Sentencia C-659-16<\/a><\/b> 28 de noviembre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Aquiles Arrieta G\u00f3mez, "Definida la inexistencia de cosa juzgada constitucional en relaci\u00f3n con la disposici\u00f3n acusada, que tambi\u00e9n fue examinada en las sentencias C-511 de 1994 y C-007 de 2016, le correspondi\u00f3 a la Corte resolver, si el legislador vulnera el derecho a la igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n de las mujeres que voluntariamente deciden prestar su servicio militar, al restringir las actividades que pueden desarrollar, a \u201ctareas de apoyo log\u00edstico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecolog\u00eda y el medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyan a la modernizaci\u00f3n y al desarrollo del pa\u00eds \u201c, so pretexto de protegerlas y respetar sus diferencias. En el escrutinio de la medida adoptada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 de la Ley 48 de 1993, la Corte aplic\u00f3 un test estricto de igualdad, que comprende la valoraci\u00f3n constitucional de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta del trato distinto previsto en la norma acusada para las mujeres que prestan servicio militar de manera voluntaria. En cuanto a la finalidad de la medida, la Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 que en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 48 de 1993 no se hizo referencia alguna a la cuesti\u00f3n y en el debate de la ley en el Congreso solo se motiv\u00f3 la posibilidad de que las mujeres participen en el servicio militar de forma voluntaria, de la cual se deduce que la restricci\u00f3n de las actividades que cumplir\u00edan se justificaba en (i) la necesidad de proteger los derechos de las mujeres, asign\u00e1ndoles tareas que no pongan en riesgo su vida y su integridad personal y (ii) \u201ccierta tradici\u00f3n de los oficios, que al presente, tiene por mejor habilitados a los varones para el desempe\u00f1o de las labores de la guerra\u201d. En cuanto al primer argumento, consider\u00f3 que constituye un fin imperioso, acorde con el deber del Estado de proteger a todas las personas residentes en Colombia (art. 2\u00ba C.Po.) y la protecci\u00f3n espec\u00edfica prevista para las mujeres en relaci\u00f3n con la familia (art. 42 C-Po,), la mujer en estado de embarazo o post parto (art. 43 C.Po.) y la protecci\u00f3n especial a la mujer trabajadora y a la maternidad consagrada en el estatuto del trabajo (art. 53 C.Po.). Ambas finalidades son leg\u00edtimas e imperiosas desde la perspectiva constitucional, como parte de los fines esenciales del Estado y la efectividad de los derechos de las mujeres. Respecto al segundo argumento relacionado con la eficiencia administrativa en la prestaci\u00f3n del servicio militar, en el sentido de garantizar el buen desarrollo de la funci\u00f3n militar y policiva, al restringir las actividades de las mujeres en el servicio a ciertas actividades que se considera adecuadas. para su sexo, tambi\u00e9n tiene fundamento constitucional en el art\u00edculo 209 de la Carta, que consagra entre otros principios de la funci\u00f3n p\u00fablica, el de la eficiencia administrativa. De otra parte, la Corte constat\u00f3 que la limitaci\u00f3n que se examina no est\u00e1 prohibida por la Constituci\u00f3n, de manera que bien pod\u00eda ser establecida por el legislador en ejercicio de la configuraci\u00f3n normativa, de modo que tambi\u00e9n es una medida leg\u00edtima. No obstante, la restricci\u00f3n de las actividades que las mujeres que pueden cumplir en el servicio militar resulta innecesaria respecto de la finalidad de protecci\u00f3n de los derechos de las mujeres y no contribuye de manera positiva a alcanzar el fin propuesto, puesto que si el servicio militar representa un riesgo para la vida e integridad de las mujeres, es la condici\u00f3n de no obligatoriedad que no est\u00e1 en examen en este caso, la que realmente evita que ellas deban enfrentar dicha amenaza. Por el contrario, si voluntariamente deciden prestar su servicio militar, es en ejercicio de su autonom\u00eda que asumen los riesgos inherentes al servicio, que en cualquiera de sus funciones puede acarrear los peligros propios que implica el hacer parte de la Fuerza P\u00fablica en una situaci\u00f3n de conflicto armado no internacional. De esta forma, la restricci\u00f3n de las actividades no es adecuada, ni conducente, ni mucho menos necesaria para evitar los riesgos a los derechos que acarrea el servicio militar. Para la Corte, la diferenciaci\u00f3n establecida en el par\u00e1grafo objeto de censura, basada en patrones sociales que destacan las habilidades de los hombres para las actividades de la guerra y en estereotipos culturales que discriminan a las mujeres, configura una evidente infracci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n y de trato distinto no justificado por razones del sexo y una transgresi\u00f3n de compromisos internacionales adquiridos por Colombia que protegen los derechos de las mujeres. A su juicio, este estereotipo que asume que las mujeres est\u00e1n en condici\u00f3n de inferioridad frente a los hombres para desempe\u00f1ar una tarea, es un criterio reprochable que desatiende toda evidencia cient\u00edfica y social y sirve como excusa para legitimar la perpetuaci\u00f3n de pr\u00e1cticas discriminatorias y excluyentes contra las mujeres. No es la ley, ni la jurisprudencia de la Corte, las que deben determinar cu\u00e1les oficios son aptos o no para las mujeres. Por el contrario, el derecho a escoger profesi\u00f3n u oficio, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminaci\u00f3n significa, que la Constituci\u00f3n consagra una libertad de decisi\u00f3n que hace parte de la autonom\u00eda intangible de cada persona y por ende, de su dignidad humana. Sostuvo, que toda restricci\u00f3n de este c\u00edrculo fundamental, debe ligarse a una raz\u00f3n irreductible, que en el caso no existe para que la ley determine que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, deban estar excluidas de las actividades militares. Finalmente, la limitaci\u00f3n de las actividades de las mujeres en el servicio militar no produce ning\u00fan beneficio ni para ellas, ni mucho menos para la funci\u00f3n administrativa o policial. En cambio, implica la afectaci\u00f3n y sacrificio de derechos constitucionales valiosos, por lo que la finalidad no resulta estrictamente proporcional. Por lo expuesto, la Corte procedi\u00f3 a declarar inexequible el aparte demandado que hace parte del par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 de la Ley 48 de 1993, por fundamentarse en un estereotipo abiertamente contrario a la Carta Pol\u00edtica, resultar una medida inadecuada para lograr los fines propuestos, desproporcionada frente a los derechos que restringe y en consecuencia, claramente innecesaria. <\/font> <\/TD><\/TR> | <\/p>\n La Corte Constitucional declaro ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-511-94<\/a><\/b>, que declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 10, medianteSentencia C-007-16<\/a><\/b>, seg\u00fan Comunicado No. 1 de enero 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linates Cantillo. "<\/font>La Corte constat\u00f3 que en la sentencia C-511 de 1994, ya se hab\u00eda pronunciado sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 10 de la Ley 48 de 1993, frente a los mismos cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad, raz\u00f3n por la cual hab\u00eda de estarse a lo resuelto en la citada sentencia. Adicionalmente, tambi\u00e9n verific\u00f3 que en la demanda no se sustentaron las razones por las cuales proced\u00eda un nuevo pronunciamiento de este tribunal, al no tener lugar las condiciones establecidas por la jurisprudencia constitucional." <\/font><\/i> <\/TD><\/TR> | <\/p>\n La Corte Constitucional se declara INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo acerca der la constitucionalidad de este art\u00edculo, por ineptitud sustantiva de la demanda, mediante Sentencia C-006-16<\/a><\/b>, seg\u00fan Comunicado No. 1 de enero 21 de 2016;<\/font> Magistrada Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "La Corte Constitucional constat\u00f3 que la demanda instaurada contra los art\u00edculos 10, 14, 23, 24 y 25 de la Ley 48 de 1993 por la presunta configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa, al no incluir en la regulaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar obligatorio a las personas transexuales y transgeneristas, no cumple con todos los requisitos que se exigen para demostrar la existencia de dicha omisi\u00f3n, en particular, las razones por la cuales las disposiciones acusadas desconocen los art\u00edculos 13, 16 y 25 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Como lo ha se\u00f1alado de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, para que se pueda abordar de fondo un cargo de inconstitucionalidad por una omisi\u00f3n legislativa relativa se requiere que se demuestre, entre otras cosas, una exclusi\u00f3n en aquellos casos que, por ser asimilables, tendr\u00e1n que estar contenidos en el texto normativo cuestionado o que la exclusi\u00f3n carezca de una fundamentaci\u00f3n suficiente o razonada. En el presente caso, en la demanda se desconocieron los avances jurisprudenciales sobre la materia, que reconocen expresamente, que las mujeres transg\u00e9nero no son destinatarias de las normas sobre servicio militar obligatorio y que, bajo el principio de autonom\u00eda y libre desarrollo de personalidad, el auto reconocimiento es suficiente para ser exoneradas del servicio seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 10 de la Ley 48 de 1993"<\/i><\/font>. <\/TD><\/TR> | |
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