{"id":1766,"date":"2020-11-25T14:39:37","date_gmt":"2020-11-25T14:39:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/25\/ley-1709-de-2014\/"},"modified":"2020-11-25T14:39:37","modified_gmt":"2020-11-25T14:39:37","slug":"ley-1709-de-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/25\/ley-1709-de-2014\/","title":{"rendered":"LEY 1709 DE 2014"},"content":{"rendered":"

LEY 1709 DE 2014 <\/a><\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

LEY 1709 DE 2014<\/font><\/b> <\/font><\/p>\n

(enero 20 de 2014)<\/font><\/font><\/p>\n


p<\/font>or medio de la cual se reforman algunos art\u00edculos de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, de laLey 599 de 2000<\/a><\/b>, de la Ley 55 de 1985<\/a><\/b> y se dictan otras disposiciones<\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

El Congreso de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

DECRETA:<\/font><\/b><\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 1\u00b0.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 2\u00b0<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 2\u00b0. Legalidad.<\/b> Toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prisi\u00f3n o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.<\/font><\/p>\n


Nadie podr\u00e1 ser sometido a pena, medida de seguridad, ni a un r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n que no est\u00e9 previsto en la ley vigente.<\/font><\/p>\n


La detenci\u00f3n preventiva de las personas que est\u00e1n siendo investigadas o juzgadas es excepcional.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 2\u00b0.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 3A. Enfoque diferencial.<\/b> El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con caracter\u00edsticas particulares en raz\u00f3n de su edad, g\u00e9nero, religi\u00f3n, identidad de g\u00e9nero, orientaci\u00f3n sexual, raza, etnia, situaci\u00f3n de discapacidad y cualquiera otra. Por tal raz\u00f3n, las medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contar\u00e1n con dicho enfoque.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional establecer\u00e1 especiales condiciones de reclusi\u00f3n para los procesados y condenados que hayan sido postulados por este para ser beneficiarios de la pena alternativa establecida por la Ley 975 de 2005<\/a><\/b> o que se hayan desmovilizado como consecuencia de un proceso de paz con el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 3\u00b0.<\/font><\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 4\u00b0<\/a><\/b> de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 4\u00b0. Penas y medidas de seguridad.<\/b> Son penas privativas de la libertad personal las previstas en la ley para los imputables, como la prisi\u00f3n y el arresto.<\/font><\/p>\n


La prisi\u00f3n es la pena privativa de la libertad impuesta, mediante sentencia, como sanci\u00f3n por la comisi\u00f3n de un delito y se cumple en un establecimiento penitenciario o en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine.<\/font><\/p>\n


El arresto es la pena privativa de la libertad impuesta como susttutiva de la pena de multa, como unidad de multa, y se cumple en los establecimientos especialmente destinados para este efecto o en el lugar que el juez determine.<\/font><\/p>\n


La pena de prisi\u00f3n podr\u00e1 ser intramural o domiciliaria. La prisi\u00f3n domiciliaria es sustitutiva de la prisi\u00f3n intramural.<\/font><\/p>\n


Son medidas de seguridad las aplicables a los inimputables conforme al C\u00f3digo Penal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. En ning\u00fan caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicaci\u00f3n de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podr\u00e1 estar condicionado al pago de la multa.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. En firme la sentencia, la misma se remitir\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n coactiva para que se ejecute el cobro de la multa como pena accesoria a la pena de prisi\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. En los eventos en los cuales la persona condenada carezca de los medios para el pago de la multa, el juez dispondr\u00e1 que preste un servicio no remunerado en beneficio de la comunidad. Las entidades territoriales informar\u00e1n a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas sobre los trabajos que pueden prestar las personas que carezcan de medios para el pago de la multa.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 4\u00b0. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 5\u00b0<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b> el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 5\u00b0. Respeto a la dignidad humana.<\/b> En los establecimientos de reclusi\u00f3n prevalecer\u00e1 el respeto a la dignidad humana, a las garant\u00edas constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Se proh\u00edbe toda forma de violencia s\u00edquica, f\u00edsica o moral.<\/font><\/p>\n


Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estar\u00e1n limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos leg\u00edtimos para los que se han impuesto.<\/font><\/p>\n


Lo carencia de recursos no podr\u00e1 justificar que las condiciones de reclusi\u00f3n vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 5\u00b0.<\/a> <\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 7A<\/a><\/b> en la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 7A. Obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad. <\/b>Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecuci\u00f3n de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria. <\/p>\n

Los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petici\u00f3n de la persona privada de la libertad o su apoderado de la defensor\u00eda p\u00fablica o de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tambi\u00e9n deber\u00e1n reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisi\u00f3n que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos.<\/font><\/p>\n


La inobservancia de los deberes contenidos en este art\u00edculo ser\u00e1 considerada como falta grav\u00edsima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.<\/font><\/p>\n


El Consejo Superior de la Judicatura garantizar\u00e1 la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que as\u00ed lo requieran de acuerdo con solicitud que haga el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los dem\u00e1s establecimientos se garantizar\u00e1n visitas permanentes.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial* <\/font><\/p>\n

\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
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Aparte Subrayado declarado EXEQUIBLE en el entendido de que el apoderado de confianza de la persona privada de la libertad podr\u00e1 solicitar el reconocimiento de los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisi\u00f3n, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-328-16<\/a><\/b>; de Junio 22 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz delgado. "La presente demanda plante\u00f3 la Corte si restringir a los apoderados de la defensor\u00eda p\u00fablica facultad para solicitar medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de la libertad, desconoce el principio de igualdad de quienes ejercen la profesi\u00f3n de abogados en materia penal como representantes de confianza y genera adem\u00e1s una distinci\u00f3n que afecta negativamente la igualdad de los representados en el acceso a los beneficios penales mencionados. En el an\u00e1lisis llevado a cabo, la Corte tuvo en cuenta los l\u00edmites constitucionales que restringen el amplio margen de configuraci\u00f3n normativa del legislador para regular aspectos del derecho penal y penitenciario. En particular, el principio de igualdad, el cual configura una garant\u00eda constitucional sustancial que le impone al legislador la obligaci\u00f3n de no expedir normas que puedan implicar obst\u00e1culos injustificados para el ejercicio de derechos fundamentales en materia procesal, bien se trate de facultades de los apoderados judiciales para actuar en el proceso, las cuales en ocasiones, indirectamente se reflejan sobre las garant\u00edas procesales de las personas privadas de la libertad. Al examinar los antecedentes legislativos del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1709 de 2014, la corporaci\u00f3n pudo establecer que la norma contenida en el proyecto de ley original, preve\u00eda que la persona privada de la libertad, la defensor\u00eda p\u00fablica o la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pod\u00edan pedir a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas, medidas alternativas o sustitutivas de la pena de prisi\u00f3n, con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. Posteriormente, en la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes se agreg\u00f3 la expresi\u00f3n \u201co su apoderado\u201d antes de la \u201cdefensor\u00eda p\u00fablica o de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d, expresiones que se mantuvieron durante su tr\u00e1mite en el Senado y en la conciliaci\u00f3n, que al no utilizar un signo de puntuaci\u00f3n da lugar a que pueda entenderse que al lado de la persona privada de la libertad, solamente el \u201capoderado de la defensor\u00eda p\u00fablica o de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d tienen la posibilidad de formular esa solicitud. De ser este el entendimiento, la Corte se\u00f1al\u00f3 que el Congreso habr\u00eda establecido un privilegio injustificado para esos apoderados, mientras que los reclusos que son representados por un abogado de confianza no podr\u00edan solicitar la aplicaci\u00f3n a su favor de los subrogados penales. Aunque no exista una prohibici\u00f3n constitucional para regular la materia, de interpretar el alcance de la norma en ese sentido, la Corte no encontr\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que permitiera inferir que con la misma se persigue un objetivo superior imperioso."<\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 6\u00b0.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b> as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 10A. Intervenci\u00f3n m\u00ednima. <\/b>El sistema penitenciario velar\u00e1 por el cumplimiento de los derechos y las garant\u00edas de los internos; los que solo podr\u00e1n ser limitados seg\u00fan lo dispuesto en la Constituci\u00f3n, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del r\u00e9gimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 7\u00b0.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 15<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. <\/b>El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario est\u00e1 integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio independiente y autonom\u00eda administrativa; por todos los centros de reclusi\u00f3n que funcionan en el pa\u00eds; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las dem\u00e1s entidades p\u00fablicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.<\/font><\/p>\n


El sistema se regir\u00e1 por las disposiciones contenidas en este C\u00f3digo y por las dem\u00e1s normas que lo adicionen y complementen.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 8\u00b0.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 16<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 16. Establecimientos de reclusi\u00f3n nacionales. <\/b>Los establecimientos de reclusi\u00f3n del orden nacional ser\u00e1n creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Inpec, en coordinaci\u00f3n con la Uspec, determinar\u00e1 los lugares donde funcionar\u00e1n dichos establecimientos.<\/font><\/p>\n


Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda facultado para hacerlo dando previo aviso a las autoridades competentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Se faculta al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico asignar los recursos suficientes a la Uspec para la creaci\u00f3n, organizaci\u00f3n y mantenimiento de los establecimientos de reclusi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Todos los nuevos centros de reclusi\u00f3n contar\u00e1n con un per\u00edmetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo urbano.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Todos los establecimientos de reclusi\u00f3n deber\u00e1n contar con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 9\u00b0.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo 16A<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, del siguiente tenor:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 16A. Consideraciones t\u00e9cnicas de telecomunicaciones en centros de reclusi\u00f3n. <\/b>El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deber\u00e1 realizar todas las acciones necesarias para limitar el uso de equipos terminales de comunicaciones as\u00ed como controlar y\/o impedir las comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y\/o carcelarios del pa\u00eds.<\/font><\/p>\n


Para cumplir con ese prop\u00f3sito, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios deber\u00e1 incluir en el dise\u00f1o y construcci\u00f3n de los establecimientos penitenciarios y\/o carcelarios los requerimientos t\u00e9cnicos necesarios que impidan, por parte de los internos el uso de dispositivos de comunicaciones no autorizados.<\/font><\/p>\n


Del mismo modo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deber\u00e1 realizar todas las acciones necesarios para evitar que se establezcan comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos, tales como bloquear y\/o inhibir aquellas comunicaciones soportadas en servicios m\u00f3viles, satelitales, u otros sistemas de comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica y en general de radiocomunicaciones, previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, mediante la utilizaci\u00f3n de medidas tecnol\u00f3gicas o constructivas que eviten comunicaciones no autorizadas. En todo caso, el Inpec deber\u00e1 adoptar todas las medidas t\u00e9cnicas dirigidas a evitar la afectaci\u00f3n del servicio en las \u00e1reas exteriores al establecimiento penitenciario o carcelario.<\/font><\/p>\n


Adicionalmente, cuando el Inpec detecte comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y\/o carcelarios, solicitar\u00e1 a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones el bloqueo de los terminales m\u00f3viles involucrados en dichas comunicaciones.<\/font><\/p>\n


Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinaci\u00f3n con la Agencia Nacional del Espectro y el Inpec atenuar\u00e1n las se\u00f1ales que cubren los establecimientos penitenciarios y\/o carcelarios.<\/font><\/p>\n


Para tal efecto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y el Inpec deber\u00e1n intercambiar toda la informaci\u00f3n pertinente y relevante. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. El Inpec podr\u00e1 contratar directamente con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones asignatarios de espectro radioel\u00e9ctrico en bandas IMT definidas por UIT-R, el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n, gesti\u00f3n, funcionamiento, operaci\u00f3n, mantenimiento y\/o continua optimizaci\u00f3n de las soluciones tecnol\u00f3gicas que sean necesarios para el bloqueo o inhibici\u00f3n de comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y\/o carcelarios del pa\u00eds.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. El Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones deber\u00e1 incluir dentro de las condiciones para la renovaci\u00f3n del uso del espectro de los actuales operadores de Telefon\u00eda M\u00f3vil Celular que operan en la banda de 850MHz, obligaciones tendientes al uso de medios tecnol\u00f3gicos que eviten las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. El uso del terminal m\u00f3vil por fuera de los casos autorizados ser\u00e1 considerado como falta grav\u00edsima para el funcionario que as\u00ed lo permitiere o facilitare, y para la persona privada de la libertad ser\u00e1 sancionada como falta grave conforme al art\u00edculo 123 de este C\u00f3digo.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 10. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 19A<\/a><\/b> en la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 19A. Financiaci\u00f3n de obligaciones. <\/b>El Ministerio de Justicia y del Derecho promover\u00e1 la aprobaci\u00f3n de un documento Conpes para garantizar la financiaci\u00f3n de las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 17 a 19 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b> y que est\u00e1n a cargo de las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n


Los recursos para el financiamiento de que habla el presente art\u00edculo provendr\u00e1n del Presupuesto General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollar\u00e1 un proceso de formaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de las instituciones que desde los entes territoriales atienden o atender\u00e1n el funcionamiento de los centros carcelarios que estar\u00e1n a cargo de estos, adecu\u00e1ndolos a la pol\u00edtica general carcelaria y a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Para los efectos del art\u00edculo 17 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b> se entender\u00e1 que las c\u00e1rceles departamentales y municipales ser\u00e1n destinadas a las personas detenidas preventivamente.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 11.<\/font><\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 20<\/a><\/b> de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 20. Clasificaci\u00f3n.<\/b> Los establecimientos de reclusi\u00f3n pueden ser:<\/font><\/p>\n


1. C\u00e1rceles de detenci\u00f3n preventiva.<\/font><\/p>\n


2. Penitenciar\u00edas.<\/font><\/p>\n


3. Casas para la detenci\u00f3n y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tr\u00e1nsito o en ejercicio de toda profesi\u00f3n u oficio.<\/font><\/p>\n


4. Centros de arraigo transitorio.<\/font><\/p>\n


5. Establecimientos de reclusi\u00f3n para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patol\u00f3gica y personas con trastorno mental sobreviniente. Estos establecimientos estar\u00e1n bajo la direcci\u00f3n y coordinaci\u00f3n del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, en los cuales ser\u00e1n recluidas las personas con trastorno mental permanente o transitorio con base patol\u00f3gica.<\/font><\/p>\n


6. C\u00e1rceles y penitenciar\u00edas de alta seguridad.<\/font><\/p>\n


7. C\u00e1rceles y penitenciar\u00edas para mujeres.<\/font><\/p>\n


8. C\u00e1rceles y penitenciar\u00edas para miembros de la Fuerza P\u00fablica.<\/font><\/p>\n


9. Colonias.<\/font><\/p>\n


10. Dem\u00e1s centros de reclusi\u00f3n que se creen en el sistema penitenciario y carcelario.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los servidores y ex servidores p\u00fablicos contar\u00e1n con pabellones especiales dentro de los establecimientos del orden nacional que as\u00ed lo requieran, conforme a la reglamentaci\u00f3n que para tal efecto expida el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 12<\/a><\/b>. Modif\u00edcase el art\u00edculo 21<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 21. C\u00e1rceles y pabellones de detenci\u00f3n preventiva.<\/b> Las c\u00e1rceles y pabellones de detenci\u00f3n preventiva son establecimientos con un r\u00e9gimen de reclusi\u00f3n cerrado. Estos establecimientos est\u00e1n dirigidos exclusivamente a la atenci\u00f3n de personas en detenci\u00f3n preventiva en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, los cuales est\u00e1n a cargo de las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n


Podr\u00e1n existir pabellones para detenci\u00f3n preventiva en un establecmiento penitenciario para condenados, cuando as\u00ed lo ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las dem\u00e1s secciones de dicho complejo y de las personas condenadas.<\/font><\/p>\n


Las entidades territoriales, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura podr\u00e1n realizar las gestiones pertinentes para la construcci\u00f3n con junta de ciudadelas judiciales con un centro de detenci\u00f3n preventiva anexos a sus instalaciones, as\u00ed como articular todo lo necesario para la construcci\u00f3n y el mantenimiento de estos complejos judiciales.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 13.<\/font><\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 22<\/a><\/b> de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 22. Penitenciar\u00edas.<\/b> Las penitenciar\u00edas son establecimientos destinados a la reclusi\u00f3n de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisi\u00f3n, mediante un sistema progresivo para el tratamiento de los internos, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 144 del presente C\u00f3digo.<\/font><\/p>\n


Estos centros de reclusi\u00f3n ser\u00e1n de alta o m\u00e1xima, media y m\u00ednima seguridad. Las especificaciones de construcci\u00f3n y el r\u00e9gimen interno establecer\u00e1n la diferencia de estas categor\u00edas. <\/font><\/p>\n


Las autoridades judiciales competentes podr\u00e1n solicitar al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los detenidos o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusi\u00f3n, en atenci\u00f3n a sus condiciones de seguridad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 14.<\/font><\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 23<\/a><\/b> de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 23. C\u00e1rcel para la detenci\u00f3n y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tr\u00e1nsito o en ejercicio de toda profesi\u00f3n u oficio.<\/b> Son los lugares destinados para el cumplimiento de la detenci\u00f3n preventiva y de la pena privativa de la libertad por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tr\u00e1nsito o en ejercicio de toda profesi\u00f3n u oficio.<\/font><\/p>\n


Previa aprobaci\u00f3n del Inpec, las entidades privadas podr\u00e1n crear, organizar y administrar dichos establecimientos.<\/font><\/p>\n


El Inpec expedir\u00e1 el reglamento aplicable a estos centros, el cual deber\u00e1 contemplar los requisitos de organizaci\u00f3n y funcionamiento. <\/font><\/p>\n


Estos establecimientos depender\u00e1n del respectivo establecimiento de reclusi\u00f3n del orden nacional de su jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 15.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 23A. Centros de arraigo transitorio.<\/b> Con el fin de garantizar la comparecencia al proceso, se crean los centros de arraigo transitorio, en el que se da atenci\u00f3n de personas a las cuales se les ha proferido medida de detenci\u00f3n preventiva y que no cuentan con un domicilio definido o con arraigo familiar o social.<\/font><\/p>\n


La finalidad del centro de arraigo transitorio es lograr la reinserci\u00f3n laboral de la persona privada de la libertad y la recuperaci\u00f3n del arraigo social y familiar, si es del caso, y contribuir a que al momento de proferirse la condena se le pueda otorgar alg\u00fan mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Las personas detenidos preventivamente que sean remitidas a centros de arraigo transitorio deben permanecer all\u00ed hasta que se ordene su libertad por decisi\u00f3n judicial o se profiera sentencia condenatoria.<\/font><\/p>\n


Una vez proferida la sentencia condenatoria la persona ser\u00e1 trasladada al establecimiento penitenciario que corresponda o entrar\u00e1 a gozar de la medida sustitutiva de la prisi\u00f3n, si as\u00ed lo ha determinado el juez de conocimiento.<\/font><\/p>\n


Los centros de arraigo transitorio deben proveer a las personas que alberguen atenci\u00f3n psicosocial y orientaci\u00f3n laboral o vocacional durante el tiempo que permanezcan en dichos centros.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La Naci\u00f3n y las entidades territoriales podr\u00e1n realizar los acuerdos a que haya lugar para la creaci\u00f3n, fusi\u00f3n, supresi\u00f3n, direcci\u00f3n, organizaci\u00f3n, administraci\u00f3n, sostenimiento y vigilancia de los centros de arraigo transitorio en los mismos t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>. En todo caso, la creaci\u00f3n de estos centros ser\u00e1 progresiva y depender\u00e1 de la cantidad de internos que cumplan con los criterios para ingresar a este tipo de establecimientos. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 16. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 24<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 24. Establecimientos de reclusi\u00f3n para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patol\u00f3gica y personas con trastorno mental sobreviniente. <\/b>Estos establecimientos est\u00e1n destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, seg\u00fan decisi\u00f3n del juez de conocimiento previo dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental sobreviniente. En ning\u00fan caso este tipo de establecimiento podr\u00e1 estar situado dentro de las c\u00e1rceles o penitenciar\u00edas.<\/font><\/p>\n


Estos establecimientos tienen car\u00e1cter asistencial, deben especializarse en tratamiento psiqui\u00e1trico, rehabilitaci\u00f3n mental con miras a la inclusi\u00f3n familiar, social y laboral.<\/font><\/p>\n


La custodia y vigilancia externa de estos establecimientos estar\u00e1 a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la construcci\u00f3n de los mismos estar\u00e1 a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. En todo caso, contar\u00e1n con personal especializado en salud mental en cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 105 del presente C\u00f3digo y con estricto cumplimiento de los est\u00e1ndares de calidad que para tal efecto determine el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social en reglamentaci\u00f3n que expida para tal efecto dentro del a\u00f1o siguiente a la expedici\u00f3n de la presente ley.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. En los casos en los que el trastorno mental sea sobreviniente y no sea compatible con la privaci\u00f3n de la libertad en un centro penitenciario y carcelario, el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, o el juez de garant\u00edas si se trata de una persona procesada, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otorgar\u00e1n la libertad condicional o la detenci\u00f3n hospitalaria para someterse a tratamiento psiqui\u00e1trico en un establecimiento destinado para inimputables y con las condiciones de seguridad de tales establecimientos, en el marco del r\u00e9gimen especial que aplique para el sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.<\/font><\/p>\n


Una vez se verifique mediante dictamen del Instituto de Medicina Legal que ha cesado el trastorno, la persona retornar\u00e1 al establecimiento de origen.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. Los anexos o pabellones psiqui\u00e1tricos existentes ser\u00e1n reemplazados de manera gradual por los establecimientos de que trata el presente art\u00edculo, una vez estos sean construidos y puestos en funcionamiento.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 17. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 25<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 25. Establecimientos de reclusi\u00f3n de alta seguridad.<\/b> Los establecimientos de reclusi\u00f3n de alta seguridad son establecimientos destinados al cumplimiento de la detenci\u00f3n preventiva o de la pena, de personas privadas de la libertad, que ofrezcan especiales riesgos de seguridad a juicio del Director del Inpec.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 el r\u00e9gimen aplicable a estos establecimientos en un t\u00e9rmino no superior a seis (6) meses.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 18.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 26<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 26. Establecimientos de reclusi\u00f3n de mujeres.<\/b> Las c\u00e1rceles de mujeres son los establecimientos destinados para la detenci\u00f3n preventiva de las mujeres procesadas.Su construcci\u00f3n se har\u00e1 conforme a lo establecido en el art\u00edculo 17 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n


Las penitenciar\u00edas de mujeres son los establecimientos destinados para el cumplimiento de la pena impuesta a mujeres condenadas.<\/font><\/p>\n


Estos establecimientos deber\u00e1n contar con una infraestructura que garantice a las mujeres gestantes, sindicadas o condenadas, un adecuado desarrollo del embarazo.<\/font><\/p>\n


Igualmente, deber\u00e1n contar con un ambiente propicio para madres lactantes, que propenda al correcto desarrollo psicosocial de los ni\u00f1os y ni\u00f1as menores de tres (3) a\u00f1os que conviven con sus madres. <\/font><\/p>\n


El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) establecer\u00e1n las condiciones que deben cumplir los establecimientos de reclusi\u00f3n de mujeres con el fin de resguardar los derechos de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as que conviven con sus madres. <\/font><\/p>\n


El ICBF visitar\u00e1 por lo menos una vez al mes estos establecimientos con el fin de constatar el cumplimiento de las condiciones de atenci\u00f3n de los ni\u00f1os y ni\u00f1as que conviven con sus madres de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin, y realizar\u00e1 las recomendaciones a que haya lugar. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 19.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 27<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 27. Establecimientos de reclusi\u00f3n para miembros de la Fuerza P\u00fablica.<\/b> Los miembros de la Fuerza P\u00fablica cumplir\u00e1n la detenci\u00f3n preventiva en centros de reclusi\u00f3n establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la que pertenezcan, observando en todo caso el r\u00e9gimen aplicable a los procesados que cumplen la medida de detenci\u00f3n preventiva en c\u00e1rceles ordinarias. <\/font><\/p>\n


La condena la cumplir\u00e1n en centros penitenciarios establecidos para miembros de la Fuerza P\u00fablica. <\/font><\/p>\n


En relaci\u00f3n con el sistema penitenciario y con estos centros especializados, el Ministerio de Defensa Nacional tendr\u00e1 las siguientes funciones: <\/font><\/p>\n


1. Establecer los lugares autorizados como centros de reclusi\u00f3n para miembros de la Fuerza P\u00fablica. <\/font><\/p>\n


2. Construir o adecuar los centros de reclusi\u00f3n para miembros de la Fuerza P\u00fablica, previo concepto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).<\/font><\/p>\n


3. Garantizar que el personal a cargo de la custodia y vigilancia y de los procesos de resocializaci\u00f3n cumpla con los requisitos, de independencia, capacitaci\u00f3n e idoneidad para garantizar la labor encomendada. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La privaci\u00f3n de la libertad se regir\u00e1 por las mismas normas que rigen la privaci\u00f3n de la libertad en los centros a cargo del Inpec, seg\u00fan reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 20.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un par\u00e1grafo al art\u00edculo 28<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Par\u00e1grafo. La producci\u00f3n de estas colonias servir\u00e1 de fuente de abastecimiento. En los casos en los que existan excedentes de producci\u00f3n, estos podr\u00e1n ser comercializados. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad Administrativo de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 21.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 28A. Detenci\u00f3n en Unidad de Reacci\u00f3n Inmediata o similar. <\/b>La detenci\u00f3n en Unidad de Reacci\u00f3n Inmediata (URI) o unidad similar no podr\u00e1 superar las treinta y seis (36) horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones m\u00ednimas: separaci\u00f3n entre hombres y mujeres, ventilaci\u00f3n y luz solar suficientes, separaci\u00f3n de los menores de edad y acceso a ba\u00f1o. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la vigencia de la presente ley las Entidades Territoriales adecuar\u00e1n las celdas a las condiciones de las que trata el presente art\u00edculo. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 22.<\/font><\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 38<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b> y que dar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38. La prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n.<\/b> La prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n consistir\u00e1 en la privaci\u00f3n de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine. <\/font><\/p>\n


El sustituto podr\u00e1 ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acci\u00f3n de la justicia. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La detenci\u00f3n preventiva puede ser sustituida por la detenci\u00f3n en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisi\u00f3n domiciliaria. En estos casos se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 23. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 38B<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38B. Requisitos para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/b>Son requisitos para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria: <\/font><\/p>\n


1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m\u00ednima prevista en la ley sea de ocho (8) a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos. <\/font><\/p>\n


2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 68A de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La Corte se declaro INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo sobre el numeral 2\u00b0 por ineptitud sustantiva de la demanda por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-646-16<\/a><\/b>, noviembre 23 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. "Revisadas en conjunto la demanda y la correcci\u00f3n de la misma, la Sala Plena de la Corte Constitucional constat\u00f3 que no cumpl\u00eda con la carga de argumentaci\u00f3n que sustente de manera cierta, espec\u00edfica y suficiente, la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 28, 29 y 248 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 que los cargos formulados no atacan el texto de las disposiciones cuestionadas, sino la interpretaci\u00f3n o posibles interpretaciones de las mismas. Observ\u00f3 que la lectura que la demandante hace de los preceptos impugnados no se deriva del tenor literal de los mismos, ni corresponde a su sentido teleol\u00f3gico. La ciudadana se limita a afirmar de manera general, sin explicar el contenido de la norma cuya inconstitucionalidad pretende, que se ha presentado confusi\u00f3n en su aplicaci\u00f3n, lo que genera una presunta infracci\u00f3n de los derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n. En realidad, en la demanda se proponen razonamientos vagos y abstractos que impiden una confrontaci\u00f3n concreta entre las normas demandadas y la Constituci\u00f3n."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n la existencia o inexistencia del arraigo. <\/font><\/p>\n


4. Que se garantice mediante cauci\u00f3n el cumplimiento de las siguientes obligaciones: <\/font><\/p>\n


a) No cambiar de residencia sin autorizaci\u00f3n, previa del funcionario judicial;<\/font><\/p>\n


b) Que dentro del t\u00e9rmino que fije el juez sean reparados los da\u00f1os ocasionados con el delito. El pago de la indemnizaci\u00f3n debe asegurarse mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la v\u00edctima, salvo que demuestre insolvencia; <\/font><\/p>\n


c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; <\/font><\/p>\n


d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores p\u00fablicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Adem\u00e1s deber\u00e1 cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisi\u00f3n domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 24. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 38C<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38C. Control de la medida de prisi\u00f3n domiciliaria.<\/b> El control sobre esta medida sustitutiva ser\u00e1 ejercido por el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). <\/font><\/p>\n


El Inpec deber\u00e1 realizar visitas peri\u00f3dicas a la residencia del condenado y le informar\u00e1 al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena.<\/font><\/p>\n

Con el fin de contar con medios adicionales de control, el Inpec suministrar\u00e1 la informaci\u00f3n de las personas cobijadas con esta medida a la Polic\u00eda Nacional, mediante el sistema de informaci\u00f3n que se acuerde entre estas entidades. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La persona sometida a prisi\u00f3n domiciliaria ser\u00e1 responsable de su propio traslado a las respectivas diligencias judiciales, pero en todos los casos requerir\u00e1 de autorizaci\u00f3n del Inpec para llevar a cabo el desplazamiento.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 25.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo 38D<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38D. Ejecuci\u00f3n de la medida de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/b>La ejecuci\u00f3n de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima. <\/font><\/p>\n


El juez podr\u00e1 ordenar, si as\u00ed lo considera necesario, que la prisi\u00f3n domiciliaria se acompa\u00f1e de un mecanismo de vigilancia electr\u00f3nica. <\/font><\/p>\n


El juez podr\u00e1 autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlar\u00e1 el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electr\u00f3nica.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 26. <\/a><\/b>Adicionase un art\u00edculo 38E<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38E. Redenci\u00f3n de pena durante la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/b>La persona sometida a prisi\u00f3n domiciliaria podr\u00e1 solicitar la redenci\u00f3n de pena por trabajo o educaci\u00f3n ante el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de acuerdo a lo se\u00f1alado en este C\u00f3digo. Las personas sometidas a prisi\u00f3n domiciliaria tendr\u00e1n las mismas garant\u00edas de trabajo y educaci\u00f3n que las personas privadas de la libertad en centro de reclusi\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Ministerio de Trabajo generar\u00e1 en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Justicia y el Inpec las condiciones necesarias para aplicar la normatividad vigente sobre teletrabajo a las personas sometidas a prisi\u00f3n domiciliaria.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 27. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 38F<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38F. Pago del mecanismo de vigilancia electr\u00f3nica.<\/b> El costo del brazalete electr\u00f3nico, cuyo tarifa ser\u00e1 determinada por el Gobierno Nacional, ser\u00e1 sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad econ\u00f3mica, salvo que se demuestre fundadamente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en cuyo caso estar\u00e1 a cargo del Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 28. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 38G<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38G.<\/b> La ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del art\u00edculo 38B del presente c\u00f3digo, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparici\u00f3n forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de menores; uso de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos; tr\u00e1fico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales; extorsi\u00f3n; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpaci\u00f3n y abuso de funciones p\u00fablicas con fines terroristas; financiaci\u00f3n del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administraci\u00f3n de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes, salvo los contemplados en el art\u00edculo 375 y el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 376 del presente c\u00f3digo. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 29. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 63 de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 63. Suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena.<\/b> La ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o \u00fanica instancia, se suspender\u00e1 por un per\u00edodo de dos (2) a cinco (5) a\u00f1os, de oficio o a petici\u00f3n del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: <\/font><\/p>\n


1. Que la pena impuesta sea de prisi\u00f3n que no exceda de cuatro (4) a\u00f1os. <\/font><\/p>\n


2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 68A de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el juez de conocimiento conceder\u00e1 la medida con base solamente en el requisito objetivo se\u00f1alado en el numeral 1 de este art\u00edculo. <\/font><\/p>\n


3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores, el juez podr\u00e1 conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecuci\u00f3n de la pena. <\/font><\/p>\n


La suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad no ser\u00e1 extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. <\/font><\/p>\n


El juez podr\u00e1 exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica se exigir\u00e1 su cumplimiento.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 30.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 64 de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b> el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 64. Libertad condicional. <\/b>El juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean \u00e9stas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional; mediante Sentencia C-757-14<\/a><\/b>, octubre 15 de 201, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n
\n

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3\/5) partes de la pena. <\/font><\/p>\n


2. Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/font><\/p>\n


3. Que demuestre arraigo familiar y social. <\/font><\/p>\n


Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n, la existencia o inexistencia del arraigo. <\/font><\/p>\n


En todo caso su concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci\u00f3n mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.<\/font><\/p>\n


El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendr\u00e1 como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres a\u00f1os, el juez podr\u00e1 aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 31.<\/font><\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la Ley 65 de 1993<\/a><\/b> el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 29F. Revocatoria de la detenci\u00f3n y prisi\u00f3n domiciliaria.<\/b> El incumplimiento de las obligaciones impuestas dar\u00e1 lugar a la revocatoria mediante decisi\u00f3n motivada del juez competente. <\/font><\/p>\n


El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el funcionario de la Polic\u00eda Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, detendr\u00e1 inmediatamente a la persona que est\u00e1 violando sus obligaciones y la pondr\u00e1 en el t\u00e9rmino de treinta y seis horas (36) a disposici\u00f3n del juez que profiri\u00f3 la respectiva medida para que tome la decisi\u00f3n correspondiente.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial* <\/b> <\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-411-15<\/a><\/b>, seg\u00fan comunicado de prensa No. 29 de Julio 01 de 2015, Magistrada Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

\n

La revocatoria de la medida se dispondr\u00e1 con independencia de la correspondiente investigaci\u00f3n por el delito de fuga de presos, si fuere procedente. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Inpec podr\u00e1 celebrar convenios con la Polic\u00eda Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la prisi\u00f3n domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el desarrollo de la misma. La participaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional depender\u00e1 de la capacidad operativa y log\u00edstica de las unidades que presten el apoyo al Inpec.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 32. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 68A de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b> el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 68A. Exclusi\u00f3n de los beneficios y subrogados penales. <\/b>No se conceder\u00e1n; la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena; la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n; ni habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores. <\/font><\/p>\n


Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros; utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsi\u00f3n, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violaci\u00f3n il\u00edcita de comunicaciones; violaci\u00f3n il\u00edcita de comunicaciones o correspondencia de car\u00e1cter oficial; trata de personas; apolog\u00eda al genocidio; lesiones personales por p\u00e9rdida anat\u00f3mica o funcional de un \u00f3rgano o miembro; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento il\u00edcito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptaci\u00f3n; instigaci\u00f3n a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, tr\u00e1fico, posesi\u00f3n o uso de armas qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas y nucleares; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebeli\u00f3n; y desplazamiento forzado; usurpaci\u00f3n de inmuebles, falsificaci\u00f3n de moneda nacional o extranjera; exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia; evasi\u00f3n fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigaci\u00f3n al empleo, producci\u00f3n y transferencia de minas antipersonal. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La Corte se declaro INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo sobre el aparte subrayado por ineptitud sustantiva de la demanda por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-646-16<\/a><\/b>, noviembre 23 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. "Revisadas en conjunto la demanda y la correcci\u00f3n de la misma, la Sala Plena de la Corte Constitucional constat\u00f3 que no cumpl\u00eda con la carga de argumentaci\u00f3n que sustente de manera cierta, espec\u00edfica y suficiente, la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 28, 29 y 248 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 que los cargos formulados no atacan el texto de las disposiciones cuestionadas, sino la interpretaci\u00f3n o posibles interpretaciones de las mismas. Observ\u00f3 que la lectura que la demandante hace de los preceptos impugnados no se deriva del tenor literal de los mismos, ni corresponde a su sentido teleol\u00f3gico. La ciudadana se limita a afirmar de manera general, sin explicar el contenido de la norma cuya inconstitucionalidad pretende, que se ha presentado confusi\u00f3n en su aplicaci\u00f3n, lo que genera una presunta infracci\u00f3n de los derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n. En realidad, en la demanda se proponen razonamientos vagos y abstractos que impiden una confrontaci\u00f3n concreta entre las normas demandadas y la Constituci\u00f3n."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

Lo dispuesto en el presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 respecto de la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva y de la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del art\u00edculo 314<\/a><\/b> de laLey 906 de 2004<\/a><\/b>. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Lo dispuesto en el presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 a la libertad condicional contemplada en el art\u00edculo 64 de este C\u00f3digo, ni tampoco para lo dispuesto en el art\u00edculo 38G del presente C\u00f3digo. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. Lo dispuesto en el primer inciso del presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 respecto de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 33<\/a><\/b>. Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 30A. Audiencias virtuales.<\/b> La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) garantizar\u00e1n en todos los establecimientos penitenciarios del pa\u00eds las locaciones y elementos tecnol\u00f3gicos necesarios para la realizaci\u00f3n de audiencias virtuales. <\/font><\/p>\n


Cuando el centro de reclusi\u00f3n en el que se encuentre la persona privada de la libertad tenga sala para audiencias virtuales, se realizar\u00e1 la diligencia de esta manera, sin perjuicio de que la respectiva autoridad judicial resuelva efectuar la diligencia en el establecimiento penitenciario, para lo cual se trasladar\u00e1 al mismo. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Consejo Superior de la Judicatura garantizar\u00e1 que en todos los distritos judiciales existan salas para que todos los jueces puedan atender las audiencias virtuales reguladas en esta norma. Para ello, el Consejo Superior de la Judicatura crear\u00e1 la Oficina de Gesti\u00f3n de Audiencias Virtuales, la cual se encargar\u00e1 de crear, administrar y asegurar la operatividad de estas salas, y el desarrollo de las audiencias para los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. <\/font><\/p>\n


De manera preferente los jueces realizar\u00e1n audiencias virtuales. <\/font><\/p>\n


Las peticiones relativas a la ejecuci\u00f3n de la pena interpuesta, directa o indirectamente, por los condenados privados de la libertad ser\u00e1n resueltas en audiencia p\u00fablica. Para tal fin el Consejo Superior de la Judicatura realizar\u00e1 las gestiones que sean pertinentes para que los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad cuenten con los recursos tecnol\u00f3gicos para el cumplimiento de lo se\u00f1alado en el presente art\u00edculo. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. En el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, contado a partir de la publicaci\u00f3n de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), llevar\u00e1n a cabo las gestiones que sean necesarias para implementar el sistema de audiencias virtuales en aquellas zonas de alto riesgo, previa solicitud del Director General del Inpec.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 34.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 30B. Traslados de las personas privadas de la libertad. <\/b>Salvo lo consagrado en el art\u00edculo anterior, la persona privada de la libertad que dentro de una actuaci\u00f3n procesal sea citada ante autoridad competente, o que por su estado de salud deba ser llevada a un hospital o cl\u00ednica, ser\u00e1 remitida por el personal del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), garantizando sus derechos a la vida e integridad personal y a la dignidad humana previa solicitud de la autoridad competente. <\/font><\/p>\n


Previa solicitud de la autoridad penitenciaria y carcelaria, la Polic\u00eda Nacional podr\u00e1 prestar el apoyo necesario para la realizaci\u00f3n de estos traslados en los casos excepcionales y cuando las condiciones de seguridad del recorrido o la peligrosidad del trasladado as\u00ed lo ameriten seg\u00fan evaluaci\u00f3n que realizar\u00e1 la Polic\u00eda Nacional. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 35. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 31<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 31. Vigilancia interna y externa.<\/b> La vigilancia interna de los centros de reclusi\u00f3n estar\u00e1 a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. La vigilancia externa estar\u00e1 a cargo de la Fuerza P\u00fablica. Cuando no exista Fuerza P\u00fablica para este fin, la vigilancia externa la asumir\u00e1 el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. La Fuerza P\u00fablica, previo requerimiento o autoriza gilancia Penitenciaria Nacional. La vigilancia externa estar\u00e1 a cargo de la Fuerza P\u00fablica. Cuando no exista Fuerza P\u00fablica para este fin, la vigilancia externa la asumir\u00e1 el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. La Fuerza P\u00fablica, previo requerimiento o autorizaci\u00f3n del Ministro de Justicia y del Derecho o del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o, en caso urgente, del director del establecimiento donde ocurran los hechos, podr\u00e1 ingresar a las instalaciones y dependencias para prevenir o conjurar graves alteraciones de orden. <\/font><\/p>\n


El Director de cada centro de reclusi\u00f3n podr\u00e1 tambi\u00e9n solicitar el concurso de la Fuerza P\u00fablica para que esta se encargue de la vigilancia de dicho centro en las ocasiones en las que el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional celebre su d\u00eda cl\u00e1sico o cuando por circunstancias excepcionales de orden interno o de seguridad deba reforzarse la vigilancia del centro de reclusi\u00f3n. La asistencia de la Fuerza P\u00fablica ser\u00e1 transitoria. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. El Inpec, previo concepto favorable del Consejo Directivo de la Entidad, presentar\u00e1, dentro del a\u00f1o siguiente a la publicaci\u00f3n de la presente ley, los respectivos estudios con el fin de determinar la viabilidad t\u00e9cnica y financiera de la modificaci\u00f3n para el fortalecimiento de la Planta de Personal.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. El Inpec, con el fin de garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de guardia y vigilancia al interior de los establecimientos, podr\u00e1 vincular a quienes hubieren definido su situaci\u00f3n militar como auxiliares del Inpec, previa la realizaci\u00f3n de cursos de complementaci\u00f3n, salvo que hubieran sido amonestados en su ejercicio. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 36. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un par\u00e1grafo al art\u00edculo 33<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 33. Expropiaci\u00f3n.<\/b> Consid\u00e9rase de utilidad p\u00fablica y de inter\u00e9s social la adquisici\u00f3n de los inmuebles destinados para la construcci\u00f3n de establecimientos penitenciarios y carcelarios y de aquellos aleda\u00f1os a los establecimientos de reclusi\u00f3n necesarios para garantizar la seguridad del establecimiento, de los reclusos y de la poblaci\u00f3n vecina. <\/font><\/p>\n


En estos casos, el Gobierno Nacional a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podr\u00e1 efectuar la expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, previa indemnizaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Proh\u00edbase el funcionamiento de expendios p\u00fablicos o de actividades que atenten contra la seguridad y la convivencia en un radio razonable de acci\u00f3n de los establecimientos de reclusi\u00f3n, el cual ser\u00e1 convenido entre la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes respectivos, de conformidad con las leyes vigentes. <\/font><\/p>\n


No se requerir\u00e1 licencia urban\u00edstica de urbanizaci\u00f3n, parcelaci\u00f3n, construcci\u00f3n o subdivisi\u00f3n en ninguna de sus modalidades para la construcci\u00f3n adecuaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de infraestructura penitenciaria y carcelaria.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en el entendido de que las obras de construcci\u00f3n, adecuaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de infraestructura carcelaria se deben desarrollar conforme a la reglamentaci\u00f3n de usos del suelo aplicables, mediante Sentencia C-145-15<\/a><\/b>, abril 6 de 2015; Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria S\u00e1chica M\u00e9ndez. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 37. <\/font><\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 34<\/a><\/b> de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 34. Medios m\u00ednimos materiales.<\/b> Cada establecimiento de reclusi\u00f3n deber\u00e1 funcionar en una planta f\u00edsica adecuada a sus fines, a la poblaci\u00f3n de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales m\u00ednimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos. <\/font><\/p>\n


La Uspec, previo concepto del Inpec, elaborar\u00e1 un manual de construcciones con las debidas especificaciones, seg\u00fan su clasificaci\u00f3n legal y niveles de seguridad, efectividad y dignidad de su cometido, detenci\u00f3n, resocializaci\u00f3n o rehabilitaci\u00f3n; el clima y terreno de su ubicaci\u00f3n, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educaci\u00f3n, recreaci\u00f3n, materiales indicados y cuanto se requiera para el control econ\u00f3mico y el acierto estructural y funcional de estas edificaciones. <\/font><\/p>\n


En las construcciones de centros de reclusi\u00f3n se garantizar\u00e1 la adecuada prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos de agua potable, saneamiento b\u00e1sico, energ\u00eda, y tel\u00e9fono para la poblaci\u00f3n de internos y personal administrativo.<\/font><\/p>\n


Frente al servicio de agua potable debe garantizarse el suministro permanente a la poblaci\u00f3n de internos para el uso del servicio sanitario y el ba\u00f1o diario.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios contar\u00e1n con las condiciones de infraestructura adecuadas para la reclusi\u00f3n de la poblaci\u00f3n en condiciones de discapacidad, teniendo en cuenta el art\u00edculo 5\u00b0 numerales 2, 8, 10, el art\u00edculo 14<\/a><\/b> de la Ley 1618 de 2013<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 38.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 38 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38. Ingreso y formaci\u00f3n. <\/b>Para ejercer funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria es necesario haber aprobado los cursos de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n que para este efecto dictar\u00e1 la Escuela Penitenciaria Nacional. <\/font><\/p>\n


Los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios ser\u00e1n de libre nombramiento y remoci\u00f3n. Para desempe\u00f1ar el cargo de Director de c\u00e1rcel o penitenciar\u00eda se requerir\u00e1 t\u00edtulo universitario en \u00e1reas que incluyan conocimientos en materias criminol\u00f3gicas, penales, carcelarias, de seguridad, administrativas o Derechos Humanos. Adem\u00e1s, deber\u00e1 realizar y aprobar el curso que organice la Escuela Penitenciaria Nacional para ocupar dicho cargo.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 39.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 39<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 39. De los cargos directivos.<\/b> El personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciario Nacional puede ser llamado a desempe\u00f1ar cargos de Direcci\u00f3n en las dependencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o en los centros de reclusi\u00f3n si re\u00fane los requisitos para ello, sin perder los derechos de la carrera y pudiendo regresar al servicio de vigilancia una vez cese el ejercicio de cargo en la Direcci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 26<\/a><\/b> de la Ley 909 de 2004<\/a><\/b>. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 40. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 40<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed; <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 40. De la carrera penitenciaria. <\/b>La carrera penitenciaria estar\u00e1 regulada por los principios que consagra este estatuto y por las normas vigentes y las que lo adicionen, complementen o modifiquen. <\/font><\/p>\n


El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ser\u00e1 de libre nombramiento y remoci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica. <\/font><\/p>\n


Deber\u00e1 ser abogado, soci\u00f3logo, psic\u00f3logo, administrador policial o de empresas, acreditado con t\u00edtulo debidamente reconocido, contar con una experiencia profesional de ocho (8) a\u00f1os como m\u00ednimo y, en cada caso, con especializaci\u00f3n en ciencias penales o penitenciarias; Derechos Humanos; criminol\u00f3gicas; seguridad ciudadana; y\/o seguridad y defensa. <\/font><\/p>\n


De la misma manera podr\u00e1 ser designado para este cargo quien se haya desempe\u00f1ado como Magistrado en el \u00e1mbito penal o haya ejercido la profesi\u00f3n de abogado en dicho \u00e1mbito por un t\u00e9rmino de ocho (8) a\u00f1os o se haya desempe\u00f1ado como profesor universitario en el \u00e1rea penal o criminol\u00f3gica por un lapso no inferior a ocho (8) a\u00f1os. <\/font><\/p>\n


El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deber\u00e1 presentar un informe de rendici\u00f3n de cuentas anualmente al Ministro de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar un desempe\u00f1o eficiente en la gesti\u00f3n.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 41. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un literal al art\u00edculo 45<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b> el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 45. Prohibiciones.<\/b> Los miembros del Cuerpo de Custodia y vigilancia, tienen las siguientes prohibiciones:
(\u2026) <\/font><\/p>\n


f) Permitir, facilitar o autorizar, sin que haya lugar a ello, a los internos el uso del tel\u00e9fono celular o cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n. El incumplimiento de lo dispuesto en este literal constituye falta grav\u00edsima.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 42. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 51<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 51. Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad. <\/b>El Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad garantizar\u00e1 la legalidad de la ejecuci\u00f3n de las sanciones penales. En los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad estos deber\u00e1n realizar al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusi\u00f3n que le sean asignados. <\/font><\/p>\n


El Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, adem\u00e1s de las funciones contempladas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal<\/a><\/b>, tendr\u00e1 las siguientes:<\/font><\/p>\n


1. Verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusi\u00f3n donde deba ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada. <\/font><\/p>\n


2. Conocer de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal de las personas condenadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicaci\u00f3n le ser\u00e1 notificada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la expedici\u00f3n del acto por el cual se disponga la designaci\u00f3n del establecimiento. <\/font><\/p>\n


3. Hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integraci\u00f3n social del interno. Para ello deber\u00e1 conceptuar peri\u00f3dicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y ense\u00f1anza. <\/font><\/p>\n


4. Conocer de las peticiones que los internos o apoderados formulen en relaci\u00f3n con el Reglamento Interno y tratamiento penitenciario en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. El Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec y la Uspec, dentro del marco de sus competencias, establecer\u00e1n y garantizar\u00e1n las condiciones que sean necesarias para que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad cumpla sus funciones en los establecimientos de reclusi\u00f3n que les hayan sido asignados. <\/font><\/p>\n


Igualmente propender\u00e1n a que en cada centro penitenciario haya por lo menos un Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad atendiendo de manera permanente las solicitudes de los internos. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penos y Medidas de Seguridad llevar\u00e1n el registro de sus actuaciones en un expediente digitalizado y utilizar\u00e1n, siempre que ello sea posible, medios electr\u00f3nicos en la realizaci\u00f3n y para la conservaci\u00f3n de las audiencias y diligencias. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. El Consejo Superior de la Judicatura garantizar\u00e1 el n\u00famero de Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad que sea necesario para asegurar la pronta decisi\u00f3n de las peticiones de los reclusos en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n de la pena. As\u00ed mismo garantizar\u00e1 una equitativa distribuci\u00f3n de funciones y tareas. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4\u00b0. El Inpec, la Uspec y el Consejo Superior de la Judicatura tomar\u00e1n todas las medidas necesarias para que se d\u00e9 cumplimiento al principio de oralidad en la decisi\u00f3n de las solicitudes en la etapa de ejecuci\u00f3n de la pena o de la medida de seguridad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 43. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 56<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 56. Sistemas de informaci\u00f3n. <\/b>El Sistema de Informaci\u00f3n de Sistematizaci\u00f3n Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) ser\u00e1 la fuente principal de informaci\u00f3n de las autoridades penitenciarias, carcelarias y judiciales en lo relativo a las condiciones de reclusi\u00f3n de cada una de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del Sistema Penitenciario y Carcelario. En caso de que existan personas cuya identidad no ha sido determinada o se encuentran indocumentadas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevar\u00e1 a cabo las gestiones ante la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil con el fin de lograr su plena identificaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


El Sisipec deber\u00e1 tener cifras y estad\u00edsticas actualizadas con los partes diarios de cada establecimiento sobre la situaci\u00f3n de cada una de las personas privadas de la libertad y sus cartillas biogr\u00e1ficas respectivas. <\/font><\/p>\n


El Sisipec ser\u00e1 el instrumento principal en el cual se basar\u00e1n las autoridades penitenciarias encargadas de declarar los estados de emergencia penitenciaria y carcelaria de acuerdo con la causal que corresponda. <\/font><\/p>\n


Los Directores de los establecimientos penitenciarios deber\u00e1n reportar y actualizar diariamente el Sisipec so pena de incurrir en una falta disciplinaria grav\u00edsima. <\/font><\/p>\n


La informaci\u00f3n del Sisipec que no est\u00e9 sometida a reserva legal por razones de seguridad o con el fin de proteger la intimidad de las personas privadas de la libertad ser\u00e1 p\u00fablica y de libre acceso v\u00eda internet para la ciudadan\u00eda y para todas las instituciones del Estado. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deber\u00e1 garantizar a los funcionarios judiciales, en especial a los jueces de control de garant\u00edas, penales y de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, el acceso permanente, fluido y actualizado a la informaci\u00f3n del Sisipec sobre los casos de su competencia. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendr\u00e1 acceso a esta base de datos para el cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 44. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 60<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 60. Dep\u00f3sito de objetos personales y valores. <\/b>Los capturados, detenidos o condenados, al ingresar a un establecimiento de reclusi\u00f3n, ser\u00e1n requisados cuidadosamente. De los valores que se le retiren al interno en el momento de su ingreso se le expedir\u00e1 el correspondiente recibo. La omisi\u00f3n de lo aqu\u00ed dispuesto constituir\u00e1 falta disciplinaria para quien debi\u00f3 expedir dicho recibo.<\/font><\/p>\n


Los valores y objetos que posean deber\u00e1n ser entregados a quien indique el interno o depositados donde se\u00f1ale el reglamento de r\u00e9gimen interno. <\/font><\/p>\n


En caso de fuga o muerte del interno, los valores y objetos pasar\u00e1n a los familiares. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 45. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 61<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 61. Examen de ingreso y egreso. <\/b>Al momento de ingresar un procesado o condenado al centro de reclusi\u00f3n se le abrir\u00e1 el correspondiente registro en el Sistema de Informaci\u00f3n de Sistematizaci\u00f3n Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) y deber\u00e1 ser sometido a examen m\u00e9dico, con el fin de verificar su estado f\u00edsico, patolog\u00edas y dem\u00e1s afecciones para la elaboraci\u00f3n de la ficha m\u00e9dica correspondiente. Si durante la realizaci\u00f3n del examen se advierte la necesidad de atenci\u00f3n m\u00e9dica se dar\u00e1 la misma de inmediato. Cuando se advierta trastornos ps\u00edquicos y mentales se remitir\u00e1 para valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica y se comunicar\u00e1 al juez que corresponda con el fin de que se d\u00e9 la orden de traslado a uno de los establecimientos de que trata el art\u00edculo 24 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, si la enfermedad es incompatible con la privaci\u00f3n de la libertad en un establecimiento penitenciario o carcelario. <\/font><\/p>\n


En los momentos previos a la excarcelaci\u00f3n de una persona privada de la libertad del centro de reclusi\u00f3n deber\u00e1 ser sometido a un examen m\u00e9dico con el fin de verificar su estado f\u00edsico, patol\u00f3gico y dem\u00e1s afecciones y dicha informaci\u00f3n ser\u00e1 registrada en el Sisipec, y confrontada con los resultados del examen m\u00e9dico de ingreso, con el objeto de garantizar la continuidad en la atenci\u00f3n y prestaci\u00f3n de los servicios de salud. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Si el interno se encontrare herido o lesionado se informar\u00e1 este hecho al funcionario de conocimiento. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 46. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 64<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 64. Celdas y dormitorios. <\/b>Las celdas y dormitorios permanecer\u00e1n en estado de limpieza y de aireaci\u00f3n. El Inpec y la Uspec tienen el deber de amoblar los dormitorios, dotarlos de ropa apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado descanso nocturno. Los dem\u00e1s elementos permitidos ser\u00e1n se\u00f1alados en el reglamento general. <\/font><\/p>\n


Los dormitorios comunes y las celdas, est\u00e1n cerrados durante el d\u00eda en los t\u00e9rminos que establezca el reglamento. Los internos pasar\u00e1n a aquellos, a la hora de recogerse y no se permitir\u00e1n conductas y ruidos o voces que perturben el reposo. <\/font><\/p>\n


La limpieza del establecimiento estar\u00e1 a cargo de los internos. En el reglamento se organizar\u00e1 la forma de prestarse este servicio por turnos y de manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su conservaci\u00f3n el estado de servicio, ser\u00e1 responsabilidad del interno que lo ocupa. Las labores aqu\u00ed enunciadas, no forman parte del r\u00e9gimen ocupacional para la redenci\u00f3n de la pena. <\/font><\/p>\n


Deber\u00e1n adoptarse las medidas necesarias a fin de eliminar las barreras f\u00edsicas de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad y creando celdas especiales que se adapten a sus necesidades particulares. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 47.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 65<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 65. Uniformes.<\/b> Los condenados sin excepci\u00f3n vestir\u00e1n uniformes. Estos ser\u00e1n confeccionados en corte y color que no ri\u00f1an con la dignidad de la persona humana. Ser\u00e1n adecuados a las condiciones clim\u00e1ticas, as\u00ed como al estado de salud de los internos, garantizando dentro de los l\u00edmites razonables y proporcionales sus dem\u00e1s derechos fundamentales. Habr\u00e1 uniformes diferenciados para hombres y mujeres. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 48.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 67<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 67. Provisi\u00f3n de alimentos y elementos.<\/b> La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendr\u00e1 a su cargo la alimentaci\u00f3n de las personas privadas de la libertad. <\/font><\/p>\n


Cuando resulte necesario y \u00fanicamente por razones de salud, el m\u00e9dico podr\u00e1 establecer la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen alimentario de las personas privadas de la libertad o podr\u00e1 autorizar que estas se provean su propia alimentaci\u00f3n desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los dem\u00e1s casos solo podr\u00e1 ser autorizado por el Consejo de Disciplina. Se tendr\u00e1n en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona privada de la libertad. <\/font><\/p>\n


Bajo ninguna circunstancia las personas privadas de la libertad podr\u00e1n contratar la preparaci\u00f3n de alimentos al interior de los centros de reclusi\u00f3n. Est\u00e1 prohibida la suspensi\u00f3n o limitaci\u00f3n de la alimentaci\u00f3n como medida disciplinaria. <\/font><\/p>\n


El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendr\u00e1n a su cargo, conforme a sus competencias la dotaci\u00f3n de elementos y equipos de trabajo, sanidad, did\u00e1cticos, deportivos, de recreaci\u00f3n y vestuario deben suministrarse en los establecimientos de reclusi\u00f3n. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 49.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 68<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 68. Pol\u00edticas y planes de provisi\u00f3n alimentaria. <\/b>La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) fijar\u00e1 las pol\u00edticas y planes de provisi\u00f3n alimentaria que podr\u00e1 ser por administraci\u00f3n directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrici\u00f3n de las personas privadas de la libertad. La alimentaci\u00f3n ser\u00e1 suministrada en buenas condiciones de higiene y presentaci\u00f3n. Los internos comer\u00e1n sentados en mesas decentemente dispuestas. <\/font><\/p>\n


En la manipulaci\u00f3n de los alimentos se deber\u00e1 observar una correcta higiene. Los equipos de personas encargadas del mantenimiento de las cocinas de los establecimientos penitenciarios deber\u00e1n conservarlas limpias y desinfectadas evitando guardar residuos de comida y d\u00e1ndoles un uso correcto a los utensilios, de conformidad con el manual que para tal efecto expida la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). <\/font><\/p>\n


La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) expedir\u00e1 el manual correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 50. <\/a><\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 70<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 70. Libertad. <\/b>La libertad del interno solo procede por orden de autoridad judicial competente. No obstante, si transcurren los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal<\/a><\/b> y no se ha legalizado la privaci\u00f3n de la libertad, y si el interno no estuviere requerido por otra autoridad judicial, el Director del establecimiento de reclusi\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n de ordenar la excarcelaci\u00f3n inmediata bajo la responsabilidad del funcionario que debi\u00f3 impartirla. <\/font><\/p>\n


La Direcci\u00f3n de cada establecimiento penitenciario deber\u00e1 informar en un t\u00e9rmino no inferior a treinta (30) d\u00edas de anterioridad a la autoridad judicial competente sobre la proximidad del cumplimiento de la condena, con el fin de que manifiesten por escrito si existe la necesidad de suspender el acceso a la libertad de la persona privada de la libertad y los fundamentos jur\u00eddicos para ello. <\/font><\/p>\n


El incumplimiento del precepto contenido en el presente art\u00edculo acarrear\u00e1 sanciones de \u00edndole penal y disciplinaria para el funcionario responsable de la omisi\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Cuando el Director del establecimiento verifique que se ha cumplido f\u00edsicamente la sentencia ejecutoriada solicitar\u00e1 la excarcelaci\u00f3n previa comprobaci\u00f3n de no estar requerido por otra autoridad judicial. Cuando se presente el evento de que trata este inciso, el director del establecimiento pondr\u00e1 los hechos en conocimiento del juez de ejecuci\u00f3n de penas con una antelaci\u00f3n no menor de treinta d\u00edas con el objeto de que exprese su conformidad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 51. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 72<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 72. Fijaci\u00f3n de pena, medida de aseguramiento y medida de seguridad. <\/b>El Juez de Conocimiento o el Juez de Control de Garant\u00edas, seg\u00fan el caso, se\u00f1alar\u00e1 el centro de reclusi\u00f3n o establecimiento de rehabilitaci\u00f3n donde deban ser recluidas las personas en detenci\u00f3n preventiva. En el caso de personas condenadas, la autoridad judicial la pondr\u00e1 a disposici\u00f3n del Director del Inpec, en el establecimiento m\u00e1s cercano, quien determinar\u00e1 el centro de reclusi\u00f3n en el cual deber\u00e1 darse cumplimiento de la pena.<\/font><\/p>\n


En caso de inimputables por trastorno mental o enfermedad mental sobreviniente, el juez deber\u00e1 ponerlas a disposici\u00f3n del Servicio de Salud. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 52.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 74<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 74. Solicitud de traslado.<\/b> El traslado de los internos puede ser solicitado a la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por: <\/font><\/p>\n


1. El Director del respectivo establecimiento. <\/font><\/p>\n


2. El funcionario de conocimiento. <\/font><\/p>\n


3. El interno o su defensor. <\/font><\/p>\n


4. La Defensor\u00eda del Pueblo a trav\u00e9s de sus delegados.<\/font><\/p>\n


5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de sus delegados. <\/font><\/p>\n


6. Los familiares de los internos dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 53. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 75<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 75. Causales de traslado.<\/b> Son causales del traslado, adem\u00e1s de las consagradas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal<\/a><\/b>, las siguientes:<\/font><\/p>\n


1. Cuando as\u00ed lo requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado por el m\u00e9dico legista. <\/font><\/p>\n


2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento. <\/font><\/p>\n


3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como est\u00edmulo a la buena conducta del interno. <\/font><\/p>\n


4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento. <\/font><\/p>\n


5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento indicar\u00e1 el motivo de este y el lugar a donde debe ser remitido el interno.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Hecha la solicitud de traslado, el Director del Inpec resolver\u00e1 teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones de seguridad del establecimiento; y procurar\u00e1 que sea cercano al entorno familiar del condenado.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. La Direcci\u00f3n del Establecimiento Penitenciario informar\u00e1 de manera inmediata sobre la solicitud del traslado al familiar m\u00e1s cercano que el recluso hubiere designado o del que se tenga noticia. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 54.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 76<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

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Art\u00edculo 76. Registro de documentos. <\/b>La respectiva cartilla biogr\u00e1fica contenida en el Sistema de Informaci\u00f3n de Sistematizaci\u00f3n Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) deber\u00e1 estar correctamente actualizada con el fin de que no sea necesaria la remisi\u00f3n de documentos al establecimiento al cual ha sido trasladada la persona privada de la libertad. All\u00ed debe estar contenida la informaci\u00f3n sobre tiempo de trabajo, estudio y ense\u00f1anza, calificaci\u00f3n de disciplina, estado de salud, otros traslados y toda aquella informaci\u00f3n que sea necesaria para asegurar el proceso de resocializaci\u00f3n de la persona privada de la libertad. <\/font><\/p>\n


La cartilla biogr\u00e1fica podr\u00e1 ser consultada en cualquier momento por el juez competente y por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para el mejor desarrollo de sus funciones. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 55. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 79<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 79. Trabajo penitenciario.<\/b> El trabajo es un derecho y una obligaci\u00f3n social y goza en todas sus modalidades de la protecci\u00f3n especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusi\u00f3n es un medio terap\u00e9utico adecuado a los fines de la resocializaci\u00f3n. Los procesados tendr\u00e1n derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendr\u00e1 car\u00e1cter aflictivo ni podr\u00e1 ser aplicado como sanci\u00f3n disciplinaria. Se organizar\u00e1 atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permiti\u00e9ndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusi\u00f3n. Debe estar previamente reglamentado por la Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus productos ser\u00e1n comercializados. <\/font><\/p>\n


Las actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de la libertad estar\u00e1n \u00edntimamente coordinadas con las pol\u00edticas que el Ministerio del Trabajo adoptar\u00e1 sobre la materia, las cuales fomentar\u00e1n la participaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n de la sociedad civil y de la empresa privada, a trav\u00e9s de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos. <\/font><\/p>\n


Se dispondr\u00e1n programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen realizarlos. Dichos programas estar\u00e1n orientados a que la persona privada de la libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades despu\u00e9s de salir de la prisi\u00f3n. Se buscar\u00e1, hasta donde sea posible, que las personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo que deseen realizar. <\/font><\/p>\n


Se dispondr\u00e1n programas de trabajo y actividades productivas que atiendan la perspectiva de enfoque diferencial y necesidades espec\u00edficas para la poblaci\u00f3n en condici\u00f3n de discapacidad privadas de la libertad, promoviendo la generaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de ajustes razonables como la eliminaci\u00f3n de las barreras f\u00edsicas y actitudinales. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Ministerio del Trabajo expedir\u00e1, durante el a\u00f1o siguiente a la vigencia de la presente ley, la reglamentaci\u00f3n sobre las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad, su r\u00e9gimen de remuneraci\u00f3n, las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y las dem\u00e1s que tiendan a la garant\u00eda de sus derechos. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 56. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 81<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 81. Evaluaci\u00f3n y certificaci\u00f3n del trabajo.<\/b> Para efectos de evaluaci\u00f3n del trabajo en cada centro de reclusi\u00f3n habr\u00e1 una junta, bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe el Director.<\/font><\/p>\n


El Director del establecimiento certificar\u00e1 las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores que se establezcan al respecto. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Lo dispuesto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n para los casos de detenci\u00f3n y prisi\u00f3n domiciliaria y dem\u00e1s formas alternativas a la prisi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. No habr\u00e1 distinciones entre el trabajo material y el intelectual.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 57. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 84<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 84. Programas laborales y contratos de trabajo. <\/b>Enti\u00e9ndase por programas de trabajo todas aquellas actividades dirigidas a redimir pena que sean realizadas por las personas privadas de la libertad. <\/font><\/p>\n


La Subdirecci\u00f3n de Desarrollo de Habilidades Productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) coordinar\u00e1 la celebraci\u00f3n de los contratos de trabajo de las personas privadas de la libertad con los establecimientos penitenciarios o con los particulares a efectos del desarrollo de las actividades y programas laborales. <\/font><\/p>\n


El trabajo de las personas privadas de la libertad se llevar\u00e1 a cabo observando las normas de seguridad industrial. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades derivadas del trabajo penitenciario, ser\u00e1n afiliadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al Sistema General de Riesgos Laborales y de Protecci\u00f3n a la Vejez en la forma y con la financiaci\u00f3n que el Gobierno Nacional determine en su reglamentaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 58<\/a><\/b>. Modif\u00edcase el art\u00edculo 89<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 89. Manejo de dinero. <\/b>Se proh\u00edbe el uso de dinero en el interior de los centros de reclusi\u00f3n. El pago de la remuneraci\u00f3n se realizar\u00e1 de acuerdo a lo que disponga el Gobierno Nacional en reglamentaci\u00f3n que expedir\u00e1 dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. La administraci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n ser\u00e1 realizada conjuntamente entre la persona privada de la libertad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para lo cual la persona privada de la libertad deber\u00e1 solicitar e inscribir los destinatarios que considere necesarios as\u00ed como las personas que debidamente autorizadas por la Junta de Cumplimiento podr\u00e1n consignar dinero en dicha cuenta independientemente del programa de actividades que realice la persona privada de la libertad. Todos los establecimientos comerciales al interior de los establecimientos penitenciarios se inscribir\u00e1n como destinatarios autorizados.<\/font><\/p>\n


En caso de que la persona privada de la libertad haya sido condenada a una pena accesoria de multa y\/o exista un monto pendiente de pago proveniente del incidente de reparaci\u00f3n integral, se descontar\u00e1 el diez por ciento (10%) del salario devengado para dichos fines siempre y cuando exista orden judicial al respecto o la persona privada de la libertad expresamente autorice dicho descuento. Cuando se trate de pagos diferentes a aquellos contemplados en este art\u00edculo o cuyos destinatarios no sean familiares o no busquen la cancelaci\u00f3n de la pena accesoria de multa, la Junta de Cumplimiento deber\u00e1 aprobar los destinatarios de dichos pagos. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 59.<\/a><\/b> *INEXEQUIBLE* <\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 93<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Art\u00edculo declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-602-15<\/a><\/b>, Septiembre 16, Magistrado Ponente Dr. Jorge Palacio Palacio. "La Corte reiter\u00f3 que la Constituci\u00f3n ha fijado un marco especial y estricto para la definici\u00f3n de los tributos con los que los ciudadanos contribuyen al mejoramiento de la sociedad y la financiaci\u00f3n del gasto p\u00fablico. Estas obligaciones adquieren legitimidad y plena exigibilidad, atendiendo que solo puede surgir de las corporaciones que son elegidas democr\u00e1ticamente y en las cuales las decisiones se surten a partir de los debates y de un proceso que permite el flujo de conceptos, opiniones y el planteamiento de intereses, conforme a las garant\u00edas que se desprendan de la representaci\u00f3n pol\u00edtica. En otras palabras, el principio de legalidad tributaria consagrado en los art\u00edculos 150, numerales 10 y 12 y 338 de la Carta Pol\u00edtica, dichas cargas impositivas \u00fanicamente pueden surgir de la ley (salvo lo previsto en el art\u00edculo 215 C.Po.) y, en esa medida, en \u00e9poca de normalidad \u00fanicamente el legislador tiene la obligaci\u00f3n de definir con certeza sus elementos esenciales, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa (art\u00edculo 338 C.Po.), para que a partir de \u00e9stos, el ejecutivo proceda a efectuar la correspondiente reglamentaci\u00f3n".<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto original de la Ley 1709 de 2014*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Art\u00edculo 59.<\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 93<\/a><\/b> de la Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Art\u00edculo 93. Est\u00edmulos tributarios.<\/b> El Gobierno Nacional crear\u00e1 y reglamentar\u00e1 los est\u00edmulos tributarios paro aquellas empresas p\u00fablicas y privadas, o personas naturales que se vinculen a los programas de trabajo y educaci\u00f3n en las c\u00e1rceles y penitenciar\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n incentivar\u00e1 la inversi\u00f3n, por parte de estas empresas, en los centros de reclusi\u00f3n con exoneraci\u00f3n de impuestos o rebaja de ellos, al igual que a las empresas que incorporen en sus actividades a pospenados que hayan observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del respectivo centro de reclusi\u00f3n. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Par\u00e1grafo 1\u00b0. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizar\u00e1 los convenios que permitan la inclusi\u00f3n del sector p\u00fablico y privado en las actividades de resocializaci\u00f3n de que trata la presente ley. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 60. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 97<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 97. Redenci\u00f3n de pena por estudio.<\/b> El juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonar\u00e1 un d\u00eda de reclusi\u00f3n por dos d\u00edas de estudio. <\/font><\/p>\n


Se computar\u00e1 como un d\u00eda de estudio la dedicaci\u00f3n a esta actividad durante seis horas, as\u00ed sea en d\u00edas diferentes. Para esos efectos, no se podr\u00e1n computar m\u00e1s de seis horas diarias de estudio. <\/font><\/p>\n


Los procesados tambi\u00e9n podr\u00e1n realizar actividades de redenci\u00f3n pero solo podr\u00e1 computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 61<\/a><\/b>. Modif\u00edcase el art\u00edculo 98<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 98. Redenci\u00f3n de la pena por ense\u00f1anza.<\/b> El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetizaci\u00f3n o de ense\u00f1anza primaria, secundaria, artesanal, t\u00e9cnica y de educaci\u00f3n superior tendr\u00e1 derecho a que cada cuatro horas de ense\u00f1anza se le computen como un d\u00eda de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento. <\/font><\/p>\n


El instructor no podr\u00e1 ense\u00f1ar m\u00e1s de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme al art\u00edculo 81 de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n


Los procesados tambi\u00e9n podr\u00e1n realizar actividades de redenci\u00f3n, pero solo podr\u00e1 computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 62.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 102A. Redenci\u00f3n de penas para colombianos repatriados.<\/b> Los certificados sobre los mecanismos de redenci\u00f3n de pena expedidos por la autoridad competente del Estado trasladante tendr\u00e1n pleno valor y deber\u00e1n ser reconocidos por el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidos de seguridad de Colombia. <\/font><\/p>\n


El extranjero privado de la libertad en Colombia podr\u00e1 realizar un acuerdo de pago de la multa o de la indemnizaci\u00f3n civil para permitirle acceder al beneficio de traslado a su pa\u00eds de origen. La vigilancia de cumplimiento del acuerdo de pago estar\u00e1 a cargo de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad y el control sobre el cumplimiento de la sanci\u00f3n penal en el pa\u00eds de origen deber\u00e1 adelantarse conforme a los tratados internacionales sobre traslado de personas vigentes entre los dos pa\u00edses. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 63. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 102B. Derecho de trabajo para los extranjeros que han obtenido el beneficio de excarcelaci\u00f3n.<\/b> Se les otorgar\u00e1 visa de trabajo a aquellos extranjeros que hayan obtenido el beneficio de la libertad condicional y que demuestren tener v\u00ednculos laborales o familiares con un ciudadano colombiano o con una persona legalmente residente en el pa\u00eds. Esta viso de trabajo tendr\u00e1 vigencia hasta tanto sea trasladado a su pa\u00eds de origen en virtud de la aprobaci\u00f3n de su solicitud de repatriaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


En los casos en los que el extranjero carezca de esos v\u00ednculos, se proceder\u00e1 a su expulsi\u00f3n inmediata, previa autorizaci\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n<\/blockquote>\n

Art\u00edculo 64. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 103A. Derecho a la redenci\u00f3n. <\/b>La redenci\u00f3n de pena es un derecho que ser\u00e1 exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redenci\u00f3n de la pena, podr\u00e1n controvertirse ante los Jueces competentes. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 65.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 104<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 104. Acceso a la salud.<\/b> Las personas privadas de la libertad tendr\u00e1n acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminaci\u00f3n por su condici\u00f3n jur\u00eddica. Se garantizar\u00e1n la prevenci\u00f3n, diagn\u00f3stico temprano y tratamiento adecuado de todas las patolog\u00edas f\u00edsicos o mentales. Cualquier tratamiento m\u00e9dico, quir\u00fargico o psiqui\u00e1trico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin ser\u00e1 aplicado sin necesidad de resoluci\u00f3n judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento m\u00e9dico o la intervenci\u00f3n quir\u00fargica deber\u00e1n realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. <\/font><\/p>\n


En todos los centros de reclusi\u00f3n se garantizar\u00e1 la existencia de una Unidad de Atenci\u00f3n Primaria y de Atenci\u00f3n Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria. <\/font><\/p>\n


Se garantizar\u00e1 el tratamiento m\u00e9dico a la poblaci\u00f3n en condici\u00f3n de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitaci\u00f3n requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad espec\u00edfica. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 66.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 105<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 105. Servicio m\u00e9dico penitenciario y carcelario.<\/b> El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deber\u00e1n dise\u00f1ar un modelo de atenci\u00f3n en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de g\u00e9nero para la poblaci\u00f3n privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisi\u00f3n domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n. Este modelo tendr\u00e1 como m\u00ednimo una atenci\u00f3n intramural, extramural y una pol\u00edtica de atenci\u00f3n primaria en salud. <\/font><\/p>\n


La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ser\u00e1 la responsable de la adecuaci\u00f3n de la infraestructura de las Unidades de Atenci\u00f3n Primaria y de Atenci\u00f3n Inicial de Urgencias en cada uno de los establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en los cuales se prestar\u00e1 la atenci\u00f3n intramural, conforme a los que establezca el modelo de atenci\u00f3n en salud del que trata el presente art\u00edculo. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Cr\u00e9ase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Naci\u00f3n, con independencia patrimonial, contable y estad\u00edstica, sin personer\u00eda jur\u00eddica, el cual estar\u00e1 constituido por recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n. Los recursos del Fondo ser\u00e1n manejados por una entidad fiduciaria estatal o de econom\u00eda mixta, en la cual el Estado tenga m\u00e1s del 90% del capital. Para tal efecto, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suscribir\u00e1 el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendr\u00e1 las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente art\u00edculo y fijar\u00e1 la comisi\u00f3n que, en desarrollo del mismo, deber\u00e1 cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual ser\u00e1 una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargar\u00e1 de contratar la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atenci\u00f3n que se dise\u00f1e en virtud del presente art\u00edculo. <\/font><\/p>\n


El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tendr\u00e1 los siguientes objetivos: <\/font><\/p>\n


1. Administrar de forma eficiente y diligente los recursos que provengan del Presupuesto General de la Naci\u00f3n para cubrir con los costos del modelo de atenci\u00f3n en salud para las personas privadas de la libertad. <\/font><\/p>\n


2. Garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dico-asistenciales, que contratar\u00e1 con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

3. Llevar los registros contables y estad\u00edsticos necesarios para determinar el estado de la prestaci\u00f3n del servicio de salud y garantizar un estricto control del uso de los recursos. <\/font><\/p>\n


4. Velar porque todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. En el contrato de fiducia mercantil a que se refiere el par\u00e1grafo 1\u00b0 del presente art\u00edculo, se prever\u00e1 la existencia de un Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, integrado por los siguientes miembros:<\/font><\/p>\n


\u2013 El Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro de Pol\u00edtica Criminal y Justicia Restaurativa, quien lo presidir\u00e1. <\/font><\/p>\n


\u2013 El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico o su delegado. <\/font><\/p>\n


\u2013 El Ministro de Salud y Protecci\u00f3n Social o su delegado. <\/font><\/p>\n


\u2013 El Director de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que ejercer\u00e1 la Secretar\u00eda T\u00e9cnica del Consejo Directivo.<\/font><\/p>\n


\u2013 El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). <\/font><\/p>\n


\u2013 El Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz pero sin voto. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4\u00b0. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tendr\u00e1 las siguientes funciones: <\/font><\/p>\n


\u2013 Determinar las pol\u00edticas generales de administraci\u00f3n e inversi\u00f3n de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y \u00f3ptimo rendimiento. <\/font><\/p>\n


\u2013 Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrar\u00e1 los contratos para el funcionamiento del Fondo. <\/font><\/p>\n


\u2013 Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.<\/font><\/p>\n


\u2013 Determinar la destinaci\u00f3n de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual ser\u00e1n atendidas las prestaciones en materia de salud frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribuci\u00f3n equitativa de los recursos. <\/font><\/p>\n


\u2013 Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno Nacional para efecto de adelantar el tr\u00e1mite de su aprobaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


\u2013 Las dem\u00e1s que determine el Gobierno Nacional. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 5\u00b0. Los egresados de los programas de educaci\u00f3n superior del \u00e1rea de la Salud podr\u00e1n, previa reglamentaci\u00f3n que se expida para tal fin dentro del a\u00f1o siguiente a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, llevar a cabo su servicio social obligatorio creado por la Ley 1164 de 2007<\/a><\/b> en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social reglamentar\u00e1 el dise\u00f1o, direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, organizaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n del servicio social que se preste en estas condiciones. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. Mientras entra en funcionamiento el modelo de atenci\u00f3n de que trata el presente art\u00edculo, la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad deber\u00e1 implementarse de conformidad con lo establecido en los par\u00e1grafos 1\u00b0 a 5\u00b0 del presente art\u00edculo, de forma gradual y progresiva. En el entretanto, se seguir\u00e1 garantizando la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 67.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 106<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 106. Asistencia m\u00e9dica de internos con especiales afecciones de salud.<\/b> Las personas privadas de la libertad portadoras de VIH, con enfermedades infectocontagiosas o con enfermedades en fase terminal ser\u00e1n especialmente protegidas por la direcci\u00f3n del establecimiento penitenciario en el que se encuentren, con el objetivo de evitar su discriminaci\u00f3n. El Inpec podr\u00e1 establecer pabellones especiales con la \u00fanica finalidad de proteger la salud de esta poblaci\u00f3n. El Inpec, con el apoyo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y las empresas responsables en materia de salud, cumplir\u00e1n con los protocolos m\u00e9dicos establecidos para garantizar el aislamiento necesario a los reclusos con especiales afecciones de salud que as\u00ed lo requieran. <\/font><\/p>\n


Cuando el personal m\u00e9dico que presta los servicios de salud dentro del establecimiento, el Director del mismo o el Ministerio P\u00fablico tenga conocimiento de que una persona privada de la libertad se encuentra en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusi\u00f3n formal, conforme a la reglamentaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dar\u00e1 aviso en forma inmediata a la autoridad judicial con el fin de que se le otorgue el beneficio de libertad correspondiente. El incumplimiento de esta obligaci\u00f3n ser\u00e1 considerado como falta grav\u00edsima de acuerdo con el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico. El juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad decidir\u00e1 la solicitud de libertad en un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

\n

Par\u00e1grafo. Cuando una reclusa est\u00e9 embarazada previa certificaci\u00f3n m\u00e9dica, el director del establecimiento tramitar\u00e1 con prontitud la solicitud de suspensi\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva o de la pena ante el funcionario judicial competente de conformidad con lo previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 68.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 107<\/a><\/b> de la<\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 107. Casos de enajenaci\u00f3n mental.<\/b> Si una persona privada de la libertad es diagnosticada como enferma mental transitoria o permanente, de acuerdo con el concepto dado por el m\u00e9dico legista, se tomar\u00e1n todas las medidas pertinentes para la protecci\u00f3n de su vida e integridad f\u00edsica y se ordenar\u00e1 su traslado a los establecimientos especiales de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 69.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 108<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 108. Nacimientos y defunciones.<\/b> El Director del establecimiento de reclusi\u00f3n informar\u00e1 a las autoridades competentes de los nacimientos, y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Defensor\u00eda del Pueblo, al juez competente y al Director del Inpec de las defunciones que ocurran dentro de los mismos. Igualmente, informar\u00e1 a los parientes que figuren en el registro del interno. De ninguna manera en el registro de nacimiento figurar\u00e1 el lugar donde tuvo ocasi\u00f3n el mismo. <\/font><\/p>\n


En caso de muerte, el cad\u00e1ver ser\u00e1 entregado a los familiares del interno que lo reclamen. Si no media petici\u00f3n alguna, ser\u00e1 sepultado por cuenta del establecimiento. En todo caso deber\u00e1n realizarse las gestiones pertinentes para determinar la causa de la muerte. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 70.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 109<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 109. Inventario de las pertenencias. <\/b>Se har\u00e1 un inventario de las pertenencias dejadas por el difunto y se proceder\u00e1 a liquidar su saldo de la Caja Especial, todo lo cual se entregar\u00e1, a los herederos que sumariamente demuestren tal calidad hasta el monto que la ley autorice en caso de fallecimiento del titular de una cuenta bancaria. Cuando los objetos o sumas de dinero sean superiores a esta suma se entregar\u00e1n a quienes indique la autoridad competente. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 71.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 110<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 110. Informaci\u00f3n externa. <\/b>Los reclusos gozan de libertad de informaci\u00f3n, salvo grave amenaza de alteraci\u00f3n del orden, caso en el cual la restricci\u00f3n deber\u00e1 ser motivada. <\/font><\/p>\n


En todos los establecimientos de reclusi\u00f3n se establecer\u00e1 para los reclusos un sistema diario de informaciones o noticias que incluya los acontecimientos m\u00e1s importantes de la vida nacional o internacional, ya sea por boletines emitidos por la Direcci\u00f3n o por cualquier otro medio que llegue a todos los reclusos y que no se preste para alterar la disciplina. En ning\u00fan caso estas medidas podr\u00e1n ser usadas para impedir que los internos tengan acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica del acontecer pol\u00edtico y social del pa\u00eds. <\/font><\/p>\n


La Direcci\u00f3n de cada establecimiento penitenciario velar\u00e1 por la publicidad del Reglamento General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del Reglamento Interno del establecimiento. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 72. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 111<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 111. Comunicaciones. <\/b>Las personas privadas de la libertad se comunicar\u00e1n peri\u00f3dicamente con su n\u00facleo social y familiar por medio de correspondencia, servicios de telecomunicaciones autorizados por el establecimiento penitenciario, as\u00ed como visitas y redes de comunicaci\u00f3n interconectadas o internet, de uso colectivo y autorizadas previamente por el establecimiento penitenciario, los cuales tendr\u00e1n fines educativos y pedag\u00f3gicos y servir\u00e1n de medio de comunicaci\u00f3n. En todo caso, se dispondr\u00e1 de salas virtuales para la realizaci\u00f3n de este tipo de visitas. <\/font><\/p>\n


Todos los servicios de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y Telecomunicaciones aqu\u00ed descritos deber\u00e1n ser autorizados y monitoreados por el Inpec. <\/font><\/p>\n


Cuando se trate de un detenido, al ingresar al establecimiento de reclusi\u00f3n, tendr\u00e1 derecho a indicar a qui\u00e9n se le debe comunicar su aprehensi\u00f3n, a ponerse en contacto con su abogado y a que su familia sea informada sobre su situaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


El Director del centro establecer\u00e1, de acuerdo con el reglamento interno, el horario y modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos especiales y en igualdad de condiciones pueden autorizarse llamadas telef\u00f3nicas, debidamente vigiladas. <\/font><\/p>\n


Las comunicaciones orales, escritas o virtuales previstas en este art\u00edculo podr\u00e1n ser registradas mediante orden de funcionario judicial, a juicio de este o a solicitud de una autoridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, bien para la prevenci\u00f3n o investigaci\u00f3n de un delito o para la debida seguridad carcelaria. Las comunicaciones de los internos con sus abogados no podr\u00e1n ser objeto de interceptaci\u00f3n o registro. <\/font><\/p>\n


Por ning\u00fan motivo, ni en ning\u00fan coso, los internos podr\u00e1n tener aparatos o medios de comunicaci\u00f3n privados, tales como fax, tel\u00e9fonos fijos o m\u00f3viles, busca personas o similares. El sistema de comunicaci\u00f3n para la poblaci\u00f3n reclusa deber\u00e1 contener herramientas y controles tendientes a garantizar la seguridad del establecimiento y a evitar la comisi\u00f3n de delitos. Los internos solo podr\u00e1n acceder a trav\u00e9s de sistemas aut\u00f3nomos dise\u00f1ados espec\u00edficamente para el sistema penitenciario, garantizando la invulnerabilidad de la informaci\u00f3n y la disposici\u00f3n de la misma a las autoridades pertinentes. <\/font><\/p>\n


La recepci\u00f3n y env\u00edo de correspondencia se autorizar\u00e1 por la Direcci\u00f3n conforme al reglamento. Para la correspondencia ordinaria gozar\u00e1n de franquicia postal los internos y los establecimientos de reclusi\u00f3n del pa\u00eds, siempre que en el sobre respectivo se certifique por el Director del centro de reclusi\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Ante el fallecimiento, estado grave por enfermedad, enfermedad muy grave o enfermedad infectocontagiosa de una persona privada de la libertad, la Direcci\u00f3n del establecimiento penitenciario de manera inmediata informar\u00e1 al familiar m\u00e1s cercano que aquel hubiere designado o del que se tenga noticia. As\u00ed mismo, en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave deber\u00e1 informar de manera inmediata al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para lo de su competencia. En caso de enfermedad infectocontagiosa, se dar\u00e1 aviso a la autoridad sanitaria correspondiente para que tome las medidas que sean pertinentes. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 73.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 112<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 112. R\u00e9gimen de visitas.<\/b> Las personas privadas de la libertad podr\u00e1n recibir una visita cada siete (7) d\u00edas calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y administrativos aplicables. <\/font><\/p>\n


Para personas privados de la libertad que est\u00e9n recluidas en un establecimiento carcelario distinto al arraigo familiar, el Inpec podr\u00e1 programar un d\u00eda diferente al del inciso anterior para recibir las visitas. <\/font><\/p>\n


El ingreso de los visitantes se realizar\u00e1 de conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento penitenciario, sin que ello implique la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. Las requisas y dem\u00e1s medidas de seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad f\u00edsica. <\/font><\/p>\n


Las requisas se realizar\u00e1n en condiciones de higiene y seguridad. El personal de guardia estar\u00e1 debidamente capacitado para la correcta y razonable ejecuci\u00f3n de registros y requisas. Para practicarlos se designar\u00e1 a una persona del mismo sexo del de aquella que es objeto de registro, se prohibir\u00e1n las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas; \u00fanicamente se permite el uso de medios electr\u00f3nicos para este fin.<\/font><\/p>\n


El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas ser\u00e1n reguladas por la Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). <\/font><\/p>\n


Se conceder\u00e1 permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibici\u00f3n de su Tarjeta Profesional y si mediare aceptaci\u00f3n del interno. <\/font><\/p>\n


Los condenados podr\u00e1n igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por ellos. Las visitas de sus familiares y amigos ser\u00e1n reguladas en el reglamento general, de acuerdo a lo previsto en el presente art\u00edculo. <\/font><\/p>\n


Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del r\u00e9gimen interno ser\u00e1n expulsados del establecimiento y se les prohibir\u00e1n nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la reglamentaci\u00f3n expedida por la Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).<\/font><\/p>\n


Los visitantes sorprendidos tratando de ingresar al establecimiento penitenciario cualquier art\u00edculo expresamente prohibido por los reglamentos tales como armas de cualquier \u00edndole, sustancias psicoactivas il\u00edcitas, medicamentos de control especial, bebidas alcoh\u00f3licas, o sumas de dinero, no ser\u00e1n autorizados para realizar la visita respectiva y deber\u00e1 ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusi\u00f3n por un periodo de hasta un (1) a\u00f1o, dependiendo de la gravedad de la conducta. Lo anterior sin perjuicio de las dem\u00e1s acciones legales pertinentes. <\/font><\/p>\n


En casos excepcionales, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) podr\u00e1 autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y la conceder\u00e1 por el tiempo estrictamente necesario para su cometido. Una vez realizada la visita, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informar\u00e1 de la misma al Ministro de Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesi\u00f3n. <\/font><\/p>\n


La visita \u00edntima ser\u00e1 regulada por el reglamento general seg\u00fan principios de higiene y seguridad. <\/font><\/p>\n


De toda visita realizada a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los funcionarios que all\u00ed laboran debe quedar registro escrito. El incumplimiento de este precepto constituir\u00e1 falta disciplinaria grave.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 74. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo 112A<\/a><\/b> a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, del siguiente tenor: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 112A. Visita de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/b> Las personas privadas de la libertad podr\u00e1n recibir visitas de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes que sean familiares de estas en el primer grado de consanguinidad o primero civil, por lo menos una vez al mes, sin que coincida con el mismo d\u00eda en el que se autorizan las visitas \u00edntimas. Durante los d\u00edas de visita de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes se observar\u00e1n mecanismos de seguridad especiales y diferenciados para garantizar el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. <\/font><\/p>\n


Los menores de 18 a\u00f1os deber\u00e1n estar acompa\u00f1ados durante la visita de su tutor o tutora o, en todo caso, de un adulto responsable. <\/font><\/p>\n


Los establecimientos de reclusi\u00f3n deber\u00e1n contar con lugares especiales para recibir las visitas de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, diferentes de las celdas y\/o dormitorios, los cuales deben contar con vigilancia permanente. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La Corte Constitucional declar\u00f3 ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-026 del 3 de febrero de 2016, mediante Sentencia C-223-16<\/a><\/b>, mayo 4 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Expresi\u00f3n subrayada declarada EXEQUIBLE bajo el entendido que las personas privadas de la libertad tambi\u00e9n podr\u00e1n recibir visitas de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes que demuestren tener un v\u00ednculo estrecho de familiaridad con la persona privada de la libertad, surgido a partir de la existencia de lazos de convivencia, afecto, respeto, solidaridad, protecci\u00f3n y asistencia. En los casos en que la privaci\u00f3n de la libertad obedezca a delitos cuya v\u00edctima haya sido un menor de edad, la visita de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes debe ser autorizada por el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de seguridad, previa valoraci\u00f3n: (i) de la gravedad y modalidad de la conducta delictiva; (ii) de las condiciones personales del recluso; (iii) del comportamiento observado durante su permanencia en el establecimiento carcelario, (iv) de la existencia de condenas vigentes por delitos de la misma naturaleza; y (v) de la condici\u00f3n de v\u00edctima del menor o de los menores sobre los cuales se pretenda extender la solicitud de visita; mediante Sentencia C-026-16<\/a><\/b>, Febrero 03 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 75.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 115A. Env\u00edo y recepci\u00f3n de paquetes. <\/b>La persona privada de la libertad podr\u00e1 recibir paquetes, los cuales ser\u00e1n entregados en la oficina que la Direcci\u00f3n del establecimiento penitenciario disponga para ello. <\/font><\/p>\n


La oficina de recepci\u00f3n de paquetes deber\u00e1 levantar un acta en la que se relacionen los elementos enviados, la cual ser\u00e1 entregada al interno al momento de recibir los elementos enviados. <\/font><\/p>\n


La clase de alimentos, art\u00edculos y bienes, al igual que su cantidad y peso, ser\u00e1 objeto de reglamentaci\u00f3n de acuerdo con las medidas de seguridad del patio, pabell\u00f3n, m\u00f3dulo o establecimiento penitenciario. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 76. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 116<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 116. Reglamento Disciplinario para Internos.<\/b> El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con concepto favorable del Ministerio de Justicia y del Derecho, expedir\u00e1 el reglamento disciplinario al cual se sujetar\u00e1n los internos de los establecimientos de reclusi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el presente C\u00f3digo. Esta reglamentaci\u00f3n con tendr\u00e1 normas que permitan el respeto al debido proceso y sus garant\u00edas. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 77. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 117<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 117. Legalidad de las sanciones. <\/b>Las sanciones disciplinarias y los est\u00edmulos estar\u00e1n contenidos en la presente ley y en el reglamento general. Ning\u00fan recluso podr\u00e1 ser sancionado por una conducta que no est\u00e9 previamente enunciada en esta ley o en el reglamento, ni podr\u00e1 serlo dos veces por el mismo hecho. <\/font><\/p>\n


Las sanciones ser\u00e1n impuestas por el respectivo Consejo de Disciplina o por el Director del centro de reclusi\u00f3n, garantizando siempre el debido proceso. <\/font><\/p>\n


Los est\u00edmulos ser\u00e1n otorgados por el Director del respectivo centro de reclusi\u00f3n, previo concepto favorable del Consejo de Disciplina. <\/font><\/p>\n


Contra la decisi\u00f3n que impone una sanci\u00f3n procede el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, ante el Consejo de Disciplina. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podr\u00e1 revocar la calificaci\u00f3n de las faltas y de las sanciones, cuando verifique que estas contradicen la naturaleza y extensi\u00f3n de aquellas. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 78.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 123<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 123. Sanciones. <\/b>Las faltas leves tendr\u00e1n una de las siguientes sanciones: <\/font><\/p>\n


1. Amonestaci\u00f3n con anotaci\u00f3n en su prontuario, si es un detenido, o en su cartilla biogr\u00e1fica, si es un condenado. <\/font><\/p>\n


2. Privaci\u00f3n del derecho a participar en actividades de recreaci\u00f3n hasta por ocho d\u00edas. <\/font><\/p>\n


3. Supresi\u00f3n hasta de cinco visitas sucesivas. <\/font><\/p>\n


4. Suspensi\u00f3n parcial o total de alguno de los est\u00edmulos, por tiempo determinado. <\/font><\/p>\n


Para las faltas graves, se aplicar\u00e1n gradualmente atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad de la sanci\u00f3n y los da\u00f1os ocasionados con la comisi\u00f3n de la falta, una de las siguientes sanciones: <\/font><\/p>\n


1. Suspensi\u00f3n hasta de diez visitas sucesivas. <\/font><\/p>\n


2. P\u00e9rdida del derecho de redenci\u00f3n de la pena de sesenta (60) a ciento veinte (120 d\u00edas). <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 79.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 125<\/a><\/b> de la<\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 125. Medidas in continenti.<\/b> No obstante lo previsto en las disposiciones anteriores, el Director del centro podr\u00e1 utilizar medios coercitivos, establecidos reglamentariamente en los siguientes casos: <\/font><\/p>\n


1. Para impedir actos de fuga o violencia de los internos. <\/font><\/p>\n


2. Para evitar da\u00f1o de los internos a s\u00ed mismos y a otras personas o bienes. <\/font><\/p>\n


3. Para superar, agotadas otras v\u00edas, la resistencia pasiva o activa de los internos a las \u00f3rdenes del personal penitenciario o carcelario en ejercicio de su cargo. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. El uso de estas medidas estar\u00e1 dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y solo por el tiempo necesario. En todo caso, el Inpec velar\u00e1 por el derecho a la vida y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Estas medidas se sujetar\u00e1n a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 80. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 126<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 126. Aislamiento.<\/b> El aislamiento como medida preventiva se podr\u00e1 imponer en los centros de reclusi\u00f3n en los siguientes casos: <\/font><\/p>\n


1. Por razones sanitarias. <\/font><\/p>\n


2. Por razones de seguridad interna del establecimiento en cuyo caso no podr\u00e1 superar los cinco (5) d\u00edas calendario. <\/font><\/p>\n


3. A solicitud del recluso previa autorizaci\u00f3n del Director del establecimiento.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 81. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 127<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 127. Calificaci\u00f3n de los faltas. <\/b>En la calificaci\u00f3n de la infracci\u00f3n disciplinaria deben tenerse en cuenta las circunstancias que la agraven o aten\u00faen, las relativas a la modalidad del hecho, el da\u00f1o producido, el grado del estado an\u00edmico del interno, su buena conducta anterior en el establecimiento, su respeto por el orden y la disciplina dentro del mismo.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 82.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 133<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 133. Competencia.<\/b> El Director del centro de reclusi\u00f3n tiene competencia para aplicar las sanciones correspondientes a las faltas leves. El Consejo de Disciplina sancionar\u00e1 las conductas graves. El Director otorgar\u00e1 los est\u00edmulos a los reclusos merecedores a ellos, previo concepto del Consejo de Disciplina.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 83. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 137<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 137. Suspensi\u00f3n condicional.<\/b> Tanto el Director como el Consejo de Disciplina pueden suspender condicionalmente, por justificados motivos, en todo o en parte, las sanciones que se hayan impuesto. <\/font><\/p>\n


Si dentro del t\u00e9rmino de tres meses, contados a partir del d\u00eda en que se cumpla la sanci\u00f3n, el interno comete una nueva infracci\u00f3n se le aplicar\u00e1 la sanci\u00f3n suspendida junto con la que merezca por la nueva falta. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 84.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 138<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 138. Registro de sanciones y est\u00edmulos.<\/b> De todas las sanciones y est\u00edmulos impuestos o concedidos a los internos se tomar\u00e1 nota en el Sisipec, el cual deber\u00e1 ser actualizado diariamente. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 85. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 139<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 139. Permisos excepcionales. <\/b>En caso de comprobarse estado de grave enfermedad o fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, primero civil y primero de afinidad, de la persona privada de la libertad, el Director del respectivo establecimiento de reclusi\u00f3n, proceder\u00e1 de la siguiente forma: <\/font><\/p>\n


1. Si se trata de condenado, podr\u00e1 conceder permiso de salida bajo su responsabilidad, por un t\u00e9rmino no mayor de veinticuatro horas, m\u00e1s el tiempo de la distancia si la hubiere, tomando las medidas de seguridad adecuadas y comunicando de inmediato al Director del Inpec. <\/font><\/p>\n


2. Cuando se trate de procesado, el permiso lo conceder\u00e1 el funcionario judicial de conocimiento, especificando la duraci\u00f3n del mismo sin que exceda de veinticuatro horas, por cada vez que se conceda, m\u00e1s el tiempo de la distancia si la hubiere. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Lo anterior no cobijar\u00e1 a los internos sometidos a extremas medidas de vigilancia y seguridad ni a quienes registren antecedentes por fuga de presos, o aquellos procesados o condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. El condenado o el procesado como requisito indispensable para el otorgamiento de permisos excepcionales, asumir\u00e1 y pagar\u00e1 de manera previa o concurrente los gastos log\u00edsticos, de transporte, de alimentaci\u00f3n, de alojamiento y los dem\u00e1s que puedan originarse a causa del permiso concedido. Los gastos asumidos ser\u00e1n los propios y los de sus guardianes. <\/font><\/p>\n


Si la persona privada de la libertad estuviere en incapacidad econ\u00f3mica para sufragar estos gastos, el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad podr\u00e1 exonerarlo de los mismos, si su condici\u00f3n econ\u00f3mica est\u00e1 debidamente demostrada. En este caso los gastos ser\u00e1n asumidos por el Inpec. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 86.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 141<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 141. Presentaci\u00f3n voluntaria.<\/b> Cuando el interno fugado se presentare voluntariamente dentro de los tres primeros d\u00edas siguientes a la evasi\u00f3n, la fuga se tendr\u00e1 en cuenta \u00fanicamente para efectos disciplinarios en cuyo caso se impondr\u00e1 la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de redenci\u00f3n de pena hasta por ciento veinte (120) d\u00edas. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 87.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 145<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 145. Consejo de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento.<\/b> En cada establecimiento penitenciario habr\u00e1 un Centro de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo ser\u00e1 realizado por medio de grupos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades propias del tratamiento penitenciario. Estos ser\u00e1n integrados por abogados, psiquiatras, psic\u00f3logos, pedagogos, trabajadores sociales, m\u00e9dicos, terapeutas, antrop\u00f3logos, soci\u00f3logos, crimin\u00f3logos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. <\/font><\/p>\n


Este consejo determinar\u00e1 los condenados que requieran tratamiento penitenciario despu\u00e9s de la primera fase. Dicho tratamiento se regir\u00e1 por las gu\u00edas cient\u00edficas expedidas por el Inpec, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Estos consejos deber\u00e1n estar totalmente conformados dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s de promulgada la presente ley. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 88. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 153<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 153. Permanencia de ni\u00f1os y ni\u00f1as en establecimientos de reclusi\u00f3n.<\/b> Los ni\u00f1os y ni\u00f1as menores de 3 a\u00f1os podr\u00e1n permanecer con sus madres en los establecimientos de reclusi\u00f3n, salvo que un juez de la Rep\u00fablica ordene lo contrario. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestar\u00e1, en coordinaci\u00f3n con el servicio social penitenciario y carcelario, la atenci\u00f3n especial a los ni\u00f1os y ni\u00f1as que se encuentran en los centros. <\/font><\/p>\n


El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizar\u00e1 programas educativos y de recreaci\u00f3n para los ni\u00f1os y ni\u00f1as que se encuentran en los centros. El ICBF ser\u00e1 quien tenga la custodia de los ni\u00f1os y ni\u00f1as cuando se encuentren participando de los programas establecidos por esta entidad. Estos programas se realizar\u00e1n dentro de los establecimientos en los lugares que para ello sean destinados y adecuados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en coordinaci\u00f3n con el ICBF. Estos espacios ser\u00e1n administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). <\/font><\/p>\n


La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios destinar\u00e1 dentro de los establecimientos de reclusi\u00f3n, secciones especiales, para las madres con sus hijos que garanticen una adecuada interacci\u00f3n entre estos; igualmente construir\u00e1 y dotar\u00e1, en coordinaci\u00f3n con el ICBF, los centros de atenci\u00f3n para los ni\u00f1os y ni\u00f1as cuando estos no se encuentren con sus madres. Sin perjuicio de lo anterior, los centros de atenci\u00f3n deber\u00e1n ser adecuados para los ni\u00f1os y ni\u00f1as que se encuentren en condici\u00f3n de discapacidad, teniendo en cuenta lo preceptuado en el art\u00edculo 5\u00b0 numerales 2, 8 y 10 y el art\u00edculo 14 de la Ley 1618 de 2013<\/a><\/b>. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. En los eventos en los que se determine que un ni\u00f1o o ni\u00f1o no puede permanecer en el establecimiento carcelario, o cuando este sea mayor de tres (3) a\u00f1os, el juez competente podr\u00e1 conceder la custodia del ni\u00f1o o ni\u00f1a al padre o familiar que acredite v\u00ednculo de consanguinidad. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. En los eventos en los que por razones de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o o ni\u00f1a no se le conceda la custodia al padre o familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ser\u00e1 quien la asuma. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 89.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 154<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 154. Asistencia jur\u00eddica.<\/b> La Defensor\u00eda del Pueblo, de acuerdo con la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijar\u00e1 y controlar\u00e1 los defensores en cada establecimiento para la atenci\u00f3n jur\u00eddica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informar\u00e1 peri\u00f3dicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deber\u00e1 tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes. <\/font><\/p>\n


Los directores de los establecimientos promover\u00e1n convenios con aquellas instituciones de educaci\u00f3n superior que, en el marco de su autonom\u00eda, hayan determinado que sus estudiantes del programa acad\u00e9mico de Derecho pueden cumplir con las pr\u00e1cticas correspondientes al consultorio jur\u00eddico, brindando asistencia jur\u00eddico a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, los directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n podr\u00e1n vincular de forma ad hon\u00f3rem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Acad\u00e9mico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jur\u00eddica o las personas se\u00f1aladas en el inciso anterior. En este caso, la duraci\u00f3n de la misma ser\u00e1 de seis meses y la certificaci\u00f3n de su cumd\u00e9mico de Derecho pueden cumplir con las pr\u00e1cticas correspondientes al consultorio jur\u00eddico, brindando asistencia jur\u00eddico a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos. <\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, los directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n podr\u00e1n vincular de forma ad hon\u00f3rem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Acad\u00e9mico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jur\u00eddica o las personas se\u00f1aladas en el inciso anterior. En este caso, la duraci\u00f3n de la misma ser\u00e1 de seis meses y la certificaci\u00f3n de su cumcional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podr\u00e1 desarrollarse mediante el esquema de asociaci\u00f3n p\u00fablico privado. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Quedar\u00e1n excluidos de la administraci\u00f3n de este tipo de establecimientos la guardia y vigilancia que en todo caso estar\u00e1 a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y aquellas actividades relacionadas con la resocializaci\u00f3n de las personas privadas de la libertad. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 90.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el art\u00edculo 163<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 163. Contrato mediante el esquema de asociaci\u00f3n p\u00fablico privado.<\/b> La construcci\u00f3n, mantenimiento y conservaci\u00f3n de los centros de reclusi\u00f3n y la prestaci\u00f3n de otros servicios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podr\u00e1 desarrollarse mediante el esquema de asociaci\u00f3n p\u00fablico privado.<\/p>\n

Par\u00e1grafo. Quedar\u00e1n excluidos de la administraci\u00f3n de este tipo de establecimientos la guardia y vigilancia que en todo caso estar\u00e1 a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y aquellas actividades relacionadas con la resocializaci\u00f3n de las personas privadas de la libertad.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 91. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 167<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 167. Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal.<\/b> El Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal del Estado. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Corresponde al Consejo aprobar el Plan Nacional de Pol\u00edtica Criminal que tendr\u00e1 una vigencia de cuatro a\u00f1os y que deber\u00e1 ser incorporado en un documento Conpes con el fin de garantizar su financiaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Son miembros del Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal: <\/font><\/p>\n


1. El Ministro de Justicia y del Derecho quien lo presidir\u00e1. <\/font><\/p>\n


2. El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/font><\/p>\n


3. El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/font><\/p>\n


4. El Fiscal General de la Naci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


5. El Ministro de Educaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


6. El Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


7. El Defensor del Pueblo. <\/font><\/p>\n


8. El Director General de la Polic\u00eda Nacional. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

9. El Director General de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (ANIC). <\/font><\/p>\n


10. El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).<\/font><\/p>\n


11. El Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).<\/font><\/p>\n


12. El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).<\/font><\/p>\n


13. El Director General del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


14. Dos (2) Senadores y cuatro (4) Representantes a la C\u00e1mara pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda, es decir, un Senador (1) y dos (2) Representantes de cada Comisi\u00f3n respectivamente, elegidos por esas c\u00e9lulas legislativas. <\/font><\/p>\n


La Secretar\u00eda T\u00e9cnica del Consejo la ejerce la Direcci\u00f3n de Pol\u00edtica Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. <\/font><\/p>\n


Adem\u00e1s del dise\u00f1o del Plan Nacional de Pol\u00edtica Criminal, el Consejo deber\u00e1 presentar concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo que en materia penal cursan en el Congreso de la Rep\u00fablica. El Consejo se dar\u00e1 su propio reglamento. <\/font><\/p>\n


Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedici\u00f3n de la presente ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentar\u00e1 el funcionamiento del Consejo, as\u00ed como todos los asuntos relacionados con las instancias t\u00e9cnicas y dem\u00e1s que se requieran para su normal funcionamiento. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Lo asistencia al Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal es de car\u00e1cter obligatorio e indelegable. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 92<\/a><\/b>. Modif\u00edcase el art\u00edculo 168<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 168. Estados de emergencia penitenciaria y carcelaria.<\/b> El Director General del Inpec, previo el concepto favorable del Consejo Directivo del Inpec, podr\u00e1 decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los centros de reclusi\u00f3n nacional, en algunos o alguno de ellos, en los siguientes casos: <\/font><\/p>\n


1. Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen de manera grave o inminente el orden y la seguridad penitenciaria y carcelaria. <\/font><\/p>\n


2. Cuando sobrevengan graves situaciones de salud y de orden sanitario; o que las condiciones higi\u00e9nicas no permitan la convivencia en el lugar; o ante la inminencia o el acaecimiento de calamidad p\u00fablica. <\/font><\/p>\n


3. Cuando los niveles de ocupaci\u00f3n de uno o m\u00e1s centros de reclusi\u00f3n, afecten severamente los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n privada de la libertad.<\/font><\/p>\n


4. Cuando la falta de prestaci\u00f3n de los servicios esenciales pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema o amenacen gravemente los derechos fundamentales. <\/font><\/p>\n


En los casos del numeral uno (1), el Director General del Inpec est\u00e1 facultado para tomar las medidas necesarias con el fin de superar la situaci\u00f3n presentada, tales como traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerci\u00f3n y el reclamo del apoyo de la Fuerza P\u00fablica de acuerdo con los art\u00edculos 31 y 32 del presente c\u00f3digo. <\/font><\/p>\n


Si en los hechos que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusi\u00f3n estuviere comprometido personal de servicio penitenciario y carcelario, el Director del Inpec podr\u00e1 suspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias correspondientes.<\/font><\/p>\n


Cuando se trate de las situaciones contempladas en el numeral dos (2), el Director del Inpec acudir\u00e1 a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboraci\u00f3n, las cuales est\u00e1n obligadas a prestarla de inmediato en coordinaci\u00f3n con los centros de reclusi\u00f3n afectados. <\/font><\/p>\n


El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podr\u00e1 disponer de los traslados de los internos que se requiera, a los lugares indicados. De igual manera, se podr\u00e1n clausurar los establecimientos penales, si as\u00ed lo exigen las circunstancias. <\/font><\/p>\n


Cuando se trate de las situaciones contempladas en el numeral tres (3) el Director del Inpec acudir\u00e1 a las autoridades del ramo, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboraci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las medidas que se adopten para reducir los niveles de ocupaci\u00f3n del centro de reclusi\u00f3n. Presentar\u00e1 al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un plan de contingencia dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la declaratoria en el cual determine el conjunto de medidas para superar dicho estado. <\/font><\/p>\n


Durante el estado de emergencia carcelario, el Director del Inpec y el Director de la Uspec, cada uno dentro del marco de su competencia, podr\u00e1n hacer los traslados presupuestales y la contrataci\u00f3n directa de las obras y servicios necesarios para conjurar la emergencia, previo concepto del Consejo Directivo del Instituto. <\/font><\/p>\n


El Ministerio de Justicia y del Derecho tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar al Director General del Inpec la declaratoria del Estado de Emergencia. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Superado el peligro y restablecido el orden, el Director General del Inpec expedir\u00e1 un acto administrativo levantando el estado de emergencia e informar\u00e1 al Consejo Directivo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia y la justificaci\u00f3n de las medidas adoptadas. Igualmente informar\u00e1 a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus correspondientes fines; y a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n del cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de los internos. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Se entender\u00e1 como grave un nivel de sobre poblaci\u00f3n superior al 20%. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. El c\u00e1lculo del nivel de ocupaci\u00f3n de que trata el par\u00e1grafo anterior se har\u00e1 a partir del contraste entre la oferta de cupos y el tama\u00f1o vigente de la poblaci\u00f3n reclusa. Este c\u00e1lculo se realizar\u00e1 con base en la informaci\u00f3n que se encuentre disponible en el Sistema Integral de Sistematizaci\u00f3n Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec).<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 93. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 170<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 170. Comisi\u00f3n de Seguimiento a las Condiciones de Reclusi\u00f3n del Sistema Penitenciario y Carcelario.<\/b> Cr\u00e9ase la Comisi\u00f3n de Seguimiento a las Condiciones de Reclusi\u00f3n del Sistema Penitenciario y Carcelario. Esta comisi\u00f3n tendr\u00e1 como funciones y facultades las siguientes: <\/font><\/p>\n


1. Evaluar y estudiar la normatividad existente en materia penitenciaria y carcelaria. <\/font><\/p>\n


2. Realizar visitas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del pa\u00eds. <\/font><\/p>\n


3. Ser el \u00f3rgano asesor del Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal y de las autoridades penitenciarias en materia de pol\u00edtica penitenciaria y carcelaria.<\/font><\/p>\n


4. Elaborar informes peri\u00f3dicos sobre el estado de las condiciones de reclusi\u00f3n del sistema penitenciario y carcelario y de los establecimientos penitenciarios, con especial atenci\u00f3n a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n reclusa. Estos informes se har\u00e1n anualmente y se presentar\u00e1n al Gobierno Nacional. <\/font><\/p>\n


5. Monitorizar de manera continua y permanente el estado de hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario y de cada uno de los establecimientos penitenciarios que lo conforman. Con este fin, el Inpec entregar\u00e1 informes diarios sobre el n\u00famero de personas detenidas en los establecimientos penitenciarios, el grado de hacinamiento en cada uno de ellos y el grado de hacinamiento del sistema en su conjunto. <\/font><\/p>\n


6. Verificar que las unidades de prestaci\u00f3n de servicios de salud existentes dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios cuenten con la infraestructura e insumos necesarios para tal fin. <\/font><\/p>\n


7. Revisar las condiciones de infraestructura que garanticen la provisi\u00f3n de servicios de calidad tales como agua potable, luz y dem\u00e1s que fomenten un ambiente saludable. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. El Ministerio de Justicia y del Derecho ser\u00e1 el encargado de convocar peri\u00f3dicamente a las reuniones del Comit\u00e9, coordinarlas, llevar la Secretar\u00eda T\u00e9cnica y poner a su disposici\u00f3n los recursos m\u00ednimos necesarios para su adecuado funcionamiento. <\/font><\/p>\n


Las decisiones de la Comisi\u00f3n se adoptar\u00e1n por mayor\u00eda simple de sus miembros. La Comisi\u00f3n deber\u00e1 reunirse al menos una vez cada dos meses.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 94. <\/a><\/b>Adici\u00f3nase un art\u00edculo a la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 170A. Miembros de la Comisi\u00f3n de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario. <\/b>La Comisi\u00f3n de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano estar\u00e1 integrada por:<\/font><\/p>\n


1. El Viceministro de Pol\u00edtica Criminal y Justicia Restaurativa, quien la preside. <\/font><\/p>\n


2. Un delegado del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/font><\/p>\n


3. Un delegado del Ministerio Educaci\u00f3n Nacional. <\/font><\/p>\n


4. Dos expertos o miembros de organizaciones no gubernamentales. <\/font><\/p>\n


5. Dos acad\u00e9micos con experiencia reconocida en prisiones o en la defensa de los Derechos Humanos de la poblaci\u00f3n reclusa. <\/font><\/p>\n


6. Dos ex Magistrados de las Altas Cortes. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

7. Un juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad delegado por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado. <\/font><\/p>\n


8. Un delegado de la Alta Consejer\u00eda Presidencial para la Equidad de la Mujer.<\/font><\/p>\n


9. Uno de los delegados del Presidente de la Rep\u00fablica en el Consejo Directivo del Inpec. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La Comisi\u00f3n de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano tendr\u00e1 la facultad de invitar expertos en diferentes materias, tales como sic\u00f3logos, soci\u00f3logos, antrop\u00f3logos y dem\u00e1s personas que se estime puedan ser de utilidad para realizar un an\u00e1lisis interdisciplinario de los asuntos de su objeto. <\/font><\/p>\n


La Secretar\u00eda T\u00e9cnica ser\u00e1 ejercida por la Direcci\u00f3n de Pol\u00edtica Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 95.<\/a><\/b> Adici\u00f3nase un par\u00e1grafo al art\u00edculo 187<\/a><\/b> de la Ley 1098 de 2006<\/a><\/b>, as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 187.<\/b> La privaci\u00f3n de la libertad.<\/font><\/p>\n


(…) <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Los Centros de Atenci\u00f3n Especializada funcionar\u00e1n bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administraci\u00f3n, de conformidad con la funci\u00f3n protectora, restaurativa y educativa de la medida de privaci\u00f3n de la libertad.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 96.<\/a><\/b> Condiciones de reclusi\u00f3n y resocializaci\u00f3n para miembros de los pueblos ind\u00edgenas; de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; y de grupos ROM.<\/b> Conc\u00e9danse facultades extraordinarias al Presidente de la Rep\u00fablica para que, dentro del t\u00e9rmino de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, y previa consulta con los Pueblos Ind\u00edgenas; las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; y los grupos ROM, expida un decreto con fuerza de ley que regule todo lo relativo a la privaci\u00f3n de la libertad de los miembros de estos grupos. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 97.<\/a> Garant\u00eda de recursos.<\/b> El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, realizar\u00e1 las gestiones necesarias para garantizar los recursos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 98. <\/font><\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 13 de la Ley 55 de 1985<\/a><\/b>, as\u00ed:<\/font><\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 13.<\/b> La porci\u00f3n que se reasigna en el art\u00edculo 1\u00b0 de la<\/font>Ley 55 de 1985<\/a><\/b> sobre los ingresos provenientes de los derechos por registro de instrumentos p\u00fablicos y otorgamiento de escrituras destinados a la Superintendencia de Notariado y Registro, se incrementar\u00e1 a un 60% a partir del a\u00f1o 2014. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El 10% que se incrementa en virtud del presente art\u00edculo se destinar\u00e1 exclusivamente a la adquisici\u00f3n de terrenos, el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, refacci\u00f3n, reconstrucci\u00f3n y equipamiento de los establecimientos de reclusi\u00f3n a cargo de la Naci\u00f3n, sin perjuicio de la distribuci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 13 de la <\/font>Ley 55 de 1985<\/a><\/b> y sus normas reglamentarias.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 99. <\/a><\/b>Modif\u00edcase el art\u00edculo 89 de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 89. T\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal. <\/b>La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jur\u00eddico, prescribe en el t\u00e9rmino fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a cinco a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia. <\/font><\/p>\n


La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) a\u00f1os.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 100.<\/a><\/b> Modif\u00edcase el literal c) del par\u00e1grafo 4\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 734 de 2002<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 48. Faltas grav\u00edsimas. <\/b>Son faltas grav\u00edsimas las siguientes:<\/font><\/p>\n


(…) <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4\u00b0. Tambi\u00e9n ser\u00e1n faltas grav\u00edsimas para los servidores p\u00fablicos que ejerzan direcci\u00f3n, administraci\u00f3n, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias:
(\u2026)<\/font><\/p>\n


c) Introducir o permitir el ingreso y uso de elementos de comunicaci\u00f3n no autorizados, tales como tel\u00e9fonos, radios, radiotel\u00e9fonos, buscapersonas, similares y accesorios; <\/font><\/p>\n


(…)<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 101.<\/a><\/b> Para efectos de la presente ley se entender\u00e1 que las casac\u00e1rceles actualmente existentes son casas para la detenci\u00f3n preventiva y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidentes de tr\u00e1nsito o en ejercicio de profesi\u00f3n y oficio a las que se refiere el numeral 3 del art\u00edculo 11 de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 102.<\/a><\/b> Programa de Resocializaci\u00f3n y Reintegraci\u00f3n Social. <\/b>Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicaci\u00f3n de la presente ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el Ministerio de Salud y de la Protecci\u00f3n Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el SENA y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) elaborar\u00e1n un programa de resocializaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n social que deber\u00e1 implementarse y ejecutarse en todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del pa\u00eds. <\/font><\/p>\n


Dicho programa incluir\u00e1 componentes de bienestar social del interno, educaci\u00f3n, deporte y cultura, emprenderismo y trabajo con enfoque diferencial.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 103. <\/a><\/b>Sin perjuicio de lo contenido en la presente norma, es deber del sistema carcelario y penitenciario velar por la efectiva rehabilitaci\u00f3n de personas internas que consumen sustancias estupefacientes o psicotr\u00f3picas que exhiben un grado de dependencia acorde a los principios y procedimientos m\u00e9dicos pertinentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 104.<\/a><\/b> El Gobierno Nacional, en un t\u00e9rmino no superior a 6 meses contados a partir de la expedici\u00f3n de la presente ley, determinar\u00e1 las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 105. <\/a><\/b>Adici\u00f3nese un par\u00e1grafo al art\u00edculo 99-A<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 65 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 99-A Trabajo Comunitario (…)<\/b><\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los condenados a los que se hace menci\u00f3n en el presente art\u00edculo; podr\u00e1n cumplir con los trabajos comunitarios, apoyando el desarrollo de las obras que realizan los Ingenieros Militares en el pa\u00eds. <\/font><\/p>\n


Para dicho prop\u00f3sito, el Inpec coordinar\u00e1 con el Ministerio de Defensa Nacional la implementaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 106. <\/a>Art\u00edculo transitorio.<\/b> En un t\u00e9rmino no mayor a seis (6) meses a partir de la promulgaci\u00f3n de la presente ley, un documento Conpes, armonizado con el Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal, deber\u00e1 definir y adoptar el plan estrat\u00e9gico y financiero de pol\u00edtica carcelaria incorporando, entre otros documentos: <\/font><\/p>\n


\u2013 Compromisos presupuestales. <\/font><\/p>\n


\u2013 Fuentes de financiaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


\u2013 Plan de construcciones e infraestructura. <\/font><\/p>\n


\u2013 Plan de dotaci\u00f3n para la resocializaci\u00f3n, el empleo y la educaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

\u2013 Plan de sanidad. <\/font><\/p>\n


\u2013 Plan de personal, guardas, funcionarios y servidores p\u00fablicos. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 107. <\/a>Vigencias y derogatorias. <\/b>Der\u00f3guese el art\u00edculo 38A<\/a><\/b> de la <\/font>Ley 599 de 2000<\/a><\/b> modificado por el art\u00edculo 3\u00b0<\/a><\/b> de la Ley 1453 de 2011<\/a><\/b>. La presente ley rige desde el momento de su promulgaci\u00f3n y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n


El Presidente del honorable Senado de la Rep\u00fablica,
Juan Fernando Cristo Bustos.<\/font><\/p>\n


El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica,
Gregorio Eljach Pacheco.<\/font><\/p>\n


El Presidente de la honorable C\u00e1mara de Representantes,
Hern\u00e1n Penagos Giraldo.<\/font><\/p>\n


El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.<\/font><\/p>\n


REP\u00daBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL<\/font><\/p>\n


Publ\u00edquese y c\u00famplase.
Dada en Bogot\u00e1, D. C., a 20 de enero de 2014.<\/font><\/p>\n


JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N<\/font><\/p>\n


El Ministro del Interior,
Aurelio Iragorri Valencia.<\/font><\/p>\n


El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico,
Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda.<\/font><\/p>\n


El Ministro de Justicia y del Derecho,
Alfonso G\u00f3mez M\u00e9ndez.<\/font><\/p>\n


El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinz\u00f3n Bueno.<\/font><\/p>\n


El Ministro de salud y Protecci\u00f3n Social,
Alejandro Gaviria Uribe.<\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 1709 DE 2014   LEY 1709 DE 2014 (enero 20 de 2014) por medio de la cual se reforman algunos art\u00edculos de la Ley 65 de 1993, de laLey 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones     El Congreso de la Rep\u00fablica   DECRETA: Art\u00edculo 1\u00b0. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-1766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}