{"id":1711,"date":"2020-11-24T22:02:16","date_gmt":"2020-11-24T22:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1653-de-2013\/"},"modified":"2020-11-24T22:02:16","modified_gmt":"2020-11-24T22:02:16","slug":"ley-1653-de-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-1653-de-2013\/","title":{"rendered":"LEY 1653 DE 2013"},"content":{"rendered":"

LEY 1653 DE 2013 <\/font> <\/p>\n

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LEY 1653 DE 2013<\/font><\/b> <\/font><\/p>\n

(<\/font>julio 15 DE 2013)<\/font><\/font><\/p>\n


p<\/i><\/font>or la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.<\/font><\/i><\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-468-14<\/a><\/b> de 9 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-279-14<\/a><\/b>, Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014); Magistrada sustanciadora Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
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La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-257-14<\/a><\/b>, veintitr\u00e9s (23) de abril de dos mil catorce (2014); Magistrado ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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[1<\/a><\/b>] Declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, diecinueve (19) de marzo de dos mil catorce (2014); Magistrada Ponente Dra. MAR\u00cdA VICTORIA CALLE CORREA. 'La inconstitucionalidad de los art\u00edculos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tiene profundas implicaciones para la validez de toda la Ley 1653 de 2013. En efecto, los art\u00edculos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013 definen los elementos estructurales del arancel judicial; es decir, respectivamente, el hecho generador, las excepciones a este, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa, y lo atinente al pago del arancel. Ahora bien, precisamente fue la necesidad de modificar justo estos elementos, y en especial el hecho generador, el motivo central de la reforma integral al arancel judicial Los dem\u00e1s preceptos de la Ley 1653 de 2013 se adoptaron entonces a prop\u00f3sito de esos aspectos estructurales, y tienen sentido y raz\u00f3n de ser s\u00f3lo en funci\u00f3n suya. Por lo cual, la declaratoria de inexequibilidad de las normas que prev\u00e9n los elementos definitorios del nuevo arancel, deja a los aspectos accesorios de la reforma desprovistos de la causa por la cual fueron instaurados. Al declarar inexequibles los art\u00edculos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013, la Corporaci\u00f3n debe por tanto decretar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley Lo cual coincide, por lo dem\u00e1s, con la jurisprudencia constitucional adoptada en casos semejantes, en los cuales tras encontrar que son inexequibles los ejes estructurales de un cuerpo o sistema normativo, la Corte ha procedido a declarar la inexequibilidad de toda la reforma.'<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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El Congreso de la Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/b><\/p>\n


DECRETA:<\/font><\/b><\/p>\n


Art\u00edculo 1\u00b0.<\/a> Gratuidad de la justicia. <\/i><\/b>La Administraci\u00f3n de Justicia ser\u00e1 gratuita y su funcionamiento estar\u00e1 a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.<\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 2\u00b0.<\/a> Naturaleza jur\u00eddica. <\/b>El arancel judicial es una contribuci\u00f3n parafiscal destinada a sufragar gastos de inversi\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia. Los recursos recaudados con ocasi\u00f3n del arancel judicial ser\u00e1n administrados por el Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Fortalecimiento y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/font><\/p>\n

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*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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El mismo texto de este Inciso incluido en el art\u00edculo 1 de la Ley 1394 de 2010 fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-368-11<\/a><\/b> de 11 de mayo 2011, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Mendoza Martelo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Par\u00e1grafo. La partida presupuestal de inversi\u00f3n que anualmente asigna el Gobierno Nacional al sector jurisdiccional no podr\u00e1 ser objeto, en ning\u00fan caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos adicionales recaudados por concepto de arancel.<\/font><\/p>\n

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*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 3\u00b0.<\/a> Sujeto activo.<\/b> El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernizaci\u00f3n: Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia.El arancel judicial constituir\u00e1 un ingreso p\u00fablico a favor del Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial.<\/font><\/p>\n

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*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 4\u00b0.<\/a> Hecho generador.<\/b> El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia y en la presente ley.<\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-468-14<\/a><\/b>, 9 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr.  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 5\u00b0.<\/a><\/b> Excepciones.<\/i><\/b> No podr\u00e1 cobrarse arancel en los procedimientos arbitrales, de car\u00e1cter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicci\u00f3n voluntaria, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de grupo, de cumplimiento y dem\u00e1s acciones constitucionales. No podr\u00e1 cobrarse arancel judicial a las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico, salvo las que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jur\u00eddica y los colectores de activos p\u00fablicos se\u00f1alados como tales en la ley cuando sean causahabientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad del sector financiero.<\/font><\/p>\n


En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causar\u00e1 y pagar\u00e1 el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenar\u00e1 en la sentencia que ponga fin al proceso la devoluci\u00f3n, total o parcial, del arancel judicial y dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de esta ley.<\/font><\/p>\n


Cuando el demandante sea una persona natural y en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda no hubiere estado legalmente obligada a declarar renta, o cuente con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estar\u00e1 a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable ser\u00e1n las condenas econ\u00f3micas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda, reconocer\u00e1 tal condici\u00f3n, si a ello hubiere lugar. La circunstancia de no estar obligado a declarar renta es una negaci\u00f3n indefinida que no requiere prueba.<\/font><\/p>\n


En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral cuando el demandado sea un particular, se aplicar\u00e1 la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas que no est\u00e1n legalmente obligadas a declarar renta.<\/font><\/p>\n


Cuando se demande ante una autoridad administrativa en ejercicio de funci\u00f3n jurisdiccional en aquellos asuntos en los que esta y el juez tengan competencia a prevenci\u00f3n para conocer de la actuaci\u00f3n, el arancel judicial se causar\u00e1 a favor de la autoridad administrativa respectiva.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Quien utilice informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n falsa o adulterada, o que a trav\u00e9s de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente art\u00edculo, deber\u00e1 cancelar, a t\u00edtulo de sanci\u00f3n, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, ser\u00e1 obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condici\u00f3n, se encuentre eximido. El juez no podr\u00e1 admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. En los procesos de reparaci\u00f3n directa no se cobrar\u00e1 arancel judicial siempre que sumariamente se le demuestre al juez que el da\u00f1o antijur\u00eddico cuya indemnizaci\u00f3n se reclama ha dejado al sujeto activo en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, de tal manera que cubrir el costo del arancel limita su derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En estos eventos, el juez deber\u00e1 admitir la demanda de quien alegue esta condici\u00f3n y decidir de forma inmediata sobre la misma. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4\u00b0. Ser\u00e1n sujetos de exenci\u00f3n de arancel judicial las v\u00edctimas en los procesos judiciales de reparaci\u00f3n de que trata la Ley 1448 de 2011.<\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-257-14<\/a><\/b>, veintitr\u00e9s (23) de abril de dos mil catorce (2014); Magistrado ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Si bien toda la ley fue declarada INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-169-14<\/a><\/b> de 19 de marzo de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mar\u00eda Victoria Calle Correa, en relaci\u00f3n con el inciso 5 y el par\u00e1grafo 1\u00b0, expresa la Corte: "la Sala Plena encontr\u00f3 otras razones para sostener que el art\u00edculo 5 incisos 5 y par\u00e1grafo 1\u00b0 desconoc\u00edan preceptos constitucionales. Por una parte, indic\u00f3 que el art\u00edculo 5 inciso 5 violaba el principio de excepcionalidad de las contribuciones parafiscales (CP art 150 num. 12), y que el art\u00edculo 5 par\u00e1grafo 1\u00b0 infring\u00eda el derecho a la estricta legalidad de las sanciones (CP art 29)".<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 6\u00b0.<\/a> Sujeto pasivo.<\/b> El arancel judicial est\u00e1 a cargo del demandante inicial, del demandante en reconvenci\u00f3n o de quien presenta una demanda acumulada en procesos con pretensiones dinerarias. De la misma manera, estar\u00e1 a cargo del llamante en garant\u00eda, del denunciante del pleito, del ad excludendum, del que inicie un incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios cuando no se trate del mismo demandante que pag\u00f3 el arancel al presentar la demanda y de todo aquel que ejerza una pretensi\u00f3n dineraria.<\/font><\/p>\n


El demandante deber\u00e1 cancelar el arancel judicial antes de presentar la demanda y deber\u00e1 acompa\u00f1ar a ella el correspondiente comprobante de pago, salvo en los casos establecidos en el art\u00edculo 5\u00b0 de la presente ley. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda ser\u00e1 inadmitida en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/font><\/p>\n


El juez estar\u00e1 obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejar\u00e1 constancia en el auto admisorio de la demanda.<\/font><\/p>\n


El arancel se tendr\u00e1 en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendr\u00e1 en cuenta el valor indexado del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la presente ley.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. En caso de litisconsorcio necesario, el pago del arancel podr\u00e1 ser realizado por uno cualquiera de los litisconsortes. La misma regla se aplicar\u00e1 a los litisconsortes cuasinecesarios. Si el litisconsorcio es facultativo, cada uno de los litisconsortes deber\u00e1 pagar el arancel judicial. En los eventos de coadyuvancia o llamamiento de oficio, no se causar\u00e1 el arancel.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Si en cualquier etapa del proceso se establece que no se ha pagado total o parcialmente el arancel judicial, el juez realizar\u00e1 el requerimiento respectivo para que se cancele en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, so pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento t\u00e1cito, la perenci\u00f3n o cualquier otra forma de terminaci\u00f3n anormal del proceso, seg\u00fan el estatuto procesal aplicable.<\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-468-14<\/a><\/b>, de julio 9 de 2014, Magistrado Ponente Dr.  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-257-14<\/a><\/b>, veintitr\u00e9s (23) de abril de dos mil catorce (2014); Magistrado ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 7\u00b0.<\/a> <\/i>Base gravable.<\/b> El arancel judicial se calcular\u00e1 sobre las pretensiones dinerarias de la demanda o de cualquier otro tr\u00e1mite que incorpore pretensiones dinerarias.<\/font><\/p>\n


Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deber\u00e1n sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcular\u00e1n a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda.<\/font><\/p>\n


Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios m\u00ednimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deber\u00e1n liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda.<\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-468-14<\/a><\/b>, 9 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr.  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 8\u00b0.<\/a> Tarifa. <\/b>La tarifa del arancel judicial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable, y no podr\u00e1 superar en ning\u00fan caso en total los doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (200 smlmv).<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Las sumas pagadas por concepto de arancel judicial ser\u00e1n objeto de devoluci\u00f3n al demandante, en el evento en que el juez de \u00fanica, primera o segunda instancia no cumpla con los t\u00e9rminos procesales fijados en la ley en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n m\u00e1xima de los procesos de conformidad con lo establecido en las normas procesales.<\/font><\/p>\n


El tr\u00e1mite de devoluci\u00f3n del arancel judicial podr\u00e1 realizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realiz\u00f3 el pago, mediante el reembolso directo o mediante la entrega de certificados de devoluci\u00f3n de arancel judicial que ser\u00e1n t\u00edtulos valores a la orden, transferibles, destinados a pagar los tributos administrados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los t\u00e9rminos que establezca el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


No habr\u00e1 lugar al reembolso al demandante de lo pagado por concepto de arancel judicial cuando el demandado no hubiere estado obligado a declarar renta en el a\u00f1o inmediatamente anterior al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda. De igual forma, no estar\u00e1 obligado al pago del arancel judicial el demandado vencido en el proceso, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 5\u00b0 de la presente ley cuando el demandado no hubiere estado obligado a declarar renta en el a\u00f1o inmediatamente anterior al momento de presentaci\u00f3n de la demanda.<\/font><\/p>\n


La emisi\u00f3n y entrega de los certificados de devoluci\u00f3n de arancel judicial la efectuar\u00e1 la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
adoptar\u00e1 los procedimientos que considere necesarios, a fin de autorizar y controlar el pago de los Impuestos Nacionales con los Certificados de Devoluci\u00f3n de Arancel Judicial.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Cuando la demanda no fuere tramitada por rechazo de la misma en los t\u00e9rminos establecidos en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente ordenar\u00e1 desglosar el comprobante de pago, con el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda.<\/font><\/p>\n

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*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14<\/a><\/b>, mediante Sentencia C-554-14<\/a><\/b> de 23 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 9\u00b0.<\/a> Pago. <\/b>Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deber\u00e1 hacerse a \u00f3rdenes del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia, seg\u00fan lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitir\u00e1 copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial.<\/font><\/p>\n


Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta m\u00e9rito ejecutivo. Las sumas adeudadas por concepto de arancel judicial a que se refiere esta ley ser\u00e1n considerados cr\u00e9ditos de primera clase de naturaleza fiscal, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Para efectos del pago y recaudo de que trata el inciso 1\u00b0 de este art\u00edculo, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces podr\u00e1 recaudar total o parcialmente el arancel judicial a trav\u00e9s de los bancos y dem\u00e1s entidades financieras para lo cual se\u00f1alar\u00e1 los requisitos exigidos para la autorizaci\u00f3n y establecer\u00e1 los convenios que estime pertinente, aplicado en lo que corresponda el art\u00edculo 801 del Estatuto Tributario.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 10.<\/a> Falta disciplinaria. <\/b>Todos los procesos deber\u00e1n recibir un mismo trato en cuanto a su tr\u00e1mite e impulso. Constituye falta disciplinaria grav\u00edsima del juez, retrasar, sin justificaci\u00f3n, la tramitaci\u00f3n de los procesos en los que no se causa arancel.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 11.<\/a> Destinaci\u00f3n, vigencia y recaudo. <\/b>Dest\u00ednense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales y la implementaci\u00f3n del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendr\u00e1 la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/font><\/p>\n


Los recursos deber\u00e1n priorizarse para atender la implementaci\u00f3n de los estatutos procesales que establecen el tr\u00e1mite de los procesos en forma oral y por audiencias en la jurisdicci\u00f3n ordinaria y contencioso administrativa en donde se causan los recursos del arancel judicial, as\u00ed como las mejoras y adecuaciones de la infraestructura f\u00edsica y tecnol\u00f3gica destinada para garantizar un acceso eficiente a la administraci\u00f3n de justicia.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. De los recursos del arancel judicial se destinar\u00e1 hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada a\u00f1o, informar\u00e1 a la Mesa permanente de concertaci\u00f3n ind\u00edgena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 12.<\/a> Seguimiento. <\/b>El Consejo Superior de la Judicatura deber\u00e1 rendir un informe trimestral a una Comisi\u00f3n Especial de Seguimiento conformada por delegados del Congreso de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, acerca de la ejecuci\u00f3n presupuestal de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, y todas aquellas que se destinen a programas de descongesti\u00f3n y modernizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia, construcci\u00f3n de infraestructura f\u00edsica e implementaci\u00f3n de la oralidad en los procedimientos judiciales.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 13.<\/a><\/b> R\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/b>El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generar\u00e1 a partir de su vigencia y s\u00f3lo se aplicar\u00e1 a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.<\/font><\/p>\n


Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se regir\u00e1n por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estar\u00e1n obligadas al pago del arancel judicial en los t\u00e9rminos all\u00ed previstos.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 14.<\/a><\/b> Vigencia y derogatorias. <\/b>La presente ley rige a partir de su promulgaci\u00f3n y deroga la Ley 1394 de 2010, salvo para los efectos previstos en el art\u00edculo anterior, as\u00ed como todas las disposiciones que le sean contrarias.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


El Presidente del honorable Senado de la Rep\u00fablica,
Roy Leonardo Barreras Montealegre.<\/font><\/p>\n


El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,
Gregorio Eljach Pacheco.<\/font><\/p>\n


El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,
Augusto Posada S\u00e1nchez.<\/font><\/p>\n


El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.<\/font><\/p>\n


REP\u00daBLICA DE COLOMBIA \u2013 GOBIERNO NACIONAL<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Publ\u00edquese y c\u00famplase
Dada en Bogot\u00e1, D. C., a 15 de julio de 2013<\/font><\/p>\n


JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N<\/font><\/p>\n


El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico
Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda<\/font><\/p>\n


La Ministra de Justicia y del Derecho
Ruth Stella Correa Palacio<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

__________________________<\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

[1<\/a>]<\/font> CUADRO COMPARATIVO <\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

Ley 1394 de 2010<\/a><\/font><\/b><\/td>\nLey 1653 de 2013<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Hecho generador.<\/b><\/i> El arancel se genera en (i) procesos \u201cejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos\u201d<\/i>, (ii) en los cuales el monto de las pretensiones sea igual o superior a \u201cdoscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u201d, y (iii) siempre que se de una de tres hip\u00f3tesis: cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n que pusiera t\u00e9rmino a un proceso ejecutivo, por el cumplimiento de una condena impuesta en laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendaci\u00f3n, o por cumplirse obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza (\u00eddem art 3). No se cobra, sin embargo, en los procesos penales, laborales, contencioso laborales, de familia, de menores, declarativos, ni en los conflictos de seguridad social, de control constitucional, ni en los \u201cderivados de la tutela y dem\u00e1s acciones constitucionales\u201d.<\/font><\/td>\nHecho generador.<\/b><\/i> El arancel judicial se causa por regla general en los \u201cprocesos judiciales con pretensiones dinerarias\u201d <\/i>(art 4). Lo cual significa que es susceptible de cobrarse, en principio, ante una pretensi\u00f3n que sea convertible en dinero. La Ley agrega que tambi\u00e9n se genera en procesos no judiciales que se surtan ante autoridades administrativas en ejercicio de funci\u00f3n jurisdiccional, en aquellos asuntos en los que estas y el juez tengan competencia a prevenci\u00f3n. El arancel no se genera entonces en los procesos (judiciales o administrativos ante autoridades con jurisdicci\u00f3n) en los cuales no se formulen pretensiones dinerarias. <\/p>\n

Sin embargo, no en toda clase de procesos con pretensiones dinerarias se cobra el arancel judicial. Seg\u00fan el art\u00edculo 5 de la Ley, \u201c[n]o podr\u00e1 cobrarse\u201d<\/i> en los procedimientos arbitrales, penales, laborales, contencioso laborales, de familia, de menores, liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicci\u00f3n voluntaria, de control constitucional o de acci\u00f3n de tutela, y en los derivados de acciones populares, de grupo, de cumplimiento, \u201cy dem\u00e1s acciones constitucionales\u201d.<\/i> En los procesos de reparaci\u00f3n directa no se cobra el arancel cuando se pruebe sumariamente ante el juez \u201cque el da\u00f1o antijur\u00eddico cuya indemnizaci\u00f3n se reclama ha dejado al sujeto activo en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n\u201d, y que cubrirlo en esas condiciones limitar\u00eda el derecho a acceder a la justicia. Las v\u00edctimas, en los procesos judiciales de reparaci\u00f3n de que trata la Ley 1448 de 2011 \u2018Por la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.\u2019<\/i>, tampoco est\u00e1n obligadas en ese contexto a cancelar el arancel. <\/p>\n

En los casos en los que tenga que hacerse, el arancel se debe pagar \u201cantes de presentar la demanda\u201d <\/i>y acompa\u00f1ar a esta el comprobante de pago correspondiente (art 6). Cuando, debiendo hacerlo, el demandante no presenta la demanda en estas condiciones, el juez debe inadmitirla, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Es un deber del juez, conforme al art\u00edculo 6 inciso 4, verificar que el arancel judicial se pague, cuando sea el caso de hacerlo. En cualquier evento, debe dejar constancia \u201cen el auto admisorio de la demanda\u201d<\/i>. Si en otra etapa del proceso el juez \u201cestablece\u201d<\/i> que no se ha pagado \u201ctotal o parcialmente\u201d <\/i>el arancel judicial, har\u00e1 un requerimiento para que en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas se pague, \u201cso pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento t\u00e1cito, la perenci\u00f3n o cualquier otra forma de terminaci\u00f3n anormal del proceso, seg\u00fan el estatuto procesal aplicable\u201d<\/i> (art 6 par 2).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Sujeto pasivo.<\/b><\/i> Seg\u00fan la Ley 1394 de 2010, cuando se presenta el hecho generador del arancel, este \u00faltimo se encuentra a cargo \u201cdel demandante inicial o del demandante en reconvenci\u00f3n beneficiado con las condenas o pagos, o sus causahabientes a t\u00edtulo universal o singular\u201d (\u00eddem art 6). No se cobra, empero, a \u201clas personas de los niveles de SISBEN 1 y 2, condici\u00f3n que serpa acreditada con el respectivo carn\u00e9\u201d. Tambi\u00e9n se excluye del deber de cancelar el tributo en menci\u00f3n a quienes, sin probar su clasificaci\u00f3n en los referidos niveles de SISBEN, se les haya reconocido el amparo de pobreza en los t\u00e9rminos de la ley (\u00eddem art 4). <\/font><\/td>\nBase gravable.<\/b><\/i> En general, el arancel se calcula sobre las pretensiones dinerarias planteadas en la demanda o en cualquier otro tr\u00e1mite de los que se definen en la Ley (art 7). Cuando se incluyan varias pretensiones dinerarias, todas ellas deben sumarse para fijar la base gravable con el tributo demandado. Si a las pretensiones se incorporen \u201cfrutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares\u201d, estas se \u201ccalcular\u00e1n a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u201d. Las pretensiones formuladas en salarios m\u00ednimos legales mensuales, en moneda extranjera o en cualquier otra unidad de valor, la liquidaci\u00f3n harpa al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda (art 7). Cuando el demandante sea una persona natural, y no haya estado obligado a declarar renta en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda, quien debe pagar el arancel es el \u201cdemandado vencido en el proceso\u201d. En ese caso, la base gravable la conforman \u201clas condenas econ\u00f3micas decretadas en la sentencia\u201d (art 5 inc 3). La misma base aplica cuando se trate de un proceso contencioso administrativo diferente al contencioso laboral, en el cual el demandado sea un particular (art 5 inc 4).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Base gravable. <\/b><\/i>El arancel de la Ley 1394 de 2010 se calcula sobre estos valores: (a) las condenas por sumas de dinero (el valor efectivamente recaudado por el demandante), y en los procesos ejecutivos donde concurran medidas cautelares sobre bienes a rematar, se toma como base gravable -una vez efectuado el remate- el valor establecido \u201ccomo pago total o parcial a favor del demandante\u201d; (b) en las condenas por obligaciones de dar o hacer, se calcula sobre el \u201cvalor total a pagar como resultado de la liquidaci\u00f3n elaborada por el juzgado\u201d; (c) en la transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n, se grava el valor de los pagos, o de la estimaci\u00f3n de los bienes o prestaciones \u201cdeterminado por las partes en el acuerdo de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial que ponga fin al proceso\u201d (Ley 1394 art 6).<\/font><\/td>\nBase gravable.<\/b> <\/i>En general, el arancel se calcula sobre las pretensiones dinerarias planteadas en la demanda o en cualquier otro tr\u00e1mite de los que se definen en la Ley (art 7). Cuando se incluyan varias pretensiones dinerarias, todas ellas deben sumarse para fijar la base gravable con el tributo demandado. Si a las pretensiones se incorporen \u201cfrutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares\u201d, estas se \u201ccalcular\u00e1n a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u201d. Las pretensiones formuladas en salarios m\u00ednimos legales mensuales, en moneda extranjera o en cualquier otra unidad de valor, la liquidaci\u00f3n harpa al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda (art 7). Cuando el demandante sea una persona natural, y no haya estado obligado a declarar renta en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda, quien debe pagar el arancel es el \u201cdemandado vencido en el proceso\u201d. En ese caso, la base gravable la conforman \u201clas condenas econ\u00f3micas decretadas en la sentencia\u201d (art 5 inc 3). La misma base aplica cuando se trate de un proceso contencioso administrativo diferente al contencioso laboral, en el cual el demandado sea un particular (art 5 inc 4).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Tarifa.<\/b><\/i> En la Ley 1394 de 2010 la tarifa aplicable es en general \u201cdel dos por ciento (2%)\u201d sobre la base gravable. Pero en los casos de terminaci\u00f3n anticipada de procesos ejecutivos, y en los que se requiera reconocimiento o refrendaci\u00f3n del laudo arbitral ante el funcionario judicial, es \u201cdel uno por ciento (1%)\u201d. Cuando haya pagos parciales, la tarifa se aplica separadamente en cada caso, \u201cindependientemente de su monto\u201d (art 7).<\/font><\/td>\nTarifa.<\/b><\/i> La tarifa del arancel es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable, y no puede superar \u201cen ning\u00fan caso\u201d los doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (art 8). La Ley prev\u00e9 \u201ca t\u00edtulo de sanci\u00f3n\u201d un arancel judicial correspondiente \u201cal triple de l tarifa inicialmente debida\u201d, y sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar, a quien \u201cutilice informaci\u00f3n fraudulenta o documentaci\u00f3n falsa o adulterada, o que a trav\u00e9s de cualquier medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas\u201d a la obligaci\u00f3n de pagar el arancel (art 5 par\u00e1grafo 1\u00b0).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Sujeto activo, destinaci\u00f3n, administraci\u00f3n, controles y vigencia.<\/b><\/i> El arancel se causa, en la Ley 1394 de 2010, a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial, y se incorpora como ingreso en el \u201cFondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d (\u00eddem art 2). Los recursos los administra el \u201cFondo para la Modernizaci\u00f3n, Fortalecimiento y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d (\u00eddem art 1). El pago del arancel debe hacerse mediante dep\u00f3sito judicial a \u00f3rdenes del respectivo despacho del Banco Agrario, indicando el n\u00famero del proceso, y una vez recibido el t\u00edtulo de dep\u00f3sito, este se endosa y env\u00eda al Consejo Superior de la Judicatura. Los recursos as\u00ed recaudados se deben destinar a \u201cla descongesti\u00f3n de los despachos judiciales del pa\u00eds\u201d (\u00eddem art 12). \u201c[H]asta el diez (10%) por ciento\u201d de ese recaudo se debe reasignar a la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena (\u00eddem art 12 par). La Ley 1394 prev\u00e9 el deber del Consejo Superior de la judicatura de rendir un informe acerca del destino y empleo de los recursos obtenidos por concepto del arancel, y consagra como falta disciplinaria \u201cretrasar, sin justificaci\u00f3n, la tramitaci\u00f3n de los procesos en los que no se causa el arancel\u201d (\u00eddem art 11). Dicha Ley entr\u00f3 a regir con su promulgaci\u00f3n (\u00eddem art 15), acto que tuvo lugar el 12 de julio de 2010.<\/font><\/td>\nSujeto activo, destinaci\u00f3n, administraci\u00f3n, controles y vigencia.<\/b><\/i> De acuerdo con el art\u00edculo 3, el arancel judicial se causa \u201ca favor del Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces\u201d (inc 1). A rengl\u00f3n seguido, la misma disposici\u00f3n prev\u00e9 que el arancel es un ingreso p\u00fablico a favor del \u201cSector Jurisdiccional de la Rama Judicial\u201d (inc 2). En aquellos casos en los cuales la pretensi\u00f3n dineraria genere el arancel, pero se presente ante una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, en asuntos en los cuales esta y el juez tengan competencia a prevenci\u00f3n, el tributo se causa \u201ca favor de la autoridad administrativa respectiva\u201d (art 5 inc 5). En cuanto a la destinaci\u00f3n, el art\u00edculo 2 de la Ley demandada dice que el arancel judicial se debe destinar a \u201csufragar gastos de inversi\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d. El art\u00edculo 11 de la misma establece que dichos recursos se han de destinar a \u201cla descongesti\u00f3n de los despachos judiciales y la implementaci\u00f3n del sistema oral a nivel nacional\u201d. Estos recursos deber\u00e1n \u201cpriorizarse\u201d para \u201catender la implementaci\u00f3n de los estatutos procesales que establecen el tr\u00e1mite de los procesos en forma oral y por audiencias en la jurisdicci\u00f3n ordinaria y contencioso administrativa en donde se causan [\u2026], as\u00ed como las mejoras y adecuaci\u00f3n de la infraestructura f\u00edsica y tecnol\u00f3gica destinada para garantizar un acceso eficiente a la administraci\u00f3n de justicia\u201d (art 11). De esos recursos debe destinarse \u201chasta el 10%\u201d a la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena. Para esos efectos, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces debe informar a la Mesa Permanente de Concertaci\u00f3n Ind\u00edgena, en enero de cada a\u00f1o, el valor total recaudado por concepto del arancel judicial (art 11 par\u00e1grafo).<\/font><\/p>\n

En lo que ata\u00f1e a la administraci\u00f3n, el art\u00edculo 2, inciso 2\u00b0, de la Ley 1653 de 2013, prev\u00e9 que los dineros recaudados en virtud del arancel judicial deben ser administrados por el \u201cFondo para la Modernizaci\u00f3n, Fortalecimiento y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d. El art\u00edculo 3, inciso 1\u00b0, prev\u00e9 que el destino inicial de esos recursos debe ser el \u201cFondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d. Todo pago que se haga a la rama judicial por concepto de arancel, de acuerdo con el art\u00edculo 9\u00b0, \u201cdebe hacerse a \u00f3rdenes del Consejo Superior de la Judicatura – Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia, seg\u00fan lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura\u201d. El Consejo Superior de la Judicatura se ocupar\u00e1, en lo que le corresponda, del recaudo de los dineros pagados con ocasi\u00f3n de este tributo, y puede hacerlo total o parcialmente \u201ca trav\u00e9s de bancos y dem\u00e1s entidades financieras\u201d, en las condiciones que la Ley expresamente prev\u00e9 (art 9 par\u00e1grafo). El Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, puede, por autorizaci\u00f3n del art\u00edculo 11, \u201cadministrar, gestionar y recaudar el [arancel], sin perjuicio de que el recaudo se realice a trav\u00e9s del sistema financiero\u201d (art 11).<\/p>\n

El art\u00edculo 12 se refiere al \u2018seguimiento\u2019 sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley 1653 de 2013. Establece que el Consejo Superior de la Judicatura debe rendir un informe trimestral a una Comisi\u00f3n Especial de Seguimiento, que debe conformarse por \u201cdelegados del Congreso de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y [l]a Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d. Dicho informe debe versar acerca de la \u201cejecuci\u00f3n presupuestal de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, y todas aquellas que se destinen a programas de descongesti\u00f3n y modernizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia, construcci\u00f3n de infraestructura f\u00edsica e implementaci\u00f3n de la oralidad en procedimientos judiciales\u201d. Constituye falta disciplinaria \u201cgrav\u00edsima\u201d del juez \u201cretrasar, sin justificaci\u00f3n, la tramitaci\u00f3n de los procesos en los que no se causa el arancel\u201d (art 10).<\/p>\n

La Ley 1653 de 2013 entr\u00f3 a regir \u201ca partir de su promulgaci\u00f3n\u201d, acto que se surti\u00f3 el 15 de julio de 2013. Desde su vigencia, salvo en lo que ata\u00f1e al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, la Ley 1653 de 2013 derog\u00f3 la Ley 1394 de 2010, \u201cas\u00ed como todas las disposiciones que le sean contrarias\u201d (art 14). La Ley 1653 de 2013 expresamente proh\u00edbe disminuir la partida presupuestal anual a la Rama Judicial, bajo el pretexto de que existe el arancel (art 2 par).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

 <\/td>\nOtros. La Ley 1653 de 2013 consagra un grupo de hip\u00f3tesis en las cuales es procedente la devoluci\u00f3n o restituci\u00f3n del arancel pagado, o s\u00f3lo del comprobante de pago para hacerlo valer en otra oportunidad. (i) Cuando se trate de un proceso contencioso administrativo, diferente al contencioso laboral -pues en este no se paga el tributo-, y en el cual el demandante sea un particular y prosperen \u201ctotal o parcialmente las pretensiones\u201d, el juez ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n \u201ctotal o parcial\u201d del importe. (ii) Cuando el demandante pague el arancel, y el \u201cjuez de \u00fanica, primera o segunda instancia no cumpla con los t\u00e9rminos procesales fijados en la ley en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n m\u00e1xima de los procesos de conformidad con lo establecido en las normas procesales\u201d, se efectuar\u00e1 un reembolso del importe. (iii) Si, tras pagar el arancel, la demanda no es tramitada por \u201crechazo de la misma\u201d, el juez ordenar\u00e1 el desglose del comprobante de pago, \u201ccon el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda\u201d. (iv) En general, el arancel se debe tener en cuenta al liquidar las costas, conforme los art\u00edculos 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y siguientes. La liquidaci\u00f3n debe hacerse con base en el valor indexado del arancel, \u201cexcluyendo del mismo las sanciones previstas en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la presente ley\u201d (art 6 inc 4). No habr\u00e1 reembolso del arancel al demandante, cuando el demandado no haya estado obligado a declarar renta en el a\u00f1o anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda (art 8 par 1 inc 3). <\/p>\n

La devoluci\u00f3n del arancel puede realizarse a solicitud de quien lo pag\u00f3 \u201cmediante el reembolso directo o mediante la entrega de certificados de devoluci\u00f3n del arancel judicial\u201d, que se consideran t\u00edtulos valores a la orden, trasferibles, destinados a pagar tributos nacionales administrados por la DIAN (art 8 par 1 inc 2). La emisi\u00f3n y entrega de los certificados de devoluci\u00f3n, cuando haya lugar a ello, las reglamentar\u00e1 el Gobierno Nacional. El Director de la DIAN adoptar\u00e1 por su parte los procedimientos \u201cnecesarios\u201d para hacer viable la cancelaci\u00f3n de tributos nacional con los certificados referidos. <\/p>\n

La Ley 1653 de 2013 contempla tambi\u00e9n regulaciones para otros asuntos. Dice que cuando quede ejecutoriada una providencia en la cual se imponga el pago del arancel judicial, copia de la misma se debe remitir al Consejo Superior de la Judicatura – Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia. Las providencias ejecutoriadas de esta naturaleza prestan m\u00e9rito ejecutivo. Las sumas adeudadas por concepto de arancel se consideran \u201ccr\u00e9ditos de primera clase de naturaleza fiscal, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil\u201d. Establece un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, conforme al cual las demandas presentadas despu\u00e9s de entrar en vigencia la reforma, se regular\u00e1n por ella, pero las que se hubieren promovido antes, cuando estaba en vigor la Ley 1394 de 2010, se regulan por esta \u00faltima (art 13).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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LEY 1653 DE 2013   LEY 1653 DE 2013 (julio 15 DE 2013) por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.     *Notas Jurisprudenciales*   Corte Constitucional La Corte Constitucional declar\u00f3 estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169-14, mediante Sentencia C-554-14 de 23 de julio de 2014, Magistrado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-1711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2013"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}