo dispuesto en el presente Cap\u00edtulo o la informaci\u00f3n facilitada no sea suficiente para permitir a la Parte requerida tramitar la solicitud, dicha Parte podr\u00e1 pedir a la Parte solicitante que subsane la solicitud o la complete con informaci\u00f3n complementaria.<\/font><\/p>\n

2. La Parte requerida podr\u00e1 fijar una fecha l\u00edmite para la recepci\u00f3n de dichas modificaciones o informaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

3. En espera de recibir las modificaciones o informaci\u00f3n solicitadas en relaci\u00f3n con las solicitudes previstas en la Secci\u00f3n 4 del presente Cap\u00edtulo, la Parte solicitada podr\u00e1 adoptar cualquiera de las medidas a que se refieren las Secciones 2 \u00f3 3 del presente Cap\u00edtulo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 29. <\/b>Pluralidad de solicitudes.<\/font> <\/p>\n

1. Cuando la Parte requerida recibe m\u00e1s de una solicitud en virtud de las Secciones 3 \u00f3 4 del presente Cap\u00edtulo relacionadas con la misma persona o propiedad, la pluralidad de solicitudes no impedir\u00e1 a dicha Parte tramitar aquellas solicitudes que supongan la adopci\u00f3n de medidas provisionales.<\/font><\/p>\n

2. En el caso de pluralidad de solicitudes en virtud de la Secci\u00f3n 4 del presente Cap\u00edtulo, la Parte requerida estudiar\u00e1 la posibilidad de consultar a las Partes solicitantes.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 30. <\/b>Obligaci\u00f3n de motivar.<\/font> <\/p>\n

La Parte requerida deber\u00e1 motivar cualquier decisi\u00f3n de denegar, aplazar o condicionar cualquier cooperaci\u00f3n solicitada en virtud del presente cap\u00edtulo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 31.<\/b> Informaci\u00f3n.<\/font> <\/p>\n

1. La Parte requerida informar\u00e1 a la mayor brevedad a la Parte solicitante de:<\/font><\/p>\n

a) Las actuaciones iniciadas como consecuencia de una solicitud formulada en virtud, del presente Cap\u00edtulo;<\/font><\/p>\n

b) El resultado final de las actuaciones realizadas como consecuencia de la solicitud;<\/font><\/p>\n

c) La decisi\u00f3n de denegar, aplazar o condicionar; en todo o en parte, cualquier cooperaci\u00f3n prevista en el presente Cap\u00edtulo;<\/font><\/p>\n

d) Cualesquiera circunstancias que hagan imposible llevar a cabo la actuaci\u00f3n solicitada, o que puedan retrasarla de forma considerable; y<\/font><\/p>\n

e) En el caso de medidas provisionales adoptadas en virtud de una solicitud de las previstas en las Secciones 2 \u00f3 3 del presente Cap\u00edtulo, de aquellas disposiciones de su derecho interno que conducir\u00edan autom\u00e1ticamente al levantamiento de la medida provisional.<\/font><\/p>\n

2. La Parte solicitante informar\u00e1 a la mayor brevedad a la Parte requerida de:<\/font><\/p>\n

a) Cualquier revisi\u00f3n, resoluci\u00f3n u otra circunstancia por raz\u00f3n de la cual al orden de confiscaci\u00f3n deja de tener car\u00e1cter ejecutorio, total o parcialmente; y<\/font><\/p>\n

b) Cualquier acontecimiento, de hecho legal, por raz\u00f3n del cual deje de estar justificada cualquier actuaci\u00f3n iniciada en virtud del presente cap\u00edtulo.<\/font><\/p>\n

3. Cuando una Parte, bas\u00e1ndose en la misma orden de confiscaci\u00f3n, solicita la confiscaci\u00f3n en m\u00e1s de otra Parte, deber\u00e1 informar de ello a todas las Partes afectadas por la ejecuci\u00f3n de la orden a que se refiere la solicitud.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 32.<\/b> Utilizaci\u00f3n restringida.<\/font> <\/p>\n

1. La Parte requerida puede subordinar el cumplimiento de la ejecuci\u00f3n de una solicitud a la condici\u00f3n de que la informaci\u00f3n o pruebas obtenidas no puedan ser utilizadas ni transmitidas, sin su consentimiento previo, por las autoridades de la Parte solicitante para investigaciones o procedimientos judiciales diferentes de aquellos especificados en la solicitud.<\/font><\/p>\n

2. Cualquiera de las Parte podr\u00e1, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, mediante declaraci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que, sin su consentimiento previo, la informaci\u00f3n o pruebas a que se refiere el presente Cap\u00edtulo no podr\u00e1n ser utilizadas ni transmitidas por las autoridades de la Parte solicitante para investigaciones o procedimientos judiciales diferentes de aquellos especificados en la solicitud.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 33. <\/b>Confidencialidad.<\/font> <\/p>\n

1. La Parte solicitante podr\u00e1 exigir a la Parte requerida que guarde confidencialidad sobre los hechos y contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para ejecutar la solicitud. Cuando la Parte requerida no pueda cumplir la exigencia de confidencialidad, deber\u00e1 informar de ello a la mayor brevedad a la Parte solicitante.<\/font><\/p>\n

2. La Parte solicitante, si as\u00ed se le solicita y cuando no sea contrario a los principios b\u00e1sicos de su ordenamiento jur\u00eddico interno, deber\u00e1 mantener la confidencialidad de cualquier prueba e informaci\u00f3n que le facilite la Parte requerida, salvo en la medida en que la revelaci\u00f3n de las mismas sea necesaria para las investigaciones o procedimientos judiciales descritos en la solicitud.<\/font><\/p>\n

3. Sujeta a las disposiciones de su derecho interno, cualquier Parte que haya recibido informaci\u00f3n espont\u00e1nea en virtud del art\u00edculo 10 deber\u00e1 cumplir cualquier exigencia de confidencialidad que pueda imponerle la Parte que suministra la informaci\u00f3n. Si la otra Parte no puede cumplir esa exigencia, deber\u00e1 informar de ello a la mayor brevedad a la Parte transm\u00edtete.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 34.<\/b> Costes. <\/font> <\/p>\n

Los costes ordinarios derivados del cumplimiento de una solicitud deber\u00e1n ser satisfechos por la Parte requerida. Cuando sean necesarios costes de naturaleza sustancial o extraordinaria para llevar a cabo una solicitud, las Partes se consultar\u00e1n, en orden a acordar las condiciones en que se va a cumplir la solicitud, as\u00ed como la forma en que van a asumirse los costes.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 35.<\/b> Da\u00f1os y perjuicios.<\/font> <\/p>\n

1. Cuando una persona haya interpuesto una acci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios resultantes de un acto u omisi\u00f3n relacionado con la cooperaci\u00f3n prevista en el presente Cap\u00edtulo, las Partes interesadas tomar\u00e1n en consideraci\u00f3n consultarse mutuamente, cuando corresponda, en orden a determinar la eventua1 indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios que pueda corresponder.<\/font><\/p>\n

Cualquier Parte que haya sido objeto de un procedimiento en reclamaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios deber\u00e1 hacer lo posible para informar a la otra Parte de dicha reclamaci\u00f3n, cuando esta Parte pueda tener un inter\u00e9s en el asunto.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

CAPITULO<\/font><\/b> IV. <\/font> <\/A><\/font><\/p>\n

DISPOSICIONES FINALES. <\/font><\/b> <\/p>\n

Art\u00edculo 36.<\/b> Firma y entrada en vigor.<\/font> <\/p>\n

I. El presente Convenio estar\u00e1 abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, as\u00ed como de aquellos Estados no miembros que hayan participado en su elaboraci\u00f3n. Dichos Estados pueden expresar su consentimiento de quedar obligados mediante:<\/font><\/p>\n

a) Firma sin reserva en cuanto a la ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n; o<\/font><\/p>\n

b) Firma sujeta a ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n, seguida de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

2. Los instrumentos de ratificaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o aceptaci\u00f3n ser\u00e1n depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa.<\/font><\/p>\n

3. El presente convenio entrar\u00e1 en vigor el primer d\u00eda del mes siguiente a la expiraci\u00f3n de un per\u00edodo de tres meses posterior a la fecha den que tres Estados, de los cuales al menos dos sean Estados Miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento de obligarse por el Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.<\/font><\/p>\n

4. Con relaci\u00f3n a cualquier Estado firmante que posteriormente exprese su consentimiento de quedar obligado por el Convenio, este entrar\u00e1 en vigor el primer d\u00eda del mes siguiente a la expiraci\u00f3n de un per\u00edodo de tres meses posterior a la fecha de expresi\u00f3n de su consentimiento de obligarse por el Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 37.<\/b> Adhesi\u00f3n.<\/font> <\/p>\n

1. Despu\u00e9s de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta con los Estados Contratantes del Convenio, podr\u00e1 invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo y que no haya participado en su elaboraci\u00f3n a que se adhiera al presente Convenio, mediante resoluci\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda prevista en el art\u00edculo 20.d) del Estatuto del Consejo de Europa y mediante el voto un\u00e1nime de los representantes de los Estados Contratantes que tienen derecho a esca\u00f1o en el Comit\u00e9.<\/font><\/p>\n

2. En relaci\u00f3n con cualquier Estado que se adhiera, el Convenio entrar\u00e1 en vigor el primer d\u00eda del mes siguiente a la expiraci\u00f3n de un per\u00edodo de tres meses posterior a la fecha de dep\u00f3sito del instrumento de adhesi\u00f3n ante el Secretario General del Consejo de Europa.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 38. <\/b>Aplicaci\u00f3n territorial.<\/font> <\/p>\n

1. Cualquier Estado puede, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesivo, especificar el territorio o territorios a los que ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n el presente convenio.<\/font><\/p>\n

2. Cualquier Estado puede, en cualquier momento posterior, mediante declaraci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, ampliar la aplicaci\u00f3n del presente convenio a cualquier otro territorio especificado en la declaraci\u00f3n. Con respecto a dicho territorio, el Convenio entrar\u00e1 en vigor el primer d\u00eda del mes siguiente a la expiraci\u00f3n de un per\u00edodo de tres meses posterior a la fecha de recepci\u00f3n de aquella declaraci\u00f3n por el Secretario General.<\/font><\/p>\n

3. Cualquier declaraci\u00f3n realizada en virtud de los p\u00e1rrafos anteriores podr\u00e1 ser retirada, en relaci\u00f3n con el territorio especificado en dicha declaraci\u00f3n, mediante notificaci\u00f3n dirigida al Secretario General. La retirada entrar\u00e1 en vigor el primer d\u00eda del mes siguiente a la expiraci\u00f3n de un per\u00edodo de tres meses posterior a la fecha de recepci\u00f3n de dicha notificaci\u00f3n por el Secretario General.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 39.<\/b> Relaciones con otros convenios y acuerdos.<\/font><\/p>\n

1. El presente Convenio no afecta los derechos y compromisos derivados de los convenios internacionales multilaterales relativos a materias espec\u00edficas.<\/font><\/p>\n

2. Las Partes del Convenio pueden concluir acuerdos bilaterales o multilaterales entre s\u00ed sobre las materias que trata el presente Convenio, a los fines de completar o reforzar sus disposiciones o facilitar la aplicaci\u00f3n de los principios en \u00e9l consagrados.<\/font><\/p>\n

3. En caso de que dos o m\u00e1s Partes hayan concluido ya cualquier acuerdo o tratado en relaci\u00f3n con una materia tratada en el presente Convenio, o hayan establecido de cualquier otra forma sus relaciones con respecto a dicha materia, tendr\u00e1 derecho a aplicar aquel acuerdo o tratado, o a regular sus relaciones de acuerdo con el mismo, en lugar del presente Convenio, cuando ello facilite la cooperaci\u00f3n internacional.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 40.<\/b> Reservas. <\/font> <\/p>\n

1. Cualquier Estado podr\u00e1, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n, declarar que va a hacer uso de una o m\u00e1s de las reservas previstas en el art\u00edculo 2o, apartado 2, art\u00edculo 6o, apartado 4, art\u00edculo 14, apartado 3, art\u00edculo 21, apartado 2, art\u00edculo 25, apartado 3 y art\u00edculo 32, apartado 2. No podr\u00e1 hacerse ninguna otra reserva.<\/font><\/p>\n

2. Cualquier Estado que haya hecho una reserva en virtud del apartado anterior podr\u00e1 reiterarla, total o parcialmente, mediante notificaci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La reserva entrar\u00e1 en vigor en la fecha de recepci\u00f3n de dicha notificaci\u00f3n por el Secretario General.<\/font><\/p>\n

3. Ninguna Parte que haya hecho una reserva en relaci\u00f3n con una disposici\u00f3n del presente convenio podr\u00e1 reclamar la aplicaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n por otra Parte; podr\u00e1, no obstante, si su reserva es parcial o condicional, reclamar la aplicaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n en la misma medida en que ella misma la haya aceptado.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 41. <\/b>Enmiendas.<\/font> <\/p>\n

1. Cualquier parte podr\u00e1 proponer enmiendas al presente Convenio, que ser\u00e1n comunicadas por el Secretario General del Consejo de Europa a los Estados Miembros del Consejo de Europa, as\u00ed como a todos aquellos Estados no miembros que se hayan adherido o que hayan sido invitados a adherirse al presente convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 37. <\/font> <\/p>\n

2. Cualquier enmienda propuesta por una Parte ser\u00e1 comunicada al Comit\u00e9 Europeo para Problemas Criminales, que someter\u00e1 al Comit\u00e9 de Ministros su dictamen acerca de la enmienda propuesta.<\/font><\/p>\n

3. El Comit\u00e9 de Ministros estudiar\u00e1 la enmienda propuesta y el dictamen remitido por el Comit\u00e9 Europeo para Problemas Criminales y podr\u00e1 adoptarla enmienda.<\/font><\/p>\n

4. El texto de cualquier enmienda adoptada por el Comit\u00e9 de Ministros de acuerdo con el apartado 3 del presente art\u00edculo ser\u00e1 remitido a las Partes para su aceptaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

5. Cualquier enmienda adoptada de acuerdo con el apartado 3 del presente art\u00edculo entrar\u00e1 en vigor al tercer d\u00eda despu\u00e9s de que todas las Partes hayan informado al Secretario General de su aceptaci\u00f3n de la misma.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 42.<\/b> Resoluci\u00f3n de controversias.<\/font> <\/p>\n

1. Se mantendr\u00e1 informado al Comit\u00e9 Europeo para Problemas Criminales del Consejo de Europa en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del presente Convenio.<\/font><\/p>\n

2. En caso de que surja una controversia entre las Partes relativa a la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n del presente Convenio, buscar\u00e1n la resoluci\u00f3n de la controversia, mediante la negociaci\u00f3n o cualquier otro medio pac\u00edfico de su elecci\u00f3n, incluido el sometimiento de la controversia ante el Comit\u00e9 Europeo para Problemas Criminales, ante un Tribunal de Arbitraje, cuyas resoluciones ser\u00e1n obligatorias para las Partes o ante el Tribunal Internacional de Justicia, seg\u00fan se acuerde por las Partes interesadas.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 43. <\/b>Denuncia. <\/font> <\/p>\n

1. cualquier Parte puede, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio, mediante notificaci\u00f3n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.<\/font><\/p>\n

2. Dicha denuncia entrar\u00e1 en vigor el primer d\u00eda del mes siguiente a la expiraci\u00f3n de un per\u00edodo de tres meses posterior a la fecha de recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n por el Secretario General.<\/font><\/p>\n

3. No obstante, el presente Convenio continuar\u00e1 aplic\u00e1ndose a la ejecuci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 14 de una confiscaci\u00f3n que haya sido solicitada de conformidad con las disposiciones del presente Convenio con anterioridad a la fecha en que dicha denuncia entre en vigor.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 44.<\/b> Notificaciones.<\/font> <\/p>\n

El Secretario General del Consejo de Europa notificar\u00e1 a los Estados miembros del Consejo, as\u00ed como a cualquier Estado que se haya adherido al presente Convenio, de:<\/font><\/p>\n

a) Cualquier firma;<\/font><\/p>\n

b) El dep\u00f3sito de cualquier instrumento de ratificaci\u00f3n, aceptaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o adhesi\u00f3n;<\/font><\/p>\n

c) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio, conforme a los art\u00edculos 36 y 37;<\/font><\/p>\n

d) Cualquier reserva realizada en virtud del art\u00edculo 40, apartado 1;<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

e). Cualquier otro acto, notificaci\u00f3n o comunicaci\u00f3n relativos al presente Convenio.<\/font><\/p>\n

En testimonio de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.<\/font><\/p>\n

Hecho en Estrasburgo, a 8 de noviembre de 1990, en ingl\u00e9s y franc\u00e9s, siendo ambos textos igualmente aut\u00e9nticos, en un solo ejemplar que ser\u00e1 depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa, remitir\u00e1 copias certificadas a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que han participado en la elaboraci\u00f3n del presente Convenio y a cualquier otro Estado invitado a adherirse a \u00e9l. <\/font> <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<\/font><\/b><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., 8 de octubre de 2004<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Aprobado. Som\u00e9tase a la consideraci\u00f3n del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

(Fdo.) \u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores (Fdo.),<\/font><\/p>\n

CAROLINA BARCO ISAKSON.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> <\/p>\n

DECRETA<\/font><\/b>:<\/font><\/font><\/p>\n

Art\u00edculo 1o.<\/b> Apru\u00e9base el \u201cConvenio sobre Blanqueo, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito\u201d, hecho en Estrasburgo el ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa (1990).<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 2o.<\/b> De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1o de la Ley 7\u00aa de 1944, el \u201cConvenio sobre Blanqueo, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito\u201d, hecho en Estrasburg o el ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa (1990), que por el art\u00edculo primero de esta ley se aprueba, obligar\u00e1 al pa\u00eds a partir de la fecha en que se perfeccione el v\u00ednculo internacional respecto del mismo.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Art\u00edculo 3o. <\/b>La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n.<\/font>
 <\/DIV> <\/p>\n

Dada en Bogot\u00e1, D. C., a \u2026<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Presentado al honorable Congreso de la Rep\u00fablica por el Ministro del Interior y de Justicia y la Ministra de Relaciones Exteriores.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

El Ministro del Interior y de Justicia,<\/font><\/p>\n

SABAS PRETELT DE LA VEGA.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

La Ministra de Relaciones Exteriores,<\/font><\/p>\n

CAROLINA BARCO ISAKSON.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV>
 <\/DIV> EXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOS<\/font><\/b>
 <\/DIV> Honorables Senadores y Representantes:<\/font><\/b> <\/p>\n

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en los art\u00edculos 150<\/A> numeral 16 y 189<\/A> numeral 2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, presentamos a consideraci\u00f3n del honorable Congreso de la Rep\u00fablica el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el \u201cConvenio sobre blanqueo, detecci\u00f3n, embargo y confiscaci\u00f3n de los productos de un delito\u201d hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.<\/font><\/p>\n

El Convenio sobre blanqueo, detecci\u00f3n, embargo y confiscaci\u00f3n de los productos de un delito, en adelante denominado \u201cel Convenio\u201d, se constituye en el primer instrumento multilateral del Consejo de Europa que aborda de manera espec\u00edfica el tema de lavado de activos y establece medidas de cooperaci\u00f3n judicial tendientes a la identificaci\u00f3n y seguimiento del producto de un delito y de los instrumentos con los cuales se llev\u00f3 a cabo, con fines de decomiso.<\/font><\/p>\n

No obstante ser concebido, en principio, como un instrumento de aplicaci\u00f3n regional, atendiendo el car\u00e1cter transnacional de la conducta se incorpor\u00f3 en el texto mismo del tratado una cl\u00e1usula que posibilita la adhesi\u00f3n de un Estado no miembro del Consejo y que no hubiere participado en su elaboraci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

As\u00ed, por la importancia que para Colombia reviste contar con un marco de cooperaci\u00f3n judicial internacional en la lucha contra el lavado de activos, present\u00f3 ante el Consejo de Europa, en febrero de 1995, su solicitud formal de adhesi\u00f3n al Convenio.<\/font><\/p>\n

Surtidos los requerimientos internos de orden legal y los pasos previstos en el art\u00edculo 37 del Convenio, el Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa comunic\u00f3 mediante Nota Diplom\u00e1tica de fecha 19 de febrero de 2004 su decisi\u00f3n de invitar a Colombia a adherir al instrumento.<\/font><\/p>\n

El blanqueo de capitales es hoy reconocido como una de las conductas delictivas de naturaleza transnacional de mayor gravedad. Consciente de ello, la comunidad internacional ha hecho referencia expresa a esta conducta en instrumentos tales como la Convenci\u00f3n de Viena de 1988 contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes, la Convenci\u00f3n de Palermo contra la delincuencia transnacional organizada y, m\u00e1s recientemente, en la Convenci\u00f3n de M\u00e9rida contra la Corrupci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

Aunado al marco gestado al interior de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, organismos especializados en la materia se han encargado del dise\u00f1o de lineamientos m\u00ednimos en procura del fortalecimiento de los sistemas legales antilavado de los pa\u00edses. En este contexto, las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, GAFI, constituyen un punto obligado de referencia en la medici\u00f3n de las fortalezas y debilidades de las pol\u00edticas adoptadas contra el delito de lavado de activos.<\/font><\/p>\n

La lucha contra la delincuencia organizada encuentra en el combate al lavado de dinero su pilar m\u00e1s importante. En este empe\u00f1o, es eslab\u00f3n indispensable el fortalecimiento de los canales de cooperaci\u00f3n judicial. Deben generarse conductos \u00e1giles que sin caer en el excesivo tr\u00e1mite y ritualismo procesal, permitan a las autoridades obrar con inmediatez y certeza. El car\u00e1cter din\u00e1mico del delito de lavado de activos amerita una reacci\u00f3n consecuente. La dilaci\u00f3n en la respuesta a las solicitudes de cooperaci\u00f3n judicial s\u00f3lo favorece los prop\u00f3sitos il\u00edcitos de la delincuencia organizada.<\/font><\/p>\n

Es por tal raz\u00f3n que el lavado de activos no puede ser afrontado de manera aislada por los pa\u00edses en los cuales los delitos generadores de riqueza il\u00edcita se presentan con mayor frecuencia. Debe concurrir la participaci\u00f3n de toda la comunidad internacional a trav\u00e9s de la generaci\u00f3n de un frente com\u00fan contra este delito. Debemos recordar que el capital mal habido divaga por el orbe en busca de estructuras financieras d\u00e9biles o complacientes, vali\u00e9ndose de la carencia de controles, de las m\u00faltiples posibilidades de camuflaje que ofrecen las novedades tecnol\u00f3gicas, y en el peor de los casos, de la laxitud de los ordenamientos jur\u00eddicos.<\/font><\/p>\n

En este entendido, el Convenio erige la cooperaci\u00f3n internacional sobre la base de un amplio espectro de conductas subyacentes al lavado de activos, no restringiendo las posibilidades de cooperaci\u00f3n a un listado taxativo de conductas, constituy\u00e9ndose en una valiosa herramienta que impide a las organizaciones delictivas ampararse en la exigibilidad del principio de doble incriminaci\u00f3n para evadir requerimientos de autoridades judiciales extranjeras.<\/font><\/p>\n

 <\/DIV> Contenido del Convenio<\/font><\/b> <\/p>\n

El Convenio consta de un pre\u00e1mbulo y 44 art\u00edculos divididos en cuatro Cap\u00edtulos.<\/font><\/p>\n

El primer Cap\u00edtulo determina el alcance del instrumento a partir de la definici\u00f3n de los t\u00e9rminos: \u201cproducto\u201d, \u201cpropiedad\u201d, \u201cconfiscaci\u00f3n\u201d, \u201cinstrumentos\u201d y \u201cdelito base\u201d.<\/font><\/p>\n

Se resalta que la definici\u00f3n de confiscaci\u00f3n enunciada en el literal d) se asimila a los conceptos de decomiso y extinci\u00f3n de dominio previstos en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano y no a la medida proscrita por el art\u00edculo 34<\/A> de la Constituci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

As\u00ed ha sido aclarado por v\u00eda jurisprudencial, cuando la Corte Constitucional ha abordado el estudio de disposiciones similares contenidas en otros Instrumentos multilaterales, tales como la Convenci\u00f3n de Viena de 1988:<\/font><\/p>\n

\u201c(…) la Corte considera que el art\u00edculo 5o de la Convenci\u00f3n no posibilita formas de confiscaci\u00f3n prohibidas por la Constituci\u00f3n. En efecto, este art\u00edculo posibilita tres formas de decomiso: De un lado, de los instrumentos utilizados para cometer los delitos tipificados de conformidad con los mandatos de la Convenci\u00f3n; de otro lado, del \u201cproducto\u201d, esto es, de los beneficios obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisi\u00f3n de tales delitos; y, tercero, de \u201cbienes cuyo valor equivalga al de ese producto\u201d.<\/font><\/p>\n

Las dos primeras formas de extinci\u00f3n de dominio constituyen los casos cl\u00e1sicos de decomiso que, conforme a la reiterada jurisprudencia rese\u00f1ada en esta sentencia, son leg\u00edtimos desde el punto de vista constitucional. La tercera forma de extinci\u00f3n de dominio amerita un examen m\u00e1s detallado, por cuanto se podr\u00eda pensar que la Convenci\u00f3n, al autorizar que se prive a una persona de la propiedad de bienes cuyo valor sea considerado equivalente al producto de las actividades il\u00edcitas, podr\u00eda dar lugar a confiscaciones. La Corte no comparte esa concepci\u00f3n. En efecto, el an\u00e1lisis precedente ha mostrado que elemento esencial que configura una confiscaci\u00f3n es una sanci\u00f3n que consiste en la privaci\u00f3n arbitraria -esto es injustificada- y desproporcionada -esto es, sin ninguna medida de equivalencia- de los bienes leg\u00edtimamente adquiridos por un particular, en beneficio del fisco y en general por motivos de persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Por eso, cuando la sanci\u00f3n de la privaci\u00f3n de un bien deriva de una causa leg\u00edtima -como ser consecuencia de la comisi\u00f3n de un il\u00edcito- y se rige por principios de equivalencia, ella se ajusta al ordenamiento constitucional.<\/font><\/p>\n

[\u2026]<\/font><\/p>\n

Es entonces una figura ampliada de decomiso que parece razonable, debido a la dificultad objetiva que existe para comprobarlas relaciones entre las actividades delincuenciales de una persona y la propiedad de bienes determinados. Sin embargo, la Corte considera que esta posibilidad de extinguir el dominio de bienes cuyo valor equivalga al del producto de una actividad il\u00edcita no constituye confiscaci\u00f3n, por cuanto deriva de un motivo constitucional leg\u00edtimo\u201d. (Sentencia C-176<\/A> de 1994).<\/font><\/p>\n

En el mismo sentido, el concepto de propiedad es coherente con el alcance del t\u00e9rmino \u201cbienes\u201d contenido en el art\u00edculo 3o<\/A>, de la Ley 793 de 2002.<\/font><\/p>\n

Por su parte, la definici\u00f3n de \u201cdelito base\u201d presenta una cobertura amplia que no se limita al listado taxativo de delitos fuente o subyacentes de lavado de activos. Esta previsi\u00f3n, resulta de especial importancia en materia de cooperaci\u00f3n judicial, pues permite superar las dificultades propias de los sistemas en los que la concurrencia de la doble tipificaci\u00f3n es determinante para el suministro de asistencia.<\/font><\/p>\n

El Cap\u00edtulo Segundo aborda las medidas internas que deber\u00e1n ser adoptadas por los pa\u00edses que se hagan parte del Convenio. En un primer orden se se\u00f1ala el compromiso de establecer el marco legal que permita el comiso o la extinci\u00f3n de dominio sobre los bienes y productos de un delito, y de propiedades cuyo valor corresponda a dichos productos.<\/font><\/p>\n

El art\u00edculo 4o, por su parte, insta a los pa\u00edses a adoptar herramientas legales relacionadas con la inoponibilidad del secreto bancario ante requerimiento de autoridad judicial u otra autoridad competente. Para facilitar la identificaci\u00f3n y seguimiento de los productos de un delito, y en consecuencia, el recaudo de pruebas, el numeral 2o de este art\u00edculo sugiere a los Estados Parte emplear t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n tales como la interceptaci\u00f3n de telecomunicaciones, el acceso a sistemas de ordenador y \u00f3rdenes de presentar documentos espec\u00edficos.<\/font><\/p>\n

Para terminar este Cap\u00edtulo, el art\u00edculo 6o desglosa las modalidades de blanqueo que deben ser objeto de tipificaci\u00f3n. Dentro de ellas se destacan: Conversi\u00f3n o transmisi\u00f3n de propiedades, ocultaci\u00f3n o disfraz del origen, y la adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o uso de propiedades, con conocimiento de que, al momento de su recepci\u00f3n, dichas propiedades eran producto de un delito.<\/font><\/p>\n

Basta se\u00f1alar, para verificar la concordancia del Convenio en este punto con el tipo penal descrito en el art\u00edculo 323<\/A> de la Ley 599 de 2000, que los supuestos en aquel listado se encuentran comprendidos en su totalidad a manera de verbos rectores en el r\u00e9gimen punitivo sustancial colombiano.<\/font><\/p>\n

Debe anotarse que a nivel interno funge como mecanismo penal sustantivo complementario el delito de receptaci\u00f3n, aplicable respecto de las conductas no especificadas en el tipo penal de blanqueo de capitales, siempre que no concurra conducta sancionada con pena mayor.<\/font><\/p>\n

El Cap\u00edtulo Tercero del Convenio se divide en 7 secciones a trav\u00e9s de las cuales aborda in extenso lo relativo a la cooperaci\u00f3n internacional.<\/font><\/p>\n

En la secci\u00f3n 1 se reitera el compromiso a cargo de los Estados Parte de adoptar medidas internas que permitan una efectiva cooperaci\u00f3n internacional, en particular aquellas destinadas a atender solicitudes de decomiso de bienes producto o instrumento de un delito.<\/font><\/p>\n

Con el fin de materializar este prop\u00f3sito, la secci\u00f3n 2 \u2013art\u00edculos 8 a 10\u2013 se refiere a la obligaci\u00f3n de brindar la mayor ayuda posible para la identificaci\u00f3n y seguimiento del producto o instrumentos de un delito. Para tal fin, la secci\u00f3n 3 establece el deber de adoptar, cuando medie solicitud en tal sentido, las medidas provisionales necesarias para evitar que se negocie, se transmita o se enajene cualquier propiedad que, en un momento posterior, pueda ser objeto de solicitud de decomiso o que pueda servir de fundamento jur\u00eddico a tal solicitud.<\/font><\/p>\n

El procedimiento para proceder al decomiso solicitado por autoridad competente extranjera se encuentra detallado en la secci\u00f3n 4 del Cap\u00edtulo 3.<\/font><\/p>\n

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Las causales de denegaci\u00f3n o aplazamiento de la cooperaci\u00f3n internacional se describen en la secci\u00f3n 5. Dentro de las causales que pueden dar lugar a la negativa se destacan:<\/font><\/p>\n