{"id":1810,"date":"2020-11-25T14:59:54","date_gmt":"2020-11-25T14:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/25\/ley-1753-de-2015\/"},"modified":"2020-11-25T14:59:54","modified_gmt":"2020-11-25T14:59:54","slug":"ley-1753-de-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/25\/ley-1753-de-2015\/","title":{"rendered":"LEY 1753 DE 2015"},"content":{"rendered":"

<\/a>LEY 1753 DE 2015<\/p>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

LEY 1753 DE 2015<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

(JUNIO 9 DE 2015)<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo Pa\u00eds"<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Modificada <\/font>por laLEY 1955 DE 2019<\/a>,<\/font><\/b> <\/font>publicada en el <\/font>Diario Oficial No. 50964, Mayo 25 de 2019 <\/font>"por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d.<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Derogado por la Ley 1943 de 2018<\/a>, art\u00edculo 122<\/font><\/b>. <\/font>por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Modificado por la Ley 1911 de 2018<\/a><\/b>, publicado en el Diario Oficial N\u00b0 50.649,  Lunes, 9 de julio de 2018, "<\/i>Por medio de la cual se crea la contribuci\u00f3n solidaria a la educaci\u00f3n superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias para lograr la financiaci\u00f3n sostenible de la educaci\u00f3n superior."<\/i><\/td>\n<\/tr>\n
Adicionado por el Decreto 758 de 2018<\/a><\/b> publicado en el  Diario Oficial N\u00ba <\/font>49523 Martes 04 de Mayo de 2018, "por medio del cual se adicionan los art\u00edculos 2.5.5.4.4, 2.5.5.4.5 y 2.5.5.4.6 al Cap\u00edtulo 4 del T\u00edtulo 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 y se adiciona un par\u00e1grafo al art\u00edculo 2.14.17.10 del T\u00edtulo 17 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015.<\/font>"<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Modificado por el<\/font>Decreto 0412 de 2018<\/a> <\/b>publicado en el Diario Oficial N\u00ba 50.523 del Viernes 2 de marzo de 2018, "<\/font>Po<\/font>r el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 R\u00e9gimen reglamentario del sector hacienda y cr\u00e9dito p\u00fablico, Parte 8 del R\u00e9gimen Presupuestal, Parte 9 Sistema Integrado de Informaci\u00f3n Financiera – SIIF Naci\u00f3n y se establecen otras disposiciones".<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte<\/b> Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Ley declarada EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-087-16<\/a><\/b>; febrero 24 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. "Analizado el curso de los debates surtidos en el Congreso en torno del proyecto que concluy\u00f3 en la expedici\u00f3n de la actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte verific\u00f3 que como lo se\u00f1alan los demandantes, en la sesi\u00f3n plenaria de la C\u00e1mara de Representantes realizada el 5 de mayo de 2015, se suspendi\u00f3 la votaci\u00f3n de los impedimentos respecto del proyecto de ley No. 175 de 2013 y del retiro del proyecto de ley No. 066 de 2013 C\u00e1mara. Lo cual constituy\u00f3 una desatenci\u00f3n del art\u00edculo 132 del reglamento del Congreso, seg\u00fan el cual, \u201cAnunciado por el Presidente la iniciaci\u00f3n de la votaci\u00f3n, no podr\u00e1 interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuesti\u00f3n de orden sobre la forma como se est\u00e1 votando\u201d. No obstante, la Corporaci\u00f3n determin\u00f3 que esta situaci\u00f3n no vulner\u00f3 el art\u00edculo 145 de la Constituci\u00f3n, toda vez que se demostr\u00f3 que en ambos casos, se mantuvo el quorum deliberatorio exigido y por lo mismo, la plenaria de la C\u00e1mara pod\u00eda seguir sesionando. Adem\u00e1s, por solicitud empresa de un representante a la C\u00e1mara, se verific\u00f3 que exist\u00eda qu\u00f3rum decisorio minutos antes del anuncio del Informe de Conciliaci\u00f3n del Proyecto por el cual se expidi\u00f3 el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. De igual modo, la Corte constat\u00f3 que tampoco se vulner\u00f3 el art\u00edculo 151 de la Constituci\u00f3n, habida cuenta que no toda desatenci\u00f3n de una regla sobre la formaci\u00f3n de las leyes acarrea su declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, m\u00e1s a\u00fan como en el caso concreto, se pudo verificar que la suspensi\u00f3n de la votaci\u00f3n de dos proyectos espec\u00edficos, no tiene relaci\u00f3n con el anuncio del Informe de Conciliaci\u00f3n del proyecto por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que (i) permiti\u00f3 conocer el proyecto con la debido antelaci\u00f3n, (ii) salvaguardar el control pol\u00edtico por parte de la comunidad en general y (iii) materializar el principio democr\u00e1tico facilitando un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en ella desarrollado.\u201d<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/FONT><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Notas de Reglamentarias *<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Reglamentada Parcialmente por el Decreto 748 de 2018<\/a><\/b> <\/font>publicado en el  Diario Oficial N\u00ba<\/font>50581 Mi\u00e9rcoles 02 de Mayo de 2018<\/FONT> <\/font>"Por el cual se reglamenta el art\u00edculo 257 de la Ley 1753 de 2015<\/a><\/b>, \u201cPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 \u201cTodos por un nuevo pa\u00eds<\/font>"<\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/FONT><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA DE COLOMBIA <\/p>\n


DECRETA<\/b> <\/p>\n


TITULO I <\/b>
DISPOSICIONES GENERALES <\/p>\n


Art\u00edculo 1. <\/a>Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.<\/b> El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pa\u00eds", que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armon\u00eda con los prop\u00f3sitos del Gobierno Nacional, con las mejores pr\u00e1cticas y est\u00e1ndares internacionales, y con la visi\u00f3n de planificaci\u00f3n de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 2. <\/a>Parte integral de esta ley.<\/b> El documento denominado "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo pa\u00eds", elaborado por el Gobierno Nacional con participaci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeaci\u00f3n, con las modificaciones realizadas en el tr\u00e1mite legislativo es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo y se incorpora a la presente ley como un anexo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 3. <\/a>Pilares del Plan Nacional de Desarrollo.<\/b> El Plan Nacional de Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares:<\/font><\/p>\n


1. Paz. El Plan refleja la voluntad pol\u00edtica del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.<\/font><\/p>\n


2. Equidad. El Plan contempla una visi\u00f3n de desarrollo humano ,integral en una sociedad con oportunidades para todos.<\/font><\/p>\n


3. Educaci\u00f3n. El Plan asume la educaci\u00f3n como el m\u00e1s poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento econ\u00f3mico en el largo plazo, con una visi\u00f3n orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al pa\u00eds a altos est\u00e1ndares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 4.<\/a> Estrategias transversales y regionales. <\/b>Para la consolidaci\u00f3n de los tres pilares descritos en el art\u00edculo anterior y la transformaci\u00f3n hacia un nuevo pa\u00eds, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incorporar\u00e1n las siguientes estrategias transversales:<\/font><\/p>\n


1. Competitividad e infraestructura estrat\u00e9gicas<\/font><\/p>\n


2. Movilidad social<\/font><\/p>\n


3. Transformaci\u00f3n del campo<\/font><\/p>\n


4. Seguridad, justicia y democracia para la construcci\u00f3n de paz<\/font><\/p>\n


5. Buen gobierno<\/font><\/p>\n


6. Crecimiento verde<\/font><\/p>\n


De igual manera se incorporar\u00e1n las siguientes estrategias regionales, para establecer las prioridades para la gesti\u00f3n territorial y promover su desarrollo:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Caribe: Pr\u00f3spero, equitativo y sin pobreza extrema.<\/font><\/p>\n


\u2022 Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes.<\/font><\/p>\n


\u2022 Centro Oriente y Distrito Capital de Bogot\u00e1: Conectividad para la integraci\u00f3n y desarrollo productivo sostenible de la regi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


\u2022 Pac\u00edfico: Desarrollo socioecon\u00f3mico con equidad, integraci\u00f3n y sostenibilidad ambiental.<\/font><\/p>\n


\u2022 Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento y bienestar.<\/font><\/p>\n


\u2022 Centro Sur Amazon\u00eda: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservaci\u00f3n ambiental.<\/font><\/p>\n


Las estrategias trasversales que se puedan aplicar acorde con la normatividad vigente cobijar\u00e1n a los colombianos residentes en el exterior.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n


T\u00cdTULO II<\/b>
PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS PLURIANUALES<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 5.<\/font><\/a><\/b> Plan Nacional de Inversiones P\u00fablicas 2015\u00b72018.<\/b> El Plan Nacional de Inversiones P\u00fablicas 2015-2018 se estima en un valor de setecientos tres coma nueve ($703,9) billones, a pesos constantes de 2014, financiados de la siguiente manera: <\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Estrategias Transversales y Objetivos
Plan de Inversiones 2015-2018
Cifras en millones de pesos de 2014 <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Estrategia \/ Objetivo<\/font><\/b><\/td>\n

\n

Fuentes de Financiaci\u00f3n <\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Central <\/font><\/b><\/td>\n

\n

Descentralizado<\/font><\/b><\/td>\n

\n

E. Territoriales<\/font><\/b><\/td>\n

\n

Privado <\/font><\/b><\/td>\n

\n

SGP<\/font><\/b><\/td>\n

\n

SGR<\/font><\/b><\/td>\n

\n

TOTAL <\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Competitividad de infraestructur a estrat\u00e9gicas <\/font><\/td>\n

\n

40.442.775 <\/font><\/td>\n

\n

3.003.731 <\/font><\/td>\n

\n

10.299.194<\/font><\/td>\n

\n

121.296.863<\/font><\/td>\n

\n

3.403.565<\/font><\/td>\n

\n

10.601.843 <\/font><\/td>\n

\n

189.047.971<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Desarrollo minero  energ\u00e9tico para la equidad regional <\/font><\/td>\n

\n

8.944.717<\/font><\/td>\n

\n

1.683.814 <\/font><\/td>\n

\n

1.019.537 <\/font><\/td>\n

\n

65.731.739 <\/font><\/td>\n

\n

380.634<\/font><\/td>\n

\n

743.173 <\/font><\/td>\n

\n

78.503.614<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Desarrollo productivo <\/font><\/td>\n

\n

4.815.257 <\/font><\/td>\n

\n

570.231<\/font><\/td>\n

\n

2.510.940<\/font><\/td>\n

\n

35.088<\/font><\/td>\n

\n

26.171<\/font><\/td>\n

\n

313.250<\/font><\/td>\n

\n

8.270.936 <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

TIC como plataforma para la equidad, la  educaci\u00f3n y la competitividad <\/font><\/td>\n

\n

3.691.150 <\/font><\/td>\n

\n

176.805 <\/font><\/td>\n

\n

193.797 <\/font><\/td>\n

\n

18.165.658 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

28.171 <\/font><\/td>\n

\n

22.255.580<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n<\/font><\/td>\n

\n

1.728.143 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

12.887.423 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

2.587.402 <\/font><\/td>\n

\n

17.202.968<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Infraestructura y servicios de log\u00edstica y    transporte para la integraci\u00f3n territorial <\/font><\/td>\n

\n

21.263.509<\/font><\/td>\n

\n

572.881  <\/font><\/td>\n

\n

6.574.921<\/font><\/td>\n

\n

24.476.955 <\/font><\/td>\n

\n

2.996.760 <\/font><\/td>\n

\n

6.929.847<\/font><\/td>\n

\n

62.814.873<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Movilidad social <\/font><\/td>\n

\n

66\u00b7332.633<\/font><\/td>\n

\n

92\u00b7790<\/font><\/td>\n

\n

32.563.735<\/font><\/td>\n

\n

83-493\u00b7159<\/font><\/td>\n

\n

121.313.669<\/font><\/td>\n

\n

6.641.594<\/font><\/td>\n

\n

310.437.58  <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Cerrar brechas en acceso y calidad de la educaci\u00f3n. <\/font><\/td>\n

\n

30.123.367<\/font><\/td>\n

\n

92.790  <\/font><\/td>\n

\n

21.638.911<\/font><\/td>\n

\n

491.086 <\/font><\/td>\n

\n

79.534.850<\/font><\/td>\n

\n

4.700.286<\/font><\/td>\n

\n

136.581.289 <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Impulsar "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad" <\/font><\/td>\n

\n

6.928.939<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1.259.795<\/font><\/td>\n

\n

72.204.616 <\/font><\/td>\n

\n

7.945.547 <\/font><\/td>\n

\n

1.028.327 <\/font><\/td>\n

\n

89.367.224<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

M\u00ednimos vitales fortalecimiento de las  capacidades de la poblaci\u00f3n en pobreza extrema, <\/font><\/td>\n

\n

15,362.027 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

5,671.062 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

5,110.176<\/font><\/td>\n

\n

290.519 <\/font><\/td>\n

\n

26.433.784<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Alternativas para el empleo de calidad y el aseguramiento. <\/font><\/td>\n

\n

95.102 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

100.707 <\/font><\/td>\n

\n

195.809<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Mejorar las condiciones de salud.<\/font><\/td>\n

\n

13.823.197<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

3.993.967<\/font><\/td>\n

\n

10.797.457<\/font><\/td>\n

\n

28.723.097<\/font><\/td>\n

\n

521.754<\/font><\/td>\n

\n

57.859.473<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Transformaci\u00f3n del campo<\/font><\/td>\n

\n

10.297.362<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

966.708<\/font><\/td>\n

\n

35.528.492<\/font><\/td>\n

\n

878.079<\/font><\/td>\n

\n

1.600.933<\/font><\/td>\n

\n

49.271.574<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Reducci\u00f3n de la pobreza y la ampliaci\u00f3n de la clase media rural. <\/font><\/td>\n

\n

2.518.482<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

34.612<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

28,605<\/font><\/td>\n

\n

547.444 <\/font><\/td>\n

\n

3.129.143<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Impulsar la competitividad rural<\/font><\/td>\n

\n

5.165.195<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

932.096<\/font><\/td>\n

\n

35.528.492<\/font><\/td>\n

\n

849.474<\/font><\/td>\n

\n

309,255 <\/font><\/td>\n

\n

42.784.512<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Fortalecimiento institucional de  la presencia territorial<\/font><\/td>\n

\n

241.057<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

241.057<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ordenamiento del territorio rural y acceso a  la tierra por pobladores rurales, <\/font><\/td>\n

\n

768.787<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

84.958 <\/font><\/td>\n

\n

853.745<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Cerrar las brechas urbano rurales y sentar  las bases para la movilidad social<\/font><\/td>\n

\n

1.603.841<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

659.276 <\/font><\/td>\n

\n

2.263.116<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Seguridad, justicia y democracia  para     la construcci\u00f3n de la Paz <\/font><\/td>\n

\n

129.599.961<\/font><\/td>\n

\n

151.442<\/font><\/td>\n

\n

2.631.619<\/font><\/td>\n

\n

406.272<\/font><\/td>\n

\n

4.310.575<\/font><\/td>\n

\n

316.666<\/font><\/td>\n

\n

137.416.535<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Prestaci\u00f3n, administraci\u00f3n y acceso a los servicios de justicia <\/font><\/td>\n

\n

24.035.974<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1.764.913<\/font><\/td>\n

\n

406.272<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

2.681<\/font><\/td>\n

\n

26.210.839<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Fortalecer los mecanismos de transici\u00f3n hacia la paz <\/font><\/td>\n

\n

1.420.948<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

14.857<\/font><\/td>\n

\n

1.435.805<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Garant\u00eda del goce efectivo de   derechos de las v\u00edctimas.<\/font><\/td>\n

\n

7.734\u00b7691 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

143.308<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

587.353<\/font><\/td>\n

\n

39.472 <\/font><\/td>\n

\n

8.504.824<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Promoci\u00f3n, respeto y protecci\u00f3n de Derechos Humanos. <\/font><\/td>\n

\n

1.217\u00b7113 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

103 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1\u00b7742 <\/font><\/td>\n

\n

211 <\/font><\/td>\n

\n

1.219.170 <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Seguridad y Defensa en el territorio nacional <\/font><\/td>\n

\n

91.226.355 <\/font><\/td>\n

\n

151.442 <\/font><\/td>\n

\n

126.543 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

2.131.989 <\/font><\/td>\n

\n

100.720 <\/font><\/td>\n

\n

93\u00b7737\u00b7048<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Enfrentar el problema de las drogas.<\/font><\/td>\n

\n

365.443 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

30.560 <\/font><\/td>\n

\n

396.003<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pol\u00edtica Criminal con enfoque  restaurativo. <\/font><\/td>\n

\n

3.581.128 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

595.752 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1.589.491 <\/font><\/td>\n

\n

128.164 <\/font><\/td>\n

\n

5\u00b7894\u00b7535<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Acci\u00f3n Integral contra Minas Antipersonal <\/font><\/td>\n

\n

18.310 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

18.310<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Buen gobierno <\/font><\/td>\n

\n

7.638.749 <\/font><\/td>\n

\n

190.817 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

203.136  <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

197.926<\/font><\/td>\n

\n

8.230.629 <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Lucha contra la corrupci\u00f3n, transparencia y  rendici\u00f3n de
cuentas<\/font><\/td>\n

\n

1.394\u00b7390 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

127.720 <\/font><\/td>\n

\n

1.522.110<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Gesti\u00f3n \u00f3ptima    de la informaci\u00f3n <\/font><\/td>\n

\n

1.650.849<\/font><\/td>\n

\n

21.466 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

5.098<\/font><\/td>\n

\n

1.677.414<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Eficiencia y eficacia    administrativa <\/font><\/td>\n

\n

2.455\u00b7860<\/font><\/td>\n

\n

169.351<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

203.136 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

2.828.347<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Articulaci\u00f3n naci\u00f3n territorio  
fortalecida <\/font><\/td>\n

\n

1.665.109<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

27.732<\/font><\/td>\n

\n

1.692.841<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Promover y asegurar los intereses nacionales <\/font><\/td>\n

\n

374\u00b7459<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1.155<\/font><\/td>\n

\n

375.614<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Gesti\u00f3n \u00f3ptima de la gesti\u00f3n de los recursos p\u00fablicos <\/font><\/td>\n

\n

93.751 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

36.220 <\/font><\/td>\n

\n

129.971<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Fortalecimiento del sector Hacienda<\/font><\/td>\n

\n

4.332 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

4.332<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Crecimiento Verde <\/font><\/td>\n

\n

4.371.652  <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1.414.565<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

2.895.407 <\/font><\/td>\n

\n

849.352 <\/font><\/td>\n

\n

9.530.975<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono <\/font><\/td>\n

\n

4\u00b7341<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

498.385<\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

162.546<\/font><\/td>\n

\n

22.183<\/font><\/td>\n

\n

687.454<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad  frente a los riesgos de desastres y al cambio clim\u00e1tico<\/font><\/td>\n

\n

3.490\u00b7938 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

755 <\/font><\/td>\n

\n

1.580.917 <\/font><\/td>\n

\n

47\u00b7039 <\/font><\/td>\n

\n

5.119.649<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y  mejorar la calidad ambiental <\/font><\/td>\n

\n

876.373 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

915.425 <\/font><\/td>\n

\n

 <\/td>\n

\n

1.151.943 <\/font><\/td>\n

\n

780.130 <\/font><\/td>\n

\n

3.723.872<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

TOTAL <\/font><\/b><\/td>\n

\n

258.683.133<\/font><\/b><\/td>\n

\n

3.438.780 <\/font><\/b><\/td>\n

\n

47.875.821<\/font><\/b><\/td>\n

\n

240.927.922<\/font><\/b><\/td>\n

\n

132.801.295<\/font><\/b><\/td>\n

\n

20.208.313<\/font><\/b><\/td>\n

\n

703.935.263<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

SGP (Sistema General de Participaciones), SGR (Sistema General de Regal\u00edas). <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Primero. Los recursos identificados como fuentes de entidades territoriales para el financiamiento del Plan Nacional de Inversiones P\u00fablicas 2015\u00ad2018, corresponde a estimaciones de gastos de los niveles departamental, distrital y municipal en el marco de su autonom\u00eda, para la articulaci\u00f3n de pol\u00edticas, estrategias y programas nacionales con los territoriales, seg\u00fan los mecanismos de ejecuci\u00f3n definidos en el presente plan.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Apru\u00e9bese como parte integrante del plan de inversiones el documento "Regionalizaci\u00f3n del Plan Plurianual de Inversiones" que se anexa a la presente ley, el cual contiene los principales proyectos visionarios, proyectos de inter\u00e9s nacional estrat\u00e9gico y proyectos de iniciativas regionales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. Como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se incluyen de manera transversal las proyecciones indicativas acordadas en el marco de la consulta previa, estimadas para los pueblos ind\u00edgenas entre ocho (8) y once (11) billones de pesos, considerando el Plan Macroecon\u00f3mico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Nacional, de acuerdo con todas las fuentes del presente Plan Plurianual de Inversiones.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. Los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n que en ejecuci\u00f3n del presente Plan Nacional de Desarrollo sean asignados a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquearas, no podr\u00e1n ser inferiores, de manera proporcional, a los asignados del Presupuesto General de la Naci\u00f3n en el periodo 2010-2014, y guardando la proporci\u00f3n a los techos que se asignen para el mismo, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo para el periodo 2014-2018."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 6\u00b0. <\/a>Recursos financieros, presupuestos plurianuales y consistencia fiscal del plan nacional de inversiones p\u00fablicas. <\/b>El valor total de los gastos que se realicen para la ejecuci\u00f3n del presente plan financiados con recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, no podr\u00e1n superar en ning\u00fan caso el monto de los recursos disponibles de conformidad con el Plan Macroecon\u00f3mico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Nacional en armon\u00eda con el criterio orientador de sostenibilidad fiscal.<\/font><\/p>\n


Las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 se ajustar\u00e1n a las metas fiscales establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y los Presupuestos Generales de la Naci\u00f3n aprobados para cada vigencia, seg\u00fan lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 4\u00b0 y 5\u00b0 de la Ley 1473 de 2011.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n


T\u00cdTULO III<\/b>
MECANISMOS PARA lA EJECUCI\u00d3N DEL PLAN <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

CAP\u00cdTULO I<\/b>
COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRAT\u00c9GICAS<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 7\u00b0. <\/a>Derogado por la <\/b><\/font>LEY<\/b><\/font><\/a> 1955 DE 2019<\/a><\/font><\/b>, art\u00edculo 336.<\/b> Reglamentado por el Decreto 293 de 2017.<\/b> Acuerdos estrat\u00e9gicos de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n. Colciencias, en coordinaci\u00f3n con el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, los departamentos y el Distrito Capital, estructurar\u00e1n planes y acuerdos estrat\u00e9gicos departamentales en Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n, a los cuales se ajustar\u00e1n los proyectos que se presentar\u00e1n al \u00d3rgano Colegiado de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n del Fondo de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n del Sistema General de Regal\u00edas. <\/font><\/font> Para efectos de lo previsto en el presente art\u00edculo se podr\u00e1 contar con la participaci\u00f3n de los dem\u00e1s actores del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n.<\/font><\/i><\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 8\u00b0. <\/a>Operaciones aduaneras en Infraestructuras log\u00edsticas Especializadas<\/b>. En las Infraestructuras Log\u00edsticas Especializadas (ILE) se podr\u00e1n realizar las operaciones aduaneras que defina la DIAN, de modo que estas infraestructuras se integren a los corredores log\u00edsticos de importancia estrat\u00e9gica y se facilite el comercio exterior aprovechando la intermodalidad para el movimiento de mercanc\u00edas desde y hacia los puertos de origen o destino.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 9\u00b0. <\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1943 de 2018<\/a>, art\u00edculo 122<\/font><\/b>.<\/font>Registro de Facturas Electr\u00f3nicas. <\/b>Cr\u00e9ase el Registro de Facturas Electr\u00f3nicas, el cual ser\u00e1 administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este registro incluir\u00e1 las facturas electr\u00f3nicas que sean consideradas como t\u00edtulo valor que circulen en el territorio nacional y permitir\u00e1 la consulta de informaci\u00f3n de las mismas. Igualmente permitir\u00e1 hacer la trazabilidad de dichas facturas electr\u00f3nicas, bajo los est\u00e1ndares necesarios para el control del lavado de activos y garantizar\u00e1 el cumplimiento de los principios de unicidad, autenticidad, integridad y no repudio de la factura electr\u00f3nica.<\/font><\/i><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la puesta en funcionamiento del registro \u00fanico.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podr\u00e1 contratar con terceros la administraci\u00f3n de este registro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante resoluci\u00f3n establecer\u00e1 las condiciones y requisitos que deber\u00e1 cumplir el contratista.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Los costos de administraci\u00f3n de este registro se financiar\u00e1n con una contraprestaci\u00f3n a favor del administrador y a cargo de quien consulte la informaci\u00f3n, de quien solicite el registro de la transferencia, y de quien solicite la expedici\u00f3n de certificados sobre la existencia del t\u00edtulo y su titularidad para efectos de la ejecuci\u00f3n de las facturas electr\u00f3nicas, entre otros, que ser\u00e1 determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tomando como referencia los costos de administraci\u00f3n e inversi\u00f3n necesarios para la puesta en operaci\u00f3n, mantenimiento y continuidad del servicio. El monto de esta contraprestaci\u00f3n ser\u00e1 actualizado anualmente. <\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 10. <\/a><\/b>Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigaci\u00f3n y desarrollo financiados con recursos p\u00fablicos, En los casos de proyectos de investigaci\u00f3n y desarrollo de ciencia, tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n y de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, adelantados con recursos p\u00fablicos, el Estado podr\u00e1 ceder a t\u00edtulo gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizar\u00e1 su transferencia, comercializaci\u00f3n y explotaci\u00f3n a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya da\u00f1o patrimonial al Estado<\/i>. Las condiciones de esta cesi\u00f3n ser\u00e1n fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de \u00e9stos derechos de propiedad intelectual por motivos de inter\u00e9s nacional.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo, El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 esta materia en un plazo no superior a un (1) a\u00f1o contado a partir de la vigencia de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Expresi\u00f3n subrayada "a t\u00edtulo gratuito" declarada EXEQUIBLE \u00fanicamente por el cargo analizado y la Corte Constitucional se declara INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del aparte "sin que ello constituya da\u00f1o patrimonial al Estado" <\/i>por ineptitud de la demanda; mediante Sentencia C-027-16<\/a><\/b>, Febrero 03 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 11. <\/a><\/b>Programa de Transformaci\u00f3n Productiva (PTP), Modif\u00edquese el art\u00edculo 50\u00b0 de la Ley 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 50. Programa de Transformaci\u00f3n Productiva (PTP).<\/b> El Programa de Transformaci\u00f3n Productiva tendr\u00e1 por objeto la implementaci\u00f3n de estrategias p\u00fablico privadas y el aprovechamiento de ventajas comparativas para la mejora en productividad y competitividad de la industria, en el marco de la Pol\u00edtica de Desarrollo Productivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al cual se podr\u00e1n destinar recursos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Organismos Internacionales de Desarrollo, convenios de cooperaci\u00f3n internacional, convenios con organizaciones privadas, convenios con entes territoriales y transferencias de otras entidades p\u00fablicas de orden nacional y regional. Este programa ser\u00e1 un patrimonio aut\u00f3nomo con r\u00e9gimen privado administrado por el Banco de Comercio Exterior S.A. (Banc\u00f3ldex)."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 12.<\/a> Parques Cient\u00edficos, Tecnol\u00f3gicos y de Innovaci\u00f3n (PCTI).<\/b> Con el prop\u00f3sito de promover la transferencia de conocimiento, la transferencia y comercializaci\u00f3n de tecnolog\u00eda, y el establecimiento de v\u00ednculos de colaboraci\u00f3n entre los diversos actores del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n, entre otros, dentro de los ocho (8) meses siguientes a la expedici\u00f3n de la presente ley, Colciencias, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, desarrollar\u00e1n una estrategia para la promoci\u00f3n de Parques Cient\u00edficos, Tecnol\u00f3gicos y de Innovaci\u00f3n (PCTI) en el territorio colombiano, entendidos como zonas geogr\u00e1ficas especiales destinadas a promover la innovaci\u00f3n basada en el conocimiento cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico y a contribuir a la productividad empresarial y la competitividad regional. Igualmente definir\u00e1n los mecanismos para atraer personal altamente calificado e inversi\u00f3n publica y privada, as\u00ed como los criterios para estructurar los PCTI en el marco del Fondo de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n del Sistema General de Regal\u00edas.<\/font><\/p>\n


Para el efecto, Colciencias determinar\u00e1 los requisitos y las condiciones que deben cumplir las organizaciones especializadas encargadas de administrar los PCTI. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. En los procesos de revisi\u00f3n y ajuste de los planes de ordenamiento territorial se podr\u00e1n determinar los terrenos destinados a la localizaci\u00f3n de Parques Cient\u00edficos, Tecnol\u00f3gicos y de Innovaci\u00f3n (PCTI) en suelo urbano, de expansi\u00f3n urbana y rural.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 13. <\/a>Fondo de Modernizaci\u00f3n e Innovaci\u00f3n para las Micro, Peque\u00f1as y Medianas Empresas y Unidad de Desarrollo e Innovaci\u00f3n.<\/b> Unif\u00edquense en un solo patrimonio aut\u00f3nomo el Fondo de Modernizaci\u00f3n e Innovaci\u00f3n para las Micro, Peque\u00f1as y Medianas Empresas y la Unidad de Desarrollo Empresarial, creados por las Leyes 590 de 2000 y Ley 1450 de 2011. Este patrimonio aut\u00f3nomo, se regir\u00e1 por normas de derecho privado, y ser\u00e1 administrado por el Banco de Comercio Exterior S.A. (Banc\u00f3ldex), de acuerdo con los lineamientos que fije el Gobierno Nacional a trav\u00e9s de la pol\u00edtica p\u00fablica que para el efecto defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.<\/font><\/p>\n


Los recursos que integrar\u00e1n el patrimonio aut\u00f3nomo son los siguientes:<\/font><\/p>\n


1. Recursos provenientes del Presupuesto General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


2. Recursos aportados por las entidades nacionales, territoriales o por particulares a trav\u00e9s de convenios o transferencias.<\/font><\/p>\n


3. Donaciones.<\/font><\/p>\n


4. Recursos de cooperaci\u00f3n nacional o internacional.<\/font><\/p>\n


5. Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se reinvertir\u00e1n de pleno derecho en el veh\u00edculo.<\/font><\/p>\n


6. Las utilidades del Banco de Comercio Exterior (Banc\u00f3ldex), previa autorizaci\u00f3n del CONPES.<\/font><\/p>\n


7. Los dem\u00e1s recursos que obtenga o se le asignen a cualquier t\u00edtulo.<\/font><\/p>\n


Los gastos de funcionamiento y administraci\u00f3n en que incurra por la operaci\u00f3n de este patrimonio se reintegrar\u00e1n a Banc\u00f3ldex.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 14. <\/a>Funciones de Banc\u00f3ldex. <\/b>Adici\u00f3nese el literal i) al art\u00edculo 282\u00b0 del Decreto Ley 663 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 282. Funciones del Banco. <\/b>El Banco cumplir\u00e1 las siguientes funciones: <\/p>\n

(… ) <\/p>\n

i) Actuar como estructurador, gestor y\/o inversionista en veh\u00edculos de inversi\u00f3n que tengan la naturaleza de fondos de capital semilla, capital emprendedor o capital privado, o en fondos que inviertan en dichos fondos. Estos fondos de fondos deber\u00e1n destinar al menos dos terceras partes de sus recursos a fondos de capital privado, semilla o emprendedor.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Lo dispuesto en el presente art\u00edculo, no se refiere a las condiciones de funcionamiento del Fondo Emprender, que continuar\u00e1n rigi\u00e9ndose por lo establecido por el art\u00edculo 40\u00b0 de la Ley 789 de 2002 y dem\u00e1s normas pertinentes."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 15. <\/a>Fondo cuenta para atender pasivos pensi\u00f3nales en el sector hotelero. <\/b>Cr\u00e9ase un fondo como una fiducia mercantil, cuyo fideicomitente ser\u00e1 el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. Su objeto ser\u00e1 la financiaci\u00f3n y el pago del pasivo laboral y pensional del sector hotelero, que a la fecha de expedici\u00f3n de la presente ley cumpla las siguientes condiciones:<\/font><\/p>\n


1. Que los inmuebles en los que se desarrollen actividades hoteleras hayan sido declarados de inter\u00e9s cultural.<\/font><\/p>\n


2. Que los inmuebles hayan sido entregados a la Naci\u00f3n como resultado de un proceso de extinci\u00f3n de dominio.<\/font><\/p>\n


3. Que la Naci\u00f3n en calidad de nuevo propietario los entregue en concesi\u00f3n o bajo cualquier esquema de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada.<\/font><\/p>\n


Este fondo tendr\u00e1 las siguientes fuentes de recursos:<\/font><\/p>\n


1. Los recursos que le transfiera la entidad concesionaria o administradora de los inmuebles, originados en la contraprestaci\u00f3n por la concesi\u00f3n o administraci\u00f3n de los inmuebles y que ser\u00e1n destinados exclusivamente para el pago del pasivo laboral y pensional hasta su cancelaci\u00f3n definitiva, momento en el cual se podr\u00e1n destinar a las dem\u00e1s finalidades establecidas en la ley.<\/font><\/p>\n


2. Los recursos de empr\u00e9stitos para atender de manera oportuna las obligaciones para el pago del pasivo laboral y pensional.<\/font><\/p>\n


3. Las donaciones que reciba.<\/font><\/p>\n


4. Los rendimientos financieros generados por la inversi\u00f3n de los anteriores recursos.<\/font><\/p>\n


5. *INEXEQUIBLE*<\/b><\/i><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Numeral declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178-16<\/a><\/b>, de Abril 13 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "El problema jur\u00eddico que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte en este proceso, consisti\u00f3 en determinar si la decisi\u00f3n del legislador en el sentido de destinar parte de la contribuci\u00f3n parafiscal del turismo al pago del pasivo pensional y laboral de hoteles que hayan sido objeto de extinci\u00f3n del dominio y entregados en concesi\u00f3n, o mediante otra forma de asociaci\u00f3n entre p\u00fablicos y privados, viola los art\u00edculos 1\u00ba (inter\u00e9s general), 13 (igualdad), 338 (definici\u00f3n de las contribuciones parafiscales, en armon\u00eda con el 29 del Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto), 355 (prohibici\u00f3n de auxilios) y 363 (equidad tributaria) de la Constituci\u00f3n. En primer t\u00e9rmino, la Corte reafirm\u00f3 que la potestad de configuraci\u00f3n legislativa en esta materia no se agota en la definici\u00f3n de una contribuci\u00f3n, sino que comprende tambi\u00e9n las facultades de modificarla y derogarla. En consecuencia, una modificaci\u00f3n como esta no escapa a la competencia del Congreso, siempre que se produzca dentro del marco constitucional descrito. En segundo lugar, record\u00f3 los elementos b\u00e1sicos de las contribuciones, en cuanto son obligatorias, solo gravan a un grupo o sector de la econom\u00eda y persiguen exclusivamente su beneficio. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que la raz\u00f3n de ser de estas reglas deriva de la potestad de intervenci\u00f3n econ\u00f3mica del Estado, de los principios de igualdad y solidaridad y de los mandatos espec\u00edficos de fomento a determinadas actividades. No obstante, si el Estado decide gravar a un sector, esto es, imponerle un pago que no puede rehusar, sin que \u00e9ste vea que los beneficios del pago redundan a su favor, podr\u00eda presentarse una situaci\u00f3n inequitativa (e incluso, una exacci\u00f3n o privaci\u00f3n arbitraria de la propiedad). En consecuencia, estos principios no corresponden solo a una decisi\u00f3n aut\u00f3noma del legislador sino a mandatos superiores, sin los cuales ser\u00eda imposible comprender adecuadamente la naturaleza de las contribuciones parafiscales. En el caso concreto, el art\u00edculo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un Fondo cuenta para atender los pasivos del sector hotelero. Los destinatarios de los beneficios del Fondo son el conjunto de hoteles que cumplan con las siguientes condiciones: (i) haber sido entregados a la naci\u00f3n, como resultado de un proceso de extinci\u00f3n del dominio; (ii) declarados de inter\u00e9s cultural; (iii) que la Naci\u00f3n, como propietario, los entregue en condici\u00f3n o bajo esquemas de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada. Las fuentes de financiamiento del Fondo se componen de (a) aportes de los hoteles beneficiarios, (b) empr\u00e9stitos suscritos espec\u00edficamente para el pago de estas obligaciones; (c) donaciones; (d) rendimientos financieros derivados de la inversi\u00f3n de los anteriores recursos, y (e) dinero proveniente de la contribuci\u00f3n para el turismo. Respecto de este \u00faltimo rubro, se hace la salvedad de que ser\u00e1 limitado y transitorio, pues se restringe al pago del pasivo pensional de la entidad receptora de los recursos, mientras se completa el fondeo necesario y cumplido este prop\u00f3sito, estos recursos \u201cregresar\u00e1n a su objetivo de promoci\u00f3n tur\u00edstica\u201d. El Congreso no defini\u00f3 en esta disposici\u00f3n, ni en otras del Plan Nacional de Desarrollo, la forma en que se debe calcular el monto a transferir, de donde se infiere que la limitaci\u00f3n est\u00e1 en manos de la administraci\u00f3n. De igual modo, se\u00f1ala de que estos recursos se transferir\u00e1n temporalmente, solo hasta \u201cel fondeo\u201d necesario para el fin propuesto, l\u00edmite que adolece de vaguedad, pues no constituye un t\u00e9rmino objetivo."<\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/FONT><\/p>\n

 <\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015* <\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

5. Los recursos que reciba el Fondo Nacional de Turismo -FONTUR provenientes de la contribuci\u00f3n parafiscal del turismo que sean asignados al fondo cuenta para atender las obligaciones laborales y pensi\u00f3nales del sector hotelero.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Par\u00e1grafo. *INEXEQUIBLE*<\/b><\/i><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Par\u00e1grafo<\/font> declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante <\/font> Sentencia C-178-16<\/a><\/b><\/font>, de Abril 13 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "El problema jur\u00eddico que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte en este proceso, consisti\u00f3 en determinar si la decisi\u00f3n del legislador en el sentido de destinar parte de la contribuci\u00f3n parafiscal del turismo al pago del pasivo pensional y laboral de hoteles que hayan sido objeto de extinci\u00f3n del dominio y entregados en concesi\u00f3n, o mediante otra forma de asociaci\u00f3n entre p\u00fablicos y privados, viola los art\u00edculos 1\u00ba (inter\u00e9s general), 13 (igualdad), 338 (definici\u00f3n de las contribuciones parafiscales, en armon\u00eda con el 29 del Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto), 355 (prohibici\u00f3n de auxilios) y 363 (equidad tributaria) de la Constituci\u00f3n. En primer t\u00e9rmino, la Corte reafirm\u00f3 que la potestad de configuraci\u00f3n legislativa en esta materia no se agota en la definici\u00f3n de una contribuci\u00f3n, sino que comprende tambi\u00e9n las facultades de modificarla y derogarla. En consecuencia, una modificaci\u00f3n como esta no escapa a la competencia del Congreso, siempre que se produzca dentro del marco constitucional descrito. En segundo lugar, record\u00f3 los elementos b\u00e1sicos de las contribuciones, en cuanto son obligatorias, solo gravan a un grupo o sector de la econom\u00eda y persiguen exclusivamente su beneficio. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que la raz\u00f3n de ser de estas reglas deriva de la potestad de intervenci\u00f3n econ\u00f3mica del Estado, de los principios de igualdad y solidaridad y de los mandatos espec\u00edficos de fomento a determinadas actividades. No obstante, si el Estado decide gravar a un sector, esto es, imponerle un pago que no puede rehusar, sin que \u00e9ste vea que los beneficios del pago redundan a su favor, podr\u00eda presentarse una situaci\u00f3n inequitativa (e incluso, una exacci\u00f3n o privaci\u00f3n arbitraria de la propiedad). En consecuencia, estos principios no corresponden solo a una decisi\u00f3n aut\u00f3noma del legislador sino a mandatos superiores, sin los cuales ser\u00eda imposible comprender adecuadamente la naturaleza de las contribuciones parafiscales. En el caso concreto, el art\u00edculo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un Fondo cuenta para atender los pasivos del sector hotelero. Los destinatarios de los beneficios del Fondo son el conjunto de hoteles que cumplan con las siguientes condiciones: (i) haber sido entregados a la naci\u00f3n, como resultado de un proceso de extinci\u00f3n del dominio; (ii) declarados de inter\u00e9s cultural; (iii) que la Naci\u00f3n, como propietario, los entregue en condici\u00f3n o bajo esquemas de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada. Las fuentes de financiamiento del Fondo se componen de (a) aportes de los hoteles beneficiarios, (b) empr\u00e9stitos suscritos espec\u00edficamente para el pago de estas obligaciones; (c) donaciones; (d) rendimientos financieros derivados de la inversi\u00f3n de los anteriores recursos, y (e) dinero proveniente de la contribuci\u00f3n para el turismo. Respecto de este \u00faltimo rubro, se hace la salvedad de que ser\u00e1 limitado y transitorio, pues se restringe al pago del pasivo pensional de la entidad receptora de los recursos, mientras se completa el fondeo necesario y cumplido este prop\u00f3sito, estos recursos \u201cregresar\u00e1n a su objetivo de promoci\u00f3n tur\u00edstica\u201d. El Congreso no defini\u00f3 en esta disposici\u00f3n, ni en otras del Plan Nacional de Desarrollo, la forma en que se debe calcular el monto a transferir, de donde se infiere que la limitaci\u00f3n est\u00e1 en manos de la administraci\u00f3n. De igual modo, se\u00f1ala de que estos recursos se transferir\u00e1n temporalmente, solo hasta \u201cel fondeo\u201d necesario para el fin propuesto, l\u00edmite que adolece de vaguedad, pues no constituye un t\u00e9rmino objetivo."<\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/FONT><\/p>\n

 <\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015* <\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Par\u00e1grafo. Los recursos de FONTUR que se destinen al prop\u00f3sito se\u00f1alado en el presente art\u00edculo ser\u00e1n limitados y transitorios. Estar\u00e1n restringidos al pago del pasivo pensional de la entidad receptora de los recursos mientras se completa el fondeo necesario. Cumplida esta meta, los recursos regresar\u00e1n a su objetivo de promoci\u00f3n tur\u00edstica.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 16.<\/a> Sistema de Informaci\u00f3n de Metrolog\u00eda Legal y Sistema de Certificados de Conformidad.<\/b> Cr\u00e9ase el Sistema de Informaci\u00f3n de Metrolog\u00eda Legal (SIMEL), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se deber\u00e1n registrar los productores e importadores, los reparadores y los usuarios o titulares de instrumentos de medici\u00f3n sujetos a control metrol\u00f3gico. La Superintendencia de Industria y Comercio designar\u00e1 mediante acto administrativo a los Organismos Autorizados de Verificaci\u00f3n Metrol\u00f3gica (OAVM), las zonas geogr\u00e1ficas en que actuar\u00e1n de forma exclusiva, los instrumentos de medici\u00f3n que verificar\u00e1n.<\/font><\/p>\n


Cada verificaci\u00f3n del OAVM dar\u00e1 lugar al pago de un derecho por parte de los solicitantes de acuerdo con los montos que establezca anualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, y en cuya fijaci\u00f3n tendr\u00e1 en cuenta la tl recuperaci\u00f3n de los costos involucrados, correspondientes a materiales, insumas, suministros, personal, traslado y todos aquellos que incidan directamente en el desarrollo de la actividad. En caso de un usuario titular de un instrumento de medici\u00f3n sujeto a control metrol\u00f3gico impida, obstruya o no cancele los costos de la verificaci\u00f3n del instrumento, se ordenar\u00e1 la suspensi\u00f3n inmediata de su utilizaci\u00f3n hasta que se realice su verificaci\u00f3n, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el art\u00edculo 61 de la Ley 1480 de 2011. La Superintendencia de Industria y Comercio determinar\u00e1 la gradualidad con que se implemente el sistema, tanto territorialmente como de los instrumentos de medici\u00f3n que se incorporar\u00e1n al Sistema.<\/font><\/p>\n


Cr\u00e9ase tambi\u00e9n el Sistema de Informaci\u00f3n de Certificados de Conforrnidad (SICERCO), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual los organismos de certificaci\u00f3n e inspecci\u00f3n acreditados por el organismo nacional de acreditaci\u00f3n deber\u00e1n registrar v\u00eda electr\u00f3nica todos los certificados de conformidad que emitan respecto de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos t\u00e9cnicos vigilados por dicha superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentar\u00e1 lo relativo a dicho Sistema.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Sistema de Informaci\u00f3n de Metrolog\u00eda Legal y Sistema de Certificados se articular\u00e1 a la coordinaci\u00f3n nacional de la metrolog\u00eda cient\u00edfica e industrial, y dem\u00e1s funciones y atribuciones lideradas por el Instituto Nacional de Metrolog\u00eda o quien haga sus veces, y contribuir\u00e1 con la formulaci\u00f3n de las pol\u00edticas en materia metrol\u00f3gica.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El Sistema de Informaci\u00f3n de Metrolog\u00eda Legal y Sistema de Certificados apoyar\u00e1 la funci\u00f3n del Instituto Nacional de Metrolog\u00eda para proporcionar servicios de calibraci\u00f3n a los patrones de medici\u00f3n de los laboratorios, centros de investigaci\u00f3n, a la industria u otros interesados, cuando as\u00ed se solicite de conformidad con las tasas que establezca la ley para el efecto.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 17. <\/a>Subsidios de energ\u00eda el\u00e9ctrica y gas.<\/b> Los subsidios establecidos en el art\u00edculo 30 de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez por el art\u00edculo 10 de la Ley 1428 de 2010 y por el art\u00edculo 76\u00b0 de la Ley 1739 de 2014, se prorrogan, como m\u00e1ximo, hasta el31 de diciembre de 2018.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 18.<\/a> Condiciones especiales de prestaci\u00f3n de servicio en zonas de dif\u00edcil acceso. <\/b> La Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Energ\u00eda y Gas (CREG) establecer\u00e1 condiciones especiales de prestaci\u00f3n del servicio a los usuarios ubicados en zonas de dif\u00edcil acceso dentro del Sistema Interconectado Nacional, que permitan aumentar la cobertura, disminuir los costos de comercializaci\u00f3n y mitigar el riesgo de cartera, tales como la exigencia de medidores prepago, sistemas de suspensi\u00f3n remota, facturaci\u00f3n mediante estimaci\u00f3n del consumo y ciclos flexibles de facturaci\u00f3n, medici\u00f3n y recaudo, entre otros esquemas.<\/font><\/p>\n


Las zonas de dif\u00edcil acceso de que trata el presente art\u00edculo son diferentes de las Zonas Especiales que establece la Ley 812 de 2003, \u00c1reas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Dif\u00edcil Gesti\u00f3n y Barrios Subnormales. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Gobierno Nacional definir\u00e1 esquemas diferenciales para la prestaci\u00f3n de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de dif\u00edcil acceso, \u00e1reas de dif\u00edcil gesti\u00f3n y \u00e1reas de prestaci\u00f3n en las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los est\u00e1ndares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la ley.<\/font><\/p>\n


La Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua y Saneamiento B\u00e1sico (CRA) desarrollar\u00e1 la regulaci\u00f3n necesaria para esquemas diferenciales de prestaci\u00f3n de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo previstos en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 19.<\/a> Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un t\u00edtulo en la peque\u00f1a miner\u00eda. <\/b> Son mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un t\u00edtulo minero, los siguientes:<\/font><\/p>\n


1. Subcontrato de Formalizaci\u00f3n Minera. Los explotadores mineros de peque\u00f1a escala o peque\u00f1os mineros que se encuentren adelantando actividades de explotaci\u00f3n antes del 15 de julio de 2013 dentro de \u00e1reas ocupadas por un t\u00edtulo minero, previa autorizaci\u00f3n de la autoridad minera competente, podr\u00e1n suscribir subcontratos de formalizaci\u00f3n minera con el titular minero para continuar adelantando su explotaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


La Autoridad Minera Nacional efectuar\u00e1 la respectiva anotaci\u00f3n en el Registro Minero Nacional en un t\u00e9rmino no mayor a los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la aprobaci\u00f3n del subcontrato de formalizaci\u00f3n por parte de la autoridad minera competente.<\/font><\/p>\n


El subcontrato de formalizaci\u00f3n se suscribir\u00e1 por un periodo no inferior a cuatro (4) a\u00f1os prorrogable de manera sucesiva.<\/font><\/p>\n


La suscripci\u00f3n de un subcontrato de formalizaci\u00f3n minera no implicar\u00e1 la divisi\u00f3n o fraccionamiento del t\u00edtulo minero en cuya \u00e1rea se otorga el derecho a realizar actividades de explotaci\u00f3n minera. No obstante, podr\u00e1n adelantarse labores de auditor\u00eda o fiscalizaci\u00f3n diferencial e independiente a quienes sean beneficiarios de uno de estos subcontratos. El titular del subcontrato de formalizaci\u00f3n deber\u00e1 tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental.<\/font><\/p>\n


En el caso en el que el t\u00edtulo minero cuente con dicho instrumento, \u00e9ste podr\u00e1 ser cedido en los t\u00e9rminos de ley.<\/font><\/p>\n


Autorizado el subcontrato de formalizaci\u00f3n minera, el subcontratista tendr\u00e1 bajo su responsabilidad la totalidad de las obligaciones inherentes a la explotaci\u00f3n de minerales dentro del \u00e1rea del subcontrato, as\u00ed como las sanciones derivadas del incumplimiento normativo o legal. No obstante, cuando el \u00e1rea objeto del subcontrato de formalizaci\u00f3n est\u00e9 amparada por licencia ambiental otorgada al titular minero, \u00e9ste ser\u00e1 responsable hasta que se ceda o se obtenga un nuevo instrumento ambiental para dicha \u00e1rea.<\/font><\/p>\n


El titular minero solo podr\u00e1 suscribir subcontratos de formalizaci\u00f3n minera hasta un treinta (30%) por ciento de su t\u00edtulo minero, y estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de informar a la Autoridad Minera cualquier anomal\u00eda en la ejecuci\u00f3n del subcontrato, seg\u00fan la reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


2. Devoluci\u00f3n de \u00e1reas para la formalizaci\u00f3n minera. Enti\u00e9ndase por devoluci\u00f3n de \u00e1reas para la formalizaci\u00f3n minera, aquella realizada por el beneficiario de un t\u00edtulo minero como resultado de un proceso de mediaci\u00f3n efectuado por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda o la autoridad minera competente, o por decisi\u00f3n directa de este, con el fin de contribuir a la formalizaci\u00f3n de los peque\u00f1os mineros que hayan llevado a cabo su explotaci\u00f3n en dicha \u00e1rea o a la reubicaci\u00f3n de aquellos que se encuentran en un \u00e1rea distinta a la zona devuelta, y que la requieran debido a las restricciones ambientales o sociales que se presentan en el lugar donde est\u00e1n ejerciendo sus labores.<\/font><\/p>\n


Cuando se trate de reubicaci\u00f3n, los peque\u00f1os mineros deber\u00e1n tramitar y obtener previo al inicio de las actividades de explotaci\u00f3n el respectivo t\u00edtulo minero y la correspondiente licencia ambiental, de conformidad con la normatividad vigente. En el evento de no obtenerse dichas autorizaciones el \u00e1rea ser\u00e1 liberada para ser otorgada por el r\u00e9gimen ordinario.<\/font><\/p>\n


Los beneficiarios de t\u00edtulos mineros podr\u00e1n devolver \u00e1reas para la formalizaci\u00f3n, en cualquier etapa del t\u00edtulo, no obstante, en la etapa de exploraci\u00f3n esta devoluci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 realizarse como resultado de un proceso de mediaci\u00f3n. La Autoridad Minera dar\u00e1 tr\u00e1mite inmediato a la devoluci\u00f3n de estas \u00e1reas.<\/font><\/p>\n


Las \u00e1reas devueltas ser\u00e1n administradas por la Autoridad Minera Nacional para el desarrollo de proyectos de formalizaci\u00f3n minera. Si contados dos (2) a\u00f1os a partir de la fecha en que haya sido aceptada la devoluci\u00f3n por parte de la Autoridad Minera Nacional las \u00e1reas no han sido asignadas para la formalizaci\u00f3n \u00e9stas ser\u00e1n liberadas para ser otorgadas mediante el r\u00e9gimen ordinario. Los instrumentos mineros y ambientales para el desarrollo de las actividades mineras a peque\u00f1a escala en las \u00e1reas objeto de devoluci\u00f3n, ser\u00e1n el t\u00edtulo minero y la correspondiente licencia ambiental, con el fin de garantizar la explotaci\u00f3n racional de los recursos y apoyara los mineros a formalizar. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia, al igual que las condiciones para la aceptaci\u00f3n de la devoluci\u00f3n de \u00e1reas para los fines de formalizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


La Autoridad Minera tendr\u00e1 un plazo de dos (2) a\u00f1os contados a partir de la expedici\u00f3n de esta ley para resolver las solicitudes de legalizaci\u00f3n de miner\u00eda de hecho y las solicitudes de formalizaci\u00f3n de miner\u00eda tradicional que actualmente est\u00e1n en curso.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Mientras los peque\u00f1os mineros de que trata el presente art\u00edculo obtienen la respectiva autorizaci\u00f3n ambiental deber\u00e1n aplicar las gu\u00edas ambientales expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, caso en el cual no habr\u00e1 lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante la medida prevista en el art\u00edculo 161 de la Ley 685 de 2001<\/a><\/b>, sin perjuicio de las acciones administrativas ambientales que deban imponerse por parte de las autoridades ambientales competentes, en caso de da\u00f1o ambiental.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, el incumplimiento por parte de los peque\u00f1os mineros de que trata el presente art\u00edculo en la aplicaci\u00f3n de la gu\u00eda ambiental dar\u00e1 lugar a la terminaci\u00f3ndel subcontrato de formalizaci\u00f3n o a la exclusi\u00f3n del \u00e1rea.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Cuando las actividades de los peque\u00f1os mineros en proceso de formalizaci\u00f3n no obtengan las autorizaciones ambientales o mineras, \u00e9stos ser\u00e1n responsables de la restauraci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de las \u00e1reas intervenidas por la actividad objeto de formalizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. No podr\u00e1n constituirse \u00e1reas para la formalizaci\u00f3n minera o celebrarse subcontratos de formalizaci\u00f3n en las zonas de que trata la Ley 2a de 1959, hasta tanto no se obtenga la correspondiente sustracci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. Las autoridades ambientales ante quienes se hayan presentado solicitudes de instrumentos de manejo y control ambiental de actividades mineras de peque\u00f1a escala amparada por t\u00edtulos mineros y que no hayan sido resueltas en los t\u00e9rminos previstos por los procedimientos que regulan la materia, deber\u00e1n pronunciarse de fondo y de manera inmediata sobre las mismas, so pena de hacerse acreedor el funcionario responsable de sanci\u00f3n disciplinaria por falta grave.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 20.<\/a> \u00c1reas de reserva para el desarrollo minero. <\/b> Las \u00e1reas de reserva para el desarrollo minero ser\u00e1n las siguientes:<\/font><\/p>\n


\u00c1reas de Reserva Estrat\u00e9gica Mineras: La Autoridad Minera Nacional determinar\u00e1 los minerales de inter\u00e9s estrat\u00e9gico para el pa\u00eds, respecto de los cuales, con base en la informaci\u00f3n geocient\u00edfica disponible, podr\u00e1 delimitar indefinidamente \u00e1reas especiales que se encuentren libres.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Estas \u00e1reas ser\u00e1n objeto de evaluaci\u00f3n sobre su potencial minero, para lo cual se deber\u00e1n adelantar estudios geol\u00f3gicos mineros por parte del Servicio Geol\u00f3gico Colombiano y\/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional. Con base en dicha evaluaci\u00f3n, esta Autoridad seleccionar\u00e1 las \u00e1reas que presenten un alto potencial minero.<\/font><\/p>\n


Estas \u00e1reas se otorgar\u00e1n mediante proceso de selecci\u00f3n objetiva. En los t\u00e9rminos de referencia de este proceso, la Autoridad Nacional Minera establecer\u00e1 los requisitos m\u00ednimos de participaci\u00f3n, los factores de calificaci\u00f3n, las obligaciones especiales del concesionario y podr\u00e1 establecer las contraprestaciones econ\u00f3micas m\u00ednimas adicionales a las regal\u00edas. Sobre estas \u00e1reas no se recibir\u00e1n nuevas propuestas ni se suscribir\u00e1n contratos de concesi\u00f3n minera. Para estos efectos la Autoridad Minera contar\u00e1 con la colaboraci\u00f3n del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La Autoridad Nacional Minera dar\u00e1 por terminada la delimitaci\u00f3n, cuando las \u00e1reas evaluadas no sean seleccionadas, caso en el cual quedar\u00e1n libres para ser otorgadas mediante el r\u00e9gimen ordinario del C\u00f3digo de Minas. Cuando no se presente licitante u oferente la Autoridad Nacional Minera podr\u00e1 mantener la delimitaci\u00f3n para un futuro proceso de selecci\u00f3n sin perjuicio de darla por terminada en cualquier tiempo.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia a que aluden los incisos anteriores. En los Contratos Especiales de Exploraci\u00f3n y Explotaci\u00f3n que se deriven de estas delimitaciones, se podr\u00e1n establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas a las establecidas en el C\u00f3digo de Minas.<\/font><\/p>\n


*Inciso declarado INEXEQUIBLE*<\/i><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font><\/p>\n\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

<\/font><\/p>\n

\n

La Corte Constitucional declaro ESTARSE A LO RESUELTO en la <\/font> Sentencia C-221-16<\/a><\/b><\/font> que declar\u00f3 inexequible el inciso 7\u00b0, mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; <\/font>Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Inciso declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221-16<\/a><\/b>, Mayo 4 de 2016, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas R\u00edos. "<\/i><\/font>Establecida la existencia de cosa juzgada constitucional, respecto de los mismos cargos formulados en esta oportunidad contra el art\u00edculo 108 de la Ley 1450 de 2011 y el art\u00edculo 20 de la Ley 1753 de 2015, en lo concerniente a la vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda territorial, as\u00ed como en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 50 de la misma ley, el problema jur\u00eddico que la Corte deb\u00eda dilucidar en el presente caso, se circunscribi\u00f3 a determinar, si el legislador al establecer el car\u00e1cter reservado de la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica que el servicio geol\u00f3gico colombiano genera a partir de la declaratoria de las \u00e1reas estrat\u00e9gicas mineras, contrar\u00eda el libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica establecido en el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable para garantizar el derecho de los interesados a participar en las decisiones que les conciernen en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n del ambiente sano y de los recursos naturales. El an\u00e1lisis de la Corte parti\u00f3 de uno de los elementos b\u00e1sicos de la democracia participativa, cual es, el derecho de todas las personas de acceder a los documentos p\u00fablicos, como una de las formas de garantizar un efectivo control social sobre la gesti\u00f3n p\u00fablica en sus diversos \u00f3rdenes. La regla general es la del libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la excepci\u00f3n, la reserva de la informaci\u00f3n, por disposici\u00f3n legal. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, toda reserva a la informaci\u00f3n p\u00fablica debe satisfacer tres condiciones, a saber: (i) solo puede ser establecida por la ley; (ii) las excepciones se supeditan a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) deben ser temporales, por lo cual, la ley debe fijar un plazo despu\u00e9s del cual, los documentos pasan al dominio p\u00fablico. El inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 20 de la Ley 1753 de 2015 sustra\u00eda de la regla general de acceso libre a documentos p\u00fablicos la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica, obtenida a partir de la declaratoria de un \u00e1rea de reserva minera estrat\u00e9gica. Dispuso que esta reserva se mantendr\u00eda por el t\u00e9rmino que se declarara la zona como \u00e1rea de reserva minera o hasta que la autoridad minera diera a conocer los procesos de selecci\u00f3n objetiva para los contratos de concesi\u00f3n. La Corte encontr\u00f3 que su finalidad, en t\u00e9rminos generales, era la planificaci\u00f3n del desarrollo minero energ\u00e9tico y de manera especial, la protecci\u00f3n de los minerales de inter\u00e9s estrat\u00e9gico para el pa\u00eds. Al mismo tiempo, estableci\u00f3 que esa reserva era id\u00f3nea para el fin que se propon\u00eda al sustraer efectivamente del conocimiento p\u00fablico, la informaci\u00f3n relacionada con la determinaci\u00f3n de un \u00e1rea de reserva estrat\u00e9gica minera." <\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015*<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font> <\/p>\n

\n

Por su parte, la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica que el Servicio Geol\u00f3gico Colombiano genere a partir de la declaratoria de las \u00e1reas estrat\u00e9gicas mineras por parte de la Autoridad Minera y que permita evaluar el potencial mineral de tales \u00e1reas, tendr\u00e1 el car\u00e1cter de reservada por el mismo t\u00e9rmino en que la Autoridad Minera declare dichas zonas como estrat\u00e9gicas mineras o hasta tanto deba darse a conocer en desarrollo de los procesos de selecci\u00f3n objetiva que adelante la Autoridad Minera para el otorgamiento de contratos de concesi\u00f3n especial en estas \u00e1reas.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

\u00c1reas de Reserva para la formalizaci\u00f3n: La Autoridad Minera Nacional podr\u00e1 delimitar \u00e1reas de Reserva Estrat\u00e9gica Minera para la formalizaci\u00f3n de peque\u00f1os mineros, sobre \u00e1reas libres o aquellas que sean entregadas a trav\u00e9s de la figura de devoluci\u00f3n de \u00e1reas para la formalizaci\u00f3n minera.<\/font><\/p>\n


\u00c1reas de Reserva para el desarrollo minero-energ\u00e9tico: El Ministerio de Minas y Energ\u00eda delimitar\u00e1 las zonas estrat\u00e9gicas para el desarrollo minero-energ\u00e9tico en un t\u00e9rmino no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Estas zonas se declaran por un t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os prorrogables por el mismo t\u00e9rmino y su objetivo es permitir el manejo ordenado de los recursos naturales no renovables propendiendo por la maximizaci\u00f3n del uso de los recursos ajust\u00e1ndose a las mejores pr\u00e1cticas internacionalmente aceptadas.<\/font><\/p>\n


Sobre estas \u00e1reas no se recibir\u00e1n nuevas propuestas ni se suscribir\u00e1n contratos de concesi\u00f3n minera de carb\u00f3n. Lo anterior con el fin de que estas \u00e1reas sean otorgadas por la autoridad correspondiente a trav\u00e9s de un proceso de selecci\u00f3n objetiva, en el cual dicha autoridad establecer\u00e1 los t\u00e9rminos de referencia.<\/font><\/p>\n


En casos de superposiciones de \u00e1reas entre yacimientos no convencionales y t\u00edtulos mineros, en virtud de un acuerdo operacional, la Autoridad Minera Nacional autorizar\u00e1 la suspensi\u00f3n de los t\u00edtulos mineros sin afectar el tiempo contractual.<\/font><\/p>\n


Ante la suspensi\u00f3n del t\u00edtulo minero por la causal antes se\u00f1alada, el titular minero podr\u00e1 solicitar la modificaci\u00f3n del instrumento de control ambiental, incluyendo un cap\u00edtulo de cierre temporal. La autoridad ambiental tramitar\u00e1 dicha modificaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

No podr\u00e1n ser \u00e1reas de reservas para el desarrollo minero las \u00e1reas delimitadas como p\u00e1ramos y humedales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Las \u00e1reas estrat\u00e9gicas mineras creadas con base en el art\u00edculo 108 de la Ley 1450 de 2011 mantendr\u00e1n su vigencia pero se sujetar\u00e1n al r\u00e9gimen previsto en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. No podr\u00e1n declararse \u00e1reas de reserva para el desarrollo minero en zonas de exclusi\u00f3n de conformidad con lo dispuesto por la normatividad vigente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE en el entendido de que: (i) la autoridad competente para definir las \u00e1reas de reserva minera deber\u00e1 concertar previamente con las autoridades locales de los municipios donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios de coordinaci\u00f3n, concurrencia y subsidiariedad; (ii) si la autoridad competente defini\u00f3 las \u00e1reas de reserva minera con anterioridad a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, deber\u00e1 concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selecci\u00f3n objetiva de las \u00e1reas de concesi\u00f3n minera y (iii) la Autoridad Nacional Minera y del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, seg\u00fan el caso, deber\u00e1n garantizar que la definici\u00f3n y oferta de dichas \u00e1reas sean compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial; mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 21.<\/a><\/b> Clasificaci\u00f3n de la Miner\u00eda.<\/b> Para efectos de implementar una pol\u00edtica p\u00fablica diferenciada, las actividades mineras estar\u00e1n clasificadas en miner\u00eda de subsistencia, peque\u00f1a, mediana y grande. El Gobierno Nacional las definir\u00e1 y establecer\u00e1 los requisitos teniendo en cuenta el n\u00famero de hect\u00e1reas y\/o la producci\u00f3n de las unidades mineras seg\u00fan el tipo de mineral. Para la exploraci\u00f3n s\u00f3lo se tendr\u00e1n en cuenta las hect\u00e1reas.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podr\u00e1 adoptar un sistema de cuadr\u00edcula para delimitar el \u00e1rea objeto de los contratos de concesi\u00f3n minera, la cual ser\u00e1 \u00fanica y continua. As\u00ed mismo podr\u00e1 adaptar al sistema de cuadr\u00edculas los t\u00edtulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos as\u00ed lo decida.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 22. <\/a>Capacidad econ\u00f3mica y gesti\u00f3n social.<\/b> La Autoridad Minera Nacional para el otorgamiento de t\u00edtulos mineros y cesiones de derechos y de \u00e1reas requerir\u00e1 a los interesados acreditar la capacidad econ\u00f3mica para la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n, desarrollo y ejecuci\u00f3n del proyecto minero.<\/font><\/p>\n


En los contratos de concesi\u00f3n que suscriba la Autoridad Minera Nacional a partir de la vigencia de la presente ley, se deber\u00e1 incluir la obligaci\u00f3n del concesionario de elaborar y ejecutar Planes de Gesti\u00f3n Social que contengan los programas, proyectos y actividades que ser\u00e1n determinados por la autoridad minera de acuerdo a la escala de producci\u00f3n y capacidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica de los titulares. La verificaci\u00f3n del cumplimiento de esta obligaci\u00f3n por parte de la Autoridad Minera har\u00e1 parte del proceso de fiscalizaci\u00f3n y podr\u00e1 financiarse con las mismas fuentes.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La capacidad econ\u00f3mica de que trata este art\u00edculo no le es aplicable a las propuestas de contrato de concesi\u00f3n presentadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 23. <\/a>Integraci\u00f3n de \u00e1reas. <\/b>Adici\u00f3nese un par\u00e1grafo al art\u00edculo 101<\/a><\/b> de la Ley 685 de 2001<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo. En caso de solicitarse por parte del beneficiario de un t\u00edtulo minero de cualquier r\u00e9gimen o modalidad la integraci\u00f3n de \u00e1reas, as\u00ed estas no sean vecinas o colindantes, pero que pertenezcan a un mismo yacimiento, la Autoridad Minera Nacional podr\u00e1 proceder a su integraci\u00f3n, caso en el cual podr\u00e1 acordar nuevos requisitos contractuales y pactar contraprestaciones adicionales distintas a las regal\u00edas. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia.<\/font><\/p>\n


En ning\u00fan caso la integraci\u00f3n solicitada dar\u00e1 lugar a pr\u00f3rrogas a los t\u00edtulos mineros."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 24. <\/a>Cierre de minas. <\/b>El Gobierno Nacional establecer\u00e1 las condiciones <\/b>ambientales, t\u00e9cnicas, financieras, sociales y dem\u00e1s que deber\u00e1 observar el titular minero al momento de ejecutar el plan de cierre y abandono de minas, incluyendo el aprovisionamiento de recursos para tal fin y\/o sus garant\u00edas. Adicionalmente se establecer\u00e1 el procedimiento para la aprobaci\u00f3n del mencionado plan y el cumplimiento de esta obligaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El plan de cierre y abandono debe establecerse desde la etapa de explotaci\u00f3n incluida la etapa de construcci\u00f3n y montaje. Esta obligaci\u00f3n se extiende a los titulares de autorizaciones temporales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El Gobierno Nacional deber\u00e1 establecer y liderar la puesta en marcha de una estrategia integral para la identificaci\u00f3n, atenci\u00f3n y remediaci\u00f3n ambiental de las \u00e1reas mineras en situaci\u00f3n de abandono o que hayan sido afectadas por extracci\u00f3n il\u00edcita de minerales especialmente aquellas que representen una grave afectaci\u00f3n ambiental, un riesgo para las personas, sus bienes y actividades, e infraestructura de l\u00ednea vital.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 25.<\/a> Sanciones en distribuci\u00f3n de combustibles. <\/b> Los agentes de la cadena de distribuci\u00f3n de combustibles l\u00edquidos y biocombustibles que transgredan las normas sobre el funcionamiento del servicio p\u00fablico que prestan dichos agentes, o que incumplan las \u00f3rdenes del Ministerio de Minas y Energ\u00eda sobre el particular, ser\u00e1n objeto de imposici\u00f3n de las siguientes sanciones, seg\u00fan la conducta: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

a) multa entre diez (10) Y dos mil (2.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

b) suspensi\u00f3n del servicio entre diez (10) Y noventa (90) d\u00edas calendario y bloqueo del c\u00f3digo SICOM; <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

c) cancelaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n y bloqueo del c\u00f3digo SICOIJ1; <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

d) decomiso administrativo permanente.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Ministerio de Minas y Energ\u00eda o la autoridad delegada, decretar\u00e1 como medida preventiva dentro del procedimiento sancionatorio, la suspensi\u00f3n de la actividad de la cadena de distribuci\u00f3n cuando pueda derivarse alg\u00fan da\u00f1o o peligro, o cuando la actividad se ejerce sin en el lleno de los requisitos, permisos o autorizaciones para su funcionamiento, para lo cual proceder\u00e1 a bloquear el c\u00f3digo SICOM. Lo anterior, con el fin de proteger, prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, actuaci\u00f3n y\/o da\u00f1o que atente contra la vida, la integridad de las personas, la seguridad, el medio ambiente o intereses jur\u00eddicos superiores.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Las autoridades de polic\u00eda a nivel municipal podr\u00e1n realizar los decomisos temporales de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracci\u00f3n a las normas que regulan la cadena de distribuci\u00f3n de combustibles l\u00edquidos y biocombustibles. De lo anterior informar\u00e1 al Ministerio de Minas y Energ\u00eda o a la autoridad competente a efectos de iniciar los procedimientos administrativos que sean del caso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Declara INEXEQUIBLE el presente art\u00edculo por el cargo analizado en la sentencia, difiriendo los efectos de este fallo por el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, contado a partir de la notificaci\u00f3n del mismo, por las razones aqu\u00ed expuestas, mediante Sentencia C-008\/18 de Marzo 7 del 2018; Magistrado Ponente Dr.  Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 26. <\/a><\/b>Multas en el sector de hidrocarburos. Modif\u00edquese el art\u00edculo 67 del Decreto 1056 de 1953, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 67.<\/b> El Ministerio de Minas y Energ\u00eda podr\u00e1 imponer administrativamente multas entre dos mil (2.000) y cien mil (100.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smmlv), en cada caso, por el incumplimiento de las obligaciones que se establecen en el C\u00f3digo de Petr\u00f3leos, cuando el incumplimiento no deba producir caducidad de contratos o cancelaci\u00f3n de permisos, o cuando el Gobierno prefiera optar por esta sanci\u00f3n y no declarar la caducidad en los casos pertinentes del art\u00edculo siguiente.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Declara INEXEQUIBLE el presente art\u00edculo por el cargo analizado en la sentencia, difiriendo los efectos de este fallo por el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, contado a partir de la notificaci\u00f3n del mismo, por las razones aqu\u00ed expuestas, mediante Sentencia C-008\/18 de Marzo 7 del 2018; Magistrado Ponente Dr.  Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 27.<\/a><\/b> Canon superficiario. Modif\u00edquese el art\u00edculo 230 de la Ley 685 de 2001<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 230. Canon superficiario.<\/b> El canon superficiario se pagar\u00e1 anualmente y de forma anticipada, sobre la totalidad del \u00e1rea de la concesi\u00f3n minera durante la etapa de exploraci\u00f3n, acorde con los siguientes valores y periodos: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

N\u00daMERO DE HECT\u00c1REAS <\/font><\/b><\/td>\n

\n

0 a 5 A\u00f1os <\/font><\/b><\/td>\n

\n

M\u00e1s de 5** a\u00f1os hasta 8 A\u00f1os<\/font><\/b><\/td>\n

\n

M\u00e1s de 8** a\u00f1os hasta 11 A\u00f1os<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

\n

SMDLV\/h*  <\/font><\/b><\/td>\n

\n

SMDLV\/h<\/font><\/b><\/td>\n

\n

SMDLV\/h <\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

\n

0-150 <\/font><\/td>\n

\n

0,5 <\/font><\/td>\n

\n

0,75 <\/font><\/td>\n

\n

1<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

151 – 5.000 <\/font><\/td>\n

\n

0,75 <\/font><\/td>\n

\n

1,25 <\/font><\/td>\n

\n

2<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

5.001 – 10.000 <\/font><\/td>\n

\n

1,0 <\/font><\/td>\n

\n

1,75<\/font><\/td>\n

\n

3 <\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

* Salario m\u00ednimo diario legal vigente\/ hect\u00e1rea.
** A partir de cumplido el a\u00f1o m\u00e1s un d\u00eda (5 A + 1 D, 8 A + 1 D). <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

Estos valores son compatibles con las regal\u00edas y constituyen una contraprestaci\u00f3n que se cobrar\u00e1 por la autoridad contratante sin consideraci\u00f3n a quien tenga la propiedad o posesi\u00f3n de los terrenos de ubicaci\u00f3n del contrato.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para las etapas de construcci\u00f3n y montaje o exploraci\u00f3n adicional, si a ello hay lugar, se continuar\u00e1 cancelando el valor equivalente al \u00faltimo canon pagado durante la etapa de exploraci\u00f3n.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 28. <\/a>Coyuntura del sector de hidrocarburos. <\/b>La Agencia Nacional de Hidrocarburos, como responsable de la administraci\u00f3n integral de las reservas y recursos de hidrocarburos propiedad de la naci\u00f3n, adoptar\u00e1 reglas de car\u00e1cter general conforme a las cuales podr\u00e1n adecuarse o ajustarse los contratos de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n, y los contratos de evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica en materia econ\u00f3mica, sin que bajo ninguna circunstancia se puedan reducir los compromisos de inversi\u00f3n inicialmente pactados. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Lo anterior, para efectos de hacer frente a situaciones adversas de ca\u00edda de los precios internacionales de los hidrocarburos, en los niveles de producci\u00f3n, niveles de reserva, con el prop\u00f3sito de mitigar los efectos negativos de estos fen\u00f3menos en la econom\u00eda nacional y en las finanzas p\u00fablicas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los contratos y las modificaciones convenidas por las partes en desarrollo de los contratos de exploraci\u00f3n y producci\u00f3n de hidrocarburos y de evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica ser\u00e1n p\u00fablicos, incluyendo las cl\u00e1usulas relacionadas con los compromisos en materia de inversi\u00f3n social, los programas de beneficio a las comunidades, as\u00ed como las inversiones en materia ambiental, salvo en aquellos aspectos que se encuentren sometidos a reserva legal o amparados contractualmente por confidencialidad, de acuerdo con la Constituci\u00f3n y la Ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 29. <\/a>Fomento a los proyectos de producci\u00f3n incremental.<\/b> Todos los proyectos de producci\u00f3n incremental ser\u00e1n beneficiarios de lo establecido en el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 16\u00b0 de la Ley 756 de 2002, para lo cual se deber\u00e1 obtener la aprobaci\u00f3n previa del proyecto por parte Ministerio de Minas y Energ\u00eda, o quien haga sus veces en materia de fiscalizaci\u00f3n. Se entender\u00e1 por proyectos de producci\u00f3n incremental aquellos que incorporen nuevas reservas recuperables como consecuencia de inversiones adicionales que se realicen a partir de la fecha de promulgaci\u00f3n de la presente ley, y las cuales se encuentren encaminadas a aumentar el factor de recobro de los yacimientos existentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 30. <\/a><\/b>Determinaci\u00f3n de tarifas y tasa por servicios que presten los organismos de apoyo. Modif\u00edquese el art\u00edculo 20 de la Ley 1702 de 2013<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 20. Determinaci\u00f3n de tarifas por servicios que presten los organismos de apoyo.<\/b> El Ministerio de Transporte definir\u00e1 mediante resoluci\u00f3n, en un plazo no mayor a noventa (90) d\u00edas contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las condiciones, caracter\u00edsticas de seguridad y el rango de precios al usuario dentro del cual se deben ofrecer los servicios que prestan los Centros de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica, los de Reconocimiento y Evaluaci\u00f3n de Conductores, los de Diagn\u00f3stico Automotor, y los que realicen la prueba te\u00f3rico pr\u00e1ctica para la obtenci\u00f3n de licencias de conducci\u00f3n expresado en salarios m\u00ednimos diarios vigentes. Se efectuar\u00e1 un estudio de costos directos e indirectos considerando las particularidades, infraestructura y requerimientos de cada servicio para la fijaci\u00f3n de la tarifa. Para la determinaci\u00f3n de los valores que por cada servicio deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial, se aplicar\u00e1 el siguiente procedimiento:<\/font><\/p>\n


1. Se tomar\u00e1 el valor del presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ejecutado en el a\u00f1o inmediatamente anterior, certificado por el responsable del presupuesto.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. Se definir\u00e1 el n\u00famero de servicios acumulados en el mismo per\u00edodo por los cuatro (4) grupos de organismos de apoyo (Centros de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica, los de Reconocimiento de Conductores, los de Diagn\u00f3stico <\/font><\/p>\n

Automotor y los que realicen la prueba te\u00f3rico pr\u00e1ctica para la obtenci\u00f3n de licencias de conducci\u00f3n), dividiendo el valor del numeral precedente en el n\u00famero de servicios.<\/font><\/p>\n


3. El producto de dividir la operaci\u00f3n se tendr\u00e1 como base del c\u00e1lculo individual de cada tasa.<\/font><\/p>\n


4. La tasa final de cada servicio corresponder\u00e1 al c\u00e1lculo individual multiplicado por factores num\u00e9ricos inferiores a uno (1) en funci\u00f3n de la pertenencia de cada usuario o de su veh\u00edculo (en el caso de los Centros de Diagn\u00f3stico Automotor) a grupos de riesgo con base en criterios como edad, tipo de licencia, clase de veh\u00edculo, servicio u otros que permitan estimar el riesgo de accidente, tomados con base en las estad\u00edsticas oficiales sobre fallecidos y lesionados. Los factores ser\u00e1n crecientes o decrecientes en funci\u00f3n de la mayor o menor participaci\u00f3n en accidentes, respectivamente.<\/font><\/p>\n


5. Una vez definido el valor de la tasa individual, \u00e9sta se acumular\u00e1 al valor de la tarifa para cada servicio.<\/font><\/p>\n


En ning\u00fan caso la tasa final al usuario podr\u00e1 superar medio (0,5) salario m\u00ednimo diario en las tarifas que cobren los Centros de Reconocimiento de Conductores, de Diagn\u00f3stico Automotor y los que realicen la prueba te\u00f3rico pr\u00e1ctica para la obtenci\u00f3n de licencias de conducci\u00f3n y un (1) salario m\u00ednimo diario en los Centros de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica.<\/font><\/p>\n


Se determinar\u00e1 el porcentaje correspondiente de que se girar\u00e1 con destino al Fondo Nacional de Seguridad Vial y la parte que se destinar\u00e1 como remuneraci\u00f3n de los organismos de apoyo de qu\u00e9 trata este art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con cargo a los recursos mencionados en el presente art\u00edculo y los dem\u00e1s ingresos del Fondo Nacional de Seguridad Vial, podr\u00e1 apoyar a las autoridades de tr\u00e1nsito que requieran intervenci\u00f3n con base en sus indicadores de seguridad vial, as\u00ed como a la Polic\u00eda Nacional a trav\u00e9s de convenios que tendr\u00e1n por objeto, tanto las acciones de fortalecimiento institucional, como las preventivas y de control, incluyendo, cuando proceda, el uso de dispositivos de detecci\u00f3n de aquellas infracciones de tr\u00e1nsito que generen mayor riesgo de accidente.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial transferir\u00e1 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, uno coma cinco (1,5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (smmlv) por cada necropsia m\u00e9dico legal registrada en el mes anterior por causa o con ocasi\u00f3n de accidentes de tr\u00e1nsito, una vez remita la informaci\u00f3n de fallecimientos y lesiones bajo las condiciones de reporte fijadas por el Ministerio de Transporte. Los valores estar\u00e1n destinados al financiamiento de las actividades m\u00e9dico legales y de informaci\u00f3n relacionadas con accidentes y hechos de tr\u00e1nsito."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 31. <\/a>Financiaci\u00f3n de sistemas de transporte.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 14<\/a><\/b> de laLey 86 de 1989<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 14. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles.<\/b> Para ello las tarifas que se cobren por la prestaci\u00f3n del servicio de transporte p\u00fablico de pasajeros, sumadas a otras fuentes de financiaci\u00f3n de origen territorial si las hubiere, deber\u00e1n ser suficientes para cubrir los costos de operaci\u00f3n, administraci\u00f3n, mantenimiento, y I reposici\u00f3n de los equipos. En ning\u00fan caso el Gobierno Nacional podr\u00e1 realizar transferencias para cubrir estos costos. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades territoriales y\/o el Gobierno Nacional, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, en los casos en que cofinancie estos sistemas, puedan realizar inversiones en la etapa preoperativa en infraestructura f\u00edsica y adquisici\u00f3n inicial total o parcial de material rodante de sistemas de metro o de transporte f\u00e9rreo interurbano de pasajeros incentivando la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas limpias y la accesibilidad a los veh\u00edculos para personas con movilidad reducida, estrategias de articulaci\u00f3n y fomento de la movilidad en medios no motorizados, as\u00ed como implementaci\u00f3n de sistemas de recaudo, informaci\u00f3n y control de flota que garanticen la sostenibilidad del Sistema.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para el caso de cofinanciaci\u00f3n de sistemas de metro, el CONFIS podr\u00e1 autorizar vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, dentro del l\u00edmite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el art\u00edculo 26 de la Ley 1508 de 2012<\/a><\/b>."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 32. <\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Apoyo a los sistemas de transporte. Modif\u00edquese el art\u00edculo <\/font> 132<\/font><\/a><\/b> de la <\/font> Ley 1450 de 2011<\/font><\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/font><\/i><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 132. Apoyo a los Sistemas de Transporte.<\/b> El Gobierno Nacional podr\u00e1 apoyar los SITM, SETP, SITP, SITR que se encuentren en operaci\u00f3n, implementaci\u00f3n y estructuraci\u00f3n, de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el art\u00edculo 14 de la Ley 86 de 1989 y en la Ley 310 de 1996. As\u00ed mismo, podr\u00e1 apoyar las soluciones de transporte p\u00fablico de pasajeros en zonas urbanas, conurbadas o regionales que est\u00e9n integradas en el sistema de ciudades que se vienen estructurando, implementando u operando en el pa\u00eds, siempre y cuando comprendan acciones orientadas a incrementar y regular el uso de modos no motorizados y de energ\u00edas limpias (entendidos como el viaje a pie, bicicleta o tricim\u00f3vil, entre otros), integraci\u00f3n con otros modos y modalidades, especialmente en zonas de \u00faltima milla, y medidas contra la ilegalidad y la informalidad.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Para efecto de lo establecido en el presente art\u00edculo, se entiende como: Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) las soluciones de transporte p\u00fablico para municipios o \u00e1reas metropolitanas con poblaci\u00f3n superior a los 600.000 habitantes; Sistemas Estrat\u00e9gicos de Transporte P\u00fablico (SETP), las soluciones de transporte p\u00fablico para municipios o \u00e1reas metropolitanas con poblaci\u00f3n entre los 600.000 y los 250.000 habitantes; Sistemas Integrados de Transporte P\u00fablico (SITP), las soluciones de transporte que busquen proporcionar cobertura al 100% de la demanda de transporte urbano para municipios o \u00e1reas metropolitanas donde se han implementado los SITM, y como Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR), las soluciones de transporte de las aglomeraciones urbanas o ciudades funcionales que se encuentran definidas en el documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014 y que tienen como objetivo consolidar la conectividad y complementariedad del mercado laboral y de servicios en estas \u00e1reas.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. El Gobierno Nacional podr\u00e1 apoyar la financiaci\u00f3n de sistemas de transporte en otras ciudades o regiones del pa\u00eds, estructurados de conformidad con las necesidades propias de la ciudad o regi\u00f3n, siempre y cuando se garantice el cambio de esquema empresarial, cobertura, eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad, as\u00ed como la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de recaudo, gesti\u00f3n y control de flota, informaci\u00f3n al usuario, y a los niveles de servicio como su articulaci\u00f3n con otros modos y modalidades de transporte, una vez se eval\u00fae y se apruebe el estudio que determine su impacto estrat\u00e9gico en el desarrollo de la regi\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. Es deber de las autoridades locales, entes gestores, concesionarios de operaci\u00f3n y de recaudo, as\u00ed como de las empresas operadoras del servicio de transporte, suministrar cualquier tipo de informaci\u00f3n solicitada por el Gobierno Nacional, que permita evaluar las condiciones t\u00e9cnicas, econ\u00f3micas y financieras de los Sistemas cofinanciados por la Naci\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 4. En los proyectos cofinanciados por la Naci\u00f3n a los cuales hace referencia el presente art\u00edculo, se podr\u00e1 seleccionar el combustible para la operaci\u00f3n de la flota que en igualdad de condiciones de eficiencia, tenga el menor costo real y ambiental. Lo anterior condicionado a la disponibilidad del combustible y a la viabilidad de su comercializaci\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 5. Las terminales de transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte ser\u00e1n incluidas en los dise\u00f1os de los sistemas de transporte de que trata este art\u00edculo como puntos de integraci\u00f3n operacional y articulaci\u00f3n del transporte intermunicipal con el transporte urbano. As\u00ed mismo, podr\u00e1n ser los proveedores de la red de estaciones de transferencia y cabecera en los sistemas de transporte previstos en el presente par\u00e1grafo. En ning\u00fan caso podr\u00e1 incrementarse la tarifa al usuario de transporte urbano para cubrir tasas por uso de las terminales.<\/font><\/i><\/p>\n


En todo caso, los veh\u00edculos de transporte intermunicipal que cubran rutas de media y larga distancia deber\u00e1n iniciar y terminar sus recorridos en las terminales de transporte intermunicipales habilitadas para tal fin.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo 6. *INHIBIRSE*<\/b> El Gobierno Nacional impulsar\u00e1 modelos para la gesti\u00f3n de movilidad en las ciudades, en donde se contemplen alternativas para mejorar la calidad de vida, la utilizaci\u00f3n eficiente de los recursos, la reducci\u00f3n del tiempo de desplazamiento, la promoci\u00f3n de los transportes limpios y la utilizaci\u00f3n de tecnolog\u00edas que contribuyan a la gesti\u00f3n del tr\u00e1fico. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedici\u00f3n de la presente ley el Gobierno Nacional deber\u00e1 reglamentar el servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros. <\/i> <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 7. Con el prop\u00f3sito de integrar operacionalmente los SITM, los SITP y los SETP con el transporte complementario de las ciudades y\/o el transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia, las autoridades territoriales, conjuntamente con el Ministerio de Transporte seg\u00fan sea el caso, podr\u00e1n promover mecanismos de organizaci\u00f3n entre los mismos, a trav\u00e9s de instrumentos como los acuerdos comerciales o convenios de colaboraci\u00f3n entre empresas que est\u00e9n debidamente habilitadas."<\/font><\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte<\/b> Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n
\n

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones \u201cDentro de los seis (6) meses siguientes a la expedici\u00f3n de la presente ley\u201d, y \u201cde lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros\u201d, contenidas en el par\u00e1grafo 6 del art\u00edculo 32 de la Ley 1753 de 2015 \u201cPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo pa\u00eds\u201d, por ineptitud sustantiva de la demanda, mediante la Sentencia C189\/17 de 29 de Marzo de 2017; Magistrado Ponente Dr. Jos\u00e9 Antonio Cepeda Amar\u00eds.  <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/FONT><\/p>\n


Art\u00edculo 33. <\/a> Modificado por laLEY 1955 DE 2019<\/a>, art\u00edculo 97.<\/b> Otras Fuentes de Financiaci\u00f3n para los Sistemas de Transporte. Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte, a la calidad del servicio y de su infraestructura, incrementar la seguridad ciudadana, la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n al usuario, al mejoramiento continuo del sistema y contar con mecanismos de gesti\u00f3n de la demanda, las entidades territoriales podr\u00e1n establecer recursos complementarios a los ingresos por recaudo de la tarifa al usuario, que podr\u00e1n ser canalizados a trav\u00e9s de fondos de estabilizaci\u00f3n y subvenci\u00f3n. Las fuentes podr\u00e1n ser las siguientes:<\/p>\n

1. Recursos propios territoriales. Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o \u00e1reas metropolitanas podr\u00e1n destinar recursos propios, incluyendo rentas y recursos de capital. La decisi\u00f3n anterior se adoptar\u00e1 mediante decreto municipal, distrital o mediante acuerdo metropolitano, el cual deber\u00e1 contener como m\u00ednimo la destinaci\u00f3n de los recursos, la fuente presupuestal y la garant\u00eda de la permanencia en el tiempo de los recursos, as\u00ed como contar con concepto del Confis territorial o quien haga sus veces, y estar previstos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo territorial con criterios de sostenibilidad fiscal.<\/p>\n

2. Contribuci\u00f3n por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en v\u00eda. Los \u00f3rganos territoriales podr\u00e1n establecer una contribuci\u00f3n a las tarifas al usuario de parqueaderos fuera de v\u00eda o estacionamientos en v\u00eda y podr\u00e1n destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte. El hecho generador del tributo corresponde al uso del servicio de parqueaderos fuera de v\u00eda o estacionamiento en v\u00eda, los sujetos activos ser\u00e1n los municipios, distritos y \u00e1reas metropolitanas. Ser\u00e1n sujetos pasivos los usuarios del servicio gravado.<\/p>\n

Corresponder\u00e1 a las asambleas o concejos pertinentes definir los elementos del tributo y el sistema y m\u00e9todo para definir los costos, y los responsables del cobro, declaraci\u00f3n y consignaci\u00f3n de los recursos recaudados, de manera que el tributo se ajuste a las condiciones locales.<\/p>\n

Deber\u00e1 cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios t\u00e9cnicos recomienden, considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoci\u00f3n de energ\u00e9ticos y tecnolog\u00edas de cero o bajas emisiones.<\/p>\n

3. Estacionamiento en v\u00eda p\u00fablica. Las autoridades territoriales podr\u00e1n destinar para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte, una parte de los recursos que se hayan obtenido de las contraprestaciones econ\u00f3micas percibidas por el uso de v\u00edas p\u00fablicas para estacionamiento.<\/p>\n

4. Infraestructura nueva para minimizar la congesti\u00f3n. Las autoridades territoriales que hayan adoptado plan de movilidad podr\u00e1n establecer precios p\u00fablicos diferenciales por acceso o uso de infraestructura de transporte nueva construida para minimizar la congesti\u00f3n. Las autoridades territoriales podr\u00e1n destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.<\/p>\n

El precio ser\u00e1 fijado teniendo en cuenta el tipo de v\u00eda o zona; los meses, d\u00edas u horas determinadas de uso; y el tipo de servicio del veh\u00edculo, el n\u00famero de pasajeros o el tipo de veh\u00edculo.<\/p>\n

Deber\u00e1 cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios t\u00e9cnicos recomienden, considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoci\u00f3n de energ\u00e9ticos y tecnolog\u00edas de cero o bajas emisiones.<\/p>\n

5. \u00c1reas con restricci\u00f3n vehicular. Las autoridades territoriales podr\u00e1n definir \u00e1reas de congesti\u00f3n en las que sea necesario condicionar o restringir espacial o temporalmente el tr\u00e1nsito vehicular. El acceso a estas \u00e1reas podr\u00e1 generar contraprestaciones o precios p\u00fablicos a favor de la entidad territorial, quien definir\u00e1 su tarifa y condiciones con base en estudios t\u00e9cnicos, con fundamento en el tipo de v\u00eda o zona; los meses, d\u00edas u horas determinadas de uso; y el tipo de servicio del veh\u00edculo, el n\u00famero de pasajeros o el tipo de veh\u00edculo, entre otros. Las autoridades territoriales podr\u00e1n destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.<\/p>\n

6. Las entidades territoriales podr\u00e1n destinar un porcentaje hasta del 60% del recaudo correspondiente a la entidad territorial por concepto de multas de tr\u00e1nsito para el funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte p\u00fablico masivo y colectivo o transporte no motorizado. Dicho porcentaje deber\u00e1 ser definido y soportado por un an\u00e1lisis t\u00e9cnico y financiero que identifique los costos y gastos financiados por el concepto de multas, los programas y proyectos que se pueden financiar y los indicadores de seguimiento a los objetivos de seguridad vial.<\/p>\n

7. Las autoridades territoriales podr\u00e1n modificar las tarifas de los servicios de transporte p\u00fablico complementario a partir de la aplicaci\u00f3n de factores tarifarios que permitir\u00e1n obtener recursos para la sostenibilidad de otros servicios colectivos o masivos que operen en su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

8. Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte. Una entidad p\u00fablica denominada superficiante, titular absoluta de un bien inmueble fiscal o de uso p\u00fablico destinado a la infraestructura de Transporte conforme a lo establecido en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1682 de 2013, podr\u00e1 otorgar el derecho real de superficie de origen contractual, enajenable y oneroso, a un tercero denominado superficiario, por un plazo m\u00e1ximo de treinta (30) a\u00f1os, prorrogables hasta m\u00e1ximo veinte (20) a\u00f1os adicionales. El superficiario tendr\u00e1 la facultad, conforme a la normatividad de ordenamiento territorial del lugar donde se ubique el bien inmueble y las disposiciones urban\u00edsticas vigentes, de realizar y explotar por su exclusiva cuenta y riesgo, construcciones o edificaciones en \u00e1reas libres aprovechables con todos los atributos de uso, goce y disposici\u00f3n de las mismas, a fin de que tales desarrollos puedan soportar grav\u00e1menes y limitaciones al dominio, sin afectar el uso p\u00fablico, la prestaci\u00f3n del servicio de transporte, ni restringir la propiedad del inmueble base del superficiante.<\/p>\n

El derecho real de superficie se constituye mediante contratos elevados a escritura p\u00fablica suscritos entre el titular del inmueble base y los terceros que ser\u00e1n superficiarios, los cuales contendr\u00e1n la delimitaci\u00f3n del \u00e1rea aprovechable, el plazo de otorgamiento del derecho, las condiciones de reversi\u00f3n de las construcciones, las causales de terminaci\u00f3n del contrato, las obligaciones de las partes y la retribuci\u00f3n que corresponde al superficiante, debiendo adem\u00e1s inscribirse ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio sobre el cual se confiere el derecho real de superficie, en el que deber\u00e1 realizarse una anotaci\u00f3n de este como derecho accesorio, identific\u00e1ndose el \u00e1rea conferida al superficiario y los linderos de la misma y las construcciones, adem\u00e1s deber\u00e1n registrarse los actos jur\u00eddicos que se efect\u00faen en relaci\u00f3n con el derecho real de superficie.<\/p>\n

La cancelaci\u00f3n de la constituci\u00f3n de este derecho real accesorio de superficie proceder\u00e1 mediante escritura p\u00fablica suscrita por las partes constituyentes, que ser\u00e1 objeto de registro en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente y ante la Oficina de Registro competente.<\/p>\n

Para otorgar el derecho real de superficie el superficiante deber\u00e1 contar con un estudio t\u00e9cnico, financiero y jur\u00eddico, que valide y determine las condiciones y beneficios financieros y econ\u00f3micos que se generan a partir de su implementaci\u00f3n y para la selecci\u00f3n del superficiario el superficiante deber\u00e1 sujetarse a las reglas propias de contrataci\u00f3n que le apliquen a la entidad p\u00fablica que act\u00fae en tal calidad.<\/p>\n

9. Adem\u00e1s de las anteriores fuentes de financiaci\u00f3n y pago, se podr\u00e1n utilizar recursos de otras fuentes como valor residual de concesiones, valorizaci\u00f3n, subasta de norma urban\u00edstica, herramientas de captura del valor del suelo, sobretasa a la gasolina o al ACPM, cobro o aportes por edificabilidad adicional y mayores valores de recaudo futuro generados en las zonas de influencia de proyectos de renovaci\u00f3n urbana, as\u00ed como recursos obtenidos a trav\u00e9s de ingresos no operacionales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Art\u00edculo <\/font><\/b>Modificado por laLEY 1955 DE 2019<\/a>, art\u00edculo 97. <\/b><\/font>por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original Art\u00edculo 33.<\/a> Otras fuentes de financiaci\u00f3n para los sistemas de transporte. <\/b>Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte y contar con mecanismos de gesti\u00f3n de la demanda, las entidades territoriales podr\u00e1n determinar, definir y establecer nuevos recursos de financiaci\u00f3n p\u00fablicos y\/e privados que permitan lograr la sostenibilidad econ\u00f3rnica, ambiental, social e institucional de los sistemas SITM, SETP, SITP y SITR, a trav\u00e9s de los siguientes mecanismos:<\/font><\/p>\n


1. Fondos de estabilizaci\u00f3n y subsidio a la demanda. <\/b>En desarrollo de una pol\u00edtica de apoyo y fortalecimiento al transporte p\u00fablico en las ciudades del pa\u00eds, los alcaldes de los municipios, distritos o \u00e1reas metropolitanas, donde se implementen o est\u00e9n en operaci\u00f3n sistemas de transporte p\u00fablico, podr\u00e1n establecer fondos de estabilizaci\u00f3n o compensaci\u00f3n tarifaria, que cubran el diferencial entre la tarifa t\u00e9cnica y la tarifa al usuario. La decisi\u00f3n anterior se adoptar\u00e1 mediante decreto municipal, distrital o mediante acuerdo metropolitano, el cual deber\u00e1 estar soportado en un estudio t\u00e9cnico en el que se demuestre que el fondo de estabilizaci\u00f3n contribuye a la sostenibilidad del Sistema de Transporte, en t\u00e9rminos de eficiencia econ\u00f3mica, sostenibilidad financiera, eficacia en la prestaci\u00f3n del servicio e impactos esperados.<\/font><\/p>\n


Dicho acto administrativo deber\u00e1 describir la aplicaci\u00f3n del fondo o subsidio de forma tal que se garantice su efectividad, establecer los indicadores que permitan evaluar los resultados de dicha medida, contener la fuente presupuestal y la garant\u00eda de la permanencia en el tiempo de los recursos que financiar\u00e1n los fondos de estabilizaci\u00f3n o subsidio a la demanda, con criterios de sostenibilidad fiscal de la entidad territorial. Para el efecto, deber\u00e1n contar con previo concepto del CONFIS municipal o distrital o de la entidad que haga sus veces, en la que se indique que el fondeo es sostenible en el tiempo y se encuentra previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del ente territorial.<\/font><\/p>\n


2. Contribuci\u00f3n por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso p\u00fablico. <\/b>Cuando los Alcaldes municipales o distritales regulen el cobro por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso p\u00fablico, incluyendo estacionamiento en v\u00eda, las entidades territoriales que cuenten con un sistema de transporte masivo, estrat\u00e9gico, integrado o regional, en concordancia con las competencias de los Concejos Municipales o Distritales, podr\u00e1n incorporar en las tarifas al usuario de los estacionamientos, una contribuci\u00f3n que incentive la utilizaci\u00f3n de los sistemas de transporte p\u00fablico. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ser\u00e1n sujetos pasivos los usuarios del servicio en predios de personas naturales o jur\u00eddicas que ofrezcan a t\u00edtulo oneroso el estacionarniento de veh\u00edculos. El factor adicional se calcular\u00e1 as\u00ed: la base gravable ser\u00e1 dos (2) veces el valor del pasaje promedio del servicio de transporte p\u00fablico (SITM, SETP, SITP o SITR, seg\u00fan sea el caso) en el Municipio o Distrito; esta base se multiplicar\u00e1 por factores inferiores a uno (1) en funci\u00f3n de los criterios de oferta de transporte p\u00fablico en la zona, uso del servicio en horas pico y estrato del predio. La contribuci\u00f3n se cobrar\u00e1 en forma adicional al total del valor al usuario por parte del prestador del servicio, quien tendr\u00e1 la condici\u00f3n de agente retenedor. Se except\u00faa de este cobro las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores.<\/font><\/p>\n


3. Cobros por congesti\u00f3n o contaminaci\u00f3n. <\/b>Los municipios o distritos mayores a 300.000 habitantes, en concordancia con las competencias de los concejos municipales o distritales, podr\u00e1n establecer tasas, diferentes a los peajes establecidos en la Ley 105 de 1993, por acceso a \u00e1reas de alta congesti\u00f3n, de infraestructura construida para evitar congesti\u00f3n urbana, as\u00ed como por contaminaci\u00f3n, con base en la reglamentaci\u00f3n que el Gobierno Nacional expida para el efecto. Los recursos obtenidos por concepto de las tasas adoptadas por las mencionadas entidades territoriales, se destinar\u00e1n a financiar proyectos y programas de infraestructura vial, transporte p\u00fablico y programas de mitigaci\u00f3n de contaminaci\u00f3n ambiental vehicular.<\/font><\/p>\n


Para efectos de cobro de tasa para cada ingreso a \u00e1reas de alta congesti\u00f3n o v\u00edas construidas o mejoradas para evitar congesti\u00f3n urbana, el sujeto pasivo de dicha obligaci\u00f3n ser\u00e1 el conductor y\/o propietario. La tarifa ser\u00e1 fijada teniendo en cuenta el tipo de v\u00eda, el tipo de servicio del veh\u00edculo, el n\u00famero de pasajeros y los meses y d\u00edas del a\u00f1o y horas determinadas de uso y el tipo de veh\u00edculo, seg\u00fan la siguiente clasificaci\u00f3n: motocicletas, autom\u00f3viles, camperos y camionetas, y buses y camiones. En todo caso se dar\u00e1 una condici\u00f3n tarifaria especial para las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores.<\/font><\/p>\n


El sujeto pasivo de la tasa por cada ingreso a zonas de alta contaminaci\u00f3n ser\u00e1 el propietario y\/o conductor del veh\u00edculo y la tarifa se determinar\u00e1 en forma gradual, teniendo en cuenta el modelo del veh\u00edculo, tipo de servicio, cilindraje, tipo de combustible y el tipo de veh\u00edculo, seg\u00fan la siguiente clasificaci\u00f3n: motocicletas; autom\u00f3viles; campero y camionetas; buses y camiones.<\/font><\/p>\n


Las tasas se calcular\u00e1n as\u00ed: la base gravable ser\u00e1 cinco (5) veces el valor del pasaje promedio del servicio de transporte p\u00fablico (SITM, SETP, SITP o SITR, seg\u00fan sea el caso) en el Municipio o Distrito; esta base se multiplicar\u00e1 por factores inferiores a uno (1) en funci\u00f3n de los criterios definidos para tasas por congesti\u00f3n y contaminaci\u00f3n respectivamente.<\/font><\/p>\n


4. La Naci\u00f3n y sus entidades descentralizadas por servicios podr\u00e1n cofinanciar proyectos de Asociaci\u00f3n P\u00fablico Privada para el desarrollo de Sistemas de Servicio P\u00fablico Urbano de Transporte de Pasajeros o de algunos de sus componentes o unidades funcionales, con aportes de capital, en dinero o en especie. La cofinanciaci\u00f3n de la Naci\u00f3n podr\u00e1 ser hasta el 70% del menor valor entre los desembolsos de recursos p\u00fablicos solicitados para la ejecuci\u00f3n del proyecto y el valor estimado del costo y la financiaci\u00f3n de las actividades de dise\u00f1o, preconstrucci\u00f3n y construcci\u00f3n del proyecto.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico al momento de emitir su no objeci\u00f3n sobre las condiciones financieras y las cl\u00e1usulas contractuales, propuestas por la entidad competente de que trata el inciso 3 del art\u00edculo 26 de la Ley 1508 de 2012<\/a><\/b>, revisar\u00e1 el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior, en relaci\u00f3n con la cofinanciaci\u00f3n de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Los recursos de cofinanciaci\u00f3n a los que hace referencia el presente art\u00edculo no podr\u00e1n ser destinados a la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos o material rodante, con excepci\u00f3n de los proyectos de sistemas de metro o de transporte f\u00e9rreo interurbano de pasajeros.<\/font><\/p>\n


5. Adem\u00e1s de las anteriores fuentes de financiaci\u00f3n, se podr\u00e1n utilizar otras fuentes como valorizaci\u00f3n, subasta de norma urban\u00edstica, herramientas de captura del valor del suelo y cobro o aportes por edificabilidad adicional.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 34. <\/a><\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Sistema de Recaudo y Sistema de Gesti\u00f3n y Control de Flota de Transporte.<\/b> Modif\u00edquese el inciso primero, los par\u00e1grafos tercero y quinto, y adici\u00f3nese el par\u00e1grafo sexto al art\u00edculo <\/font> 134<\/font><\/a><\/b> de la <\/font> Ley 1450 de 2011<\/font><\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/font><\/i><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 134. Sistema de Recaudo y Sistema de Gesti\u00f3n y Control de Flota de Transporte.<\/b> Los sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos de la Naci\u00f3n, adoptar\u00e1n un sistema de recaudo centralizado, as\u00ed como un sistema de gesti\u00f3n y control de flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo, integrado, estrat\u00e9gico o regional, utilizando mecanismos que as\u00ed lo permitan, en especial en el sistema de recaudo, el mecanismo de pago electr\u00f3nico unificado y los sistemas de compensaci\u00f3n entre operadores, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad de transporte competente."<\/font><\/i><\/p>\n


(… ) "Par\u00e1grafo 3\u00b0. Se entiende como subsistema de transporte complementario el sistema de transporte p\u00fablico colectivo que atiende la demanda de transporte p\u00fablico que no cubre el sistema de transporte masivo o estrat\u00e9gico."<\/font><\/i><\/p>\n


(… ) "Par\u00e1grafo 5\u00b0. En los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, ni los operadores o empresas de transporte, ni sus vinculados econ\u00f3micos, entendidos como tales los que se encuentren en los supuestos previstos por los art\u00edculos 450 a 452 del Estatuto Tributario, podr\u00e1n participar en la operaci\u00f3n y administraci\u00f3n del sistema de recaudo, salvo cuando se trate de Sistemas Estrat\u00e9gicos de Transporte P\u00fablico, caso en el cual el Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 las condiciones de su participaci\u00f3n, garantizando la estabilidad jur\u00eddica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigencia de la presente ley por las entidades territoriales o cuando el Sistema Integrado de Transporte Masivo sea operado por una entidad p\u00fablica. La autoridad competente cancelar\u00e1 las habilitaciones correspondientes a las empresas que no se integren al sistema de recaudo centralizado."<\/font><\/i><\/p>\n


(… ) "Par\u00e1grafo 6\u00b0. En los SITM, SITP, SETP, SITR, u otros, el ente territorial o el ente gestor, podr\u00e1 ostentar la calidad de operador del Sistema de Recaudo, del Sistema de Control y Gesti\u00f3n de Flota, y del Sistema de Informaci\u00f3n al Usuario, siempre y cuando los estudios de estructuraci\u00f3n t\u00e9cnica, legal y financiera lo recomienden en atenci\u00f3n a la reducci\u00f3n en los costos de operaci\u00f3n del sistema.<\/font><\/i><\/p>\n


Dichos estudios deber\u00e1n contar con el aval del Ministerio de Transporte. En todo caso se garantizar\u00e1 la estabilidad jur\u00eddica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigencia de la presente ley por las entidades territoriales."<\/font><\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 35. <\/a>Modificado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 88.<\/b> Fondo de Contingencias y Traslados.<\/b> El Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998 es el mecanismo de primera instancia autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que contraigan las entidades sometidas al r\u00e9gimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado, en cuanto se trate de riesgos comprendidos por este Fondo. Lo anterior sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de los mecanismos alternativos para la atenci\u00f3n de las obligaciones contingentes, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, los cuales podr\u00e1n contemplar la posibilidad de que dichos mecanismos se pacten contractualmente.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. Las obligaciones contingentes que son atendidas por el Fondo mantendr\u00e1n su naturaleza y condici\u00f3n de contingentes, siempre y cuando est\u00e9n aprobadas en el respectivo plan de aportes y hasta el monto estipulado en este, sin que su cobertura quede condicionada al momento de la realizaci\u00f3n de los aportes al Fondo.<\/p>\n

As\u00ed mismo, con cargo a los recursos del Fondo de Contingencias se podr\u00e1n atender los intereses asociados a las obligaciones contingentes, exclusivamente dentro de los plazos establecidos en cada contrato. Se podr\u00e1n cubrir con plazos adicionales las contingencias que se presenten en las concesiones viales de cuarta generaci\u00f3n 4G.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. La entidad que administre el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales podr\u00e1, previa solicitud de la entidad aportante, transferir recursos de uno a otro riesgo del mismo u otro proyecto de la misma entidad, con la finalidad de atender las obligaciones contingentes amparadas. Dicha transferencia deber\u00e1 contar con la aprobaci\u00f3n previa del plan de aportes por parte de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: (i) cuando la entidad aportante determine a trav\u00e9s del seguimiento que el riesgo ha disminuido totalmente, caso en el que el valor a transferir ser\u00e1 el 100% del saldo de la subcuenta; o (ii) cuando la entidad aportante determine a trav\u00e9s del seguimiento que el riesgo ha disminuido parcialmente, caso en el cual el valor a transferir ser\u00e1 el exceso del saldo en la subcuenta.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Art\u00edculo <\/font><\/b>Modificado por laLEY 1955 DE 2019<\/a>, art\u00edculo 88. <\/b><\/font>por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original  Art\u00edculo 35. <\/a>Fondo de Contingencias y Traslados. <\/b>El Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998 es el mecanismo de primera instancia autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que contraigan las entidades sometidas al r\u00e9gimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado, en cuanto se trate de riesgos comprendidos por este Fondo. El CON PES establecer\u00e1 los lineamientos para los mecanismos alternativos v\u00e1lidos para la atenci\u00f3n de las obligaciones contingentes.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Las obligaciones contingentes que son atendidas por el Fondo, mantendr\u00e1n su naturaleza y condici\u00f3n de contingentes, siempre y cuando est\u00e9n aprobadas en el respectivo plan de aportes y hasta el monto estipulado en \u00e9ste, sin que su cobertura quede condicionada al momento de la realizaci\u00f3n de los aportes al Fondo. As\u00ed mismo, con cargo a los recursos del Fondo de Contingencias se podr\u00e1n atender los intereses asociados a las obligaciones contingentes, exclusivamente dentro de los plazos establecidos el1 cada contrato.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. La fiduciaria que administre el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, podr\u00e1, previa solicitud de la entidad aportante, transferir recursos de uno a otro riesgo, con la finalidad de atender las obligaciones contingentes amparadas. Dicha transferencia deber\u00e1 contar con la aprobaci\u00f3n previa del plan de aportes por parte de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: (i) cuando la entidad aportante determine a trav\u00e9s del seguimiento que el riesgo ha disminuido totalmente, caso en el que el valor a transferir ser\u00e1 el 100% del saldo de la subcuenta; o (ii) cuando la entidad aportante determine a trav\u00e9s del seguimiento que el riesgo ha disminuido parcialmente, caso en el cual el valor a transferir ser\u00e1 el exceso del saldo en la subcuenta.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En todo caso, la entidad aportante ser\u00e1 la \u00fanica responsable por la veracidad y completitud de la informaci\u00f3n que suministre a la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Art\u00edculo 36. <\/a>Modificado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 108. Contribuci\u00f3n Especial de Vigilancia para la Superintendencia de Transporte.<\/b> La Superintendencia de Transporte como establecimiento p\u00fablico con personer\u00eda jur\u00eddica, cobrar\u00e1 una contribuci\u00f3n especial de vigilancia, la cual, junto con las multas impuestas en ejercicio de sus funciones, tendr\u00e1n como destino el presupuesto de la Superintendencia. La contribuci\u00f3n ser\u00e1 cancelada anualmente por todas las personas naturales y\/o jur\u00eddicas que est\u00e9n sometidas a su vigilancia, inspecci\u00f3n y\/o control de acuerdo con la ley o el reglamento.<\/p>\n

La contribuci\u00f3n especial de vigilancia se fijar\u00e1 por parte de la Superintendencia de Transporte conforme a los siguientes criterios:<\/p>\n

1. Con base en los ingresos brutos derivados de la actividad de transporte que perciba el sujeto supervisado durante el per\u00edodo anual anterior, la Superintendencia de Transporte, mediante resoluci\u00f3n, establecer\u00e1 la tarifa de la contribuci\u00f3n a cobrar que no podr\u00e1 ser superior al cero coma veintiuno por ciento (0,21%) de dichos ingresos brutos.<\/p>\n

2. La contribuci\u00f3n deber\u00e1 cancelarse anualmente, en el plazo que para tal efecto determine la entidad y ser\u00e1 diferencial dependiendo de si la supervisi\u00f3n es integral, objetiva o subjetiva.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. Para efectos del presente art\u00edculo, se entender\u00e1 por ingresos brutos derivados de la actividad de transporte, todos aquellos que recibe el supervisado por las actividades relacionadas con el tr\u00e1nsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, durante el per\u00edodo anual anterior, sin restarle las contribuciones, gastos, costos, tributos, descuentos y deducciones.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. Para concesiones y otras formas de asociaciones p\u00fablico- privadas se entender\u00e1 por ingresos brutos derivados de la actividad de transporte, aquellos ingresos del concesionario en virtud del contrato, y que se liquidar\u00e1n teniendo en cuenta los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios determinados con base en las normas establecidas para el impuesto sobre la renta y complementarios fijadas en el estatuto tributario y su reglamentaci\u00f3n, diferentes de los ingresos recibidos con fuente Presupuesto General de la Naci\u00f3n, entidades territoriales u otros fondos p\u00fablicos.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 3\u00b0. Los concesionarios de puertos de servicio privado pagar\u00e1n la contribuci\u00f3n especial de vigilancia teniendo en cuenta como base de liquidaci\u00f3n, la cifra resultante de multiplicar las toneladas movilizadas en el a\u00f1o inmediatamente anterior por la tarifa calculada anualmente por la Superintendencia de Transporte para cada tipo de carga de acuerdo con la metodolog\u00eda establecida en los planes de expansi\u00f3n portuaria y dem\u00e1s normas concordantes.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 4\u00b0. Para efectos del control en el pago de la contribuci\u00f3n aqu\u00ed prevista, la Superintendencia de Transporte reglamentar\u00e1 la inscripci\u00f3n y registro de los operadores portuarios, mar\u00edtimos y fluviales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Art\u00edculo <\/font><\/b>Modificado por laLEY 1955 DE 2019<\/a>, art\u00edculo 108. <\/b><\/font>por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original  Art\u00edculo 36. <\/a>Contribuci\u00f3n especial de vigilancia para la Superintendencia de Puertos y Transporte. <\/b>Sustit\u00fayase la tasa de vigilancia prevista por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 27\u00b0 de la Ley 1a de 1991 y ampliada por el art\u00edculo 89\u00b0 de la Ley 145 C de 2011, por una contribuci\u00f3n especial de vigilancia a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasione su
funcionamiento e inversi\u00f3n, la cual deber\u00e1n cancelar anualmente todas las personas naturales y\/o jur\u00eddicas que est\u00e9n sometidas a su vigilancia, inspecci\u00f3n y\/o control de acuerdo con la ley o el reglamento.<\/font><\/p>\n


La contribuci\u00f3n se fijar\u00e1 por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte conforme a los siguientes criterios:<\/font><\/p>\n


1. El total de las contribuciones corresponder\u00e1 al monto del presupuesto anual de funcionamiento e inversi\u00f3n de la Superintendencia de Puertos y Transporte.<\/font><\/p>\n


2. Con base en los ingresos brutos derivados de la actividad de transporte que perciba el sujeto supervisado durante el periodo anual anterior, la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante resoluci\u00f3n, establecer\u00e1 la tarifa de la contribuci\u00f3n a cobrar que no podr\u00e1 ser superior al cero coma dos por ciento (0,2%) de dichos ingresos brutos.<\/font><\/p>\n


3. La contribuci\u00f3n deber\u00e1 cancelarse anualmente, en los plazos que para tal efecto determine la Superintendencia de Puertos y Transporte.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Para efectos del presente art\u00edculo, se entender\u00e1 por ingresos brutos derivados de la actividad de transporte, todos aquellos que recibe el supervisado por las actividades relacionadas con el tr\u00e1nsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, durante el per\u00edodo anual anterior, sin restarle las contribuciones, gastos, costos, tributos, descuentos y deducciones.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. La tarifa de la contribuci\u00f3n podr\u00e1 ser diferencial dependiendo de si la supervisi\u00f3n es integral, objetiva o subjetiva.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. Los concesionarios de puertos de servicio privado pagar\u00e1n la contribuci\u00f3n especial de vigilancia teniendo en cuenta como base de liquidaci\u00f3n, la cifra resultante de multiplicar las toneladas movilizadas en el a\u00f1o inmediatamente anterior por la tarifa calculada anualmente por la Superintendencia de Puertos y Transporte para cada tipo de carga de acuerdo con la metodolog\u00eda establecida en los planes de expansi\u00f3n portuaria y dem\u00e1s normas concordantes.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. Para efectos del control en el pago de la contribuci\u00f3n aqu\u00ed prevista, la Superintendencia de Puertos y Transporte reglamentar\u00e1 la inscripci\u00f3n y registro de los operadores portuarios, mar\u00edtimos y fluviales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Quinto. D\u00f3tese de personer\u00eda jur\u00eddica a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual para todos sus efectos tendr\u00e1 el r\u00e9gimen presupuestal y financiero aplicable a los establecimientos p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Art\u00edculo 37.<\/a> Derecho a retribuciones en proyectos de APP.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 5<\/a><\/b> de la Ley 1508 de 2012<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 5. Derecho a retribuciones.<\/b> El derecho al recaudo de recursos por la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos p\u00fablicos o a cualquier otra retribuci\u00f3n, en proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada, estar\u00e1 condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y est\u00e1ndares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y los dem\u00e1s requisitos que determine el reglamento.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. En los esquemas de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada podr\u00e1n efectuarse aportes en especie por parte de las entidades estatales. En todo caso, tales aportes no computar\u00e1n para el l\u00edmite previsto en los art\u00edculos 13, 17 Y18 de la presente ley <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los gobiernos locales y regionales podr\u00e1n aplicar la plusval\u00eda por las obras que resulten de proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. En los contratos para ejecutar proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada podr\u00e1 pactarse el derecho a retribuci\u00f3n por unidades funcionales, previa aprobaci\u00f3n del Ministerio u \u00f3rgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando:<\/font><\/p>\n


a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado.<\/font><\/p>\n


b) El proyecto haya sido estructurado, contemplando unidades funcionales de infraestructura, cuya ejecuci\u00f3n podr\u00eda haberse realizado y contratado en forma independiente y aut\u00f3noma, y la remuneraci\u00f3n estar\u00e1 condicionada a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y est\u00e1ndares de calidad previstos para las respectivas unidades funcionales.<\/font><\/p>\n


e) Las dem\u00e1s condiciones que defina el Gobierno Nacional, entre estas el correspondiente monto m\u00ednimo de cada unidad funcional.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. Complementario a lo previsto en el par\u00e1grafo anterior, en los contratos para ejecutar proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada podr\u00e1 pactarse el derecho a retribuci\u00f3n por etapas, entendi\u00e9ndose por etapa, cada una de las fases sucesivas en el tiempo, definidas en el contrato, en las que se desarrollan o mejoran unidades funcionales espec\u00edficas, previa aprobaci\u00f3n del Ministerio u \u00f3rgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando:<\/font><\/p>\n


a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado. <\/p>\n

b) Durante el plazo inicial del contrato se ejecuten todas las etapas previstas. <\/p>\n

e) El proyecto haya sido estructurado en etapas sucesivas en el tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio respecto de las cuales se define un alcance espec\u00edfico en el contrato y sus correspondientes niveles de servicio y est\u00e1ndares de calidad.<\/font><\/p>\n


d) La retribuci\u00f3n al inversionista privado estar\u00e1 condicionada a la disponibilidad de <\/p>\n

la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio est\u00e1ndares de calidad. <\/p>\n

e) Las dem\u00e1s condiciones que defina el Gobierno Nacional, entre estas el correspondiente monto m\u00ednimo de cada etapa.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4. En proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada de iniciativa p\u00fablica del orden nacional<\/i>, la entidad estatal competente podr\u00e1 reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestaci\u00f3n del servicio para el cual se desarroll\u00f3 el proyecto, como componente de la retribuci\u00f3n al inversionista privado.<\/font><\/p>\n


El Gobierno reglamentar\u00e1 las condiciones bajo las cuales se realizar\u00e1 el reconocimiento de los derechos reales y de explotaci\u00f3n sobre inmuebles, garantizando que su tasaci\u00f3n sea acorde con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del activo. Adicionalmente, se incluir\u00e1n en dicha reglamentaci\u00f3n las condiciones que permitan que el inversionista privado reciba los ingresos de dicha explotaci\u00f3n econ\u00f3mica o enajenaci\u00f3n, condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de los est\u00e1ndares de calidad y niveles de servicio pactados.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 5. En caso de que en el proyecto de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada la entidad estatal entregue al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de operaci\u00f3n, la entidad estatal podr\u00e1 pactar el derecho a la retribuci\u00f3n de los costos de operaci\u00f3n y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y est\u00e1ndares de calidad.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 6. En proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada, podr\u00e1n establecerse, unidades funcionales de tramos de t\u00faneles o de v\u00edas f\u00e9rreas, en virtud de las cuales se predicar\u00e1 \u00fanicamente disponibilidad parcial y est\u00e1ndar de calidad para efectos de la retribuci\u00f3n. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales* <\/font><\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declar\u00f3 INEXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u201cdel orden nacional\u201d, contenida en el par\u00e1grafo 4, Mediante la Sentencia C-346\/17 de 24 Mayo; Magistrado Ponente Dr. Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 38. <\/a><\/b>Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos p\u00fablicos. Modif\u00edquese el art\u00edculo 17 de la Ley 1508 de 2012<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 17. Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos p\u00fablicos. <\/b>Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de la iniciativa, pero requiriendo la ejecuci\u00f3n del proyecto desembolsos de recursos p\u00fablicos, se abrir\u00e1 una licitaci\u00f3n p\u00fablica para seleccionar el contratista que adelante el proyecto que el originador ha propuesto, proceso de selecci\u00f3n en el cual quien present\u00f3 la iniciativa tendr\u00e1 una bonificaci\u00f3n en su calificaci\u00f3n entre el 3 y el 10% sobre su calificaci\u00f3n inicial, dependiendo del tama\u00f1o y complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ale el reglamento.<\/font><\/p>\n


En esta clase de proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada, los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, de las entidades territoriales o de otros fondos p\u00fablicos, no podr\u00e1n ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversi\u00f3n del proyecto. Trat\u00e1ndose de proyectos de infraestructura vial de carreteras dicho porcentaje no podr\u00e1 ser superior al 20% del presupuesto estimado de inversi\u00f3n del proyecto.<\/font><\/p>\n


Si el originador no resulta seleccionado para la ejecuci\u00f3n del contrato, deber\u00e1 recibir del adjudicatario el valor que la entidad p\u00fablica competente haya determinado, antes de la licitaci\u00f3n, como costos de los estudios realizados para la estructuraci\u00f3n del proyecto. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En todos los casos la entidad estatal competente, deber\u00e1 cumplir con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 11, numerales 11.2 y siguientes de la presente ley."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 39. <\/a>Fortalecimiento al desarrollo de software, aplicaciones y contenidos digitales con impacto social.<\/b> El Ministerio de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (MinTIC), a trav\u00e9s del Fondo de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (FONTIC), apoyar\u00e1 la creaci\u00f3n de planes espec\u00edficos de TIC para cada sector, que impulsen el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con enfoque social, incluyendo los multiplataforma, por parte de compa\u00f1\u00edas colombianas.<\/font><\/p>\n


A trav\u00e9s de las partidas del Fondo para el Desarrollo de la Televisi\u00f3n y los Contenidos, destinadas por la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n (ANTV) a los canales p\u00fablicos de televisi\u00f3n, se apoyar\u00e1 el desarrollo de contenidos digitales multiplataforma a los beneficiarios establecidos por las normas vigentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 40.<\/a> Definici\u00f3n de una senda de banda ancha regulatoria.<\/b> La Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC) deber\u00e1 establecer una senda de crecimiento para la definici\u00f3n regulatoria de banda ancha a largo plazo. Dicha senda deber\u00e1 establecer la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los est\u00e1ndares del Pa\u00eds y los equivalentes al promedio de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico, incluyendo los est\u00e1ndares para altas y muy altas velocidades. Para tal efecto, la CRC podr\u00e1 utilizar criterios diferenciadores atendiendo caracter\u00edsticas geogr\u00e1ficas, demogr\u00e1ficas y t\u00e9cnicas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 41.<\/a> Concesiones de espacios de televisi\u00f3n en el canal nacional de operaci\u00f3n p\u00fablica.<\/b> La Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n (ANTV) podr\u00e1 otorgar los espacios de televisi\u00f3n del canal nacional de operaci\u00f3n p\u00fablica, Canal UNO, garantizando el derecho a la informaci\u00f3n, a la igualdad en el acceso y uso del espectro y al pluralismo informativo en los procesos de selecci\u00f3n objetiva que adelante para otorgar la(s) concesi\u00f3n(es), siempre y cuando \u00e9ste o sus socios no tengan participaci\u00f3n accionaria en los canales privados de televisi\u00f3n abierta nacional o local. La ANTV determinar\u00e1 el n\u00famero de concesionarios y condiciones de los contratos, de acuerdo con los estudios t\u00e9cnicos y de mercado que se realicen para estos efectos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Aparte subrayada declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante Sentencia 359-16<\/a><\/b>; de Julio 7 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "En el presente caso, le correspondi\u00f3 a la Corte establecer, si las disposiciones demandadas de los art\u00edculos 41 y 267 de la Ley 1753 de 2015, por virtud de las cuales se otorga a la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n, ANTV, la facultad para determinar el n\u00famero de concesionarios de los espacios de televisi\u00f3n del Canal Uno y se derogan los l\u00edmites porcentuales de participaci\u00f3n anteriormente exigibles en el ordenamiento jur\u00eddico, vac\u00edan o no la competencia del legislador para limitar la libertad econ\u00f3mica, en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n. Al mismo tiempo, si al no existir una f\u00f3rmula de participaci\u00f3n de los concesionarios de espacios televisivos en dicho Canal, se desconocen los art\u00edculos 75 y 20 de la Carta Pol\u00edtica, que consagran la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagn\u00e9tico, el pluralismo informativo y la competencia. En primer t\u00e9rmino, la Corte precis\u00f3 que mediante las normas legales demandadas, se adopt\u00f3 un nuevo esquema regulatorio para la determinaci\u00f3n del n\u00famero de concesionarios del Canal Uno. As\u00ed, por una parte, mediante las derogatorias realizadas en el art\u00edculo 267 de la Ley 1753 de 2015 se suprimen los porcentajes m\u00ednimos y m\u00e1ximos de participaci\u00f3n en el total de horas de programaci\u00f3n, mientras que, por la otra, el art\u00edculo 41 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, habilita a la ANTV para determinar el n\u00famero de concesionarios, seg\u00fan los criterios jur\u00eddicos que all\u00ed se dispone y los estudios t\u00e9cnicos y de mercado que sobre el particular se realicen. El nuevo esquema tiene en cuenta las mediciones reales del mercado, las cuales le otorgar\u00e1n a la ANTV, a partir de los requisitos previstos en la ley, la capacidad para determinar el nivel de amplitud o de concentraci\u00f3n que tendr\u00e1 el canal nacional de operaci\u00f3n p\u00fablica. Observ\u00f3 que al aludir el art\u00edculo 41 a \u201cla (s) concesi\u00f3n (es)\u201d permite entender, que de la misma forma que es viable la asignaci\u00f3n plural de los espacios de televisi\u00f3n, tambi\u00e9n cabr\u00eda la adjudicaci\u00f3n a un \u00fanico concesionario, supuestos que depender\u00e1n de los resultados de los estudios t\u00e9cnicos y de mercado previamente rese\u00f1ados, as\u00ed como de la aplicaci\u00f3n de los criterios jur\u00eddicos que all\u00ed se mencionan. Por esta raz\u00f3n, consider\u00f3 necesario integrar \u00f1a proposici\u00f3n jur\u00eddica completa del aparte demandado con la expresi\u00f3n \u201cla (s) concesi\u00f3n (es)\u201d prevista tanto en el inciso primero, como en el inciso segundo del art\u00edculo 41 de la Ley 1753 de 2015." <\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

La autorizaci\u00f3n prevista en el presente art\u00edculo para la(s) concesi\u00f3n(es) de espacios de televisi\u00f3n de Canal UNO no se homologa a la operaci\u00f3n de un canal de operaci\u00f3n privada nacional, toda vez que no hay lugar a una asignaci\u00f3n de espectro radioel\u00e9ctrico, en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 35\u00b0 de la Ley 182 de 1995. En consecuencia, el operador encargado de la emisi\u00f3n y transmisi\u00f3n del Canal UNO, seguir\u00e1 siendo el operador p\u00fablico nacional RTVC, o quien haga sus veces.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Sin perjuicio de lo establecido en el literal g) del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 182 de 1995, la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n, a la hora de definir el valor de la concesi\u00f3n de espacios de programaci\u00f3n del canal nacional de operaci\u00f3n p\u00fablica, canal UNO, tendr\u00e1 en cuenta los criterios: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

a) Remuneraci\u00f3n eficiente de los costos de inversi\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de las funciones de emisi\u00f3n y transmisi\u00f3n en cabeza del operador nacional de televisi\u00f3n p\u00fablica o quien haga sus veces, as\u00ed como el reconocimiento de las inversiones asociadas con el despliegue de la televisi\u00f3n digital terrestre de operaci\u00f3n p\u00fablica.<\/font><\/p>\n


b) El mercado de pauta publicitaria, el nivel de competencia, la poblaci\u00f3n cubierta, el ingreso per c\u00e1pita, la audiencia potencial y los costos de oportunidad de la red, incluyendo el espectro radioel\u00e9ctrico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 42.<\/a> Plazo y renovaci\u00f3n de los permisos para el uso del espectro radioel\u00e9ctrico. <\/b>Modif\u00edquese el primer inciso del art\u00edculo 12 de la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 12. Plazo y renovaci\u00f3n de los permisos para el uso del espectro radioel\u00e9ctrico. <\/b>El permiso para el uso del espectro radioel\u00e9ctrico tendr\u00e1 un plazo definido inicial hasta de diez (10) a\u00f1os, el cual podr\u00e1 renovarse a solicitud de parte por per\u00edodos de hasta diez (10) a\u00f1os. Para determinar el periodo de renovaci\u00f3n, la autoridad competente tendr\u00e1 en cuenta, entre otros criterios, razones de inter\u00e9s p\u00fablico, el reordenamiento nacional del espectro radioel\u00e9ctrico, o el cumplimiento a las atribuciones y disposiciones internacionales de frecuencias, la determinaci\u00f3n deber\u00e1 efectuarse mediante acto administrativo motivado."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 43.<\/a> Funciones de la Agencia Nacional del Espectro<\/b>. La Agencia Nacional del Espectro, adem\u00e1s de las funciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 26\u00b0 de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4169 de 2011, cumplir\u00e1 las siguientes:<\/font><\/p>\n


Expedir las normas relacionadas con el despliegue de antenas, las cuales contemplar\u00e1n, entre otras, la potencia m\u00e1xima de las antenas o l\u00edmites de exposici\u00f3n de las personas a campos electromagn\u00e9ticos y las condiciones t\u00e9cnicas para cumplir dichos l\u00edmites. Lo anterior, con excepci\u00f3n de lo relativo a los componentes de infraestructura pasiva y de soporte y su compartici\u00f3n, en lo que corresponda a la competencia de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 44. <\/a>Sanciones en materia TIC.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 65 de la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 65. Sanciones. <\/b>Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el infractor, la persona natural o jur\u00eddica que incurra en cualquiera de las infracciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 64 de la presente ley, ser\u00e1 sancionada, adem\u00e1s de la orden de cesaci\u00f3n inmediata de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con:<\/font><\/p>\n


1. Amonestaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales para personas naturales.<\/font><\/p>\n


3. Multa hasta por el equivalente a quince mil (15.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales para personas jur\u00eddicas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

4. Suspensi\u00f3n de la operaci\u00f3n al p\u00fablico hasta por dos (2) meses.<\/font><\/p>\n


5. Caducidad del contrato o cancelaci\u00f3n de la licencia, autorizaci\u00f3n o permiso.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante Sentencia C-016-16<\/a><\/b>, Seg\u00fan Comunicado de Prensa 02 de enero 27 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "La Corte determin\u00f3 que el art\u00edculo 44 de la Ley 1753 de 2015, modificatorio del art\u00edculo 65 de la <\/i> Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>, no desconoce el principio de unidad de materia. Sometido al juicio de conexidad directa aplicable cuando se trata de disposiciones instrumentales de la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, es claro que la adopci\u00f3n o fortalecimiento de un r\u00e9gimen sancionatorio aplicable por la comisi\u00f3n de infracciones que afectan al sector de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, contribuye de manera cierta al avance de las TIC. A juicio de la Corporaci\u00f3n, dado que dicho avance y desarrollo se reconoce como parte de los pilares reconocidos en la parte general de la Ley 1753 de 2015, denominados como Paz y Equidad, as\u00ed como instrumento de la estrategia transversal \u201cCompetitividad e infraestructura estrat\u00e9gicas\u201d, la disposici\u00f3n impugnada se ajusta plenamente al art\u00edculo 158 de la Constituci\u00f3n. La promoci\u00f3n del sector de las TIC constituye un elemento del Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 y se articula con la b\u00fasqueda de la paz, puesto que el impulso de la conectividad para la inclusi\u00f3n productiva y el acceso a los bienes p\u00fablicos, servicio sociales e informaci\u00f3n, facilita la integraci\u00f3n de territorio y sus comunidades y el cierre de las brechas poblacionales y sociales. En la misma direcci\u00f3n, es evidente el v\u00ednculo que existe entre el prop\u00f3sito de promover una sociedad m\u00e1s equitativa y el desarrollo de dicho sector, en la medida en que, como lo resalta el Documento sobre las Bases del Plan, el impulso de la conectividad constituye un elemento importante para conseguir la integraci\u00f3n de todas regiones y asegurar el conocimiento suficiente de la oferta estatal." <\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 45.<\/a> Est\u00e1ndares, modelos y lineamientos de tecnolog\u00edas de la  informaci\u00f3n y las comunicaciones para los servicios al ciudadano. <\/b>Bajo la plena observancia del derecho fundamental de habeas data, el Ministerio de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (MinTIC) en coordinaci\u00f3n con las entidades responsables de cada uno de los tr\u00e1mites y servicios, definir\u00e1 y expedir\u00e1 los est\u00e1ndares, modelos, lineamientos y normas t\u00e9cnicas para la incorporaci\u00f3n de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (TIC) que contribuyan a la mejora de los tr\u00e1mites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano, los cuales deber\u00e1n ser adoptados por las entidades estatales y aplicar\u00e1n, entre otros, para los siguientes casos: <\/p>\n

a) Agendamiento electr\u00f3nico de citas m\u00e9dicas. <\/p>\n

b) Historia cl\u00ednica electr\u00f3nica. <\/p>\n

c) Autenticaci\u00f3n electr\u00f3nica. <\/p>\n

d) Publicaci\u00f3n de datos abiertos. <\/p>\n

e) Integraci\u00f3n de los sistemas de informaci\u00f3n de tr\u00e1mites y servicios de las entidades estatales con el Portal del Estado colombiano.<\/font><\/p>\n


f) Implementaci\u00f3n de la estrategia de Gobierno en L\u00ednea.<\/font><\/p>\n


g) Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gesti\u00f3n de las tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n en el estado.<\/font><\/p>\n


h) Administraci\u00f3n, gesti\u00f3n y modernizaci\u00f3n de la justicia y defensa, entre otras la posibilidad de recibir registrar, tramitar, gestionar y hacer trazabilidad y seguimiento de todo tipo de denuncias y querellas, as\u00ed como el reporte de control de las mismas.<\/font><\/p>\n


i) Sistema integrado de seguridad y emergencias (SIES) a nivel territorial y nacional.<\/font><\/p>\n


j) Interoperabilidad de datos como base para la estructuraci\u00f3n de la estrategia que sobre la captura, almacenamiento, procesamiento, an\u00e1lisis y publicaci\u00f3n de grandes vol\u00famenes de datos (Big Data) formule el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


k) Servicios de telemedicina y telesalud. <\/p>\n

l) Sistema de seguimiento del mercado laboral. <\/p>\n

m) El registro de partidos, movimientos y agrupaciones pol\u00edticas a cargo del Consejo Nacional Electoral, yen especial el registro de afiliados.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Primero. Estos tr\u00e1mites y servicios podr\u00e1n ser ofrecidos por el sector privado. Los tr\u00e1mites y servicios que se presten mediante los est\u00e1ndares definidos en los literales a, b y c ser\u00e1n facultativos para los usuarios de los mismos. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del MinTIC, dise\u00f1ar\u00e1 e implementar\u00e1 pol\u00edticas, planes y programas que promuevan y optimicen la gesti\u00f3n, el acceso, uso y apropiaci\u00f3n de las TIC en el sector p\u00fablico, cuya adopci\u00f3n ser\u00e1 de obligatorio cumplimiento por todas las entidades estatales y conforme a la gradualidad que para el efecto establezca el MinTIC. Tales pol\u00edticas comportar\u00e1n el desarrollo de, entre otros, los siguientes temas:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

a) Carpeta ciudadana electr\u00f3nica. Bajo la plena observancia del derecho fundamental de habeas data, se podr\u00e1 ofrecer a todo ciudadano una cuenta de correo electr\u00f3nico oficial y el acceso a una carpeta ciudadana electr\u00f3nica que le permitir\u00e1 contar con un repositorio de informaci\u00f3n electr\u00f3nica para almacenar y compartir documentos p\u00fablicos o privados, recibir comunicados de las entidades p\u00fablicas, y facilitar las actividades necesarias para interactuar con el Estado. En esta carpeta podr\u00e1 estar almacenada la historia cl\u00ednica electr\u00f3nica. El MinTIC definir\u00e1 el modelo de operaci\u00f3n y los est\u00e1ndares t\u00e9cnicos y de seguridad de la Carpeta Ciudadana Electr\u00f3nica. Las entidades del Estado podr\u00e1n utilizar la Carpeta Ciudadana Electr\u00f3nica para realizar notificaciones oficiales. Todas las actuaciones que se adelanten a trav\u00e9s de las herramientas de esta carpeta tendr\u00e1n plena validez y fuerza probatoria. <\/p>\n

b) Director de Tecnolog\u00edas y Sistemas de Informaci\u00f3n. Las entidades estatales tendr\u00e1n un Director de Tecnolog\u00edas y Sistemas de Informaci\u00f3n responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnolog\u00edas y sistemas de informaci\u00f3n en la respectiva entidad. Para tales efectos, cada entidad p\u00fablica efectuar\u00e1 los ajustes necesarios en sus estructuras organizacionales, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de personal. El Director de Tecnolog\u00edas y Sistemas de Informaci\u00f3n reportar\u00e1 directamente al representante legal de la entidad a la que pertenezca y se acoger\u00e1 a los lineamientos que en materia de TI defina el MinTIC.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 46.<\/a> Funciones del Fondo de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones.<\/b> El Fondo de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las comunicaciones cumplir\u00e1, adem\u00e1s de las se\u00f1aladas en el art\u00edculo 35\u00b0 de la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>, las siguientes funciones:<\/font><\/p>\n


1. Financiar planes, programas y proyectos para apoyar a emprendedores del sector de contenidos y aplicaciones digitales en todas las etapas del negocio, incluyendo el impulso a la vinculaci\u00f3n de capital de riesgo para dichos emprendirnientos.<\/font><\/p>\n


2. Financiar y fomentar planes, programas y proyectos para el fomento de capital humano en Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y Comunicaciones.<\/font><\/p>\n


3. Financiar planes, programas y proyectos para el fomento de la industria de software y de contenidos digitales.<\/font><\/p>\n


4. Financiar planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el Pa\u00eds a trav\u00e9s del uso de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones.<\/font><\/p>\n


5. Financiar planes, programas y proyectos para la implementaci\u00f3n y puesta en marcha del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias.<\/font><\/p>\n


Las funciones a que se refiere el presente art\u00edculo se realizar\u00e1n previa celebraci\u00f3n de convenios interadministrativos con las entidades competentes para desarrollar los planes, programas y proyectos correspondientes. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 47.<\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Servidumbres para garantizar el servicio de comunicaci\u00f3n. <\/b>Adici\u00f3nese un numeral 22 al art\u00edculo 22\u00b0 de la <\/font> Ley 1341 de 2009<\/font><\/a><\/b>, as\u00ed:<\/font><\/font><\/i><\/p>\n

\n

"22.<\/b> Conocer y decidir a prevenci\u00f3n respecto de las actuaciones administrativas de imposici\u00f3n de servidumbres sobre predios, a solicitud del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, y en los t\u00e9rminos de los art\u00edculo 56, 57 Y del Cap\u00edtulo 111 del T\u00edtulo VII de la Ley 142 de 1994. Lo anterior para garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios de telecomunicaciones y sin perjuicio de que el proveedor de redes y servicios pueda promover el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981.<\/font><\/i><\/p>\n


Para adelantar los procesos de servidumbre por acto administrativo la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones seguir\u00e1 lo dispuesto sobre este particular en el  Cap\u00edtulo 11 del T\u00edtulo 11 de la Ley 56 de 1981.<\/font><\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n

Art\u00edculo 48<\/a><\/b> Bonos hipotecarios. Modif\u00edquese el inciso primero del art\u00edculo 9<\/a><\/b> de la Ley 546 de 1999<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 9. Bonos hipotecarios. <\/b>Se autoriza a los establecimientos de cr\u00e9dito la emisi\u00f3n de bonos hipotecarios los cuales se enmarcar\u00e1n dentro de los siguientes lineamientos:"<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 49.<\/a> Sistema Nacional de Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (SINAPINE).<\/b> El Gobierno Nacional organizar\u00e1 el Sistema Nacional de Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (SINAPINE) como la estrategia de gesti\u00f3n p\u00fablica para la planeaci\u00f3n integral, optimizaci\u00f3n de los procedimientos y tr\u00e1mites, gesti\u00f3n y seguimiento de los Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE) de origen p\u00fablico, privado o mixto que sean seleccionados como tales por el Gobierno Nacional, por su alto impacto en el crecimiento econ\u00f3mico y social del pa\u00eds.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n


La Comisi\u00f3n Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estrat\u00e9gicos (CIIPE) seleccionar\u00e1 los proyectos que ser\u00e1n considerados como PINE y ordenar\u00e1 que se incluyan en el SINAPE.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

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<\/font><\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

<\/font><\/p>\n

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Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n


La ejecuci\u00f3n y desarrollo de los PINE constituye motivo de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, quedando autorizada la expropiaci\u00f3n administrativa o judicial de los bienes inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/font><\/p>\n


En estos proyectos el \u00e1rea requerida para la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n debidamente delimitadas, le confiere a la entidad ejecutora o gestora del proyecto la primera opci\u00f3n de compra de todos los inmuebles comprendidos en tal zona, la cual podr\u00e1 ejercer durante un periodo de tiempo no mayor a tres (3) a\u00f1os contados a partir del acto de adjudicaci\u00f3n del proyecto, el cual deber\u00e1 ser registrado en el respectivo foliede matr\u00edcula inmobiliaria. Para proyectos de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica que decida conformar la comisi\u00f3n tripartita, este plazo contar\u00e1 a partir de la aprobaci\u00f3n del manual de valores unitarios, y para los dem\u00e1s proyectos de generaci\u00f3n, este plazo se contar\u00e1 a partir de la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se otorga la licencia ambiental.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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La Corte Constitucionalse declara INHIBIDA de emitir pronunciamiento por ineptitud de los cargos respecto de esa disposici\u00f3n, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La CIIPE podr\u00e1 conferirle la categor\u00eda PINE a proyectos que hubiesen sido declarados de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social antes de la entrada en vigencia de esta ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

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<\/font><\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

<\/font><\/p>\n

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Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 50. <\/a>Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE).<\/b> <\/font>A los Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE) les ser\u00e1n aplicables las disposiciones contenidas en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013 y dem\u00e1s normas que las reglamenten, modifiquen o adicionen.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Inciso declarado INEXEQUIBLE*<\/i><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/b><\/p>\n

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<\/font><\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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La Corte Constitucional declaro ESTARSE A LO RESUELTO en la <\/font> Sentencia C-035-16<\/a><\/b> que declar\u00f3 inexequible el inciso 2\u00b0, mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

L<\/font>a Corte Constitucional declarado ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035-16, mediante Sentencia C-221-16<\/a><\/b>, Mayo 4 de 2016, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas R\u00edos. "<\/i><\/font>Establecida la existencia de cosa juzgada constitucional, respecto de los mismos cargos formulados en esta oportunidad contra el art\u00edculo 108 de la Ley 1450 de 2011 y el art\u00edculo 20 de la Ley 1753 de 2015, en lo concerniente a la vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda territorial, as\u00ed como en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 50 de la misma ley, el problema jur\u00eddico que la Corte deb\u00eda dilucidar en el presente caso, se circunscribi\u00f3 a determinar, si el legislador al establecer el car\u00e1cter reservado de la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica que el servicio geol\u00f3gico colombiano genera a partir de la declaratoria de las \u00e1reas estrat\u00e9gicas mineras, contrar\u00eda el libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica establecido en el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable para garantizar el derecho de los interesados a participar en las decisiones que les conciernen en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n del ambiente sano y de los recursos naturales. El an\u00e1lisis de la Corte parti\u00f3 de uno de los elementos b\u00e1sicos de la democracia participativa, cual es, el derecho de todas las personas de acceder a los documentos p\u00fablicos, como una de las formas de garantizar un efectivo control social sobre la gesti\u00f3n p\u00fablica en sus diversos \u00f3rdenes. La regla general es la del libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la excepci\u00f3n, la reserva de la informaci\u00f3n, por disposici\u00f3n legal. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, toda reserva a la informaci\u00f3n p\u00fablica debe satisfacer tres condiciones, a saber: (i) solo puede ser establecida por la ley; (ii) las excepciones se supeditan a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) deben ser temporales, por lo cual, la ley debe fijar un plazo despu\u00e9s del cual, los documentos pasan al dominio p\u00fablico. El inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 20 de la Ley 1753 de 2015 sustra\u00eda de la regla general de acceso libre a documentos p\u00fablicos la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica, obtenida a partir de la declaratoria de un \u00e1rea de reserva minera estrat\u00e9gica. Dispuso que esta reserva se mantendr\u00eda por el t\u00e9rmino que se declarara la zona como \u00e1rea de reserva minera o hasta que la autoridad minera diera a conocer los procesos de selecci\u00f3n objetiva para los contratos de concesi\u00f3n. La Corte encontr\u00f3 que su finalidad, en t\u00e9rminos generales, era la planificaci\u00f3n del desarrollo minero energ\u00e9tico y de manera especial, la protecci\u00f3n de los minerales de inter\u00e9s estrat\u00e9gico para el pa\u00eds. Al mismo tiempo, estableci\u00f3 que esa reserva era id\u00f3nea para el fin que se propon\u00eda al sustraer efectivamente del conocimiento p\u00fablico, la informaci\u00f3n relacionada con la determinaci\u00f3n de un \u00e1rea de reserva estrat\u00e9gica minera." <\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n

<\/p>\n

Inciso segundo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. "La Corte consider\u00f3 que el art\u00edculo 50 de la Ley 1753 de 2015, al permitir que se realice la compensaci\u00f3n directamente sin acudir al procedimiento de expropiaci\u00f3n, impide que los destinatarios de la norma ejerzan las garant\u00edas del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en igualdad de condiciones con otros grupos sociales. Adicionalmente, la norma vulnera el derecho fundamental a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas del conflicto armado. Para llegar a esta conclusi\u00f3n efectu\u00f3 un test integrado de razonabilidad. Con fundamento en el test concluy\u00f3 que el objetivo de la medida es leg\u00edtimo, pues busca hacer m\u00e1s expedita la realizaci\u00f3n de los proyectos de inter\u00e9s p\u00fablico y estrat\u00e9gico. Es adecuada, pues efectivamente la compensaci\u00f3n resulta m\u00e1s expedita que la expropiaci\u00f3n. Sin embargo, restringe de manera desproporcionada el derecho a la restituci\u00f3n, que se desprende de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, interpretados a la luz de los Principios Pinheiro y Deng, que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, a la luz de la jurisprudencia constitucional en la materia"<\/i>.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font> <\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015*<\/b><\/p>\n

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<\/font> <\/p>\n

La inclusi\u00f3n del predio en los PINE se entender\u00e1 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 72\u00b0 de la Ley 1448 de 2011 como una imposibilidad jur\u00eddica para la restituci\u00f3n que impondr\u00e1 al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas la obligaci\u00f3n de compensar a las v\u00edctimas con un predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos en el art\u00edculo 98\u00b0 de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios . Sin embargo, en estos casos, el pago de la compensaci\u00f3n se realizar\u00e1 con cargo a los recursos que se consignen en el dep\u00f3sito judicial efectuado por la entidad propietaria con cargo al proyecto, en virtud del proceso de expropiaci\u00f3n.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Par\u00e1grafo declarado INEXEQUIBLE*<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font><\/p>\n\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

<\/font><\/p>\n

\n

L<\/font>a Corte Constitucional declarado ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035-16, mediante Sentencia C-221-16<\/a><\/b>, Mayo 4 de 2016, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas R\u00edos. "<\/i><\/font>Establecida la existencia de cosa juzgada constitucional, respecto de los mismos cargos formulados en esta oportunidad contra el art\u00edculo 108 de la Ley 1450 de 2011 y el art\u00edculo 20 de la Ley 1753 de 2015, en lo concerniente a la vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda territorial, as\u00ed como en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 50 de la misma ley, el problema jur\u00eddico que la Corte deb\u00eda dilucidar en el presente caso, se circunscribi\u00f3 a determinar, si el legislador al establecer el car\u00e1cter reservado de la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica que el servicio geol\u00f3gico colombiano genera a partir de la declaratoria de las \u00e1reas estrat\u00e9gicas mineras, contrar\u00eda el libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica establecido en el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable para garantizar el derecho de los interesados a participar en las decisiones que les conciernen en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n del ambiente sano y de los recursos naturales. El an\u00e1lisis de la Corte parti\u00f3 de uno de los elementos b\u00e1sicos de la democracia participativa, cual es, el derecho de todas las personas de acceder a los documentos p\u00fablicos, como una de las formas de garantizar un efectivo control social sobre la gesti\u00f3n p\u00fablica en sus diversos \u00f3rdenes. La regla general es la del libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la excepci\u00f3n, la reserva de la informaci\u00f3n, por disposici\u00f3n legal. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, toda reserva a la informaci\u00f3n p\u00fablica debe satisfacer tres condiciones, a saber: (i) solo puede ser establecida por la ley; (ii) las excepciones se supeditan a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) deben ser temporales, por lo cual, la ley debe fijar un plazo despu\u00e9s del cual, los documentos pasan al dominio p\u00fablico. El inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 20 de la Ley 1753 de 2015 sustra\u00eda de la regla general de acceso libre a documentos p\u00fablicos la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, geoqu\u00edmica y geof\u00edsica, obtenida a partir de la declaratoria de un \u00e1rea de reserva minera estrat\u00e9gica. Dispuso que esta reserva se mantendr\u00eda por el t\u00e9rmino que se declarara la zona como \u00e1rea de reserva minera o hasta que la autoridad minera diera a conocer los procesos de selecci\u00f3n objetiva para los contratos de concesi\u00f3n. La Corte encontr\u00f3 que su finalidad, en t\u00e9rminos generales, era la planificaci\u00f3n del desarrollo minero energ\u00e9tico y de manera especial, la protecci\u00f3n de los minerales de inter\u00e9s estrat\u00e9gico para el pa\u00eds. Al mismo tiempo, estableci\u00f3 que esa reserva era id\u00f3nea para el fin que se propon\u00eda al sustraer efectivamente del conocimiento p\u00fablico, la informaci\u00f3n relacionada con la determinaci\u00f3n de un \u00e1rea de reserva estrat\u00e9gica minera." <\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n

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Par\u00e1grafo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. "La Corte consider\u00f3 que el art\u00edculo 50 de la Ley 1753 de 2015, al permitir que se realice la compensaci\u00f3n directamente sin acudir al procedimiento de expropiaci\u00f3n, impide que los destinatarios de la norma ejerzan las garant\u00edas del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en igualdad de condiciones con otros grupos sociales. Adicionalmente, la norma vulnera el derecho fundamental a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas del conflicto armado. Para llegar a esta conclusi\u00f3n efectu\u00f3 un test integrado de razonabilidad. Con fundamento en el test concluy\u00f3 que el objetivo de la medida es leg\u00edtimo, pues busca hacer m\u00e1s expedita la realizaci\u00f3n de los proyectos de inter\u00e9s p\u00fablico y estrat\u00e9gico. Es adecuada, pues efectivamente la compensaci\u00f3n resulta m\u00e1s expedita que la expropiaci\u00f3n. Sin embargo, restringe de manera desproporcionada el derecho a la restituci\u00f3n, que se desprende de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, interpretados a la luz de los Principios Pinheiro y Deng, que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, a la luz de la jurisprudencia constitucional en la materia"<\/i>.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015*<\/b><\/p>\n

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 <\/p>\n

<\/font> <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Las disposiciones previstas en este art\u00edculo se podr\u00e1n aplicar a los proyectos que antes de la promulgaci\u00f3n de esta ley hubiesen sido declarados como Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 51<\/a><\/b>. Licencias y permisos ambientales para Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE).<\/b> *INEXEQUIBLE*<\/b><\/i><\/font><\/p>\n

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 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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Art\u00edculo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. "<\/i><\/font>La Corte declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 51 por vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda de las corporaciones aut\u00f3nomas regionales y porque someterlas a un r\u00e9gimen de licenciamiento expedito implica un desconocimiento del deber de protecci\u00f3n del medio ambiente en lo territorial. Sostuvo que si bien la Constituci\u00f3n no atribuye funciones expl\u00edcitas a las corporaciones aut\u00f3nomas regionales, las entidades ambientales regionales, excluirlas de la competencia para conocer de las licencias ambientales en proyectos de inter\u00e9s nacional y estrat\u00e9gico desconoce el r\u00e9gimen de su autonom\u00eda. Hist\u00f3ricamente, la ley ha ido despojando a estas corporaciones de sus funciones, en detrimento de la autonom\u00eda de tales entidades para proteger el medio ambiente en el \u00e1mbito regional. Ello desconoce los principios de gradaci\u00f3n normativa y de rigor subsidiario, que articulan la descentralizaci\u00f3n territorial<\/font><\/i>"<\/i><\/font>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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 <\/p>\n

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*Texto original de la Ley 1753 de 2015*<\/b><\/p>\n

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Art\u00edculo 51<\/b>. Licencias y permisos ambientales para Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE).<\/b> La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tramitar\u00e1 de manera integral y exclusiva los permisos y licencias ambientales requeridos en la ejecuci\u00f3n de los Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE).<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

Par\u00e1grafo. Los responsables de los proyectos que hayan sido validados como Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE) podr\u00e1n desistir de los tr\u00e1mites ambientales en curso e iniciarlos nuevamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 52.<\/a> Servidumbre en Proyectos de Inter\u00e9s Nacional y Estrat\u00e9gicos (PINE).<\/b> Adici\u00f3nese el art\u00edculo 32A<\/a><\/b> a la Ley 56 de 1981<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 32A.<\/b> El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 el procedimiento para la imposici\u00f3n de servidumbres requeridas para el desarrollo de proyectos de generaci\u00f3n y trasmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que hayan sido calificados de inter\u00e9s nacional y estrat\u00e9gico por la Comisi\u00f3n Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estrat\u00e9gicos (CIIPE)."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

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Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados seg\u00fan la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 53. <\/a><\/b>Pr\u00f3rrogas de concesiones mineras. Como m\u00ednimo dos (2) a\u00f1os antes de vencerse el per\u00edodo de explotaci\u00f3n y encontr\u00e1ndose a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del contrato, el concesionario podr\u00e1 solicitar la pr\u00f3rroga del mismo hasta por treinta (30) a\u00f1os, la cual no ser\u00e1 autom\u00e1tica.<\/font><\/p>\n


Presentada la solicitud, la Autoridad Minera Nacional determinar\u00e1 si concede o no la pr\u00f3rroga, para lo cual realizar\u00e1 una evaluaci\u00f3n del costo beneficio donde se establecer\u00e1 la conveniencia de la misma para los intereses del Estado, teniendo en cuenta los criterios que establezca el Gobierno Nacional seg\u00fan la clasificaci\u00f3n de la miner\u00eda.<\/font><\/p>\n


En caso de solicitarse por parte de un titular minero la pr\u00f3rroga de un contrato de concesi\u00f3n, podr\u00e1 exigirse por la Autoridad Minera Nacional nuevas condiciones frente a los contratos y pactar contraprestaciones adicionales a las regal\u00edas.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Los beneficiarios de licencias de explotaci\u00f3n que hayan optado por la pr\u00f3rroga de este t\u00edtulo minero y los beneficiarios de contratos mineros de peque\u00f1a miner\u00eda celebrados en \u00e1reas de aporte, tendr\u00e1n derecho de preferencia para obtener nuevamente el \u00e1rea objeto del respectivo t\u00edtulo minero mediante contrato de concesi\u00f3n en los t\u00e9rminos y condiciones establecidos en el inciso segundo de este art\u00edculo. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por la ley para las zonas de exclusi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Lo anterior siempre y cuando acredite estar al d\u00eda con todas sus obligaciones y alleguen los estudios t\u00e9cnicos que fundamenten la viabilidad de continuar con las actividades de explotaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. En todos los contratos de concesi\u00f3n minera podr\u00e1n solicitarse pr\u00f3rrogas de la etapa de exploraci\u00f3n por periodos de dos (2) a\u00f1os cada una, hasta por un t\u00e9rmino total de once (11) a\u00f1os, para lo cual el concesionario deber\u00e1 sustentar las razones t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas respectivas, el cumplimiento de la normatividad minero-ambiental, describir y demostrar los trabajos de exploraci\u00f3n ejecutados y los que faltan por realizar especificando su duraci\u00f3n, las inversiones a efectuar y demostrar que se encuentra al d\u00eda en las obligaciones de pago del canon superficiario y que mantiene vigente la p\u00f3liza Minero-Ambiental.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 54.<\/a> Concesiones para uso del recurso h\u00eddrico.<\/b> Adici\u00f3nese un par\u00e1grafo al art\u00edculo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974<\/a><\/b>, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo. En caso de ser viable el otorgamiento de una concesi\u00f3n de agua para el uso del recurso h\u00eddrico con destino a la operaci\u00f3n de plantas de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica ser\u00e1n otorgadas por periodos m\u00ednimos de veinte a\u00f1os y hasta cincuenta a\u00f1os. Cuando haya lugar a otorgar pr\u00f3rrogas a estas concesiones, las mismas ser\u00e1n otorgadas por periodos m\u00ednimos de veinte (20) a\u00f1os, sin superar la vida econ\u00f3mica de los proyectos de generaci\u00f3n. Dichas pr\u00f3rrogas deber\u00e1n tramitarse dentro de los dos (2) \u00faltimos a\u00f1os de la concesi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento, vigilancia y control que efect\u00faen dichas autoridades a las concesiones otorgadas y\/o sus pr\u00f3rrogas."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

CAP\u00cdTULO II <\/b>
MOVILIDAD SOCIAL <\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 55. <\/a>Obligatoriedad de la educaci\u00f3n media.<\/b> La educaci\u00f3n media ser\u00e1 obligatoria, para lo cual el Estado adelantar\u00e1 las acciones tendientes a asegurar la cobertura hasta el grado once (11) en todos los establecimientos educativos. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional definir\u00e1 los mecanismos para hacer exigible la atenci\u00f3n hasta el grado once (11). de manera progresiva, en todos los establecimientos educativos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo.<\/font> <\/i><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> El Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas en educaci\u00f3n, dise\u00f1ar\u00e1n planes para la implementaci\u00f3n de la universalidad de la educaci\u00f3n media, de forma gradual, en un plazo que no supere al a\u00f1o 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. En el proceso de dise\u00f1o, las facultades de educaci\u00f3n del pa\u00eds y las juntas de asociaci\u00f3n de padres de familia podr\u00e1n ser consultadas.<\/font><\/i><\/p>\n


Art\u00edculo 56. <\/a>Educaci\u00f3n inicial. <\/b>La educaci\u00f3n inicial es un derecho de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as menores de cinco (5) a\u00f1os de edad.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 su articulaci\u00f3n con el servicio educativo en el marco de la Atenci\u00f3n Integral, considerando como m\u00ednimo los siguientes aspectos:<\/font><\/p>\n


a) El desarrollo del Sistema de Gesti\u00f3n de la Calidad.<\/font><\/p>\n


b) La definici\u00f3n del Proceso de tr\u00e1nsito de la educaci\u00f3n inicial al grado de preescolar en el Sistema educativo Nacional.<\/font><\/p>\n


c) Los referentes t\u00e9cnicos y pedag\u00f3gicos de la educaci\u00f3n inicial.<\/font><\/p>\n


d) El desarrollo del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia.<\/font><\/p>\n


e) Los procesos para la excelencia del talento humano.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Para su reglamentaci\u00f3n, la educaci\u00f3n inicial se entender\u00e1 como un proceso educativo y pedag\u00f3gico intencional, permanente y estructurado, a trav\u00e9s del cual los ni\u00f1os y las ni\u00f1as desarrollan su potencial, capacidades y habilidades por medio del juego, el arte, la literatura y la exploraci\u00f3n del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Los ni\u00f1os y ni\u00f1as entre los 5 y 6 a\u00f1os tienen el derecho a ingresar al grado obligatorio de transici\u00f3n, el cual para los casos en que sea ofrecido p r instituciones educativas estatales se sujetar\u00e1 a las reglas que establece la Ley 715 de 2001 o la norma que lo modifique o sustituya.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. Los referentes t\u00e9cnicos pedag\u00f3gicos deber\u00e1n contener est\u00e1ndares de inclusi\u00f3n y accesibilidad dando cumplimiento al art\u00edculo 11 0 de la Ley 1618 de 2013 y acorde al art\u00edculo 240 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 57. <\/a>Jornadas en los establecimientos educativos.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 85\u00b0 de la Ley 115 de 1994<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 85. Jornadas en los establecimientos educativos.<\/b> El servicio p\u00fablico educativo se prestar\u00e1 en las instituciones educativas en jornada \u00fanica, la cual se define para todos los efectos, como la jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que forman parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el receso durante al menos siete (7) horas al d\u00eda. Trat\u00e1ndose de preescolar el tiempo dedicado al plan de estudios ser\u00e1 al menos de seis (6) horas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Las secretar\u00edas de educaci\u00f3n implementar\u00e1n los mecanismos para asegurar que los establecimientos educativos entreguen, dentro de sus informes peri\u00f3dicos de evaluaci\u00f3n, la relaci\u00f3n del total de horas efectivas desarrolladas en cada una de las \u00e1reas obligatorias y fundamentales, establecidas por la Ley General de Educaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Excepcionalmente, cuando las limitaciones del servicio educativo impidan el desarrollo de la jornada \u00fanica, podr\u00e1n ofrecerse dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administraci\u00f3n. La jornada escolar nocturna se destinar\u00e1, preferentemente, a la educaci\u00f3n de adultos de que trata el T\u00edtulo 111 de la presente ley.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. <\/i><\/font><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336. <\/font><\/b>El Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas en educaci\u00f3n, dise\u00f1ar\u00e1n planes para la implementaci\u00f3n, de forma gradual, de la jornada \u00fanica en un plazo que no supere al a\u00f1o 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. En el proceso de dise\u00f1o, las facultades de educaci\u00f3n del pa\u00eds, las juntas de asociaci\u00f3n de padres de familias y los docentes podr\u00e1n ser consultados."<\/font><\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 58.<\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336. <\/font><\/b>Sistemas Nacionales de Educaci\u00f3n.<\/b> Cr\u00e9ese el Sistema Nacional de Educaci\u00f3n Terciaria (SNET), conformado por toda aquella educaci\u00f3n o formaci\u00f3n posterior a la educaci\u00f3n media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de complejidad y especializaci\u00f3n. La construcci\u00f3n de este sistema no modifica lo dispuesto por el art\u00edculo 16\u00b0 de la Ley 30 de 1992 y el art\u00edculo 213 de la Ley 115 de 1994.<\/font><\/i><\/p>\n


Cr\u00e9ese el Sistema Nacional de Calidad de la Educaci\u00f3n Terciaria (SISNACET), como instancia de integraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de los organismos, estrategias e instrumentos de educaci\u00f3n terciaria, cuyo objeto es asegurar y promover la calidad de la misma.<\/font><\/i><\/p>\n


Cr\u00e9ese el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como un instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas.<\/font><\/i><\/p>\n


Cr\u00e9ese el Sistema Nacional de Acumulaci\u00f3n y Transferencia de Cr\u00e9ditos (SNATC) con la finalidad de afianzar los procesos de aseguramiento de la calidad, acompa\u00f1ar la implementaci\u00f3n del Marco Nacional de Cualificaciones, flexibilizar la oferta educativa, lograr la integraci\u00f3n entre los diferentes tipos de educaci\u00f3n (formal y para el trabajo y el desarrollo humano), generar integraci\u00f3n entre los diferentes niveles (b\u00e1sica primaria, b\u00e1sica secundaria, media, educaci\u00f3n para el trabajo y el desarrollo humano, y superior), mejorar las capacidades para enfrentar las pruebas nacionales e internacionales y afianzar las relaciones entre el sector educativo y el sector productivo.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Las mallas de equivalencias ser\u00e1n el instrumento que permita el tr\u00e1nsito entre instituciones y niveles educativos en el SNATC. La transparencia de las equivalencias del SNATC depender\u00e1 de la concentraci\u00f3n de la informaci\u00f3n desde un \u00fanico sistema de informaci\u00f3n, accesible a todos los ciudadanos y que garantice la superaci\u00f3n de la ambig\u00fcedad y parcialidad en los datos existentes.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, construir\u00e1 y reglamentar\u00e1 el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el Sistema Nacional de Acumulaci\u00f3n y Transferencia de Cr\u00e9ditos (SNATC), y el Sistema Nacional de Calidad de la Educaci\u00f3n Terciaria. El MNC y el SNATC se implementar\u00e1n de manera paralela, y con integraci\u00f3n a los Sistemas de Informaci\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, presentar\u00e1 cada dos (2) a\u00f1os a las Comisiones Sextas del Congreso de la Rep\u00fablica un informe sobre los diferentes avances y logros del Sistema Nacional de Educaci\u00f3n Terciaria (SNET), del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), del Sistema Nacional de Calidad de la Educaci\u00f3n Terciaria (SISNACET) y del Sistema Nacional de Acumulaci\u00f3n y Transferencia de Cr\u00e9ditos (SNATC).<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 59.<\/a> Modificado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 184. Fondo de financiamiento de la infraestructura educativa.<\/b> El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura es una cuenta especial del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional sin personer\u00eda jur\u00eddica, cuyo objeto es la viabilizaci\u00f3n y financiaci\u00f3n de proyectos para la construcci\u00f3n, mejoramiento, adecuaci\u00f3n, ampliaciones y dotaci\u00f3n de infraestructura educativa f\u00edsica y digital de car\u00e1cter p\u00fablico en educaci\u00f3n inicial, preescolar, educaci\u00f3n b\u00e1sica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, as\u00ed como los contratos de interventor\u00eda asociados a tales proyectos.<\/p>\n

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumir\u00e1n los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operaci\u00f3n del fondo.<\/p>\n

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ser\u00e1 administrado por una junta cuya estructura y funcionamiento ser\u00e1n definidos por el Gobierno nacional.<\/p>\n

Los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para educaci\u00f3n inicial, preescolar, b\u00e1sica y media provendr\u00e1n de las siguientes fuentes:<\/p>\n

a) Los provenientes del recaudo establecido en el art\u00edculo 11 de la Ley 21 de 1982, destinados al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.<\/p>\n

b) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y est\u00e9n contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo.<\/p>\n

c) Los rendimientos financieros derivados de la inversi\u00f3n de sus recursos.<\/p>\n

As\u00ed mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a trav\u00e9s del Fondo podr\u00e1n contar con recursos provenientes de:<\/p>\n

d) El Sistema General de Regal\u00edas destinados a proyectos espec\u00edficos de infraestructura educativa, para los casos en que el OCAD designe al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional como ejecutor de los mismos.<\/p>\n

e) Los recursos de cooperaci\u00f3n internacional o cooperaci\u00f3n de privados que este gestione o se gestionen a su favor.<\/p>\n

f) Aportes de los departamentos, distritos y municipios y de esquemas asociativos territoriales: regiones administrativas y de planificaci\u00f3n, las regiones de planeaci\u00f3n y gesti\u00f3n, las asociaciones de departamentos, las \u00e1reas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificaci\u00f3n, las asociaciones de municipio y la Regi\u00f3n Administrativa de Planificaci\u00f3n Especial (RAPE).<\/p>\n

g) Participaci\u00f3n del sector privado mediante proyectos de Asociaciones P\u00fablico- Privadas.<\/p>\n

h) Obras por impuestos.<\/p>\n

En caso de que un proyecto priorizado por la Junta Administradora involucre cualquiera de los recursos de que tratan los literales d), e), f), g) y h) del presente art\u00edculo, con cargo al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se podr\u00e1n constituir patrimonios aut\u00f3nomos que se regir\u00e1n por normas de derecho privado en donde podr\u00e1n confluir todas las fuentes de recursos con las que cuenten los proyectos. Dichos Patrimonios Aut\u00f3nomos, podr\u00e1n celebrar operaciones de cr\u00e9dito interno o externo a su nombre, para lo cual la Naci\u00f3n podr\u00e1 otorgar los avales o garant\u00edas correspondientes.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. Todo proyecto sufragado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa deber\u00e1 contemplar obligatoriamente los ajustes razonables para acceso a la poblaci\u00f3n con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de 2013 o la que la modifique o sustituya.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional dise\u00f1ar\u00e1 mecanismos para fortalecer la gesti\u00f3n y gobernanza del Fondo, incluyendo la participaci\u00f3n de representantes de entidades territoriales en la Junta Directiva; mejorar la coordinaci\u00f3n y articulaci\u00f3n con los territorios; definir criterios de priorizaci\u00f3n para la estructuraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de proyectos, con \u00e9nfasis en iniciativas de zonas rurales dispersas y propender por un sistema adecuado de rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 3\u00b0. El Fondo levantar\u00e1 la informaci\u00f3n y elaborar\u00e1 el diagn\u00f3stico de la infraestructura educativa a nivel nacional.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 4\u00b0. El r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa estar\u00e1 orientado por los principios que rigen la contrataci\u00f3n p\u00fablica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupci\u00f3n. La selecci\u00f3n de sus contratistas estar\u00e1 precedida de procesos competitivos, regidos por los est\u00e1ndares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deber\u00e1n incorporar condiciones tipo, as\u00ed como elementos para evitar la concentraci\u00f3n de proveedores y para promover la participaci\u00f3n de contratistas locales. Los procesos de contrataci\u00f3n deber\u00e1n tener especial acompa\u00f1amiento de los \u00f3rganos de control.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Art\u00edculo <\/font><\/b>Modificado por laLEY 1955 DE 2019<\/a>, art\u00edculo 184. <\/b><\/font>por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original  Art\u00edculo 59.<\/a> Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, b\u00e1sica y media. <\/b>Cr\u00e9ase el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Pre-escolar, b\u00e1sica y media, sin personer\u00eda jur\u00eddica, como una cuenta especial del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.<\/font><\/p>\n


Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Pre-escolar, b\u00e1sica y media, se asumir\u00e1n los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operaci\u00f3n del fondo, y cualquier otro contrato que se requiera para la estructuraci\u00f3n, desarrollo e implementaci\u00f3n de esquemas necesarios para lograr la ejecuci\u00f3n de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.<\/font><\/p>\n


El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ser\u00e1 administrado por una Junta cuya estructura y funcionamiento ser\u00e1 definida por el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


Los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, b\u00e1sica y media provendr\u00e1n de las siguientes fuentes :<\/font><\/p>\n


a) Los recursos provenientes del recaudo establecido en el art\u00edculo 11\u00b0 de la Ley 21 de 1982, destinados al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

b) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y est\u00e9n contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo.<\/font><\/p>\n


c) Los rendimientos financieros derivados de la inversi\u00f3n de sus recursos.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a trav\u00e9s del Fondo, podr\u00e1n contar con recursos provenientes de:<\/font><\/p>\n


d) El Sistema General de Regal\u00edas destinados a la infraestructura educativa, en los casos en que el OCAD designe al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional como ejecutor de los mismos.<\/font><\/p>\n


e) Los recursos de cooperaci\u00f3n internacional o cooperaci\u00f3n de privados que \u00e9ste gestione o se gestionen a su favor.<\/font><\/p>\n


f) Aportes de los Departamentos, Distritos y Municipios.<\/font><\/p>\n


g) Participaci\u00f3n del sector privado mediante proyectos de Asociaciones P\u00fablico Privadas.<\/font><\/p>\n


h) Excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educaci\u00f3n de las entidades territoriales certificadas en las vigencias anteriores, una vez garantizados los recursos para: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

l) saneamiento de deudas, incluyendo las deudas laborales, que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo siempre que tengan amparo constitucional y legal y est\u00e9n certificadas por el Ministerio de Educaci\u00f3n y la prestaci\u00f3n del servicio educativo; y, 2) el pago de n\u00f3mina y contrataci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio educativo de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 27 de la Ley 715 de 2001 y las normas reglamentarias correspondientes.<\/font><\/p>\n


En caso de que un proyecto priorizado por la Junta Administradora involucre cualquiera de los recursos de que tratan los literales d), e), D, g) y h) del presente art\u00edculo, con cargo al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se podr\u00e1n constituir patrimonios aut\u00f3nomos que se regir\u00e1n por normas de derecho privado en donde podr\u00e1n confluir todas las fuentes de recursos con las que cuenten los proyectos. Dichos Patrimonios Aut\u00f3nomos, podr\u00e1n celebrar operaciones de cr\u00e9dito interno o externo a su nombre, para lo cual la Naci\u00f3n podr\u00e1 otorgar los avales o garant\u00edas correspondientes.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Todo proyecto sufragado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa deber\u00e1 contemplar obligatoriamente los ajustes razonables para acceso a la poblaci\u00f3n con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de 2013.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Art\u00edculo 60.<\/b> <\/a> <\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Programa para el est\u00edmulo a la calidad educativa y la implementaci\u00f3n de la jornada \u00fanica. Cr\u00e9ase el programa para la implementaci\u00f3n de la jornada \u00fanica y el mejoramiento de la calidad de la educaci\u00f3n b\u00e1sica y media, el cual se constituir\u00e1 como un fondo cuenta de la Naci\u00f3n, adscrito al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional reglamentar\u00e1 la implementaci\u00f3n del programa, en coordinaci\u00f3n con el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, podr\u00e1 utilizar los recursos de este programa para otorgar est\u00edmulos a las entidades territoriales certificadas en educaci\u00f3n y a los establecimientos educativos, para el mejoramiento de la calidad de la educaci\u00f3n b\u00e1sica y media y los procesos de capacitaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de docentes. Los est\u00edmulos se otorgar\u00e1n de conformidad con lo establecido en los acuerdos de desempe\u00f1o firmados entre la respectiva entidad territorial y\/o el establecimiento educativo y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional Adicionalmente con cargo a los recursos de este programa, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional transferir\u00e1 recursos a las entidades territoriales certificadas en educaci\u00f3n, para la implementaci\u00f3n de la Jornada \u00danica de conformidad con lo establecido en los acuerdos que al efecto se suscriban.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El otorgamiento de est\u00edmulos a la calidad educativa s\u00f3lo se podr\u00e1 hacer con fundamento en las mejoras que registren los establecimientos educativos, medidas de acuerdo con el \u00edndice de calidad que defina el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el cual se construir\u00e1 a partir de los resultados de las pruebas administradas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educaci\u00f3n Superior (Iefes) y de los sistemas de informaci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 61. Focalizaci\u00f3n de subsidios a los cr\u00e9ditos del <\/font>Icetex<\/font><\/b>. Los beneficiarios de cr\u00e9ditos de educaci\u00f3n superior que se encuentren en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisb\u00e9n, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, y que terminen su programa, solo pagar\u00e1n el capital prestado durante su periodo de estudios, m\u00e1s la inflaci\u00f3n causada de acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE), correspondientes al periodo de amortizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

El Gobierno nacional propender\u00e1 por un aumento de cobertura de los cr\u00e9ditos del Icetex entre la poblaci\u00f3n no focalizada por el subsidio con el objeto de ampliar el otorgamiento de cr\u00e9ditos. El Icetex podr\u00e1 ofrecer opciones de cr\u00e9dito sin amortizaciones durante el periodo de estudios, sin exigencia de colaterales, que podr\u00e1 incluir apoyos de sostenimiento diferenciales por el municipio o distrito de origen del beneficiario, y que cubran la totalidad de costos del programa de estudios. El Icetex garantizar\u00e1 acceso preferente a estos beneficios para quienes est\u00e9n matriculados en programas o instituciones con acreditaci\u00f3n de alta calidad.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Asimismo, con el prop\u00f3sito de incentivar la permanencia y calidad, se conceder\u00e1 una condonaci\u00f3n de la deuda de los cr\u00e9ditos de Educaci\u00f3n Superior otorgados a trav\u00e9s del Icetex, de acuerdo con lo que reglamente el Gobierno nacional, a las personas que cumplan los siguientes requisitos:<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

1. Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisb\u00e9n, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, al momento del otorgamiento del cr\u00e9dito.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

2. Que los resultados de las pruebas Saber Pro est\u00e9n ubicados en el decil superior en su respectiva \u00e1rea.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

3. Haber terminado su programa educativo en el periodo se\u00f1alado para el mismo.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

La Naci\u00f3n garantizar\u00e1 y destinar\u00e1 al Icetex los recursos requeridos para compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Los cr\u00e9ditos y becas otorgados por el Icetex, estar\u00e1n destinados a financiar programas en instituciones de Educaci\u00f3n Superior que cuenten con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional o quien haga sus veces, como prestadoras del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n superior.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. Los cr\u00e9ditos de educaci\u00f3n superior otorgados a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuar\u00e1n con las mismas condiciones que obtuvieron al momento de su otorgamiento.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. Las tasas de inter\u00e9s que aplica el Icetex deber\u00e1n estar siempre por debajo de las tasas de inter\u00e9s comerciales para cr\u00e9ditos educativos o de libre inversi\u00f3n que ofrezca el mercado. Los m\u00e1rgenes que se establezcan no podr\u00e1n obedecer a fines de lucro y tendr\u00e1n por objeto garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera del sistema de cr\u00e9ditos e incentivos que ofrece el Icetex.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas de Vigencia*<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Modificado por la Ley 1911 de 2018<\/a><\/b>, publicado en el Diario Oficial N\u00b0 50.649,  Lunes, 9 de julio de 2018, "<\/i>Por medio de la cual se crea la contribuci\u00f3n solidaria a la educaci\u00f3n superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias para lograr la financiaci\u00f3n sostenible de la educaci\u00f3n superior."<\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto original Ley 1753 de 2015*<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Art\u00edculo 61<\/a>. Focalizaci\u00f3n de subsidios a los cr\u00e9ditos del Icetex.<\/b> Los beneficiarios de cr\u00e9ditos de educaci\u00f3n superior que se encuentren en los estratos 1, 2, Y3, priorizados en el Sisb\u00e9n, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, y que terminen su programa, s\u00f3lo pagar\u00e1n el capital prestado durante su per\u00edodo de estudios, m\u00e1s la inflaci\u00f3n causada de acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE), correspondientes al periodo de amortizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional propender\u00e1 por un aumento de cobertura de los cr\u00e9ditos del Icetex entre la poblaci\u00f3n no focalizada por el subsidio con el objeto de ampliar el otorgamiento de cr\u00e9ditos. El Icetex podr\u00e1 ofrecer opciones de cr\u00e9dito sin amortizaciones durante el periodo de estudios, sin exigencia de colaterales, que podr\u00e1 incluir apoyos de sostenimiento diferenciales por el municipio o distrito de origen del beneficiario, y que cubran la totalidad de costos del programa de estudios. El Icetex garantizar\u00e1 acceso preferente a estos beneficios para quienes est\u00e9n matriculados en programas o instituciones con acreditaci\u00f3n de alta calidad.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Asimismo, con el prop\u00f3sito de incentivar la permanencia y calidad, se conceder\u00e1 una condonaci\u00f3n de la deuda de los cr\u00e9ditos de Educaci\u00f3n Superior otorgados a trav\u00e9s del Icetex, de acuerdo con lo que reglamente el Gobierno Nacional, a las personas que cumplan los siguientes requisitos:<\/font><\/p>\n


1. Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisb\u00e9n, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educaci\u00f3n nacional, al momento del otorgamiento del cr\u00e9dito.<\/font><\/p>\n


2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO est\u00e9n ubicados en el decil superior en su respectiva \u00e1rea. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

3. Haber terminado su programa educativo en el periodo se\u00f1alado para el mismo.<\/font><\/p>\n


La Naci\u00f3n garantizar\u00e1 y destinar\u00e1 al Icetex los recursos requeridos para compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.<\/font><\/p>\n


Desde 2018 los cr\u00e9ditos y becas financiados por el Icetex estar\u00e1n destinados \u00fanicamente a financiar programas que cuenten con acreditaci\u00f3n o en su defecto programas en instituciones de educaci\u00f3n acreditadas institucionalmente.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Los cr\u00e9ditos de educaci\u00f3n superior otorgados a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuar\u00e1n con las mismas condiciones que obtuvieron al momento de su otorgamiento.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Las tasas de inter\u00e9s que aplica el Icetex deber\u00e1n estar siempre por debajo de las tasas de inter\u00e9s comerciales para cr\u00e9ditos educativos o de libre inversi\u00f3n que ofrezca el mercado. Los m\u00e1rgenes que se establezcan no podr\u00e1n obedecer a fines de lucro y tendr\u00e1n por objeto garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera del sistema de cr\u00e9ditos e incentivos que ofrece el Icetex.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 62. <\/a>Convalidaci\u00f3n de t\u00edtulos en educaci\u00f3n superior.<\/b> El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional establecer\u00e1, mediante un reglamento espec\u00edfico, el procedimiento de convalidaci\u00f3n de t\u00edtulos extranjeros de acuerdo con los criterios legalmente establecidos, y seg\u00fan los acuerdos internacionales que existan al respecto.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional contar\u00e1 con dos (2) meses para resolver las solicitudes de convalidaci\u00f3n de t\u00edtulos, cuando la instituci\u00f3n que otorg\u00f3 el t\u00edtulo que se somete a convalidaci\u00f3n o el programa acad\u00e9mico que conduce a la expedici\u00f3n del t\u00edtulo a convalidar se encuentren acreditados, o cuenten con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el pa\u00eds de procedencia del t\u00edtulo o a nivel internacional.<\/font><\/p>\n


Las solicitudes de convalidaci\u00f3n de los t\u00edtulos universitarios oficiales, no incluidos en los supuestos del inciso anterior, se resolver\u00e1n en un plazo m\u00e1ximo de cuatro (4) meses.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Los t\u00edtulos otorgados por instituciones de educaci\u00f3n superior, pero no validados por las autoridades de educaci\u00f3n oficiales del pa\u00eds de origen de la instituci\u00f3n y denominados como universitarios no oficiales o propios, otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, no ser\u00e1n objeto de convalidaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00f3lo se convalidar\u00e1n aquellos t\u00edtulos universitarios no oficiales o propios, a los estudiantes que se encuentren matriculados en Programas de Educaci\u00f3n Superior que conduzcan a la obtenci\u00f3n de t\u00edtulos universitarios no oficiales o propios, con anterioridad a la expedici\u00f3n de la presente ley, bajo el criterio exclusivo de evaluaci\u00f3n acad\u00e9mica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo. Las Instituciones Estatales no podr\u00e1n financiar con recursos p\u00fablicos, aquellos estudios de Educaci\u00f3n Superior que conduzcan a la obtenci\u00f3n de t\u00edtulos universitarios no oficiales o propios.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 63.<\/a> Adjudicaci\u00f3n de predios bald\u00edos para la educaci\u00f3n y la primera infancia<\/b>. Las entidades territoriales, el ICBF y las instituciones de educaci\u00f3n superior p\u00fablicas, podr\u00e1n solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), o a la entidad que haga sus veces, la adjudicaci\u00f3n de los inmuebles bald\u00edos donde funcionan establecimientos educativos oficiales, de atenci\u00f3n a primera infancia en modalidad institucional p\u00fablica o instituciones de educaci\u00f3n, superior p\u00fablicas cuando corresponda al momento de expedici\u00f3n de la presente ley.<\/font><\/p>\n


El INCODER podr\u00e1 hacer entrega material anticipada del inmueble en la diligencia de inspecci\u00f3n ocular del predio. A partir de ese momento se podr\u00e1n invertir recursos p\u00fablicos en proyectos de infraestructura sobre estos inmuebles. El desarrollo del proceso administrativo no podr\u00e1 afectar bajo ninguna circunstancia la prestaci\u00f3n del servicio.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 64.<\/a><\/b> Titulaci\u00f3n de la posesi\u00f3n material y saneamiento de t\u00edtulos con falsa tradici\u00f3n sobre inmuebles para la educaci\u00f3n y la primera infancia. Las entidades territoriales, el ICBF y las instituciones de educaci\u00f3n superior p\u00fablicas, podr\u00e1n adquirir el dominio sobre los inmuebles que posean materialmente y donde I operen establecimientos educativos oficiales, de atenci\u00f3n a primera infancia en modalidad institucional p\u00fablica y las instituciones de educaci\u00f3n superior p\u00fablicas seg\u00fan sea el caso, o sanear la falsa tradici\u00f3n de los mismos cuando corresponda, sin importar su valor catastral o comercial, mediante el proceso verbal especial establecido en la Ley 1561 de 2012 y en las leyes que la reformen o modifiquen, el cual se desarrollar\u00e1 en todos los aspectos que le sean aplicables a las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n


En el procedimiento previsto en la Ley 1561 de 2012 y para todos los efectos que I ella prev\u00e9 se aplicar\u00e1n estas reglas:<\/font><\/p>\n


En ejercicio de la competencia que le confieren los art\u00edculos 5 y 9 de la Ley 1561 de 2012 el juez de conocimiento subsanar\u00e1 de oficio la demanda cuando no se haya aportado el plano certificado por la autoridad catastral a que se refiere el literal C del art\u00edculo 11 de la misma ley, siempre y cuando el demandante pruebe que solicit\u00f3 dicho plan certificado y advierta que la entidad competente no dio respuesta a su petici\u00f3n en el plazo fijado por la ley.<\/font><\/p>\n


En el auto admisorio de la demanda, el juez ordenar\u00e1 informar de la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas y al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), para que si lo consideran pertinente, haga las manifestaciones a que hubiere lugar en el \u00e1mbito de sus funciones. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En caso de que las entidades mencionadas en el inciso anterior guarden silencio, el juez continuar\u00e1 el proceso y decidir\u00e1 lo pertinente con las pruebas que hizo valer el demandante en las oportunidades que establezca la ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 65. <\/a>Pol\u00edtica de atenci\u00f3n integral en salud. <\/b>El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, as\u00ed como las dem\u00e1s leyes vigentes, definir\u00e1 la pol\u00edtica en salud que recibir\u00e1 la poblaci\u00f3n residente en el territorio colombiano, la cual ser\u00e1 de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las dem\u00e1s entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones.<\/font><\/p>\n


Para la definici\u00f3n de la pol\u00edtica integral en salud se integrar\u00e1n los siguientes enfoques: i) atenci\u00f3n primaria en salud (APS); ii) salud familiar y comunitaria, iii) articulaci\u00f3n de las actividades individuales y colectivas y iv) enfoque poblacional y diferencial. Dicha atenci\u00f3n tendr\u00e1 en cuenta los componentes relativos a las rutas de atenci\u00f3n para la promoci\u00f3n y mantenimiento de la salud por curso de vida, las rutas de atenci\u00f3n espec\u00edficas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador primario, la operaci\u00f3n en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento humano, en el marco de la Ley 1164 de 2007, articulaci\u00f3n de las intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la definici\u00f3n de requerimientos de informaci\u00f3n para su seguimiento y evaluaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS) realizar\u00e1 la adaptaci\u00f3n de esta pol\u00edtica en los \u00e1mbitos territoriales con poblaci\u00f3n dispersa, rural y urbana diferenciando a los municipios y distritos que tengan m\u00e1s de un mill\u00f3n de habitantes. Para zonas con poblaci\u00f3n dispersa y rural, se podr\u00e1 determinar la existencia de uno o varios aseguradores. Si se trata de un \u00fanico asegurador, el MSPS establecer\u00e1 las condiciones para su selecci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Para la definici\u00f3n de la pol\u00edtica de atenci\u00f3n integral, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social garantizar\u00e1 una amplia participaci\u00f3n de todos los grupos de inter\u00e9s del sector salud: usuarios, prestadores, aseguradores, academia, asociaciones cient\u00edficas, entes territoriales, entre otros.<\/font><\/p>\n

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*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
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Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la Sentencia C-453-16<\/a><\/b>; <\/font>de agosto 24 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. "<\/font>La Corte resolvi\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad formulados contra art\u00edculos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y dos art\u00edculos de la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 2015, con las siguientes conclusiones: En primer lugar, la corporaci\u00f3n consider\u00f3 que no se configuraba el vicio de procedimiento aducido en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015, alusivos al derecho a la salud, a la administraci\u00f3n de sus fondos y a la Superintendencia Nacional de Salud, por la circunstancia de haber sido aprobados en las comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas c\u00e1maras legislativas de forma conjunta y no en la Comisi\u00f3n S\u00e9ptima de cada c\u00e1mara, lo que, en concepto del demandante, infring\u00eda el numeral 2 del art\u00edculo 157 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 3\u00aa de 1992. La Corte observ\u00f3 que las materias reguladas en las disposiciones acusadas no son ajenas a la \u00f3rbita de competencia de las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y C\u00e1mara de Representantes, en la medida en que, si se revisan los temas que en virtud del ordenamiento legal org\u00e1nico, corresponden a esas comisiones, no obstante que aluden al derecho a la salud, tambi\u00e9n regulan temas propios del resorte de tales comisiones, espec\u00edficamente, del Plan Nacional de Desarrollo, que debe debatirse conjuntamente. En segundo lugar, la Corte estableci\u00f3 que los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015 no desconocieron el principio de unidad de materia. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que estas disposiciones se ubican dentro del Cap\u00edtulo Segundo \u201cMovilidad Social\u201d del T\u00edtulo III que se denomina \u201cMecanismos para la Ejecuci\u00f3n del Plan\u201d. Esto indica que se trata de disposiciones instrumentales que guardan conexidad teleol\u00f3gica con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en lo concerniente a la multiplicidad de tareas que en relaci\u00f3n con el derecho a la salud, se les asigna al Ministerio de Salud y a la Naci\u00f3n, entre otras, la mejora en los sistemas de informaci\u00f3n, programas de asistencia t\u00e9cnica y desarrollo de una l\u00ednea de f\u00e1cil acceso a la afiliaci\u00f3n al sistema de salud, lo cual exige una coordinaci\u00f3n y un manejo unificado de los recursos del sistema, como parte de la estrategia de movilidad social, en cuanto se relaciona con la meta de seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, para lo cual se programan una serie de acciones espec\u00edficas que se requieren de la asignaci\u00f3n a un organismo de la Administraci\u00f3n su coordinaci\u00f3n para lograr el objeto \u00faltimo de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Lo anterior, se complementa con la redefinici\u00f3n y simplificaci\u00f3n de los procesos de flujo de los recursos del sistema, con el fin de lograr un recaudo y administraci\u00f3n m\u00e1s eficiente y un control m\u00e1s expedito y transparente de tales recursos. En tercer lugar, la Corte determin\u00f3 que los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero y segundo) de la Ley 1769 de 2015 y el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 no infringen el principio de unidad de materia. Estas normas se ubican en el apartado de las disposiciones generales de la Ley Anual de Presupuesto, de modo que son preceptos orientados a servir de instrumento en la ejecuci\u00f3n del presupuesto. El art\u00edculo 54 incluye en el Presupuesto los excedentes e ingresos corrientes y fija la destinaci\u00f3n de los mismos, cual es, cubrir inicialmente los riesgos de eventos catastr\u00f3ficos y accidentes de tr\u00e1nsito, para posteriormente financiar diversos programas en el \u00e1mbito de la salud p\u00fablica, que se mencionan de manera espec\u00edfica. Para la Corte, la inclusi\u00f3n de una partida presupuestal y su consecuente destinaci\u00f3n guarda una relaci\u00f3n directa con el objeto propio del presupuesto, sin que exista en ese sentido un quebranto de la unidad de materia. En cuanto a los incisos primero y segundo del art\u00edculo 75, la Corte hizo la misma consideraci\u00f3n, puesto que se trata de enunciados que establecen una partida para incluirla en el presupuesto de apropiaciones y las destinan con miras a que se ejecute en un determinado per\u00edodo. De igual modo, el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 destina un monto de dinero para cancelar deudas originadas en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, lo cual corresponde a una norma propia del presupuesto p\u00fablico en la que adem\u00e1s se se\u00f1alan las condiciones que permiten satisfacer deudas con los recursos p\u00fablicos afectados para el caso. Este pronunciamiento se hizo, a pesar de que el art\u00edculo 112 no est\u00e1 hoy vigente, ante la posibilidad de que contin\u00fae produciendo efectos. En cuarto lugar, la Corte encontr\u00f3 que el contenido de los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 100 de la Ley 1737 de 2014, hoy no vigente, se reprodujeron en los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero de la Ley 1769 de 2015, por lo cual, contin\u00faan produciendo efectos y por virtud del principio de unidad normativa, se procedi\u00f3 a hacer la respectiva integraci\u00f3n y el control correspondiente. Al respecto, determin\u00f3 que las disposiciones guardaban relaci\u00f3n directa con el objeto de la Ley Anual de Presupuesto, pero advirti\u00f3 al Gobierno y al Congreso de la Rep\u00fablica que, de considerar que las disposiciones revisadas deben transcender la vigencia fiscal, deber\u00e1n tramitarlas por un tipo de ley diferente a la Ley Anual de Presupuesto, toda vez que no pueden exceder la vigencia temporal propia de esta ley. As\u00ed mismo, por lo indicado, la Corte se inhibi\u00f3 de pronunciarse de fondo sobre los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 1737 de 2014."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 66.<\/a> Del manejo unificado de los recursos destinados a la financiaci\u00f3n del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). <\/b>Con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cr\u00e9ase una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado que se denominar\u00e1 Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La Entidad har\u00e1 parte del SGSSS y estar\u00e1 adscrita al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS), con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y patrimonio independiente.<\/font><\/p>\n


En materia laboral los servidores de la Entidad se regir\u00e1n por las normas generales aplicables a los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional; en materia de nomenclatura se regir\u00e1n por el sistema especial que establezca el Gobierno Nacional. En materia de contrataci\u00f3n se regir\u00e1 por el r\u00e9gimen p\u00fablico.<\/font><\/p>\n


La Entidad tendr\u00e1 como objeto administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garant\u00edas (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garant\u00edas para el Sector Salud (FONSAET), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del R\u00e9gimen Contributivo, los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP); los cuales confluir\u00e1n en la Entidad. En ning\u00fan caso la Entidad asumir\u00e1 las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud.<\/font><\/p>\n


Para desarrollar el objeto la Entidad tendr\u00e1 las siguientes funciones:<\/font><\/p>\n


a) Administrar los recursos del Sistema, de conformidad con lo previsto en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


b) Administrar los recursos del Fondo de Salvamento y Garant\u00edas para el Sector Salud (FONSAET) creado por el art\u00edculo 50 de la Ley 1438 de 2011 y modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1608 de 2013.<\/font><\/p>\n


e) Efectuar el reconocimiento y pago de las Unidades de Pago por Capitaci\u00f3n y dem\u00e1s recursos del aseguramiento obligatorio en salud.<\/font><\/p>\n


d) Realizar los pagos, efectuar giros directos, a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnolog\u00edas en salud, de acuerdo con lo autorizado por el beneficiario de los recursos y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del Sistema, que en todo caso optimice el flujo de recursos.<\/font><\/p>\n


e) Adelantar las verificaciones para el reconocimiento y pago por los distintos conceptos, que promueva la eficiencia en la gesti\u00f3n de los recursos.<\/font><\/p>\n


f) Desarrollar los mecanismos establecidos en los art\u00edculos 41 del Decreto Ley 4107 de 2011 y 9 de la Ley 1608 de 2013.<\/font><\/p>\n


g) Administrar la informaci\u00f3n propia de sus operaciones.<\/font><\/p>\n


h) Las dem\u00e1s necesarias para el desarrollo de su objeto.<\/font><\/p>\n


Los recursos destinados al r\u00e9gimen subsidiado en salud, deber\u00e1n ser presupuestados y ejecutados sin situaci\u00f3n de fondos por parte de las entidades territoriales en el respectivo fondo local, distrital o departamental de salud, seg\u00fan sea el caso. La entidad territorial que no gestione el giro de estos recursos a la Entidad, ser\u00e1 responsable del pago en lo que corresponda, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por la omisi\u00f3n en dicha gesti\u00f3n. Los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n destinados al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se presupuestar\u00e1n como transferencias para ser trasladados a la Entidad.<\/font><\/p>\n


Los recursos administrados por la Entidad har\u00e1n unidad de caja, excepto los recursos de propiedad de las entidades territoriales, los cuales conservar\u00e1n su destinaci\u00f3n espec\u00edfica y se manejar\u00e1n en contabilidad separada. La estructuraci\u00f3n del presupuesto de gastos se har\u00e1 por conceptos, dando prioridad al aseguramiento obligatorio en salud. La presupuestaci\u00f3n y contabilizaci\u00f3n de los recursos administrados no se har\u00e1 por subcuentas.<\/font><\/p>\n


La Entidad tendr\u00e1 domicilio en Bogot\u00e1, D.C., sus ingresos estar\u00e1n conformados por los aportes del Presupuesto General de la Naci\u00f3n definidos a trav\u00e9s de la secci\u00f3n presupuestal del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, los activos transferidos por la Naci\u00f3n y por otras entidades p\u00fablicas del orden nacional y territorial y los dem\u00e1s ingresos que a cualquier t\u00edtulo perciba. Los recursos recibidos en administraci\u00f3n no har\u00e1n parte del patrimonio de la Entidad. Los gastos requeridos para el desarrollo del objeto de la Entidad se financiar\u00e1n con un porcentaje de hasta el cero coma cinco por ciento (0,5%) de los recursos administrados con situaci\u00f3n de fondos.<\/font><\/p>\n


Son \u00f3rganos de direcci\u00f3n y administraci\u00f3n de la Entidad el Director General y la Junta Directiva. El Director General ser\u00e1 de dedicaci\u00f3n exclusiva, de libre nombramiento y remoci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica y actuar\u00e1 como representante legal; como tal, ejercer\u00e1 las funciones que le correspondan y que le sean asignadas por el decreto de estructura de la Entidad. La Junta Directiva formular\u00e1 los criterios generales para su adecuada administraci\u00f3n y ejercer\u00e1 las funciones que le se\u00f1alen su propio reglamento. Estar\u00e1 integrada por cinco (5) miembros as\u00ed: el Ministro de Salud y Protecci\u00f3n Social, quien la presidir\u00e1; el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, quien podr\u00e1 delegar su participaci\u00f3n en sus viceministros; el Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, quien podr\u00e1 delegar su participaci\u00f3n en sus subdirectores generales; un (1) representante de los gobernadores y un (1) representante de los alcaldes de municipios y distritos, los cuales ser\u00e1n elegidos de conformidad con el mecanismo que establezca el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional determinar\u00e1 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n respecto del inicio de las funciones de la Entidad y las diferentes operaciones que realiza el Fosyga. En el periodo de transici\u00f3n se podr\u00e1n utilizar los excedentes de las diferentes Subcuentas del Fosyga para la garant\u00eda del aseguramiento en salud. Una vez entre en operaci\u00f3n la Entidad a que hace referencia este art\u00edculo, se suprimir\u00e1 el Fosyga.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Gobierno Nacional establecer\u00e1 las condiciones generales de operaci\u00f3n y estructura interna de la Entidad y adoptar\u00e1 la planta de personal necesaria para el cumplimiento de su objeto y funciones.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El cobro de los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del r\u00e9gimen contributivo tendr\u00e1 en cuenta la capacidad de pago de los usuarios y en consideraci\u00f3n a los usos requeridos por pacientes con enfermedades cr\u00f3nicas y hu\u00e9rfanas.<\/font><\/p>\n

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*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
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Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la Sentencia C-453-16<\/a><\/b>; <\/font>de agosto 24 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. "<\/font>La Corte resolvi\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad formulados contra art\u00edculos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y dos art\u00edculos de la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 2015, con las siguientes conclusiones: En primer lugar, la corporaci\u00f3n consider\u00f3 que no se configuraba el vicio de procedimiento aducido en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015, alusivos al derecho a la salud, a la administraci\u00f3n de sus fondos y a la Superintendencia Nacional de Salud, por la circunstancia de haber sido aprobados en las comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas c\u00e1maras legislativas de forma conjunta y no en la Comisi\u00f3n S\u00e9ptima de cada c\u00e1mara, lo que, en concepto del demandante, infring\u00eda el numeral 2 del art\u00edculo 157 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 3\u00aa de 1992. La Corte observ\u00f3 que las materias reguladas en las disposiciones acusadas no son ajenas a la \u00f3rbita de competencia de las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y C\u00e1mara de Representantes, en la medida en que, si se revisan los temas que en virtud del ordenamiento legal org\u00e1nico, corresponden a esas comisiones, no obstante que aluden al derecho a la salud, tambi\u00e9n regulan temas propios del resorte de tales comisiones, espec\u00edficamente, del Plan Nacional de Desarrollo, que debe debatirse conjuntamente. En segundo lugar, la Corte estableci\u00f3 que los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015 no desconocieron el principio de unidad de materia. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que estas disposiciones se ubican dentro del Cap\u00edtulo Segundo \u201cMovilidad Social\u201d del T\u00edtulo III que se denomina \u201cMecanismos para la Ejecuci\u00f3n del Plan\u201d. Esto indica que se trata de disposiciones instrumentales que guardan conexidad teleol\u00f3gica con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en lo concerniente a la multiplicidad de tareas que en relaci\u00f3n con el derecho a la salud, se les asigna al Ministerio de Salud y a la Naci\u00f3n, entre otras, la mejora en los sistemas de informaci\u00f3n, programas de asistencia t\u00e9cnica y desarrollo de una l\u00ednea de f\u00e1cil acceso a la afiliaci\u00f3n al sistema de salud, lo cual exige una coordinaci\u00f3n y un manejo unificado de los recursos del sistema, como parte de la estrategia de movilidad social, en cuanto se relaciona con la meta de seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, para lo cual se programan una serie de acciones espec\u00edficas que se requieren de la asignaci\u00f3n a un organismo de la Administraci\u00f3n su coordinaci\u00f3n para lograr el objeto \u00faltimo de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Lo anterior, se complementa con la redefinici\u00f3n y simplificaci\u00f3n de los procesos de flujo de los recursos del sistema, con el fin de lograr un recaudo y administraci\u00f3n m\u00e1s eficiente y un control m\u00e1s expedito y transparente de tales recursos. En tercer lugar, la Corte determin\u00f3 que los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero y segundo) de la Ley 1769 de 2015 y el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 no infringen el principio de unidad de materia. Estas normas se ubican en el apartado de las disposiciones generales de la Ley Anual de Presupuesto, de modo que son preceptos orientados a servir de instrumento en la ejecuci\u00f3n del presupuesto. El art\u00edculo 54 incluye en el Presupuesto los excedentes e ingresos corrientes y fija la destinaci\u00f3n de los mismos, cual es, cubrir inicialmente los riesgos de eventos catastr\u00f3ficos y accidentes de tr\u00e1nsito, para posteriormente financiar diversos programas en el \u00e1mbito de la salud p\u00fablica, que se mencionan de manera espec\u00edfica. Para la Corte, la inclusi\u00f3n de una partida presupuestal y su consecuente destinaci\u00f3n guarda una relaci\u00f3n directa con el objeto propio del presupuesto, sin que exista en ese sentido un quebranto de la unidad de materia. En cuanto a los incisos primero y segundo del art\u00edculo 75, la Corte hizo la misma consideraci\u00f3n, puesto que se trata de enunciados que establecen una partida para incluirla en el presupuesto de apropiaciones y las destinan con miras a que se ejecute en un determinado per\u00edodo. De igual modo, el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 destina un monto de dinero para cancelar deudas originadas en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, lo cual corresponde a una norma propia del presupuesto p\u00fablico en la que adem\u00e1s se se\u00f1alan las condiciones que permiten satisfacer deudas con los recursos p\u00fablicos afectados para el caso. Este pronunciamiento se hizo, a pesar de que el art\u00edculo 112 no est\u00e1 hoy vigente, ante la posibilidad de que contin\u00fae produciendo efectos. En cuarto lugar, la Corte encontr\u00f3 que el contenido de los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 100 de la Ley 1737 de 2014, hoy no vigente, se reprodujeron en los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero de la Ley 1769 de 2015, por lo cual, contin\u00faan produciendo efectos y por virtud del principio de unidad normativa, se procedi\u00f3 a hacer la respectiva integraci\u00f3n y el control correspondiente. Al respecto, determin\u00f3 que las disposiciones guardaban relaci\u00f3n directa con el objeto de la Ley Anual de Presupuesto, pero advirti\u00f3 al Gobierno y al Congreso de la Rep\u00fablica que, de considerar que las disposiciones revisadas deben transcender la vigencia fiscal, deber\u00e1n tramitarlas por un tipo de ley diferente a la Ley Anual de Presupuesto, toda vez que no pueden exceder la vigencia temporal propia de esta ley. As\u00ed mismo, por lo indicado, la Corte se inhibi\u00f3 de pronunciarse de fondo sobre los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 1737 de 2014."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

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Art\u00edculo 67.<\/a> Recursos que administrar\u00e1 la entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.<\/b> La Entidad administrar\u00e1 los siguientes recursos:<\/font><\/p>\n


a) Los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud del componente de subsidios a la demanda propiedad de las entidades territoriales, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 44 de la Ley 1438 de 2011, los cuales
se contabilizar\u00e1n individualmente a nombre de las entidades territoriales. <\/p>\n

b) Los recursos del Sistema General de Participaciones que financian FONSAET.<\/p>\n

c) Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar (novedosos y localizados} que explota, administra y recauda Coljuegos de propiedad de las entidades territoriales destinados a financiar el aseguramiento, los cuales se contabilizar\u00e1n individualmente a nombre de las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n


d) Las cotizaciones de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluidos los intereses, recaudados por las Entidades Promotoras de Salud. Las cotizaciones de los afiliados a los reg\u00edmenes especiales y de excepci\u00f3n con vinculaci\u00f3n laboral adicional respecto de la cual est\u00e9n obligados a contribuir al SGSSS y el aporte solidario de los afiliados a los reg\u00edmenes de excepci\u00f3n o reg\u00edmenes especiales a que hacen referencia el art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 57 de la Ley 30 de 1992.<\/font><\/p>\n


e) Los recursos correspondientes al monto de las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar de que trata el art\u00edculo 217 de la Ley 100 de 1993.<\/font><\/p>\n


f) Los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) destinados al SGSSS, en los t\u00e9rminos previstos en la Ley 1607 de 2012, la Ley 1739 de 2014 y las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan estas disposiciones, los cuales ser\u00e1n transferidos a la Entidad, entendi\u00e9ndose as\u00ed ejecutados.<\/font><\/p>\n


g) Los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n asignados para garantizar la universalizaci\u00f3n de la cobertura y la unificaci\u00f3n de los planes de beneficios, los cuales ser\u00e1n girados directamente a la Entidad por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, entendi\u00e9ndose as\u00ed ejecutados.<\/font><\/p>\n


h) Los recursos por recaudo del IVA definidos en la Ley 1393 de 2010.<\/font><\/p>\n


i) Los recursos del Fonsat creado por el Decreto Ley 1032 de 1991.<\/font><\/p>\n


j) Los recursos correspondientes a la contribuci\u00f3n equivalente al 50% del valor de la prima anual establecida para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr\u00e1nsito (SOAT) que se cobra en adici\u00f3n a ella.<\/font><\/p>\n


k) Los recursos recaudados por Indumil correspondientes al impuesto social a las armas y de municiones y explosivos y los correspondientes a las multas en aplicaci\u00f3n de la Ley 1335 de 2009.<\/font><\/p>\n


l) Los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar, diferentes a los que hace referencia el literal c, rentas cedidas de salud y dem\u00e1s recursos generados a favor de las entidades territoriales destinadas a la financiaci\u00f3n del R\u00e9gimen Subsidiado, incluidos los impuestos al consumo que la Ley destina a dicho r\u00e9gimen, ser\u00e1n girados directamente por los administradores y\/o recaudadores a la Entidad. La entidad territorial titular de los recursos gestionar\u00e1 y verificar\u00e1 que la transferencia se realice conforme a la Ley. Este recurso se contabilizar\u00e1 en cuentas individuales a nombre de las Entidades Territoriales propietarias del recurso.<\/font><\/p>\n


m) Los copagos que por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del R\u00e9gimen Contributivo paguen los destinatarios de tales servicios.<\/font><\/p>\n


n) Los rendimientos financieros generados por la administraci\u00f3n de los recursos del Sistema y sus excedentes. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

o) Los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Entidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y<\/font><\/p>\n


Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP), los cuales ser\u00e1n transferidos directamente al Unidad sin operaci\u00f3n presupuestal.<\/font><\/p>\n


p) Los dem\u00e1s recursos que se destinen a la 'financiaci\u00f3n del aseguramiento obligatorio en salud, de acuerdo con la Ley o el reglamento.<\/font><\/p>\n


q) Los dem\u00e1s que en funci\u00f3n a su naturaleza recaudaba el Fosyga. Estos recursos se destinar\u00e1n a:<\/font><\/p>\n


a) El reconocimiento y pago a las Entidades Promotoras de Salud por el aseguramiento y dem\u00e1s prestaciones que se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido el pago de incapacidades por enfermedad de origen com\u00fan que superen los quinientos cuarenta (540) d\u00edas continuos. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1, entre otras cosas, el procedimiento de revisi\u00f3n peri\u00f3dico de la incapacidad por parte de las EPS, el momento de calificaci\u00f3n definitiva, y las situaciones de abuso del derecho que generen la suspensi\u00f3n del pago de esas incapacidades.<\/font><\/p>\n


b) El pago de las indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente y auxilio funerario a v\u00edctimas de eventos terroristas o eventos catastr\u00f3ficos, as\u00ed como los gastos derivados de la atenci\u00f3n psicosocial de las v\u00edctimas del conflicto en los t\u00e9rminos que se\u00f1ala la Ley 1448 de 2011.<\/font><\/p>\n


e) El pago de los gastos derivados de la atenci\u00f3n en salud inicial a las v\u00edctimas de eventos terroristas y eventos catastr\u00f3ficos de acuerdo con el plan y modelo de ejecuci\u00f3n que se defina.<\/font><\/p>\n


d) El pago de los gastos financiados con recursos del impuesto social a las armas y de municiones y explosivos y los correspondientes a las multas en aplicaci\u00f3n de la Ley 1335 de 2009 que financiar\u00e1n exclusivamente los usos definidos en la normatividad vigente.<\/font><\/p>\n


e) El fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias. Este gasto se har\u00e1 siempre y cuando, en la respectiva vigencia, se encuentre garantizada la financiaci\u00f3n del aseguramiento en salud.<\/font><\/p>\n


f) A la financiaci\u00f3n de los programas de promoci\u00f3n y prevenci\u00f3n en el marco de los usos definidos en el art\u00edculo 222 de la Ley 100 de 1993.<\/font><\/p>\n


g) A la inspecci\u00f3n, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 119 de la Ley 1438 de 2011.<\/font><\/p>\n


h) Al pago de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios, que ven\u00edan siendo financiados con recursos del Fosyga.<\/font><\/p>\n


i) Las medidas de atenci\u00f3n de la Ley 1257 de 2008, en los t\u00e9rminos que defina el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, para la cual los recursos asignados para el efecto, ser\u00e1n transferidos a las entidades territoriales con el fin de que estas sean implementadas a su cargo<\/font><\/p>\n


j) A las finalidades se\u00f1aladas en los art\u00edculos 41 del Decreto Ley 4107 de 2011 y 9 de la Ley 1608 de 2013. Este gasto se har\u00e1 siempre y cuando, en la respectiva vigencia se encuentre garantizada la financiaci\u00f3n del aseguramiento en salud. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

k) A cubrir los gastos de administraci\u00f3n, funcionamiento y operaci\u00f3n de la entidad.<\/font><\/p>\n


l) Las dem\u00e1s destinaciones que haya definido la Ley con cargo a los recursos del Fosyga y del FONSAET.<\/font><\/p>\n


m) El pago de los gastos e inversiones requeridas que se deriven de la declaratoria de la emergencia sanitaria y\/o eventos catastr\u00f3ficos en el pa\u00eds.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los recursos a que hace referencia este art\u00edculo har\u00e1n unidad de caja en el fondo, excepto los recursos propiedad de las entidades territoriales, los cuales conservar\u00e1n su destinaci\u00f3n espec\u00edfica y se manejar\u00e1n en contabilidad separada dentro del fondo. En la estructuraci\u00f3n del presupuesto de gastos se dar\u00e1 prioridad al componente de aseguramiento en salud de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C453\/16<\/a><\/b>, que declar\u00f3 la exequibilidad, por el cargo all\u00ed analizado, mediante Sentencia C191\/17; Magistrado Ponete Dr. Aquiles Arrieta G\u00f3mez. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la Sentencia C-453-16<\/a><\/b>; <\/font>de agosto 24 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. "<\/font>La Corte resolvi\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad formulados contra art\u00edculos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y dos art\u00edculos de la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 2015, con las siguientes conclusiones: En primer lugar, la corporaci\u00f3n consider\u00f3 que no se configuraba el vicio de procedimiento aducido en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015, alusivos al derecho a la salud, a la administraci\u00f3n de sus fondos y a la Superintendencia Nacional de Salud, por la circunstancia de haber sido aprobados en las comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas c\u00e1maras legislativas de forma conjunta y no en la Comisi\u00f3n S\u00e9ptima de cada c\u00e1mara, lo que, en concepto del demandante, infring\u00eda el numeral 2 del art\u00edculo 157 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 3\u00aa de 1992. La Corte observ\u00f3 que las materias reguladas en las disposiciones acusadas no son ajenas a la \u00f3rbita de competencia de las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y C\u00e1mara de Representantes, en la medida en que, si se revisan los temas que en virtud del ordenamiento legal org\u00e1nico, corresponden a esas comisiones, no obstante que aluden al derecho a la salud, tambi\u00e9n regulan temas propios del resorte de tales comisiones, espec\u00edficamente, del Plan Nacional de Desarrollo, que debe debatirse conjuntamente. En segundo lugar, la Corte estableci\u00f3 que los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015 no desconocieron el principio de unidad de materia. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que estas disposiciones se ubican dentro del Cap\u00edtulo Segundo \u201cMovilidad Social\u201d del T\u00edtulo III que se denomina \u201cMecanismos para la Ejecuci\u00f3n del Plan\u201d. Esto indica que se trata de disposiciones instrumentales que guardan conexidad teleol\u00f3gica con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en lo concerniente a la multiplicidad de tareas que en relaci\u00f3n con el derecho a la salud, se les asigna al Ministerio de Salud y a la Naci\u00f3n, entre otras, la mejora en los sistemas de informaci\u00f3n, programas de asistencia t\u00e9cnica y desarrollo de una l\u00ednea de f\u00e1cil acceso a la afiliaci\u00f3n al sistema de salud, lo cual exige una coordinaci\u00f3n y un manejo unificado de los recursos del sistema, como parte de la estrategia de movilidad social, en cuanto se relaciona con la meta de seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, para lo cual se programan una serie de acciones espec\u00edficas que se requieren de la asignaci\u00f3n a un organismo de la Administraci\u00f3n su coordinaci\u00f3n para lograr el objeto \u00faltimo de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Lo anterior, se complementa con la redefinici\u00f3n y simplificaci\u00f3n de los procesos de flujo de los recursos del sistema, con el fin de lograr un recaudo y administraci\u00f3n m\u00e1s eficiente y un control m\u00e1s expedito y transparente de tales recursos. En tercer lugar, la Corte determin\u00f3 que los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero y segundo) de la Ley 1769 de 2015 y el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 no infringen el principio de unidad de materia. Estas normas se ubican en el apartado de las disposiciones generales de la Ley Anual de Presupuesto, de modo que son preceptos orientados a servir de instrumento en la ejecuci\u00f3n del presupuesto. El art\u00edculo 54 incluye en el Presupuesto los excedentes e ingresos corrientes y fija la destinaci\u00f3n de los mismos, cual es, cubrir inicialmente los riesgos de eventos catastr\u00f3ficos y accidentes de tr\u00e1nsito, para posteriormente financiar diversos programas en el \u00e1mbito de la salud p\u00fablica, que se mencionan de manera espec\u00edfica. Para la Corte, la inclusi\u00f3n de una partida presupuestal y su consecuente destinaci\u00f3n guarda una relaci\u00f3n directa con el objeto propio del presupuesto, sin que exista en ese sentido un quebranto de la unidad de materia. En cuanto a los incisos primero y segundo del art\u00edculo 75, la Corte hizo la misma consideraci\u00f3n, puesto que se trata de enunciados que establecen una partida para incluirla en el presupuesto de apropiaciones y las destinan con miras a que se ejecute en un determinado per\u00edodo. De igual modo, el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 destina un monto de dinero para cancelar deudas originadas en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, lo cual corresponde a una norma propia del presupuesto p\u00fablico en la que adem\u00e1s se se\u00f1alan las condiciones que permiten satisfacer deudas con los recursos p\u00fablicos afectados para el caso. Este pronunciamiento se hizo, a pesar de que el art\u00edculo 112 no est\u00e1 hoy vigente, ante la posibilidad de que contin\u00fae produciendo efectos. En cuarto lugar, la Corte encontr\u00f3 que el contenido de los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 100 de la Ley 1737 de 2014, hoy no vigente, se reprodujeron en los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero de la Ley 1769 de 2015, por lo cual, contin\u00faan produciendo efectos y por virtud del principio de unidad normativa, se procedi\u00f3 a hacer la respectiva integraci\u00f3n y el control correspondiente. Al respecto, determin\u00f3 que las disposiciones guardaban relaci\u00f3n directa con el objeto de la Ley Anual de Presupuesto, pero advirti\u00f3 al Gobierno y al Congreso de la Rep\u00fablica que, de considerar que las disposiciones revisadas deben transcender la vigencia fiscal, deber\u00e1n tramitarlas por un tipo de ley diferente a la Ley Anual de Presupuesto, toda vez que no pueden exceder la vigencia temporal propia de esta ley. As\u00ed mismo, por lo indicado, la Corte se inhibi\u00f3 de pronunciarse de fondo sobre los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 1737 de 2014."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos.<\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 68.<\/a> Medidas especiales.<\/b> Sin perjuicio de lo previsto en las dem\u00e1s normas que regulen la toma de posesi\u00f3n y ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el art\u00edculo 1140 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, el Superintendente Nacional de Salud podr\u00e1 ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopci\u00f3n individual o conjunta de las medidas de que trata el art\u00edculo 1130 del mismo Estatuto, con el fin de salvaguardar la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud y la adecuada gesti\u00f3n financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.<\/font><\/p>\n


Las medidas especiales que se ordenen se regir\u00e1n por lo dispuesto en el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, incluido el art\u00edculo 291 0 y siguientes de ese estatuto, en lo que resulte pertinente a las medidas especiales; el Decreto 2555 de 2010; las disposiciones aplicables del Sector Salud y las normas que los sustituyan, modifiquen o complementen. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la forma de armonizar las medidas especiales o preventivas de la toma de posesi\u00f3n para su adecuada implementaci\u00f3n en el Sector Salud.<\/font><\/p>\n


Con cargo a los recursos del Fosyga – Subcuenta de Garant\u00edas para la Salud, el Gobierno Nacional podr\u00e1 llevar a cabo cualquiera de las operaciones autorizadas en el art\u00edculo 320 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Para garantizar la continuidad de los servicios de salud de los afiliados de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones cond\u00f3nase toda la obligaci\u00f3n que esta entidad tenga con la Naci\u00f3n a la expedici\u00f3n de la presente ley.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 lo dispuesto en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la Sentencia C-453-16<\/a><\/b>; <\/font>de agosto 24 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. "<\/font>La Corte resolvi\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad formulados contra art\u00edculos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y dos art\u00edculos de la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 2015, con las siguientes conclusiones: En primer lugar, la corporaci\u00f3n consider\u00f3 que no se configuraba el vicio de procedimiento aducido en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015, alusivos al derecho a la salud, a la administraci\u00f3n de sus fondos y a la Superintendencia Nacional de Salud, por la circunstancia de haber sido aprobados en las comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas c\u00e1maras legislativas de forma conjunta y no en la Comisi\u00f3n S\u00e9ptima de cada c\u00e1mara, lo que, en concepto del demandante, infring\u00eda el numeral 2 del art\u00edculo 157 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 3\u00aa de 1992. La Corte observ\u00f3 que las materias reguladas en las disposiciones acusadas no son ajenas a la \u00f3rbita de competencia de las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y C\u00e1mara de Representantes, en la medida en que, si se revisan los temas que en virtud del ordenamiento legal org\u00e1nico, corresponden a esas comisiones, no obstante que aluden al derecho a la salud, tambi\u00e9n regulan temas propios del resorte de tales comisiones, espec\u00edficamente, del Plan Nacional de Desarrollo, que debe debatirse conjuntamente. En segundo lugar, la Corte estableci\u00f3 que los art\u00edculos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1753 de 2015 no desconocieron el principio de unidad de materia. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que estas disposiciones se ubican dentro del Cap\u00edtulo Segundo \u201cMovilidad Social\u201d del T\u00edtulo III que se denomina \u201cMecanismos para la Ejecuci\u00f3n del Plan\u201d. Esto indica que se trata de disposiciones instrumentales que guardan conexidad teleol\u00f3gica con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en lo concerniente a la multiplicidad de tareas que en relaci\u00f3n con el derecho a la salud, se les asigna al Ministerio de Salud y a la Naci\u00f3n, entre otras, la mejora en los sistemas de informaci\u00f3n, programas de asistencia t\u00e9cnica y desarrollo de una l\u00ednea de f\u00e1cil acceso a la afiliaci\u00f3n al sistema de salud, lo cual exige una coordinaci\u00f3n y un manejo unificado de los recursos del sistema, como parte de la estrategia de movilidad social, en cuanto se relaciona con la meta de seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, para lo cual se programan una serie de acciones espec\u00edficas que se requieren de la asignaci\u00f3n a un organismo de la Administraci\u00f3n su coordinaci\u00f3n para lograr el objeto \u00faltimo de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Lo anterior, se complementa con la redefinici\u00f3n y simplificaci\u00f3n de los procesos de flujo de los recursos del sistema, con el fin de lograr un recaudo y administraci\u00f3n m\u00e1s eficiente y un control m\u00e1s expedito y transparente de tales recursos. En tercer lugar, la Corte determin\u00f3 que los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero y segundo) de la Ley 1769 de 2015 y el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 no infringen el principio de unidad de materia. Estas normas se ubican en el apartado de las disposiciones generales de la Ley Anual de Presupuesto, de modo que son preceptos orientados a servir de instrumento en la ejecuci\u00f3n del presupuesto. El art\u00edculo 54 incluye en el Presupuesto los excedentes e ingresos corrientes y fija la destinaci\u00f3n de los mismos, cual es, cubrir inicialmente los riesgos de eventos catastr\u00f3ficos y accidentes de tr\u00e1nsito, para posteriormente financiar diversos programas en el \u00e1mbito de la salud p\u00fablica, que se mencionan de manera espec\u00edfica. Para la Corte, la inclusi\u00f3n de una partida presupuestal y su consecuente destinaci\u00f3n guarda una relaci\u00f3n directa con el objeto propio del presupuesto, sin que exista en ese sentido un quebranto de la unidad de materia. En cuanto a los incisos primero y segundo del art\u00edculo 75, la Corte hizo la misma consideraci\u00f3n, puesto que se trata de enunciados que establecen una partida para incluirla en el presupuesto de apropiaciones y las destinan con miras a que se ejecute en un determinado per\u00edodo. De igual modo, el art\u00edculo 112 de la Ley 1737 de 2014 destina un monto de dinero para cancelar deudas originadas en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, lo cual corresponde a una norma propia del presupuesto p\u00fablico en la que adem\u00e1s se se\u00f1alan las condiciones que permiten satisfacer deudas con los recursos p\u00fablicos afectados para el caso. Este pronunciamiento se hizo, a pesar de que el art\u00edculo 112 no est\u00e1 hoy vigente, ante la posibilidad de que contin\u00fae produciendo efectos. En cuarto lugar, la Corte encontr\u00f3 que el contenido de los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 100 de la Ley 1737 de 2014, hoy no vigente, se reprodujeron en los art\u00edculos 54 y 75 (incisos primero de la Ley 1769 de 2015, por lo cual, contin\u00faan produciendo efectos y por virtud del principio de unidad normativa, se procedi\u00f3 a hacer la respectiva integraci\u00f3n y el control correspondiente. Al respecto, determin\u00f3 que las disposiciones guardaban relaci\u00f3n directa con el objeto de la Ley Anual de Presupuesto, pero advirti\u00f3 al Gobierno y al Congreso de la Rep\u00fablica que, de considerar que las disposiciones revisadas deben transcender la vigencia fiscal, deber\u00e1n tramitarlas por un tipo de ley diferente a la Ley Anual de Presupuesto, toda vez que no pueden exceder la vigencia temporal propia de esta ley. As\u00ed mismo, por lo indicado, la Corte se inhibi\u00f3 de pronunciarse de fondo sobre los art\u00edculos 56 y 100 de la Ley 1737 de 2014."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 69. <\/a>Declaraci\u00f3n de emergencia sanitaria y\/o eventos catastr\u00f3ficos.<\/b> El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS) podr\u00e1 declarar la emergencia sanitaria y\/o eventos catastr\u00f3ficos, cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastr\u00f3ficos que afecten la salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptaci\u00f3n de la comunidad en la que aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando la necesidad de ayuda externa.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En los casos mencionados, el MSPS determinar\u00e1 las acciones que se requieran para superar las circunstancias que generaron la emergencia sanitaria y\/o eventoscatastr\u00f3ficos con el fin de garantizar la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios de salud, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Cuando las acciones requeridas para superar dichas circunstancias tengan que ver con bienes en salud, la regulaci\u00f3n que se expida deber\u00e1 fundamentarse en razones de urgencia extrema.<\/font><\/p>\n


Lo dispuesto en este art\u00edculo podr\u00e1 financiarse con los recursos que administra el Fosyga o la entidad que haga sus veces, o por los dem\u00e1s que se definan.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 70. <\/a>Patentes y Licencias Obligatorias.<\/b> El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS) podr\u00e1 presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del plazo de sesenta (60) d\u00edas siguientes a la fecha de la publicaci\u00f3n de la solicitud de patente, consideraciones t\u00e9cnicas no vinculantes relativas a la patentabilidad de las solicitudes de patente que sean de su inter\u00e9s.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

De acuerdo con lo establecido en la Decisi\u00f3n Andina 486 y la normatividad nacional vigente, el MSPS identificar\u00e1 y analizar\u00e1 los casos de tecnolog\u00edas en salud patentadas susceptibles de obtener una licencia obligatoria. El MSPS podr\u00e1 solicitar a la SIC la concesi\u00f3n de licencias obligatorias, y analizar\u00e1 y preparar\u00e1 la informaci\u00f3n requerida dentro del procedimiento de concesi\u00f3n de ese tipo de licencias.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 71. <\/a>Negociaci\u00f3n centralizada de medicamentos, insumos y dispositivos. <\/b>El art\u00edculo 88 de la Ley 1438<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 88. Negociaci\u00f3n centralizada de medicamentos, insumos y dispositivos.<\/b> El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS) establecer\u00e1 los mecanismos para adelantar negociaciones centralizadas de precios de medicamentos, insumos y dispositivos.<\/font><\/p>\n


Los precios resultantes de las negociaciones centralizadas ser\u00e1n obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos, insumas y dispositivos de servicios de salud y estos no podr\u00e1n transarlos por encima de aquellos precios. El Gobierno Nacional podr\u00e1 acudir subsidiariamente a la compra directa de medicamentos, insumas y dispositivos."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional por los cargos analizados, mediante Sentencia 620-16<\/a><\/b>, noviembre 10 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "En el expediente D-11374, la Sala analiz\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra segmentos de los art\u00edculos 71 y 72 de la Ley 1753 de 2015, \u201cpor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 \u00b4Todos por un nuevo Pa\u00eds\u00b4\u201d. Contra el art\u00edculo 71 (parcial) el accionante invoc\u00f3 dos censuras, la primera por desconocimiento del principio de unidad de materia, invocando los art\u00edculos 158 y 339 de la Constituci\u00f3n; y, la segunda por violaci\u00f3n del principio de libertad econ\u00f3mica, invocando los art\u00edculos 13 y 333 de la Carta. Contra el inciso primero del art\u00edculo 72 el demandante present\u00f3 un cargo por violaci\u00f3n del derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud con fundamento en los art\u00edculos 49 de la Constituci\u00f3n, 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, y la Observaci\u00f3n 14 de 2000 del Comit\u00e9 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. El inciso cuarto del art\u00edculo 72 fue cuestionado por lesionar el derecho al debido proceso, derechos adquiridos y principio de confianza leg\u00edtima, en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 29, 58 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La Corte dividi\u00f3 su estudio en dos partes, una dedicada a la constitucionalidad de los cargos invocados contra el art\u00edculo 71 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y otra que se enfoc\u00f3 en los dos cargos invocados contra los incisos primero y cuarto del art\u00edculo 72 ib\u00eddem. En la primera parte, tras efectuar algunas consideraciones sobre el alcance del derecho a la salud y de la formulaci\u00f3n de la pol\u00edtica farmac\u00e9utica en Colombia, la Corte concluy\u00f3 que el art\u00edculo 71 demandado, que establece que todos los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos deben efectuar sus transacciones sin sobrepasar el precio derivado de las negociaciones centralizadas de precios, no quebrantaba el principio de unidad de materia; dado que tiene conexi\u00f3n teleol\u00f3gica directa e inmediata con los pilares, estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Espec\u00edficamente con el pilar de equidad, estrategia transversal de movilidad social\u00b8 en el objetivo de promover la seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, bajo el lineamiento de buscar el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Respecto al segundo cargo, la Corte consider\u00f3 que no se lesionaba la libertad econ\u00f3mica de quienes intervienen en la comercializaci\u00f3n de medicamentos, dispositivos m\u00e9dicos e insumos con recursos privados, dado que la intervenci\u00f3n del Estado en esta materia cuenta con una finalidad leg\u00edtima, y la medida es potencialmente adecuada para su consecuci\u00f3n. En la segunda parte de la sentencia, la Corte estudi\u00f3 la constitucionalidad del inciso primero del art\u00edculo 72 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que regula dos nuevos requisitos para la expedici\u00f3n del registro sanitario de medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos, el an\u00e1lisis del Instituto de Evaluaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Salud (i) y la definici\u00f3n del precio por parte del Ministerio de Salud y protecci\u00f3n Social (ii). Se argument\u00f3 que los elementos introducidos para la expedici\u00f3n del registro sanitario se justifican en el actual contexto constitucional y legal que regula la protecci\u00f3n del derecho a la salud, acudiendo a un importante criterio de costo-efectividad. No obstante, se consider\u00f3 preciso que para su correcto entendimiento esos requisitos no pueden implicar el establecimiento de una barrera que dificulte o impida la disponibilidad y acceso de nuevas tecnolog\u00edas. Finalmente, sobre el inciso cuarto del art\u00edculo 72 ib\u00eddem, que prev\u00e9 la competencia del INVIMA, a solicitud del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, de modificar las indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento, la Corporaci\u00f3n afirm\u00f3 su constitucionalidad en el marco de una interpretaci\u00f3n conforme con el ordenamiento jur\u00eddico, y destacando que el otorgamiento de un registro sanitario no envuelve solo un inter\u00e9s individual, sino que, de manera importante, involucra el inter\u00e9s general."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 72.<\/a> Registros sanitarios de medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos.<\/b> La evaluaci\u00f3n que realice el Instituto de Evaluaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Salud (IETS) a los medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos definidos por el Ministerio de Salud y, Protecci\u00f3n Social (MSPS) y el precio que este ministerio determine con base en esa evaluaci\u00f3n, ser\u00e1n requisitos para la expedici\u00f3n del correspondiente registro sanitario y\/o su renovaci\u00f3n por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El proceso de determinaci\u00f3n del precio de que trata este art\u00edculo se har\u00e1 en forma simult\u00e1nea con el tr\u00e1mite de registro sanitario ante el Invima. Para tal efecto, el MSPS establecer\u00e1 el procedimiento que incluya los criterios para determinar las tecnolog\u00edas que estar\u00e1n sujetas a este mecanismo y los t\u00e9rminos para el mismo, los cuales no podr\u00e1n superar los fijados en la normatividad vigente para la expedici\u00f3n del correspondiente registro sanitario.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
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Inciso primero declarado CONDICIONALMENTE exequible por la Corte Constitucional en el entendido que el tr\u00e1mite previsto no lesione los elementos de disponibilidad y acceso a medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos de la poblaci\u00f3n, mediante Sentencia 620-16<\/a><\/b>, noviembre 10 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "En el expediente D-11374, la Sala analiz\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra segmentos de los art\u00edculos 71 y 72 de la Ley 1753 de 2015, \u201cpor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 \u00b4Todos por un nuevo Pa\u00eds\u00b4\u201d. Contra el art\u00edculo 71 (parcial) el accionante invoc\u00f3 dos censuras, la primera por desconocimiento del principio de unidad de materia, invocando los art\u00edculos 158 y 339 de la Constituci\u00f3n; y, la segunda por violaci\u00f3n del principio de libertad econ\u00f3mica, invocando los art\u00edculos 13 y 333 de la Carta. Contra el inciso primero del art\u00edculo 72 el demandante present\u00f3 un cargo por violaci\u00f3n del derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud con fundamento en los art\u00edculos 49 de la Constituci\u00f3n, 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, y la Observaci\u00f3n 14 de 2000 del Comit\u00e9 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. El inciso cuarto del art\u00edculo 72 fue cuestionado por lesionar el derecho al debido proceso, derechos adquiridos y principio de confianza leg\u00edtima, en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 29, 58 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La Corte dividi\u00f3 su estudio en dos partes, una dedicada a la constitucionalidad de los cargos invocados contra el art\u00edculo 71 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y otra que se enfoc\u00f3 en los dos cargos invocados contra los incisos primero y cuarto del art\u00edculo 72 ib\u00eddem. En la primera parte, tras efectuar algunas consideraciones sobre el alcance del derecho a la salud y de la formulaci\u00f3n de la pol\u00edtica farmac\u00e9utica en Colombia, la Corte concluy\u00f3 que el art\u00edculo 71 demandado, que establece que todos los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos deben efectuar sus transacciones sin sobrepasar el precio derivado de las negociaciones centralizadas de precios, no quebrantaba el principio de unidad de materia; dado que tiene conexi\u00f3n teleol\u00f3gica directa e inmediata con los pilares, estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Espec\u00edficamente con el pilar de equidad, estrategia transversal de movilidad social\u00b8 en el objetivo de promover la seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, bajo el lineamiento de buscar el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Respecto al segundo cargo, la Corte consider\u00f3 que no se lesionaba la libertad econ\u00f3mica de quienes intervienen en la comercializaci\u00f3n de medicamentos, dispositivos m\u00e9dicos e insumos con recursos privados, dado que la intervenci\u00f3n del Estado en esta materia cuenta con una finalidad leg\u00edtima, y la medida es potencialmente adecuada para su consecuci\u00f3n. En la segunda parte de la sentencia, la Corte estudi\u00f3 la constitucionalidad del inciso primero del art\u00edculo 72 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que regula dos nuevos requisitos para la expedici\u00f3n del registro sanitario de medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos, el an\u00e1lisis del Instituto de Evaluaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Salud (i) y la definici\u00f3n del precio por parte del Ministerio de Salud y protecci\u00f3n Social (ii). Se argument\u00f3 que los elementos introducidos para la expedici\u00f3n del registro sanitario se justifican en el actual contexto constitucional y legal que regula la protecci\u00f3n del derecho a la salud, acudiendo a un importante criterio de costo-efectividad. No obstante, se consider\u00f3 preciso que para su correcto entendimiento esos requisitos no pueden implicar el establecimiento de una barrera que dificulte o impida la disponibilidad y acceso de nuevas tecnolog\u00edas. Finalmente, sobre el inciso cuarto del art\u00edculo 72 ib\u00eddem, que prev\u00e9 la competencia del INVIMA, a solicitud del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, de modificar las indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento, la Corporaci\u00f3n afirm\u00f3 su constitucionalidad en el marco de una interpretaci\u00f3n conforme con el ordenamiento jur\u00eddico, y destacando que el otorgamiento de un registro sanitario no envuelve solo un inter\u00e9s individual, sino que, de manera importante, involucra el inter\u00e9s general."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Corresponder\u00e1 a la Comisi\u00f3n Nacional de Precios de Medicamentos o Dispositivos, cuando as\u00ed lo delegue el Gobierno Nacional, la definici\u00f3n de la metodolog\u00eda y los mecanismos de regulaci\u00f3n de precios de medicamentos, as\u00ed como la regulaci\u00f3n de los m\u00e1rgenes de distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de los mismos.<\/font><\/p>\n


Para lo previsto en el inciso primero, cr\u00e9ase una tasa administrada por el MSPS, a cargo de personas naturales y\/o jur\u00eddicas que comercialicen en el pa\u00eds medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos. De acuerdo con el inciso segundo del art\u00edculo 3380 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el MSPS fijar\u00e1 la tarifa de la tasa, la cual incluir\u00e1 el valor por el servicio prestado. El sistema para definir la tarifa de esta tasa es un sistema de costos estandarizables, cuyas valoraciones y ponderaciones de los factores que intervienen en su definici\u00f3n se realizan por procedimientos t\u00e9cnicamente aceptados de costeo. El m\u00e9todo seguir\u00e1 las siguientes pautas t\u00e9cnicas:<\/font><\/p>\n


a) Elaboraci\u00f3n y normalizaci\u00f3n de flujogramas para los diferentes procesos con el prop\u00f3sito de determinar sus rutinas.<\/font><\/p>\n


b) Cuantificaci\u00f3n de recurso humano utilizado anualmente en cada uno de los procesos y procedimientos definidos en el literal anterior.<\/font><\/p>\n


c) Cuantificaci\u00f3n de los costos y programas de tecnificaci\u00f3n y modernizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de los servicios.<\/font><\/p>\n


d) Estimaci\u00f3n de las frecuencias de utilizaci\u00f3n de los servicios generadores de la tasa.<\/font><\/p>\n


El INVIMA podr\u00e1 modificar a solicitud del MSPS, las indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento, con base en la evidencia cient\u00edfica y por salud p\u00fablica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
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Inciso primero declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional; por el cargo analizado mediante Sentencia 620-16<\/a><\/b>, noviembre 10 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "En el expediente D-11374, la Sala analiz\u00f3 cuatro cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra segmentos de los art\u00edculos 71 y 72 de la Ley 1753 de 2015, \u201cpor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 \u00b4Todos por un nuevo Pa\u00eds\u00b4\u201d. Contra el art\u00edculo 71 (parcial) el accionante invoc\u00f3 dos censuras, la primera por desconocimiento del principio de unidad de materia, invocando los art\u00edculos 158 y 339 de la Constituci\u00f3n; y, la segunda por violaci\u00f3n del principio de libertad econ\u00f3mica, invocando los art\u00edculos 13 y 333 de la Carta. Contra el inciso primero del art\u00edculo 72 el demandante present\u00f3 un cargo por violaci\u00f3n del derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud con fundamento en los art\u00edculos 49 de la Constituci\u00f3n, 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, y la Observaci\u00f3n 14 de 2000 del Comit\u00e9 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. El inciso cuarto del art\u00edculo 72 fue cuestionado por lesionar el derecho al debido proceso, derechos adquiridos y principio de confianza leg\u00edtima, en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 29, 58 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La Corte dividi\u00f3 su estudio en dos partes, una dedicada a la constitucionalidad de los cargos invocados contra el art\u00edculo 71 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y otra que se enfoc\u00f3 en los dos cargos invocados contra los incisos primero y cuarto del art\u00edculo 72 ib\u00eddem. En la primera parte, tras efectuar algunas consideraciones sobre el alcance del derecho a la salud y de la formulaci\u00f3n de la pol\u00edtica farmac\u00e9utica en Colombia, la Corte concluy\u00f3 que el art\u00edculo 71 demandado, que establece que todos los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos deben efectuar sus transacciones sin sobrepasar el precio derivado de las negociaciones centralizadas de precios, no quebrantaba el principio de unidad de materia; dado que tiene conexi\u00f3n teleol\u00f3gica directa e inmediata con los pilares, estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Espec\u00edficamente con el pilar de equidad, estrategia transversal de movilidad social\u00b8 en el objetivo de promover la seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, bajo el lineamiento de buscar el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Respecto al segundo cargo, la Corte consider\u00f3 que no se lesionaba la libertad econ\u00f3mica de quienes intervienen en la comercializaci\u00f3n de medicamentos, dispositivos m\u00e9dicos e insumos con recursos privados, dado que la intervenci\u00f3n del Estado en esta materia cuenta con una finalidad leg\u00edtima, y la medida es potencialmente adecuada para su consecuci\u00f3n. En la segunda parte de la sentencia, la Corte estudi\u00f3 la constitucionalidad del inciso primero del art\u00edculo 72 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que regula dos nuevos requisitos para la expedici\u00f3n del registro sanitario de medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos, el an\u00e1lisis del Instituto de Evaluaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica en Salud (i) y la definici\u00f3n del precio por parte del Ministerio de Salud y protecci\u00f3n Social (ii). Se argument\u00f3 que los elementos introducidos para la expedici\u00f3n del registro sanitario se justifican en el actual contexto constitucional y legal que regula la protecci\u00f3n del derecho a la salud, acudiendo a un importante criterio de costo-efectividad. No obstante, se consider\u00f3 preciso que para su correcto entendimiento esos requisitos no pueden implicar el establecimiento de una barrera que dificulte o impida la disponibilidad y acceso de nuevas tecnolog\u00edas. Finalmente, sobre el inciso cuarto del art\u00edculo 72 ib\u00eddem, que prev\u00e9 la competencia del INVIMA, a solicitud del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, de modificar las indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento, la Corporaci\u00f3n afirm\u00f3 su constitucionalidad en el marco de una interpretaci\u00f3n conforme con el ordenamiento jur\u00eddico, y destacando que el otorgamiento de un registro sanitario no envuelve solo un inter\u00e9s individual, sino que, de manera importante, involucra el inter\u00e9s general."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Par\u00e1grafo. En todo caso, la evaluaci\u00f3n de que trata el presente art\u00edculo no ser\u00e1 exigida cuando los medicamentos y dispositivos m\u00e9dicos sean producidos con fines de exportaci\u00f3n exclusivamente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 73.<\/a> Procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en salud.<\/b> Los procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en Salud que se surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones se regir\u00e1n por las siguientes reglas:<\/font><\/p>\n


Trat\u00e1ndose de recobros y reclamaciones:<\/font><\/p>\n


a) El t\u00e9rmino para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga ser\u00e1 de tres (3) a\u00f1os a partir de la fecha de la prestaci\u00f3n del servicio, de la entrega de la tecnolog\u00eda en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamaci\u00f3n o recobro, prescribir\u00e1 el derecho a recibir el pago y se extingue la obligaci\u00f3n para el Fosyga.<\/font><\/p>\n


b) El t\u00e9rmino para la caducidad de la acci\u00f3n legal que corresponda, se contar\u00e1 a partir de la fecha de la \u00faltima comunicaci\u00f3n de glosa impuesta en los procesos ordinarios de radicaci\u00f3n, por parte del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social (MSPS) o quien \u00e9ste designe.<\/font><\/p>\n


c) En el caso de los recobros y reclamaciones que hayan sido glosados por el Fosyga y sobre los cuales no haya operado el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n legal que corresponda, s\u00f3lo se exigir\u00e1 para su reconocimiento y pago los requisitos esenciales que demuestren la existencia de la respectiva obligaci\u00f3n, los cuales ser\u00e1n determinados por el MSPS. Para tales efectos, las entidades recobrantes deber\u00e1n autorizar el giro directo del valor total que se llegue a aprobar a favor de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas. El pago de las solicitudes aprobadas estar\u00e1 sujeto a la disponibilidad presupuestal de recursos para cada vigencia, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses moratorias por las solicitudes que se presenten bajo este mecanismo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
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La Corte se declara INHIBIDA de para pronunciarse sobre la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u201csin que haya lugar al reconocimiento de intereses moratorios por las solicitudes que se presenten bajo este mecanismo<\/i>\u201d, mediante Sentencia C-056-16<\/a><\/b>, febrero 10 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "Revisados nuevamente los cargos de inconstitucionalidad que se formulan contra una expresi\u00f3n del art\u00edculo 73 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Corte encontr\u00f3 que la demanda no satisfac\u00eda los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia. El cargo que eleva el actor por presunta violaci\u00f3n al derecho a la igualdad entre las EPS y el FOSYGA carece de certeza, porque le confiere al enunciado demandado un contenido normativo que no se desprende de su tenor literal, no se infiere de su contexto, no se evidencia a partir de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica que el actor pretende construir en su escrito. En su argumentaci\u00f3n, parece que el actor parece acusar una norma que no fue demandada por generar la supuesta situaci\u00f3n desigual que cesura (art. 4\u00ba del decreto 1281 de 2002), pero posteriormente plantea un problema de interpretaci\u00f3n de esa disposici\u00f3n derivado de la existencia de opciones hermen\u00e9uticas opuestas entre el Ministerio de Salud y el Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, m\u00e1s que de un verdadero problema de inconstitucionalidad. Adem\u00e1s, en la demanda se plantea en realidad un conflicto entre normas de diferente categor\u00eda m\u00e1s que frente a la Constituci\u00f3n. De otra parte, aunque el demandante logra identificar los grupos entre los que pretende realizar la comparaci\u00f3n y argumenta que se presenta un trato desigual en cuanto al pago de intereses de mora, no logra demostrar que los dos grupos de comparaci\u00f3n se hallan en la misma situaci\u00f3n de hecho y espec\u00edficamente, no expone ning\u00fan argumento para explicar por qu\u00e9 deber\u00edan recibir el mismo trato en el punto espec\u00edfico del pago de reclamaciones previamente glosadas."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Los procesos de reconocimiento y giro de los recursos del aseguramiento de Seguridad Social en Salud quedar\u00e1n en firme transcurridos dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s de su realizaci\u00f3n. Cumplido dicho plazo, no proceder\u00e1 reclamaci\u00f3n alguna.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 74.<\/a> Pol\u00edtica nacional de trabajo decente. <\/b>El Gobierno Nacional bajo la coordinaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo, adoptar\u00e1 la pol\u00edtica nacional de trabajo decente, para promover la generaci\u00f3n de empleo, la formalizaci\u00f3n laboral y la protecci\u00f3n de los trabajadores de los sectores p\u00fablico y privado. Las entidades territoriales formular\u00e1n pol\u00edticas de trabajo decente en sus planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional tambi\u00e9n fijar\u00e1 las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional deber\u00e1 garantizar que las actividades permanentes de las entidades p\u00fablicas sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal, con excepci\u00f3n de los casos se\u00f1alados en la ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 75. <\/a><\/b>Fortalecimiento del di\u00e1logo social y la concertaci\u00f3n. El Gobierne Nacional a trav\u00e9s del Ministerio del Trabajo impulsar\u00e1 programas con enfoque territorial que fortalezcan el Di\u00e1logo Social y la concertaci\u00f3n laboral, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajo y la sostenibilidad de las empresas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 76. <\/a><\/b>Medidas para evitar la concentraci\u00f3n de riesgos y la selecci\u00f3n adversa en el sistema general de riesgos laborales. Adici\u00f3nese el literal q. a art\u00edculo 46 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero<\/a><\/b>:<\/font><\/p>\n

\n

"q. que se definan medidas necesarias para evitar la concentraci\u00f3n de riesgos y la selecci\u00f3n adversa de afiliados por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 77.<\/a> Ampliaci\u00f3n y seguimiento del mecanismo de protecci\u00f3n al cesante.<\/b> El Ministerio del Trabajo adoptar\u00e1 las medidas necesarias para fortalecer la operaci\u00f3n del Mecanismo de Protecci\u00f3n al Cesante como principal herramienta para la integraci\u00f3n de pol\u00edticas activas de empleo y la mitigaci\u00f3n de los efectos nocivos del desempleo.<\/font><\/p>\n


Con el fin de facilitar y mejorar el enganche laboral efectivo de la poblaci\u00f3n y para estimular la vinculaci\u00f3n de aprendices, practicantes y trabajadores a empresas, el Ministerio del Trabajo podr\u00e1 disponer anualmente recursos del Fosfec para el reconocimiento de bonos de alimentaci\u00f3n a cesantes, a la promoci\u00f3n de la formaci\u00f3n en empresa y el desarrollo de incentivos para eliminar las barreras de acceso al mercado laboral previa realizaci\u00f3n de estudios sobre atenci\u00f3n de necesidades sociales. Lo anterior, sin perjuicio de las otras destinaciones de los recursos que integran el Fosfec, en los t\u00e9rminos de la Ley 1636 de 2013.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 78.<\/a> Supresi\u00f3n de cuotas partes pensi\u00f3nales.<\/b> Las entidades p\u00fablicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, cualquiera sea su naturaleza, y Colpensiones, suprimir\u00e1n las obligaciones por concepto de cuotas partes pensi\u00f3nales. Esta posibilidad aplicar\u00e1 tanto para las cuotas causadas como a las que a futuro se causen . Para el efecto, las entidades har\u00e1n el reconocimiento contable y la respectiva anotaci\u00f3n en los estados financieros.<\/font><\/p>\n


Lo dispuesto en el inciso anterior tambi\u00e9n aplicar\u00e1 a las entidades que al primero de abril de 1994 tuvieran la calidad de entidades del orden nacional.<\/font><\/p>\n


La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP), proceder\u00e1 en el mismo sentido en relaci\u00f3n con las obligaciones por cuotas partes pensi\u00f3nales que haya reconocido a partir del momento en que asumi\u00f3 la funci\u00f3n de reconocimiento pensional de entidades del orden nacional liquidadas o en liquidaci\u00f3n, que sean financiadas con recursos del Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Nivel Nacional (FOPEP).<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 79. <\/a>Fuentes de financiaci\u00f3n de servicios sociales complementarios.<\/b> Los incentivos de que trata el art\u00edculo 87\u00b0 de la Ley 1328 de 2009 se financiar\u00e1n con recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


La prima de seguros que cubran los riesgos de la incapacidad y muerte del ahorrador vinculado a los Beneficios Econ\u00f3micos Peri\u00f3dicos (BEPS) ser\u00e1n financiados con recursos del Fondo de Riesgos Laborales. El Consejo Nacional de Riesgos Laborales destinar\u00e1 anualmente las partidas para para el efecto. La Comisi\u00f3n Intersectorial de Pensiones y Beneficios Econ\u00f3micos deber\u00e1 definir el monto m\u00ednimo del Beneficio Econ\u00f3mico Peri\u00f3dico teniendo en cuenta los gastos de administraci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 80. <\/a>Pago de pensiones de invalidez reconocidas por Positiva.<\/b> Las pensiones que actualmente est\u00e1n a cargo de Positiva S.A., cuyos derechos fueron causados originalmente en el Instituto de Seguros Sociales, ser\u00e1n administradas por la UGPP y pagadas por el FOPEP, previo el traslado de la reserva actuarial correspondiente, de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que expida el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 81.<\/a><\/b> Atenci\u00f3n Intersectorial para la discapacidad. El Gobierno Nacional conforme a los lineamientos de la pol\u00edtica p\u00fablica de discapacidad y las estrategias de implementaci\u00f3n para ella contempladas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, dise\u00f1ar\u00e1 e implementar\u00e1 una Ruta de Atenci\u00f3n Intersectorial para personas con discapacidad. Para asegurar el acceso efectivo a la oferta program\u00e1tica en el nivel territorial se tomar\u00e1n medidas de ajuste institucional, fortalecimiento de la capacidad instalada territorial, asistencia t\u00e9cnica a los gobiernos territoriales y mejoramiento de las condiciones de la gesti\u00f3n institucional, para lo cual el Departamento Administrativo de la Presidencia asumir\u00e1 la coordinaci\u00f3n y articulaci\u00f3n de toda la oferta program\u00e1tica para discapacidad en los territorios a trav\u00e9s de la Ruta de Atenci\u00f3n Intersectorial para personas con discapacidad.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Para efectos de este art\u00edculo, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social implementar\u00e1 la Certificaci\u00f3n de Discapacidad para la inclusi\u00f3n y redireccionamiento de la poblaci\u00f3n con discapacidad a la oferta program\u00e1tica institucional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 82.<\/a> Pol\u00edtica de atenci\u00f3n integral a la primera infancia, infancia y adolescencia.<\/b> El Gobierno Nacional consolidar\u00e1 la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica de primera infancia y desarrollar\u00e1 una pol\u00edtica nacional para la infancia y la adolescencia, en armon\u00eda con los avances t\u00e9cnicos y de gesti\u00f3n de la estrategia De ero a Siempre, con \u00e9nfasis en la poblaci\u00f3n con amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos.<\/font><\/p>\n


Dicha pol\u00edtica desarrollar\u00e1, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), al menos los siguientes componentes:<\/font><\/p>\n


a) Literal modificado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 206.<\/b> Formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de rutas integrales de atenci\u00f3n que articulen y armonicen la oferta p\u00fablica y privada, incluyendo las relacionadas con prevenci\u00f3n de la violencia juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Literal <\/font><\/b>Modificado por laLEY 1955 DE 2019<\/a>, art\u00edculo 206. <\/b><\/font>por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original  <\/b>a) Formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de rutas integrales de atenci\u00f3n que articulen y armonicen la oferta p\u00fablica y privada, incluyendo las relacionadas con prevenci\u00f3n del delito en adolescentes.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


b) Formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n en el \u00e1mbito nacional de un plan operativo de la pol\u00edtica que asegure la articulaci\u00f3n de las diferentes pol\u00edticas, planes y programas.<\/font><\/p>\n


c) Articulaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de una estrategia de fortalecimiento y acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico para la articulaci\u00f3n de los temas de infancia y adolescencia en municipios, distritos y departamentos. <\/font><\/p>\n


d) Estructuraci\u00f3n de un esquema de seguimiento y evaluaci\u00f3n de la pol\u00edtica, fortaleciendo el seguimiento de la garant\u00eda de derechos a trav\u00e9s del Sistema \u00danico de Informaci\u00f3n de la Ni\u00f1ez.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Adicionado por laLey 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 206.<\/b> El Gobierno nacional a trav\u00e9s de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), establecer\u00e1 las condiciones institucionales, t\u00e9cnicas y financieras para la puesta en marcha de una oferta de atenci\u00f3n especializada a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes con dependencia funcional permanente, y de aquellos que presenten consumo problem\u00e1tico de sustancias psicoactivas (SPA), en complementariedad y concurrencia con los gobiernos territoriales y en el marco de sus competencias.<\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 83.<\/a> Atenci\u00f3n integral a la primera infancia en modalidad comunitaria y FAMI.<\/b> El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 los mecanismos que permitan el fortalecimiento de las modalidades comunitarias y de Familia, Mujer e Infancia (FAMI), siguiendo los lineamientos de la estrategia de atenci\u00f3n integral a la primera infancia.<\/font><\/p>\n


Para ello se definir\u00e1 una estrategia de mejoramiento locativo de los inmuebles donde funcionan servicios de atenci\u00f3n a la primera infancia con el fin de ejecutar obras menores, reparaciones o adecuaciones que no requieran la obtenci\u00f3n de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes.<\/font><\/p>\n


Tales obras comprender\u00e1n prioritariamente, la habilitaci\u00f3n o instalaci\u00f3n de bater\u00eda de ba\u00f1os, lavaderos, cocinas, redes hidr\u00e1ulicas y sanitarias, pisos en superficies en tierra o en materiales inadecuados, ajustes razonables para garantizar la accesibilidad para personas en condici\u00f3n de discapacidad y otras condiciones que permitan el saneamiento y mejoramiento de dichos espacios, con el objeto de alcanzar progresivamente ambientes seguros y protectores para garantizar la atenci\u00f3n integral de la poblaci\u00f3n que compone la primera infancia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 84. <\/a><\/b>Estrategia para la prevenci\u00f3n del embarazo en la adolescencia. El Gobierno Nacional bajo la coordinaci\u00f3n Instituto Colol11biano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, en el marco de la Comisi\u00f3n Nacional Intersectorial para la Promoci\u00f3n y Garant\u00eda de los Derechos Sexuales y Reproductivos, realizar\u00e1 asistencia t\u00e9cnica conjunta a los entes territoriales del pa\u00eds para que los alcaldes y gobernadores incluyan indicadores, pol\u00edticas, programas y proyectos de derechos sexuales y reproductivos vinculados con la pol\u00edtica de
prevenci\u00f3n del embarazo en la adolescencia en los respectivos planes de desarrollo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 85. <\/a>Recursos de inversi\u00f3n social en cultura y deporte.<\/b> Los recursos de que trata el art\u00edculo 512-2 del Estatuto Tributario<\/a><\/b> ser\u00e1n destinados a inversi\u00f3n social y se distribuir\u00e1n as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

1. El diez por ciento (10%) para promover la creaci\u00f3n, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas P\u00fablicas. Estos recursos ser\u00e1n presupuestados en el Ministerio de Cultura.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. El noventa por ciento (90%) para promover el fomento, promoci\u00f3n y desarrollo del Deporte y la Cultura, distribuido as\u00ed:<\/font><\/p>\n


a) Un setenta y cinco por ciento (75%) para el plan sectorial de fomento, promoci\u00f3n y desarrollo del deporte, y la recreaci\u00f3n, escenarios deportivos incluidos los accesos en las zonas de influencia de los mismos, as\u00ed como para la atenci\u00f3n de los juegos deportivos nacionales y los juegos paral\u00edmpicos nacionales, los compromisos del ciclo ol\u00edmpico y paral\u00edmpicos que adquiera la Naci\u00f3n y la preparaci\u00f3n y participaci\u00f3n de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario \u00fanico nacional. Estos recursos ser\u00e1n presupuestados en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreaci\u00f3n, la Actividad F\u00edsica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES).<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

b) Un doce coma cinco por ciento (12,5%) ser\u00e1 girado al Distrito Capital y a los departamentos, para que mediante convenio con los municipios y\/o distritos que presenten proyectos que sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del Sistema General de Participaciones, establecidos en la Ley 715 de 2001. Del total de estos recursos se deber\u00e1n destinar m\u00ednimo un tres por ciento (3%) para el fomento, promoci\u00f3n, desarrollo del deporte y la recreaci\u00f3n de deportistas con discapacidad. Estos recursos ser\u00e1n presupuestados en COLDEPORTES, para su posterior distribuci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


c) Un doce coma cinco por ciento (12,5%) ser\u00e1 girado al Distrito Capital y a los Departamentos, para que mediante convenio con los municipios y\/o distritos que presenten proyectos que sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento, promoci\u00f3n y desarrollo de la Cultura y la actividad art\u00edstica colombiana d\u00e1ndole aplicaci\u00f3n a la Ley 1185 de 2008 y atendiendo los criterios del Sistema General de Participaciones, establecidos en la Ley 715 de 2001. Del total de estos recursos se deber\u00e1n destinar m\u00ednimo un tres por ciento (3%) a programas culturales y art\u00edsticos de gestores y creadores culturales con discapacidad. Estos recursos ser\u00e1n presupuestados en el Ministerio de Cultura para su posterior distribuci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Los municipios y\/o distritos cuyas actividades culturales y art\u00edsticas hayan sido declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas para la Educaci\u00f3n, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tendr\u00e1n derecho a que del porcentaje asignado se destine el cincuenta por ciento (50%) para la promoci\u00f3n y fomento de estas actividades.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico o la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales deber\u00e1n informar anualmente a las comisiones econ\u00f3micas del Congreso de la Rep\u00fablica el valor recaudado por este tributo y la destinaci\u00f3n del mismo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Los recursos girados para Cultura al Distrito Capital y a los departamentos, que no hayan sido ejecutados al 31 de diciembre de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, ser\u00e1n reintegrados por el Distrito Capital y los departamentos a la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y del Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros generados, a m\u00e1s tardar el 30 de junio siguiente.<\/font><\/p>\n


Los recursos reintegrados al Tesoro Nacional ser\u00e1n destinados a la ejecuci\u00f3n de proyectos de inversi\u00f3n a cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la apropiaci\u00f3n social del patrimonio cultural.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. Los rendimientos financieros originados por los recursos del impuesto nacional al consumo a la telefon\u00eda m\u00f3vil girados al Distrito Capital y los departamentos para el fomento, promoci\u00f3n y desarrollo de la Cultura y el Deporte, deber\u00e1n consignarse semestralmente a la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y del Tesoro Nacional, en febrero y julio de cada a\u00f1o. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Cuarto. Cuando la entidad territorial no adelante el reintegro de recursos en los montos y plazos a que se refiere el presente art\u00edculo, el Ministerio de Cultura podr\u00e1 descontarlos del giro que en las siguientes vigencias deba adelantar al Distrito Capital o al respectivo Departamento por el mismo concepto."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 86. <\/a>Promoci\u00f3n de iniciativas juveniles. <\/b>El Gobierno Nacional impulsar\u00e1 estrategias encaminadas a desarrollar las iniciativas sociales de los j\u00f3venes. Para tal efecto, la Direcci\u00f3n del Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven, constituir\u00e1 un banco de iniciativas encaminado al fortalecimiento de capital social, desarrollo humano y protecci\u00f3n de los derechos humanos de esta poblaci\u00f3n, as\u00ed como de los proyectos productivos y de emprendimiento que motiven a los j\u00f3venes beneficiarios a permanecer en la Colombia rural.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 87.<\/a> Evaluaci\u00f3n de la gesti\u00f3n financiera, t\u00e9cnica y administrativa de los prestadores de servicios p\u00fablicos.<\/b> Modif\u00edquese el numeral 11 del art\u00edculo 79 de la Ley 142 de 1994<\/a><\/b>, modificado por el art\u00edculo 13\u00b0 de la Ley 689 de 2001, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"11.<\/b> Evaluar la gesti\u00f3n financiera, t\u00e9cnica y administrativa de los prestadores de servicios p\u00fablicos sujetos a su control, inspecci\u00f3n y vigilancia, de acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulaci\u00f3n; publicar sus evaluaciones y proporcionar, en forma oportuna, toda la informaci\u00f3n disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. La Superintendencia podr\u00e1 imponer programas de gesti\u00f3n para las empresas que amenacen de forma grave la prestaci\u00f3n continua y eficiente de un servicio los cuales estar\u00e1n basados en los indicadores de prestaci\u00f3n y la informaci\u00f3n derivada de la vigilancia e inspecci\u00f3n efectuadas a las mismas, cuyo incumplimiento podr\u00e1 ser sancionado en los t\u00e9rminos de esta ley. De igual manera podr\u00e1 definir criterios diferenciales para adelantar el control, inspecci\u00f3n y vigilancia a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en \u00e1reas rurales."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 88. <\/a>Eficiencia en el manejo integral de residuos s\u00f3lidos. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 251<\/a><\/b> de laLey 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 251. Eficiencia en el manejo integral de residuos s\u00f3lidos. <\/b>Las autoridades ambientales, personas prestadoras o entidades territoriales no podr\u00e1n imponer restricciones sin justificaci\u00f3n t\u00e9cnica al acceso a los rellenos sanitarios y\/o estaciones de transferencia.<\/font><\/p>\n


Cr\u00e9ase un incentivo al aprovechamiento de residuos s\u00f3lidos en aquellas entidades territoriales en cuyo Plan de Gesti\u00f3n Integral de Residuos S\u00f3lidos (PGIRS) se hayan definido proyectos de aprovechamiento viables. El valor por suscriptor de dicho incentivo, se calcular\u00e1 sobre las toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor del servicio p\u00fablico de aseo, como un valor adicional al costo de disposici\u00f3n final de estos residuos. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia y su implementaci\u00f3n podr\u00e1 ser de forma gradual. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los recursos provenientes del incentivo ser\u00e1n destinados a la actividad de aprovechamiento del servicio p\u00fablico de aseo para el desarrollo de infraestructura, separaci\u00f3n en la fuente, recolecci\u00f3n, transporte, recepci\u00f3n, pesaje, clasificaci\u00f3n y otras formas de aprovechamiento; desarrolladas por los prestadores de la actividad de aprovechamiento y recicladores de oficio que se hayan organizado bajo la Ley 142 de 1994 para promover su formalizaci\u00f3n e inclusi\u00f3n social. Dichos recursos tambi\u00e9n se emplear\u00e1n en la elaboraci\u00f3n de estudios de pre-factibilidad y factibilidad que permitan la implementaci\u00f3n de formas alternativas de aprovechamiento de residuos, tales como el compostaje, el aprovechamiento energ\u00e9tico y las plantas de<\/font><\/p>\n

tratamiento integral de residuos s\u00f3lidos, entre otros.<\/font><\/p>\n


Cons\u00e9rvese el incentivo para los municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios de car\u00e1cter regional. El valor de dicho incentivo continuar\u00e1 siendo pagado por el prestador al municipio donde se ubique el relleno sanitario de la actividad de disposici\u00f3n final y su tarifa ser\u00e1 entre 0,23% y 0,69% del salario m\u00ednimo mensual legal vigente (smmlv) por tonelada dispuesta. En aquellos casos en que el relleno sanitario se encuentre ubicado o se llegare a ubicar en zonas lim\u00edtrofes de varios municipios, el incentivo se distribuir\u00e1 proporcionalmente entre los municipios, conforme al \u00e1rea afecta a la ejecuci\u00f3n del proyecto.<\/font><\/p>\n


Cons\u00e9rvese el incentivo para la ubicaci\u00f3n de estaciones de transferencia de residuos s\u00f3lidos para los municipios donde se ubiquen estas infraestructuras, siempre que sean de car\u00e1cter regional. El valor de ese incentivo ser\u00e1 pagado al municipio donde se ubique la estaci\u00f3n de transferencia regional por parte del prestador de la actividad y su tarifa fluctuar\u00e1 entre 0,0125% y 0,023% del smmlv por tonelada transferida, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


Los anteriores incentivos deber\u00e1n ser destinados a la financiaci\u00f3n de proyectos de agua potable y saneamiento b\u00e1sico.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. La Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico definir\u00e1 el mecanismo de inclusi\u00f3n del pago de los incentivos mencionados en el presente art\u00edculo, en la tarifa del usuario final del servicio de aseo; salvo aquellos usuarios ubicados en el municipio donde se encuentra el relleno sanitario y\/o la estaci\u00f3n de transferencia, para los incentivos relacionados con dicha infraestructura.<\/font><\/p>\n


Igualmente, en la metodolog\u00eda tarifaria se establecer\u00e1 un incentivo a los usuarios para promover la separaci\u00f3n en la fuente de los residuos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio reglamentar\u00e1 el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y la transitoriedad para el cumplimiento de las obligaciones que deben atender los recicladores de oficio, formalizados como personas prestadoras, de la actividad de aprovechamiento en el servicio p\u00fablico de aseo.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 89.<\/a> Sistemas de Ciudades.<\/b> Se adiciona el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 111<\/a><\/b> de la Ley 388 de 1997<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo 2\u00b0. El Gobierno Nacional a trav\u00e9s del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta el principio de autonom\u00eda territorial, tambi\u00e9n podr\u00e1 tener la iniciativa para la formulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las actuaciones urbanas integrales de que tratan los art\u00edculos 113\u00b0 y 114\u00b0 de la Ley 388 de 1997, siempre que sean necesarias para la implementaci\u00f3n de proyectos estrat\u00e9gicos de iniciativa de la Naci\u00f3n, que promuevan el desarrollo del Sistema de Ciudades y los corredores urbanos regionales.<\/font><\/p>\n


Estas actuaciones deber\u00e1n delimitarse y definirse en estudios t\u00e9cnicos que seguir\u00e1n el procedimiento establecido en los art\u00edculos 24\u00b0, 25\u00b0 Y 26\u00b0 de la misma ley, y se constituir\u00e1n en determinantes del ordenamiento territorial. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 los lineamientos generales para la formulaci\u00f3n de estas actuaciones estrat\u00e9gicas con la participaci\u00f3n de las diferentes entidades nacionales, as\u00ed como la coordinaci\u00f3n p\u00fablico privada."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 90. Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336. Vivienda de inter\u00e9s social y vivienda de inter\u00e9s prioritario.<\/i><\/font><\/b>Vivienda de Inter\u00e9s Social y Vivienda de Inter\u00e9s Prioritario. De conformidad con el art\u00edculo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de inter\u00e9s social es la unidad habitacional que cumple con los est\u00e1ndares de calidad en dise\u00f1o urban\u00edstico, arquitect\u00f3nico y de construcci\u00f3n y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (135 smmlv). Las entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de categor\u00edas 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, podr\u00e1n hacerlo en vivienda de inter\u00e9s social y prioritaria.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota de Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
Art\u00edculo <\/font><\/b>Modificado por la <\/b><\/font>Ley 1796 de 2016, art\u00edculo 33<\/font><\/b>.<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original  Vivienda de inter\u00e9s social y vivienda de inter\u00e9s prioritario.<\/b> De conformidad con el art\u00edculo 91 \u00b0 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de inter\u00e9s social es la unidad habitacional que cumple con los est\u00e1ndares de calidad en dise\u00f1o urban\u00edstico, arquitect\u00f3nico y de construcci\u00f3n y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (135 smmlv).<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Par\u00e1grafo Primero. Modificado por la Ley 1796 de 2016, art\u00edculo 33<\/b>.Se establecer\u00e1 un tipo de vivienda denominada Vivienda de Inter\u00e9s Social prioritario, cuyo valor m\u00e1ximo ser\u00e1 de setenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (70 smmlv).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Texto Anterior*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Texto Original  <\/b>Par\u00e1grafo Primero. Se establecer\u00e1 un tipo de vivienda denominada vivienda de inter\u00e9s social prioritario, cuyo valor m\u00e1ximo ser\u00e1 de setenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (70 smmlv). Las entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de categor\u00edas 3, 4, 5 Y 6 de la Ley 617 de 2000, s\u00f3lo podr\u00e1n hacerlo en vivienda de inter\u00e9s prioritario.<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo. En el caso de programas y\/o proyectos de renovaci\u00f3n urbana, el Gobierno Nacional podr\u00e1 definir tipos de vivienda de inter\u00e9s social y de inter\u00e9s prioritario. La vivienda de inter\u00e9s social podr\u00e1 tener un precio superior a los ciento treinta y cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (135 smmlv), sin que este exceda los ciento setenta y cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (175 smmlv). La vivienda de inter\u00e9s prioritario podr\u00e1 tener un precio superior a los setenta salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (70 smmlv), sin que este exceda los cien salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (100 smmlv).<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. Los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda urbana que sean objeto de renuncia por parte de su beneficiario, que se venzan, o que correspondan a aquellos recuperados mediante actuaciones administrativas, deber\u00e1n ser incorporados en el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), y ser\u00e1n destinados a la financiaci\u00f3n o cofinanciaci\u00f3n de programas o proyectos de vivienda de inter\u00e9s social, a la construcci\u00f3n y\/o dotaci\u00f3n de equipamientos p\u00fablicos colectivos y\/o a la infraestructura de servicios p\u00fablicos domiciliarios. Lo anterior, independientemente de la vigencia presupuestal en la que hayan sido asignados los subsidios. <\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Los mencionados recursos podr\u00e1n ser transferidos directamente, total o parcialmente, a cualquiera de los patrimonios aut\u00f3nomos en los que sea fideicomitente el Fonvivienda, o la entidad que indique el Gobierno Nacional.<\/font><\/i><\/p>\n


Respecto de los subsidios familiares de vivienda urbana que se encuentren sin aplicar, Fonvivienda podr\u00e1 proceder a su vencimiento sin que se requiera surtir previamente el proceso a que se refiere el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 1537 de 2012.<\/font><\/i><\/p>\n


En todo caso, los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n asignados a Fonvivienda y que se incorporen a patrimonios aut\u00f3nomos en los cuales dicha entidad sea Fideicomitente, independiente del rubro presupuestal de los referidos recursos, podr\u00e1n ser destinados para la construcci\u00f3n y\/o dotaci\u00f3n de equipamientos p\u00fablicos colectivo y\/o infraestructura de servicios p\u00fablicos domiciliarios, incluida la adquisici\u00f3n de predios para esos prop\u00f3sitos, para los proyectos de vivienda de inter\u00e9s social y prioritaria que se ejecuten en el marco de los patrimonios aut\u00f3nomos. La entidad aportante de los recursos definir\u00e1 los porcentajes de los recursos aportados que pueden ser destinados a estos prop\u00f3sitos.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. Cuando la entidad otorgante de subsidios familiares de vivienda 100% en especie (SFVE) advierta el acaecimiento de una causal para su restituci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 21 de la Ley 1537 de 2012, estar\u00e1 facultada para iniciar ante las autoridades competentes y bajo los procedimientos determinados por la ley, procesos reivindicatorios de las viviendas, aun cuando no se ostente la calidad de propietario de las mismas.<\/font><\/i><\/p>\n


Sin perjuicio de lo anterior, una vez surtido el proceso de restituci\u00f3n, por virtud de la ley e independientemente del negocio jur\u00eddico suscrito para que el hogar beneficiario se convirtiera en propietario de la vivienda, la entidad otorgante del SFVE o los fideicomisos en los cuales \u00e9sta sea fideicomitente, podr\u00e1n convertirse en titulares del derecho de dominio de las viviendas restituidas, para lo cual solo se requerir\u00e1 la inscripci\u00f3n del acto administrativo correspondiente en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la vivienda.<\/font><\/i><\/p>\n


En los eventos en los cuales la restituci\u00f3n del SFVE proceda por deudas adquiridas con los entes territoriales o las entidades del sector centralizado o descentralizado del orden territorial, la entidad otorgante del SFVE podr\u00e1 disponer, mediante acto administrativo susceptible de registro, que la entidad acreedora se convierta en propietaria de las viviendas, con el prop\u00f3sito de que sean asignadas a hogares que se encuentren en las condiciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 12 de la Ley 1537 de 2012, y que sean identificados y seleccionados de conformidad con lo reglamentado por el Gobierno Nacional.<\/font><\/i><\/p>\n


Las viviendas adquiridas a t\u00edtulo de SFVE, que hayan sido utilizadas como medio o instrumento para la ejecuci\u00f3n de actividades il\u00edcitas, podr\u00e1n ser restituidas por parte de la entidad otorgante, para ser asignadas a otros hogares que se encuentren en las condiciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 12\u00b0 de la Ley 1537 de 2012, sin perjuicio de que se adelanten las investigaciones penales a que hayan lugar.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Las viviendas que sean objeto de restituci\u00f3n de acuerdo con lo establecido en el presente art\u00edculo, podr\u00e1n ser transferidas a patrimonios aut\u00f3nomos constituidos por la entidad otorgante de los subsidios, hasta el momento en que sean transferidas aun nuevo hogar beneficiario.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 91. <\/a><\/b>Incorporaci\u00f3n del suelo rural, suburbano y expansi\u00f3n urbana al per\u00edmetro urbano. Modif\u00edquese el art\u00edculo 47 de la Ley 1537 de 2012<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 47. Incorporaci\u00f3n del suelo rural, suburbano y expansi\u00f3n urbana al per\u00edmetro urbano.<\/b> Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda, infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, durante el per\u00edodo constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los a\u00f1os 2015 y el 2020, y por una sola vez, los municipios y distritos podr\u00e1n:<\/font><\/p>\n


1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al per\u00edmetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansi\u00f3n urbana que garanticen el desarrollo y construcci\u00f3n de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de inter\u00e9s social y de inter\u00e9s prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que ser\u00e1 sometida a aprobaci\u00f3n directa del concejo municipal o distrital, sin la realizaci\u00f3n previa de los tr\u00e1mites de concertaci\u00f3n y consulta previstos en el art\u00edculo 24\u00b0 de la Ley 388 de 1997. Esta acci\u00f3n se podr\u00e1 adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:<\/font><\/p>\n


a. Se trate de predios que cuenten con conexi\u00f3n o disponibilidad inmediata de servicios p\u00fablicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energ\u00eda el\u00e9ctrica y que tengan garantizada su conexi\u00f3n y articulaci\u00f3n con los sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito, certificada por los prestadores correspondientes.<\/font><\/p>\n


b. Los predios as\u00ed incorporados al per\u00edmetro urbano quedar\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de desarrollo y construcci\u00f3n prioritaria de que trata el art\u00edculo 52\u00b0 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecuci\u00f3n se aplicar\u00e1n las normas del tratamiento urban\u00edstico de desarrollo y no se requerir\u00e1 de plan parcial ni de otro instrumento de planificaci\u00f3n complementaria para su habilitaci\u00f3n. En el proyecto de acuerdo se incluir\u00e1 la clasificaci\u00f3n de usos y aprovechamiento del suelo.<\/font><\/p>\n


c. Los predios no podr\u00e1n colindar ni estar ubicados al interior de \u00e1reas de conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n ambiental, tales como las \u00e1reas del sistema nacional de \u00e1reas protegidas, \u00e1reas de reserva forestal, \u00e1reas de manejo especial y \u00e1reas de especial importancia ecosist\u00e9mica, ni en \u00e1reas que hagan parte del suelo de protecci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de que trata el art\u00edculo 35\u00b0 de la Ley 388 de 1997, ni en otras \u00e1reas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertaci\u00f3n ambiental que fundament\u00f3 la adopci\u00f3n del plan de ordenamiento vigente. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

d. Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados rurales (corregimientos y veredas) que est\u00e9n incluidos en una de las siete (7) reservas forestales creadas por la Ley 2a de 1959, podr\u00e1n presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracci\u00f3n r\u00e1pida y expedita para los lotes y actuaciones urbanas integrales que se destinen a vivienda para lo cual se expedir\u00e1 por parte de dicho Ministerio las resoluciones correspondientes.<\/font><\/p>\n


2. Adem\u00e1s de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podr\u00e1 modificar el r\u00e9gimen de usos y aprovechamiento del suelo de los predios localizados al interior del per\u00edmetro urbano o de expansi\u00f3n urbana que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de inter\u00e9s prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someter\u00e1 a aprobaci\u00f3n directa del concejo municipal o distrital, sin la realizaci\u00f3n previa de los tr\u00e1mites de concertaci\u00f3n y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedici\u00f3n de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorizaci\u00f3n para el efecto. Estos predios quedar\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de desarrollo y construcci\u00f3n prioritaria, de que trata el art\u00edculo 52\u00b0 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Transcurridos sesenta (60) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente art\u00edculo, sin que el concejo municipal o distrital adopte decisi\u00f3n alguna o lo niegue sin base en motivos y estudios t\u00e9cnicos debidamente sustentados, el alcalde podr\u00e1 adoptarlo mediante decreto.<\/font><\/p>\n


En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el alcalde deber\u00e1 convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificaci\u00f3n propuesta por el concejo deber\u00e1 sustentarse en motivos t\u00e9cnicos y contar con la aceptaci\u00f3n del alcalde y, en ning\u00fan caso, su discusi\u00f3n ampliar\u00e1 el t\u00e9rmino para decidir.<\/font><\/p>\n


Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 81\u00b0 de la Ley 134 de 1994, celebrar\u00e1n obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el estudio y an\u00e1lisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. Los predios incorporados al per\u00edmetro urbano en virtud de las disposiciones del presente art\u00edculo deber\u00e1n cumplir los porcentajes de vivienda de inter\u00e9s social y de inter\u00e9s social prioritario de que trata el art\u00edculo 46\u00b0 de la presente ley.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. Los proyectos de vivienda desarrollados bajo este art\u00edculo, no podr\u00e1n; cumplir la obligaci\u00f3n de destinar suelo para vivienda de inter\u00e9s prioritario mediante el traslado de sus obligaciones a otro proyecto."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 92.<\/a> Garant\u00eda de la Naci\u00f3n para la financiaci\u00f3n de proyectos de vivienda de inter\u00e9s social.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 19 de la Ley 1537 de 2012<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

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"Art\u00edculo 19. Garant\u00eda de la Naci\u00f3n para la financiaci\u00f3n de proyectos de vivienda de inter\u00e9s social.<\/b> Autor\u00edcese a la Naci\u00f3n – Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, para garantizar operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico interno o externo, operaciones asimiladas o conexas a estas, que celebre la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para financiar los proyectos de vivienda de inter\u00e9s social y\/o prioritario, en los t\u00e9rminos de la normatividad vigente.<\/font><\/p>\n


Para efectos de lo previsto en esta ley, Findeter podr\u00e1 otorgar cr\u00e9dito a los patrimonios aut\u00f3nomos en los que Fonvivienda sea fideicornitente, y que se constituyan para la ejecuci\u00f3n de proyectos de vivienda de inter\u00e9s social y\/oprioritario."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 93. <\/a>Juegos novedosos. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 38 de la Ley 643 del 2001<\/a><\/b>, modificado por el art\u00edculo 22\u00b0 de la Ley 1393 de 2010, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

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"Art\u00edculo 38. Juegos novedosos. <\/b>Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte y azar distintos de las loter\u00edas tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de los dem\u00e1s juegos a que se refiere la presente ley. Se consideran juegos novedosos, entre otros, la lotto preimpresa, la loter\u00eda instant\u00e1nea, el lotto en l\u00ednea en cualquiera de sus modalidades, apuestas deportivas o en eventos y todos los juegos operados por internet, o por cualquier otra modalidad de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n que no requiera la presencia del apostador. Lo anterior \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los juegos que administra y\/o explota Coljuegos.<\/font><\/p>\n


Los derechos de explotaci\u00f3n que deben transferir quienes operen juegos novedosos equivaldr\u00e1n como m\u00ednimo al 17% de los ingresos brutos. Cuando se operen juegos novedosos en los cuales el retorno al jugador de acuerdo con el reglamento del juego sea igualo superior al 83% los derechos de explotaci\u00f3n tendr\u00e1n una tarifa m\u00ednima del 15 % sobre los ingresos brutos menos los premios pagados. Sin perjuicio de lo anterior quienes operen juegos por internet, pagar\u00e1n adicionalmente ochocientos once (811) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, que se cancelar\u00e1n durante los veinte (20) primeros d\u00edas h\u00e1biles de cada a\u00f1o de operaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Se entiende que el juego opera por internet cuando la apuesta y el pago de premios , se realizan \u00fanicamente por este medio, previo registro del jugador en el sitio o portal autorizado y cuya mec\u00e1nica se soporta en un generador de n\u00famero aleatorio virtual o en la ocurrencia de eventos reales cuyos resultados no son controlados. No se entienden operados por internet aquellos juegos que incluyan la realizaci\u00f3n de sorteos f\u00edsicos, como el chance y loter\u00edas, entre otros, en cuyo caso el internet ser\u00e1 un medio de comercializaci\u00f3n. Coljuegos reglamentar\u00e1 los juegos de su competencia que operen y comercialicen por internet.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Podr\u00e1n operar los juegos de suerte y azar por internet las personasjur\u00eddicas que suscriban el correspondiente contrato de concesi\u00f3n previa verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento del juego y los dem\u00e1s definidos por Coljuegos; la operaci\u00f3n de los dem\u00e1s juegos novedosos deber\u00e1 ser autorizado en cumplimiento de los procesos de selecci\u00f3n establecidos en el estatuto general de contrataci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Los juegos novedosos diferentes a los operados por internet podr\u00e1n utilizar este medio \u00fanicamente como canal de venta, previa autorizaci\u00f3n del administrador del monopolio quien determinar\u00e1 las condiciones y requisitos que se deben cumplir para tal fin.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. Los administradores del monopolio, las autoridades de inspecci\u00f3n, vigilancia y control, las autoridades de polic\u00eda y la Polic\u00eda Nacional podr\u00e1n hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, p\u00e1ginas de Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotaci\u00f3n, operaci\u00f3n, venta, pago, publicidad o comercializaci\u00f3n de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 94. <\/a><\/b>Definici\u00f3n de juegos de suerte y azar. Modif\u00edquese el inciso tercero del art\u00edculo 5 de la Ley 643 del 2001<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

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"Est\u00e1n excluidos del \u00e1mbito de esta ley los juegos de suerte y azar de car\u00e1cter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotaci\u00f3n lucrativa o con car\u00e1cter profesional por quien lo opera, gestiona o administra, as\u00ed como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; tambi\u00e9n est\u00e1n excluidos los juegos promocionales que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias departamentales y de las sociedades de capitalizaci\u00f3n que solo podr\u00e1n ser realizados directamente por estas entidades. Se podr\u00e1n utilizar como juegos promocionales los sorteos, bingos, apuestas deportivas, loter\u00eda instant\u00e1nea y lotto preimpresa, sus derechos de explotaci\u00f3n se pagar\u00e1n sobre el valor total del plan de premios y cada premio contenido en el plan no podr\u00e1 superar ciento sesenta (160) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 95. <\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Financiaci\u00f3n de proyectos de las lES. <\/b>El Icetex ejercer\u00e1 la funci\u00f3n de financiar o cofinanciar programas y proyectos espec\u00edficos que contribuyan al desarrollo cient\u00edfico, acad\u00e9mico y administrativo de las instituciones de educaci\u00f3n superior de que trata el art\u00edculo 16\u00b0 de la Ley 30 de 1992; al fortalecimiento de su infraestructura f\u00edsica, y a la renovaci\u00f3n y adquisici\u00f3n de equipos y dotaciones. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia.<\/font><\/i><\/p>\n


Los aportes de la Naci\u00f3n que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en el Fondo de Desarrollo de la Educaci\u00f3n Superior (Fodesep) y que no se encuentren comprometidos presupuestalmente, ser\u00e1n transferidos al Icetex para el ejercicio de las funciones asignadas en este art\u00edculo, para lo cual el Gobierno Nacional adelantar\u00e1 las acciones conducentes a obtener la liquidaci\u00f3n de dicha participaci\u00f3n . El Gobierno Nacional podr\u00e1 enajenar o disponer de su participaci\u00f3n. <\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 96.<\/a> Daciones en pago<\/b>. El Gobierno Nacional definir\u00e1 los mecanismos que permitan a las entidades administradoras de cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social defender de manera activa y eficiente los cr\u00e9ditos a favor del Estado y de los afiliados en los eventos de concurso de acreedores, optimizando los recursos del Sistema y buscando que se realicen actuaciones conjuntas. As\u00ed mismo, el Gobierno definir\u00e1 los instrumentos que permitan liquidar los activos recibidos a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago en el menor tiempo y al mejor valor posible. Sin perjuicio de lo anterior, el valor efectivamente recibido de la liquidaci\u00f3n de los activos ser\u00e1 el que se impute a favor del afiliado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Las daciones en pago recibidas por el Instituto de Seguros Sociales que amparaban deudas de sus diferentes negocios, se destinar\u00e1n en su totalidad a la financiaci\u00f3n de las obligaciones pensi\u00f3nales. La imputaci\u00f3n de las semanas a los afiliados la realizar\u00e1 Colpensiones por el monto de la deuda pensional definido en el concurso de acreedores, esto es el valor al que se recibi\u00f3 cada uno de los activos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 90. <\/a><\/b>Saneamiento y cumplimiento de condiciones financieras de las entidades promotoras de salud en que participen las cajas de compensaci\u00f3n familiar. Con el prop\u00f3sito de garantizar el acceso y goce efectivo del derecho a la salud y cumplir las condiciones financieras para la operaci\u00f3n y el saneamiento de las Entidades Promotoras de Salud en que participen las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar o los programas de salud que administren o hayan operado en dichas entidades, se podr\u00e1n destinar recursos propios de las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar y los recursos a que hace referencia el art\u00edculo 46\u00b0 de la Ley 1438 de 2011 recaudados en las vigencias 2012, 2013 Y 2014 que no hayan sido utilizados en los prop\u00f3sitos definidos en la mencionada ley a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposici\u00f3n, siempre que no correspondan a la financiaci\u00f3n del r\u00e9gimen subsidiado de salud. Subsidiariamente, los recursos de la contribuci\u00f3n parafiscal recaudados por las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar no requeridos para financiar programas obligatorios podr\u00e1n destinarse para estos prop\u00f3sitos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 91. Incorporaci\u00f3n del suelo rural, suburbano y expansi\u00f3n urbana al per\u00edmetro urbano<\/b>. Modif\u00edquese el art\u00edculo 47 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 47. Incorporaci\u00f3n del suelo rural, suburbano y expansi\u00f3n urbana al per\u00edmetro urbano.<\/b> Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda, infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, durante el per\u00edodo constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los a\u00f1os 2015 y el 2020, y por una sola vez, los municipios y distritos podr\u00e1n:<\/p>\n

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al per\u00edmetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansi\u00f3n urbana que garanticen el desarrollo y construcci\u00f3n de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de inter\u00e9s social y de inter\u00e9s prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que ser\u00e1 sometida a aprobaci\u00f3n directa del concejo municipal o distrital, sin la realizaci\u00f3n previa de los tr\u00e1mites de concertaci\u00f3n y consulta previstos en el art\u00edculo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta acci\u00f3n se podr\u00e1 adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:<\/p>\n

a) Se trate de predios que cuenten con conexi\u00f3n o disponibilidad inmediata de servicios p\u00fablicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energ\u00eda el\u00e9ctrica y que tengan garantizada su conexi\u00f3n y articulaci\u00f3n con los sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito, certificada por los prestadores correspondientes.<\/p>\n

b) Los predios as\u00ed incorporados al per\u00edmetro urbano quedar\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de desarrollo y construcci\u00f3n prioritaria de que trata el art\u00edculo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecuci\u00f3n se aplicar\u00e1n las normas del tratamiento urban\u00edstico de desarrollo y no se requerir\u00e1 de plan parcial ni de otro instrumento de planificaci\u00f3n complementaria para su habilitaci\u00f3n. En el proyecto de acuerdo se incluir\u00e1 la clasificaci\u00f3n de usos y aprovechamiento del suelo.<\/p>\n

c) Los predios no podr\u00e1n colindar ni estar ubicados al interior de \u00e1reas de conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n ambiental, tales como las \u00e1reas del sistema nacional de \u00e1reas protegidas, \u00e1reas de reserva forestal, \u00e1reas de manejo especial y \u00e1reas de especial importancia ecosist\u00e9mica, ni en \u00e1reas que hagan parte del suelo de protecci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de que trata el art\u00edculo 35 de la Ley 388 de 1997, ni en otras \u00e1reas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertaci\u00f3n ambiental que fundament\u00f3 la adopci\u00f3n del plan de ordenamiento vigente.<\/p>\n

d) Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados rurales (corregimientos y veredas) que est\u00e9n incluidos en una de las siete (7) reservas forestales creadas por la Ley 2\u00aa de 1959, podr\u00e1n presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracci\u00f3n r\u00e1pida y expedita para los lotes y actuaciones urbanas integrales que se destinen a vivienda para lo cual se expedir\u00e1 por parte de dicho Ministerio las resoluciones correspondientes.<\/p>\n

2. Adem\u00e1s de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podr\u00e1 modificar el r\u00e9gimen de usos y aprovechamiento del suelo de los predios localizados al interior del per\u00edmetro urbano o de expansi\u00f3n urbana que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de inter\u00e9s prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someter\u00e1 a aprobaci\u00f3n directa del concejo municipal o distrital, sin la realizaci\u00f3n previa de los tr\u00e1mites de concertaci\u00f3n y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedici\u00f3n de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorizaci\u00f3n para el efecto. Estos predios quedar\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de desarrollo y construcci\u00f3n prioritaria, de que trata el art\u00edculo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 1. Transcurridos sesenta (60) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente art\u00edculo, sin que el concejo municipal o distrital adopte decisi\u00f3n alguna o lo niegue sin base en motivos y estudios t\u00e9cnicos debidamente sustentados, el alcalde podr\u00e1 adoptarlo mediante decreto.<\/p>\n

En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el alcalde deber\u00e1 convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificaci\u00f3n propuesta por el concejo deber\u00e1 sustentarse en motivos t\u00e9cnicos y contar con la aceptaci\u00f3n del alcalde y, en ning\u00fan caso, su discusi\u00f3n ampliar\u00e1 el t\u00e9rmino para decidir.<\/p>\n

Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrar\u00e1n obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el estudio y an\u00e1lisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2. Los predios incorporados al per\u00edmetro urbano en virtud de las disposiciones del presente art\u00edculo deber\u00e1n cumplir los porcentajes de vivienda de inter\u00e9s social y de inter\u00e9s social prioritario de que trata el art\u00edculo 46 de la presente ley.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 3. Los proyectos de vivienda desarrollados bajo este art\u00edculo, no podr\u00e1n cumplir la obligaci\u00f3n de destinar suelo para vivienda de inter\u00e9s prioritario mediante el traslado de sus obligaciones a otro proyecto.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 92. <\/b><\/font>Garant\u00eda de la naci\u00f3n para la financiaci\u00f3n de proyectos de vivienda de inter\u00e9s social<\/b>. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 19 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 19. Garant\u00eda de la naci\u00f3n para la financiaci\u00f3n de proyectos de vivienda de inter\u00e9s social.<\/b> Autor\u00edcese a la Naci\u00f3n – Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, para garantizar operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico interno o externo, operaciones asimiladas o conexas a estas, que celebre la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para financiar los proyectos de vivienda de inter\u00e9s social y\/o prioritario, en los t\u00e9rminos de la normatividad vigente.<\/p>\n

Para efectos de lo previsto en esta ley, Findeter podr\u00e1 otorgar cr\u00e9dito a los patrimonios aut\u00f3nomos en los que Fonvivienda sea fideicomitente, y que se constituyan para la ejecuci\u00f3n de proyectos de vivienda de inter\u00e9s social y\/o prioritario.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 93. Juegos Novedosos.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 38 de la Ley 643 de 2001, modificado por el art\u00edculo 22 de la Ley 1393 de 2010, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 38. Juegos novedos<\/b>os. Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte y azar distintos de las loter\u00edas tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de los dem\u00e1s juegos a que se refiere la presente ley. Se consideran juegos novedosos, entre otros, la lotto preimpresa, la loter\u00eda instant\u00e1nea, el lotto en l\u00ednea en cualquiera de sus modalidades, apuestas deportivas o en eventos y todos los juegos operados por internet, o por cualquier otra modalidad de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n que no requiera la presencia del apostador. Lo anterior \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los juegos que administra y\/o explota Coljuegos.<\/p>\n

Los derechos de explotaci\u00f3n que deben transferir quienes operen juegos novedosos equivaldr\u00e1n como m\u00ednimo al 17% de los ingresos brutos. Cuando se operen juegos novedosos en los cuales el retorno al jugador de acuerdo con el reglamento del juego sea igual o superior al 83% los derechos de explotaci\u00f3n tendr\u00e1n una tarifa m\u00ednima del 15% sobre los ingresos brutos menos los premios pagados. Sin perjuicio de lo anterior quienes operen juegos por internet, pagar\u00e1n adicionalmente ochocientos once (811) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, que se cancelar\u00e1n durante los veinte (20) primeros d\u00edas h\u00e1biles de cada a\u00f1o de operaci\u00f3n.<\/p>\n

Se entiende que el juego opera por internet cuando la apuesta y el pago de premios se realizan \u00fanicamente por este medio, previo registro del jugador en el sitio o portal autorizado y cuya mec\u00e1nica se soporta en un generador de n\u00famero aleatorio virtual o en la ocurrencia de eventos reales cuyos resultados no son controlados. No se entienden operados por internet aquellos juegos que incluyan la realizaci\u00f3n de sorteos f\u00edsicos, como el chance y loter\u00edas, entre otros, en cuyo caso el internet ser\u00e1 un medio de comercializaci\u00f3n. Coljuegos reglamentar\u00e1 los juegos de su competencia que operen y comercialicen por internet.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 1. Podr\u00e1n operar los juegos de suerte y azar por internet las personas jur\u00eddicas que suscriban el correspondiente contrato de concesi\u00f3n previa verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento del juego y los dem\u00e1s definidos por Coljuegos; la operaci\u00f3n de los dem\u00e1s juegos novedosos deber\u00e1 ser autorizado en cumplimiento de los procesos de selecci\u00f3n establecidos en el Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2. Los juegos novedosos diferentes a los operados por internet podr\u00e1n utilizar este medio \u00fanicamente como canal de venta, previa autorizaci\u00f3n del administrador del monopolio quien determinar\u00e1 las condiciones y requisitos que se deben cumplir para tal fin.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 3. Los administradores del monopolio, las autoridades de inspecci\u00f3n, vigilancia y control, las autoridades de polic\u00eda y la Polic\u00eda Nacional podr\u00e1n hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, p\u00e1ginas de Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotaci\u00f3n, operaci\u00f3n, venta, pago, publicidad o comercializaci\u00f3n de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 94. <\/b><\/font>Definici\u00f3n de juegos de suerte y azar<\/b>.<\/b> Modif\u00edquese el inciso 3o del art\u00edculo 5 de la Ley 643 de 2001, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

Est\u00e1n excluidos del \u00e1mbito de esta ley los juegos de suerte y azar de car\u00e1cter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotaci\u00f3n lucrativa o con car\u00e1cter profesional por quien lo opera, gestiona o administra, as\u00ed como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; tambi\u00e9n est\u00e1n excluidos los juegos promocionales que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias departamentales y de las sociedades de capitalizaci\u00f3n que solo podr\u00e1n ser realizados directamente por estas entidades. Se podr\u00e1n utilizar como juegos promocionales los sorteos, bingos, apuestas deportivas, loter\u00eda instant\u00e1nea y lotto preimpresa, sus derechos de explotaci\u00f3n se pagar\u00e1n sobre el valor total del plan de premios y cada premio contenido en el plan no podr\u00e1 superar ciento sesenta (160) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 95. <\/b><\/font>Financiaci\u00f3n de proyectos de las<\/b> IES. <\/b>El Icetex ejercer\u00e1 la funci\u00f3n de financiar o cofinanciar programas y proyectos espec\u00edficos que contribuyan al desarrollo cient\u00edfico, acad\u00e9mico y administrativo de las instituciones de educaci\u00f3n superior de que trata el art\u00edculo 16 de la Ley 30 de 1992; al fortalecimiento de su infraestructura f\u00edsica, y a la renovaci\u00f3n y adquisici\u00f3n de equipos y dotaciones. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia.<\/p>\n

Los aportes de la naci\u00f3n que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en el Fondo de Desarrollo de la Educaci\u00f3n Superior (Fodesep) y que no se encuentren comprometidos presupuestalmente, ser\u00e1n transferidos al Icetex para el ejercicio de las funciones asignadas en este art\u00edculo, para lo cual el Gobierno nacional adelantar\u00e1 las acciones conducentes a obtener la liquidaci\u00f3n de dicha participaci\u00f3n. El Gobierno nacional podr\u00e1 enajenar o disponer de su participaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Art\u00edculo d<\/font>eclarado EXEQUIBLE mediante  Sentencia C-044\/17<\/a> del 01 de Febrero de 2017, Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "(Plan Nacional de desarrollo 2014-2018), por los cargos analizados." <\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 96. <\/b><\/font>Daciones en pago<\/b>.<\/b> El Gobierno nacional definir\u00e1 los mecanismos que permitan a las entidades administradoras de cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social defender de manera activa y eficiente los cr\u00e9ditos a favor del Estado y de los afiliados en los eventos de concurso de acreedores, optimizando los recursos del Sistema y buscando que se realicen actuaciones conjuntas. As\u00ed mismo, el Gobierno definir\u00e1 los instrumentos que permitan liquidar los activos recibidos a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago en el menor tiempo y al mejor valor posible. Sin perjuicio de lo anterior, el valor efectivamente recibido de la liquidaci\u00f3n de los activos ser\u00e1 el que se impute a favor del afiliado.<\/p>\n

Par\u00e1grafo. Las daciones en pago recibidas por el Instituto de Seguros Sociales que amparaban deudas de sus diferentes negocios, se destinar\u00e1n en su totalidad a la financiaci\u00f3n de las obligaciones pensionales. La imputaci\u00f3n de las semanas a los afiliados la realizar\u00e1 Colpensiones por el monto de la deuda pensional definido en el concurso de acreedores, esto es el valor al que se recibi\u00f3 cada uno de los activos.<\/p>\n

Art\u00edculo 97. Saneamiento y cumplimiento de condiciones financieras de las entidades promotoras de salud en que participen las cajas de compensaci\u00f3n familiar.<\/b> Con el prop\u00f3sito de garantizar el acceso y goce efectivo del derecho a la salud y cumplir las condiciones financieras para la operaci\u00f3n y el saneamiento de las Entidades Promotoras de Salud en que participen las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar o los programas de salud que administren o hayan operado en dichas entidades, se podr\u00e1n destinar recursos propios de las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar y los recursos a que hace referencia el art\u00edculo 46 de la Ley 1438 de 2011 recaudados en las vigencias 2012, 2013 y 2014 que no hayan sido utilizados en los prop\u00f3sitos definidos en la mencionada ley a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposici\u00f3n, siempre que no correspondan a la financiaci\u00f3n del r\u00e9gimen subsidiado de salud. Subsidiariamente, los recursos de la contribuci\u00f3n parafiscal recaudados por las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar no requeridos para financiar programas obligatorios podr\u00e1n destinarse para estos prop\u00f3sitos.<\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 98.<\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Protecci\u00f3n social para trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario m\u00ednimo.<\/b> El Gobierno Nacional dise\u00f1ar\u00e1 un esquema financiero y operativo que posibilite la vinculaci\u00f3n de trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario m\u00ednimo mensual legal vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral. En materia de salud, el trabajador podr\u00e1 afiliarse o permanecer en el r\u00e9gimen subsidiado, siempre y cuando cumpla las condiciones para pertenecer a \u00e9ste. Si desea acceder a prestaciones econ\u00f3micas del r\u00e9gimen contributivo, podr\u00e1 cotizar de acuerdo con su capacidad de pago, caso en el cual se le reconocer\u00e1n dichas prestaciones en proporci\u00f3n a su aporte. Para la protecci\u00f3n a la vejez, acceder\u00e1 a los beneficios econ\u00f3micos peri\u00f3dicos y para riesgos de incapacidad y muerte a un esquema de microseguros, velando en todos los casos por el equilibrio financiero del sistema.<\/font><\/i><\/p>\n


Art\u00edculo 99.<\/a><\/b> Cumplimiento del reglamento del sector de agua potable y saneamiento b\u00e1sico para vivienda rural. Modif\u00edquese el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 29\u00b0 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

"Par\u00e1grafo Segundo. Para las viviendas dispersas localizadas en \u00e1reas rurales con soluciones individuales de saneamiento b\u00e1sico para la gesti\u00f3n de sus aguas residuales dom\u00e9sticas definidos, tales como sistemas s\u00e9pticos y que cumplan desde su dise\u00f1o con los par\u00e1metros definidos en el reglamento t\u00e9cnico del sector de agua potable y saneamiento b\u00e1sico, no requerir\u00e1n de la obtenci\u00f3n del permiso de vertimientos.<\/font><\/p>\n


Lo dispuesto en el presente par\u00e1grafo, tambi\u00e9n aplicar\u00e1 para los proyectos que desarrolle el Fondo de Adaptaci\u00f3n, en el ejercicio de sus competencias."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO III<\/b>
TRANSFORMACI\u00d3N DEL CAMPO<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 100.<\/a> Mecanismos de intervenci\u00f3n integral en territorios rurales.<\/b> El Gobierno Nacional establecer\u00e1 los Mecanismos de Intervenci\u00f3n Integral en Territorios Rurales y las zonas en las cuales estos ser\u00e1n implementados. Dichos mecanismos contendr\u00e1n los lineamientos, criterios, par\u00e1metros, temporalidad y financiaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n de los planes operativos y de inversi\u00f3n, los cuales ser\u00e1n construidos de manera participativa en coordinaci\u00f3n con las autoridades departamentales y municipales, que deber\u00e1n contener como m\u00ednimo intervenciones en los siguientes aspectos:<\/font><\/p>\n


a) Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales. <\/p>\n

b) Adecuaci\u00f3n de tierras e infraestructura de riego. <\/p>\n

e) Habitabilidad rural. <\/p>\n

d) Infraestructura productiva y de comercializaci\u00f3n. <\/p>\n

e) Proyectos productivos, planes de negocio y asistencia t\u00e9cnica integral. <\/p>\n

Las entidades que por sus funciones desarrollen labores en los territorios rurales y con la poblaci\u00f3n rural, articular\u00e1n sus intervenciones priorizando sus inversiones las zonas de intervenci\u00f3n integral.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 101.<\/a> Subsidio integral de reforma agraria.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 20 de la Ley 160 de 1994<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 20. Subsidio integral de reforma agraria.<\/b> Establ\u00e9zcase un Subsidio Integral de Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del Incoder o la entidad que haga sus veces, que podr\u00e1 cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y\/o de los requerimientos 'financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario, seg\u00fan las condiciones socioecon\u00f3micas de los beneficiarios.<\/font><\/p>\n


Este subsidio ser\u00e1 equivalente al valor de la Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF) y ser\u00e1 otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos recursos, con arreglo a las pol\u00edticas ya los criterios de planificaci\u00f3n, focalizaci\u00f3n, priorizaci\u00f3n, exigibilidad y calificaci\u00f3n que, para el efecto, determine el Gobierno Nacional a trav\u00e9s del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Quienes hayan sido beneficiarios del subsidio exclusivamente para la compra de tierras, podr\u00e1n ser objeto del presente subsidio \u00fanicamente por el monto destinado a cubrir los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario.<\/font><\/p>\n


El subsidio ser\u00e1 asignado de manera focalizada a trav\u00e9s de procedimientos de libre concurrencia en las zonas del pa\u00eds seleccionadas en el marco de intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, conforme a la reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


Cuando no existan zonas rurales con intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, o existiendo no sea viable la asignaci\u00f3n del subsidio al interior de ellas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podr\u00e1 focalizar su asignaci\u00f3n en otras zonas conforme a la reglamentaci\u00f3n que expida el Consejo Directivo del Incoder. Los recursos destinados para el subsidio integral se priorizar\u00e1n para la atenci\u00f3n de las solicitudes pendientes que resultaron viables en la vigencia anterior.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. En el pago del Subsidio Integral para el acceso a la tierra y apoyo productivo en la conformaci\u00f3n de Empresas B\u00e1sicas Agropecuarias, as\u00ed como el impl\u00edcito en la adquisici\u00f3n directa de tierras, el Gobierno Nacional podr\u00e1 emplear cualquier modalidad de pago contra recursos del presupuesto nacional. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo. Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las entidades sin \u00e1nimo de lucro, las asociaciones mutuales, los cabildos ind\u00edgenas, los consejos consultivos de las comunidades negras, las autoridades del pueblo ROM, los gremios agropecuarios y dem\u00e1s organismos que sean autorizados por el reglamento, podr\u00e1n presentar solicitudes de subsidio a nombre de los beneficiarios.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. En el procedimiento para el otorgamiento del subsidio se realizar\u00e1 un levantamiento topogr\u00e1fico como insumo para la determinaci\u00f3n del aval\u00fao comercial. Mientras se implementa la pol\u00edtica de catastro rural con enfoque multiprop\u00f3sito, si se evidencia una diferencia de \u00e1reas al comparar el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y el plano topogr\u00e1fico del predio a adquirir, antes de elaborar dicho aval\u00fao, el Incoder advertir\u00e1 tal situaci\u00f3n al potencial vendedor y al adjudicatario del subsidio.<\/font><\/p>\n


En el evento en que las partes manifiesten su inter\u00e9s de continuar con la negociaci\u00f3n a pesar de lo advertido, el Incoder autorizar\u00e1 continuar con el procedimiento siempre y cuando exista manifestaci\u00f3n expresa, inequ\u00edvoca y escrita del propietario, solo en los casos en que el \u00e1rea del predio consignada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria sea inferior de la establecida por el levantamiento topogr\u00e1fico En estos casos, el aval\u00fao comercial a elaborar tendr\u00e1 como \u00e1rea del predio, le
establecida en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. El levantamiento topogr\u00e1fico que se realice para efectos de le aplicaci\u00f3n del subsidio de reforma agraria y dem\u00e1s asuntos propios de la gesti\u00f3n  institucional en materia de tierras podr\u00e1 ser realizado directamente por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) o contratado con personas naturales o jur\u00eddica legalmente habilitadas para ello." <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 102<\/a> Marco especial sobre administraci\u00f3n de tierras de la Naci\u00f3n.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 76 de la Ley 160 de 1994<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 76.<\/b> Sin perjuicio de lo previsto en el art\u00edculo 83\u00b0 de la presente ley, podr\u00e1 tambi\u00e9n el Incoder o la entidad que haga sus veces, constituir reservas sobre tierras bald\u00edas, o que llegaren a tener ese car\u00e1cter, para establecer en ellas un r\u00e9gimen especial de ocupaci\u00f3n, aprovechamiento y adjudicaci\u00f3n, reglamentado por el Gobierno Nacional, que permita al adjudicatario contar con la tierra como activo para iniciar actividades de generaci\u00f3n de ingresos. Las explotaciones que se adelanten sobre las tierras reservadas con posterioridad a la fecha en que adquieran esta calidad, no dar\u00e1n derecho al interesado para obtener la adjudicaci\u00f3n de la superficie correspondiente sino cuando se hayan realizado de conformidad con dichos reglamentos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. La reglamentaci\u00f3n que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del r\u00e9gimen a que hace alusi\u00f3n el presente art\u00edculo, dispondr\u00e1 que las tierras sean entregadas exclusivamente a trabajadores agrarios de escasos recursos, de forma individual o asociativa.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El r\u00e9gimen especial de ocupaci\u00f3n, aprovechamiento y adjudicaci\u00f3n tambi\u00e9n ser\u00e1 aplicado sobre las tierras bald\u00edas que adquieran la condici\u00f3n de adjudicables como consecuencia de la sustracci\u00f3n de zonas de reserva forestal de Ley 2a de 1959, siempre y cuando tengan vocaci\u00f3n agr\u00edcola y\/o forestal de producci\u00f3n."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n<\/blockquote>\n

Art\u00edculo 103.<\/a> Formalizaci\u00f3n de la propiedad rural.<\/b> Sin perjuicio de las disposiciones propias para la titulaci\u00f3n de bald\u00edos o regularizaci\u00f3n de bienes fiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad ejecutora que este determine, gestionar\u00e1 y financiar\u00e1 de forma progresiva la formalizaci\u00f3n de tierras de naturaleza privada, para otorgar t\u00edtulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores. Esta posesi\u00f3n debe respetar las exigencias legales de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, sucesi\u00f3n, saneamiento de que trata la Ley 1561 de 2012 o ratificaci\u00f3n notarial de negocios jur\u00eddicos, seg\u00fan se sea
el caso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 104.<\/a> Catastro multiprop\u00f3sito.<\/b> Se promover\u00e1 la implementaci\u00f3n del catastro nacional con enfoque multiprop\u00f3sito, entendido como aquel que dispone informaci\u00f3n predial para contribuir a la seguridad jur\u00eddica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeaci\u00f3n social y econ\u00f3mica.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) con el apoyo de los catastros descentralizados, podr\u00e1 realizar las actividades necesarias para la formaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n catastral de manera gradual e integral, con fines adicionales a los fiscales se\u00f1alados en la Ley 14 de 1983, logrando plena coherencia entre el catastro y el registro, mediante levantamientos por barrida predial masivo, en los municipios y\/o zonas priorizadas con el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme con la metodolog\u00eda definida para el efecto.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la implementaci\u00f3n de un Sistema Nacional de Gesti\u00f3n de Tierras (SNGT), cuya base la constituir\u00e1 la informaci\u00f3n del catastro multiprop\u00f3sito, del registro p\u00fablico de la propiedad y del ordenamiento territorial.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 105. <\/a>Rectificaci\u00f3n administrativa de \u00e1rea y linderos. <\/b>Modif\u00edquese el par\u00e1grafo del art\u00edculo 65 de la Ley 1579 de 2012, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo. Cuando las autoridades catastrales competentes, en desarrollo de la formaci\u00f3n y\/o actualizaci\u00f3n catastral rural y urbana bajo la metodolog\u00eda de intervenci\u00f3n por barrido predial masivo con enfoque multiprop\u00f3sito, adviertan diferencias en los linderos y\/o \u00e1rea de los predios entre la informaci\u00f3n levantada en terreno y la que reposa en sus bases de datos y\/o registro p\u00fablico de la propiedad, proceder\u00e1n a rectificar dicha informaci\u00f3n siempre y cuando los titulares del derecho de dominio del predio y sus colindantes manifiesten pleno acuerdo respecto de los resultados de la correcci\u00f3n y esta no afecte derechos de terceros o colinde con bienes imprescriptibles o propiedad de entidades de derecho p\u00fablico, bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos o cuya posesi\u00f3n, ocupaci\u00f3n o transferencia est\u00e9n prohibidas o restringidas por normas constitucionales o legales.<\/font><\/p>\n


En esos casos, no existiendo conflicto entre los titulares y una vez verificado por la correspondiente autoridad catastral que lo convenido por ellos se ajusta a la realidad f\u00edsica encontrada en terreno, el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos rectificar\u00e1 conforme a ello la informaci\u00f3n de cabida y linderos de los inmuebles que repose en sus folios de matr\u00edcula inmobiliaria, sin que para ello se requiera de orden, judicial.<\/font><\/p>\n


El procedimiento para la correcci\u00f3n administrativa de linderos y \u00e1rea por acuerdo escrito entre las partes, as\u00ed como los eventos en los que no sea aceptada, ser\u00e1 objeto de reglamento por parte del Gobierno Nacional"<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 106. <\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Administraci\u00f3n y recaudo de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras. <\/b>La administraci\u00f3n de todas las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizar\u00e1 directamente por las entidades gremiales que re\u00fanan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada y hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los t\u00e9rminos y procedimientos de la ley que haya creado las contribuciones respectivas.<\/font><\/i><\/p>\n


Las colectividades beneficiarias de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras tambi\u00e9n podr\u00e1n administrar estos recursos a trav\u00e9s de sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno Nacional. Este procedimiento tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 en casos de declaratoria de caducidad del respectivo contrato de administraci\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

*Exequible* Si la entidad administradora no est\u00e1 en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y pol\u00edticas que debe regir la ejecuci\u00f3n de las contribuciones parafiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por razones especiales definidas mediante reglamento, podr\u00e1 asumir temporalmente, a trav\u00e9s de un encargo fiduciario, la administraci\u00f3n de dichas contribuciones y efectuar el recaudo.<\/i><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-644-16<\/a><\/b>, noviembre 23 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "El problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver la Corte en esta oportunidad, consisti\u00f3 en determinar si la disposici\u00f3n legal que faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para asumir temporalmente la administraci\u00f3n de las contribuciones parafiscales, mediante un encargo fiduciario, cuando la entidad encargada de ello no se encuentra en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y pol\u00edticas en la materia, seg\u00fan las razones especiales definidas mediante reglamento, desconoce el principio de reserva legal en materia tributaria (arts. 150.12 y 338 C.Po.) y el derecho al debido proceso (art. 29 C.Po.). A juicio de la Corte, esta medida resulta compatible con la Constituci\u00f3n, puesto que cabe dentro del amplio margen de configuraci\u00f3n normativa con que cuenta el Congreso de la Rep\u00fablica para definir la pol\u00edtica tributaria del Estado, establecer los distintos tributos y regular los procedimientos para su recaudo y administraci\u00f3n. Al mismo tiempo, no infringe el principio de reserva legal, como quiera que la disposici\u00f3n acusada no alude a ninguno de los elementos esenciales de la obligaci\u00f3n tributaria, como son, los sujetos activos y pasivos, el hecho y la base gravable y la tarifa, cuya definici\u00f3n est\u00e1 reservada al legislador. Teniendo en cuenta que se trata de recursos p\u00fablicos, en el caso de las contribuciones parafiscales, el art\u00edculo 29 del Estatuto Org\u00e1nico el Presupuesto, prev\u00e9 que el manejo, administraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de estos se har\u00e1 en la forma dispuesta en la ley y se destinar\u00e1n exclusivamente al objeto establecido en ella. En este precepto, est\u00e1n previstas de forma gen\u00e9rica, las modalidades de administraci\u00f3n de recursos parafiscales, tanto por \u00f3rganos que formen parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, como por entidades que no est\u00e9n comprendidas en el mismo. As\u00ed mismo, de manera general, la Ley 101 de 1993, adopt\u00f3 una pol\u00edtica de fomento, desarrollo y protecci\u00f3n de las actividades agropecuaria y pesquera, dentro de la cual dedic\u00f3 el Cap\u00edtulo V al recaudo, administraci\u00f3n, destinaci\u00f3n y presupuesto de los recursos parafiscales dirigidos a esos sectores, autorizando que tal administraci\u00f3n pueda hacerse por intermedio de sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno Nacional. En consecuencia, la Corte consider\u00f3 que bien pod\u00eda el legislador, establecer una norma que habilitara al Ministerio de Agricultura para asumir temporalmente la administraci\u00f3n de una contribuci\u00f3n parafiscal y efectuar el recaudo correspondiente, con fundamento en razones especiales definidas mediante reglamento, cuando quiera que la entidad administradora no est\u00e1 en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y pol\u00edtica que deben regir la contribuciones parafiscales. Adem\u00e1s de ser un desarrollo de la funci\u00f3n constitucional del Presidente de la Rep\u00fablica de \u201cVelar por la estricta recaudaci\u00f3n y administraci\u00f3n de las rentas y caudales p\u00fablicos y decretar su inversi\u00f3n de acuerdo con las leyes\u201d, el Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria, puede concretar en un reglamento las situaciones que den lugar a esa intervenci\u00f3n transitoria, las cuales no pueden exceder de los lineamientos y par\u00e1metros previstos tanto en las leyes especiales que regulan cada contribuci\u00f3n parafiscal, como en la Ley 101 de 1993 ya mencionada. En todo caso, esta intervenci\u00f3n debe adoptarse mediante acto motivado que est\u00e1 sujeto al control de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para corregir cualquier el abuso en el ejercicio de dicha atribuci\u00f3n. Por consiguiente, no se encuentra infracci\u00f3n alguna del principio de reserva legal tributaria. De igual modo, el Tribunal determin\u00f3 que esta medida concebida para situaciones especiales, no desconoc\u00eda el debido proceso, teniendo en cuenta que las actuaciones del Gobierno deben regirse por el procedimiento administrativo previsto en el CPACA, por lo que no era necesario que la norma acusada (incisos tercero y cuarto del art\u00edculo 106) perteneciente a la actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableciera un procedimiento especial para esa asunci\u00f3n temporal de la administraci\u00f3n y recaudo de contribuciones parafiscales. Por lo tanto, la Corte procedi\u00f3 a declarar la exequibilidad de los incisos tercero y cuarto del art\u00edculo 106 de la Ley 1753 de 2015, por los cargos analizados. "<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Exequible* <\/i>La fiducia ser\u00e1 contratada de conformidad con las normas de contrataci\u00f3n estatal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-644-16<\/a><\/b>, noviembre 23 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "El problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver la Corte en esta oportunidad, consisti\u00f3 en determinar si la disposici\u00f3n legal que faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para asumir temporalmente la administraci\u00f3n de las contribuciones parafiscales, mediante un encargo fiduciario, cuando la entidad encargada de ello no se encuentra en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y pol\u00edticas en la materia, seg\u00fan las razones especiales definidas mediante reglamento, desconoce el principio de reserva legal en materia tributaria (arts. 150.12 y 338 C.Po.) y el derecho al debido proceso (art. 29 C.Po.). A juicio de la Corte, esta medida resulta compatible con la Constituci\u00f3n, puesto que cabe dentro del amplio margen de configuraci\u00f3n normativa con que cuenta el Congreso de la Rep\u00fablica para definir la pol\u00edtica tributaria del Estado, establecer los distintos tributos y regular los procedimientos para su recaudo y administraci\u00f3n. Al mismo tiempo, no infringe el principio de reserva legal, como quiera que la disposici\u00f3n acusada no alude a ninguno de los elementos esenciales de la obligaci\u00f3n tributaria, como son, los sujetos activos y pasivos, el hecho y la base gravable y la tarifa, cuya definici\u00f3n est\u00e1 reservada al legislador. Teniendo en cuenta que se trata de recursos p\u00fablicos, en el caso de las contribuciones parafiscales, el art\u00edculo 29 del Estatuto Org\u00e1nico el Presupuesto, prev\u00e9 que el manejo, administraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de estos se har\u00e1 en la forma dispuesta en la ley y se destinar\u00e1n exclusivamente al objeto establecido en ella. En este precepto, est\u00e1n previstas de forma gen\u00e9rica, las modalidades de administraci\u00f3n de recursos parafiscales, tanto por \u00f3rganos que formen parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, como por entidades que no est\u00e9n comprendidas en el mismo. As\u00ed mismo, de manera general, la Ley 101 de 1993, adopt\u00f3 una pol\u00edtica de fomento, desarrollo y protecci\u00f3n de las actividades agropecuaria y pesquera, dentro de la cual dedic\u00f3 el Cap\u00edtulo V al recaudo, administraci\u00f3n, destinaci\u00f3n y presupuesto de los recursos parafiscales dirigidos a esos sectores, autorizando que tal administraci\u00f3n pueda hacerse por intermedio de sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno Nacional. En consecuencia, la Corte consider\u00f3 que bien pod\u00eda el legislador, establecer una norma que habilitara al Ministerio de Agricultura para asumir temporalmente la administraci\u00f3n de una contribuci\u00f3n parafiscal y efectuar el recaudo correspondiente, con fundamento en razones especiales definidas mediante reglamento, cuando quiera que la entidad administradora no est\u00e1 en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y pol\u00edtica que deben regir la contribuciones parafiscales. Adem\u00e1s de ser un desarrollo de la funci\u00f3n constitucional del Presidente de la Rep\u00fablica de \u201cVelar por la estricta recaudaci\u00f3n y administraci\u00f3n de las rentas y caudales p\u00fablicos y decretar su inversi\u00f3n de acuerdo con las leyes\u201d, el Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria, puede concretar en un reglamento las situaciones que den lugar a esa intervenci\u00f3n transitoria, las cuales no pueden exceder de los lineamientos y par\u00e1metros previstos tanto en las leyes especiales que regulan cada contribuci\u00f3n parafiscal, como en la Ley 101 de 1993 ya mencionada. En todo caso, esta intervenci\u00f3n debe adoptarse mediante acto motivado que est\u00e1 sujeto al control de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para corregir cualquier el abuso en el ejercicio de dicha atribuci\u00f3n. Por consiguiente, no se encuentra infracci\u00f3n alguna del principio de reserva legal tributaria. De igual modo, el Tribunal determin\u00f3 que esta medida concebida para situaciones especiales, no desconoc\u00eda el debido proceso, teniendo en cuenta que las actuaciones del Gobierno deben regirse por el procedimiento administrativo previsto en el CPACA, por lo que no era necesario que la norma acusada (incisos tercero y cuarto del art\u00edculo 106) perteneciente a la actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableciera un procedimiento especial para esa asunci\u00f3n temporal de la administraci\u00f3n y recaudo de contribuciones parafiscales. Por lo tanto, la Corte procedi\u00f3 a declarar la exequibilidad de los incisos tercero y cuarto del art\u00edculo 106 de la Ley 1753 de 2015, por los cargos analizados. "<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Mientras se surte el procedimiento de contrataci\u00f3n de la fiducia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podr\u00e1 realizar directamente el encargo fiduciario por t\u00e9rmino no mayor a 6 meses. En todo caso los rendimientos financieros de dicho encargo fiduciario no podr\u00e1n ser inferiores al promedio de mercado.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n


Lo anterior igualmente proceder\u00e1 en caso de incumplimiento de las cl\u00e1usulas del contrato especial de administraci\u00f3n.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Las entidades administradoras de los Fondos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras podr\u00e1n demandar por v\u00eda ejecutiva ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria el pago de las mismas. Para este efecto, el representante legal de cada entidad expedir\u00e1, de acuerdo con la informaci\u00f3n que le suministre el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito Publico, el certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad.<\/font><\/i><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El contribuyente o recaudador de la contribuci\u00f3n parafiscal que no la pague o transfiera oportunamente a la entidad administradora, cancelar\u00e1 intereses de mora a la tasa se\u00f1alada para el impuesto de renta y complementarios.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Tercero. Los miembros de las juntas directivas de los fondos que manejen recursos parafiscales, distintos a aquellos que representen a entidades p\u00fablicas, deber\u00e1n ser elegidos por medios democr\u00e1ticos que garanticen la participaci\u00f3n de los gravados con la cuota parafiscal respectiva.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 107.<\/a> Facultades extraordinarias para el desarrollo rural y agropecuario.<\/b> De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 150, numeral 10, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica rev\u00edstase al Presidente de la Rep\u00fablica de precisas facultades extraordinarias hasta por un t\u00e9rmino de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicaci\u00f3n de la presente ley, para:<\/font><\/p>\n


a) Crear una entidad u organismo perteneciente a la rama ejecutiva del Orden Nacional del sector descentralizado, fijando su objeto y estructura org\u00e1nica, responsable de la administraci\u00f3n de las tierras como recurso para el desarrollo rural, de la pol\u00edtica de acceso a tierras y la gesti\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica para consolidar y proteger los derechos de propiedad en el campo.<\/font><\/p>\n


b) Crear una entidad u organismo perteneciente a la rama ejecutiva del Orden Nacional del sector descentralizado, fijando su objeto y estructura org\u00e1nica responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo rural y agropecuario con el fin de acercar al territorio la presencia institucional del orden nacional para la transformaci\u00f3n del campo y adelantar programas con impacto regional.<\/font><\/p>\n


e) Reasignar funciones y competencias entre las entidades y organismos del sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural y entre \u00e9stas y otras entidades y organismos del Estado.<\/font><\/p>\n


d) Crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumpl\u00edan las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen del sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.<\/font><\/p>\n


e) Crear, reasignar, modificar y distribuir competencias, funciones u objetivos a la Comisi\u00f3n Nacional de Cr\u00e9dito Agropecuario y al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para dise\u00f1ar e implementar pol\u00edticas de financiamiento, de gesti\u00f3n de riegos agropecuarios y microfinanzas rurales, respetando en todo caso el esquema de inversi\u00f3n forzosa.<\/font><\/p>\n


f) Ampliar las fuentes de financiaci\u00f3n del fondo de microfinanzas rurales creado en la Ley 1731 de 2014.<\/font><\/p>\n


g) Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de funcionamiento e inversi\u00f3n para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.<\/font><\/p>\n


h) Crear una Direcci\u00f3n de Mujer Rural que se encargar\u00e1 de desarrollar la Pol\u00edtica Publica Integral de Mujer Rural.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. De conformidad con el art\u00edculo 62\u00b0 de la Ley 5a de 1992, cr\u00e9ase una comisi\u00f3n especial integrada por dos (2) Representantes y dos (2) Senadores de cada una de las Comisiones Primeras, Terceras, Cuartas y Quintas Constitucionales del Congreso de la Rep\u00fablica pertenecientes a cada uno de los partidos o movimientos pol\u00edticos y una Congresista integrante de la Comisi\u00f3n Legal para la Equidad de la Mujer, la cual estar\u00e1 encargada de ejercer control pol\u00edtico con el fin de realizar el seguimiento a las facultades conferidas.<\/font><\/p>\n


En el ejercicio de sus funciones, la comisi\u00f3n podr\u00e1 solicitar informes, presentar peticiones, recomendaciones que tengan por objeto el desarrollo rural integral y la transformaci\u00f3n productiva del campo. Tales funciones se ejercer\u00e1n durante el t\u00e9rmino de vigencia de las facultades extraordinarias.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO IV<\/b>
SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA lA CONSTRUCCI\u00d3N DE LA PAZ<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 108. <\/a>Plan decenal del sistema de justicia. <\/b>Con el objeto de promover la coordinaci\u00f3n, eficiencia, eficacia y modernizaci\u00f3n en la administraci\u00f3n de justicia y en las funciones de los organismos de control, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo o quienes hagan sus veces, concurrir\u00e1n para la elaboraci\u00f3n del Plan decenal del sistema de justicia, que deber\u00e1 formularse dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la publicaci\u00f3n de la presente ley y con participaci\u00f3n de las entidades territoriales, las autoridades administrativas, los particulares que ejercen funciones jurisdiccionales, los centros de conciliaci\u00f3n y arbitraje y los operadores de justicia comunitaria. La secretar\u00eda t\u00e9cnica para la elaboraci\u00f3n y seguimiento del Plan decenal estar\u00e1 a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual presentar\u00e1 informes anuales al Congreso de la Rep\u00fablica sobre los avances del Plan Decenal del Sistema de Justicia.<\/font><\/p>\n


El plan decenal contendr\u00e1, cuando menos, los objetivos del sistema de justicia, el plan de acci\u00f3n interinstitucional para lograrlos, las metas institucionales e interinstitucionales, la definici\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas para la justicia, los compromisos espec\u00edficos de cada prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales, los objetivos comunes en materia de bienestar social e incentivos, capacitaci\u00f3n y seguridad para los empleados del sistema de justicia y la definici\u00f3n del mecanismo de seguimiento.<\/font><\/p>\n


Las entidades se\u00f1aladas en el presente art\u00edculo formular\u00e1n el plan decenal de justicia, teniendo en cuenta los insumos y estudios t\u00e9cnicos pertinentes. Las entidades y organismos del Gobierno Nacional, las universidades y los centros de investigaci\u00f3n, las organizaciones de trabajadores y usuarios del sector justicia, podr\u00e1n formular recomendaciones.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 109.<\/a> Administraci\u00f3n y destinaci\u00f3n de bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio.<\/b> Adici\u00f3nese el inciso quinto al art\u00edculo 91\u00b0 de la Ley 1708 de 2014, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Los bienes, los rendimientos y los frutos que generen los bienes localizados en el departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, cuya extinci\u00f3n de dominio se haya decretado conforme a la presente ley deber\u00e1n I destinarse prioritariamente a programas sociales que beneficien a la poblaci\u00f3n raizal".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 110.<\/a> Programa de Reintegraci\u00f3n Social y Econ\u00f3mica.<\/b>Los recursos apropiados en el rubro de transferencias corrientes Fondo de Programas Especiales para la PAZ – Programa de Reintegraci\u00f3n Social y Econ\u00f3mica, dentro del objeto de gasto de funcionamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegraci\u00f3n de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), se ejecutar\u00e1n con sujeci\u00f3n al r\u00e9gimen dispuesto en la Ley 434 de 1998 o la norma que lo modifique o adicione, en circunstancias de necesidad debidamente sustentadas por la ACR, relativas a procesos de desmovilizaci\u00f3n colectiva o incrementos de las desmovilizaciones individuales, en todo caso con plena observancia de los principios orientadores del Estatuto General de la Contrataci\u00f3n P\u00fablica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 111.<\/a><\/b> Protocolizaci\u00f3n Consultas Previas. Har\u00e1n parte integral de este Plan Nacional de Desarrollo, los acuerdos de la "Protocolizaci\u00f3n de la Consulta Previa al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con Grupos \u00c9tnicos". <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 112.<\/a> Decenio Internacional de los Afrodescendientes.<\/b> El Ministerio del Interior elaborar\u00e1 el plan intersectorial de acci\u00f3n del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el marco de la Resoluci\u00f3n 68\/237, adoptada por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas. En la elaboraci\u00f3n del plan se consultar\u00e1n instancias de car\u00e1cter t\u00e9cnico, tales como instituciones acad\u00e9micas, gremiales y sociales. El plan se orientar\u00e1 a garantizar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las poblaciones afrocolombiana y contendr\u00e1 medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades de dicha poblaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Para el desarrollo de los programas, proyectos y acciones en beneficio de la poblaci\u00f3n afrodescendiente el Gobierno Nacional establecer\u00e1 indicadores I diferenciales y metas que permitan medir la inclusi\u00f3n social en diversos sectores relacionados con pol\u00edticas sociales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 113.<\/a> Derechos constitucionales de los ind\u00edgenas.<\/b>En lo concerniente a los pueblos ind\u00edgenas, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y las acciones que de este se deriven, se orientan a garantizar los derechos constitucionales, la pervivencia y permanencia f\u00edsica y cultural de los Pueblos Ind\u00edgenas de Colombia, su bienestar, el reconocimiento de la vocaci\u00f3n de protecci\u00f3n ambiental sus territorios y el goce efectivo de sus derechos colectivos y fundamentales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 114. <\/a>Identificaci\u00f3n de asignaciones presupuestales a Pueblos Ind\u00edgenas.<\/b> Las entidades estatales del Orden Nacional, conforme a sus competencias, podr\u00e1n identificar las asignaciones presupuestales espec\u00edficas para los Pueblos Ind\u00edgenas y presentar\u00e1n al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n la informaci\u00f3n desagregada.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 115.<\/a> Elaboraci\u00f3n de presupuestos. <\/b>Durante cada vigencia fiscal, como parte de la elaboraci\u00f3n de los anteproyectos de presupuesto de cada secci\u00f3n presupuestal, se se\u00f1alar\u00e1n de manera espec\u00edfica las partidas presupuestales destinadas a cumplir los acuerdos con los Pueblos Ind\u00edgenas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.<\/font><\/p>\n


Antes del env\u00edo de los anteproyectos al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, se convocar\u00e1 a la Mesa Permanente de Concertaci\u00f3n, con el objeto de analizar y revisar la correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 116. <\/a>Seguimiento de pol\u00edticas para los Pueblos Ind\u00edgenas. <\/b>Las estrategias y metas acordadas con los Pueblos Ind\u00edgenas ser\u00e1n objeto de especial seguimiento. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n incluir\u00e1 en el Sistema Nacional de Gesti\u00f3n y Resultados (Sinergia), un componente especial para Pueblos Ind\u00edgenas, mediante el dise\u00f1o y definici\u00f3n concertada de un tablero de control con indicadores culturalmente adecuados.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de la Mesa Permanente de Concertaci\u00f3n, pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los Pueblos Ind\u00edgenas el acceso a informaci\u00f3n suficiente y oportuna para que pueda realizar el ejercicio propio de seguimiento y evaluaci\u00f3n. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo. El Gobierno Nacional presentar\u00e1 cada a\u00f1o, en el mes de abril, un informe consolidado de la implementaci\u00f3n de acciones y ejecuci\u00f3n de los recursos presupuestales para Pueblos Ind\u00edgenas. En este informe debe ser clara la identificaci\u00f3n de acciones y de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena beneficiada. Par\u00e1grafo Tercero. El Gobierno Nacional seguir\u00e1 impulsando la construcci\u00f3n y puesta en funcionamiento de los pueblos ind\u00edgenas culturales del cord\u00f3n ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, as\u00ed como la conservaci\u00f3n del territorio ancestral Arhuaco a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n del "Programa Guardabosques Coraz\u00f3n del Mundo".<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 117.<\/a><\/b> Pol\u00edtica p\u00fablica para la protecci\u00f3n de derechos de las familias, mujeres, ni\u00f1as y ni\u00f1os j\u00f3venes y mayores ind\u00edgenas. El Gobierno Nacional adoptar\u00e1, previa consulta y concertaci\u00f3n, una pol\u00edtica p\u00fablica nacional integral diferencial para Pueblos Ind\u00edgenas que garantice la protecci\u00f3n de los derechos humanos de las familias, mujeres, ni\u00f1as y ni\u00f1os, j\u00f3venes y mayores ind\u00edgenas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 118.<\/a> Criterios de salida de la ruta de Reparaci\u00f3n Administrativa. <\/b>Con el fin de establecer los criterios de salida de la ruta de reparaci\u00f3n administrativa de las v\u00edctimas en sus dimensiones individual y colectiva, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas, el Departamento para la Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, definir\u00e1n una metodolog\u00eda para determinar el momento en el cual una persona se encuentra reparada por el da\u00f1o por el cual fue reconocido como v\u00edctima del conflicto armado.<\/font><\/p>\n


Para este efecto, el Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 las acciones y condiciones con las cuales se entiende que el Estado ha garantizado la reparaci\u00f3n administrativa de las v\u00edctimas individuales y colectivas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 119.<\/a> Exenciones de pago de derechos notariales y registrales.<\/b> No se causar\u00e1n derechos notariales ni registrales para ninguna de las partes independientemente de su naturaleza jur\u00eddica, en los negocios jur\u00eddicos que se describen a continuaci\u00f3n, cuando las viviendas objeto de los mismos hayan sido desarrolladas con la financiaci\u00f3n o cofinanciaci\u00f3n de subsidios familiares de vivienda otorgados por las entidades facultadas por la Ley para el efecto:<\/font><\/p>\n


a) Constituci\u00f3n de propiedad horizontal, cuando todos los bienes de dominio particular que conformen el edificio o conjunto sean viviendas de inter\u00e9s prioritario.<\/font><\/p>\n


b) Adquisici\u00f3n de viviendas de inter\u00e9s prioritario nuevas, incluido el leasing habitacional de vivienda de inter\u00e9s prioritario nueva, cuando se ejerza le opci\u00f3n de compra.<\/font><\/p>\n


c) Adquisici\u00f3n de viviendas de inter\u00e9s prioritario usadas, incluido el leasing habitacional de vivienda de inter\u00e9s prioritario usada, cuando se ejerza le opci\u00f3n de compra, en los eventos en que el adquiriente se encuentre en alguna de las condiciones a que se refiere el art\u00edculo 12 de la Ley 1537 de 2012. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

d) Constituci\u00f3n de hipoteca de viviendas de inter\u00e9s prioritario nuevas.<\/font><\/p>\n


e) Constituci\u00f3n de hipoteca de viviendas de inter\u00e9s prioritario usadas, en los eventos en que el adquiriente se encuentre en alguna de las condiciones a que se refiere el art\u00edculo 12 de la Ley 1537 de 2012.<\/font><\/p>\n


f) Afectaci\u00f3n a la vivienda familiar y\/o constituci\u00f3n de patrimonio de familia de viviendas de inter\u00e9s prioritario nuevas.<\/font><\/p>\n


g) Afectaci\u00f3n a vivienda familiar y\/o constituci\u00f3n de patrimonio de familia de viviendas de inter\u00e9s prioritario usadas, en los eventos en que quien realiza la afectaci\u00f3n o constituye el patrimonio de familia, se encuentre en alguna de las condiciones a que se refiere el art\u00edculo 12 de la Ley 1537 de 2012.<\/font><\/p>\n


h) Protocolizaci\u00f3n en notar\u00eda de la inversi\u00f3n del subsidio familiar de vivienda de inter\u00e9s social rural y\/o afectaci\u00f3n a vivienda familiar y\/o constituci\u00f3n de patrimonio de familia de soluciones de vivienda de inter\u00e9s social rural nueva y mejorada.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la forma en que los interesados acreditar\u00e1n que se encuentran en alguna de las condiciones a que se refiere el art\u00edculo 120 de la Ley 1537 de 2012, cuando sea el caso y las dem\u00e1s condiciones que deber\u00e1n cumplir los interesados en acceder a las exenciones previstas en el presente art\u00edculo, las cuales deber\u00e1n ser acreditadas ante el notario y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente.<\/font><\/p>\n


Para efectos de la aplicaci\u00f3n del presente art\u00edculo se acudir\u00e1 a la definici\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s prioritario establecida en las normas vigentes.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los grav\u00e1menes hipotecarios, condiciones resolutorias, pactos comisorios y\/o cualquier otra limitaci\u00f3n al dominio que recaiga sobre inmuebles adjudicados, enajenados, transferidos, cedidos o, asignados por el extinto Instituto de Cr\u00e9dito Territorial y\/o por la Unidad Administrativa Especial liquidadora de asuntos del Instituto de Cr\u00e9dito Territorial (UAE-ICT), y\/o el Instituto Nacional de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana (Inurbe) ser\u00e1n cancelados con la presentaci\u00f3n del acto administrativo expedido por la autoridad competente, que ordene dicha cancelaci\u00f3n, ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, sin que genere cobro de derechos registrales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 120. <\/a><\/b>Enfoque psicosocial. Adici\u00f3nese el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 137 de la Ley 1448 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo Segundo. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Departamento para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, complementar\u00e1 las acciones del Programa de Atenci\u00f3n Psicosocial y Salud Integral a V\u00edctimas, a fin de avanzar en la rehabilitaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n emocional con enfoque psicosocial de las v\u00edctimas, organizaciones y comunidades que han sufrido da\u00f1o a causa del conflicto armado."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 121.<\/a> Reparaci\u00f3n Colectiva. <\/b>Infraestructura social y comunitaria como medidas de reparaci\u00f3n colectiva. Las entidades del Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las v\u00edctimas (SNARIV) podr\u00e1n desarrollar obras de infraestructura social, educativa y comunitaria, en el marco de su competencia y respetando las disponibilidades presupuestales, como medida de reparaci\u00f3n para sujetos de reparaci\u00f3n colectiva, incluidos en el Registro \u00danico de Victimas. Estas medidas responder\u00e1n al Plan de Reparaci\u00f3n Colectiva y se ajustar\u00e1n al correspondiente diagn\u00f3stico del da\u00f1o ocasionado por el conflicto armado, en los t\u00e9rminos de la Ley 1448 de 2011. Estas medidas se desarrollar\u00e1n en bienes inmuebles de propiedad de las personas jur\u00eddicas que sean sujetos de reparaci\u00f3n colectiva.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 122. <\/a><\/b>Componente de alimentaci\u00f3n en la atenci\u00f3n integral a las v\u00edctimas. Modif\u00edquese los siguientes par\u00e1grafos de los art\u00edculos 47, 65 y 66 de la Ley 1448 de 2011<\/a><\/b>, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 47\u00b0. (… )<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Las entidades territoriales en primera instancia y la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas subsidiariamente deber\u00e1n prestar el alojamiento y alimentaci\u00f3n transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la violaci\u00f3n de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la misma."<\/font><\/p>\n


"Art\u00edculo 65\u00b0. (.. . )<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV) deber\u00e1 adelantar las acciones pertinentes para garantizar la alimentaci\u00f3n de los hogares en situaci\u00f3n de desplazamiento. De igual forma lo har\u00e1 en coordinaci\u00f3n con los entes territoriales para garantizar el alojamiento temporal de la poblaci\u00f3n en situaci\u00f3n de desplazamiento.<\/font><\/p>\n


A partir de la vigencia de la presente ley, el gobierno Nacional programar\u00e1 en el Proyecto de Presupuesto General de la Naci\u00f3n los recursos que ven\u00eda ejecutando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los que se refieren los anteriores par\u00e1grafos en el presupuesto de la UARIV."<\/font><\/p>\n


"Art\u00edculo 66\u00b0. (.. . )<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV) deber\u00e1 adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas para garantizar la efectiva atenci\u00f3n integral a la poblaci\u00f3n retornada o reubicada, especialmente en lo relacionado con los derechos m\u00ednimos de identificaci\u00f3n a cargo de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, salud a cargo del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, educaci\u00f3n a cargo del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, reunificaci\u00f3n familiar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vivienda digna a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando se trate de vivienda urbana, y a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuando se trate de vivienda rural, orientaci\u00f3n ocupacional a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje. El componente de alimentaci\u00f3n en la atenci\u00f3n humanitaria para los procesos de retornos y reubicaciones de la poblaci\u00f3n desplazada quedar\u00e1 a cargo de la UARIV. "<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 123.<\/a><\/b> Derechos Humanos y prevenci\u00f3n del reclutamiento, utilizaci\u00f3n y violencia sexual contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes por grupos armados al margen de la Ley y por grupos de delincuencia organizada. La Consejer\u00eda Presidencial para los Derechos Humanos o quien haga sus veces, articular\u00e1, coordinar\u00e1 y supervisar\u00e1 la implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la "Estrategia Nacional para la Garant\u00eda de los Derechos Humanos 2014-2034". Dicha pol\u00edtica se implementar\u00e1 a nivel nacional y territorial, e incorporar\u00e1 el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) como herramienta esencial para el dise\u00f1o, formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, ajuste y rendici\u00f3n de cuentas de todas las pol\u00edticas p\u00fablicas. Las entidades territoriales podr\u00e1n incluir en sus planes de desarrollo las estrategias, metas y objetivos que permitan la realizaci\u00f3n del EBDH. I<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, impulsar\u00e1 el dise\u00f1o, coordinaci\u00f3n, articulaci\u00f3n y seguimiento de la Pol\u00edtica para la prevenci\u00f3n del reclutamiento, utilizaci\u00f3n y violencia sexual contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes por grupos armados al margen de la Ley y por grupos de delincuencia organizada, incorporando a su vez, un enfoque diferencial \u00e9tnico para los pueblos ind\u00edgenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 124.<\/a> Sistema Integral de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Conflictos.<\/b> El Gobierno Nacional crear\u00e1 y pondr\u00e1 en funcionamiento el Sistema Integral de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Conflictos, orientado a generar alertas tempranas que permitan, en ejercicio del di\u00e1logo democr\u00e1tico, evitar conflictos sociales, econ\u00f3micos y ambientales.<\/font><\/p>\n


El sistema deber\u00e1 estar articulado con los dem\u00e1s sistemas u observatorios existentes en el sector p\u00fablico, as\u00ed como con las entidades territoriales, las cuales deber\u00e1n estructurar de manera arm\u00f3nica y compatible sus sistemas de informaci\u00f3n, dentro del a\u00f1o siguiente a la promulgaci\u00f3n de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 125. <\/a><\/b>Contrataci\u00f3n de bienes y servicios de la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia. Adici\u00f3nese un literal al numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 2 de la Ley 1150 de 2007<\/a><\/b>, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"(…) j) La contrataci\u00f3n de bienes y servicios de la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia (DNI), que requieran reserva para su adquisici\u00f3n;"<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 126.<\/a> Acuerdos de cooperaci\u00f3n para misiones internacionales y operaciones de paz.<\/b> El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco del proceso de modernizaci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica, promover\u00e1 la celebraci\u00f3n de acuerdos de cooperaci\u00f3n internacional que permitan prestar y recibir asesor\u00eda, env\u00edo de personal y transferencia de equipos a otros pa\u00edses con el objeto de intercambiar experiencias, entrenamiento y capacitaci\u00f3n, as\u00ed como para la participaci\u00f3n en misiones internacionales u operaciones de paz.<\/font><\/p>\n


Los acuerdos que se suscriban como consecuencia de dicha promoci\u00f3n estar\u00e1n, sujetos a las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 127.<\/a> Consejo Interinstitucional del Posconflicto.<\/b>Cr\u00e9ase el Consejo Interinstitucional del Posconflicto como organismo consultivo y coordinador para el Posconflicto, a cargo de la Presidencia de la Rep\u00fablica en cabeza del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad o de quien haga sus veces, con el fin de facilitar la coordinaci\u00f3n interinstitucional, la coordinaci\u00f3n entre el nivel nacional y territorial y facilitar la toma de decisiones que se requieran para articular y supervisar la preparaci\u00f3n del alistamiento e implementaci\u00f3n de los acuerdos que se deriven de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones armadas ilegales, as\u00ed como para articular los programas que contribuyan de manera fundamental al posconflicto y a la construcci\u00f3n de paz.<\/font><\/p>\n


El Consejo estar\u00e1 integrado por el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Ministro del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministro Consejero de Gobierno y Sector Privado, el Alto Comisionado para la Paz, el Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, el Director del Departamento para la Prosperidad Social, y el Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, quien lo presidir\u00e1. Podr\u00e1n ser invitados otros miembros del Gobierno Nacional y entidades territoriales, cuando as\u00ed lo decida el Consejo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 128.<\/a> Direccionamiento estrat\u00e9gico de la Acci\u00f3n Integral contra Minas Antipersonal (AICMA)<\/b>. El direccionamiento estrat\u00e9gico de la Acci\u00f3n Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) ser\u00e1 responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia, el cual establecer\u00e1 los mecanismos institucionales de gerencia, coordinaci\u00f3n y monitoreo en el orden nacional y territorial, as\u00ed como los lineamientos t\u00e9cnicos para regular a todos los actores estatales y no estatales de la AICMA.<\/font><\/p>\n


El Direccionamiento estrat\u00e9gico relacionado con el Desminado Humanitario se realizar\u00e1 de manera coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 129.<\/a><\/b> Evaluaci\u00f3n de la Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional de Equidad de G\u00e9nero para las Mujeres y de la Pol\u00edtica P\u00fablica para la Prevenci\u00f3n de Riesgos, la Protecci\u00f3n y Garant\u00eda de los Derechos de las Mujeres V\u00edctimas del conflicto armado. El Gobierno Nacional realizar\u00e1 una evaluaci\u00f3n participativa de la Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional de Equidad de G\u00e9nero para las Mujeres y de la Pol\u00edtica P\u00fablica para la Prevenci\u00f3n de Riesgos, la Protecci\u00f3n y Garant\u00eda de los Derechos de las Mujeres V\u00edctimas del conflicto armado. El dise\u00f1o de estas evaluaciones iniciar\u00e1 en el primer semestre de 2016 ya partir de sus hallazgos se ajustar\u00e1n las acciones, metas y presupuestos de estas pol\u00edticas para el presente cuatrienio donde se incluir\u00e1n las acciones que permitan avanzar en la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de las mujeres rurales, afrocolombianas, negras, raizales, palanqueras e ind\u00edgenas, que contribuyan a su estabilizaci\u00f3n social y econ\u00f3mica, con un enfoque territorial, etario y de justicia.<\/font><\/p>\n


El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y la Consejer\u00eda para la Equidad de la Mujer propondr\u00e1n a la Comisi\u00f3n Intersectorial para la Implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional de Equidad de G\u00e9nero el mecanismo para la participaci\u00f3n de las organizaciones de mujeres y de mujeres v\u00edctimas en la evaluaci\u00f3n y seguimiento de
las pol\u00edticas a las que hace referencia el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


La Consejer\u00eda para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de las entidades que hacen parte de la Comisi\u00f3n Intersectorial para la Implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional de Equidad de G\u00e9nero, adoptar\u00e1 acciones concretas para la armonizaci\u00f3n e las pol\u00edticas a las que hace referencia el presente art\u00edculo, con los planes de desarrollo territorial.<\/font><\/p>\n


El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico dise\u00f1ar\u00e1n un mecanismo que permita a las entidades del Gobierno Nacional incluir el enfoque diferencial de g\u00e9nero en sus procesos de planeaci\u00f3n y presupuesto.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 130.<\/a> Pol\u00edtica p\u00fablica nacional para la garant\u00eda de los derechos LGBTI<\/b>. El gobierno nacional a trav\u00e9s de sus entidades, llevar\u00e1 a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementaci\u00f3n y seguimiento de la Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional para la Garant\u00eda de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a trav\u00e9s del Ministerio del Interior, e impulsar\u00e1 ante las Entidades Territoriales la inclusi\u00f3n en los Planes de Desarrolle Departamentales, Distritales y Municipales de acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 131.<\/a><\/b> Estatuto del Pueblo Raizal y reserva de bi\u00f3sfera Seaflower. En el marco de la aplicaci\u00f3n del Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y la Declaraci\u00f3n de la Reserva de Bi\u00f3sfera Seaflower de la UNESCO, el Gobierne Nacional, en conjunto con una comisi\u00f3n de ambas C\u00e1maras del Congreso de la Rep\u00fablica, presentar\u00e1 a consideraci\u00f3n del legislativo, cumplidos los tr\u00e1mites de consulta previa e informada con el pueblo raizal, un proyecto de Estatuto del Pueble Raizal del Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 132.<\/a> Derogatoria del contrato de transacci\u00f3n.<\/b> Der\u00f3guese los incisos 2\u00b0, 3\u00b0 del art\u00edculo 132\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como la expresi\u00f3n del par\u00e1grafo primero del mismo art\u00edculo: "As\u00ed mismo, las v\u00edctimas que al momento de le expedici\u00f3n de la presente ley hubiesen recibido indemnizaci\u00f3n administrativa por parte del Estado, contar\u00e1n con un (1) a\u00f1o contado a partir de la expedici\u00f3n de la presente ley para manifestarle por escrito, a la Agencia Presidencial para la Acci\u00f3n Social y la Cooperaci\u00f3n Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas si ya estuviese en funcionamiento, si desear aceptar de forma expresa y voluntaria que la indemnizaci\u00f3n administrativa fue  entregada en el marco de un contrato de transacci\u00f3n en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo. En este evento, la Agencia Presidencial para la Acci\u00f3n Social y la Cooperaci\u00f3n Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas seg\u00fan sea el caso, deber\u00e1 volver a examinar el monto de la indemnizaci\u00f3n entregado a la v\u00edctima y comunicarle el procedimiento que debe surtirse, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional establezca para el efecto, para entregar las sumas adicionales a que haya lugar".<\/font><\/p>\n


Igualmente der\u00f3guese la expresi\u00f3n del art\u00edculo 133\u00b0 de la Ley 1448 de 2011: "En los eventos en que la v\u00edctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo anterior, y el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontar\u00e1n de dicha condena la suma de dinero que la v\u00edctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan reparaci\u00f3n".<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO V <\/b>
BUEN GOBIERNO <\/font><\/p>\n



Art\u00edculo 133.<\/a> Integraci\u00f3n de Sistemas de Gesti\u00f3n.<\/b> Int\u00e9grense en un solo Sistema de Gesti\u00f3n, los Sistemas de Gesti\u00f3n de la Calidad de que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gesti\u00f3n deber\u00e1 articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los art\u00edculos 27\u00b0 al 29\u00b0 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, m\u00e9todos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia y establecer\u00e1 el modelo que desarrolle la integraci\u00f3n y articulaci\u00f3n de los anteriores sistemas, en el cual se deber\u00e1 determinar de manera clara el campo de aplicaci\u00f3n de cada uno de ellos con criterios diferenciales en el territorio nacional.<\/font><\/p>\n


Una vez se reglamente y entre en aplicaci\u00f3n el nuevo Modelo de Gesti\u00f3n, los art\u00edculos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perder\u00e1n vigencia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 134.<\/a> Concursos o procesos de selecci\u00f3n. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto Ley 760 de 2005<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

"Art\u00edculo 3. <\/b>Los concursos o procesos de selecci\u00f3n ser\u00e1n adelantados por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC) a trav\u00e9s de contratos o convenios interadministrativos suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n (ICFES) o en su defecto con universidades p\u00fablicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de educaci\u00f3n superior acreditadas por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional para tal fin. Dentro de los criterios de acreditaci\u00f3n se privilegiar\u00e1 la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los concursos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>
Inciso 1\u00b0 declarado EXEQUIBLE salvo los apartes tachados declarados INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-518-16<\/a><\/b>, de Septiembre 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "Definida la ineptitud del cargo de inconstitucionalidad por vulneraci\u00f3n del principio de unidad de materia, y por tanto, la inhibici\u00f3n respecto del mismo, el examen de la Corte se concentr\u00f3 en determinar si el legislador al imponer a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n de servidores p\u00fablicos, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de contratos o convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior, ICFES, y en su defecto, con universidades p\u00fablicas privadas o instituciones universitarias acreditadas para tal fin por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, as\u00ed como el sometimiento al Acuerdo Marco de Precios fijado por la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, desconoce los principios de autonom\u00eda de la CNSC y del m\u00e9rito para acceder a los cargos p\u00fablicos (arts. 125 y 130 C. Po.), al comportar una intromisi\u00f3n indebida y una restricci\u00f3n irrazonable en las funciones asignadas por la Constituci\u00f3n a dicha Comisi\u00f3n, como \u00f3rgano aut\u00f3nomo en la administraci\u00f3n y vigilancia de las carreras de los servidores p\u00fablicos. En primer t\u00e9rmino, la Corte estim\u00f3 necesario integrar la unidad normativa del inciso primero del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 760 de 2005, modificado por el art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, para darle un sentido completo a las expresiones demandadas respecto del objeto de la contrataci\u00f3n a la que aluden. Contrario a lo sostenido por el demandante y a diferencia de lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005, respecto de la inconstitucionalidad de la intervenci\u00f3n del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica en el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n, la Corte consider\u00f3 que contratar para tal objeto con el ICFES o universidades p\u00fablicas o privadas, no afecta la autonom\u00eda de la CNSC, toda vez que esta Comisi\u00f3n conserva todas las funciones que le confiere la Constituci\u00f3n y la ley para administrar las carreras de los servidores p\u00fablicos y llevar a cabo directamente o con el apoyo de instituciones especializadas, los respectivos concursos de m\u00e9rito para acceder a la carrera. La direcci\u00f3n y toma de decisiones relacionadas con estos procesos de selecci\u00f3n sigue estando en cabeza de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, como quiera que las entidades contratistas desarrollan el objeto de los respectivos convenios y contratos, bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y vigilancia de esa Comisi\u00f3n. Su intervenci\u00f3n se limita, por lo general, a la elaboraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n t\u00e9cnica de las pruebas de selecci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los aspectos a calificar. En \u00faltimas, quien adopta las decisiones respecto a la conformaci\u00f3n de las listas de elegibles es la CNSC. Para la Corte, lo que s\u00ed constituye una vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda de la Comisi\u00f3n es imponerle contratar en primera instancia con el ICFES y solo en su defecto con las universidades, adem\u00e1s de que en el caso de estas instituciones, solamente pueden ser contratistas las universidades que sean acreditas por el Ministerio de Educaci\u00f3n para tal fin, lo que sin duda constituye una usurpaci\u00f3n de las funciones que corresponden a la CNSC. Por ello, la Corte procedi\u00f3 a retirar del ordenamiento las expresiones \u201cen su defecto\u201d y \u201cpara tal fin\u201d, contenidas en el inciso primero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2012 de manera que la Comisi\u00f3n Nacional del servicio Civil pueda determinar de manera aut\u00f3noma, dentro del marco de sus atribuciones, si lleva a cabo directamente los concursos o procesos de selecci\u00f3n o contrata su realizaci\u00f3n con entidades especializadas, no necesariamente con el ICFES o determinada universidad, sino seg\u00fan lo que considere m\u00e1s id\u00f3neo y conveniente en cada caso, garantizando la escogencia de la entidad especializada o universidad que demuestre la mejor capacidad para esa labor. En cuanto a la posibilidad de que entidades oficiales especializadas en la materia como el ICFES apoyen a la CNSC o a las universidades que adelanten los concursos, en las inscripciones, dise\u00f1o, aplicaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de las pruebas, la Corte no encuentra que sea un imperativo que derive en una intromisi\u00f3n en las funciones de administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera que le corresponde a la Comisi\u00f3n. Se trata simplemente, del desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica que debe existir entre los diferentes \u00f3rganos del Estado, sin que en nada afecte la autonom\u00eda e independencia de la CNSC, en cuanto dicho apoyo depende de la decisi\u00f3n aut\u00f3noma que adopte la propia Comisi\u00f3n. Por \u00faltimo, la Corte precis\u00f3 que los Acuerdos Marco de Precios que permiten fijar las condiciones de oferta de la adquisici\u00f3n o suministro de bienes y servicios por parte de las entidades p\u00fablicas, de conformidad con el par\u00e1grafo 5\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1150 de 2007, no tienen car\u00e1cter vinculante para los organismos aut\u00f3nomos, entre ellos, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, quienes pueden dise\u00f1ar, organizar y celebrar acuerdos marco de precisos propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los que determine la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica. Por tal motivo, el inciso tercero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, fue declarado exequible de manera condicionada, de manera que se entienda conforme la autonom\u00eda de que goza el CNSC. <\/i>"<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n


La CNSC, las universidades p\u00fablicas o privadas, instituciones universitarias y las instituciones de educaci\u00f3n superior que adelanten los concursos, podr\u00e1n apoyarse en entidades oficiales especializadas en la materia, como el ICFES, para las inscripciones, el dise\u00f1o, la aplicaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de las pruebas; el ICFES podr\u00e1 brindar su apoyo a uno o m\u00e1s concursos de manera simult\u00e1nea.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>
Aparte Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-518-16<\/a><\/b>, Septiembre 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "Definida la ineptitud del cargo de inconstitucionalidad por vulneraci\u00f3n del principio de unidad de materia, y por tanto, la inhibici\u00f3n respecto del mismo, el examen de la Corte se concentr\u00f3 en determinar si el legislador al imponer a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n de servidores p\u00fablicos, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de contratos o convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior, ICFES, y en su defecto, con universidades p\u00fablicas privadas o instituciones universitarias acreditadas para tal fin por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, as\u00ed como el sometimiento al Acuerdo Marco de Precios fijado por la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, desconoce los principios de autonom\u00eda de la CNSC y del m\u00e9rito para acceder a los cargos p\u00fablicos (arts. 125 y 130 C. Po.), al comportar una intromisi\u00f3n indebida y una restricci\u00f3n irrazonable en las funciones asignadas por la Constituci\u00f3n a dicha Comisi\u00f3n, como \u00f3rgano aut\u00f3nomo en la administraci\u00f3n y vigilancia de las carreras de los servidores p\u00fablicos. En primer t\u00e9rmino, la Corte estim\u00f3 necesario integrar la unidad normativa del inciso primero del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 760 de 2005, modificado por el art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, para darle un sentido completo a las expresiones demandadas respecto del objeto de la contrataci\u00f3n a la que aluden. Contrario a lo sostenido por el demandante y a diferencia de lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005, respecto de la inconstitucionalidad de la intervenci\u00f3n del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica en el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n, la Corte consider\u00f3 que contratar para tal objeto con el ICFES o universidades p\u00fablicas o privadas, no afecta la autonom\u00eda de la CNSC, toda vez que esta Comisi\u00f3n conserva todas las funciones que le confiere la Constituci\u00f3n y la ley para administrar las carreras de los servidores p\u00fablicos y llevar a cabo directamente o con el apoyo de instituciones especializadas, los respectivos concursos de m\u00e9rito para acceder a la carrera. La direcci\u00f3n y toma de decisiones relacionadas con estos procesos de selecci\u00f3n sigue estando en cabeza de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, como quiera que las entidades contratistas desarrollan el objeto de los respectivos convenios y contratos, bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y vigilancia de esa Comisi\u00f3n. Su intervenci\u00f3n se limita, por lo general, a la elaboraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n t\u00e9cnica de las pruebas de selecci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los aspectos a calificar. En \u00faltimas, quien adopta las decisiones respecto a la conformaci\u00f3n de las listas de elegibles es la CNSC. Para la Corte, lo que s\u00ed constituye una vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda de la Comisi\u00f3n es imponerle contratar en primera instancia con el ICFES y solo en su defecto con las universidades, adem\u00e1s de que en el caso de estas instituciones, solamente pueden ser contratistas las universidades que sean acreditas por el Ministerio de Educaci\u00f3n para tal fin, lo que sin duda constituye una usurpaci\u00f3n de las funciones que corresponden a la CNSC. Por ello, la Corte procedi\u00f3 a retirar del ordenamiento las expresiones \u201cen su defecto\u201d y \u201cpara tal fin\u201d, contenidas en el inciso primero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2012 de manera que la Comisi\u00f3n Nacional del servicio Civil pueda determinar de manera aut\u00f3noma, dentro del marco de sus atribuciones, si lleva a cabo directamente los concursos o procesos de selecci\u00f3n o contrata su realizaci\u00f3n con entidades especializadas, no necesariamente con el ICFES o determinada universidad, sino seg\u00fan lo que considere m\u00e1s id\u00f3neo y conveniente en cada caso, garantizando la escogencia de la entidad especializada o universidad que demuestre la mejor capacidad para esa labor. En cuanto a la posibilidad de que entidades oficiales especializadas en la materia como el ICFES apoyen a la CNSC o a las universidades que adelanten los concursos, en las inscripciones, dise\u00f1o, aplicaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de las pruebas, la Corte no encuentra que sea un imperativo que derive en una intromisi\u00f3n en las funciones de administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera que le corresponde a la Comisi\u00f3n. Se trata simplemente, del desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica que debe existir entre los diferentes \u00f3rganos del Estado, sin que en nada afecte la autonom\u00eda e independencia de la CNSC, en cuanto dicho apoyo depende de la decisi\u00f3n aut\u00f3noma que adopte la propia Comisi\u00f3n. Por \u00faltimo, la Corte precis\u00f3 que los Acuerdos Marco de Precios que permiten fijar las condiciones de oferta de la adquisici\u00f3n o suministro de bienes y servicios por parte de las entidades p\u00fablicas, de conformidad con el par\u00e1grafo 5\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1150 de 2007, no tienen car\u00e1cter vinculante para los organismos aut\u00f3nomos, entre ellos, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, quienes pueden dise\u00f1ar, organizar y celebrar acuerdos marco de precisos propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los que determine la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica. Por tal motivo, el inciso tercero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, fue declarado exequible de manera condicionada, de manera que se entienda conforme la autonom\u00eda de que goza el CNSC. <\/i>"<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n

Los costos asociados a los concursos o procesos de selecci\u00f3n deber\u00e1n ser determinados a trav\u00e9s de Acuerdos Marco de Precios establecidos, dise\u00f1ados y adoptados por la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, Colombia Compra Eficiente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>
Inciso declarado EXEQUIBLE en el entendido que tales Acuerdos Marco de Precios no tienen car\u00e1cter vinculante para la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, quien podr\u00e1 establecer, dise\u00f1ar, adoptar sus propios Acuerdos, de conformidad con lo previsto en el par\u00e1grafo 5\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1150 de 2007; por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-518-16<\/a><\/b>, Septiembre 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "Definida la ineptitud del cargo de inconstitucionalidad por vulneraci\u00f3n del principio de unidad de materia, y por tanto, la inhibici\u00f3n respecto del mismo, el examen de la Corte se concentr\u00f3 en determinar si el legislador al imponer a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n de servidores p\u00fablicos, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de contratos o convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior, ICFES, y en su defecto, con universidades p\u00fablicas privadas o instituciones universitarias acreditadas para tal fin por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, as\u00ed como el sometimiento al Acuerdo Marco de Precios fijado por la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, desconoce los principios de autonom\u00eda de la CNSC y del m\u00e9rito para acceder a los cargos p\u00fablicos (arts. 125 y 130 C. Po.), al comportar una intromisi\u00f3n indebida y una restricci\u00f3n irrazonable en las funciones asignadas por la Constituci\u00f3n a dicha Comisi\u00f3n, como \u00f3rgano aut\u00f3nomo en la administraci\u00f3n y vigilancia de las carreras de los servidores p\u00fablicos. En primer t\u00e9rmino, la Corte estim\u00f3 necesario integrar la unidad normativa del inciso primero del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 760 de 2005, modificado por el art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, para darle un sentido completo a las expresiones demandadas respecto del objeto de la contrataci\u00f3n a la que aluden. Contrario a lo sostenido por el demandante y a diferencia de lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005, respecto de la inconstitucionalidad de la intervenci\u00f3n del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica en el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n, la Corte consider\u00f3 que contratar para tal objeto con el ICFES o universidades p\u00fablicas o privadas, no afecta la autonom\u00eda de la CNSC, toda vez que esta Comisi\u00f3n conserva todas las funciones que le confiere la Constituci\u00f3n y la ley para administrar las carreras de los servidores p\u00fablicos y llevar a cabo directamente o con el apoyo de instituciones especializadas, los respectivos concursos de m\u00e9rito para acceder a la carrera. La direcci\u00f3n y toma de decisiones relacionadas con estos procesos de selecci\u00f3n sigue estando en cabeza de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, como quiera que las entidades contratistas desarrollan el objeto de los respectivos convenios y contratos, bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y vigilancia de esa Comisi\u00f3n. Su intervenci\u00f3n se limita, por lo general, a la elaboraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n t\u00e9cnica de las pruebas de selecci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los aspectos a calificar. En \u00faltimas, quien adopta las decisiones respecto a la conformaci\u00f3n de las listas de elegibles es la CNSC. Para la Corte, lo que s\u00ed constituye una vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda de la Comisi\u00f3n es imponerle contratar en primera instancia con el ICFES y solo en su defecto con las universidades, adem\u00e1s de que en el caso de estas instituciones, solamente pueden ser contratistas las universidades que sean acreditas por el Ministerio de Educaci\u00f3n para tal fin, lo que sin duda constituye una usurpaci\u00f3n de las funciones que corresponden a la CNSC. Por ello, la Corte procedi\u00f3 a retirar del ordenamiento las expresiones \u201cen su defecto\u201d y \u201cpara tal fin\u201d, contenidas en el inciso primero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2012 de manera que la Comisi\u00f3n Nacional del servicio Civil pueda determinar de manera aut\u00f3noma, dentro del marco de sus atribuciones, si lleva a cabo directamente los concursos o procesos de selecci\u00f3n o contrata su realizaci\u00f3n con entidades especializadas, no necesariamente con el ICFES o determinada universidad, sino seg\u00fan lo que considere m\u00e1s id\u00f3neo y conveniente en cada caso, garantizando la escogencia de la entidad especializada o universidad que demuestre la mejor capacidad para esa labor. En cuanto a la posibilidad de que entidades oficiales especializadas en la materia como el ICFES apoyen a la CNSC o a las universidades que adelanten los concursos, en las inscripciones, dise\u00f1o, aplicaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de las pruebas, la Corte no encuentra que sea un imperativo que derive en una intromisi\u00f3n en las funciones de administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera que le corresponde a la Comisi\u00f3n. Se trata simplemente, del desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica que debe existir entre los diferentes \u00f3rganos del Estado, sin que en nada afecte la autonom\u00eda e independencia de la CNSC, en cuanto dicho apoyo depende de la decisi\u00f3n aut\u00f3noma que adopte la propia Comisi\u00f3n. Por \u00faltimo, la Corte precis\u00f3 que los Acuerdos Marco de Precios que permiten fijar las condiciones de oferta de la adquisici\u00f3n o suministro de bienes y servicios por parte de las entidades p\u00fablicas, de conformidad con el par\u00e1grafo 5\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1150 de 2007, no tienen car\u00e1cter vinculante para los organismos aut\u00f3nomos, entre ellos, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, quienes pueden dise\u00f1ar, organizar y celebrar acuerdos marco de precisos propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los que determine la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica. Por tal motivo, el inciso tercero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, fue declarado exequible de manera condicionada, de manera que se entienda conforme la autonom\u00eda de que goza el CNSC. <\/i>"<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. Hasta tanto Colombia Compra Eficiente adopte los Acuerdos Marco de Precios, los bienes o servicios que requiera la Comisi\u00f3n ser\u00e1n adquiridos a trav\u00e9s de la modalidad de contrataci\u00f3n que legalmente corresponda.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>
Par\u00e1grafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-518-16<\/a><\/b>, Septiembre 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "Definida la ineptitud del cargo de inconstitucionalidad por vulneraci\u00f3n del principio de unidad de materia, y por tanto, la inhibici\u00f3n respecto del mismo, el examen de la Corte se concentr\u00f3 en determinar si el legislador al imponer a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n de servidores p\u00fablicos, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de contratos o convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior, ICFES, y en su defecto, con universidades p\u00fablicas privadas o instituciones universitarias acreditadas para tal fin por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, as\u00ed como el sometimiento al Acuerdo Marco de Precios fijado por la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, desconoce los principios de autonom\u00eda de la CNSC y del m\u00e9rito para acceder a los cargos p\u00fablicos (arts. 125 y 130 C. Po.), al comportar una intromisi\u00f3n indebida y una restricci\u00f3n irrazonable en las funciones asignadas por la Constituci\u00f3n a dicha Comisi\u00f3n, como \u00f3rgano aut\u00f3nomo en la administraci\u00f3n y vigilancia de las carreras de los servidores p\u00fablicos. En primer t\u00e9rmino, la Corte estim\u00f3 necesario integrar la unidad normativa del inciso primero del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 760 de 2005, modificado por el art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, para darle un sentido completo a las expresiones demandadas respecto del objeto de la contrataci\u00f3n a la que aluden. Contrario a lo sostenido por el demandante y a diferencia de lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005, respecto de la inconstitucionalidad de la intervenci\u00f3n del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica en el adelantamiento de los concursos y procesos de selecci\u00f3n, la Corte consider\u00f3 que contratar para tal objeto con el ICFES o universidades p\u00fablicas o privadas, no afecta la autonom\u00eda de la CNSC, toda vez que esta Comisi\u00f3n conserva todas las funciones que le confiere la Constituci\u00f3n y la ley para administrar las carreras de los servidores p\u00fablicos y llevar a cabo directamente o con el apoyo de instituciones especializadas, los respectivos concursos de m\u00e9rito para acceder a la carrera. La direcci\u00f3n y toma de decisiones relacionadas con estos procesos de selecci\u00f3n sigue estando en cabeza de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, como quiera que las entidades contratistas desarrollan el objeto de los respectivos convenios y contratos, bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y vigilancia de esa Comisi\u00f3n. Su intervenci\u00f3n se limita, por lo general, a la elaboraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n t\u00e9cnica de las pruebas de selecci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los aspectos a calificar. En \u00faltimas, quien adopta las decisiones respecto a la conformaci\u00f3n de las listas de elegibles es la CNSC. Para la Corte, lo que s\u00ed constituye una vulneraci\u00f3n de la autonom\u00eda de la Comisi\u00f3n es imponerle contratar en primera instancia con el ICFES y solo en su defecto con las universidades, adem\u00e1s de que en el caso de estas instituciones, solamente pueden ser contratistas las universidades que sean acreditas por el Ministerio de Educaci\u00f3n para tal fin, lo que sin duda constituye una usurpaci\u00f3n de las funciones que corresponden a la CNSC. Por ello, la Corte procedi\u00f3 a retirar del ordenamiento las expresiones \u201cen su defecto\u201d y \u201cpara tal fin\u201d, contenidas en el inciso primero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2012 de manera que la Comisi\u00f3n Nacional del servicio Civil pueda determinar de manera aut\u00f3noma, dentro del marco de sus atribuciones, si lleva a cabo directamente los concursos o procesos de selecci\u00f3n o contrata su realizaci\u00f3n con entidades especializadas, no necesariamente con el ICFES o determinada universidad, sino seg\u00fan lo que considere m\u00e1s id\u00f3neo y conveniente en cada caso, garantizando la escogencia de la entidad especializada o universidad que demuestre la mejor capacidad para esa labor. En cuanto a la posibilidad de que entidades oficiales especializadas en la materia como el ICFES apoyen a la CNSC o a las universidades que adelanten los concursos, en las inscripciones, dise\u00f1o, aplicaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de las pruebas, la Corte no encuentra que sea un imperativo que derive en una intromisi\u00f3n en las funciones de administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera que le corresponde a la Comisi\u00f3n. Se trata simplemente, del desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica que debe existir entre los diferentes \u00f3rganos del Estado, sin que en nada afecte la autonom\u00eda e independencia de la CNSC, en cuanto dicho apoyo depende de la decisi\u00f3n aut\u00f3noma que adopte la propia Comisi\u00f3n. Por \u00faltimo, la Corte precis\u00f3 que los Acuerdos Marco de Precios que permiten fijar las condiciones de oferta de la adquisici\u00f3n o suministro de bienes y servicios por parte de las entidades p\u00fablicas, de conformidad con el par\u00e1grafo 5\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1150 de 2007, no tienen car\u00e1cter vinculante para los organismos aut\u00f3nomos, entre ellos, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, quienes pueden dise\u00f1ar, organizar y celebrar acuerdos marco de precisos propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los que determine la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica. Por tal motivo, el inciso tercero del art\u00edculo 134 de la Ley 1753 de 2015, fue declarado exequible de manera condicionada, de manera que se entienda conforme la autonom\u00eda de que goza el CNSC. <\/i>"<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 135.<\/a> <\/b><\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336.<\/b><\/font> Ingreso Base de Cotizaci\u00f3n (IBC) de los independientes. <\/b>Los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestaci\u00f3n de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario m\u00ednimo mensual legal vigente (smmlv), cotizar\u00e1n mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotizaci\u00f3n m\u00ednimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, seg\u00fan el r\u00e9gimen tributario que corresponda. Para calcular la base m\u00ednima de cotizaci\u00f3n, se podr\u00e1n deducir las expensas que se generen de la ejecuci\u00f3n de la actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del art\u00edculo 107\u00b0 del Estatuto Tributario.<\/font><\/i><\/p>\n


En caso de que el ingreso base de cotizaci\u00f3n as\u00ed obtenido resulte inferior al determinado por el sistema de presunci\u00f3n de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicar\u00e1 este \u00faltimo seg\u00fan la metodolog\u00eda que para tal fin se establezca y tendr\u00e1 fiscalizaci\u00f3n preferente por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP). No obstante, el afiliado podr\u00e1 pagar un menor valor al determinado para dicha presunci\u00f3n siempre y cuando cuente con los documentos que soportan la deducci\u00f3n de expensas, los cuales ser\u00e1n requeridos en los procesos de fiscalizaci\u00f3n preferente que adelante la UGPP.<\/font><\/i><\/p>\n


En el caso de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontrataci\u00f3n alguna e compra de insumas o expensas relacionados directamente con la ejecuci\u00f3n de contrato, el ingreso base de cotizaci\u00f3n ser\u00e1 en todos los casos m\u00ednimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicar\u00e1 el sistema de presunci\u00f3n de ingresos ni la deducci\u00f3n  expensas. Los contratantes p\u00fablicos y privados deber\u00e1n efectuar directamente le retenci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n de los contratistas, a partir de la fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Cuando las personas objeto de la aplicaci\u00f3n de la presente ley perciban ingresos de forma simult\u00e1nea provenientes de la ejecuci\u00f3n de varias actividades o contratos, la cotizaciones correspondientes ser\u00e1n efectuadas por cada uno de los ingreso percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior en
concordancia con el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 797 de 2003.<\/font><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 136.<\/a><\/b> <\/font>Derogado por la Ley 1955 de 2019<\/a>, art\u00edculo 336. <\/font><\/b>Presupuestaci\u00f3n del CREE. Modif\u00edquese el inciso 4 del art\u00edculo 24 de la <\/font> Ley 1607 de 2012<\/font><\/a><\/b>, adicionado por el art\u00edculo 18\u00b0 de la Ley 1739 de 2014, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/font><\/i><\/p>\n

\n

"A partir del per\u00edodo gravable 2016, del nueve por ciento (9%) de la tarifa del impuesto al que se refiere el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 23 de la presente ley, un punto se distribuir\u00e1 as\u00ed: 0,4 puntos se destinar\u00e1n a financiar programas de atenci\u00f3n a la primera infancia, y 0,6 puntos a financiar las instituciones de educaci\u00f3n superior p\u00fablicas, cr\u00e9ditos beca a trav\u00e9s del Icetex, y mejoramiento de la calidad de la educaci\u00f3n superior. Los recursos de que trata este inciso y que ser\u00e1n destinados a financiar las instituciones de educaci\u00f3n superior p\u00fablicas, cr\u00e9ditos beca a trav\u00e9s del Icetex, y mejoramiento de la calidad de la educaci\u00f3n superior, ser\u00e1n presupuestados en la secci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y los destinados a financiar programas de atenci\u00f3n a la primera infancia, en la secci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, los cuales para su distribuci\u00f3n seguir\u00e1n los lineamientos definidos por la Comisi\u00f3n Intersectorial para la Primera Infancia."<\/font><\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 137. <\/a><\/b>Multifondos. Modif\u00edquese el literal c) del art\u00edculo 60 de la Ley 100 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"( … )<\/font><\/p>\n


c) Los afiliados al sistema podr\u00e1n escoger y trasladarse libremente entre entidades administradoras y entre los Fondos de Pensiones gestionados por ellas seg\u00fan la regulaci\u00f3n aplicable para el efecto, as\u00ed como seleccionar la aseguradora con la cual contraten las rentas o pensiones.<\/font><\/p>\n


En todo caso, dentro del esquema de multifondos, el Gobierno Nacional definir\u00e1 unas reglas de asignaci\u00f3n para aquellos afiliados que no escojan el fondo de pensiones dentro de los tiempos definidos por las normas respectivas, reglas de asignaci\u00f3n que tendr\u00e1n en cuenta la edad y el g\u00e9nero del afiliado. Todas las asignaciones a que se refiere el presente art\u00edculo ser\u00e1n informadas al afiliado.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, la administradora tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n expresa de informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopci\u00f3n de decisiones informadas. Por su parte, el afiliado deber\u00e1 manifestar de forma libre y expresa a la administradora correspondiente, que entiende lasconsecuencias derivadas de su elecci\u00f3n en cuanto a los riesgos y beneficios que caracterizan este fondo.<\/font><\/p>\n


La implementaci\u00f3n de lo establecido en el presente literal estar\u00e1 condicionado a la exigencia por parte de la Superintendencia Financiera a las entidades administradoras de pensiones del dise\u00f1o, desarrollo y puesta en marcha campa\u00f1as de educaci\u00f3n financiera previsional encaminadas a que los afiliados al R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad conozcan, entiendan y comprendan los efectos de la aplicaci\u00f3n de las medidas definidas."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 138.<\/a><\/b> Cobertura de rentas vitalicias. Modif\u00edquese el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo. <\/b>El Gobierno Nacional podr\u00e1 establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que podr\u00edan tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los art\u00edculos 80\u00b0 y 82\u00b0 de esta ley cuando el aumento del salario m\u00ednimo mensual legal vigente sea superior a la variaci\u00f3n porcentual del \u00edndice de Precios al Consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica para el , respectivo a\u00f1o. El Gobierno Nacional determinar\u00e1 los costos que resulten procedentes en la aplicaci\u00f3n de estos mecanismos de cobertura. El Consejo Superior de Pol\u00edtica Fiscal (CONFIS) otorgar\u00e1 aval fiscal para estas coberturas".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 139.<\/a><\/b> Aprobaci\u00f3n de c\u00e1lculos actuariales de pasivos pensi\u00f3nales de entidades p\u00fablicas del orden nacional liquidadas. Las entidades responsables del c\u00e1lculo actuarial de los pasivos pensi\u00f3nales de las entidades p\u00fablicas del nivel nacional liquidadas presentar\u00e1n al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico los c\u00e1lculos actuariales que se requieran como resultado de las novedades a la n\u00f3mina de pensionados y de cualquier otro derecho pensional o situaci\u00f3n no recogidos en el c\u00e1lculo actuarial aprobado. Esta obligaci\u00f3n deber\u00e1 cumplirse los primeros quince (15) d\u00edas de cada a\u00f1o. Quienes tengan a su cargo la gesti\u00f3n de los derechos pensi\u00f3nales o su pago no podr\u00e1n abstenerse de llevar a cabo las actividades que les corresponden argumentado la falta de aprobaci\u00f3n del c\u00e1lculo actuarial.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 140.<\/a> Cuentas maestras.<\/b> Los recursos del Sistema General de Participaciones se manejaran a trav\u00e9s de cuentas bancarias debidamente registradas que s\u00f3lo acepten operaciones de d\u00e9bitos por transferencia electr\u00f3nica a aquellas cuentas bancarias que pertenecen a beneficiarios naturales o jur\u00eddicos identificados formalmente como receptores de estos recursos.<\/font><\/p>\n


La apertura de las cuentas maestras por parte de las entidades territoriales se efectuar\u00e1 conforme la metodolog\u00eda que para el efecto determine cada ministerio Sectorial que gira los recursos.<\/font><\/p>\n


Los saldos excedentes de estas cuentas se destinar\u00e1n a los usos previstos legalmente para estos recursos en cada sector.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 141.<\/a> Recursos para la estructuraci\u00f3n de proyectos.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 51 de la Ley 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 51. Recursos para la estructuraci\u00f3n de proyectos.<\/b> La Naci\u00f3n y sus entidades descentralizadas podr\u00e1n destinar y asignar recursos para financiar la realizaci\u00f3n de estudios de identificaci\u00f3n, preinversi\u00f3n y estructuraci\u00f3n de proyectos de car\u00e1cter estrat\u00e9gico, del orden nacional y territorial necesarios para dar cumplimiento al presente Plan Nacional de Desarrollo. Estos podr\u00e1n ser canalizados a trav\u00e9s de entidades p\u00fablicas de car\u00e1cter financiero del orden nacional definidas por el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, de reconocida capacidad t\u00e9cnica, administrativa y operativa, y administrados en coordinaci\u00f3n con las entidades correspondientes.<\/font><\/p>\n


Las entidades financieras podr\u00e1n gestionar recursos p\u00fablicos o privados de car\u00e1cter complementario, en beneficio de las regiones, que permitan cofinanciar los estudios a que se refiere esta norma."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 142. <\/a>Obligaciones territoriales en atenci\u00f3n a v\u00edctimas. <\/b>Las inversiones realizadas con recursos propios de las entidades territoriales en asistencia, atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas, debidamente certificadas por las autoridades competentes, se tendr\u00e1n como parte de pago proporcional de sus obligaciones quiridas con cargo a los fondos de cofinanciaci\u00f3n administrados por Findeter y cobradas coactivamente por dicha instituci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 143.<\/a> Registro \u00danico Nacional de Entidades Operadores de Libranza<\/b>. Las cajas de compensaci\u00f3n ser\u00e1n entidades operadoras de libranzas. El Registro \u00danico Nacional de Entidades Operadores de Libranzas de que trata el art\u00edculo 14\u00b0 de la Ley 1527 de 2012 ser\u00e1 administrado por las C\u00e1maras de Comercio, quienes lo publicar\u00e1n en la p\u00e1gina web institucional con el fin exclusivo de permitir el acceso a cualquier persona que desee constatar el registro de entidades operadoras, as\u00ed mismo, tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de establecer un v\u00ednculo de acceso a las tasas comparativas publicadas por las Superintendencias, en desarrollo de lo dispuesto en el art\u00edculo 9\u00b0 de la mencionada ley de libranzas.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los costos de administraci\u00f3n de este registro se financiar\u00e1n con una contraprestaci\u00f3n a cargo de quien solicite el registro y a favor del administrador, la cual ser\u00e1 determinada por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, tomando como referencia los costos de administraci\u00f3n e inversi\u00f3n necesarios para la puesta en operaci\u00f3n, mantenimiento y continuidad del servicio. El monto de esta contraprestaci\u00f3n ser\u00e1 actualizado anualmente.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico transferir\u00e1 la informaci\u00f3n a las C\u00e1maras de Comercio para la administraci\u00f3n del Registro \u00danico Nacional de Entidades Operadoras de Libranza.<\/font><\/p>\n


Durante el proceso de transferencia se suspender\u00e1 el funcionamiento del Registro \u00danico Nacional de Entidades Operadoras de Libranza y no podr\u00e1 exigirse al empleador o entidad pagadora el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de verificaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la entidad operadora en el Registro \u00danico Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, por tanto, no se le podr\u00e1 imputar responsabilidad solidaria en el pago de la obligaci\u00f3n adquirida por el beneficiario del cr\u00e9dito. A las entidades operadoras de libranza ya registradas ante el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico a las que se les venza el Registro \u00danico de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL) durante los tres (3) meses consagrados en este par\u00e1grafo, se les extiende la vigencia del registro por un t\u00e9rmino igual al mencionado. Estas entidades deber\u00e1n realizar la renovaci\u00f3n ante las C\u00e1maras de Comercio dentro de los ocho (8) d\u00edas siguientes al vencimiento de esta extensi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 144.<\/a> FONDES.<\/b> El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), ser\u00e1 administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional y\/o laentidad que defina el Gobierno Nacional, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n expedida para el efecto y en los t\u00e9rminos del contrato que se suscriba.<\/font><\/p>\n


El objeto del FONDES ser\u00e1 la inversi\u00f3n y financiamiento de proyectos de infraestructura y su patrimonio estar\u00e1 constituido, entre otras, por las siguientes fuentes:<\/font><\/p>\n


a) Cuando el Gobierno Nacional lo defina, los recursos producto de la enajenaci\u00f3n de la participaci\u00f3n accionar\u00eda de la Naci\u00f3n, recibidos en virtud de un proceso regulado por la Ley 226 de 1995.<\/font><\/p>\n


b) Los rendimientos que genere el Fondo.<\/font><\/p>\n


e) Los recursos que obtenga el fondo a trav\u00e9s de sus propias operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico y de tesorer\u00eda.<\/font><\/p>\n


d) Los dem\u00e1s recursos que se dispongan para el efecto.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la administraci\u00f3n y funcionamiento del FONDES, as\u00ed como los dem\u00e1s asuntos necesarios para su financiamiento y el cabal cumplimiento de su objeto, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por el art\u00edculo 1240 del Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los recursos resultantes de la enajenaci\u00f3n de la participaci\u00f3n accionar ia de la Naci\u00f3n se\u00f1alados en este art\u00edculo, mientras se incorporan al Presupuesto General de la Naci\u00f3n, se mantendr\u00e1n en una cuenta especial e independiente administrada por el Tesoro Nacional. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 el procedimiento por el que se decidir\u00e1n los t\u00e9rminos y plazos en que los recursos de esta cuenta especial ser\u00e1n incorporados en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como la transferencia de los mismos del Tesoro Nacional a los administradores.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 145.<\/a> Operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico.<\/b> Las operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico y asimiladas cuyo objeto no comprenda el financiamiento de gastos de inversi\u00f3n no requerir\u00e1n concepto del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para su celebraci\u00f3n, sin perjuicio del cumplimiento de los dem\u00e1s requisitos dispuestos para su contrataci\u00f3n, incluido, cuando aplique, el concepto favorable de la Comisi\u00f3n Interparlamentaria de Cr\u00e9dito P\u00fablico. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n ser\u00e1 el coordinador t\u00e9cnico de los cr\u00e9ditos de libre destinaci\u00f3n de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Sin perjuicio de lo dispuesto por el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 41 0 de la Ley 80 de 1993, en general se entiende como operaci\u00f3n de cr\u00e9dito p\u00fablico, cualquier operaci\u00f3n que tenga como fin la financiaci\u00f3n de la entidad estatal para la adquisici\u00f3n de bienes o servicios. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo, Dada la naturaleza dineraria de las operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico, en los casos en que una entidad estatal sea acreedora, no ser\u00e1n aplicables las disposiciones del art\u00edculo 86\u00b0 de la Ley 1474 de 2011.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 146. <\/a><\/b>Transferencia temporal de valores para fortalecer el mercado de deuda p\u00fablica, Adici\u00f3nese el siguiente inciso al literal b) del art\u00edculo 6 de la Ley 51 de 1990<\/a><\/b>, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Se autoriza al Gobierno Nacional para emitir, colocar y mantener en circulaci\u00f3n T\u00edtulos de Tesorer\u00eda TES para efectuar Operaciones de Transferencia Temporal de Valores. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 las condiciones generales para la realizaci\u00f3n de las operaciones de Transferencia Temporal de Valores. Los recursos provenientes de dichas colocaciones, no podr\u00e1n utilizarse para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


El Banco de la Rep\u00fablica podr\u00e1 administrar estos t\u00edtulos, incluyendo la realizaci\u00f3n de operaciones de Transferencia Temporal de Valores, en los t\u00e9rminos y condiciones que autorice su Junta Directiva".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 147.<\/a><\/b> Financiaci\u00f3n del pasivo pensional del Sector Salud con recursos del Fonpet y destinaci\u00f3n de excedentes.<\/b> Las entidades territoriales utilizar\u00e1n los recursos acumulados en el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) abonados en el sector salud como fuente de financiaci\u00f3n del pasivo pensional de dicho sector. En tal sentido, se podr\u00e1n atender las obligaciones pensi\u00f3nales establecidas en los contratos de concurrencia y las no incorporadas en dichos contratos siempre que su financiaci\u00f3n se encuentre a cargo de las respectiva entidad territorial, incluidas las correspondientes al pago de mesadas pensi\u00f3nales, bonos pensi\u00f3nales, cuotas partes de bonos pensi\u00f3nales y cuotas partes pensi\u00f3nales.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, la entidad territorial podr\u00e1 utilizar los recursos acumulados en el Fonpet para el pago del pasivo pensional del sector salud de aquellas personas que no fueron certificadas como beneficiarias de los contratos de concurrencia, siempre y cuando decidan asumirlo como pasivo propio. Para el efecto, se registrar\u00e1n en el Fonpet tanto las obligaciones de las entidades territoriales para 'financiar los contratos de concurrencia como aquellas correspondientes a otras obligaciones pensi\u00f3nales del sector salud cuya financiaci\u00f3n asuma la entidad territorial. El valor m\u00e1ximo que se podr\u00e1 utilizar corresponder\u00e1 al valor acumulado a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior en el Fonpet por el sector salud.<\/font><\/p>\n


Cuando la entidad territorial no presente obligaciones pensi\u00f3nales pendientes por concepto del pasivo pensional con el sector salud o cuando est\u00e9n plenamente financiadas, los recursos acumulados en el Fonpet abonados en dicho sector, diferentes a los de Loto en l\u00ednea, se destinar\u00e1n exclusivamente para el financiamiento del r\u00e9gimen subsidiado. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico reglamentar\u00e1 el procedimiento para la transferencia de estos recursos al mecanismo \u00fanico de recaudo y giro de que trata el art\u00edculo 31 \u00b0 de la Ley 1438 de 2011 o a quien haga sus veces. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

A partir de la presente ley el monto del impuesto de registro de que trata el art\u00edculo 25\u00b0 de la Ley 1450 de 2011 ser\u00e1 destinado por las entidades territoriales para el pago de cuotas partes pensi\u00f3nales y de mesadas pensi\u00f3nales. El valor que no se necesite para el pago de dichas obligaciones ser\u00e1 de libre destinaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Las entidades territoriales que alcancen el cubrimiento del pasivo pensional en los t\u00e9rminos del marco jur\u00eddico vigente, destinar\u00e1n los recursos excedentes en el Fonpet, para la financiaci\u00f3n de proyectos de inversi\u00f3n y atender\u00e1 la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de la fuente de que provengan estos recursos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Para los efectos del art\u00edculo 25\u00b0 de la ley 1450 de 2011, se entiende por gastos administrativos los necesario para la operaci\u00f3n administrativa y financiera del fondo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Reglamentarias* <\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

Art\u00edculo reglamentado por el Decreto 0630 de 2016<\/a><\/b> Publicado en el diario oficial N\u00b0 49.848 Lunes, 18 de abril de 2016, "Por el cual se reglamenta el art\u00edculo 147 de la Ley 1753 de 2015<\/a><\/b>, se adiciona un par\u00e1grafo al art\u00edculo 3 del Decreto 055 de 2009<\/a><\/b> y se dictan otras disposiciones<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 148<\/a>. Orientaci\u00f3n de la inversi\u00f3n a resultados.<\/b> La orientaci\u00f3n de la inversi\u00f3n a resultados es una t\u00e9cnica presupuestal que promueve el uso eficiente y transparente de los recursos de inversi\u00f3n, permite alinear los objetivos y prioridades definidos en el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Plurianual de Inversiones y hace posible establecer una relaci\u00f3n directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadan\u00eda. La Naci\u00f3n adoptar\u00e1, entre otras, esta t\u00e9cnica como uno de los instrumentos de gesti\u00f3n de la inversi\u00f3n p\u00fablica y promover\u00e1 su adopci\u00f3n por las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n


La clasificaci\u00f3n program\u00e1tica de la inversi\u00f3n p\u00fablica de la Naci\u00f3n reflejar\u00e1 los programas definidos en el Plan Plurianual de Inversiones los cuales deber\u00e1n ser compatibles con aquellos establecidos para el Presupuesto General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para el efecto, los \u00f3rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n deber\u00e1n formular o reformular los programas de inversi\u00f3n de acuerdo con las metodolog\u00edas que establezca el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


La Naci\u00f3n promover\u00e1 y apoyar\u00e1 a las entidades territoriales para que adopten las l\u00edneas program\u00e1ticas indicativas para la inversi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Con el prop\u00f3sito de articular y consolidar las diferentes fuentes de financiaci\u00f3n de la inversi\u00f3n p\u00fablica, las entidades territoriales, a m\u00e1s tardar el 1 de enero de 2017, deber\u00e1n registrar la informaci\u00f3n de la inversi\u00f3n conforme a los lineamientos que determine el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 149. <\/a>Administraci\u00f3n eficiente de recursos p\u00fablicos.<\/b> Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Naci\u00f3n transferidos a entidades financieras, no podr\u00e1n tener como objeto proveerlas de fondos, sino atender los compromisos y obligaciones en desarrollo de las apropiaciones presupuestales. Los saldos de recursos girados a convenios de cofinanciaci\u00f3n o negocios fiduciarios que tengan como fuente el Presupuesto General de la Naci\u00f3n y en donde la entidad estatal giradora sea fideicomitente y\/o beneficiaria, entre ellos a patrimonios aut\u00f3nomos, ser\u00e1n registrados a favor de la Naci\u00f3n, con excepci\u00f3n de aquellos que correspondan a proyectos de agua potable y saneamiento b\u00e1sico, y los recursos de previsi\u00f3n, seguridad social que administren prestaciones sociales de car\u00e1cter econ\u00f3mico y en donde se administren rentas parafiscales. Los excedentes de liquidez de dichos convenios y negocios fiduciarios ser\u00e1n invertidos conforme al marco legal aplicable a su forma de administraci\u00f3n ya la naturaleza de los recursos.<\/font><\/p>\n


En los negocios fiduciarios instrumentados para el pago de obligaciones futuras, los cronogramas de giros deber\u00e1n ser consistentes con el avance del cumplimiento de su objeto. El Tesoro Nacional podr\u00e1 exigir el reintegro de los recursos que haya transferido a un patrimonio aut\u00f3nomo y que no se hayan utilizado en la adquisici\u00f3n de bienes o servicios dentro del a\u00f1o siguiente al momento del giro, siempre que ello no conlleve el incumplimiento contractual. Los recursos reintegrados ser\u00e1n administrados por el Tesoro Nacional, hasta que vuelvan a ser requeridos para gastos referentes al cumplimiento del objeto de estos patrimonios por lo cual el reintegro no afectar\u00e1 las obligaciones que deba cumplir el patrimonio aut\u00f3nomo, ni la capacidad de pago. Dicho reintegro y su posterior devoluci\u00f3n no implicar\u00e1n operaci\u00f3n presupuestal alguna.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Primero. Adem\u00e1s de lo dispuesto en el art\u00edculo 261 0 de la Ley 1450 de 2011 en los incisos primero y segundo, las entidades estatales del orden nacional que administren contribuciones parafiscales y los \u00f3rganos de previsi\u00f3n y seguridad social que administren prestaciones sociales de car\u00e1cter econ\u00f3mico, podr\u00e1n formar parte del Sistema de Cuenta \u00danica Nacional. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo. El Tesoro Nacional podr\u00e1 renovar los plazos de los cr\u00e9ditos extraordinarios de tesorer\u00eda que hayan sido otorgados a los fondos administrados por la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 150.<\/a><\/b> Sistemas de compensaci\u00f3n para modernizar las operaciones del tesoro nacional.<\/b> Adem\u00e1s de las operaciones de Tesorer\u00eda facultadas a trav\u00e9s del art\u00edculo 11 0 de la Ley 1737 de 2014, el Tesoro Nacional podr\u00e1 constituir garant\u00edas o compromisos de pago a favor de un sistema de compensaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de operaciones, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 11 0 de la Ley 964 de 2005, o cualquier norma que lo modifique o sustituya, siempre y cuando las mismas est\u00e9n afectas al cumplimiento de sus propias operaciones y no de terceros.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 151.<\/a><\/b> Aportes al fideicomiso para el crecimiento y la reducci\u00f3n de la pobreza del Fondo Monetario Internacional.<\/b> Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para realizar los aportes al fideicomiso para el crecimiento y la reducci\u00f3n de la pobreza del Fondo Monetario Internacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 152.<\/a><\/b> Custodia de oro por el Banco de la Rep\u00fablica. <\/b>Cuando se apliquen medidas cautelares de car\u00e1cter real sobre oro, plata, platino o divisas, tanto en procesos de \u00edndole administrativo como judicial, la autoridad competente ordenar\u00e1 ponerlas a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) o del Fondo Especial para la Administraci\u00f3n de Bienes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, seg\u00fan corresponda, para su administraci\u00f3n en los t\u00e9rminos de ley. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) y el Fondo Especial para la Administraci\u00f3n de Bienes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, constituir\u00e1n con el Banco de la Rep\u00fablica la custodia de estos activos. Para el caso de divisas, su administraci\u00f3n se realizar\u00e1 de acuerdo al convenio que celebre para tal fin el Banco de la Rep\u00fablica o con los intermediarios del mercado cambiario autorizados, con miras a su enajenaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 153.<\/a> Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Planeaci\u00f3n Minero Energ\u00e9tica (UPME). <\/b>A partir de la vigencia 2016, el porcentaje del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Planeaci\u00f3n MineroEnerg\u00e9tica (UPME) asumido por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), antes Financiera Energ\u00e9tica Nacional (FEN), ser\u00e1 sufragado a trav\u00e9s del presupuesto de la Naci\u00f3n – Ministerio de Minas y Energ\u00eda o quien haga sus veces. En lo dem\u00e1s, la composici\u00f3n de los ingresos que conforman el presupuesto de la UPME no presentar\u00e1 variaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 154. <\/a>Compra de energ\u00eda. <\/b>Las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras de energ\u00eda podr\u00e1n contratar, en cualquier tiempo, compras de energ\u00eda de largo plazo, comprometiendo presupuesto con cargo a vigencias futuras que superen el respectivo per\u00edodo de gobierno, previa autorizaci\u00f3n del CONFIS o de la Juntas Directivas, cuando esa funci\u00f3n les sea delegada por tal organismo.<\/font><\/p>\n


En las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y en las Sociedades de Econom\u00eda Mixta que tengan r\u00e9gimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, los gastos relacionados con la adquisici\u00f3n de bienes y servicios necesarios para los procesos de producci\u00f3n, transformaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n se clasificar\u00e1n como proyectos de inversi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Esta clasificaci\u00f3n se entender\u00e1 estrictamente para efectos presupuestales y no contables. No se incluir\u00e1n dentro de esta clasificaci\u00f3n los gastos relacionados con la remuneraci\u00f3n que se haga a la mano de obra independientemente de su forma de vinculaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 155.<\/a> Del Fondo Adaptaci\u00f3n.<\/b> El Fondo Adaptaci\u00f3n, creado mediante Decreto Ley 4819 de 2010, har\u00e1 parte del Sistema Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres en los t\u00e9rminos de la Ley 1523 de 2012.<\/font><\/p>\n


Los contratos para la construcci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n necesarios para la superaci\u00f3n de los efectos derivados de la ocurrencia de desastres naturales a cargo del Fondo Adaptaci\u00f3n, y en general todos aquellos necesarios para la ejecuci\u00f3n de estas actividades, se regir\u00e1n por el derecho privado. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto en el art\u00edculo 13\u00b0 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cl\u00e1usulas excepcionales a que se refieren los art\u00edculos 14\u00b0 a 18\u00b0 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 17\u00b0 de la Ley 1150 de 2007.<\/font><\/p>\n


La excepci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del Estatuto General de Contrataci\u00f3n P\u00fablica para los contratos a que se refiere el presente inciso, estar\u00e1 vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Fondo Adaptaci\u00f3n podr\u00e1 estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducci\u00f3n del riesgo y adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico, en el marco del Sistema Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres y en coordinaci\u00f3n con los respectivos sectores, adem\u00e1s de los que se deriven del fen\u00f3meno de la Ni\u00f1a 2010-2011, con el prop\u00f3sito de fortalecer las competencias del Sistema y contribuir a la reducci\u00f3n de la vulnerabilidad fiscal del Estado.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Ser\u00e1 responsabilidad de las entidades del orden nacional y territorial beneficiarias de los proyectos a cargo del Fondo Adaptaci\u00f3n, garantizar su sostenibilidad y la puesta en marcha de los mecanismos t\u00e9cnicos, financieros y operacionales necesarios para su adecuada implementaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 156. <\/a>Saneamiento por motivos de utilidad p\u00fablica.<\/b> Sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 245\u00b0 de la Ley 1450 de 2011, la adquisici\u00f3n de inmuebles realizada por entidades p\u00fablicas con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de proyectos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social en lo que ata\u00f1e al Fondo Adaptaci\u00f3n, gozar\u00e1 en favor de la entidad que los adquiere del saneamiento autom\u00e1tico respecto de cualquier vicio de forma o de fondo, medidas cautelares, grav\u00e1menes que afecten la libre disposici\u00f3n del derecho de propiedad y, en general, de cualquier vicio relativo a su titulaci\u00f3n y tradici\u00f3n, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisici\u00f3n, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, diferentes a la entidad p\u00fablica adquirente. El saneamiento autom\u00e1tico ser\u00e1 invocado por la entidad adquirente en el t\u00edtulo de tradici\u00f3n del dominio y ser\u00e1 objeto de registro en el folio de matr\u00edcula correspondiente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial* <\/b> <\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410-15<\/a><\/b>, de Junio 01 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas R\u00edos.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n


Ning\u00fan saneamiento autom\u00e1tico implicar\u00e1 el levantamiento de servidumbres de utilidad p\u00fablica frente a redes y activos, ni el desconocimiento de los derechos inmobiliarios que hayan sido previamente adquiridos para el establecimiento de la infraestructura de servicios p\u00fablicos domiciliarios y actividades complementarias, tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las comunicaciones y la industria del petr\u00f3leo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Para la aplicaci\u00f3n del mecanismo de saneamiento autom\u00e1tico a que se refiere el presente art\u00edculo se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 21\u00b0 de la Ley 1682 de 2013, respecto de la verificaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del inmueble objeto de saneamiento en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como del procedimiento all\u00ed previsto para la adquisici\u00f3n de tales inmuebles. En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 72\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 97 de la misma ley, sobre los inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo, as\u00ed como respecto de aquellos que ser\u00e1n destinados para la reubicaci\u00f3n, en el marco de proyectos de reasentamiento por alto riesgo y\/o desastres, se entender\u00e1 que existe imposibilidad jur\u00eddica para su restituci\u00f3n y en consecuencia se aplicar\u00e1 lo previsto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 21 \u00b0 de la Ley 1682 de 2013 para estos casos. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Segundo. Las entidades p\u00fablicas en el marco de proyectos de reasentamiento por alto riesgo y\/o desastre, podr\u00e1n adquirir la propiedad, posesi\u00f3n o mejoras de los inmuebles destinados a vivienda ubicados en estas zonas de alto riesgo y\/o desastre, por v\u00eda de permuta por la soluci\u00f3n habitacional ofrecida. En aquellos casos en que por las caracter\u00edsticas del proyecto de reasentamiento no sea viable la adquisici\u00f3n prevista en el inciso anterior, el procedimiento para la adquisici\u00f3n de los predios y para la imposici\u00f3n de servidumbres requeridas para su desarrollo, ser\u00e1 el previsto en el t\u00edtulo IV Cap\u00edtulo I de la Ley 1682 de 2013, espec\u00edficamente los art\u00edculos 22\u00b0 a 38\u00b0 de la misma o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 157<\/a> Reasentamiento.<\/b> Con el objeto de reducir el riesgo de desastres y mitigar el impacto de los ya ocurridos, las entidades p\u00fablicas adelantar\u00e1n procesos o planes de reasentamiento o reubicaci\u00f3n mediante el traslado de la poblaci\u00f3n ubicada en zonas de alto riesgo o de desastre a otro lugar en el que se les proporcione un nuevo h\u00e1bitat.<\/font><\/p>\n


Las entidades p\u00fablicas en el marco de procesos de reasentamiento o reubicaci\u00f3n de poblaci\u00f3n y atendiendo a las caracter\u00edsticas que les hayan dado origen, adelantar\u00e1n en las condiciones que se\u00f1ale el reglamento, una o varias de las siguientes acciones, provisi\u00f3n temporal de una soluci\u00f3n de alojamiento; la adquisici\u00f3n de los predios ubicados en zona de alto riesgo o de desastre; la asesor\u00eda y formulaci\u00f3n de un programa de vivienda para su reubicaci\u00f3n o adquisici\u00f3n de la nueya alternativa o soluci\u00f3n habitacional; la asignaci\u00f3n y otorgamiento del Valor \u00danico de Reconocimiento, cuando a \u00e9ste hubiere lugar o la adquisici\u00f3n del inmueble ubicado en zona de alto riesgo o de desastre por la v\u00eda de permuta por la nueva soluci\u00f3n habitacional ofrecida; el acompa\u00f1amiento a la poblaci\u00f3n objeto de reasentamiento para que puedan acceder a la oferta p\u00fablica preferente de servicios sociales en el nuevo h\u00e1bitat y el desarrollo de programas de reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/font><\/p>\n


Estas acciones se adelantar\u00e1n de manera conjunta por las entidades intervinientes en el proceso de reasentamiento, en atenci\u00f3n a sus competencias y funciones espec\u00edficas y a las caracter\u00edsticas del proyecto sin perjuicio de las competencias y obligaciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 121\u00b0 de la Ley 388 de 1997 en cabeza de alcaldes, gobernadores y autoridades ambientales del nivel territorial y de la necesaria corresponsabilidad de la poblaci\u00f3n objeto de reasentarniento.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 158.<\/a> Administraci\u00f3n de los recursos del FRISCO.<\/b> Adici\u00f3nense dos incisos al art\u00edculo 91\u00b0 de la Ley 1708 de 2014, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Los bienes y recursos determinados en el presente art\u00edculo gozar\u00e1n de la protecci\u00f3n de inembargabilidad. Las medidas cautelares implementadas en los tr\u00e1mites de extinci\u00f3n ser\u00e1n prevalentes sobre cualquier otra.<\/font><\/p>\n


La facultad para decidir sobre la destinaci\u00f3n y distribuci\u00f3n definitiva de los bienes que le corresponden a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la rama judicial, en los porcentajes establecidos en el inciso primero del presente art\u00edculo, estar\u00e1 a cargo de un Comit\u00e9 integrado por un representante del Gobierno Nacional, un representante de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y un representante de la rama judicial, quienes decidir\u00e1n conforme a las solicitudes remitidas a este Comit\u00e9 por parte del administrador del FRISCO y de conformidad con el reglamento que el Comit\u00e9 expida para tal efecto."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 159. <\/a>Obligatoriedad de suministro de informaci\u00f3n.<\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 227 de la Ley 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 227. Obligatoriedad de suministro de informaci\u00f3n.<\/b> Para el desarrollo de los planes, programas y proyectos incluidos en Plan Nacional de Desarrollo y en general para el ejercicio de las funciones p\u00fablicas, las entidades p\u00fablicas y los particulares que ejerzan funciones p\u00fablicas, pondr\u00e1n a disposici\u00f3n de las entidades p\u00fablicas que as\u00ed lo soliciten, la informaci\u00f3n que generen, obtengan, adquieran o controlen y administren, en cumplimiento y ejercicio de su objeto misional. El uso y reutilizaci\u00f3n de esta informaci\u00f3n deber\u00e1 garantizar la observancia de los principios y normas de protecci\u00f3n de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, as\u00ed como las dem\u00e1s las normas que regulan la materia.<\/font><\/p>\n


El suministro de la informaci\u00f3n ser\u00e1 gratuito, deber\u00e1 solicitarse y realizarse respaldado en est\u00e1ndares que faciliten el proceso de intercambio y no en tecnolog\u00edas espec\u00edficas que impidan el acceso, no estar\u00e1 sujeto al pago de tributo, tarifa o precio alguno y las entidades p\u00fablicas s\u00f3lo podr\u00e1n cobrar los costos asociados a su reproducci\u00f3n o los derivados de la aplicaci\u00f3n de procesamientos o filtros especiales. Las entidades p\u00fablicas propender\u00e1n por la integraci\u00f3n de los sistemas de informaci\u00f3n para el ejercicio eficiente y adecuado de la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/font><\/p>\n


Las obligaciones a las que hace referencia este art\u00edculo constituyen un deber para los servidores p\u00fablicos en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34\u00b0 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico y los t\u00e9rminos para su cumplimiento deber\u00e1n atender lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Derecho de Petici\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Las curadur\u00edas urbanas entregar\u00e1n a los entes territoriales que lo soliciten la informaci\u00f3n pertinente sobre las solicitudes, expediciones y aprobaciones de todos los actos administrativos de licenciamiento urban\u00edstico, a fin de que \u00e9stos puedan ejercer con oportunidad y eficacia los respectivos procesos de vigilancia y control del desarrollo urban\u00edstico e inmobiliario. Para el efecto, cada ente territorial acordar\u00e1 con las curadur\u00edas urbanas respectivas los medios para el reporte de la informaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 1. Para el reconocimiento de derechos pensionales y el cumplimiento de la labor de fiscalizaci\u00f3n de competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP), \u00e9sta tendr\u00e1 acceso a la informaci\u00f3n alfanum\u00e9rica y biogr\u00e1fica que administra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, as\u00ed como a la tributaria de que trata el art\u00edculo 574 y el Cap\u00edtulo 111 del T\u00edtulo 11 del Libro V del Estatuto Tributario que administra la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales. La UGPP podr\u00e1 reportar los hallazgos a las Administradoras del Sistema de Protecci\u00f3n Social, para que adelanten las acciones bajo su competencia. Para estos efectos la UGPP requerir\u00e1 a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de lo de su competencia, para obtener la informaci\u00f3n necesaria.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. La Registrar\u00eda Nacional de Estado Civil, permitir\u00e1 el acceso a la informaci\u00f3n alfanum\u00e9rica, biogr\u00e1fica y biom\u00e9trica que soliciten las administradoras del sistema de seguridad social integral en pensiones, salud y riesgos laborales, para que adelanten las accione estrictamente relacionadas con el cumplimiento de su objetivo misional.<\/font><\/p>\n


Las entidades p\u00fablicas o particulares con funciones p\u00fablicas que quieran verificar la plena identidad de los ciudadanos contra la base de datos biom\u00e9trica que produce y administra la Registradur\u00eda Nacional de Estado Civil, podr\u00e1n implementar su propia infraestructura para acceder directamente o a trav\u00e9s de un aliado tecnol\u00f3gico certificado por la Registradur\u00eda para consultar en l\u00ednea las minucias dactilares.<\/font><\/p>\n


Los particulares que desarrollen las actividades del art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los dem\u00e1s que autorice la Ley, podr\u00e1n acceder a las r\u00e9plicas de las bases de datos de identificaci\u00f3n de la Registradora y consultar en l\u00ednea minucias dactilares, utilizando infraestructura propia o a trav\u00e9s de un aliado tecnol\u00f3gico certificado por la Registradur\u00eda. Para ello deber\u00e1n previamente cubrir los costos que anualmente indique la Registradur\u00eda, por concepto de Administraci\u00f3n, soporte, mantenimiento de las aplicaciones y de las actualizaciones de las bases de datos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. Los Departamentos y el Distrito Capital estar\u00e1n obligados a integrarse al Sistema \u00danico Nacional de Informaci\u00f3n y Rastreo (SUNIR) que dise\u00f1e, implemente y administre la entidad p\u00fablica que defina el Gobierno Nacional, y a suministrar la informaci\u00f3n que \u00e9ste requiera. Este sistema, que tendr\u00e1 en cuenta las especificidades de cada industria, se establecer\u00e1 para obtener toda la informaci\u00f3n correspondiente a la importaci\u00f3n, producci\u00f3n, distribuci\u00f3n, consumo y exportaci\u00f3n de los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, de cerveza, sifones, refajos y mezclas y de cigarrillos y tabaco elaborado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El sistema permitir\u00e1 adem\u00e1s la identificaci\u00f3n y trazabilidad de los productos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4. Para el cumplimiento de las labores de controlar, fiscalizar y vigilar las modalidades de juegos de suerte y azar que administra Coljuegos, en lo relacionado con la informaci\u00f3n relevante para el ejercicio de su funci\u00f3n, tendr\u00e1 acceso a la informaci\u00f3n tributaria de que trata el art\u00edculo 574 y el Cap\u00edtulo III del T\u00edtulo II del Libro V del Estatuto Tributario que administra la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 5. Las entidades p\u00fablicas y privadas que administren o cuenten con informaci\u00f3n sobre historias laborales suministrar\u00e1n la informaci\u00f3n que los ministerios de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y Trabajo estimen necesaria para la construcci\u00f3n de las historias laborales unificadas, siempre que esta informaci\u00f3n sea relevante para el ejercicio de funciones p\u00fablicas y su solicitud, suministro, tratamiento y custodia observe los principios y normatividad vigente para el tratamiento de datos personales." <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 160.<\/a> Sistema Estad\u00edstico Nacional.<\/b> Cr\u00e9ase el Sistema Estad\u00edstico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, estad\u00edsticas oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y procedimientos comunes respetuosos de los est\u00e1ndares estad\u00edsticos internacionales, que contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las estad\u00edsticas producidas en el pa\u00eds.<\/font><\/p>\n


El SEN estar\u00e1 integrado por las entidades que produzcan y difundan estad\u00edsticas o sean responsables de registros administrativos, as\u00ed:<\/font><\/p>\n


1. Pertenecientes a las Ramas del Poder P\u00fablico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente; del orden nacional, departamental, municipal y distrital.<\/font><\/p>\n


2. Los \u00f3rganos, organismos o entidades estatales independientes o aut\u00f3nomos de control.<\/font><\/p>\n


3. Las personas jur\u00eddicas, p\u00fablicas o privadas, que presten servicios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n


4. Cualquier persona jur\u00eddica o dependencia de persona jur\u00eddica que desempe\u00f1e funci\u00f3n p\u00fablica o de autoridad p\u00fablica.<\/font><\/p>\n


5. Personas jur\u00eddicas que posean, produzcan o administren registros administrativos en el desarrollo de su objeto social, que sean insumos necesarios para la producci\u00f3n de estad\u00edsticas oficiales.<\/font><\/p>\n


El Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE) ser\u00e1 el ente rector y por tanto el coordinador y regulador del SEN. El DANE establecer\u00e1 las condiciones y caracter\u00edsticas que deber\u00e1n cumplir las estad\u00edsticas oficiales en Colombia, respetando los est\u00e1ndares internacionales que usen las entidades productoras de estad\u00edsticas. Dichas condiciones y caracter\u00edsticas ser\u00e1n consignadas en el Plan Estad\u00edstico Nacional, el cual ser\u00e1 concertado con todos los integrantes del SEN.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Los integrantes del SEN implementar\u00e1n los lineamientos, buenas pr\u00e1cticas, est\u00e1ndares y normas t\u00e9cnicas que el DANE defina soportado en referentes internacionales, para la producci\u00f3n y difusi\u00f3n de estad\u00edsticas oficiales y para el aprovechamiento estad\u00edstico de los registros administrativos. Con el fin de garantizar la calidad de las estad\u00edsticas oficiales de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que expida el Gobierno Nacional, los integrantes del SEN atender\u00e1n las obligaciones derivadas de las evaluaciones y requisitos de calidad estad\u00edstica establecidos por el DANE o de las evaluaciones hechas por organismos internacionales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Para la producci\u00f3n y difusi\u00f3n de estad\u00edsticas oficiales y de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, los integrantes del SEN deber\u00e1n poner a disposici\u00f3n del DANE, de manera inmediata y de forma gratuita, las bases de datos completas de los registros administrativos que sean solicitados por el Departamento, para lo cual no ser\u00e1 oponible la reserva legal. El DANE garantizar\u00e1 la reserva y confidencialidad de la informaci\u00f3n en concordancia con el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 79 de 1993.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. El SEN contar\u00e1 con un Plan Estad\u00edstico Nacional quinquenal que ser\u00e1 formulado por el DANE en conjunto con todos los integrantes del Sistema y aprobado por el Consejo Asesor Nacional de Estad\u00edstica de que trata el par\u00e1grafo 5\u00b0 del presente art\u00edculo. Las estrategias y acciones establecidas en el Plan Estad\u00edstico Nacional ser\u00e1n de obligatorio cumplimiento por los miembros del SEN.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. Sin perjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo segundo del presente art\u00edculo, para la producci\u00f3n de estad\u00edsticas oficiales, y con el fin de contribuir al fortalecimiento de la calidad y coherencia de las mismas, los integrantes del SEN intercambiar\u00e1n informaci\u00f3n estad\u00edstica, hasta el nivel de microdato, de forma gratuita y oportuna, de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los requerimientos de intercambio de informaci\u00f3n a nivel de microdato deber\u00e1n ser concertados en el Plan Estad\u00edstico Nacional o a trav\u00e9s del Consejo Asesor Nacional de Estad\u00edstica de que trata el par\u00e1grafo 5\u00b0 de este art\u00edculo. Las entidades que hagan parte del intercambio de informaci\u00f3n deben salvaguardar la confidencialidad y reserva de la misma.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Quinto. Con el fin de promover y facilitar la coordinaci\u00f3n del SEN, cr\u00e9ase el Consejo Asesor Nacional de Estad\u00edstica como \u00f3rgano de car\u00e1cter consultivo. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la composici\u00f3n y funcionamiento de este Consejo en el cual los \u00f3rganos, organismos o entidades estatales independientes o aut\u00f3nomos de control deber\u00e1n estar representados.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 161. <\/a><\/b>Censo Nacional de Poblaci\u00f3n y Vivienda. El Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE) realizar\u00e1 el XVIII Censo Nacional de Poblaci\u00f3n y VII de Vivienda en el a\u00f1o 2016.<\/font><\/p>\n


Se llevar\u00e1 a cabo un conteo intercensal de poblaci\u00f3n a los cinco (5) a\u00f1os de realizado el censo de poblaci\u00f3n y vivienda para el monitoreo y seguimiento de la din\u00e1mica demogr\u00e1fica, y la actualizaci\u00f3n y mantenimiento del Marco Geoestad\u00edstico Nacional y de las proyecciones de poblaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 162<\/a>. Enajenaci\u00f3n de participaciones minoritarias de la Naci\u00f3n. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 258 de la Ley 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

 "Art\u00edculo 258. Enajenaci\u00f3n de participaciones minoritarias de la Naci\u00f3n. <\/b>La Naci\u00f3n podr\u00e1 enajenar o entregar al colector de activos de la Naci\u00f3n, Central de Inversiones (CISA), aquellas participaciones accionarias en las cuales la propiedad de las mismas haya sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la Naci\u00f3n o que provengan de una daci\u00f3n en pago, siempre y cuando esta participaci\u00f3n no supere el diez por ciento (10%) de la propiedad accionaria de la empresa.<\/font><\/p>\n


Cuando la Naci\u00f3n opte por enajenar la participaci\u00f3n en una empresa deber\u00e1 dar aplicaci\u00f3n al r\u00e9gimen societario al que se encuentra sometida. Para efectos de la valoraci\u00f3n de la participaci\u00f3n deber\u00e1 contarse con la no objeci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/font><\/p>\n


En el evento en que la Naci\u00f3n decida entregar las acciones para que el Colector de Activos adelante el proceso de enajenaci\u00f3n, \u00e9ste se efectuar\u00e1 conforme al modelo de valoraci\u00f3n y al procedimiento establecido por CISA."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 163. <\/a><\/b>Movilizaci\u00f3n de activos. Modif\u00edquese el art\u00edculo 238 de la Ley 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 238. Movilizaci\u00f3n de activos. <\/b>A partir de la expedici\u00f3n de la presente ley, las entidades p\u00fablicas del orden nacional con excepci\u00f3n de las entidades financieras de car\u00e1cter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Econorn\u00eda Mixta y las entidades en liquidaci\u00f3n, deber\u00e1n vender los inmuebles que no requieran para el ejercicio de sus funciones y la cartera con m\u00e1s de ciento ochenta (180) d\u00edas de vencida, al colector de activos de la Naci\u00f3n, Central de Inversiones (CISA), para que este las gestione.<\/font><\/p>\n


La cartera de naturaleza coactiva y la que no est\u00e9 vencida, podr\u00e1 ser entregada en administraci\u00f3n a CISA.<\/font><\/p>\n


El registro de la transferencia de los inmuebles entre las entidades p\u00fablicas y CISA, estar\u00e1 exento de los gastos asociados a dicho acto.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Se except\u00faa a las entidades p\u00fablicas de la obligaci\u00f3n de vender su cartera a Central de Inversiones (CISA) cuando se haya iniciado el cobro coactivo.<\/font><\/p>\n


Se entender\u00e1 que ha iniciado el cobro coactivo cuando se haya librado mandamiento de pago. Se except\u00faa igualmente la cartera proveniente de las operaciones de cr\u00e9dito p\u00fablico celebradas por la Naci\u00f3n, Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. La forma, los plazos para el traslado de los recursos que genere la gesti\u00f3n de los activos a que se refiere el presente art\u00edculo, las condiciones para determinar los casos en que un activo no es requerido por una entidad para el ejercicio de sus funciones, el valor de las comisiones para la administraci\u00f3n y\/o comercializaci\u00f3n ser\u00e1n reglamentados por el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. Los negocios que se celebren con Central de Inversiones (CISA) se realizar\u00e1n mediante contrato administrativo y bajo las condiciones que fije el modelo de valoraci\u00f3n definido por el Gobierno Nacional para CISA.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 4. En los eventos en que la cartera sea de imposible recaudo por la prescripci\u00f3n o caducidad de la acci\u00f3n, por la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relaci\u00f3n costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente; las entidades p\u00fablicas ya se\u00f1aladas, podr\u00e1n realizar la depuraci\u00f3n definitiva de estos saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluir\u00e1 de la gesti\u00f3n, el gobierno nacional reglamentara la materia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 5\u00b0. Los inmuebles que se hubieran transferido por parte de las Entidades P\u00fablicas a Central de Inversiones (CISA) en virtud del art\u00edculo 238\u00b0 de la Ley 1450 de 2011 y del art\u00edculo 26\u00b0 de la Ley 1420 de 2010, que a la fecha de expedici\u00f3n de la presente ley no hayan sido enajenados por CISA, podr\u00e1n enajenarse por esta entidad de acuerdo a sus pol\u00edticas y procedimientos. Los recursos obtenidos por estas ventas as\u00ed como los frutos de dichos bienes, se girar\u00e1n al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico al final de cada ejercicio por CISA una vez descontados los costos asumidos por esta entidad as\u00ed como la comisi\u00f3n por la venta fijada seg\u00fan sus pol\u00edticas y procedimientos."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 164.<\/a> Conformaci\u00f3n y funcionamiento del CONPES. <\/b>Unif\u00edquese el CONPES y el CON PES para la Pol\u00edtica Social en un solo organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos que se relacionen con el desarrollo econ\u00f3mico y social del pa\u00eds, en el Consejo de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social (CONPES). El Gobierno Nacional fijar\u00e1 las reglas de funcionamiento del CONPES.<\/font><\/p>\n


Ser\u00e1n miembros permanentes del CONPES con voz y con voto, los Ministros de Despacho y los Directores de Departamento Administrativos que se requieran para su adecuado funcionamiento. A discreci\u00f3n del Gobierno se establecer\u00e1n los invitados con voz y sin voto.<\/font><\/p>\n


Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo Nacional de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social tendr\u00e1 las siguientes funciones:<\/font><\/p>\n


1. Servir de organismo coordinador y se\u00f1alar las orientaciones generales que deben seguir los distintos organismos especializados de la direcci\u00f3n econ\u00f3mica y social del Gobierno.<\/font><\/p>\n


2. Aprobar los documentos de pol\u00edtica econ\u00f3mica y social que sirvan de base para la elaboraci\u00f3n de los planes y programas de desarrollo.<\/font><\/p>\n


3. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo conforme a la Constituci\u00f3n y a la Ley 152 de 1994.<\/font><\/p>\n


4. Aprobar el informe sobre el resultado del total de las evaluaciones del Plan Nacional de Desarrollo con un documento que se constituir\u00e1 en la base para el dise\u00f1o del plan de inversiones del pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/font><\/p>\n


5. Estudiar y aprobar los informes peri\u00f3dicos u ocasionales que se le presenten a trav\u00e9s de su Secretaria T\u00e9cnica, sobre el desarrollo de los planes, programas y pol\u00edticas generales, sectoriales y regionales, y recomendar las medidas que deban adoptarse para el cumplimiento de tales planes y programas.<\/font><\/p>\n


6. Hacer seguimiento al avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible a los que se ha comprometido previamente la Naci\u00f3n, de acuerdo con la informaci\u00f3n que las entidades territoriales alleguen a los ministerios, entidades competentes y al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, sobre la inclusi\u00f3n en sus Planes de Desarrollo de objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la
consecuci\u00f3n de dichas metas.<\/font><\/p>\n


7. Hacer seguimiento a los compromisos realizados por los ministerios y dem\u00e1s entidades a la luz de las pol\u00edticas y programas aprobados por el CONPES.<\/font><\/p>\n


8. Estudiar y definir, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Pol\u00edtica Fiscal (CONFIS), los instrumentos de pol\u00edtica fiscal (Super\u00e1vit Primario para Sector P\u00fablico No Financiero, Plan Financiero, Plan Operativo Anual de inversiones, y Marco de Gasto de Mediano Plazo) seg\u00fan la normatividad vigente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 165. <\/a>Funciones especializadas del CONPES.<\/b> Con el fin de precisar y determinar las competencias del CONPES, en concordancia con las funciones que se le asignan, reas\u00edgnense y elim\u00ednense las siguientes competencias:<\/font><\/p>\n


1. En los procedimientos descritos en los art\u00edculos 16.1.2, 16.2,41\u00b0,49\u00b0,66\u00b0, 71\u00b0, 79.4, 94\u00b0, en el par\u00e1grafo 5\u00b0 del art\u00edculo 48\u00b0 de la Ley 715 de 2001; y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 21 \u00b0 de la Ley 1286 de 2009, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n har\u00e1 las veces del CONPES, a partir de la entrada en vigencia de esta ley.<\/font><\/p>\n


2. Elim\u00ednese la competencia del CON PES descrita en los procedimientos incorporados en los art\u00edculos 85\u00b0 y 87\u00b0 de la Ley 715 de 2001.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 166. <\/a>Participaci\u00f3n en los \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n.<\/b> Modif\u00edquese el inciso primero del art\u00edculo 42 de La Ley 1530 de 2012<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 42. \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n.<\/b> Los \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n de los departamentos estar\u00e1n integrados por dos (2) Ministros o sus delegados, el gobernador respectivo o su delegado y un n\u00famero equivalente al diez por ciento (10%) de los alcaldes del departamento, o sus delegados, quienes ser\u00e1n elegidos de conformidad con lo que se se\u00f1ale por la Comisi\u00f3n Rectora del Sistema General en lo relacionado con las elecciones de representantes de alcaldes ante los \u00f3rganos colegiados de administraci\u00f3n y decisi\u00f3n."<\/font><\/p>\n


Los integrantes de las Comisiones Regionales de Competitividad podr\u00e1n ser invitados a las sesiones de los OCAD departamentales, regionales y de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n en el marco del sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n. Esta participaci\u00f3n ser\u00e1 ad honorem y no tendr\u00e1 car\u00e1cter vinculante.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 167.<\/a><\/b> \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n por Regiones. Modif\u00edquese el art\u00edculo 159\u00b0 de La Ley 1530 de 2012<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 159. \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n por Regiones.<\/b> Los \u00f3rganos colegiados de administraci\u00f3n y decisi\u00f3n que se conforman por regiones estar\u00e1n constituidos por todos los gobernadores que la componen, dos alcaldes por cada uno de sus departamentos y un alcalde adicional elegido por los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos de la regi\u00f3n. Tambi\u00e9n ser\u00e1n miembros cuatro (4) Ministros o sus delegados, uno de los cuales ser\u00e1 el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, y el Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n o su delegado. Los gobernadores ser\u00e1n miembros permanentes por la totalidad de su periodo de gobierno."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 168<\/a>. Liquidaci\u00f3n del Fondo Nacional de Regal\u00edas, Cierre de Proyectos.<\/b> En el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n del Fondo Nacional de Regal\u00edas, las presuntas irregularidades identificadas en el uso de las asignaciones del mismo o en dep\u00f3sito en este, no dar\u00e1n lugar al inicio de procedimientos administrativos correctivos. Lo anterior, sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de reportarlas a los \u00d3rganos de Controlo a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, cuando a ello hubiere lugar.<\/font><\/p>\n


Las modificaciones efectuadas a los proyectos de inversi\u00f3n financiados con asignaciones del Fondo Nacional de Regal\u00edas o en dep\u00f3sito en este, son susceptibles de concepto t\u00e9cnico por las instancias viabilizadoras.<\/font><\/p>\n


Las devoluciones que deba adelantar el Fondo Nacional de Regal\u00edas, en liquidaci\u00f3n, por recursos que hayan sido dispuestos a su favor sin que se hubiera estado obligado a ello, podr\u00e1n ser reintegrados con cargo a los recursos de que disponga el Fondo, sin que para el efecto se requiera operaci\u00f3n presupuestal alguna, sino la depuraci\u00f3n contable que aplique para evidenciar la devoluci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 169. <\/a>Sociedades Titularizadoras. <\/b>Las sociedades titularizadoras creadas por el art\u00edculo 14\u00b0 de la Ley 546 de 1999 podr\u00e1n titularizar activos no hipotecarios seglJn lo previsto en el art\u00edculo 72\u00b0 de la Ley 1328 de 2009.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO VI <\/b>
CRECIMIENTO VERDE <\/b> <\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 170.<\/a> Formulaci\u00f3n de una pol\u00edtica de crecimiento verde de largo plazo.<\/b> El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con participaci\u00f3n de los ministerios, formular\u00e1 una pol\u00edtica de crecimiento verde de largo plazo en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento econ\u00f3mico sostenible. Dentro de sus estrategias se dise\u00f1ar\u00e1 un programa de promoci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, desarrollo tecnol\u00f3gico e innovaci\u00f3n para el fortalecimiento de la competitividad nacional y regional a partir de productos y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento verde. Asimismo, se revisar\u00e1n los mecanismos e instrumentos de mercado existentes que puedan tener efectos adversos sobre el medio ambiente, con el fin de proponer su desmonte gradual y nuevos mecanismos e instrumentos de mercado que fomenten el crecimiento verde. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energ\u00eda, Transporte, Salud y Protecci\u00f3n Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, Industria y Turismo, formular\u00e1n e implementar\u00e1n planes sectoriales de adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico y planes de acci\u00f3n sectorial de mitigaci\u00f3n de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contendr\u00e1n metas sectoriales cuantitativas de reducci\u00f3n de emisiones de gases de efecto invernadero a corto (a\u00f1o 2020) y mediano plazo (a\u00f1os 2025 o 2030).<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n realizar\u00e1n el seguimiento a los planes de adaptaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces, dise\u00f1ar\u00e1 y orientar\u00e1 la implementaci\u00f3n de la Estrategia Nacional de Reducci\u00f3n de Emisiones debidas a la Deforestaci\u00f3n y Degradaci\u00f3n Forestal, REDD+, en coordinaci\u00f3n con otros ministerios y entidades p\u00fablicas y el sector privado en el marco de la pol\u00edtica nacional de cambio clim\u00e1tico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 171. <\/a>Prevenci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n de bosques naturales. <\/b>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborar\u00e1 una pol\u00edtica nacional de lucha contra la deforestaci\u00f3n que contendr\u00e1 un plan de acci\u00f3n dirigido a evitar la p\u00e9rdida de bosques naturales para el a\u00f1o 2030. Esta pol\u00edtica incluir\u00e1 previsiones para vincular de manera sustantiva a los sectores que act\u00faan como motores de deforestaci\u00f3n, incluyendo las cadenas productivas que aprovechan el bosque y sus derivados.<\/font><\/p>\n


Esta pol\u00edtica tendr\u00e1 metas espec\u00edficas con la participaci\u00f3n de los gremios productivos, bajo la figura de acuerdos para la sostenibilidad, donde se comprometan a recuperar bosques arrasados hasta la fecha, en funci\u00f3n de su actividad econ\u00f3mica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 172. <\/a>Protecci\u00f3n de humedales.<\/b> Con base en la cartograf\u00eda de humedales que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el aporte de los institutos de investigaci\u00f3n adscritos o vinculados, las autoridades ambientales podr\u00e1n restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera y de hidrocarburos, con base en estudios t\u00e9cnicos, econ\u00f3micos, sociales y ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecer\u00e1 un programa de monitoreo de los ecosistemas que eval\u00fae el estado de conservaci\u00f3n de los mismos y priorizar\u00e1 las acciones de manejo sobre aquellos que se definan como estrat\u00e9gicos. En la construcci\u00f3n de este plan, concurrir\u00e1n los institutos de investigaci\u00f3n adscritos o vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales. Igualmente la implementaci\u00f3n de las acciones estar\u00e1 a cargo de las autoridades ambientales y las entidades territoriales. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. En todo caso, en humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convenci\u00f3n RAMSAR no se podr\u00e1n adelantar las actividades agropecuarias de alto impacto ambiental ni de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos y de minerales.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinar\u00e1 la cartograf\u00eda correspondiente en un plazo no mayor de dos a\u00f1os a partir de la promulgaci\u00f3n de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 173.<\/a> Protecci\u00f3n y delimitaci\u00f3n de p\u00e1ramos.<\/b> En las \u00e1reas delimitadas como p\u00e1ramos no se podr\u00e1n adelantar actividades agropecuarias ni de exploraci\u00f3n o explotaci\u00f3n de recursos naturales no renovables, ni construcci\u00f3n de refiner\u00edas de hidrocarburos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible har\u00e1 la delimitaci\u00f3n de las \u00e1reas de p\u00e1ramos al interior del \u00e1rea de referencia definida en la cartograf\u00eda generada por el Instituto Alexander Von Humboldt a escala 1:100.000 o 1 :25.000, cuando esta \u00faltima est\u00e9 disponible. En esta \u00e1rea, la autoridad ambiental regional deber\u00e1 elaborar los estudios t\u00e9cnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y econ\u00f3mico, de conformidad con los t\u00e9rminos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha \u00e1rea, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deber\u00e1 delimitar el \u00e1rea de p\u00e1ramo, con base en criterios t\u00e9cnicos, ambientales, sociales y econ\u00f3micos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

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<\/font><\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

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Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, siempre que se entienda que si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del \u00e1rea de referencia establecida por el Instituto Alexander von Humboldt en la delimitaci\u00f3n de los p\u00e1ramos, debe fundamentar expl\u00edcitamente su decisi\u00f3n en un criterio cient\u00edfico que provea un mayor grado de protecci\u00f3n del ecosistema de p\u00e1ramo, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. *INEXEQUIBLES incisos 1\u00b0, 2\u00b0 y 3\u00b0*<\/b><\/i><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/b><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Corte Constitucional declaro ESTARSE A LO RESUELTO en la <\/font> Sentencia C-035-16<\/a><\/b> que declar\u00f3 inexequible el inciso 2\u00b0, mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Incisos 1\u00b0, 2\u00b0 y 3\u00b0 declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-16<\/a><\/b>, febrero 8 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. "La Corte consider\u00f3 que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 173 es inconstitucional porque desconoce el deber constitucional de proteger \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica, con lo cual pone en riesgo el acceso de toda la poblaci\u00f3n al derecho fundamental al agua en condiciones de calidad. La Corte lleg\u00f3 a esta conclusi\u00f3n despu\u00e9s de analizar el alcance de la facultad del Estado de intervenir en la econom\u00eda, y su deber de proteger \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica, ponder\u00e1ndolos frente al alcance de la libertad econ\u00f3mica y de los derechos de los particulares a explotar recursos del Estado. En el presente caso concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica y los derechos de los particulares a explotar los recursos de propiedad del Estado deben ceder debido a tres razones principales. En primer lugar, debido a que los p\u00e1ramos se encuentran en una situaci\u00f3n de d\u00e9ficit de protecci\u00f3n, pues no hacen parte del sistema de \u00e1reas protegidas, ni de ning\u00fan otro instrumento que les provea una protecci\u00f3n especial. En segundo lugar, los p\u00e1ramos cumplen un papel fundamental en la regulaci\u00f3n del ciclo del agua potable en nuestro pa\u00eds, y proveen de agua econ\u00f3mica y de alta calidad para el consumo humano al 70% de la poblaci\u00f3n colombiana. En tercera medida, los p\u00e1ramos son ecosistemas que tienen bajas temperaturas y poco ox\u00edgeno, y que se han desarrollado en relativo aislamiento, lo cual los hace especialmente vulnerables a las afectaciones externas. Finalmente, la Corte concluy\u00f3 que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 173 no provee una protecci\u00f3n real mediante instrumentos jur\u00eddicos, reafirmando el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n".<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

<\/font><\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015*<\/font><\/b><\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font> <\/p>\n

\n

Al interior del \u00e1rea delimitada como p\u00e1ramo, las actividades para la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental o con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, que hayan sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de miner\u00eda, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podr\u00e1n seguir ejecut\u00e1ndose hasta su terminaci\u00f3n, sin posibilidad de pr\u00f3rroga. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las Autoridades Ambientales deber\u00e1n revisar las Licencias Ambientales otorgadas antes de la entrada en vigencia de la prohibici\u00f3n, en las \u00e1reas de p\u00e1ramo delimitadas y las mismas estar\u00e1n sujetas a un control, seguimiento y revisi\u00f3n por parte de las autoridades mineras, de hidrocarburos y ambientales, en el marco de sus competencias y aplicando las directrices que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n

En todo caso, el incumplimiento de los t\u00e9rminos y condiciones en los cuales se otorgaron las autorizaciones mineras o ambientales, dar\u00e1 lugar a la caducidad del t\u00edtulo minero de conformidad con lo dispuesto en el c\u00f3digo de minas o la revocatoria directa de la licencia ambiental sin el consentimiento del titular y no habr\u00e1 lugar a compensaci\u00f3n alguna.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Si a pesar de la existencia de la licencia ambiental no es posible prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles da\u00f1os ambientales sobre el ecosistema de p\u00e1ramo, la actividad minera no podr\u00e1 seguir desarroll\u00e1ndose. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/font><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinaci\u00f3n con las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrir\u00e1n para dise\u00f1ar, capacitar y poner en marcha programas de sustituci\u00f3n y reconversi\u00f3n de las actividades agropecuarias que se ven\u00edan desarrollando con anterioridad al16 de junio de 2011 y que se encuentren al interior del \u00e1rea de p\u00e1ramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. En el \u00e1rea de referencia que no sea incluida dentro del \u00e1rea del p\u00e1ramo delimitada, no estar\u00e1 permitido otorgar nuevos t\u00edtulos mineros o suscribir nuevos contratos para la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos, ni el desarrollo de nuevas actividades agropecuarias. Esta \u00e1rea ser\u00e1 objeto de ordenamiento y manejo integral por parte de las entidades territoriales de conformidad con los lineamientos que establezcan las corporaciones aut\u00f3nomas regionales, con el fin de atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el \u00e1rea delimitada como p\u00e1ramo y contribuir con la protecci\u00f3n y preservaci\u00f3n de estas.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. Dentro de los tres (3) a\u00f1os siguientes a la delimitaci\u00f3n, las autoridades ambientales deber\u00e1n zonificar y determinar el r\u00e9gimen de usos del \u00e1rea de p\u00e1ramo delimitada, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 174. <\/a><\/b>Adquisici\u00f3n por la Naci\u00f3n de \u00c1reas o Ecosistemas de Inter\u00e9s Estrat\u00e9gico para la Conservaci\u00f3n de los Recursos Naturales o implementaci\u00f3n de esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos econ\u00f3micos. Modif\u00edquese el art\u00edculo 108\u00b0 de la Ley 99 de 1993<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 108.<\/b> Adquisici\u00f3n por la Naci\u00f3n de \u00c1reas o Ecosistemas de Inter\u00e9s Estrat\u00e9gico para la Conservaci\u00f3n de los Recursos Naturales o implementaci\u00f3n de esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos econ\u00f3micos. Las autoridades ambientales en coordinaci\u00f3n y con el apoyo de las entidades territoriales adelantar\u00e1n los planes de cofinanciaci\u00f3n necesarios para adquirir \u00e1reas o ecosistemas estrat\u00e9gicos para la conservaci\u00f3n, preservaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de los recursos naturales o implementar\u00e1n en ellas esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos econ\u00f3micos para la conservaci\u00f3n, con base en la reglamentaci\u00f3n expedida por el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


La definici\u00f3n de estas \u00e1reas y los procesos de adquisici\u00f3n, conservaci\u00f3n y administraci\u00f3n deber\u00e1n hacerse con la activa participaci\u00f3n de la sociedad civil. Par\u00e1grafo Primero. Los esquemas de pago por servicios ambientales de que trata el presente art\u00edculo, adem\u00e1s podr\u00e1n ser financiados con recursos provenientes de los art\u00edculos 43') y 45\u00b0 de la Ley 99 de 1993, de conformidad con el plan de ordenaci\u00f3n y manejo de la cuenca respectiva. As\u00ed mismo, podr\u00e1 aplicarse la inversi\u00f3n forzosa de que trata el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 43\u00b0, las compensaciones por p\u00e9rdida de biodiversidad en el marco de la licencia ambiental y el Certificado de Incentivo Forestal con fines de conservaci\u00f3n a que se refiere el par\u00e1grafo del art\u00edculo 2530 del Estatuto Tributario.<\/font><\/p>\n


Dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o a partir de la entrada en vigencia de la presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentar\u00e1 al Congreso de la Rep\u00fablica un proyecto de ley que establezca los t\u00e9rminos, condiciones, procedimientos y fuentes de financiaci\u00f3n para la implementaci\u00f3n de pagos por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible crear\u00e1 el Registro \u00danico de Ecosistemas y \u00c1reas Ambientales, con excepci\u00f3n de las \u00e1reas protegidas registradas en el Registro \u00danico Nacional de \u00c1rea Protegidas (RUNAP) como parte de los sistemas de informaci\u00f3n del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en un t\u00e9rmino de un a\u00f1o a partir de la expedici\u00f3n de la presente ley. Har\u00e1n parte del Registro \u00danico de Ecosistemas y \u00c1reas Ambientales \u00e1reas tales como los ecosistemas estrat\u00e9gicos, p\u00e1ramos, humedales y las dem\u00e1s categor\u00edas de protecci\u00f3n ambiental que no se encuentren registradas en el RUNAP. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentar\u00e1 el funcionamiento del Registre \u00danico de Ecosistemas y \u00c1reas Ambientales, los ecosistemas y \u00e1reas que pertenecen al mismo, su administraci\u00f3n, actualizaci\u00f3n anual para efectos de las pol\u00edticas ambientales de implementaci\u00f3n de pagos por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservaci\u00f3n para los municipios como reconocimiento a los beneficios generados por las \u00e1reas de conservaci\u00f3n registradas en su jurisdicci\u00f3n."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 175. <\/a>Registro Nacional de Reducci\u00f3n de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.<\/b> Cr\u00e9ase el Registro Nacional de Reducci\u00f3n de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl), del cual har\u00e1 parte el Registro Nacional de Programas y Proyectos de acciones para la Reducci\u00f3n de las Emisiones debidas a la Deforestaci\u00f3n y la Degradaci\u00f3n Forestal de Colombia -REDD+. Estos ser\u00e1n reglamentados y administrados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<\/font><\/p>\n


Toda persona, natural o jur\u00eddica, p\u00fablica o privada que pretenda optar a pagos por resultados o compensaciones similares como consecuencia de acciones que generen reducciones de emisiones de GEl, deber\u00e1 obtener previamente el registre de que trata el inciso anterior, conforme a la reglamentaci\u00f3n que para tal efect\u00fae expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este a su vez reglamentar\u00e1 el sistema de contabilidad de reducci\u00f3n y remoci\u00f3n de emisiones y el sistema de monitoreo, reporte y verificaci\u00f3n de las acciones de mitigaci\u00f3n a nivel nacional y definir\u00e1 los niveles de referencia de las emisiones debidas a la deforestaci\u00f3n y la degradaci\u00f3n forestal.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Las emisiones reducidas que acredite el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de programas nacionales o subnacionales de reducci\u00f3n de emisiones de GEl, no podr\u00e1n ser posteriormente ofertadas a trav\u00e9s de proyectos en el mercado. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 176. <\/a><\/b>Comisiones conjuntas POMCA, Modif\u00edquese el art\u00edculo 212\u00b0 de la Ley 1450 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 212. De las comisiones conjuntas.<\/b>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podr\u00e1 integrar y presidir las Comisiones Conjuntas de los Planes de Ordenaci\u00f3n y Manejo de la Cuenca Hidrogr\u00e1fica de que trata el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 33 de la Ley 99 de 1993, cuando por razones de orden ambiental, social o econ\u00f3mico as\u00ed lo justifiquen. Para el efecto, comunicar\u00e1 a la Comisi\u00f3n Conjunta su decisi\u00f3n de integraci\u00f3n o retiro en el momento en que corresponda.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En los casos en los que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no integrela Comisi\u00f3n Conjunta, las Autoridades Ambientales designar\u00e1n qui\u00e9n la preside."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 177.<\/a> Certificado del Incentivo Forestal. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 3\u00b0 y adici\u00f3nese un par\u00e1grafo al art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 139 de 1994, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 3. Naturaleza.<\/b> El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), es el documento otorgado por la entidad competente para el manejo y administraci\u00f3n de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que da derecho a la persona beneficiaria a obtener directamente al momento de su presentaci\u00f3n, por una sola vez y en las fechas, t\u00e9rminos y condiciones que espec\u00edficamente se determinen, las sumas de dinero que se fijen conforme al art\u00edculo siguiente, por parte de la entidad bancaria que haya sido autorizada para el efecto por Finagro. El Certificado es personal y no negociable, excepto cuando el incentivo se constituya como colateral del pago de un cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de proyectos productivos forestales y\/o silvo pastoriles, de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que para el efecto expida el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Cuando el objeto del CIF sea la reforestaci\u00f3n con fines comerciales, ser\u00e1 otorgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 75\u00b0 de la Ley 1328 de 2009."<\/font><\/p>\n


"Art\u00edculo 6\u00b0. (… )<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los recursos del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), ser\u00e1n distribuidos regionalmente conforme a lo aprobado por el Consejo Directivo del CIF, que deber\u00e1 garantizar porcentualmente la adecuada participaci\u00f3n del peque\u00f1o reforestador en dicha asignaci\u00f3n. Esta distribuci\u00f3n se efectuar\u00e1 hasta los montos presupuestales disponibles.<\/font><\/p>\n


Enti\u00e9ndase como peque\u00f1o reforestador aquel que desarrolle un proyecto de establecimiento y manejo forestal en un \u00e1rea hasta de 500 hect\u00e1reas."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 178<\/a> Estudio de impacto ambiental.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 57\u00b0 de la Ley 99 de 1993, modificado por el art\u00edculo 2230 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 57. Estudio de impacto ambiental.<\/b> Se entiende por estudio de impacto ambiental, el conjunto de informaci\u00f3n que debe presentar ante la autoridad ambiental competente el interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental.<\/font><\/p>\n


El estudio de impacto ambiental contendr\u00e1 informaci\u00f3n sobre la localizaci\u00f3n del proyecto, los elementos abi\u00f3ticos, bi\u00f3ticos, y socioecon\u00f3micos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecuci\u00f3n se pide la licencia, y la evaluaci\u00f3n de los impactos que puedan producirse. Adem\u00e1s, incluir\u00e1 el dise\u00f1o de los planes de prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n, correcci\u00f3n y compensaci\u00f3n de impactos, as\u00ed como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir\u00e1 los t\u00e9rminos de referencia gen\u00e9ricos para la elaboraci\u00f3n del estudio de impacto ambiental; sin embargo, las autoridades ambientales los fijar\u00e1n de forma espec\u00edfica dentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la radicaci\u00f3n de la solicitud en ausencia de los primeros."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 179.<\/a> Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 58 de la Ley 99 de 1993<\/a><\/b>, modificado por el art\u00edculo 224 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 58. Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales.<\/b> El interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental presentar\u00e1 ante la autoridad ambiental competente una solicitud que deber\u00e1 ser acompa\u00f1ada del correspondiente estudio de impacto ambiental para su evaluaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


A partir de la fecha de radicaci\u00f3n de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente proceder\u00e1 de manera inmediata a expedir el acto administrativo que d\u00e9 inicio al tr\u00e1mite de licencia ambiental.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Expedido el acto administrativo de inicio tr\u00e1mite y dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, la autoridad ambiental competente evaluar\u00e1 que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos m\u00ednimos contenidos en el Manual de Evaluaci\u00f3n de Estudios Ambientales y realizar\u00e1 visita a los proyectos, cuando la naturaleza de los mismos lo requieran.<\/font><\/p>\n


Cuando no se requiera visita a los proyectos y agotado el t\u00e9rmino indicado en el inciso precedente, la autoridad ambiental competente dispondr\u00e1 de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles para convocar mediante oficio una reuni\u00f3n con el fin de solicitar por una \u00fanica vez la informaci\u00f3n adicional que se considere pertinente.<\/font><\/p>\n


Las decisiones tomadas en la reuni\u00f3n de informaci\u00f3n adicional ser\u00e1n notificadas en la misma, contra \u00e9stas proceder\u00e1 el recurso de reposici\u00f3n que se resolver\u00e1 de plano en dicha reuni\u00f3n, de todo lo cual se dejar\u00e1 constancia en el acta respectiva.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Una vez en firme la decisi\u00f3n sobre informaci\u00f3n adicional, el interesado contar\u00e1 con el t\u00e9rmino de un (1) mes para allegar la informaci\u00f3n requerida. Allegada la informaci\u00f3n por parte del interesado, la autoridad ambiental competente dispondr\u00e1 de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos t\u00e9cnicos o informaciones que estime pertinentes para resolver la solicitud, y \u00e9stos deber\u00e1n ser remitidos por las entidades o autoridades requeridas en un plazo no mayor a veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles.<\/font><\/p>\n


Vencido el t\u00e9rmino anterior la autoridad ambiental contar\u00e1 con treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la informaci\u00f3n requerida, as\u00ed como para expedir la resoluci\u00f3n que otorgue o niega la licencia ambiental. Tal decisi\u00f3n deber\u00e1 ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 o aquella que la modifique o sustituya, y publicada en el bolet\u00edn de la autoridad ambiental en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 71\u00b0 de la Ley 99 de 1993."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, <\/font> por los cargos de vulneraci\u00f3n del derecho a un ambiente sano y de participaci\u00f3n de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO VII <\/b>
ESTRATEGIA TERRITORIAL: EJES ARTICULADORES DEL DESARROLLO Y PRIORIDADES PARA lA GESTI\u00d3N TERRITORIAL <\/b> <\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 180.<\/a> Programa Nacional de Delegaci\u00f3n de Competencias Diferenciadas.<\/b> Con el prop\u00f3sito de asegurar una prestaci\u00f3n m\u00e1s eficiente de los bienes y servicios a cargo del Estado y crear esquemas de distribuci\u00f3n de competencias, cr\u00e9ase el Programa Nacional de Delegaci\u00f3n de Competencias Diferenciadas (PNCD), el cual estar\u00e1 a cargo del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y las entidades sectoriales.<\/font><\/p>\n


El Programa contendr\u00e1 el marco de criterios para la delegaci\u00f3n de funciones conforme al convenio que para tal efecto se suscriba. Los convenios se suscribir\u00e1n entre las entidades del orden nacional, en calidad de delegantes, y las entidades territoriales, esquemas asociativos territoriales, la RAPE, \u00e1reas metropolitanas, conglomerados urbanos, o autoridades regionales que se constituyan para tal fin, en I calidad de delegatarios. El Programa incluir\u00e1 los par\u00e1metros de acreditaci\u00f3n de capacidad financiera, t\u00e9cnica, regulatoria e institucional de las entidades o autoridades delegatarias. En el marco del programa, el Gobierno Nacional propondr\u00e1 a dichas entidades y autoridades esquemas de distribuci\u00f3n de competencias, las cuales quedar\u00e1n plasmadas en los convenios que para tal efecto se suscriban entre entidades delegantes y delegatarias, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1454 de 2011.<\/font><\/p>\n


El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con los sectores, definir\u00e1 los mecanismos de seguimiento, control y evaluaci\u00f3n de las competencias descentralizadas y\/o delegadas por el Gobierno Nacional, los cuales obedecer\u00e1n a criterios t\u00e9cnicos, objetivos, medibles y comprobables.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Dentro del PNCD, se priorizar\u00e1n las acciones que permitan la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica dirigida a las v\u00edctimas del conflicto armado desde lo territorial, las cuales ser\u00e1n dise\u00f1adas por el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con la Unidad Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. Ser\u00e1n susceptibles de delegaci\u00f3n, conforme a la normatividad vigente, aquellas competencias y funciones de nivel nacional en pol\u00edticas y estrategias con impacto territorial tendientes al cierre de brechas socio-econ\u00f3micas, intra e inter regionales que promuevan la convergencia regional, como aquellas dirigidas a promover el desarrollo productivo, la competitividad e infraestructura f\u00edsica y social, la generaci\u00f3n de ingresos, la planificaci\u00f3n y la gesti\u00f3n territorial, incluida la formaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n, conservaci\u00f3n catastral e implementaci\u00f3n de catastros multiprop\u00f3sito descentralizados, de que trata la presente ley, en municipios, distritos y \u00e1reas metropolitanas con poblaci\u00f3n superior a 500.000 habitantes.<\/font><\/p>\n


Las entidades territoriales interesadas deber\u00e1n acreditar, conforme a las disposiciones que el Gobierno Nacional establezca para el efecto, el cumplimiento de las capacidades requeridas y se sujetar\u00e1n en su operaci\u00f3n a las disposiciones que sobre la materia adopte la autoridad catastral del orden nacional, entidad que, en todo caso, podr\u00e1 requerir a las autoridades catastrales descentralizadas que hayan asumido competencias delegadas en materia catastral, para cumplir la normatividad y dem\u00e1s lineamientos t\u00e9cnicos que se adopten en materia catastral, encontr\u00e1ndose facultada para imponer sanciones, reasumir temporal o definitivamente las competencias delegadas en los municipios, distritos o \u00e1reas metropolitanas respectivas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 181.<\/a> Mecanismos estrat\u00e9gicos nacionales, binacionales o multilaterales.<\/b> Como parte del desarrollo de mecanismos nacionales, binacionales o multilaterales que permitan la ejecuci\u00f3n de programas, proyectos e iniciativas estrat\u00e9gicas para el desarrollo transfronterizo binacional o multilateral, el Gobierno Nacional podr\u00e1 constituir e implementar fondos p\u00fablicos de car\u00e1cter nacional, binacional o multilateral. Para el efecto ambos Estados podr\u00e1n designar un organismo multilateral.<\/font><\/p>\n


Estos fondos no corresponder\u00e1n a los descritos en el art\u00edculo 30 del Estatuto Org\u00e1nico de Presupuesto.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El organismo multilateral quedar\u00e1 facultado para gestionar, recibir y administrar recursos provenientes de diferentes fuentes, incluyendo recursos p\u00fablicos y privados de origen nacional o internacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 182.<\/a> Regiones con caracter\u00edsticas especiales de transporte.<\/b> Con el objeto de formalizar la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte de pasajeros y garantizar las condiciones de seguridad y accesibilidad del mismo, cr\u00e9anse las Zonas Estrat\u00e9gicas para el Transporte (ZET), constituidas por un municipio y\/o grupos de municipios de las zonas de frontera, donde no exista Sistema de Transporte Masivo, Sistema Integrados de Transporte P\u00fablico o Sistema Estrat\u00e9gico de Transporte P\u00fablico, cuya extensi\u00f3n geogr\u00e1fica ser\u00e1 determinada por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales, en forma coordinada, podr\u00e1n expedir reglamentos de car\u00e1cter especial y transitorio en materia de servicio p\u00fablico de transporte con aplicaci\u00f3n exclusiva en las ZET tendientes a cumplir las finalidades antes mencionadas.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Ministerio de Transporte con el fin de proteger el medio ambiente, la seguridad de las personas en la v\u00eda p\u00fablica, en espacios terrestres o marinos, la sostenibilidad econ\u00f3mica del Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina y el bienestar de los residentes y turistas que visitan las islas, previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determinar\u00e1 la cantidad de veh\u00edculos y tipo y edad de los mismos, que podr\u00e1n ingresar, ser matriculados y\/o transitar en el Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Transporte reglamentar\u00e1 los mecanismos para la asignaci\u00f3n de las matr\u00edculas de nuevos veh\u00edculos o reposici\u00f3n de los actuales, mediante procesos competitivos, tales como subastas, que promuevan la transparencia y permitan capturar la disposici\u00f3n a pagar de los usuarios por dicha matr\u00edcula. Dicho mecanismo ser\u00e1 administrado por la Gobernaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


En todo caso, las medidas que se adopten en desarrollo de este art\u00edculo no podr\u00e1n ser incompatibles con los compromisos de Colombia de conformidad con los acuerdos comerciales internacionales vigentes.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 183.<\/a> Autoridades regionales de transporte.<\/b> El Gobierno Nacional, a solicitud de las entidades territoriales, podr\u00e1 crear y fortalecer Autoridades Regionales de Transporte en las aglomeraciones urbanas o en aquellos municipios cuya movilidad urbana se desarrolle m\u00e1s all\u00e1 de sus propios l\u00edmites jurisdiccionales.<\/font><\/p>\n


Para tal efecto, las entidades territoriales interesadas deber\u00e1n constituir previamente .esquemas asociativos territoriales, en concordancia con el art\u00edculo 100 de la Ley 1454 de 2011. La Autoridad Regional de Transporte, ser\u00e1 la encargada de regular el servicio de transporte p\u00fablico de pasajeros, otorgar permisos y habilitaciones, integrar operacional y tarifariamente los diferentes modos y modalidades, y garantizar la articulaci\u00f3n de planes, programas y proyectos contenidos en los Planes Maestros de Movilidad de cada uno de los municipios, as\u00ed como los incluidos en sus instrumentos de planeaci\u00f3n territorial que influyan en la organizaci\u00f3n de la movilidad y el transporte, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Trasporte.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo, Las entidades territoriales, con el acompa\u00f1amiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y el Ministerio de Transporte definir\u00e1n las directrices de ordenamiento regional en concordancia con los instrumentos normativos existentes, con el fin de contar con un marco de acci\u00f3n que contemple estrategias regionales integrales que permitan formular, a su vez, las propuestas de movilidad regional que deber\u00e1n se desarrolladas por la Autoridad Regional de Transporte.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 184.<\/a><\/b> Implementaci\u00f3n de los Centros Integrados de Servicio (SI) y modelo de operaci\u00f3n en Centros Binacionales de Atenci\u00f3n en Frontera (CEBAF), Centros Nacionales de Atenci\u00f3n de Fronteras (CENAF) y pasos de frontera. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n implementar\u00e1 los Centro de Integrados de Servicio (SI) en los que har\u00e1n presencia entidades del orden nacional, departamental y municipal, que adoptar\u00e1n est\u00e1ndares que garanticen a ciudadano un trato amable, digno y eficiente. As\u00ed mismo, el modelo de operaci\u00f3n el funcionamiento de los Centros Binacionales de Atenci\u00f3n en Frontera (CEBAF) de los Centros Nacionales de Atenci\u00f3n de Fronteras (CENAF) ser\u00e1 el establecido por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, quien coordinar\u00e1 y articular\u00e1 a las entidades que presten sus servicio en dichos centros.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 185.<\/a> Fondo para el desarrollo del Plan Todos Somos Pac\u00edfico. <\/b> Cr\u00e9ase un patrimonio aut\u00f3nomo denominado Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pac\u00edfico, administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico o por la entidad o entidades que \u00e9ste defina. Este fondo tendr\u00e1 por objeto le financiaci\u00f3n y\/o la inversi\u00f3n en las necesidades m\u00e1s urgentes para promover e desarrollo integral del Litoral Pac\u00edfico. <\/p>\n

En desarrollo de su prop\u00f3sito el mencionado patrimonio aut\u00f3nomo podr\u00e1:<\/font><\/p>\n


1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno Nacional para financiar e cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio aut\u00f3nomo.<\/font><\/p>\n


2. Recibir aportes de las Entidades Territoriales beneficiarias directas de las actividades del patrimonio aut\u00f3nomo.<\/font><\/p>\n


3. Aceptar donaciones del sector p\u00fablico o privado, nacional e internacional, con el prop\u00f3sito de realizar las actividades del patrimonio.<\/font><\/p>\n


4. Suscribir convenios o contratos con entidades p\u00fablicas para desarrollar e prop\u00f3sito del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pasc\u00edfico.<\/font><\/p>\n


5. Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de patrimonio aut\u00f3nomo para lo cual la Naci\u00f3n o las Entidades Territoriales podr\u00e1n otorgar los avales o garant\u00edas correspondientes.<\/font><\/p>\n


6. El patrimonio aut\u00f3nomo denominado Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pac\u00edfico, tendr\u00e1 una Direcci\u00f3n Ejecutiva y una Junta Administradora integrada por: <\/p>\n

a) El Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, quien la presidir\u00e1 <\/p>\n

b) El Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

e) Dos Gobernadores y dos Alcaldes de la zona de influencia elegidos de conformidad con el reglamento que establezca el Gobierno Nacional Ning\u00fan departamento podr\u00e1 tener al tiempo m\u00e1s de un representante en la Junta Administradora.<\/font><\/p>\n


d) Tres delegados del Presidente de la Rep\u00fablica.<\/font><\/p>\n


7. El Director Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pac\u00edfico, ser\u00e1 designado por la Junta Administradora, y renovado por esta quien podr\u00e1 removerlo cuando lo considere pertinente.<\/font><\/p>\n


8. El r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n y administraci\u00f3n de sus recursos ser\u00e1 el que defina la Junta Administradora, y ser\u00e1 regido por el derecho privado, con plena observancia de los principios de transparencia, econom\u00eda, igualdad, publicidad y en especial el de selecci\u00f3n objetiva, definidos por la Constituci\u00f3n y la Ley adem\u00e1s de aplicar el r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente.<\/font><\/p>\n


9, Cumplido el prop\u00f3sito del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pac\u00edfico, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico podr\u00e1 liquidarlo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 186 <\/a>Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n y Comisiones Regionales de Competitividad. <\/b>Int\u00e9grese el Sistema de Competitividad e Innovaci\u00f3n con el Sistema de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n para consolidar un \u00fanico Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


En el marco de ese Sistema, las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad, ciencia, tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n, tales como los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n (CODECTI), Comit\u00e9s Universidad-Empresa-Estado, Comit\u00e9s de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comit\u00e9s de Seguimiento a los Convenios de Competitividad y las dem\u00e1s que sean promovidas por el Gobierno Nacional, deber\u00e1n integrarse a las Comisiones Regionales de Competitividad en cada departamento, con el prop\u00f3sito de articular sus agendas de trabajo. Corresponder\u00e1 a cada Comisi\u00f3n Regional de Competitividad ajustar su estructura de manera que garantice la participaci\u00f3n de estas instancias. Las Comisiones ser\u00e1n la \u00fanica instancia de interlocuci\u00f3n con el Gobierno Nacional para la implementaci\u00f3n de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la organizaci\u00f3n, articulaci\u00f3n y funcionamiento de ese Sistema.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 187. <\/a>Autoaval\u00fao del impuesto predial unificado.<\/b>A partir del a\u00f1o gravable de 2017, las ciudades o distritos, conforme al censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica, podr\u00e1n establecer, para efectos del impuesto predial unificado, bases presuntas m\u00ednimas para la liquidaci\u00f3n privada del impuesto, de conformidad con los par\u00e1metros t\u00e9cnicos sobre precios por metro cuadrado de construcci\u00f3n o terreno seg\u00fan estrato. En cada a\u00f1o gravable el contribuyente podr\u00e1 optar por declarar el aval\u00fao catastral vigente o el autoaval\u00fao incrementado, de acuerdo con las normatividad vigente sobre la materia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 188. <\/a>Formulario \u00danico Territorial (FUT). <\/b>Toda la informaci\u00f3n del orden territorial sobre la ejecuci\u00f3n presupuestal de ingresos y gastos, y dem\u00e1s informaci\u00f3n oficial b\u00e1sica, de naturaleza organizacional, financiera, econ\u00f3mica, geogr\u00e1fica, social y ambiental que sea requerida por las entidades del orden nacional para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluaci\u00f3n y control de las entidades territoriales, ser\u00e1 recolectada a trav\u00e9s del Formulario \u00danico Territorial (FUT).<\/font><\/p>\n


Ninguna entidad del orden nacional podr\u00e1 solicitar por su propia cuenta a las entidades territoriales la informaci\u00f3n que estas ya est\u00e9n reportando a trav\u00e9s del FUT. La inclusi\u00f3n de cualquier otro tipo de informaci\u00f3n requerir\u00e1 la aprobaci\u00f3n del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del FUT.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico definir\u00e1 las acciones conducentes a consolidar el FUT como \u00fanico instrumento de reporte de la informaci\u00f3n territorial con destino a las entidades del nivel nacional, con el prop\u00f3sito de simplificar el n\u00famero de reportes y lograr mayor calidad y eficiencia en los flujos de informaci\u00f3n. El FUT buscar\u00e1 contribuir a la automatizaci\u00f3n de procesos y para su operaci\u00f3n y funcionamiento se apoyar\u00e1 en las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones.<\/font><\/p>\n


Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento del deber de reporte de informaci\u00f3n por las entidades territoriales a trav\u00e9s de los sistemas de informaci\u00f3n dispuestos por el Gobierno Nacional para fines sectoriales y de control administrativo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 189<\/a> Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento<\/b>. Modif\u00edquense los par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 21\u00b0 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n


"Par\u00e1grafo 1. La deuda de municipios y empresas de servicios p\u00fablicos con INSFOPAL, entregada en administraci\u00f3n a Findeter seg\u00fan la Ley 57 de 1989, podr\u00e1 ser objeto de venta o cesi\u00f3n de su administraci\u00f3n y\/o recaudo a la Central de Inversiones (CISA) de acuerdo con la normativa aplicable a dicho colector. Los recursos obtenidos por la Naci\u00f3n por concepto de la venta o cesi\u00f3n de la administraci\u00f3n y\/o recaudo a CISA, se destinar\u00e1n  exclusivamente al pago de pasivos laborales generados por los prestadores de los servicios p\u00fablicos liquidados y\/o transformados, en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. Por motivos de inter\u00e9s social y cuando las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas de los servicios de agua potable y saneamiento b\u00e1sico lo requieran, se podr\u00e1n implementar esquemas regionales eficientes y sostenibles para la prestaci\u00f3n de estos servicios en los municipios, incluyendo sus \u00e1reas rurales a trav\u00e9s de \u00e1reas de servicio exclusivo, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n que para tal fin defina el Gobierno Nacional."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 190.<\/a> Fondos el\u00e9ctricos. <\/b>El Fondo de Apoyo Financiero para la Energizaci\u00f3n de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y el programa de Normalizaci\u00f3n de Redes El\u00e9ctricas (PRONE) administrados por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, recibir\u00e1 a partir del primero de enero de 2016 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a dos pesos con diez centavos ($2,10) por kilovatio hora transportado para el caso del FAER, y un peso con noventa centavos ($1,90) por kilovatio hora transportado en el caso del PRONE.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, el Fondo de Energ\u00eda Social (FOES), administrado por el Ministerio dE Minas y Energ\u00eda como un sistema especial de cuentas, a partir del primero de enero de 2016 cubrir\u00e1 hasta noventa y dos pesos ($92) por kilovatio hora del valor de la energ\u00eda el\u00e9ctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las \u00c1reas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Dif\u00edcil Gesti\u00f3n y Barrios Subnormales.<\/font><\/p>\n


Al FOES ingresar\u00e1n los recursos provenientes del ochenta por ciento (80%) de las Rentas de Congesti\u00f3n calculadas por el ASIC, como producto de las exportaciones de energ\u00eda el\u00e9ctrica, y recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n cuando aquellos resulten insuficientes para financiar el 50% del subsidio cubierto por el FOES.<\/font><\/p>\n


Adicionalmente, a partir del primero de enero de 2016, al FOES tambi\u00e9n ingresar\u00e1n los recursos que recaude el ASIC correspondientes a no m\u00e1s de dos pesos con diez centavos ($2,10) por kilovatio hora transportado, con el fin de financiar el 50% restante.<\/font><\/p>\n


El consumo de energ\u00eda total cubierto por el FOES no exceder\u00e1 del ocho por ciento (8%) del consumo total de energ\u00eda en el Sistema Interconectado Nacional. Este porcentaje depender\u00e1 de la cantidad de recursos disponibles.<\/font><\/p>\n


Los comercializadores indicar\u00e1n el menor valor de la energ\u00eda subsidiada en la factura de cobro correspondiente al per\u00edodo siguiente a aquel en que reciban efectivamente las sumas giradas por el FOES yen proporci\u00f3n a las mismas. Dichas sumas s\u00f3lo podr\u00e1n ser aplicadas al consumo corriente de energ\u00eda de los usuarios y no podr\u00e1 destinarse para consumos mayores al consumo de subsistencia vigente.<\/font><\/p>\n


El Fondo de Apoyo Financiero para la Energizaci\u00f3n de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), administrado por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, a partir del primero de enero de 2016 recibir\u00e1 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a un peso con noventa centavos ($1,90) por kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energ\u00eda Mayorista, de los cuales cuarenta centavos ($0,40) ser\u00e1n destinados para financiar el Fondo de Energ\u00edas no Convencionales y Gesti\u00f3n Eficiente de la Energ\u00eda (FENOGE) de que trata el art\u00edculo 10\u00b0 de la Ley 1715 de 2014.<\/font><\/p>\n


El manejo de los recursos del FAER, del PRONE, del FOES y del FAZNI ser\u00e1 realizado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y los mismos se considerar\u00e1n inversi\u00f3n social, en los t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y normas org\u00e1nicas de presupuesto. El Gobierno dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedici\u00f3n de esta ley, expedir\u00e1 los decretos reglamentarios necesarios para ajustar la focalizaci\u00f3n, adjudicaci\u00f3n y seguimiento de los recursos de dichos fondos.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, el Gobierno determinar\u00e1 el procedimiento para declarar incumplimientos, imponer multas y sanciones de origen contractual y hacer efectivas las garant\u00edas que se constituyan en el marco de la ejecuci\u00f3n de los recursos a que se refiere el presente art\u00edculo, de conformidad con el art\u00edculo 39\u00b0 de la Ley 142 de 1994.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Primero. Las tarifas de las contribuciones correspondientes a los Fondos de que trata este art\u00edculo se indexar\u00e1n anualmente con el \u00edndice de Precios al Productor (IPP), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE).<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. En el caso del FAER, del PRONE y del FOES, las contribuciones ser\u00e1n pagadas por los propietarios de los activos del Sistema de Transmisi\u00f3n Nacional (STN), y ser\u00e1n incorporadas en los cargos por uso del STN, para lo cual la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Energ\u00eda y Gas (CREG) adoptar\u00e1 los ajustes necesarios en la regulaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Tercero. En el caso del FAZNI, las contribuciones ser\u00e1n pagadas por los agentes generadores de energ\u00eda, y ser\u00e1n incorporados en las tarifas de energ\u00eda el\u00e9ctrica, para lo cual la CREG adoptar\u00e1 los ajustes necesarios en la regulaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Cuarto. Los art\u00edculos 103\u00b0, 104\u00b0 y 115\u00b0 de la Ley 1450 de 2011 seguir\u00e1n vigentes hasta el31 de diciembre de 2015.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 191.<\/a> Alumbrado P\u00fablico. <\/b>*INEXEQUIBLE*<\/i><\/font><\/p>\n

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*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

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Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
La Corte Constitucional declaro ESTARSE A LO RESUELTO en la <\/font> Sentencia C-272-16<\/a><\/b> que declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 191, mediante <\/font>Sentencia C-472-16<\/a><\/b>, Agosto 31 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

La Corte Constitucional declaro ESTARSE A LO RESUELTO en la <\/font> Sentencia C-272-16<\/a><\/b> que declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 191, mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Art\u00edculo declarado INEXEQUIBLE seg\u00fan la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-272-16<\/a><\/b>; mayo 25 de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vasrgas Silva. "El demandante formul\u00f3 nueve cargos contra los fragmentos impugnados del art\u00edculo 191 de la Ley 1753 de 2015. Sin embargo, la Corte analiz\u00f3 y resolvi\u00f3 los argumentos que censuraban las expresiones que dise\u00f1aron la sustituci\u00f3n del impuesto por una contribuci\u00f3n especial, la forma de liquidarla y cobrarla y la entidad que ejercer\u00eda el control. Para la Corte, el cambio de naturaleza jur\u00eddica del tributo para la financiaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico, impactaba la totalidad del art\u00edculo, por lo que decidi\u00f3 declarar su inexequibilidad. A la Sala Plena correspondi\u00f3 determinar si la disposici\u00f3n acusada: a) vulneraba la autonom\u00eda de las entidades territoriales para fijar los elementos de los tributos y administrar sus propios recursos, b) desnaturalizaba la tipolog\u00eda tributaria establecida en la Constituci\u00f3n, al individualizar la contraprestaci\u00f3n correlativa a una contribuci\u00f3n especial, los sujetos pasivos del tributo y la base gravable, impidi\u00e9ndoles a las entidades territoriales fijar los elementos del tributo, y c) contrariaba la cl\u00e1usula de Estado social de derecho, al fijar una contribuci\u00f3n regresiva que promueve que s\u00f3lo las personas y zonas con mayor capacidad de pago reciban alumbrado p\u00fablico. Para decidir, la Corte subray\u00f3 que, a la luz de la Carta Pol\u00edtica y, en especial, de los art\u00edculos 365 a 370, los servicios p\u00fablicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que existe una relaci\u00f3n inescindible entre dichos servicios y el principio de Estado social de derecho (art. 365 C. P.). La Corte indic\u00f3 que la funci\u00f3n fundamental del servicio de alumbrado p\u00fablico no es proporcionar un beneficio exclusivo, particular y privado a personas espec\u00edficas, sino que es prestado en inter\u00e9s general a toda una colectividad. De similar forma, reiter\u00f3 que contrario a las tasas, las contribuciones especiales son compensaciones que se pagan por beneficios dirigidos a sectores sociales, no individualizables. Se\u00f1al\u00f3 que dichas obras no se llevan a cabo a elecci\u00f3n o por solicitud del contribuyente y que el pago del gravamen es obligatorio. Conforme a lo anterior, la Sala Plena constat\u00f3 que la financiaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico, en tanto no genera utilidades particulares a personas o grupos sociales espec\u00edficos, no es compatible con las contribuciones especiales."<\/i> <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Aparte subrayado "con destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la financiaci\u00f3n de este servicio"<\/i> declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-155-16<\/a><\/b>, marzo 31 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Aparte subrayado del par\u00e1grafo segundo y transitorio, declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-153-16<\/a><\/b>, marzo 31 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

*Texto original de la Ley 1753 de 2015*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Art\u00edculo 191. Alumbrado P\u00fablico. <\/b>Es un servicio p\u00fablico esencial, regido por los art\u00edculos 56 y 365 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, reglamentar\u00e1 su prestaci\u00f3n para que se asegure por parte de autoridades municipales y distritales lo siguiente:<\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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1. El mejoramiento de la calidad de vida y de seguridad de los habitantes en el nivel nacional y territorial. <\/font><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

2. El financiamiento del servicio de alumbrado p\u00fablico dentro del marco de sostenibilidad fiscal de la entidad territorial. En ning\u00fan caso podr\u00e1 cobrarse por este servicio sin que se haya realizado la prestaci\u00f3n del mismo en su \u00e1rea de influencia. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
3. Una prestaci\u00f3n eficiente y continua del servicio de alumbrado p\u00fablico.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
4. Se ampl\u00ede la cobertura en la prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
La prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico, inherente al servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica, se regir\u00e1 por los siguientes principios:<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
a. El principio de cobertura buscar\u00e1 garantizar una cobertura plena de todas las \u00e1reas urbanas de los municipios y distritos, y en centros poblados de las zonas rurales donde t\u00e9cnica y financieramente resulte viable su prestaci\u00f3n, en concordancia con la planificaci\u00f3n local y con los dem\u00e1s principios enunciados en el presente art\u00edculo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
b. En virtud del principio de calidad el servicio prestado debe cumplir con los requisitos t\u00e9cnicos que se establezcan para \u00e9l.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
c. Para efectos del presente art\u00edculo, el principio de eficiencia energ\u00e9tica se define como la relaci\u00f3n entre la energ\u00eda aprovechada y la total utilizada, en cualquier proceso de la cadena energ\u00e9tica que busca ser maximizada a trav\u00e9s de buenas pr\u00e1cticas de reconversi\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
d. El principio de eficiencia econ\u00f3mica implica, entre otros aspectos, la correcta asignaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de los recursos de tal forma que se busque la garant\u00eda de la prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico al menor costo econ\u00f3mico y bajo criterios t\u00e9cnicos de calidad.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
e. En virtud del principio de homogeneidad se buscar\u00e1 que la metodolog\u00eda para determinar los costos totales m\u00e1ximos eficientes de prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico tengan una misma estructura para todos los municipios y distritos del pa\u00eds, y que los costos resultantes respondan a la realidad de cada municipio o distrito.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
f. En virtud del principio de suficiencia financiera se promover\u00e1 que los prestadores del servicio de alumbrado p\u00fablico tengan una recuperaci\u00f3n eficiente de los costos y gastos de todas las actividades asociadas a la prestaci\u00f3n del servicio y obtener una rentabilidad razonable.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Los costos y gastos eficientes de todas las actividades asociadas a la prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico ser\u00e1n recuperados por el municipio o distrito que tiene a cargo su prestaci\u00f3n a trav\u00e9s de una contribuci\u00f3n especial con destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la financiaci\u00f3n de este servicio. Dichos costos y gastos se determinar\u00e1n de conformidad con la metodolog\u00eda que para tales efectos establezca el Ministerio de Minas y Energ\u00eda o la autoridad que delegue.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Ser\u00e1n sujetos pasivos de la contribuci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico quienes realicen consumos de energ\u00eda el\u00e9ctrica, bien sea como usuarios del servicio p\u00fablico domiciliario de energ\u00eda el\u00e9ctrica o como autogeneradores y, en los casos en que no se realicen consumos de energ\u00eda el\u00e9ctrica, los propietarios de los predios y dem\u00e1s sujetos pasivos del impuesto predial que se encuentren dentro de la jurisdicci\u00f3n del respectivo municipio o distrito. Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios de equidad y progresividad.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
El Ministerio de Minas' y Energ\u00eda o la autoridad que delegue determinar\u00e1 la metodolog\u00eda que contenga los criterios t\u00e9cnicos a considerar por parte de los concejos municipales y distritales para realizar la distribuci\u00f3n del costo a recuperar entre los sujetos pasivos, para lo cual deber\u00e1 tener en cuenta los principios definidos en este art\u00edculo.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Cuando el sujeto pasivo sea el usuario de energ\u00eda el\u00e9ctrica, para la liquidaci\u00f3n de la contribuci\u00f3n se deber\u00e1 considerar el volumen de energ\u00eda consumida. Cuando el sujeto pasivo sean el propietario de los predios y dem\u00e1s sujetos pasivos del impuesto predial, para la fijaci\u00f3n de la contribuci\u00f3n se deber\u00e1 considerar los elementos del aval\u00fao catastral del respectivo predio, teniendo en cuenta el \u00e1rea de influencia del servicio de alumbrado p\u00fablico. El valor de la contribuci\u00f3n en ning\u00fan caso sobrepasar\u00e1 el valor m\u00e1ximo que se determine de conformidad con los criterios de distribuci\u00f3n contenidos en la metodolog\u00eda mencionada.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Los alcaldes municipales o distritales definir\u00e1n los procedimientos de recaudo, y \u00e9ste podr\u00e1 realizarse, entre otros, a trav\u00e9s de la facturaci\u00f3n propia del municipio o distrito, o de las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios de su jurisdicci\u00f3n. En este caso, la remuneraci\u00f3n del servicio de facturaci\u00f3n y recaudo se realizar\u00e1 de conformidad con la regulaci\u00f3n aplicable a la facturaci\u00f3n conjunta.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
A partir de la vigencia de la presente ley, el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica con destino al servicio de alumbrado p\u00fablico deber\u00e1 realizarse a trav\u00e9s de contratos soportados en los mecanismos de cubrimiento que para el efecto determine el Ministerio de Minas y Energ\u00eda o la autoridad que delegue dentro de los seis meses siguientes. En todo caso, el pago por el suministro de la energ\u00eda, la facturaci\u00f3n y el recaudo se podr\u00e1n realizar mediante apropiaci\u00f3n sin situaci\u00f3n de fondos por parte de la entidad respectiva y a favor del comercializador de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Las personas prestadoras del servicio de alumbrado p\u00fablico ser\u00e1n sujetos del control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, en aspectos relacionados con la calidad y prestaci\u00f3n del servicio. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios realizar\u00e1 la vigilancia y control sobre el cumplimiento de los reglamentos t\u00e9cnicos expedidos para regular el servicio de alumbrado p\u00fablico.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Par\u00e1grafo Primero. Sustit\u00fayase el impuesto de alumbrado p\u00fablico, y en particular, el literal d) del art\u00edculo 10 de la Ley 97 del 1913, en lo que se refiera a dicho impuesto y dem\u00e1s leyes que lo complementan.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Par\u00e1grafo Segundo. Los contratos suscritos mantendr\u00e1n su vigencia, pero las pr\u00f3rrogas o adiciones que se pacten con posterioridad a la vigencia de la presente ley se regir\u00e1n por lo previsto en esta ley; en todo caso, el recaudo de la contribuci\u00f3n de alumbrado se destinar\u00e1 a sufragar el costo de prestaci\u00f3n del servicio a partir de la expedici\u00f3n de la presente ley. Los contratos que se celebren durante el per\u00edodo al que se refiere el par\u00e1grafo transitorio y en todo caso antes de la reglamentaci\u00f3n de este art\u00edculo, se regir\u00e1n por las normas vigentes antes de la expedici\u00f3n de esta ley.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Par\u00e1grafo Transitorio. La sustituci\u00f3n de que trata el Par\u00e1grafo Primero del presente art\u00edculo se aplicar\u00e1 respecto de las entidades territoriales que hayan expedido acuerdos adoptando el tributo de alumbrado p\u00fablico autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Contar\u00e1n con un (1) a\u00f1o a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para adoptar la contribuci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos por este art\u00edculo. Una vez cumplido este plazo operar\u00e1 la sustituci\u00f3n. Los alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedici\u00f3n de esta ley tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado p\u00fablico la actividad de semaforizaci\u00f3n, deber\u00e1n establecer la fuente con la cual se financiar\u00e1n los costos y gastos de la actividad de semaforizaci\u00f3n a partir de la terminaci\u00f3n del per\u00edodo de un (1) a\u00f1o al que se refiere este par\u00e1grafo transitorio.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
Sin perjuicio de lo anterior, los municipios o distritos podr\u00e1n optar por no cobrar por la prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 192. <\/a>Acuerdos con entidades territoriales.<\/b> El Gobierno Nacional establecer\u00e1 el procedimiento para que las entidades territoriales puedan proponer al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, con fundamento en estudios t\u00e9cnicos, sociales y ambientales; medidas de protecci\u00f3n del ambiente sano, las cuencas h\u00eddricas, el desarrollo econ\u00f3mico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la poblaci\u00f3n, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los estudios antes referidos podr\u00e1n basarse en los realizados para fundamentar la expedici\u00f3n de los Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial o en los estudios que hayan sido elaborados por las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales en el ejercicio de sus funciones.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE <\/font>por el cargo analizado en esta sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 193. <\/a>Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura.<\/b> Con el prop\u00f3sito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicaci\u00f3n, la vida en situaciones de emergencia, la educaci\u00f3n, la salud, la seguridad personal, y, el acceso a la informaci\u00f3n, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, as\u00ed como el de contribuir a la masificaci\u00f3n del gobierno en l\u00ednea, de conformidad con la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>, es deber de la Naci\u00f3n asegurar la prestaci\u00f3n contin\u00faa, oportuna y de calidad de los servicios p\u00fablicos de comunicaciones para lo cual velar\u00e1 por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n


Para este efecto, las autoridades de todos los \u00f3rdenes territoriales identificar\u00e1n los obst\u00e1culos que restrinjan, lirniten o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales y proceder\u00e1 a adoptar las medidas y acciones que considere id\u00f3neas para removerlos.<\/font><\/p>\n


Cualquier autoridad territorial o cualquier persona podr\u00e1 comunicarle a la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC) la persistencia de alguno de estos obst\u00e1culos. Recibida la comunicaci\u00f3n, la CRC deber\u00e1 constatar la existencia de barreras, prohibiciones o restricciones que transitoria o permanentemente obstruyan el despliegue de infraestructura en un \u00e1rea determinada de la respectiva entidad territorial. Una vez efectuada la constataci\u00f3n por parte de la CRC y en un t\u00e9rmino no mayor de treinta (30) d\u00edas, \u00e9sta emitir\u00e1 un concepto, en el cual informar\u00e1 a las autoridades territoriales responsables la necesidad de garantizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la realizaci\u00f3n de los derechos constitucionales en los t\u00e9rminos del primer inciso del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


Comunicado el concepto, la autoridad respectiva dispondr\u00e1 de un plazo m\u00e1ximo de treinta (30) d\u00edas para informar a la CRC las acciones que ha decidido implementar en el t\u00e9rmino de seis (6) meses para remover el obst\u00e1culo o barrera identificado por la CRC, as\u00ed como las alternativas que permitir\u00e1n el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el \u00e1rea determinada, incluidas, entre estas, las recomendaciones contenidas en el concepto de la CRC.<\/font><\/p>\n


Antes del vencimiento de este plazo, la autoridad de la entidad territorial podr\u00e1 acordar con la CRC la mejor forma de implementar las condiciones t\u00e9cnicas en las cuales se asegurar\u00e1 el despliegue.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. Cuando el plan de ordenamiento territorial no permita realizar las acciones necesarias que requieran las autoridades territoriales para permitir el despliegue de infraestructura para telecomunicaciones, el alcalde podr\u00e1 promover las acciones necesarias para implementar su modificaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. A partir de la radicaci\u00f3n de la solicitud de licencia para la construcci\u00f3n, instalaci\u00f3n, modificaci\u00f3n u operaci\u00f3n de cualquier equipamiento para la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones, la autoridad competente para decidir tendr\u00e1 un plazo de dos (2) meses para el otorgamiento o no de dicho permiso. Transcurridos ese plazo sin que se haya notificado decisi\u00f3n que resuelva la petici\u00f3n, se entender\u00e1 concedida la licencia en favor del peticionario en los t\u00e9rminos solicitados en raz\u00f3n a que ha operado el silencio administrativo positivo, salvo en los casos se\u00f1alados por la Corte Constitucional. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino de los (2) meses, la autoridad competente para la ordenaci\u00f3n del territorio, deber\u00e1 reconocer al peticionario los efectos del silencio administrativo positivo, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstenci\u00f3n genere para el funcionario encargado de resolver.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3\u00b0. Los elementos de transmisi\u00f3n y recepci\u00f3n que hacen parte de la infraestructura de los proveedores de las redes y servicios de telecomunicaciones, tales como picoceldas o microceldas, que por sus caracter\u00edsticas en dimensi\u00f3n y peso puedan ser instaladas sin la necesidad de obra civil para su soporte estar\u00e1n autorizadas para ser instaladas sin mediar licencia de autorizaci\u00f3n de uso del suelo, siempre y cuando respeten la reglamentaci\u00f3n en la materia expedida por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC).<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La Corte Constitucional se declara INHIBIDA  de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-183-16<\/a><\/b>, de Abril 13 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. "Examinada nuevamente la aptitud de los cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad contra varios segmentos del art\u00edculo 193 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Corte encontr\u00f3 que algunos de ellos carec\u00edan de la certeza que se requiere para abordar un examen y decisi\u00f3n de fondo en relaci\u00f3n con el contenido normativo impugnado y en otros, de la especificidad y suficiencia en el concepto de violaci\u00f3n constitucional. De manera concreta, en relaci\u00f3n con el inciso segundo del art\u00edculo 193, el actor no expuso cargo alguno, sino que se limit\u00f3 a se\u00f1alar que la funci\u00f3n de \u201cidentificaci\u00f3n de barreras\u201d no les corresponde a las autoridades locales, sino a las nacionales, no obstante que la misma norma que se cuestiona establece textualmente que \u201clas autoridades de todos los \u00f3rdenes territoriales identificar\u00e1n los obst\u00e1culos\u201d, por lo cual, el cargo carece de certeza. La Corte observ\u00f3 que ocurr\u00eda algo similar con el par\u00e1grafo 1\u00ba de la disposici\u00f3n, puesto que el demandante sostiene que les impone a los alcaldes la obligaci\u00f3n de proponer la modificaci\u00f3n del POT, cuando es claro que la ley empela la expresi\u00f3n \u201cpodr\u00e1\u201d que no es equivalente a una obligaci\u00f3n sino a una facultad de ejercicio sujeta a la decisi\u00f3n de la autoridad respectiva. Por ende, este argumento carece de certeza. La Corte constat\u00f3 que en realidad, el cuestionamiento planteado en la demanda no se dirige tanto contra la ley sino contra una circular conjunta emitida por el Ministerio de tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Telecomunicaciones y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que no necesariamente es prueba del sentido normativo de una ley, ya que eventualmente, podr\u00eda llegar a contradecirla. Una interpretaci\u00f3n de la ley por parte de la administraci\u00f3n p\u00fablica puede ser el fundamento para cuestionar la constitucionalidad de la ley, como interpretaci\u00f3n viviente, pero para ello debe tratarse de una posici\u00f3n consistente, consolidada y relevante. En cuanto a los cargos formulados contra el inciso cuarto del art\u00edculo 193 parte de una premisa que no se demuestra y es el de que vulnera la autonom\u00eda de los concejos municipales por ser obligatorio el concepto del CRC en la remoci\u00f3n de todos los obst\u00e1culos y barreras \u2013incluso normativas- que existan para la infraestructura de las telecomunicaciones. El demandante no explica por qu\u00e9 se trata de un concepto obligatorio y aunque lo fuera, tampoco expone las razones por las cuales dicho concepto finalizar\u00eda la causa jur\u00eddicamente, no obstante que es un acto administrativo susceptible de impugnaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en la demanda se infiere que los conceptos de \u201cbarreras\u201d y \u201cobst\u00e1culos\u201d empleados en la norma por el legislador alude a normas locales sobre uso del suelo o protecci\u00f3n del patrimonio, sin sustentar de donde se deduce esa interpretaci\u00f3n, como tampoco expone el contenido de las normas constitucionales que invoca como censuradas, de manera que se pueda hacer la confrontaci\u00f3n que implica el control de constitucionalidad. Por consiguiente, la acci\u00f3n en este aspecto carece de especificidad y suficiencia. Otro tanto sucede con el cargo formulado respecto del par\u00e1grafo 3\u00ba, puesto que el actor no caracteriza los elementos contenidos en la norma cuya constitucionalidad cuestiona, ni hace expl\u00edcitas las razones por las cuales esta regulaci\u00f3n contradice presuntamente principios superiores. Por lo expuesto, la Corte consider\u00f3 que no estaban dadas las condiciones para emitir un fallo de fondo y por ende, debe proceder a inhibirse."<\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/FONT><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 194. <\/a>Expansi\u00f3n de las telecomunicaciones sociales y mejoramiento de la calidad de los servicios TIC.<\/b> El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (MinTIC), dise\u00f1ar\u00e1 e implementar\u00e1 planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (TIC) a las zonas apartadas del pa\u00eds. Para el efecto, se tendr\u00e1 en cuenta los siguientes lineamientos:<\/font><\/p>\n


a) Acceso a las TIC en zonas rurales y urbanas. El MinTIC podr\u00e1 apoyar la conectividad de los centros de acceso comunitarios a Internet rurales y urbanos desplegados en territorio nacional con cargo a los recursos del sector, teniendo en cuenta criterios de focalizaci\u00f3n, y promover\u00e1 que las entidades del Estado hagan uso y apoyen dichos centros.<\/font><\/p>\n


b) Masificaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y aplicaciones. El MinTIC podr\u00e1 establecer planes de masificaci\u00f3n del acceso a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones para la poblaci\u00f3n de menores recursos.<\/font><\/p>\n


Dichos planes podr\u00e1n incorporar subsidios a grupos espec\u00edficos de poblaci\u00f3n de menores ingresos o en condiciones socioecon\u00f3micas y geogr\u00e1ficas menos favorables, para el suministro de los servicios de telecomunicaciones, los equipos terminales, los paneles solares las aplicaciones y los servicios de capacitaci\u00f3n para la apropiaci\u00f3n de dicha tecnolog\u00eda.<\/font><\/p>\n


El MinTIC, con el apoyo t\u00e9cnico de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC), definir\u00e1 las caracter\u00edsticas de los planes, los montos de los subsidios, las condiciones de provisi\u00f3n de servicios, aplicaciones y terminales, as\u00ed como los mecanismos y procedimientos para la verificaci\u00f3n y control en la inversi\u00f3n de estos recursos por parte de los operadores.<\/font><\/p>\n


Para este efecto, el Ministerio podr\u00e1 asignar recursos del Fondo de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (FONTIC), y en el caso de desarrollar dichos planes a trav\u00e9s de proveedores de redes y servicios de comunicaciones, podr\u00e1 autorizar que estos destinen directamente para ello los recursos de la contraprestaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36\u00b0 de la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n


Dentro de este programa de masificaci\u00f3n, en poblaciones con menos de 50.000 habitantes, el FONTIC tambi\u00e9n podr\u00e1 subsidiar la prestaci\u00f3n del servicio de acceso a internet a nuevos usuarios que re\u00fanan las mismas caracter\u00edsticas del inciso primero de este literal, a trav\u00e9s de los operadores de televisi\u00f3n comunitaria y televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, para lo cual los operadores de televisi\u00f3n comunitaria podr\u00e1n prestar servicios de Internet y telefon\u00eda sin afectar su licencia de televisi\u00f3n, previo cumplimiento de inscripci\u00f3n en el Registro de TIC de que trata la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>.<\/font><\/p>\n


c) Despliegue de la Televisi\u00f3n Digital. La Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n (ANTV) promover\u00e1 el desarrollo de la Televisi\u00f3n Digital Terrestre (TDT) y Directto Home (DTH) para que \u00e9sta llegue a todo el territorio nacional. Para esto, el Fondo de Desarrollo de la Televisi\u00f3n y los Contenidos podr\u00e1 subsidiar equipos terminales, televisores, y paneles solares dirigidos a centros comunitarios y escuelas p\u00fablicas en zonas apartadas del pa\u00eds.<\/font><\/p>\n


d) Obligaciones de hacer como forma de pago por el uso del espectro radioel\u00e9ctrico. El MinTIC podr\u00e1 establecer obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestaci\u00f3n por el otorgamiento o renovaci\u00f3n de los permisos de uso del espectro radioel\u00e9ctrico para beneficiar con TIC a habitantes de bajos ingresos, zonas apartadas y escuelas p\u00fablicas. As\u00ed mismo podr\u00e1 imponer obligaciones para prestar redes para emergencias. Las inversiones a reconocer ser\u00e1n determinadas por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que se defina al respecto.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Los subsidios de que trata el presente art\u00edculo se otorgar\u00e1n por el t\u00e9rmino de cuatro (4) a\u00f1os contados a partir de la expedici\u00f3n de la presente ley, siempre que guarden consistencia con el marco de gasto de mediano plazo y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 195. <\/a>Planes regionales de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones.<\/b> El Ministerio de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (MinTIC) incluir\u00e1 programas regionales de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (TIC), en coordinaci\u00f3n con Colciencias y otras entidades del Estado. Dichos planes estar\u00e1n alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. El MinTIC apoyar\u00e1 el desarrollo de los planes de TIC dise\u00f1ados por los municipios que incorporen la aplicaci\u00f3n del "C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas para el despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones" emitido por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de las Comunicaciones (CRC), la cual evaluar\u00e1 la efectiva incorporaci\u00f3n de los elementos de dicho c\u00f3digo a sus planes de ordenamiento territorial o al instrumento que haga sus veces.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 196. <\/a>Presentaci\u00f3n de proyectos en beneficio de las regiones<\/b>. El Gobierno Nacional a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n podr\u00e1 presentar a los \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n (OCAD) proyectos de impacto regional, en beneficio del desarrollo de las regiones en los que concurran distintas fuentes de financiaci\u00f3n p\u00fablicas o privadas y con cargo a las asignaciones de los fondos de desarrollo regional y de compensaci\u00f3n regional del Sistema General de Regal\u00edas. Estos proyectos en todos los casos deber\u00e1n cumplir con los criterios de selecci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, viabilidad, priorizaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n que establezca el sistema de evaluaci\u00f3n basado en puntajes de que trata el art\u00edculo 40\u00b0 de la Ley 1744 de 2014.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 197.<\/a> Destinaci\u00f3n de recursos del Sistema General de Regal\u00edas para la estructuraci\u00f3n de proyectos.<\/b> Los recursos provenientes del Sistema general de Regal\u00edas, a petici\u00f3n de los entes territoriales podr\u00e1n destinarse a reconocer los costos derivados de la estructuraci\u00f3n t\u00e9cnica, legal y financiera de proyectos por parte de entidades financieras del orden nacional con participaci\u00f3n estatal. Para el caso de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n, dicho reconocimiento proceder\u00e1 tambi\u00e9n para las instituciones de educaci\u00f3n superior, debidamente acreditadas institucionalmente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 53\u00b0 de la Ley 30 de 1992 o la norma que la modifique, aclare, adicione o sustituya, y de acuerdo con los criterios que establezca el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


Las entidades territoriales deber\u00e1n presentar ante los \u00d3rganos Colegiados de Administraci\u00f3n y Decisi\u00f3n los soportes que acrediten los costos de la estructuraci\u00f3n de los proyectos, integrados a los costos de inversi\u00f3n del proyecto. Una vez aprobado el proyecto y apropiados los recursos, las entidades territoriales deber\u00e1n transferir a la entidad estructuradora el reconocimiento correspondiente, quien deber\u00e1 reinvertirlo en la estructuraci\u00f3n de otros nuevos proyectos, en beneficio de las regiones, a financiarse con cargo a los recursos del Sistema General de Regal\u00edas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 198. <\/a>Contratos Plan.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 8. Contratos Plan<\/b>. El Contrato Plan es un acuerdo marco de voluntades de car\u00e1cter estrat\u00e9gico entre la Naci\u00f3n y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos program\u00e1ticos y de desempe\u00f1o definido entre \u00e9stas para la ejecuci\u00f3n asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversi\u00f3n nacional y territorial. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En desarrollo de este acuerdo marco se suscribir\u00e1n contratos espec\u00edficos en los cuales se se\u00f1alar\u00e1 el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecuci\u00f3n y se comprometer\u00e1n los recursos de fuente nacional y territorial que se destino para su ejecuci\u00f3n, as\u00ed como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordar\u00e1n los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los dem\u00e1s aspectos necesarios para garantizar la r\u00e1pida y eficiente ejecuci\u00f3n de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada regi\u00f3n".<\/font><\/p>\n


Los contratos plan constituyen un instrumento para el planeamiento y la promoci\u00f3n del desarrollo regional. En tal sentido son un punto de articulaci\u00f3n del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Departamentales y Municipales.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional buscar\u00e1 que, en los casos que corresponda, sus acciones en materia de inversi\u00f3n p\u00fablica operen bajo este esquema. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n DNP promover\u00e1 la aplicaci\u00f3n de esta herramienta, as\u00ed como establecer\u00e1 los mecanismos de seguimiento y evaluaci\u00f3n de los Contratos Plan acordados por el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 199.<\/a> Mecanismos para la ejecuci\u00f3n de los Contratos Plan.<\/b> Cr\u00e9ase el Fondo Regional para los Contratos Plan como un instrumento de gesti\u00f3n para facilitar la ejecuci\u00f3n de estos contratos. Este Fondo de naturaleza especial, ser\u00e1 una cuenta sin personer\u00eda jur\u00eddica, adscrita al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n que podr\u00e1 ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participaci\u00f3n estatal. Estar\u00e1 constituido con los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiaci\u00f3n que en \u00e9l concurran y sus recursos se destinar\u00e1n al cumplimiento de los acuerdos, objetivos, metas y resultados convenidos en cada Contrato Plan.<\/font><\/p>\n


Los recursos diferentes a aquellos provenientes del Presupuesto General de la Naci\u00f3n que concurran a este Fondo, ingresar\u00e1n en calidad de dep\u00f3sito y se ejecutar\u00e1n conforme a los mecanismos que se acuerden para cada caso, en subcuentas separadas por cada Contrato Plan.<\/font><\/p>\n


En desarrollo del principio de especializaci\u00f3n los proyectos que se ejecuten en el marco de los contratos plan deber\u00e1n contar con el concepto t\u00e9cnico previo del Ministerio o del Departamento Administrativo del ramo o sector.<\/font><\/p>\n


Lo anterior, sin perjuicio de otros mecanismos que puedan acordar las partes para la administraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los Contratos Plan.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Gobierno Nacional establecer\u00e1 una bolsa de recursos para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecuci\u00f3n de los Contratos Plan.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 200.<\/a> Planeaci\u00f3n y pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas al cierre de brechas intra e interregionales.<\/b> El Gobierno Nacional, y los gobiernos departamentales y municipales enfocar\u00e1n sus planes de desarrollo y articular\u00e1n sus pol\u00edticas, estrategias e inversiones dando prioridad al cierre de brechas socio-econ\u00f3micas intra e interregionales, de acuerdo con su identificaci\u00f3n objetiva a partir de la informaci\u00f3n estad\u00edstica oficial disponible. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n definir\u00e1 con cada sector la forma como se implementar\u00e1 dicha priorizaci\u00f3n mediante el redise\u00f1o de programas, el redireccionamiento de recursos o el desarrollo de nuevas intervenciones. Lo anterior con el fin de promover la convergencia regional y la igualdad de oportunidades en cuanto a las condiciones de acceso a los servicios del Estado y al beneficio equitativo de los frutos del desarrollo por parte de todas las entidades territoriales y sus pobladores.<\/font><\/p>\n


En la implementaci\u00f3n de este enfoque, las entidades nacionales y los gobiernos sub nacionales dar\u00e1n prioridad a las zonas m\u00e1s rezagadas, con especial atenci\u00f3n en las zonas de frontera.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, establecer\u00e1 los mecanismos y criterios con los cuales se evaluar\u00e1 la articulaci\u00f3n de los planes de desarrollo departamentales y municipales frente a la estrategia de brechas del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno Nacional establecer\u00e1 indicadores diferenciales y metas que permitan medir la inclusi\u00f3n social en diversos sectores relacionados con las pol\u00edticas orientadas al cierre de brechas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 201. <\/a>Programas y proyectos para el desarrollo y la integraci\u00f3n fronteriza.<\/b> A partir del a\u00f1o 2016, cada ministerio, departamento administrativo y dem\u00e1s entidades del orden nacional, identificar\u00e1n en el marco de sus competencias, los programas y proyectos espec\u00edficos encaminados al desarrollo e integraci\u00f3n de las regiones de fronteras. Dichos programas ser\u00e1n concertados con las entidades territoriales fronterizas del pa\u00eds.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 202.<\/a> Del Comit\u00e9 Directivo del Fondo Promoci\u00f3n Tur\u00edstica.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 11\u00b0 de la Ley 1101 de 2006, modificatorio del art\u00edculo 46\u00b0 de la Ley 300 de 1996, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 11. Del Comit\u00e9 Directivo del Fondo Promoci\u00f3n Tur\u00edstica<\/b>. El Fondo de Promoci\u00f3n Tur\u00edstica tendr\u00e1 un comit\u00e9 directivo, cuya integraci\u00f3n ser\u00e1 definida por el Gobierno Nacional mediante decreto, para lo cual deber\u00e1 garantizar la participaci\u00f3n en el mismo del sector privado, las organizaciones gremiales de aportantes y las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 1. La adopci\u00f3n de las decisiones del comit\u00e9 directivo, requerir\u00e1 el voto favorable del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Transitorio. El Comit\u00e9 Directivo del Fondo Nacional de Turismo a que se refiere el art\u00edculo 20 de la Ley 1558 de 2012, continuar\u00e1 ejerciendo sus funciones hasta que se integre el nuevo comit\u00e9 de que trata este art\u00edculo, que no podr\u00e1 exceder el t\u00e9rmino de seis (6) meses contados a partir de la promulgaci\u00f3n de esta ley." <\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 203.<\/a> Recursos de FONTUR.<\/b> Los recursos del Presupuesto Nacional a los que se refiere el art\u00edculo 21 0 de la Ley 1558 de 2012, ser\u00e1n ejecutados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien podr\u00e1 delegar dicha ejecuci\u00f3n en el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) y para tal efecto los transferir\u00e1 al patrimonio aut\u00f3nomo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 204<\/a>. Est\u00edmulos para el uso de la bicicleta y los tricim\u00f3viles no motorizados.<\/b> El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Transporte, realizar\u00e1 acciones tendientes a promover el uso de modos no motorizados y tecnolog\u00edas limpias, tales como bicicleta, tricim\u00f3viles y transporte peatonal en todo el territorio nacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo Primero. En un plazo no mayor a dos (2) a\u00f1os el Ministerio de Transporte reglamentar\u00e1 la prestaci\u00f3n del servicio de transporte p\u00fablico en tricim\u00f3viles no motorizados y la posibilidad de alimentaci\u00f3n de los mismos a los SITM, SETP, SITP y SITR de acuerdo con las necesidades propias de cada sistema.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Segundo. En un plazo no mayor a dos (2) a\u00f1os el Ministerio de Transporte dise\u00f1ar\u00e1 una metodolog\u00eda para incluir en los futuros proyectos de interconexi\u00f3n vial las condiciones en las que debe incluirse infraestructura segregada (ciclorutas o carril-bici) en zonas de alto flujo de ciclistas en entornos intermunicipales, ingresos a grandes ciudades, contornos o variantes urbanas, zonas de alta velocidad o de alto volumen de tr\u00e1fico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 205.<\/a> Celebraci\u00f3n de contratos de obra p\u00fablica en infraestructura concesionada.<\/b> El Instituto Nacional de V\u00edas (Inv\u00edas) podr\u00e1, excepcionalmente, celebrar y ejecutar contratos de obra p\u00fablica para realizar obras complementarias sobre infraestructura concesionada, sin que sea necesaria la desafectaci\u00f3n de la infraestructura a intervenir. El objeto de dichos contratos de obra p\u00fablica no podr\u00e1 comprender obras o inversiones que cambien sustancialmente el alcance del proyecto. La realizaci\u00f3n de la obra p\u00fablica deber\u00e1 ser pactada mediante convenio a celebrarse entre env\u00edas y la entidad p\u00fablica a cargo del contrato de concesi\u00f3n. En estos convenios se definir\u00e1 la fuente de financiaci\u00f3n y entidad responsable de la ejecuci\u00f3n y mantenimiento de la obra, as\u00ed como las dem\u00e1s condiciones necesarias para el efecto. Previamente, la entidad estatal concedente de la infraestructura y el concesionario, deber\u00e1n acordar los t\u00e9rminos en que \u00e9ste colaborar\u00e1 y apoyar\u00e1 la realizaci\u00f3n de dichas obras.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 206.<\/a> Evaluaci\u00f3n y priorizaci\u00f3n de proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada.<\/b> En proyectos de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada distintos de proyectos nacionales de infraestructura de transporte, la entidad competente deber\u00e1 verificar si el proyecto se ajusta a las pol\u00edticas sectoriales y a la priorizaci\u00f3n de proyectos a ser desarrollados. Resultado de esta verificaci\u00f3n, la entidad estatal competente solicitar\u00e1 al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n o a la entidad de planeaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, seg\u00fan corresponda, su concepto o recomendaciones sobre el proyecto con fundamento en la informaci\u00f3n suministrada por la entidad p\u00fablica, en particular, si el proyecto se ajusta a los planes de mediano y largo plazo del sector, y re\u00fane las condiciones que permitan inferir que podr\u00eda ser desarrollado bajo el esquema de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada. Para facilitar dicha evaluaci\u00f3n, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n expedir\u00e1 metodolog\u00edas y documentos de apoyo que permitan conocer con anticipaci\u00f3n, los requisitos y par\u00e1metros que deber\u00e1 cumplir la entidad competente para solicitar dicho concepto.<\/font><\/p>\n


Este concepto deber\u00e1 ser solicitado previamente a la aceptaci\u00f3n de la prefactibilidad en el caso de iniciativas privadas o en una etapa similar en el caso de iniciativas p\u00fablicas. La entidad competente deber\u00e1 considerar en sus estructuraciones la posibilidad y los mecanismos de terminaci\u00f3n anticipada en caso de que el concepto al cual se ha hecho referencia, sea desfavorable y considere acogerlo.<\/font><\/p>\n


En todo caso, este concepto no implica una aprobaci\u00f3n del proyecto, ni except\u00faa a la entidad p\u00fablica competente de justificar una vez se encuentre estructurado el proyecto, la utilizaci\u00f3n del mecanismo de asociaci\u00f3n p\u00fablico privada como una modalidad eficiente para el desarrollo del proyecto, de conformidad con los par\u00e1metros definidos por el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 207.<\/a> Ajuste del marco regulatorio de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 20\u00b0 de la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 20. Composici\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC).<\/b> Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones tendr\u00e1 la siguiente composici\u00f3n:<\/font><\/p>\n


El Ministro de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, o el Viceministro general como su delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n o el Subdirector como su delegado, y tres (3) comisionados de dedicaci\u00f3n exclusiva para per\u00edodos de cuatro (4) a\u00f1os, no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa. Los comisionados ser\u00e1n designados por el Presidente de la Rep\u00fablica los cuales podr\u00e1n ser abogados, ingenieros electr\u00f3nicos o de telecomunicaciones o economistas. En todo caso, al menos un comisionado deber\u00e1 ser ingeniero.<\/font><\/p>\n


Los comisionados deben ser ciudadanos colombianos mayores de 30 a\u00f1os, con t\u00edtulo de pregrado y maestr\u00eda o doctorado afines, y con experiencia m\u00ednima relacionada de ocho (8) a\u00f1os en el ejercicio profesional.<\/font><\/p>\n


Uno de los comisionados, en forma rotatoria, ejercer\u00e1 las funciones de Director Ejecutivo de acuerdo con el reglamento interno, adoptado por la misma Comisi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. La Presidencia de la Sesi\u00f3n de CRC ser\u00e1 ejercida por quien los miembros de la Comisi\u00f3n designen, y la misma podr\u00e1 sesionar y decidir con la mayor\u00eda simple de sus miembros. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. La CRC contar\u00e1 adicionalmente con una Coordinaci\u00f3n Ejecutiva. La Direcci\u00f3n Ejecutiva y la Coordinaci\u00f3n Ejecutiva, cumplir\u00e1n sus funciones con el apoyo de grupos internos de trabajo, definidos en su reglamento interno.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 208.<\/a> Sanciones de la Superservicios.<\/b> Modif\u00edquese el numeral 81.2 y adici\u00f3nense dos par\u00e1grafos al art\u00edculo 81 de la Ley 142 de 1994, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"81.2.<\/b> Multas hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales para personas naturales y hasta por el equivalente a cien mil (100.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales para personas jur\u00eddicas. Si el infractor no proporciona informaci\u00f3n suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta d\u00edas siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicar\u00e1n las otras sanciones que aqu\u00ed se prev\u00e9n. Los recursos producto de las multas que imponga esta Superintendencia ingresar\u00e1n al Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de 2003. Las empresas a las que se multe podr\u00e1n repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanci\u00f3n. La repetici\u00f3n ser\u00e1 obligatoria cuando se trate de servidores p\u00fablicos, de conformidad con el art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n."<\/font><\/p>\n


"Par\u00e1grafo 1. Sobre las multas a las que hace referencia el numeral 81.2 del presente art\u00edculo, el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley reglamentar\u00e1 los criterios y la metodolog\u00eda para graduar y calcular las multas. En todo caso la reglamentaci\u00f3n del Gobierno Nacional tendr\u00e1 en cuenta criterios como el impacto de la infracci\u00f3n sobre la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico, el tiempo durante el cual se present\u00f3 la infracci\u00f3n, el n\u00famero de usuarios afectados, el beneficio obtenido por el infractor, la cuota del mercado o el beneficio econ\u00f3mico que se hubiere obtenido producto de la infracci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


La reglamentaci\u00f3n tambi\u00e9n incorporar\u00e1 circunstancias de agravaci\u00f3n y atenuaci\u00f3n como el factor de reincidencia, la existencia de antecedentes en relaci\u00f3n con incumplimiento de compromisos adquiridos o de \u00f3rdenes de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y la colaboraci\u00f3n con las autoridades en el conocimiento o en la investigaci\u00f3n de la conducta.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. La facultad que tiene la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios para imponer una sanci\u00f3n por la violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos caducar\u00e1 transcurridos cinco (5) a\u00f1os de haberse ejecutado la conducta violatoria o del \u00faltimo hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n<\/blockquote>\n

Art\u00edculo 209<\/a>. Gu\u00eda \u00fanica de transporte de gas licuado de petr\u00f3leo.<\/b> Con el fin de combatir el transporte ilegal de gas licuado de petr\u00f3leo (GLP), el Ministerio de Minas y Energ\u00eda reglamentar\u00e1 el uso de la Gu\u00eda \u00danica de Transporte de Gas Licuado de Petr\u00f3leo de acuerdo con lo previsto en el Cap\u00edtulo X del Decreto 4299 de 2005; esta gu\u00eda se constituye en requisito indispensable para el transporte de este combustible por parte de los agentes de la cadena.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 210.<\/a> Sistema de Informaci\u00f3n de Combustibles. <\/b>El Sistema de Informaci\u00f3n creado mediante el art\u00edculo 61\u00b0 de la Ley 1151 del 2007 y modificado por el art\u00edculo 100\u00b0 de la Ley 1450 del 2011 , denominado Sistema de Informaci\u00f3n de Combustibles, seguir\u00e1 funcionando para realizar un eficiente control sobre los agentes de la cadena de distribuci\u00f3n de combustibles l\u00edquidos, biocombustibles, gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petr\u00f3leo (GLP) para uso vehicular.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-105-16<\/a><\/b>, Marzo 2 de 2016; Magistrado Ponente Dra.  Gloria Stella Ortiz Delgado. "La Corte declar\u00f3 exequibles los apartes normativos demandados, pues consider\u00f3 infundados los cuatro cargos planteados contra ellos. Los cargos se basaban en que tales apartes normativos no fueron objeto de discusi\u00f3n ni decisi\u00f3n en primer debate en sesi\u00f3n conjunta de las comisiones constitucionales permanentes en el Congreso de la Rep\u00fablica, y en que su contenido no guarda relaci\u00f3n con las materias del Plan Nacional de Desarrollo que s\u00ed fueron discutidas. La Corte, por el contrario, encontr\u00f3 que aun cuando el art\u00edculo 210 efectivamente fue incluido en el segundo debate, el contenido del mismo s\u00ed fue objeto de discusi\u00f3n en las etapas previas. Por otra parte, consider\u00f3 que existe una relaci\u00f3n directa entre la materia del art\u00edculo objeto de la demanda y la del Plan Nacional de Desarrollo. Contrario a lo alegado por el demandante, la Corte desech\u00f3 el primer cargo porque consider\u00f3 que la inclusi\u00f3n del art\u00edculo 210 en el segundo debate en el Congreso no desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible. La inclusi\u00f3n del gas licuado de petr\u00f3leo, GLP, como combustible para automotores y para otros usos, fue discutida en primer debate conjunto adelantado por las comisiones permanentes de Senado y C\u00e1mara, y s\u00ed tiene una relaci\u00f3n directa con los temas en torno a los cuales se articula el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco, encontr\u00f3 la Corte que se hubiera violado el tr\u00e1mite de expedici\u00f3n del Plan Nacional de Desarrollo en la etapa \u201cpre-legislativa\u201d ni los principios de planeaci\u00f3n participativa ni de democracia deliberativa. La utilizaci\u00f3n alternativa y vehicular del GLP se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, fue discutida con las entidades territoriales en el marco del Consejo Nacional de Planeaci\u00f3n (CONPES), y la sola ausencia del art\u00edculo 210 en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno al Congreso no es suficiente para configurar el vicio invocado por el demandante. El hecho de que el art\u00edculo 210 hubiera sido propuesto por algunos congresistas y no por el gobierno no vulnera la regla constitucional sobre iniciativa gubernamental exclusiva establecida en el art\u00edculo 341 de la Constituci\u00f3n. En primer lugar, porque no est\u00e1 incluida en el Plan General de Inversiones sino en la Parte General del Proyecto; en segunda medida, porque no contradice el prop\u00f3sito del gobierno con la expedici\u00f3n de la ley, y en todo caso, la inclusi\u00f3n de dicho art\u00edculo contaba con el aval gubernamental. Finalmente, la Corte desech\u00f3 el cuarto cargo, pues la supuesta ausencia de estudios e investigaciones sobre la utilizaci\u00f3n vehicular y alternativa del GLP no vulnera el principio de planeaci\u00f3n."<\/i><\/font>. <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

El Ministerio de Minas y Energ\u00eda dar\u00e1 continuidad directamente o por intermedio de terceros a la operaci\u00f3n de este sistema en el cual se deber\u00e1n registrar, como requisito para operar, los mencionados agentes. El Ministerio de Minas y Energ\u00eda continuar\u00e1 reglamentando los procedimientos, t\u00e9rminos y condiciones operativas del sistema, para lo cual aplicar\u00e1 las medidas necesarias para su cumplimiento.<\/font><\/p>\n


El SICOM ser\u00e1 la \u00fanica fuente de informaci\u00f3n oficial a la cual deben dirigirse todas las autoridades administrativas de cualquier orden que requieran de informaci\u00f3n de los agentes de la cadena de distribuci\u00f3n de combustibles en el pa\u00eds.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1\u00b0. *EXEQUIBLE*<\/b><\/i> Autor\u00edcese el uso de gas licuado de petr\u00f3leo (GLP) como carburante en motores de combusti\u00f3n interna, como carburante en transporte automotor (autog\u00e1s) y dem\u00e1s usos alternativos del GLP en todo el territorio nacional.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Minas y Energ\u00eda expedir\u00e1 los reglamentos necesarios para tal fin, as\u00ed como las condiciones de priorizaci\u00f3n en la utilizaci\u00f3n del GLP en situaciones de escasez, y en general la pol\u00edtica energ\u00e9tica aplicable al GLP en todo el territorio nacional.<\/font><\/p>\n


Cuando la oferta de gas licuado de petr\u00f3leo sea insuficiente para garantizar el abastecimiento de la demanda, el Gobierno Nacional, de acuerdo con los ordenamientos y par\u00e1metros establecidos en la Ley 142 de 1994, fijar\u00e1 el orden de atenci\u00f3n prioritaria en la regi\u00f3n o regiones afectadas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Par\u00e1grafo 1\u00b0 declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-105-16<\/a><\/b>, Marzo 2 de 2016; Magistrado Ponente Dra.  Gloria Stella Ortiz Delgado. "La Corte declar\u00f3 exequibles los apartes normativos demandados, pues consider\u00f3 infundados los cuatro cargos planteados contra ellos. Los cargos se basaban en que tales apartes normativos no fueron objeto de discusi\u00f3n ni decisi\u00f3n en primer debate en sesi\u00f3n conjunta de las comisiones constitucionales permanentes en el Congreso de la Rep\u00fablica, y en que su contenido no guarda relaci\u00f3n con las materias del Plan Nacional de Desarrollo que s\u00ed fueron discutidas. La Corte, por el contrario, encontr\u00f3 que aun cuando el art\u00edculo 210 efectivamente fue incluido en el segundo debate, el contenido del mismo s\u00ed fue objeto de discusi\u00f3n en las etapas previas. Por otra parte, consider\u00f3 que existe una relaci\u00f3n directa entre la materia del art\u00edculo objeto de la demanda y la del Plan Nacional de Desarrollo. Contrario a lo alegado por el demandante, la Corte desech\u00f3 el primer cargo porque consider\u00f3 que la inclusi\u00f3n del art\u00edculo 210 en el segundo debate en el Congreso no desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible. La inclusi\u00f3n del gas licuado de petr\u00f3leo, GLP, como combustible para automotores y para otros usos, fue discutida en primer debate conjunto adelantado por las comisiones permanentes de Senado y C\u00e1mara, y s\u00ed tiene una relaci\u00f3n directa con los temas en torno a los cuales se articula el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco, encontr\u00f3 la Corte que se hubiera violado el tr\u00e1mite de expedici\u00f3n del Plan Nacional de Desarrollo en la etapa \u201cpre-legislativa\u201d ni los principios de planeaci\u00f3n participativa ni de democracia deliberativa. La utilizaci\u00f3n alternativa y vehicular del GLP se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, fue discutida con las entidades territoriales en el marco del Consejo Nacional de Planeaci\u00f3n (CONPES), y la sola ausencia del art\u00edculo 210 en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno al Congreso no es suficiente para configurar el vicio invocado por el demandante. El hecho de que el art\u00edculo 210 hubiera sido propuesto por algunos congresistas y no por el gobierno no vulnera la regla constitucional sobre iniciativa gubernamental exclusiva establecida en el art\u00edculo 341 de la Constituci\u00f3n. En primer lugar, porque no est\u00e1 incluida en el Plan General de Inversiones sino en la Parte General del Proyecto; en segunda medida, porque no contradice el prop\u00f3sito del gobierno con la expedici\u00f3n de la ley, y en todo caso, la inclusi\u00f3n de dicho art\u00edculo contaba con el aval gubernamental. Finalmente, la Corte desech\u00f3 el cuarto cargo, pues la supuesta ausencia de estudios e investigaciones sobre la utilizaci\u00f3n vehicular y alternativa del GLP no vulnera el principio de planeaci\u00f3n."<\/i><\/font>. <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


Par\u00e1grafo 2\u00b0. Garant\u00eda de Abastecimiento Seguro y Confiable de Combustibles. El Gobierno Nacional a trav\u00e9s las autoridades competentes garantizar\u00e1 las condiciones para asegurar la disponibilidad y suministro de combustibles l\u00edquidos en el mercado nacional, de manera confiable, continua y eficiente con producto nacional e importado.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional garantizar\u00e1 el desarrollo normal de las actividades de refinaci\u00f3n, transporte y distribuci\u00f3n de combustibles del pa\u00eds, frente a situaciones de hecho o decisiones normativas de car\u00e1cter local, regional, departamental, nacional que impidan o restrinjan la prestaci\u00f3n de este servicio p\u00fablico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 211.<\/a> Masificaci\u00f3n del uso del gas combustible. <\/b>Sin perjuicio de lo establecido en el art\u00edculo 98\u00b0 de la Ley 1450 del 2011 , podr\u00e1n financiarse con recursos del Sistema General de Regal\u00edas o con rentas propias de los municipios o departamentos, proyectos de masificaci\u00f3n del uso del gas combustible, mediante el otorgamiento de subsidios a los costos de conexi\u00f3n domiciliaria, a las redes internas y a otros gastos asociados a la conexi\u00f3n del servicios a cargos de los usuarios de los estratos 1, y 2, y de la poblaci\u00f3n del sector rural que cumpla con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de inter\u00e9s social rural. Con cargo a sus rentas propias, los municipios y departamentos tambi\u00e9n podr\u00e1n otorgar subsidios al consumo de gas combustible.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 212.<\/a> Programa Subsidio Aporte a la Pensi\u00f3n.<\/b> Las personas que fueron beneficiarias del programa Subsidio Aporte a la Pensi\u00f3n podr\u00e1n vincularse al servicio complementario de Beneficios Econ\u00f3micos Peri\u00f3dicos (BEPS) y trasladar un porcentaje de dicho subsidio en la proporci\u00f3n y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional. En todo caso ser\u00e1 prioritario el reconocimiento de la pensi\u00f3n si se logra cumplir los requisitos para ello. Las madres comunitarias, sustitutas y FAMI tambi\u00e9n podr\u00e1n beneficiarse de lo dispuesto en este art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 las condiciones para el traslado entre el sistema general de pensiones y BEPS, y la forma como el Programa Subsidio Aporte a la Pensi\u00f3n se cerrar\u00e1 gradualmente, manteniendo una alternativa para quien quiera obtener pensi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 213.<\/a> Reconocimiento del valor actuarial de madres comunitarias y sustitutas.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 1660 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Las Madres Comunitarias, FAMI y Sustitutas que ostentaron esta condici\u00f3n entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensional durante este periodo, podr\u00e1n beneficiarse del pago del valor actuarial de las cotizaciones para el citado periodo."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 214.<\/a> Tarifas de servicios p\u00fablicos para servicios de primera infancia y hogares sustitutos.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 127 de la Ley 1450 de 2011 el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 127. Tarifas de servicios p\u00fablicos para servicios de primera infancia y hogares sustitutos.<\/b> Para efecto del c\u00e1lculo de las tarifas de acueducto, alcantarillado, aseo, energ\u00eda el\u00e9ctrica y gas domiciliario, los inmuebles de uso residencial donde operan hogares sustitutos y donde se prestan servicios p\u00fablicos de atenci\u00f3n a primera infancia (hogares comunitarios de bienestar, centros de desarrollo infantil, hogares FAMI y hogares infantiles) ser\u00e1n considerados estrato uno (1), previa certificaci\u00f3n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 215. <\/a>Estrategia para la reducci\u00f3n de la mortalidad materna. <\/b>El Gobierno Nacional, bajo la coordinaci\u00f3n del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisi\u00f3n Nacional Intersectorial para la Promoci\u00f3n y Garant\u00eda de los Derechos Sexuales y Reproductivos, adelantar\u00e1, en uni\u00f3n con los entes territoriales, acciones integrales y de control exhaustivo para la identificaci\u00f3n temprana del embarazo y atenci\u00f3n de las embarazadas con enfoque de derecho humano.<\/font><\/p>\n


El Gobierno Nacional incentivar\u00e1 la creaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de programas para la reducci\u00f3n de mortalidad materna en las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 216. <\/a>Regulaci\u00f3n de los costos de administraci\u00f3n de informaci\u00f3n. <\/b>Con base en estudios t\u00e9cnicos se podr\u00e1n definir mecanismos que optimicen el sistema de recaudo del Sistema General de Seguridad Social, incluyendo la remuneraci\u00f3n de los servicios relacionados con este proceso, lo cual en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser igual o mayor al valor de la cotizaci\u00f3n mensual que realice el afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Para tal efecto, quien se encuentre prestando los servicios relacionados con los procesos de recaudo de aportes deber\u00e1 remitir la informaci\u00f3n de estructura de costos que soporta esta actividad, en las condiciones que para tal fin defina el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 217.<\/a> Ubicaci\u00f3n en medio familiar.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 56\u00b0 de la Ley 1098 de 2005, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 56. Ubicaci\u00f3n en medio familiar.<\/b>Es la ubicaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente con sus padres, o parientes cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos y atendiendo su inter\u00e9s superior.<\/font><\/p>\n


La b\u00fasqueda de parientes para la ubicaci\u00f3n en medio familiar, cuando a ello hubiere lugar, se realizar\u00e1 en el marco de la actuaci\u00f3n administrativa, esto es, durante los cuatro meses que dura la misma, o de la pr\u00f3rroga si fuere concedida, y no ser\u00e1 excusa para mantener al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en situaci\u00f3n de declaratoria de vulneraci\u00f3n. Los entes p\u00fablicos y privados brindar\u00e1n acceso a las solicitudes de informaci\u00f3n que en dicho sentido eleven las Defensor\u00edas de Familia, las cuales deber\u00e1n ser atendidas en un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas. El incumplimiento de este t\u00e9rmino constituir\u00e1 causal de mala conducta.<\/font><\/p>\n


Si de la verificaci\u00f3n del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de recursos econ\u00f3micos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informar\u00e1 a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 218.<\/a> Composici\u00f3n del n\u00facleo familiar para el acceso a la seguridad social.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 163\u00b0 de la Ley 100 de 1993, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 163. Beneficiarios del r\u00e9gimen contributivo de salud.<\/b> El n\u00facleo familiar del afiliado cotizante, estar\u00e1 constituido por:<\/font><\/p>\n


a) El c\u00f3nyuge; <\/font><\/p>\n


b) A falta de c\u00f3nyuge la cornpa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente; <\/font><\/p>\n


c) Los hijos hasta que cumplan los veinticinco (25) a\u00f1os de edad que dependen econ\u00f3micamente del afiliado; <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

d) Los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen econ\u00f3micamente del afiliado;<\/font><\/p>\n


e) Los hijos del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente del afiliado que se encuentren en las situaciones definidas en los numerales c) y d) del presente art\u00edculo;<\/font><\/p>\n


o Los hijos de beneficiarios y hasta que dichos beneficiarios conserven su condici\u00f3n;<\/font><\/p>\n


g) Las personas identificadas en los literales c), d) y e) del presente art\u00edculo que est\u00e1n a cargo del afiliado familiar hasta el tercer grado de consanguinidad como consecuencia del fallecimiento o la ausencia de sus padres o la p\u00e9rdida de la patria potestad por parte de los mismos;<\/font><\/p>\n


h) A falta de c\u00f3nyuge o compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente y de hijos, los padres del afiliado que no est\u00e9n pensionados y dependan econ\u00f3micamente de este; <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

i) Los menores entregados en custodia legal por la autoridad competente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 1, Se entiende que existe dependencia econ\u00f3mica cuando una persona recibe de otra los medios necesarios para su subsistencia. En el caso de los hijos entre los 18 y 25 a\u00f1os se presumir\u00e1 su incapacidad econ\u00f3mica sino se encuentran cotizando directamente como dependientes o independientes.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2, Con el fin de garantizar la debida identificaci\u00f3n de los reci\u00e9n nacidos, la Superintendencia de Notariado y Registro y las notar\u00edas implementar\u00e1n medidasque permitan la expedici\u00f3n del registro civil de nacimiento en la instituci\u00f3n prestadora de servicios de salud -IPS que atienda el parto.<\/font><\/p>\n


La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro y las notar\u00edas suministrar\u00e1n la informaci\u00f3n y las bases de datos que administren, con la oportunidad que las requieran el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social para su procesamiento e integraci\u00f3n con el Sistema de informaci\u00f3n del Sistema General de Seguridad Social en Salud".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 219.<\/a> Saneamiento fiscal y financiero en salud.<\/b> Las fundaciones de que trata el art\u00edculo 68\u00b0 de la Ley 1438 de 2011 que hayan sido caracterizadas en riesgo fiscal y financiero medio o alto por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social podr\u00e1n acceder a recursos del programa de saneamiento fiscal y financiero de que trata la referida ley y dem\u00e1s disposiciones vigentes. Dichas instituciones podr\u00e1n presentar a consideraci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico sus programas de saneamiento fiscal y financiero hasta el31 de julio de 2015.<\/font><\/p>\n


El Ministerio de Salud y de Protecci\u00f3n Social -MSPS- evaluar\u00e1 el riesgo fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado -ESE- que fueron remitidas a la Superintendencia Nacional de Salud en la vigencia 2013 y 2014. Las ESE que el MSPS categorice en riesgo medio y alto y que no hayan remitido la informaci\u00f3n a tiempo, por causas no imputables a las ESE, podr\u00e1n volver a presentar, por una
\u00fanica vez y durante los 60 d\u00edas despu\u00e9s de expedida la resoluci\u00f3n del MSPS que las declare en riesgo, los programas de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. Lo anterior, seg\u00fan el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 1608 de 2013 y bajo las condiciones y t\u00e9rminos que establezca el reglamento. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 220.<\/a> Promoci\u00f3n y Fomento de las Empresas Mipyme Cooperativas y de la Econom\u00eda Solidaria.<\/b> Adici\u00f3nese el siguiente par\u00e1grafo al art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 590 de 2000:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo 2. Las empresas cooperativas y de la econom\u00eda solidaria, que sean clasificadas como Mipymes de acuerdo con el art\u00edculo 2\u00b0 de la presente ley, ser\u00e1n atendidas en igualdad de condiciones por parte de las entidades estatales".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 221.<\/a> Cobro de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo.<\/b> El cobro de las multas impuestas por la Direcci\u00f3n de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo en favor del SENA, podr\u00e1 ser tercerizado con una entidad p\u00fablica del orden nacional, sin variar la destinaci\u00f3n de los recursos establecidos en I el art\u00edculo 30 de la Ley 119 de 1994. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 222.<\/a> Acreditaci\u00f3n de alta calidad a licenciaturas<\/b>. Los programas acad\u00e9micos de licenciaturas a nivel de pregrado que tengan como m\u00ednimo cuatro (4) cohortes de egresados y que no se encuentren acreditados en alta calidad, deber\u00e1n obtener dicho reconocimiento en un plazo de dos (2) a\u00f1os contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.<\/font><\/p>\n


Los programas de licenciaturas a nivel de pregrado que no cuenten con el requisito de cohortes antes mencionado deber\u00e1n adelantar el tr\u00e1mite de acreditaci\u00f3n en alta calidad en un plazo de dos (2) a\u00f1os, una vez cumplido el mismo.<\/font><\/p>\n


La no obtenci\u00f3n de dicha acreditaci\u00f3n en los t\u00e9rminos anteriormente descritos, traer\u00e1 consigo la p\u00e9rdida de vigencia del registro calificado otorgado para el funcionamiento del mismo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El otorgamiento del registro calificado para licenciaturas y programas acad\u00e9micos enfocados a la educaci\u00f3n, deber\u00e1 cumplir unos par\u00e1metros m\u00ednimos de calidad establecidos por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional mediante estudios t\u00e9cnicos, sin perjuicio de la autonom\u00eda universitaria. Para ello, el Gobierno Nacional deber\u00e1 nivelar los criterios del registro calificado a los de alta calidad establecidos para estos programas, en un plazo de dos (2) a\u00f1os contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 223.<\/a> Recursos para la infraestructura en educaci\u00f3n superior.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 86\u00b0 de la Ley 30 de 1992, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 86.<\/b> Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estar\u00e1n constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversi\u00f3n, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada instituci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Las universidades estatales u oficiales recibir\u00e1n anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. En todo caso la Naci\u00f3n y las entidades territoriales podr\u00e1n realizar de manera excepcional frente a situaciones espec\u00edficas que lo requieran, aportes adicionales que se destinen para el financiamiento de infraestructura de universidades p\u00fablicas, los cuales no har\u00e1n parte de la base presupuestal para el c\u00e1lculo de los aportes se\u00f1alados en el presente art\u00edculo."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 224.<\/a><\/b> Fomento de libros digitales. Adici\u00f3nese el literal k al art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 98 de 1993, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"k) Fomentar y apoyar la digitalizaci\u00f3n y producci\u00f3n de libros, mediante el est\u00edmulo a su edici\u00f3n y comercializaci\u00f3n, facilitando el acceso a esta herramienta tecnol\u00f3gica tanto en zonas urbanas como en rurales."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 225. <\/a>Promoci\u00f3n de artes esc\u00e9nicas.<\/b> Los contribuyentes que paguen o suscriban acuerdos de pago en relaci\u00f3n con los impuestos derogados por la Ley 1493 de 2011 no podr\u00e1n ser objeto del cobro o ejecuci\u00f3n de intereses o sanciones.<\/font><\/p>\n


Los acuerdos de pago podr\u00e1n contemplar la posibilidad de cumplir con la obligaci\u00f3n mediante la asignaci\u00f3n de entradas gratuitas a la poblaci\u00f3n objetivo que determine la entidad territorial interesada. Igualmente, los montos que no se pacten a trav\u00e9s de la compensaci\u00f3n antes descrita podr\u00e1n ser descontados de la contribuci\u00f3n parafiscal cultural a la boleter\u00eda de los espect\u00e1culos p\u00fablicos de las artes esc\u00e9nicas que a partir de la expedici\u00f3n de la presente ley se genere a cargo del contribuyente que suscriba el acuerdo de pago respectivo. En ambos casos, el plazo m\u00e1ximo de los acuerdos de pago ser\u00e1 de veinte (20) a\u00f1os.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 226.<\/a> Funciones del Fondo Nacional del Ahorro (FNA<\/b>). Adici\u00f3nese los literales k) y 1) al art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 432 de 1998, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"k) Brindar asesor\u00eda y asistencia t\u00e9cnica en lo referente al dise\u00f1o, ejecuci\u00f3n, administraci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y gesti\u00f3n de proyectos o programas de preinversi\u00f3n e inversi\u00f3n, relacionados con el sector de vivienda, el h\u00e1bitat y equipamiento urbano, dirigidos a los afiliados del FNA.<\/font><\/p>\n


L) Celebrar contratos de fiducia para administrar recursos que le transfiera otras entidades p\u00fablicas para financiar la ejecuci\u00f3n de programas especiales relacionados con el sector vivienda, el h\u00e1bitat y equipamiento urbano."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 227.<\/a><\/b> Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios. Modif\u00edquese el art\u00edculo 247\u00b0 de la Ley 1450 del 2011, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 247.<\/b> Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios. En la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios seguir\u00e1 funcionando el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a trav\u00e9s de un patrimonio aut\u00f3nomo cuyo ordenador del gasto ser\u00e1 el superintendente de servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Este Fondo podr\u00e1 financiar a las empresas en toma de posesi\u00f3n para: i) Pagos para la satisfacci\u00f3n de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general para el pago de las obligaciones laborales y, ii) apoyo para salvaguardar la prestaci\u00f3n del servicio a cargo de la empresa en toma de posesi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Igualmente podr\u00e1 contratar y\/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en \u00e1reas financieras, t\u00e9cnicas, legales y log\u00edsticas a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesi\u00f3n, as\u00ed como los estudios necesarios para determinar la procedencia de la medida de toma de posesi\u00f3n y las medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.<\/font><\/p>\n


As\u00ed mismo, de forma excepcional y por una sola vez, el Fondo podr\u00e1 apoyar con recursos a la empresa en toma de posesi\u00f3n para asegurar la viabilidad del esquema de soluci\u00f3n a largo plazo en los servicios de agua potable y saneamiento b\u00e1sico, acorde con la reglamentaci\u00f3n que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Lo dispuesto en el presente inciso tambi\u00e9n ser\u00e1 aplicable a las empresas que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en toma de posesi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


A este Fondo ingresar\u00e1n los recursos de los excedentes de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico (CRA), de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Energ\u00eda y Gas (CREG), y el producto de las multas que imponga esta superintendencia."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 228.<\/a> Ajuste de la tasa retributiva. <\/b>Los Planes de Sanearniento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el c\u00e1lculo de factor regional de tasas retributivas se ajustar\u00e1n a 1 de manera inmediata cuando quiera que existan retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio p\u00fablico de alcantarillado. El Gobierno Nacional a trav\u00e9s de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentar\u00e1 las condiciones bajos las cuales las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales y dem\u00e1s autoridades ambientales verificar\u00e1n los motivos que dieron lugar al incumplimiento de los PSMV.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 229.<\/a> Enfoque diferencial para vivienda de inter\u00e9s prioritario. <\/b>Adici\u00f3nese el siguiente par\u00e1grafo al art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1537 de 2012:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo 5. En la convocatoria para el desarrollo de proyectos de vivienda de inter\u00e9s prioritario en zonas o departamentos de dif\u00edcil acceso, se exigir\u00e1 come m\u00ednimo dos a\u00f1os y medio (2,5) como experiencia espec\u00edfica en ejecuci\u00f3n de proyectos de vivienda".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 230.<\/a> Organizaciones Populares de Vivienda.<\/b> Modif\u00edquese el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo 2. Los patrimonios aut\u00f3nomos constituidos de conformidad con le presente ley, podr\u00e1n adquirir directamente las viviendas ejecutadas en proyectos promovidos, gestionados o construidos por las entidades territoriales, en predios , propios o de Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) de que trata el art\u00edculo 62\u00b0 de la Ley 9a de 1989, con el fin de ser asignadas a hogares miembros de dichas organizaciones, en las condiciones de focalizaci\u00f3n en poblaci\u00f3n pobre, seg\u00fan defina el reglamento. Adicionalmente, se requerir\u00e1 que las entidades territoriales que promuevan, gestionen o construyan los proyectos, aporten un porcentaje del valor de las viviendas, el cual podr\u00e1 ser aportado a t\u00edtulo de subsidio en los t\u00e9rminos y condiciones que defina el Gobierno Nacional.<\/font><\/p>\n


El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social identificar\u00e1 si los hogares miembros de las OPV son potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie y proceder\u00e1 a su selecci\u00f3n, previo proceso de postulaci\u00f3n ante el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), el cual verificar\u00e1 que los hogares cumplan las condiciones para acceder al subsidio. Lo anterior, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 231 <\/a>Aclaraci\u00f3n de competencias.<\/b> En aquellos casos en que los planes de ordenamiento territorial (POT) contengan disposiciones sobre materias cuya reglamentaci\u00f3n sea competencia de la Naci\u00f3n, e impidan la ejecuci\u00f3n de los planes y programas de inter\u00e9s nacional establecidos en la presente ley, la entidad nacional cabeza del sector correspondiente podr\u00e1 promover conflicto de competencia administrativa, de conformidad con el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que se decida qui\u00e9n es competente para reglamentar el respectivo asunto. En el evento de que el Consejo de Estado concept\u00fae que las competencias de la Naci\u00f3n fueron invadidas, las autoridades territoriales deber\u00e1n aplicar las normas de car\u00e1cter nacional vigentes sobre la materia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 232.<\/a> Pol\u00edtica de mujer rural.<\/b> Para la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de las mujeres rurales, el Gobierno Nacional formular\u00e1 una pol\u00edtica p\u00fablica integral de mujer rural de forma participativa, coordinada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejer\u00eda Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tendr\u00e1 en cuenta el enfoque \u00e9tnico, etario y territorial. Esta pol\u00edtica p\u00fablica estar\u00e1 orientada a superar las brechas urbano-rurales. En todo caso y con el fin de avanzar en la garant\u00eda de los derechos de las mujeres rurales, el Gobierno Nacional implementar\u00e1 las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 731 de 2002.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 233<\/a> Sistemas de trazabilidad. <\/b>Con el fin de mejorar la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, prevenir pr\u00e1cticas ilegales en el comercio de los mismos, mejorar la informaci\u00f3n disponible para el consumidor y responder a los requerimientos del comercio internacional, el Gobierno Nacional, en coordinaci\u00f3n con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), reglamentar\u00e1 de acuerdo a su competencia, la implementaci\u00f3n de sistemas de trazabilidad tanto en el sector primario como en la distribuci\u00f3n de alimentos, y realizar\u00e1 el control de dichos sistemas. Su implementaci\u00f3n la podr\u00e1n realizar entidades de reconocida idoneidad en identificaci\u00f3n o desarrollo de plataformas tecnol\u00f3gicas de trazabilidad de productos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Las autoridades competentes tendr\u00e1n acceso a la informaci\u00f3n de los sistemas de trazabilidad implementados para cumplir con sus funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 234. <\/a>Financiaci\u00f3n del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.<\/b> El Gobierno Nacional fortalecer\u00e1 la atenci\u00f3n integral a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n de la delincuencia juvenil, desde un enfoque de justicia restaurativa, con procesos pedag\u00f3gicos, espec\u00edficos y diferenciados de los adultos, para la garant\u00eda plena y permanente de los derechos de los adolescentes y j\u00f3venes en conflicto con la ley.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Se define la Ley 55 de 1985 como fuente nacional permanente de la financiaci\u00f3n del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para asegurar la prestaci\u00f3n del servicio en todos los distritos judiciales del territorio Nacional con plena garant\u00eda de derechos de los adolescentes y j\u00f3venes en conflicto con la ley en todas la etapas de la ruta jur\u00eddica y durante el cumplimiento de su sanci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 235.<\/a> Financiaci\u00f3n de programas de justicia. <\/b>Adici\u00f3nese el art\u00edculo 13A a la Ley 55 de 1985, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n


"Art\u00edculo 13A.<\/b> La porci\u00f3n que se reasigna sobre los ingresos provenientes de los derechos por registro de instrumentos p\u00fablicos y otorgamiento de escrituras destinados a la Superintendencia de Notariado y Registro, se incrementar\u00e1, adem\u00e1s de lo previsto en el art\u00edculo anterior, en un 12% a partir de 2016; para un total del 72%.<\/font><\/p>\n


El 12% adicional se distribuir\u00e1 as\u00ed: el 10% a la financiaci\u00f3n del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, los cuales ser\u00e1n ejecutados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y el 2% restante para programas de fortalecimiento de acceso a la justicia formal y alternativa, acciones para la prevenci\u00f3n y control del delito e implementaci\u00f3n de modelos de justicia territorial y rural, los cuales ser\u00e1n ejecutados por el Ministerio de Justicia y del Derecho."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 236. <\/a>Transparencia, rendici\u00f3n de cuentas y Plan Anticorrupci\u00f3n para la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/b> El ejercicio de las funciones administrativas por parte de los \u00f3rganos que integran las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial se sujetar\u00e1 a los principios de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas. En desarrollo de estos principios:<\/font><\/p>\n


1. La Rama Judicial deber\u00e1 rendir cuentas de manera permanente a la ciudadan\u00eda bajo los lineamientos de metodolog\u00eda y contenidos m\u00ednimos establecidos por la Comisi\u00f3n Interinstitucional de la Rama Judicial.<\/font><\/p>\n


2. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicar\u00e1 semestralmente en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial un informe preciso y detallado sobre la gesti\u00f3n financiera de los recursos recibidos por la Rama Judicial.<\/font><\/p>\n


3. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicar\u00e1 anualmente en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial un informe sobre el grado de avance de los indicadores determinados por el Sistema Nacional de Estad\u00edsticas Judiciales.<\/font><\/p>\n


4. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicar\u00e1 en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, un directorio de todos los despachos judiciales que integran los \u00f3rganos de las distintas jurisdicciones de la Rama Judicial y sus indicadores de congesti\u00f3n, retraso, productividad y eficacia.<\/font><\/p>\n


5. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, presentar\u00e1 anualmente un informe a las Comisiones Terceras del Congreso de la Rep\u00fablica que contenga, como m\u00ednimo, el grado de avance de la Rama en los resultados del Plan Sectorial de la Rama Judicial y el avance de los compromisos a su cargo contenidos en el Plan Decenal del Sistema de Justicia.<\/font><\/p>\n


6. La Comisi\u00f3n Interinstitucional de la Rama Judicial, con la participaci\u00f3n del Ministerio de Justicia y del Derecho y el apoyo de la Secretar\u00eda de Transparencia de la Presidencia de la Rep\u00fablica, elaborar\u00e1 un Plan Anticorrupci\u00f3n para la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/font><\/p>\n


El plan deber\u00e1 ser publicado en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial, a m\u00e1s tardar el 31 de enero 2016 y ser\u00e1 evaluado y revisado cada dos (2) a\u00f1os. As\u00ed mismo, deber\u00e1n publicarse por este medio los informes de seguimiento al plan elaborados por la Comisi\u00f3n Interinstitucional de la Rama Judicial.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 237.<\/a><\/b> Programa de seguridad con video-vigilancia.<\/b> El Ministerio del Interior dise\u00f1ar\u00e1 un programa que promover\u00e1 la instalaci\u00f3n de videoc\u00e1maras por parte de los establecimientos privados con el fin de fortalecer el ejercicio de seguridad a nivel urbano.<\/font><\/p>\n


El Ministerio del interior en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional, los entes territoriales, los establecimientos p\u00fablicos y privados desarrollar\u00e1n sistemas integrados de vigilancia para poner a disposici\u00f3n de las entidades del Estado la informaci\u00f3n adquirida con el fin de combatir y prevenir el delito. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 la materia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 238.<\/a><\/b> Atenci\u00f3n de procesos judiciales y reclamaciones administrativas del extinto DAS y constituci\u00f3n de fiducia mercantil. Para efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los art\u00edculos 180 del Decreto Ley 4057 de 2011 y 70 Y 90 del Decreto 1303 de 2014, autor\u00edcese la creaci\u00f3n de un patrimonio aut\u00f3nomo administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. con quien el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico suscribir\u00e1 el contrato de fiducia mercantil respectivo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para todos los efectos legales la representaci\u00f3n de dicho patrimonio aut\u00f3nomo la llevar\u00e1 la sociedad fiduciaria, quien se encargar\u00e1 de la atenci\u00f3n de los procesos judiciales, reclamaciones administrativas, laborales o contractuales en los cuales sea parte o destinatario el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, y que no guarden relaci\u00f3n con funciones trasladadas a entidades receptoras de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, o que por cualquier raz\u00f3n carezcan de autoridad administrativa responsable para su atenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Los recursos ser\u00e1n invertidos observando los criterios de seguridad, solidez y rentabilidad de acuerdo con lo que para el efecto se establezca en el contrato de fiducia mercantil.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 239.<\/a> Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF).<\/b> Constr\u00fayase como Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) el Portal de Transparencia Econ\u00f3mica que administre el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con el objeto de promover la interacci\u00f3n del ciudadano con la informaci\u00f3n sobre gesti\u00f3n fiscal y hacerlo m\u00e1s visible al manejo de los recursos pljblicos durante todo su ciclo.<\/font><\/p>\n


Estar\u00e1n obligadas al suministro de informaci\u00f3n al PCTF todas las entidades p\u00fablicas del nivel central, pertenecientes a las diferentes ramas del poder p\u00fablico, as\u00ed como las personas de derecho privado que administren recursos p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 el funcionamiento y desarrollo del PCTF y definir\u00e1 los t\u00e9rrninos y tiempos en que las entidades territoriales reportar\u00e1n la informaci\u00f3n al sistema garantizando que \u00e9sta se encuentre disponible en l\u00ednea y permita la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda.<\/font><\/p>\n


La obligaci\u00f3n de suministro de la informaci\u00f3n cobrar\u00e1 vigencia seis (6) meses despu\u00e9s de la reglamentaci\u00f3n para las entidades del Gobierno Nacional, y doce (12) meses despu\u00e9s para las entidades territoriales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 240. <\/a>Rutas sociales Satena.<\/b> Con el fin promover la prestaci\u00f3n del servicio de transporte a\u00e9reo en las regiones de dif\u00edcil acceso y conectividad, el Gobierno Nacional podr\u00e1 otorgar subvenciones a Satena S.A., a trav\u00e9s del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico esencial de transporte a\u00e9reo en aquellas rutas sociales en las cuales Satena
S.A. sea el \u00fanico operador. El Gobierno Nacional previo a la realizaci\u00f3n de un estudio, reglamentar\u00e1 las rutas y condiciones de estas subvenciones, que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser superior al d\u00e9ficit que registre la empresa como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 241.<\/a> Modificaciones y aval fiscal para asociaciones p\u00fablico privadas.<\/b> El inciso cuarto del art\u00edculo 26\u00b0 de la Ley 1508 de 2012<\/a><\/b> quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"El aval fiscal que emita el CONFIS para la ejecuci\u00f3n de un proyecto de Asociaci\u00f3n P\u00fablico Privada (APP) en el que el contrato no est\u00e9 debidamente perfeccionado, no podr\u00e1 ser objeto de reconsideraci\u00f3n del CONFIS cuando se exceda el 10% del valor inicialmente aprobado. No obstante, en casos excepcionales a solicitud del ministro del ramo, previa motivaci\u00f3n y justificaci\u00f3n suscrita por el jefe de la entidad solicitante, el CONFIS podr\u00e1 evaluar una nueva propuesta del proyecto en los t\u00e9rminos establecidos en la presente ley."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 242.<\/a> Operaciones de redescuento.<\/b> Modif\u00edquese el literal g) del art\u00edculo del EOSF, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"g. Redescontar cr\u00e9ditos a entidades p\u00fablicas del orden nacional, a entidades de derecho privado, patrimonios aut\u00f3nomos y personas jur\u00eddicas de derecho internacional p\u00fablico, siempre y cuando dichos recursos se utilicen en las actividades definidas en el numeral 2 del art\u00edculo 2680 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y en proyectos relacionados con el medio ambiente."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 243. <\/a>Reconocimiento de deuda en sentencias y conciliaciones judiciales. <\/b>Para efectos de lo establecido en el art\u00edculo 290 de la Ley 344 de 1996, en el marco de las leyes que lo implementen, enti\u00e9ndase que la referencia a las sentencias y conciliaciones judiciales, es aplicable a otros mecanismos de soluci\u00f3n alternativa de conflictos, tales como la amigable composici\u00f3n, que tengan efectos de cosa juzgada en \u00faltima instancia en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo Civil y en los que participe el Ministerio P\u00fablico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 244.<\/a> Libertad religiosa, de cultos y conciencia.<\/b> El Ministerio del Interior, en coordinaci\u00f3n con las entidades competentes, emprender\u00e1 acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. El Gobierno Nacional formular\u00e1 y actualizar\u00e1 la pol\u00edtica p\u00fablica en la materia con la participaci\u00f3n de las entidades religiosas, garantizando la libertad e igualdad religiosa en t\u00e9rminos de equidad y reconociendo su aporte al bien com\u00fan en lo local, regional y nacional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 245.<\/a> Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto Ley 4184 de 2011<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 1.<\/b> Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – Transf\u00f3rmese la Empresa Nacional de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS, en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas con personer\u00eda jur\u00eddica, , domiciliada en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., con autonom\u00eda administrativa y financiera, y adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/font><\/p>\n


A partir de la aprobaci\u00f3n de la presente ley, la Empresa Nacional de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS se denominar\u00e1 para todos los efectos como Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y as\u00ed se entender\u00e1 en todas las normas que se refieran a la empresa.<\/font><\/p>\n


Objeto Social. El objeto de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas ser\u00e1 identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovaci\u00f3n y de desarrollo urbano, en Bogot\u00e1 u otras ciudades del pa\u00eds, as\u00ed como construir o gestionar, mediante asociaciones p\u00fablico privadas o contrataci\u00f3n de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto.<\/font><\/p>\n


Estructura de la Agencia. Los \u00f3rganos de Direcci\u00f3n y Administraci\u00f3n de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas estar\u00e1n constituidos en su orden por un Consejo Directivo cuya composici\u00f3n ser\u00e1 determinada por el gobierno nacional y un Director.<\/font><\/p>\n


Patrimonio de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. El patrimonio de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, estar\u00e1 constituido por bienes y recursos p\u00fablicos provenientes del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, los provenientes del desarrollo de su actividad y del giro ordinario de sus negocios, los bienes que adquiera a cualquier t\u00edtulo, gratuito u oneroso, y los productos y rendimientos de ellos, as\u00ed como los bienes que posea al momento de su transformaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Se faculta a las entidades p\u00fablicas del orden nacional para transferir a t\u00edtulo gratuito los inmuebles ubicados en las \u00e1reas de los proyectos que desarrolle la Agencia.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. Se autoriza la contrataci\u00f3n de fiducias mercantiles para el desarrollo de los proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las que pueden participar las entidades p\u00fablicas del orden nacional y territorial.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, podr\u00e1 hacer uso de las facultades de expropiaci\u00f3n administrativa de que tratan la ley 1742 de 2014, siempre que invoque los motivos de utilidad p\u00fablica contenidos en el art\u00edculo 58 de la Ley 388 de 1997, en los literales B, C, G, 1, K, L, M."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 246.<\/a> Subcuentas del Fondo Nacional Ambiental (FONAM).<\/b> El Fondo Nacional Ambiental (FONAM) tendr\u00e1 tres subcuentas especiales:<\/font><\/p>\n


1. Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administraci\u00f3n y manejo del Sistema de Parques Nacionales. Esta subcuenta estar\u00e1 integrada por los recursos provenientes de la administraci\u00f3n y manejo de las \u00e1reas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Ecoturismo, as\u00ed como del producto de las concesiones en dichas \u00e1reas. El Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia tendr\u00e1 la funci\u00f3n de ordenador del gasto de esta subcuenta.<\/font><\/p>\n


2. Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), constituida por los recursos provenientes del pago de los servicios de evaluaci\u00f3n y seguimiento a las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y dem\u00e1s instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA, los recursos recaudados por concepto de los permisos de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de especies de fauna y flora silvestres No Cites, la aplicaci\u00f3n de multas y dem\u00e1s sanciones econ\u00f3micas impuestas por esta autoridad. La ordenaci\u00f3n del gasto de esta subcuenta estar\u00e1 en cabeza del Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.<\/font><\/p>\n


3. Subcuenta para el manejo separado de los ingresos que obtenga el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, constituida por los recursos provenientes de los permisos de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de especies de fauna y flora silvestres establecidos en la Convenci\u00f3n Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Cites, los de fabricaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de sistemas de marcaje de especies de la biodiversidad regulados por esta Convenci\u00f3n, los recursos provenientes de los contratos de acceso a los recursos gen\u00e9ticos que celebre, los recursos provenientes de los desincentivos econ\u00f3micos establecidos por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico, CRA, en desarrollo del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 373 de 1997, en los casos en que se presente disminuci\u00f3n en los niveles de precipitaci\u00f3n ocasionados por fen\u00f3menos de variabilidad clim\u00e1tica, con base en la informaci\u00f3n que para el efecto divulgue el Instituto de Hidrolog\u00eda, Meteorolog\u00eda y Estudios Ambientales (IDEAM) y los provenientes de la aplicaci\u00f3n de multas y dem\u00e1s sanciones econ\u00f3micas impuestas por este Ministerio. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ser\u00e1 el ordenador del gasto de esta subcuenta.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 247<\/a>. Formulaci\u00f3n de una pol\u00edtica integrada para la gesti\u00f3n de zonas marinas, costeras e insulares.<\/b> El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con otros ministerios y entidades p\u00fablicas y el sector privado, formular\u00e1 y adoptar\u00e1 la Pol\u00edtica integrada para la gesti\u00f3n de zonas marinas, costeras e insulares del pa\u00eds, la cual incluir\u00e1 un programa nacional para la prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n y control de la erosi\u00f3n costera, propendiendo por la seguridad habitacional y el bienestar de las poblaciones asentadas en estas zonas y el desarrollo sectorial compatible con las din\u00e1micas de dicho fen\u00f3meno. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 248.<\/a> Pol\u00edtica p\u00fablica de defensa de los derechos de los animales y\/o protecci\u00f3n animal.<\/b> El Gobierno Nacional promover\u00e1 pol\u00edticas p\u00fablicas y acciones gubernamentales en las cuales se fomenten, promulguen y difundan los derechos de los animales y\/o la protecci\u00f3n animal. Para tal efecto, en coordinaci\u00f3n con las organizaciones sociales de defensa de los animales, dise\u00f1ar\u00e1 una pol\u00edtica en la cual se establecer\u00e1n los conceptos, competencias institucionales, condiciones, aspectos, limitaciones y especificaciones sobre el cuidado animal en cuanto a la reproducci\u00f3n, tenencia, adopci\u00f3n, producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de animales dom\u00e9sticos no aptos para reproducirse.<\/font><\/p>\n


Las entidades territoriales y descentralizadas del Estado se encargar\u00e1n de vigilar, controlar y fomentar el respeto por los animales y su integridad f\u00edsica y an\u00edmica.<\/font><\/p>\n


Adicionalmente, las organizaciones sociales de defensa de los animales participar\u00e1n de manera coordinada con las entidades nacionales y territoriales para la difusi\u00f3n de las pol\u00edticas a que se refiere el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Se mantendr\u00e1n las excepciones contempladas en el art\u00edculo 7 de la Ley 84 de 1989.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 249. <\/a>Programa Nacional de Reconversi\u00f3n Pecuaria Sostenible. <\/b>El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de CORPOICA y la Unidad de Planificaci\u00f3n de Tierras Rurales, Adecuaci\u00f3n de Tierras y Usos Agropecuarios, en coordinaci\u00f3n con el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con los gremios del sector agropecuario y en el marco de la estrategia de crecimiento verde, implementar\u00e1 el Programa Nacional de Reconversi\u00f3n Pecuaria Sostenible, tendiente a la reconversi\u00f3n productiva de las \u00e1reas dedicadas a la ganader\u00eda extensiva que presentan conflicto en el uso del suelo de acuerdo con su vocaci\u00f3n. Para ello, el programa impulsar\u00e1, dentro de otras estrategias que se dise\u00f1en, el aumento en cobertura de los sistemas agropecuarios sostenibles como los arreglos silvopastoriles y otros, de tal manera que se propenda por la conservaci\u00f3n, recuperaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n y restauraci\u00f3n de ecosistemas naturales, corredores ecol\u00f3gicos y suelos degradados en paisajes agropecuarios.<\/font><\/p>\n


Este programa se implementar\u00e1 mediante proyectos que incluir\u00e1n soporte t\u00e9cnico, evaluaci\u00f3n de proyectos, generaci\u00f3n de capacidades para asistentes t\u00e9cnicos y acompa\u00f1amiento institucional para la sostenibilidad ambiental. La financiaci\u00f3n de los proyectos se considerar\u00e1 en el marco de la operaci\u00f3n de los instrumentos existentes tales como el Certificado del Incentivo Forestal (CIF) e Incentivo a la Capitalizaci\u00f3n Rural (ICR) y se dise\u00f1ar\u00e1n l\u00edneas especiales de cr\u00e9dito que incentiven el establecimiento de estos modelos sostenibles.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 250.<\/a> Consejo Nacional del Agua.<\/b> Cr\u00e9ase el Consejo Nacional del Agua como un organismo coordinador de la gesti\u00f3n integral del recurso h\u00eddrico. El Consejo estar\u00e1 integrado por el Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n o su delegado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado quien ejercer\u00e1 la Secretar\u00eda T\u00e9cnica, el Ministro de Minas y Energ\u00eda o su delegado, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado y el Ministro de Salud y Protecci\u00f3n Social o su delegado.<\/font><\/p>\n


Podr\u00e1n asistir al Consejo en calidad de invitados, personas naturales o jur\u00eddicas con el fin de discutir aspectos relevantes en el desarrollo de su objeto.<\/font><\/p>\n


Este Consejo asumir\u00e1 las funciones de coordinaci\u00f3n y articulaci\u00f3n intersectorial de las pol\u00edticas, planes y programas para la administraci\u00f3n sostenible del recurso h\u00eddrico.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Gobierno Nacional, reglamentar\u00e1 lo relacionado con el objeto, funciones del Consejo, as\u00ed como con las herramientas de articulaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n interinstitucional, para ejecutar la pol\u00edtica de administraci\u00f3n sostenible del recurso h\u00eddrico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 251<\/a>. Pasivos ambientales.<\/b> El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formular\u00e1 una pol\u00edtica para la gesti\u00f3n de pasivos ambientales, en la cual se establezca una \u00fanica definici\u00f3n de pasivos ambientales y se establezcan los mecanismos e instrumentos t\u00e9cnicos, jur\u00eddicos y financieros para su gesti\u00f3n y recuperaci\u00f3n. Dicha pol\u00edtica debe incluir un plan de acci\u00f3n a corto, mediano y largo plazo, con estrategias orientadas a la identificaci\u00f3n, priorizaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de pasivos ambientales; al desarrollo de instrumentos de informaci\u00f3n ambiental; a la definici\u00f3n de responsabilidades institucionales a nivel nacional y regional; a la implementaci\u00f3n de instrumentos econ\u00f3micos; y al establecimiento de acciones judiciales; entre otros aspectos que se consideren fundamentales para la gesti\u00f3n de los pasivos ambientales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 252. <\/a>Contratos de acceso a recursos gen\u00e9ticos y\/o sus productos derivados<\/b>. Las personas naturales o jur\u00eddicas, nacionales o extranjeras, que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan realizado o se encuentren realizando actividades de investigaci\u00f3n cient\u00edfica no comercial, actividades de investigaci\u00f3n con fines de prospecci\u00f3n biol\u00f3gica, o actividades con fines comerciales o industriales, que configuren acceso a recursos gen\u00e9ticos y\/o sus productos sin contar con la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendr\u00e1n dos (2) a\u00f1os a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para solicitar el contrato de acceso a recursos gen\u00e9ticos y sus productos derivados.<\/font><\/p>\n


Las solicitudes que est\u00e9n en tr\u00e1mite y que hayan realizado o se encuentren realizando acceso a recursos gen\u00e9ticos y\/o sus productos derivados, en las condiciones descritas en el inciso anterior deber\u00e1n informarlo al Ministerio. Desde la radicaci\u00f3n de la solicitud y hasta la celebraci\u00f3n y perfeccionamiento del contrato de acceso a recursos gen\u00e9ticos y\/o sus productos derivados o hasta la denegaci\u00f3n del tr\u00e1mite, el solicitante podr\u00e1 continuar accediendo al recurso gen\u00e9tico y\/o sus productos derivados.<\/font><\/p>\n


Aquellas colecciones biol\u00f3gicas existentes a 25 de febrero de 2000, que no puedan acreditar el material obtenido en el marco de actividades de recolecci\u00f3n, de proyectos de investigaci\u00f3n cient\u00edfica y\/o pr\u00e1cticas docentes universitarias finalizadas, podr\u00e1n registrar por \u00fanica vez dicho material ante el Instituto de Investigaci\u00f3n Alexander von Humboldt, dentro del a\u00f1o siguiente a la publicaci\u00f3n de la presente ley y de conformidad con los par\u00e1metros previstos en las normas que regulan la materia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 253. <\/a><\/b>Tasa para la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta. Modif\u00edquese el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1 de la Ley 981 de 2005, modificada por la Ley 1718 de 2014, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Par\u00e1grafo. El Gobierno Nacional no podr\u00e1 ordenar el cobro de la Sobretasa Ambiental sino exclusivamente a las v\u00edas que conducen del municipio de Ci\u00e9naga (Magdalena) a la ciudad de Barranquilla y del municipio de Ci\u00e9naga (Magdalena) al municipio de Fundaci\u00f3n (Magdalena), en ambos sentidos de las v\u00edas, y que en la actualidad afecta a la Ci\u00e9naga Grande de Santa Marta, as\u00ed como a la v\u00eda que conduce de la ciudad de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), a la ciudad de Cartagena (Bol\u00edvar) y que afecta en la actualidad a la Ci\u00e9naga de La Virgen (Bol\u00edvar)."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 254. <\/a>Regi\u00f3n Administrativa de Planeaci\u00f3n para la Amazon\u00eda.<\/b> La autoridad competente podr\u00e1 crear una Regi\u00f3n Administrativa de Planeaci\u00f3n (RAP) para la Amazon\u00eda, de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Gobierno Nacional deber\u00e1 crear una instancia de coordinaci\u00f3n intersectorial, para garantizar un modelo de desarrollo sostenible que promueva y garantice pactos territoriales participativos para el desarrollo humano y ambientalmente sostenible.<\/font><\/p>\n


En esta instancia, se generar\u00e1n agendas sectoriales con el prop\u00f3sito de fortalecer cadenas de valor competitivas y sostenibles que permitan construir mecanismos y alternativas para un uso adecuado y responsable del medio ambiente y de los recursos naturales, para proteger la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 255.<\/a> Compensaci\u00f3n a territorios colectivos de comunidades negras. <\/b>Con cargo al Presupuesto General de la Naci\u00f3n, a partir de la vigencia fiscal de 2017, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico girar\u00e1 anualmente a los municipios en donde existan territorios colectivos de comunidades negras al momento de entrar en vigencia la presente ley, las cantidades que equivalgan a lo que tales municipios dejen de recaudar por concepto del impuesto predial unificado, seg\u00fan certificaci\u00f3n del respectivo tesorero municipal. Para efectos; de dar cumplimiento a lo aqu\u00ed dispuesto, la tarifa aplicable para los territorios colectivos de comunidades negras ser\u00e1 la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas para los dem\u00e1s predios del respectivo municipio o distrito, seg\u00fan la metodolog\u00eda expedida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (ICJAC). El Gobierno Nacional definir\u00e1 el esquema mediante el cual se .iniciar\u00e1n progresivamente los giros a las entidades territoriales previo estudio de las condiciones financieras y de entorno de desarrollo de cada municipio.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 256. <\/a>Transparencia de la democracia.<\/b> El Gobierno Nacional procurar\u00e1 los recursos necesarios para garantizar la transparencia en la democracia de la que son responsables los partidos pol\u00edticos. <\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 257. <\/a> <\/b><\/font>*Reglamentado por el <\/font>Decreto 748 de 2018<\/a>*<\/font><\/b> Bicentenario de la Independencia Nacional.<\/b>Cr\u00e9ese una comisi\u00f3n de expertos para la Conmemoraci\u00f3n del Bicentenario de la Independencia Nacional que se encargar\u00e1 de definir las actividades para la conmemoraci\u00f3n y celebraci\u00f3n del Bicentenario de la Independencia que se realizar\u00e1 el d\u00eda 7 de agosto de 2019. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los miembros de esta Comisi\u00f3n ser\u00e1n definidos por el Gobierno Nacional y actuar\u00e1n ad honorem.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. El Instituto Colombiano de Antropolog\u00eda e Historia (ICANH), con el acompa\u00f1amiento de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Historiadores y la Academia Colombiana de Historia determinar\u00e1n los municipios que conformar\u00e1 la ruta libertadora, para efectos de la conmemoraci\u00f3n de que trata este art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 258.<\/a> Transferencia de zonas francas de frontera a entidades territoriales.<\/b> Con el prop\u00f3sito de incentivar el desarrollo industrial, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo podr\u00e1 transferir las zonas francas localizadas en municipios de frontera a los entes territoriales donde ellas se ubican.<\/font><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n

Art\u00edculo 259.<\/a> Del giro directo en r\u00e9gimen contributivo.<\/b> El Fondo de Solidaridad y Garant\u00edas FOSYGA o quien haga sus veces girar\u00e1 directamente los recursos de r\u00e9gimen contributivo correspondiente a las Unidades de Pago por Capitaci\u00f3n -UPC destinadas a la prestaci\u00f3n de servicios de salud a todas las instituciones y entidades que presentan servicios y que provean tecnolog\u00edas incluidas en el plan de beneficios, de conformidad con los porcentajes y las condiciones que defina el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social.<\/font><\/p>\n


El mecanismo de giro directo de que trata el presente art\u00edculo solo se aplicar\u00e1 a las Entidades Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Contributivo que no cumplan las metas del r\u00e9gimen de solvencia, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo con la evaluaci\u00f3n que para el efecto publique la Superintendencia Nacional de Salud.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. Este mecanismo tambi\u00e9n operar\u00e1 para el giro directo de los recursos del r\u00e9gimen contributivo por servicios y tecnolog\u00edas de salud no incluidos en el plan de beneficios seg\u00fan lo dispuesto en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 260.<\/a> Pol\u00edtica P\u00fablica de inclusi\u00f3n Social y productiva. <\/b>El Gobierno Nacional dise\u00f1ar\u00e1 y pondr\u00e1 en marcha la pol\u00edtica p\u00fablica de inclusi\u00f3n social y productiva para orientar la ejecuci\u00f3n y articulaci\u00f3n de los planes, proyectos y programas encaminados a la superaci\u00f3n de la pobreza y la estabilizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de la poblaci\u00f3n vulnerable, generando procesos de movilidad social que garanticen la sostenibilidad de los procesos y mejoren la eficiencia en el uso de los recursos p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 261.<\/a> Depuraci\u00f3n contable.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 59\u00b0 de la Ley 1739 de 2014. Depuraci\u00f3n contable. La Unidad Administrativa Especial – Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, adelantar\u00e1 en un plazo m\u00e1ximo de cuatro (4) a\u00f1os contados a partir de la vigencia de la presente ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la informaci\u00f3n contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad econ\u00f3mica, financiera y patrimonial de la entidad.<\/font><\/p>\n


Para el efecto, deber\u00e1 establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminaci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de conformidad con los lineamientos de la presente ley.<\/font><\/p>\n


Para tal efecto la entidad depurar\u00e1 los valores contables, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:<\/font><\/p>\n


a. Los valores que afectan la situaci\u00f3n patrimonial y no representan derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad;<\/font><\/p>\n


b. Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible ejercerlos por jurisdicci\u00f3n coactiva;<\/font><\/p>\n


c. Que correspondan a derechos u obligaciones con una antig\u00fcedad tal que no es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fen\u00f3menos de prescripci\u00f3n o caducidad;<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

d. Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte id\u00f3neo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago;<\/font><\/p>\n


e. Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por p\u00e9rdida de los bienes o derechos;<\/font><\/p>\n


f. Cuando evaluada y establecida la relaci\u00f3n costo beneficio resulte m\u00e1s oneroso adelantar el proceso de que se trate.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 262.<\/a> Cesi\u00f3n de permisos de uso del espacio radioel\u00e9ctrico.<\/b> La cesi\u00f3n de los permisos de uso del espectro radioel\u00e9ctrico no generar\u00e1 contraprestaci\u00f3n alguna a favor de la Naci\u00f3n. El negocio jur\u00eddico que, para este prop\u00f3sito, se celebre entre cedente y cesionario se sujetar\u00e1 al derecho privado, y a la aprobaci\u00f3n del Ministerio de las TICS.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Art\u00edculo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-519-16<\/a><\/b>, Septiembre 21 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. "De manera previa, la Corte verific\u00f3 la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de dos de los cargos formulados en esta oportunidad contra el art\u00edculo 262 de la Ley 1753 de 2015, ya que en la sentencia C-298 de 2016, se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con ellos. Por esta raz\u00f3n, el an\u00e1lisis de constitucionalidad se contrajo a resolver las otras censuras relativas a: (i) si en el debate y aprobaci\u00f3n del art\u00edculo 262 de la Ley 1753 de 2015, se vulneraron los principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad, y (ii) si la no generaci\u00f3n de contraprestaci\u00f3n alguna a favor de la Naci\u00f3n por la cesi\u00f3n de los permisos de uso de espectro radioel\u00e9ctrico y la aplicaci\u00f3n del derecho privado a este negocio, contrar\u00eda los art\u00edculos de la Constituci\u00f3n 75 (car\u00e1cter p\u00fablico del espectro electromagn\u00e9tico), 101 y 102 (el espectro electromagn\u00e9tico forma parte de los bienes de las Naci\u00f3n). La conclusi\u00f3n del estudio realizado por la Corte fue la de que en efecto, el art\u00edculo 262 de la Ley 1753 de 2014 viola el principio de unidad de materia, toda vez que verificada tanto en la Ley del Plan como en su anexo sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en particular, la estrategia denominada \u201ccompetitividad e infraestructuras estrat\u00e9gicas\u201d, en la cual fue incluido el precepto demandado y las apreciaciones puntuales alusivas al espectro radioel\u00e9ctrico, no se encontr\u00f3 una conexi\u00f3n directa entre el art\u00edculo acusado y los contenidos referidos. De igual modo, observ\u00f3 que la norma no hizo parte del proyecto presentado por el Gobierno, ni incluida en el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo adelantado por las comisiones conjuntas de Senado. Fue la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes la que lo incorpor\u00f3 como un art\u00edculo nuevo, sin que se adviertiera la raz\u00f3n de tal inserci\u00f3n en el Plan, que proporcionara claridad sobre los objetivos, metas, estrategias o planes al servicio de los cuales estar\u00eda el que finalmente ser\u00eda el art\u00edculo 262. La votaci\u00f3n se realiz\u00f3 en bloque, sin deliberaci\u00f3n espec\u00edfica sobre los nuevos contenidos, ente \u00e9stos, el precepto acusado. Dado el car\u00e1cter general de los prop\u00f3sitos de promoci\u00f3n de \u201clas TIC como plataforma para la equidad, la educaci\u00f3n y la competitividad\u201d y la imposibilidad de establecer la conexi\u00f3n directa de aquellos con el art\u00edculo 262, tambi\u00e9n se constat\u00f3 que no satisface la exigencia del principio de identidad flexible. De otra parte, la Corte consider\u00f3 que resultaba inaceptable que una prerrogativa conferida por un acto administrativo y cuyo objeto es la destinaci\u00f3n de un bien de dominio p\u00fablico, como el espectro radioel\u00e9ctrico, quede excluida del \u00e1mbito del derecho p\u00fablico y se rija en su integridad por el derecho privado, que centra su inter\u00e9s en la voluntad de quienes realizan la negociaci\u00f3n en torno de su uso, en tanto que aquel propugna por el inter\u00e9s general y la garant\u00eda del pluralismo en el acceso al mismo. Mientras el r\u00e9gimen privado protege intereses individuales y vela por la ganancia de quienes celebran los pactos, el derecho p\u00fablico est\u00e1 concebido para salvaguardar intereses sociales, con mayor vigor en el Estado social de derecho, una de cuyas finalidades esenciales, es servir a la comunidad, promover la prosperidad general. Si bien es cierto que el Ministerio de las Telecomunicaciones tiene la potestad de aprobar el negocio, esta presencia no es una garant\u00eda suficiente, puesto que la misma norma acusada fija como par\u00e1metro regulatorio de la cesi\u00f3n las disposiciones del derecho privado. Bien podr\u00eda acontecer que la cesi\u00f3n en el uso del espectro radiol\u00e9ctrico resultase jur\u00eddicamente admisible a la luz del r\u00e9gimen privado, pero inaceptable si la reglamentaci\u00f3n aplicable es la del derecho p\u00fablico, lo cual puede hacer nugatoria la labor de intervenci\u00f3n estatal a trav\u00e9s del mecanismo de aprobaci\u00f3n con que cuenta el Ministerio. Lo dispuesto en el art\u00edculo 262 no apunta a proteger el inter\u00e9s general, cuando lo que est\u00e1 en juego es el uso de un bien p\u00fablico como el espectro radioel\u00e9ctrico protegido constitucionalmente. En esa medida, el enunciado legal desconoce tanto el citado art\u00edculo 2\u00ba superior, como el art\u00edculo 75 de la Carta Pol\u00edtica. Para la Corte, tampoco se aviene con los imperativos constitucionales la regla que priva a la Naci\u00f3n de obtener cualquier tipo de contraprestaci\u00f3n en su favor, cuando tiene lugar la cesi\u00f3n de los permisos de uso del espectro radioel\u00e9ctrico. A su juicio, resulta lesivo de los preceptos constitucionales, un mandato que sin fundarse en una finalidad constitucional plausible, priva a la Naci\u00f3n de poder percibir cualquier tipo de contraprestaci\u00f3n por un acto jur\u00eddico en el cual se cambia la titularidad del permiso de uso del espectro radioel\u00e9ctrico que se consider\u00f3 es un buen p\u00fablico. Con fundamento en lo anterior, la Corte procedi\u00f3 a declarar inexequible el art\u00edculo 262 de la Ley 1753 de 2015, \u201cPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo pa\u00eds.<\/i>"<\/font><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 263.<\/a> Fortalecimiento en seguridad de carreteras.<\/b> Para mejorar las condiciones de seguridad en pasos nacionales, las entidades territoriales podr\u00e1n destinar recursos percibidos por conceptos de multas y sanciones de infracciones de tr\u00e1nsito, de conformidad con el art\u00edculo 1600 de la Ley 769 de 2002, a trav\u00e9s de convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para realizar acciones e inversiones en el mejoramiento de la seguridad de estos, que podr\u00e1 extenderse a lavigilancia y control mediante la inclusi\u00f3n de recursos tecnol\u00f3gicos y de iluminaci\u00f3n, que puede ser con el uso de energ\u00edas alternativas, todo lo cual ser\u00e1 reglamentado por el Ministerio de Transporte.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 264.<\/a> Transparencia de la democracia.<\/b> El Gobierno Nacional procurar\u00e1 los recursos necesarios para garantizar la transparencia en la democracia de la que son responsables los partidos pol\u00edticos.<\/font><\/p>\n


De conformidad con el art\u00edculo 265 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Consejo Nacional Electoral, de manera exclusiva y excluyente, tendr\u00e1 la inspecci\u00f3n y vigilancia de los partidos y movimientos pol\u00edticos con personer\u00eda jur\u00eddica y grupos significativos de ciudadanos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 265.<\/a> Modificaci\u00f3n de licencias urban\u00edsticas.<\/b> El otorgamiento de la licencia urban\u00edstica implica la adquisici\u00f3n de derechos de desarrollo y construcci\u00f3n en los t\u00e9rminos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, as\u00ed como la certificaci\u00f3n del cumplimiento de las normas y dem\u00e1s reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorizaci\u00f3n espec\u00edfica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto est\u00e9 vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en las misma.<\/font><\/p>\n


Las modificaciones de licencias vigentes se resolver\u00e1n con fundamento en las normas urban\u00edsticas y dem\u00e1s reglamentaciones que sirvieron de base para su expedici\u00f3n. En los casos, que un Plan de Ordenamiento Territorial u otros actos administrativos que lo desarrollen y complementen, sean suspendido provisionalmente por la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo; los curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital competente, resolver\u00e1n las solicitudes de modificaci\u00f3n de licencias urban\u00edsticas, con fundamento en dichas normas, siempre y cuando la solicitud se realice a partir de la entrada en vigencia de la presente ley la licencia de urbanizaci\u00f3n y\/o construcci\u00f3n no haya perdido vigencia y adem\u00e1s la providencia de suspensi\u00f3n no se hubiere incluido disposici\u00f3n en contrario.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 266. <\/a>Inversiones programa de saneamiento del R\u00edo Bogot\u00e1. <\/b>Para el caso de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca – CAR, el 50% de los recursos que, conforme a lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental al impuesto predial y de otros grav\u00e1menes sobre la propiedad inmueble de Bogot\u00e1, D. C., incluidos sus intereses y sanciones, se destinar\u00e1n para la financiaci\u00f3n de los proyectos de adecuaci\u00f3n hidr\u00e1ulica, ampliaci\u00f3n, construcci\u00f3n y optimizaci\u00f3n de plantas de tratamiento de aguas residuales u otros proyectos de saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera de las cuencas integrantes del r\u00edo Bogot\u00e1, en jurisdicci\u00f3n de la Car Cundinamarca.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 267.<\/a> Vigencias y derogatorias. <\/b>La presente ley rige a partir de su publicaci\u00f3n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.<\/font><\/p>\n


Se deroga expresamente el art\u00edculo 121 de la Ley 812 de 2003; los art\u00edculos 21, 120 y 121 de la Ley 1151 de 2007; los art\u00edculos 9, 17, 31, 53, 54, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 93, 94, 95, 97, 109, 117, 119, 124, 128, 129, 150, 167, 172, 176, 182, 185, 186, 189, 199, 202, 205, 209, 217, 225, 226, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 91, y par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 261 de la Ley 1450 de 2011.<\/font><\/p>\n


Con el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos de mediano y largo plazo, los art\u00edculos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007 y 1450 de 2011 no derogados expresamente en el inciso anterior o por otras leyes, continuar\u00e1n vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Se deroga en especial el par\u00e1grafo del art\u00edculo 88\u00b0 de la Ley 99 de 1993; el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 310 de 1996; el inciso 7\u00b0 del art\u00edculo 13\u00b0 de la Ley 335 de 1996; el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 549 de 1999; el art\u00edculo 85\u00b0 de la Ley 617 de 2000; el par\u00e1grafo del art\u00edculo 13\u00b0 del Decreto Ley 254 de 2000; literales a) y c) del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 680 de 2001; los par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 17\u00b0 de la Ley 769 de 2002; los art\u00edculos 18\u00b0 de la Ley 1122 de 2007; el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 58\u00b0 de la Ley 1341 de 2009<\/a><\/b>; el art\u00edculo 82\u00b0 de la Ley 1306 de 2009; el numeral 16-7 del art\u00edculo 16\u00b0, el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 112\u00b0 de la Ley 1438 de 2011; el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto Ley 4185 de 2011; el art\u00edculo 178\u00b0 del Decreto Ley 019 de 2012; el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 y el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 10\u00b0 de la Ley 1530 de 2012; los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0, Y4\u00b0 de la Ley 1547 de 2012 y el art\u00edculo 10\u00b0 de la Ley 1709 de 2014.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La Corte se declara INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresi\u00f3n "los par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 17\u00b0 de la Ley 769 de 2002", mediante Sentencia C-647-16<\/a><\/b>, noviembre 23 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "La Corte encontr\u00f3 que en el presente caso, no se cumpl\u00edan los presupuestos para emitir un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de la expresi\u00f3n acusada, prevista en el art\u00edculo 267 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. De un lado, el juicio de constitucionalidad propuesto por el demandante no es viable, en la medida en que recae sobre un precepto legal que no es susceptible de producir efectos jur\u00eddicos, por disponer la derogaci\u00f3n de normas que rigieron por un plazo temporal que hab\u00eda expirado al momento de su entrada en vigencia. Si bien es cierto que aunque una norma haya perdido eficacia puede ser objeto de derogaci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que uno de los presupuestos del control de constitucionalidad es que la norma \u2013a pesar de su derogatoria- siga produciendo efectos en el ordenamiento jur\u00eddico, lo que permite su confrontaci\u00f3n con la Constituci\u00f3n. En el caso concreto, la disposici\u00f3n cuestionada no es susceptible de producir tales efectos, raz\u00f3n por la cual la Corte debe inhibirse de dictar un fallo de m\u00e9rito, por carencia actual de objeto. De otra parte, los argumentos en que se fundan los cargos por violaci\u00f3n del principio de unidad de materia y el presunto desconocimiento del deber del estado de garantizar la seguridad vial, adolecen de deficiencias que impiden estructurar el juicio de constitucionalidad, por cuanto las acusaciones de la demanda parten de un entendimiento errado que no se deriva de la preceptiva impugnada."<\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los vicios del procedimiento analizados en la Sentencia C-298-16<\/a><\/b>; <\/font>de junio 8 de 2016; Magistrado Ponente Dr. alberto Rojas R\u00edos. <\/font><\/font><\/td>\n<\/tr>\n

Apartes subrayadas declara EXEQUIBLES por los cargos analizados, mediante Sentencia 359-16<\/a><\/b>; de Julio 7 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. "En el presente caso, le correspondi\u00f3 a la Corte establecer, si las disposiciones demandadas de los art\u00edculos 41 y 267 de la Ley 1753 de 2015, por virtud de las cuales se otorga a la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n, ANTV, la facultad para determinar el n\u00famero de concesionarios de los espacios de televisi\u00f3n del Canal Uno y se derogan los l\u00edmites porcentuales de participaci\u00f3n anteriormente exigibles en el ordenamiento jur\u00eddico, vac\u00edan o no la competencia del legislador para limitar la libertad econ\u00f3mica, en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n. Al mismo tiempo, si al no existir una f\u00f3rmula de participaci\u00f3n de los concesionarios de espacios televisivos en dicho Canal, se desconocen los art\u00edculos 75 y 20 de la Carta Pol\u00edtica, que consagran la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagn\u00e9tico, el pluralismo informativo y la competencia. En primer t\u00e9rmino, la Corte precis\u00f3 que mediante las normas legales demandadas, se adopt\u00f3 un nuevo esquema regulatorio para la determinaci\u00f3n del n\u00famero de concesionarios del Canal Uno. As\u00ed, por una parte, mediante las derogatorias realizadas en el art\u00edculo 267 de la Ley 1753 de 2015 se suprimen los porcentajes m\u00ednimos y m\u00e1ximos de participaci\u00f3n en el total de horas de programaci\u00f3n, mientras que, por la otra, el art\u00edculo 41 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, habilita a la ANTV para determinar el n\u00famero de concesionarios, seg\u00fan los criterios jur\u00eddicos que all\u00ed se dispone y los estudios t\u00e9cnicos y de mercado que sobre el particular se realicen. El nuevo esquema tiene en cuenta las mediciones reales del mercado, las cuales le otorgar\u00e1n a la ANTV, a partir de los requisitos previstos en la ley, la capacidad para determinar el nivel de amplitud o de concentraci\u00f3n que tendr\u00e1 el canal nacional de operaci\u00f3n p\u00fablica. Observ\u00f3 que al aludir el art\u00edculo 41 a \u201cla (s) concesi\u00f3n (es)\u201d permite entender, que de la misma forma que es viable la asignaci\u00f3n plural de los espacios de televisi\u00f3n, tambi\u00e9n cabr\u00eda la adjudicaci\u00f3n a un \u00fanico concesionario, supuestos que depender\u00e1n de los resultados de los estudios t\u00e9cnicos y de mercado previamente rese\u00f1ados, as\u00ed como de la aplicaci\u00f3n de los criterios jur\u00eddicos que all\u00ed se mencionan. Por esta raz\u00f3n, consider\u00f3 necesario integrar \u00f1a proposici\u00f3n jur\u00eddica completa del aparte demandado con la expresi\u00f3n \u201cla (s) concesi\u00f3n (es)\u201d prevista tanto en el inciso primero, como en el inciso segundo del art\u00edculo 41 de la Ley 1753 de 2015." <\/i><\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

El Presidente del Honorable Senado de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

Jose David Name Cardozo   <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Secretario General del Honorable Senado de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

Gregorio Eljach Pacheco<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Presente de la Honorable C\u00e1mara de Representantes<\/font><\/p>\n

Fabio Raul Amin Saleme <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Secretario General de la Honorable Camara de Representantes<\/font><\/p>\n

Jose Humberto Mantilla Serrano <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Rep\u00fablica de Colombia – Gobierno Nacional<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Publ\u00edquese y Ejec\u00fatese<\/font><\/p>\n

Dada en Bogot\u00e1, D.C., a los 9 de Junio de 2015<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico
Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, <\/font><\/p>\n

Sim\u00f3n Gaviria Mu\u00f1oz <\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 1753 DE 2015   LEY 1753 DE 2015   (JUNIO 9 DE 2015)   Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo Pa\u00eds"     *Nota de Vigencia*   Modificada por laLEY 1955 DE 2019, publicada en el Diario Oficial No. 50964, Mayo 25 de 2019 "por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-1810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2015"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1810\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}