{"id":1215,"date":"2020-11-24T19:32:34","date_gmt":"2020-11-24T19:32:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1149-de-2007\/"},"modified":"2020-11-24T19:32:34","modified_gmt":"2020-11-24T19:32:34","slug":"ley-1149-de-2007","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1149-de-2007\/","title":{"rendered":"LEY 1149 DE 2007"},"content":{"rendered":"

LEY 1149 DE 2007<\/font>

 <\/P>

<\/P>

 <\/P>

LEY 1149 DE 2007<\/font><\/P><\/B><\/FONT>

 <\/P>

(julio 13 DE 2007) <\/font> <\/P>

 <\/P>

por la cual se reforma el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social<\/a><\/b> para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.<\/font><\/i><\/P>

 <\/P>

 <\/P>

El Congreso de Colombia<\/font><\/P>

 <\/P>

DECRETA:<\/font><\/b><\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 1\u00b0. <\/b>El art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> modificado por el art\u00edculo 19<\/a><\/b> de la Ley 712 de 2001<\/a><\/b>, quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 32.<\/b> Tr\u00e1mite de las excepciones. <\/b>El juez decidir\u00e1 las excepciones previas en la audiencia de conciliaci\u00f3n, decisi\u00f3n de excepciones previas, saneamiento y fijaci\u00f3n del litigio. <\/I>Tambi\u00e9n podr\u00e1 proponerse como previa la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n cuando no haya discusi\u00f3n sobre la fecha de exigibilidad de la pretensi\u00f3n o de su interrupci\u00f3n o de su suspensi\u00f3n, y decidir sobre la excepci\u00f3n de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deber\u00e1 presentar las pruebas en el acto y el juez resolver\u00e1 all\u00ed mismo.<\/font><\/P>

 <\/P>

Las excepciones de m\u00e9rito ser\u00e1n decididas en la sentencia.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 2\u00b0.<\/a> <\/b>El art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P>

 <\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 37. Proposici\u00f3n y tr\u00e1mite de incidentes.<\/b> Los incidentes s\u00f3lo podr\u00e1n proponerse en la audiencia de conciliaci\u00f3n, decisi\u00f3n de excepciones previas, saneamiento y fijaci\u00f3n del litigio, a menos de que se trate de hechos ocurridos con posterioridad; <\/I>quien los propone deber\u00e1 aportar las pruebas en la misma audiencia; se decidir\u00e1n en la sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisi\u00f3n previa.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 3\u00b0.<\/a> <\/b>El art\u00edculo 42 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b><\/i>, modificado por el art\u00edculo 21<\/a><\/b> de la Ley 712 de 2001<\/a><\/b>, quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P>

 <\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 42.<\/b> Principios de oralidad y publicidad. <\/b>Las actuaciones judiciales y la pr\u00e1ctica de pruebas en las instancias, se efectuar\u00e1n oralmente en audiencia p\u00fablica, so pena de nulidad, salvo las que expresamente se\u00f1alen la ley<\/font>, y los siguientes autos:<\/font><\/I><\/P>

 <\/P>

1. Los de sustanciaci\u00f3n por fuera de audiencia.<\/font><\/P>

 <\/P>

2. Los interlocutorios no susceptibles de apelaci\u00f3n.<\/font><\/P>

 <\/P>

3. Los interlocutorios que se dicten antes de la audiencia de conciliaci\u00f3n, saneamiento, decisi\u00f3n de excepciones y fijaci\u00f3n del litigio <\/I>y con posterioridad a las sentencias de instancias.<\/font><\/P>

 <\/P>

Par\u00e1grafo 1\u00b0. En los procesos ejecutivos s\u00f3lo se aplicar\u00e1n estos principios en la pr\u00e1ctica de pruebas y en la decisi\u00f3n de excepciones.<\/font><\/P>

 <\/P>

Par\u00e1grafo 2\u00b0. El juez limitar\u00e1 la duraci\u00f3n de las intervenciones de las partes y de sus apoderados, respetando el derecho a la defensa.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 4\u00b0.<\/a><\/b> El art\u00edculo 44 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 44. Clases de audiencias.<\/b> Las audiencias ser\u00e1n dos: una de conciliaci\u00f3n, decisi\u00f3n de excepciones previas, saneamiento y fijaci\u00f3n del litigio; y otra de tr\u00e1mite y de juzgamiento.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 5\u00b0.<\/a><\/b> El art\u00edculo 45 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b>, modificado por el art\u00edculo 22<\/a><\/b> de la Ley 712 de 2001<\/a><\/b>, quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 45. Se\u00f1alamiento de audiencias. <\/b>Antes de terminar la audiencia el juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deber\u00e1 ser informada mediante aviso colocado en la cartelera del Juzgado en un lugar visible al d\u00eda siguiente.<\/font><\/P>

 <\/P>

Las audiencias no podr\u00e1n suspenderse, se desarrollar\u00e1n sin soluci\u00f3n de continuidad dentro de las horas h\u00e1biles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite m\u00e1s tiempo.<\/font><\/P>

 <\/P>

En ning\u00fan caso podr\u00e1n celebrarse m\u00e1s de dos (2) audiencias.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/P>

 <\/P><\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/FONT><\/td>\n<\/tr>\n
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Apartes subrayadas declaradas EXEQUIBLES frente a los cargos examinados, mediante Sentencia C-583-16<\/a><\/b>, Octubre 26 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Aquiles Arrieta G\u00f3mez. "El problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver la Corte Constitucional en esta oportunidad, consisti\u00f3 en determinar si el legislador vulner\u00f3 los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al limitar a una hora el tiempo concedido para el desarrollo de la audiencia de conclusi\u00f3n y el poder suspenderla y posponerla, por la supuesta afectaci\u00f3n que tales restricciones de tiempo y modo imponen a la presentaci\u00f3n de los alegatos de conclusi\u00f3n. De manera preliminar la Corte verific\u00f3 que no exist\u00eda cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-543 de 2011 que resolvi\u00f3 una demanda en contra de una disposici\u00f3n legal similar. Sin duda, existe relaci\u00f3n entre las normas y los cargos analizados en aquella ocasi\u00f3n y los que se deben analizar en la presente, puesto que ambas disposiciones (Ley 1395\/10, art. 25 y Ley 1149\/07, arts. 5 y 12) est\u00e1n destinadas a brindar celeridad a los procedimientos en el marco de la implementaci\u00f3n de la oralidad. Sin embargo, los par\u00e1metros normativos tienen diferencias, puesto que en el caso ya decidido se analiz\u00f3 la restricci\u00f3n temporal a la suspensi\u00f3n que el juez puede hacer en la audiencia, antes de dictar su sentencia, mientras que en el presente caso se fundamenta en la duraci\u00f3n total de la audiencia y en la supuesta imposibilidad de aplazarla por m\u00e1s de una hora. Si bien ambos supuestos tienen un objeto y fin asimilables, las normas presentan diferencias sustanciales. En primer lugar, el contexto normativo en que se inscribe cada disposici\u00f3n es distinto, toda vez que las normas ya examinadas se refieren a un asunto civil, en el que se debaten intereses privados, mientras que el actual examen se relaciona con la protecci\u00f3n de los derechos del trabajador, esto es, la salvaguarda de un derecho fundamental. En segundo lugar, la norma declarada examinada en la sentencia C- 543\/11 en cuanto a su proporcionalidad, establece un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) horas para el receso de la audiencia, previo al pronunciamiento. En el presente caso, el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1149 de 2010 fija un t\u00e9rmino de receso de una hora, sin establecer ninguna prohibici\u00f3n para que el t\u00e9rmino sea ampliado o reducido, de modo que es claro que las disposiciones no tienen id\u00e9ntico contenido normativo. Aunque no hab\u00eda lugar a la existencia de cosa juzgada, la corporaci\u00f3n consider\u00f3 que la sentencia C-543\/11 contiene aspectos relevantes para analizar y resolver el presente caso, por lo que constituye un precedente a tomar en cuenta. En concreto, las disposiciones demandadas hacen parte de una reforma parcial del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social cuya finalidad es promover la celeridad procesal, haciendo efectiva la oralidad. En ese contexto, para la Corte, la prohibici\u00f3n de suspender la audiencia, no extingue el derecho de presentar los alegatos de conclusi\u00f3n que las partes tengan a bien presentar, ni de que sean escuchados y considerados por el juez. Las limitaciones de modo y tiempo en que deben presentarse tales alegatos, se adecuan a las finalidades de celeridad e inmediaci\u00f3n que persigue el dise\u00f1o procesal, pero no se anulan ni restringen. No se est\u00e1 suprimiendo una instancia de defensa, una herramienta legal o un recurso que se ten\u00eda y ahora se pierda. Observ\u00f3 que una justicia pronta, cumplida y sustantiva, cuando est\u00e1n en juego los derechos de los trabajadores se acompasa perfectamente con el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n, de manera que la celeridad y la inmediaci\u00f3n son fines leg\u00edtimos desde la perspectiva constitucional. Los medios elegidos por el legislador para conseguir en el presente caso tales fines, no se encuentran prohibidos o proscritos. Ninguna disposici\u00f3n de la Carta proh\u00edbe que el legislador dise\u00f1e el proceso laboral de primera instancia de tal forma que sea desarrollado en dos (2) audiencias que no puedan ser suspendidas. Las restricciones temporales y de espacios propios de un proceso judicial son herramientas legales leg\u00edtimas y resultan adecuadas para lograr la celeridad por un lado, evitando que la audiencia se prolongue indefinidamente y evitando de otro, que el juez se distancie y pierda el contacto directo, completo y presente con las pruebas y alegatos presentados. El efecto logrado con la reforma es que el proceso tiene una duraci\u00f3n determinada, c\u00e9lere, en la que el juez participa de forma constante y directa. Una vez iniciada la segunda audiencia, solo puede terminar con una decisi\u00f3n, sin lugar a aplazamiento ni a dilaciones. Sin duda, ello obliga a las partes y al juez a adaptar su proceder, pero cumple con el objetivo de dar celeridad e inmediaci\u00f3n al proceso. Por consiguiente, la Corte encontr\u00f3 que la prohibici\u00f3n de suspender las audiencias del proceso laboral ordinario y en particular aquella de tr\u00e1mite y juzgamiento, es una medida razonable constitucionalmente, en tanto busca fines leg\u00edtimos a trav\u00e9s de un medio no prohibido, que es adecuado para lograr alcanzar dichos fines de celeridad e inmediaci\u00f3n en la justicia. De igual manera, la disposici\u00f3n de que en el mismo acto se dicte la sentencia y se pueda decretar un receso de una hora para proferirla, a juicio de la Corte, resulta un medio adecuado para alcanzar las finalidades enunciadas, al establecer un t\u00e9rmino suficientemente amplio para que el juez estructure las conclusiones sobre la audiencia y suficientemente corto para evitar que la audiencia e dilate y as\u00ed se diluyan las impresiones que en la misma se haya formado el juez. Tal como est\u00e1 dise\u00f1ada la norma, el receso es una opci\u00f3n para el juez, que puede tomarlo, si as\u00ed lo requiere, inmediatamente despu\u00e9s de concluir con la etapa probatoria y antes de dictar el fallo. Advirti\u00f3 que el juez como director del proceso, cuando as\u00ed lo considere estrictamente necesario, podr\u00eda ampliar o reducir ese t\u00e9rmino de forma razonable, como lo puede hacer con otros procedimientos en el marco de la autonom\u00eda y la flexibilidad que le imprime la reforma. En ese orden, la Corte concluy\u00f3 que el legislador no vulner\u00f3 los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso al imponer restricciones de modo y tiempo en el proceso laboral oral de primera instancia en dos audiencias, sin la posibilidad de que la segunda audiencia se aplace o suspenda m\u00e1s all\u00e1 de un receso una hora ante de la decisi\u00f3n."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 6\u00b0.<\/a><\/b> El art\u00edculo 46 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 46. Actas y grabaci\u00f3n de audiencias.<\/b> Las audiencias ser\u00e1n grabadas con los medios t\u00e9cnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro, los cuales deber\u00e1n ser proporcionados por el Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.<\/font><\/P>

 <\/P>

Si la audiencia es grabada, se consignar\u00e1 en el acta el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.<\/font><\/P>

 <\/P>

El acta ser\u00e1 firmada por el juez y el secretario y de ella har\u00e1 parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron.<\/font><\/P>

 <\/P>

Cualquier interesado podr\u00e1 solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtenci\u00f3n deber\u00e1 proporcionar los medios necesarios para ello.<\/font><\/P>

 <\/P>

En ning\u00fan caso se har\u00e1 la reproducci\u00f3n escrita de las grabaciones. Las grabaciones se incorporar\u00e1n al expediente.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 7\u00b0.<\/a> <\/b>El art\u00edculo 48 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b><\/i> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 48. El juez director del proceso. <\/b>El juez asumir\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su tr\u00e1mite.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 8\u00b0.<\/a><\/b> El art\u00edculo 53 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 53. Rechazo de pruebas y diligencias inconducentes. <\/b>El juez podr\u00e1, en decisi\u00f3n motivada, rechazar la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relaci\u00f3n con el objeto del pleito.<\/font><\/P>

 <\/P>

En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitar\u00e1 el n\u00famero de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicci\u00f3n que obran en el proceso.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 9\u00b0.<\/a> <\/b>El art\u00edculo 59 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 59. Comparecencia de las partes. <\/b>El juez podr\u00e1 ordenar la comparecencia de las partes a las audiencias a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos; la renuencia de las partes a comparecer tendr\u00e1 los efectos previstos en el art\u00edculo 77.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 10.<\/a> <\/b>El art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 66. Apelaci\u00f3n de las sentencias de primera instancia.<\/b> Ser\u00e1n apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la notificaci\u00f3n mediante la sustentaci\u00f3n oral estrictamente necesaria; interpuesto el recurso el juez lo conceder\u00e1 o denegar\u00e1 inmediatamente.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

<\/FONT><\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales* <\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

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Aparte subrayado declarado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-493-16<\/a><\/b>, Septiembre 14 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "Los cuestionamientos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte en esta oportunidad, plantearon de un lado (i) si el legislador al establecer la sustentaci\u00f3n oral del recurso de apelaci\u00f3n dentro de la audiencia de fallo, desconoci\u00f3 el derecho a un trato igualitario de los usuarios de la jurisdicci\u00f3n laboral y de la seguridad social frente a los ciudadanos que acuden a la jurisdicci\u00f3n penal, en tanto \u00e9stos cuentan con mayores beneficios en lo atinente al tiempo y al modo para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n; de otra parte, (ii) si dicha medida legislativa resulta desproporcionada al establecer una carga procesal que hace nugatorios el derecho a la doble instancia y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. El an\u00e1lisis realizado por la Corte concluy\u00f3 en la constitucionalidad de la expresi\u00f3n normativa acusada contenida en el art\u00edculo 10 de la Ley 1149 de 2007, respecto del cargo por vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad formal ante la ley (art. 13 C.Po.), al constatarse que los supuestos en los que se funda la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia penal y laboral no son asimilables, no solo por la especialidad de los asuntos que se ventilan en cada una de dichas jurisdicciones, sino porque dentro de la amplia facultad discrecionalidad del legislador para determinar los recursos, excepciones y t\u00e9rminos de cada procedimiento, estableci\u00f3 como eje rector de la jurisdicci\u00f3n laboral el principio de la oralidad, mientras que en la penal, con el fin de promover la descongesti\u00f3n judicial, implement\u00f3 la sustentaci\u00f3n mixta del recurso. Adicionalmente, por las caracter\u00edsticas particulares de los derechos de los usuarios, puesto que las garant\u00edas de la doble instancia en los asuntos penales cuentan con un mayor respaldo constitucional, al ser parte esencial del n\u00facleo fundamental del derecho, mientras que si bien los derechos de los trabajadores son m\u00ednimos e irrenunciables, los recursos previstos en los asuntos procesales son objeto de un mayor margen de acci\u00f3n en cuanto a su configuraci\u00f3n. De igual modo, la corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que la acusaci\u00f3n de afectaci\u00f3n desproporcionada e irrazonable del derecho a la doble instancia (art. 31 C.Po) y el efectivo acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 C.Po.) no estaba llama a prosperar, por cuanto la finalidad de la celeridad en la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral no se encuentra prohibida y en efecto se materializa a trav\u00e9s de la medida de la oralidad como principio rector dentro de los procesos surtidos ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. La Corte estim\u00f3 razonable la exigencia de dicha carga procesal a la parte recurrente, que como parte afectada no puede considerarse sorprendida con la decisi\u00f3n adoptada en primer instancia, ya que cuenta con la posibilidad y el deber legal de participar activamente en las etapas previas al proceso. En todo caso, advirti\u00f3 que el recurrente cuenta con la garant\u00eda de ser o\u00eddo durante un tiempo prudencial acorde con la densidad del fallo y de hacer valer sus propias razones y argumentos en una segunda instancia, sin que represente un quebrantamiento del derecho a conocer, controvertir las pruebas e intervenir en su formaci\u00f3n, intereses que son protegidos mediante los principios de consonancia y congruencia. Ante la imposibilidad de reproducir el audio de la audiencia, el juez deber\u00e1 absolver las dudas que la sentencia genere a los apelantes, para permitir que el recurso se plantee sobre bases s\u00f3lidas de conocimiento y comprensi\u00f3n del fallo a recurrir. Por consiguiente, el segmento normativo acusado del art\u00edculo 10 de la Ley 1149 de 2007, fue declarado exequible". <\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 11.<\/a><\/b> El art\u00edculo 77 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b>, modificado por el art\u00edculo 39<\/a><\/b> de la Ley 712 de 2001<\/a><\/b>, quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 77. Audiencia obligatoria de conciliaci\u00f3n, decisi\u00f3n de excepciones previas, saneamiento y fijaci\u00f3n del litigio. <\/b>Contestada la demanda principal y la de reconvenci\u00f3n si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el t\u00e9rmino legal, el juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia p\u00fablica, <\/font> la cual deber\u00e1 celebrarse a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n de la demanda.<\/font><\/I><\/P>

 <\/P>

Para efectos de esta audiencia, el juez examinar\u00e1 previamente la totalidad de la actuaci\u00f3n surtida y ser\u00e1 \u00e9l quien la dirija.<\/font><\/P>

 <\/P>

En la audiencia de conciliaci\u00f3n se observar\u00e1n las siguientes reglas:<\/font><\/P>

 <\/P>

Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrir\u00e1 su representante legal.<\/font><\/P>

 <\/P>

Si antes de la hora se\u00f1alada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez se\u00f1alar\u00e1 nueva fecha para celebrarla, la cual ser\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha inicial, sin que en ning\u00fan caso pueda haber otro aplazamiento.<\/font><\/P>

 <\/P><\/FONT><\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

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Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE  por la Corte Constitucional mediante <\/font>Sentencia C-317-08<\/a><\/b> del <\/font>nueve (09) de abril de dos mil ocho (2008);  Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/DIV>

 <\/P>

Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliaci\u00f3n, el juez la declarar\u00e1 clausurada y se producir\u00e1n las siguientes consecuencias procesales:<\/font><\/P>

 <\/P>

1. Si se trata del demandante se presumir\u00e1n ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la contestaci\u00f3n de la demanda y en las excepciones de m\u00e9rito.<\/font><\/P>

 <\/P>

2. Si se trata del demandado, se presumir\u00e1n ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesi\u00f3n.<\/font><\/P>

 <\/P>

Las mismas consecuencias se aplicar\u00e1n a la demanda de reconvenci\u00f3n.<\/font><\/P>

 <\/P>

3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesi\u00f3n, la no comparecencia de las partes se apreciar\u00e1 como indicio grave en su contra.<\/font><\/P>

 <\/P>

4. En el caso del inciso quinto de este art\u00edculo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dar\u00e1 lugar a la imposici\u00f3n de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario m\u00ednimo mensual vigente.<\/font><\/P>

 <\/P>

Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitar\u00e1 para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de soluci\u00f3n por este medio, y si no lo hicieren, deber\u00e1 proponer las f\u00f3rmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesi\u00f3n. En esta etapa de la audiencia s\u00f3lo se permitir\u00e1 di\u00e1logo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el \u00fanico fin de asesorarlos para proponer f\u00f3rmulas de conciliaci\u00f3n.<\/font><\/P>

 <\/P>

Si se llegare a un acuerdo total se dejar\u00e1 constancia de sus t\u00e9rminos en el acta correspondiente y se declarar\u00e1 terminado el proceso. El acuerdo tendr\u00e1 fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se proceder\u00e1 en la misma forma en lo pertinente.<\/font><\/P>

 <\/P>

Par\u00e1grafo 1\u00b0. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliaci\u00f3n. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarar\u00e1 terminada la etapa de conciliaci\u00f3n y en la misma audiencia:<\/font><\/P>

 <\/P>

1. Decidir\u00e1 las excepciones previas conforme a lo previsto en el art\u00edculo 32.<\/font><\/P>

 <\/P>

2. Adoptar\u00e1 las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.<\/font><\/P>

 <\/P>

3. Requerir\u00e1 a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que est\u00e9n de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesi\u00f3n, los cuales se declarar\u00e1n probados mediante auto en el cual desechar\u00e1 las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, as\u00ed como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliaci\u00f3n parcial.<\/font><\/P>

 <\/P>

Igualmente, si lo considera necesario las requerir\u00e1 para que all\u00ed mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de m\u00e9rito.<\/font><\/P>

 <\/P>

4. A continuaci\u00f3n el juez decretar\u00e1 las pruebas que fueren conducentes y necesarias, se\u00f1alar\u00e1 d\u00eda y hora para audiencia de tr\u00e1mite y <\/I>juzgamiento, <\/I>que habr\u00e1 de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extender\u00e1 las \u00f3rdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomar\u00e1 todas las medidas necesarias para la pr\u00e1ctica de pruebas en la audiencia de tr\u00e1mite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenar\u00e1 su traslado a las partes con antelaci\u00f3n suficiente a la fecha de esta audiencia.<\/font><\/P>

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 12.<\/a><\/b> El art\u00edculo 80 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b><\/i> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 80<\/b>. Audiencia de tr\u00e1mite y juzgamiento en primera instancia. <\/b>En el d\u00eda y hora se\u00f1alados el juez practicar\u00e1 las pruebas, dirigir\u00e1 las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oir\u00e1 las alegaciones de estas. Los testigos ser\u00e1n interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los dem\u00e1s. <\/font><\/P>

 <\/P>

En el mismo acto dictar\u00e1 la sentencia correspondiente o podr\u00e1 decretar un receso de una (1) hora para proferirla y se notificar\u00e1 en estrados.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/P>

 <\/P><\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/FONT><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Apartes subrayadas declaradas EXEQUIBLES frente a los cargos examinados, mediante Sentencia C-583-16<\/a><\/b>, Octubre 26 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Aquiles Arrieta G\u00f3mez. "El problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver la Corte Constitucional en esta oportunidad, consisti\u00f3 en determinar si el legislador vulner\u00f3 los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al limitar a una hora el tiempo concedido para el desarrollo de la audiencia de conclusi\u00f3n y el poder suspenderla y posponerla, por la supuesta afectaci\u00f3n que tales restricciones de tiempo y modo imponen a la presentaci\u00f3n de los alegatos de conclusi\u00f3n. De manera preliminar la Corte verific\u00f3 que no exist\u00eda cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-543 de 2011 que resolvi\u00f3 una demanda en contra de una disposici\u00f3n legal similar. Sin duda, existe relaci\u00f3n entre las normas y los cargos analizados en aquella ocasi\u00f3n y los que se deben analizar en la presente, puesto que ambas disposiciones (Ley 1395\/10, art. 25 y Ley 1149\/07, arts. 5 y 12) est\u00e1n destinadas a brindar celeridad a los procedimientos en el marco de la implementaci\u00f3n de la oralidad. Sin embargo, los par\u00e1metros normativos tienen diferencias, puesto que en el caso ya decidido se analiz\u00f3 la restricci\u00f3n temporal a la suspensi\u00f3n que el juez puede hacer en la audiencia, antes de dictar su sentencia, mientras que en el presente caso se fundamenta en la duraci\u00f3n total de la audiencia y en la supuesta imposibilidad de aplazarla por m\u00e1s de una hora. Si bien ambos supuestos tienen un objeto y fin asimilables, las normas presentan diferencias sustanciales. En primer lugar, el contexto normativo en que se inscribe cada disposici\u00f3n es distinto, toda vez que las normas ya examinadas se refieren a un asunto civil, en el que se debaten intereses privados, mientras que el actual examen se relaciona con la protecci\u00f3n de los derechos del trabajador, esto es, la salvaguarda de un derecho fundamental. En segundo lugar, la norma declarada examinada en la sentencia C- 543\/11 en cuanto a su proporcionalidad, establece un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) horas para el receso de la audiencia, previo al pronunciamiento. En el presente caso, el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1149 de 2010 fija un t\u00e9rmino de receso de una hora, sin establecer ninguna prohibici\u00f3n para que el t\u00e9rmino sea ampliado o reducido, de modo que es claro que las disposiciones no tienen id\u00e9ntico contenido normativo. Aunque no hab\u00eda lugar a la existencia de cosa juzgada, la corporaci\u00f3n consider\u00f3 que la sentencia C-543\/11 contiene aspectos relevantes para analizar y resolver el presente caso, por lo que constituye un precedente a tomar en cuenta. En concreto, las disposiciones demandadas hacen parte de una reforma parcial del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social cuya finalidad es promover la celeridad procesal, haciendo efectiva la oralidad. En ese contexto, para la Corte, la prohibici\u00f3n de suspender la audiencia, no extingue el derecho de presentar los alegatos de conclusi\u00f3n que las partes tengan a bien presentar, ni de que sean escuchados y considerados por el juez. Las limitaciones de modo y tiempo en que deben presentarse tales alegatos, se adecuan a las finalidades de celeridad e inmediaci\u00f3n que persigue el dise\u00f1o procesal, pero no se anulan ni restringen. No se est\u00e1 suprimiendo una instancia de defensa, una herramienta legal o un recurso que se ten\u00eda y ahora se pierda. Observ\u00f3 que una justicia pronta, cumplida y sustantiva, cuando est\u00e1n en juego los derechos de los trabajadores se acompasa perfectamente con el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n, de manera que la celeridad y la inmediaci\u00f3n son fines leg\u00edtimos desde la perspectiva constitucional. Los medios elegidos por el legislador para conseguir en el presente caso tales fines, no se encuentran prohibidos o proscritos. Ninguna disposici\u00f3n de la Carta proh\u00edbe que el legislador dise\u00f1e el proceso laboral de primera instancia de tal forma que sea desarrollado en dos (2) audiencias que no puedan ser suspendidas. Las restricciones temporales y de espacios propios de un proceso judicial son herramientas legales leg\u00edtimas y resultan adecuadas para lograr la celeridad por un lado, evitando que la audiencia se prolongue indefinidamente y evitando de otro, que el juez se distancie y pierda el contacto directo, completo y presente con las pruebas y alegatos presentados. El efecto logrado con la reforma es que el proceso tiene una duraci\u00f3n determinada, c\u00e9lere, en la que el juez participa de forma constante y directa. Una vez iniciada la segunda audiencia, solo puede terminar con una decisi\u00f3n, sin lugar a aplazamiento ni a dilaciones. Sin duda, ello obliga a las partes y al juez a adaptar su proceder, pero cumple con el objetivo de dar celeridad e inmediaci\u00f3n al proceso. Por consiguiente, la Corte encontr\u00f3 que la prohibici\u00f3n de suspender las audiencias del proceso laboral ordinario y en particular aquella de tr\u00e1mite y juzgamiento, es una medida razonable constitucionalmente, en tanto busca fines leg\u00edtimos a trav\u00e9s de un medio no prohibido, que es adecuado para lograr alcanzar dichos fines de celeridad e inmediaci\u00f3n en la justicia. De igual manera, la disposici\u00f3n de que en el mismo acto se dicte la sentencia y se pueda decretar un receso de una hora para proferirla, a juicio de la Corte, resulta un medio adecuado para alcanzar las finalidades enunciadas, al establecer un t\u00e9rmino suficientemente amplio para que el juez estructure las conclusiones sobre la audiencia y suficientemente corto para evitar que la audiencia e dilate y as\u00ed se diluyan las impresiones que en la misma se haya formado el juez. Tal como est\u00e1 dise\u00f1ada la norma, el receso es una opci\u00f3n para el juez, que puede tomarlo, si as\u00ed lo requiere, inmediatamente despu\u00e9s de concluir con la etapa probatoria y antes de dictar el fallo. Advirti\u00f3 que el juez como director del proceso, cuando as\u00ed lo considere estrictamente necesario, podr\u00eda ampliar o reducir ese t\u00e9rmino de forma razonable, como lo puede hacer con otros procedimientos en el marco de la autonom\u00eda y la flexibilidad que le imprime la reforma. En ese orden, la Corte concluy\u00f3 que el legislador no vulner\u00f3 los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso al imponer restricciones de modo y tiempo en el proceso laboral oral de primera instancia en dos audiencias, sin la posibilidad de que la segunda audiencia se aplace o suspenda m\u00e1s all\u00e1 de un receso una hora ante de la decisi\u00f3n."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 13.<\/a> <\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b>, modificado por el art\u00edculo 40<\/a><\/b> de la Ley 712 de 2001<\/a><\/b>, que quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 82.<\/b> Audiencia de tr\u00e1mite y fallo en segunda instancia. <\/b>Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n o la consulta, se fijar\u00e1 la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el art\u00edculo 83. En ella se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se resolver\u00e1 la apelaci\u00f3n.<\/font><\/P>

 <\/P>

Cuando se trate de apelaci\u00f3n de un auto o no haya pruebas que practicar, en la audiencia se oir\u00e1n los alegatos de las partes y se resolver\u00e1 el recurso.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 14.<\/a><\/b> El art\u00edculo 69 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<\/a><\/b>, quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/P><\/p>\n

Art\u00edculo 69. Procedencia de la consulta.<\/b> Adem\u00e1s de estos recursos existir\u00e1 un grado de jurisdicci\u00f3n denominado de "consulta".<\/font><\/P>

 <\/P>

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario ser\u00e1n necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.<\/font><\/P>

 <\/P>

Tambi\u00e9n ser\u00e1n consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Naci\u00f3n, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Naci\u00f3n sea garante. En este \u00faltimo caso se informar\u00e1 al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico sobre la remisi\u00f3n del expediente al superior.<\/font><\/P><\/p><\/blockquote>\n

 <\/P>

Art\u00edculo 15.<\/a><\/b> R\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/b>Los procesos iniciados antes de la aplicaci\u00f3n gradual de la presente ley se continuar\u00e1n tramitando bajo el r\u00e9gimen procesal anterior.<\/font><\/P>

 <\/P>

Dentro del a\u00f1o siguiente contado a partir de la promulgaci\u00f3n de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura adoptar\u00e1 y pondr\u00e1 en pr\u00e1ctica medidas especiales, suficientes para descongestionar los despachos judiciales laborales, en los procesos promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley.<\/font><\/P>

Dichas medidas deber\u00e1n garantizar la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales, en un t\u00e9rmino no mayor de dos a\u00f1os a partir de la promulgaci\u00f3n de esta ley.<\/font><\/P>

 <\/P>

Quienes sean nombrados como jueces y magistrados, deber\u00e1n ser especializados o expertos en derecho del trabajo o en seguridad social.<\/font><\/P>

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 16.<\/a> Asignaci\u00f3n de recursos.<\/b> <\/i>La implementaci\u00f3n del sistema oral en la especialidad laboral se har\u00e1 en forma gradual en un t\u00e9rmino no superior a cuatro (4) a\u00f1os, a partir del primero (1\u00b0) de enero de 2008. El Gobierno Nacional har\u00e1 la asignaci\u00f3n de recursos para la financiaci\u00f3n de dicha implementaci\u00f3n en cada vigencia.<\/font><\/P>

 <\/P>

 <\/P>

Art\u00edculo 17.<\/a> Vigencia y derogatoria. <\/b> La presente ley entrar\u00e1 en vigencia con su promulgaci\u00f3n y, su aplicaci\u00f3n se efectuar\u00e1 de manera gradual de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la presente ley; deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el art\u00edculo 38, el numeral 1 del literal c) del art\u00edculo 41 modificado por el art\u00edculo 20 de la Ley 712 de 2001<\/a><\/b> y los art\u00edculos 81 y 85, modificado por el art\u00edculo 42 de laLey 712 de 2001<\/a><\/b>, del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social<\/a><\/b>.<\/font><\/P>

 <\/P>

 <\/P>

La Presidenta del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/P>

Dilian Francisca Toro Torres.<\/font><\/P>

 <\/P><\/I>

El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,<\/font><\/P>

Emilio Ram\u00f3n Otero Dajud.<\/font><\/P>

 <\/P><\/I>

El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/P>

Alfredo Ape Cuello Baute.<\/font><\/P>

 <\/P><\/I>

El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes,<\/font><\/P>

Angelino Lizcano Rivera.<\/font><\/P>

 <\/P>

REPUBLICA DE COLOMBIA \u2013 GOBIERNO NACIONAL<\/font><\/P>

 <\/P>

Publ\u00edquese y ejec\u00fatese.<\/font><\/P>

Dada en Bogot\u00e1, D. C., a 13 de julio de 2007.<\/font><\/P>

 <\/P>

\u00c1LVARO URIBE V\u00c9LEZ<\/font><\/P>

 <\/P>

El Ministro del Interior y de Justicia,<\/font><\/P>

Carlos Holgu\u00edn Sardi.<\/font><\/P>

 <\/P><\/I>

El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico,<\/font><\/P>

Oscar Iv\u00e1n Zuluaga Escobar.<\/font><\/P>

 <\/P><\/I>

El Ministro de la Protecci\u00f3n Social,<\/font><\/P>

Diego Palacio Betancourt.<\/font><\/P><\/FONT><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 1149 DE 2007   LEY 1149 DE 2007 (julio 13 DE 2007)  por la cual se reforma el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.  El Congreso de Colombia DECRETA: Art\u00edculo 1\u00b0. El art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social modificado por el art\u00edculo 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-1215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2007"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}