{"id":1819,"date":"2020-11-25T14:59:54","date_gmt":"2020-11-25T14:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/25\/ley-1762-de-2015\/"},"modified":"2020-11-25T14:59:54","modified_gmt":"2020-11-25T14:59:54","slug":"ley-1762-de-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/25\/ley-1762-de-2015\/","title":{"rendered":"LEY 1762 DE 2015"},"content":{"rendered":"

<\/a>LEY 1762 DE 2015<\/p>\n

<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

LEY 1762 DE 2015<\/b><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

(JULIO 6 DE 2015)<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasi\u00f3n fiscal<\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La corte Constitucional declara ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-208-16<\/a><\/b>, mediante Sentencia 360-16<\/a><\/b>; de Julio 7 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. "Los problemas jur\u00eddicos que se plantearon a la Corte se refirieron a: (i) la presunta vulneraci\u00f3n de la reserva de ley org\u00e1nica prevista en el art\u00edculo 151 de la Constituci\u00f3n; (ii) la falta de correspondencia entre el t\u00edtulo y el contenido de la Ley exigida por los art\u00edculos 158 y 169 de la Constituci\u00f3n; (iii) la existencia de vicios de tr\u00e1mite por incumplimiento el t\u00e9rmino establecido para rendir informe para segundo debate, sin que se removiera a los ponentes incumplidos ni publicar en la gaceta del Congreso lo acaecido; la no publicaci\u00f3n de los textos aprobados en primer debate y en la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes y en superar los dos legislaturas en la aprobaci\u00f3n de la ley (arts. 157, 160, 161, 162 y 74 C.Po.). El demandante aduce que la falta de incorporaci\u00f3n de textos que pertenecen a materias de leyes org\u00e1nicas (arts. 15, 32 a 36 de la Ley 1762 de 2015), la asignaci\u00f3n de competencias normativas a las entidades territoriales, as\u00ed como la omisi\u00f3n del tr\u00e1mite para su deliberaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la ley acusada, conducen a su inconstitucionalidad. En primer lugar, la Corte determin\u00f3 que la competencia atribuida por el legislador ordinario en el art\u00edculo 15 de la Ley 1762 de 2015 a los departamentos y al distrito capital para aprehender y decomisar mercanc\u00edas sometidas al impuesto al consumo en los casos previstos en la ley, as\u00ed como las modificaciones que se supone introduce al Estatuto Org\u00e1nico Financiero no est\u00e1n sometidas a reserva de ley org\u00e1nica. Contrario a lo que se sostiene el actor, no toda norma que se refiera a las competencias de entidades territoriales debe ser de naturaleza org\u00e1nica; la interpretaci\u00f3n de esta reserva es restrictiva para no vaciar la competencia del legislador ordinario. El art\u00edculo 15 de la Ley 1762 lejos de regular competencias distribuidas entre naci\u00f3n y las entidades territoriales, desarrolla una funci\u00f3n constitucional de los alcaldes prevista en el art\u00edculo 315.2 de la Carta, que como primera autoridad de polic\u00eda del municipio, le corresponde la conservaci\u00f3n del orden p\u00fablico. De otro lado, adem\u00e1s de que el demandante no pudo establecer con claridad que las normas impugnadas reformen el Decreto ley 663 de 1993, Estatuto Org\u00e1nico Financiero vigente, en todo caso este estatuto no es una ley org\u00e1nica, raz\u00f3n por la cual su modificaci\u00f3n se hace mediante ley ordinaria."<\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ley declarada EXEQUIBLE por los cargos analizados por la Corte Constitucional; mediante Sentencia C-208-16<\/a><\/b>, Abril 27 de 2016; Magistrado Ponente Dra. Mar\u00eda Victoria Calle Correa. Mediante la misma Sentencia decide INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca del resto de los cargos presentados por la demanda de la referencia en contra de la Ley 1762 de 2015, por no fundarse en razones susceptibles de ser analizadas en sede de constitucionalidad. "<\/i><\/font>Examinado el tr\u00e1mite cursado en el Congreso por la Ley 1762 de 2015, la Corte constat\u00f3 que no se hab\u00eda violado el principio de publicidad al dejar de publicar en el Acta del debate en Comisi\u00f3n y en la Gaceta del Congreso en la que se public\u00f3 dicha Acta, el texto del proyecto de ley que fue aprobado en debate en Comisi\u00f3n, cuando el texto en cuesti\u00f3n s\u00ed fue publicado en una Gaceta del Congreso diferente, incluyendo las modificaciones que fueron introducidas y las razones para ello. De igual modo, la corporaci\u00f3n determin\u00f3 que el Congreso de la Rep\u00fablica no desconoci\u00f3 las reglas de competencia de las comisiones constitucionales permanentes, al tramitar un proyecto de ley que tiene un objeto complejo que aborda diversas \u00e1reas del derecho, por medio de comisiones que se ocupan especialmente de esos asuntos o los temas m\u00e1s afines y prevalentes del proyecto de ley de que se trate. Por otro lado, el tribunal constitucional reiter\u00f3 que la violaci\u00f3n del principio de unidad de materia consagrado en el art\u00edculo 158 de la Carta Pol\u00edtica s\u00f3lo puede predicarse de aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relaci\u00f3n de conexidad tem\u00e1tica, causal, teleol\u00f3gica, sist\u00e9mica o por consecuencia, con la materia dominante de la misma. Por tal motivo, el legislador no vulner\u00f3 el principio de unidad de materia al haber aprobado una ley con el objeto de \u201cprevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasi\u00f3n fiscal\u201d , como se estableci\u00f3 en la Ley 1762 de 2015, por el solo hecho de haber introducido una diversidad de temas tales como reformas al C\u00f3digo de Comercio, al cobro del impuesto al consumo y las sanciones por el no pago, puesto que se trata de cuestiones que guardan de una u otra manera, conexidad, con la materia principal de la ley. Por \u00faltimo, la Corte se inhibi\u00f3 en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s cargos de inconstitucionalidad que se formularon contra la Ley 1762 de 2015, relativos al desconocimiento de las reglas de votaci\u00f3n en el Congreso, la reserva de ley estatutaria y ley org\u00e1nica, las competencias del Gobierno Nacional en materia aduanera, los principios de tipicidad, non bis in \u00eddem y derecho penal m\u00ednimo, en atenci\u00f3n a que no cumplieron con los requisitos que se exigen para emitir una decisi\u00f3n de fondo.<\/font><\/i>"<\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

EL CONGRESO DE COLOMBIA <\/b><\/p>\n


DECRETA<\/font><\/b><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 1.<\/a> Objeto.<\/b> La presente ley tiene por objeto modernizar y adecuar la normativa existente a la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y defraudaci\u00f3n fiscal.<\/font><\/p>\n


La ley moderniza y adecua la normativa necesaria para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudaci\u00f3n fiscal y el favorecimiento de esas conductas; para fortalecer la capacidad institucional del Estado; para establecer mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas por las autoridades competentes; y para garantizar la adopci\u00f3n de medidas patrimoniales que disuadan y castiguen el desarrollo de esas conductas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO I<\/b>
Disposiciones penales y procesales penales<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 2.<\/a> Las penas privativas de otros derechos. <\/b>Modif\u00edquese el numeral 3 del art\u00edculo 43<\/a><\/b> de laLey 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

Art\u00edculo 43. <\/b>( …)<\/font><\/p>\n


"3. La inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin \u00e1nimo de lucro o cualquier tipo de ente econ\u00f3mico,  nacional o extranjero. ( … )"<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 3. <\/a><\/b>La inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio. Modif\u00edquese el art\u00edculo 46<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 46. La inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio.<\/b> La pena de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio, se impondr\u00e1 por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, sin exceder los l\u00edmites que alude el art\u00edculo 51 de este C\u00f3digo, siempre que la infracci\u00f3n se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera de las mencionadas actividades, medie relaci\u00f3n de causalidad entre el delito y la profesi\u00f3n o contravenga las obligaciones que de su ejercicio se deriven.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En firme la sentencia que impusiere esta pena, el juez la comunicar\u00e1 a la respectiva C\u00e1mara de Comercio para su inclusi\u00f3n en el Registro \u00danico Empresarial (RUES) o el que haga sus veces, a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, y dem\u00e1s autoridades encargadas del registro de la profesi\u00f3n, comercio, arte u oficio del condenado, seg\u00fan corresponda."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 4. <\/a>Contrabando.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 319<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 319. Contrabando.<\/b> El que introduzca o extraiga mercanc\u00edas en cuant\u00eda superior a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales, al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cuatro (4) a ocho (8) a\u00f1os y multa del doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Notas Jurisprudenciales*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

La Corte Constitucional declara ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, que declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1762 de 2015, por el cargo de violaci\u00f3n del principio de legalidad; mediante Sentencia C-203-16<\/a><\/b>, Abril 27 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas R\u00edos. "En el presente caso, la demanda de inconstitucionalidad se hab\u00eda dirigido contra los art\u00edculos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, par\u00e1grafo 2\u00ba, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por la presunta vulneraci\u00f3n del debido proceso, el principio de buena fe, la libertad de empresa y los principios constitucionales de unidad de materia, igualdad y proporcionalidad. La demanda solo fue admitida en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 4\u00ba de la citada ley, por los cargos de tipicidad, razonabilidad e igualdad. Al precisar los problemas jur\u00eddicos a dilucidar, la Corte estableci\u00f3 que consist\u00edan en determinar: (i) si el legislador viol\u00f3 el principio de legalidad penal, en la medida que al tipificar el delito de contrabando, emple\u00f3, entre otros verbos rectores, el de \u201cdisimular\u201d, el cual resulta vago e indeterminado; y (ii) si la tipificaci\u00f3n del delito de contrabando en la Ley 1762 de 2015, vulnera el principio de razonabilidad, ya que determinadas conductas all\u00ed descritas no merecen un reproche penal similar al que tienen los delitos de narcotr\u00e1fico y blanqueo de capitales. En relaci\u00f3n con el primer problema jur\u00eddico, la Corte se abstuvo de emitir un nuevo pronunciamiento, puesto que constat\u00f3 que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, habida cuenta que en la sentencia C-191 de 2016 este tribunal declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados, uno de ellos, la vulneraci\u00f3n del principio de legalidad y en particular, respecto de los verbos rectores del tipo penal impugnado. En cuanto al segundo cargo, la Corte efectu\u00f3 un examen de fondo, en el cual tuvo en cuenta a) los prop\u00f3sitos perseguidos en la aprobaci\u00f3n de la Ley 1762 de 2015; b) los pronunciamientos del tribunal constitucional en materia de contrabando; c) el margen de configuraci\u00f3n y los l\u00edmites constitucionales que tiene el Congreso de la Rep\u00fablica en materia de tipificaci\u00f3n de delitos; y d) el principio de razonabilidad en materia penal. Luego de examinar estas cuestiones, la Corte concluy\u00f3 que el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1762 de 2014 no vulnera el principio de razonabilidad penal, en cuanto la tipificaci\u00f3n penal del contrabando no configura un exceso punitivo en relaci\u00f3n con otras conductas delictivas como el narcotr\u00e1fico y el lavado de activos y persigue un fin leg\u00edtimo, cual es, la protecci\u00f3n de diversos bienes jur\u00eddicos amparados, en especial, el orden econ\u00f3mico y social, siendo adem\u00e1s, una medida id\u00f3nea y necesaria para alcanzar tal prop\u00f3sito". <\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n

\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

En que oculte, disimule o sustraiga de la intervenci\u00f3n y control aduanero mercanc\u00edas en cuant\u00eda superior a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales, o las ingrese a zona primaria definida en la normativa aduanera vigente sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulaci\u00f3n aduanera, incurrir\u00e1 en la misma pena de prisi\u00f3n y multa descrita en el inciso anterior.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre mercanc\u00edas en cuant\u00eda superior a doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales, se impondr\u00e1 una pena de nueve (9) a doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa del doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

Se tomar\u00e1 como circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva, que el sujeto activo tenga la calidad de Usuario Altamente Exportador (Altex), de un Usuario Aduanero Permanente (UAP), o de un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador Econ\u00f3mico Autorizado (OEA) o de cualquier operador con un r\u00e9gimen especial de acuerdo con la normativa aduanera vigente. Asimismo ser\u00e1 causal de mayor punibilidad la reincidencia del sujeto activo de la conducta.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo. La legalizaci\u00f3n de las mercanc\u00edas no extingue la acci\u00f3n penal."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 5. <\/a><\/b>Contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Modif\u00edquese el art\u00edculo 319-1<\/a><\/b> de laLey 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 319-1. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados.<\/b> El que en cantidad superior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50) introduzca hidrocarburos o sus derivados al territorio colombiano, o los extraiga desde \u00e9l, por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de tres (3) a cinco (5) a\u00f1os y multa de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.<\/font><\/p>\n


El que descargue en lugar de arribo hidrocarburos o sus derivados en cantidad superior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50), sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulaci\u00f3n aduanera, incurrir\u00e1 en la misma pena de prisi\u00f3n y multa descrita en el inciso anterior.<\/font><\/p>\n


El que oculte, disimule o sustraiga de la intervenci\u00f3n y control aduanero hidrocarburos o sus derivados en cantidad superior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50), incurrir\u00e1 en la misma pena de prisi\u00f3n y multa descrita en el inciso primero de este art\u00edculo. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Si las conductas descritas en el incisos anteriores recaen sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los cincuenta (50) galones, se impondr\u00e1 una pena de cuatro (4) a ocho (8) a\u00f1os y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.<\/font><\/p>\n


Si la conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los ochenta (80) galones, se impondr\u00e1 una pena de diez (10) a catorce (14) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de mil quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito. El monto de la multa no podr\u00e1 superar el m\u00e1ximo de la pena de multa establecido en este c\u00f3digo.<\/font><\/p>\n


Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los mil (1.000) galones, se impondr\u00e1 una pena de doce (12) a diecis\u00e9is (16) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de mil quinientos<\/font> (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito. El monto de la multa no podr\u00e1 superar el m\u00e1ximo de la pena de multa establecido en este C\u00f3digo. <\/p>\n

Par\u00e1grafo. La legalizaci\u00f3n de las mercanc\u00edas no extingue la acci\u00f3n penal" <\/p>\n<\/blockquote>\n

Art\u00edculo 6. <\/a><\/b>Favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando. Modif\u00edquese el art\u00edculo 320<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 320. Favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando.<\/b> El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercanc\u00edas que hayan sido introducidas al pa\u00eds ilegalmente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustra\u00eddo de la intervenci\u00f3n y control aduanero o que se hayan ingresado a zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulaci\u00f3n aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin superar los doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de tres (3) a seis (6) a\u00f1os y multa del doscientos por ciento (200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduanero de la mercanc\u00eda objeto del delito.<\/font><\/p>\n


Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercanc\u00edas cuyo valor supere los doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de seis (6) a diez (10) a\u00f1os, y multa del doscientos por ciento (200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduanero de la mercanc\u00eda objeto del delito.<\/font><\/p>\n


No se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el presente art\u00edculo al consumidor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, est\u00e9n soportados con factura o documento equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el art\u00edculo 771-2 del Estatuto Tributario."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 7.<\/a> Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 320-1<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 320-1. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.<\/b> El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan ingresado al pa\u00eds ilegalmente, o que se hayan descargado en lugar de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustra\u00eddo de la intervenci\u00f3n y control aduanero cuya cantidad sea superior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50), se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de tres (3) a cinco (5) a\u00f1os y multa de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.<\/font><\/p>\n


Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los cincuenta (50) galones, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de cuatro (4) a ocho (8) a\u00f1os y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.<\/font><\/p>\n

  
Si la conducta descrita en el inciso primero recae sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los ochenta (80) galones, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de diez (10) a catorce (14) a\u00f1os, y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento por ciento (200%) del valor aduanero de las mercanc\u00edas. <\/p>\n

Si la conducta descrita en el inciso primero, recae sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los mil (1.000) galones, incurrir\u00e1 en pena de doce (12) a diecis\u00e9is (16) a\u00f1os, y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de las mercanc\u00edas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

No se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el presente art\u00edculo al consumidor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, est\u00e9n soportados con factura o documento equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el art\u00edculo 771-2 del Estatuto Tributario.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 8. <\/a>Fraude Aduanero. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 321<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 321. Fraude Aduanero. <\/b>El que por cualquier medio suministre informaci\u00f3n falsa, la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros a los que est\u00e9 obligado en Colombia, en cuant\u00eda superior a veinte (20) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes del valor real de la mercanc\u00eda incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de ocho (8) a doce (12) a\u00f1os, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Aparte Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

Par\u00e1grafo. Lo dispuesto en el presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 cuando el valor distinto de los tributos aduaneros declarados corresponda a error aritm\u00e9tico en la liquidaci\u00f3n de tributos, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de las sanciones administrativas establecidas en la ley."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 9.<\/a><\/b> Favorecimiento por servidor p\u00fablico. Modif\u00edquese el art\u00edculo 322<\/a><\/b> de laLey 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 322. Favorecimiento por servidor p\u00fablico.<\/b> El servidor p\u00fablico que colabore, participe, embarque, desembarque, transporte, distribuya, almacene, oculte, enajene o de cualquier forma facilite la sustracci\u00f3n, ocultamiento o disimulo de mercanc\u00edas del control de las autoridades aduaneras, o la introducci\u00f3n de las mismas por lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, cuando el valor real de la mercanc\u00eda involucrada sea inferior a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cuatro (4) a ocho (8) a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del objeto de la conducta.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercanc\u00edas cuyo valor real supere los cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de nueve (9) a trece (13) a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del objeto de la conducta. <\/font><\/p>\n

 
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercanc\u00edas cuyo valor real supere los doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de once (11) a quince (15) a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del objeto de la conducta.<\/font><\/p>\n


El monto de la multa no podr\u00e1 superar el m\u00e1ximo de la pena de multa establecida en este C\u00f3digo." <\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 10. <\/a>Favorecimiento por servidor p\u00fablico de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 322-1<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 322-1. Favorecimiento por servidor p\u00fablico de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.<\/b> El servidor p\u00fablico que colabore, participe, embarque, desembarque, transporte, distribuya, almacene, oculte, enajene o de cualquier forma facilite la sustracci\u00f3n, ocultamiento o disimulo de hidrocarburos o sus derivados del control de las autoridades aduaneras, o la introducci\u00f3n de las mismas por lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, cuando la cantidad de los hidrocarburos o sus derivados sea inferior a los cincuenta (50) galones, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cinco (5) a nueve (9) a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n derechos y funciones p\u00fablicas por el mismos tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del objeto de la conducta.<\/p>\n

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre una cantidad de hidrocarburos o sus derivados que supere los cincuenta (50) galones, se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de diez (10) a catorce (14) a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del objeto de la conducta.<\/p>\n

Si la conducta descrita en el primer inciso, recae sobre una cantidad de hidrocarburos o sus derivados que supere los quinientos (500) galones, se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de doce (12) a diecis\u00e9is (16) a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salari0s m\u00ednimos mensuales vigentes, sin que en ning\u00fan caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del objeto de la conducta.<\/p>\n

El monto de la multa no podr\u00e1 superar el m\u00e1ximo de multa establecida en este C\u00f3digo." <\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 11. <\/a>Lavado de activos. <\/b>Modif\u00edquese el art\u00edculo 323<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 323. Lavado de activos.<\/b> El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta (30) a\u00f1os y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Inciso declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, salvo la expresi\u00f3n tachada declarada INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

\n

La misma pena se aplicar\u00e1 cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada.<\/font><\/p>\n


El lavado de activos ser\u00e1 punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.<\/font><\/p>\n


Las penas privativas de la libertad previstas en el presente art\u00edculo se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la mitad cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se 1, introdujeren mercanc\u00edas al territorio nacional. "<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 12<\/a>. Concierto para delinquir. <\/b>Adici\u00f3nese un cuarto inciso al art\u00edculo 340<\/a><\/b> de laLey 599 de 2000<\/a><\/b>, en los siguientes t\u00e9rminos:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 340. ( … )<\/font><\/p>\n


Cuando se tratare de concierto para la comisi\u00f3n de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de seis (6) a doce (12) a\u00f1os y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 13.<\/a> Receptaci\u00f3n.<\/b> Adici\u00f3nese un cuarto inciso al art\u00edculo 447<\/a><\/b> de la Ley 599 de 2000<\/a><\/b>, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 447. ( … ) <\/p>\n

Si la conducta recae sobre los siguientes productos o sus derivados: aceites comestibles, arroz, papa, cebolla, huevos, leche, az\u00facar, cacao, carne, ganado, aves vivas o en canal, licores, medicamentos, cigarrillos, aceites carburantes, veh\u00edculos, autopartes, calzado, marroquiner\u00eda, confecciones, textiles, acero o cemento, en cuant\u00eda superior a cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, la pena imponible se aumentar\u00e1 hasta en la mitad." <\/p>\n<\/blockquote>\n


CAP\u00cdTULO II <\/b>
R\u00e9gimen sancionatorio com\u00fan para productos sometidos al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajo; al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado Sanciones <\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Art\u00edculo 14. <\/a>Sanciones por evasi\u00f3n del impuesto al consumo.<\/b> El incumplimiento de las obligaciones y deberes relativos al impuesto al consumo de qu\u00e9 trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b>, o el incumplimiento de deberes espec\u00edficos de control de mercanc\u00edas sujetas al impuesto al consumo, podr\u00e1 dar lugar a la imposici\u00f3n de una o algunas de las siguientes sanciones, seg\u00fan sea el caso: <\/p>\n

a) Decomiso de la mercanc\u00eda; <\/font><\/p>\n


b) Cierre del establecimiento de comercio; <\/font><\/p>\n


c) Suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n definitiva de las licencias, concesiones, autorizaciones o registros; <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

d) Multa. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 15.<\/a> Decomiso de las mercanc\u00edas.<\/b> Sin perjuicio de las facultades y competencias de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, los departamentos y el Distrito Capital de Bogot\u00e1 en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 200<\/a><\/b> y 222<\/a><\/b> de la Ley 223 de 1995<\/a><\/b>, podr\u00e1n aprehender y decomisar mercanc\u00edas sometidas al impuesto al consumo, en los casos previstos en esa norma y su reglamentaci\u00f3n. En el evento en que se demuestre que las mercanc\u00edas no son sujetas al impuesto al consumo, pero posiblemente han ingresado al territorio aduanero nacional de manera irregular, los departamentos o el Distrito Capital, seg\u00fan sea el caso, deber\u00e1n dar traslado de lo actuado a la autoridad aduanera, para lo de su competencia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 16.<\/a> Sanci\u00f3n de cierre de establecimiento de comercio.<\/b> Los departamentos y el Distrito Capital de Bogot\u00e1, dentro de su \u00e1mbito de competencia, deber\u00e1n ordenar a t\u00edtulo de sanci\u00f3n el cierre temporal de los establecimientos en donde se comercialicen o almacenen productos sometidos al impuesto al consumo del que trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b>, respecto de los cuales no se hubiere declarado o pagado dicho impuesto por parte del sujeto pasivo del impuesto.<\/font><\/p>\n


La dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n atender\u00e1 los siguientes criterios:<\/font><\/p>\n


Cuando el valor de la mercanc\u00eda sea inferior a doscientas veintiocho (228) UVT, el cierre del establecimiento podr\u00e1 ordenarse hasta por treinta (30) d\u00edas calendario.<\/font><\/p>\n


Cuando el valor de la mercanc\u00eda sea igualo mayor a doscientas veintiocho (228) y hasta seiscientos ochenta y cuatro (684) UVT, el cierre del establecimiento podr\u00e1 ordenarse hasta por sesenta (60) d\u00edas calendario.<\/font><\/p>\n


Cuando el valor de la mercanc\u00eda sea mayor a seiscientos ochenta y cuatro (684) y hasta mil ciento treinta y nueve (1139) UVT, el cierre del establecimiento podr\u00e1 ordenarse hasta por noventa (90) d\u00edas calendario.<\/font><\/p>\n


Cuando el valor de la mercanc\u00eda sea mayor a mil ciento treinta y nueve (1139) UVT, el cierre del establecimiento podr\u00e1 ordenarse hasta por ciento veinte (120) d\u00edas calendario.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. El cierre del establecimiento de comercio genera para su titular o titulares la prohibici\u00f3n de registrar o administrar en el domicilio donde se cometi\u00f3 la infracci\u00f3n o en cualquier otro dentro de la misma jurisdicci\u00f3n, directamente o por interpuesta persona, un nuevo establecimiento de comercio con objeto id\u00e9ntico o similar, por el tiempo que dure la sanci\u00f3n. <\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. Para efectos del aval\u00fao de que trata el presente art\u00edculo, se atender\u00e1n criterios de valor comercial, y como criterios auxiliares se podr\u00e1 acudir a los t\u00e9rminos consagrados por el Estatuto Tributario y el Estatuto Aduanero.<\/p>\n

Par\u00e1grafo 3. El propietario del establecimiento de comercio que sin previa autorizaci\u00f3n lo reabra antes de la fecha prevista para el cumplimiento de la sanci\u00f3n de cierre impuesta por la autoridad competente, ser\u00e1 sancionado con multa de cuarenta y seis (46) UVT por d\u00eda transcurrido, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 17.<\/a> Sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n del registro o autorizaci\u00f3n de operaciones. <\/b>Los distribuidores que comercialicen bienes sujetos al impuesto al consumo respecto de los cuales no se hubiere declarado o pagado dicho impuesto dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la ley, ser\u00e1n sancionados por la Secretar\u00eda de Hacienda Departamental o del Distrito Capital seg\u00fan corresponda, con la suspensi\u00f3n del registro o autorizaci\u00f3n de comercializaci\u00f3n por un t\u00e9rmino de hasta un (1) a\u00f1o. Los distribuidores sancionados no podr\u00e1n comercializar bienes gravados con impuesto al consumo en el departamento respectivo o el Distrito capital seg\u00fan corresponda, durante el t\u00e9rmino que fije el acto administrativo sancionatorio correspondiente. En caso de reincidencia proceder\u00e1 la cancelaci\u00f3n del registro o autorizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 18.<\/a> Sanci\u00f3n de multa por no declarar el impuesto al consumo.<\/b> Sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes, la sanci\u00f3n por no declarar oportunamente el impuesto al consumo del que trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b> ser\u00e1 de (i) multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las mercanc\u00edas que determine la administraci\u00f3n para el per\u00edodo en que la misma no se haya declarado; o de (ii) multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las mercanc\u00edas que determine la administraci\u00f3n, calculado proporcionalmente para el per\u00edodo en el que no se declar\u00f3 el impuesto al consumo y estimados con base en la \u00faltima declaraci\u00f3n de renta presentada. En todo caso, se utilizar\u00e1 la base que genere el mayor valor entre las dos. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 1. Para efectos de la liquidaci\u00f3n, cuando los departamentos o el Distrito Capital dispongan \u00fanicamente de una de las bases para liquidar el monto de las sanciones de que trata el presente art\u00edculo, podr\u00e1n aplicarlas sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. Si dentro del t\u00e9rmino para interponer el recurso contra la resoluci\u00f3n que impone la sanci\u00f3n por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor, presenta la declaraci\u00f3n, la sanci\u00f3n por no declarar se reducir\u00e1 en un veinte por ciento (20%) del valor de la sanci\u00f3n inicialmente impuesta por la administraci\u00f3n, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deber\u00e1 liquidarla y pagarla al presentar la declaraci\u00f3n tributaria.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 19.<\/a> Sanci\u00f3n de multa por importaci\u00f3n con franquicia sin pago de impuesto al consumo.<\/b> La ausencia de declaraci\u00f3n o la ausencia de pago del impuesto al consumo del que trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b>, por la importaci\u00f3n con franquicia de bienes gravados con el mismo, dar\u00e1n lugar a la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en los art\u00edculos anteriores, seg\u00fan sea el caso. Dicho impuesto se generar\u00e1 en toda importaci\u00f3n con franquicia, sin perjuicio de la devoluci\u00f3n del mismo en los t\u00e9rminos y condiciones que defina el gobierno nacional, una vez acreditados los elementos que dan lugar a la franquicia correspondiente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 20. <\/a>Sanci\u00f3n de multa por extemporaneidad en el registro.<\/b> Los responsables del impuesto al consumo del que trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b> obligados a registrarse ante las Secretar\u00edas de Hacienda de los departamentos y del Distrito Capital que se inscriban con posterioridad al plazo establecido en el literal a) del art\u00edculo 215<\/a><\/b> de laLey 223 de 1995<\/a><\/b> deber\u00e1n liquidar y cancelar una sanci\u00f3n equivalente a doscientas veinte ocho (228) UVT por cada mes o fracci\u00f3n de mes de retardo en la inscripci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Cuando la inscripci\u00f3n se haga de oficio, existiendo obligaci\u00f3n legal para registrarse, se aplicar\u00e1 una sanci\u00f3n de cuatrocientas cincuenta y seis (456) UVT por cada mes o fracci\u00f3n de mes de retardo en la inscripci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 21.<\/a> Sanci\u00f3n de multa por no movilizar mercanc\u00edas dentro del t\u00e9rmino legal.<\/b> Sin perjuicio de la aprehensi\u00f3n y decomiso de los productos, en los eventos en que procedan, si una vez expedida la tornagu\u00eda, no se llevare a cabo la movilizaci\u00f3n de los productos gravados con impuestos al consumo de que trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b> dentro del plazo se\u00f1alado por la normativa vigente, el sujeto pasivo ser\u00e1 sancionado por la Secretar\u00eda de Hacienda Departamental o por la Secretar\u00eda de Hacienda del Distrito Capital seg\u00fan corresponda, con cuarenta y seis (46) UVT por cada d\u00eda de demora.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 22. <\/a>Sanci\u00f3n de multa por no radicar tornagu\u00edas para legalizaci\u00f3n. <\/b>El transportador encargado de radicar ante las autoridades la tornagu\u00eda de productos con respecto a los cuales deba pagarse impuesto al consumo del que trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b>, y el sujeto pasivo del impuesto al consumo generado por la mercanc\u00eda transportada por el transportador, ser\u00e1n sancionados cada uno con multa equivalente a cuarenta y seis (46) UVT por d\u00eda transcurrido, sin que el monto sobrepase el doscientos por ciento (200%) del valor comercial de la mercanc\u00eda transportada, cuando no radiquen las tornagu\u00edas de movilizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda correspondiente para que sean legalizadas por la autoridad competente, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Procedimientos aplicables para la imposici\u00f3n de las sanciones <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 23.<\/a> Procedimiento para mercanc\u00edas cuya cuant\u00eda sea igual o inferior a 456 UVT. <\/b>Cuando las autoridades de fiscalizaci\u00f3n de los departamentos o del Distrito Capital de Bogot\u00e1 encuentren productos sometidos al impuesto al consumo de qu\u00e9 trata la Ley 223 de 1995<\/a><\/b> que tengan un valor inferior o igual a cuatrocientas cincuenta y seis (456) UVT, y no se acredite el pago del impuesto, proceder\u00e1n de inmediato a su aprehensi\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Dentro de la misma diligencia de aprehensi\u00f3n, el tenedor de la mercanc\u00eda deber\u00e1 aportar los documentos requeridos por el funcionario competente que demuestren el pago del impuesto. De no aportarse tales documentos se proferir\u00e1 el acta de aprehensi\u00f3n, reconocimiento, aval\u00fao y decomiso directo de los bienes.<\/font><\/p>\n


En esa misma acta podr\u00e1 imponerse la sanci\u00f3n de multa correspondiente y la sanci\u00f3n de cierre temporal del establecimiento de comercio, cuando a ello hubiere lugar.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/b><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional medianteSentencia C-403-16<\/a><\/b> de Agosto 3 de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. <\/font>"<\/font><\/i><\/font>En el caso concreto, la Corte consider\u00f3 que se deb\u00eda realizar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica que permitiera una comprensi\u00f3n integral del apartado de la norma demandada, para lo cual adem\u00e1s del recurso de reconsideraci\u00f3n a que tiene derecho el contribuyente, se tuvieron en cuenta las remisiones que hacen el art\u00edculo 23, al Estatuto Tributario y el art\u00edculo 25 alEstatuto Aduanero, en los cuales se establece el procedimiento para la imposici\u00f3n de sanciones de multa y cierre de establecimiento comercial, en el presente caso, por noacreditar el pago del impuesto al consumo. De esta forma, concluy\u00f3 que se garantizan de manera adecuada los derechos de defensa, aporte y contradicci\u00f3n de pruebas, notificaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de la decisi\u00f3n al investigado. Puso de presente, que dejar sin un procedimiento administrativo sancionador el cierre temporal o la multa de establecimientos de comercio donde se encuentren mercanc\u00edas sujetas al pago del impuesto al consumo establecido en la Ley 223 de 1995, menores o iguales a 456 UVT, podr\u00eda dar lugar a que se utilizara la pr\u00e1ctica de segmentar o fraccionar el contrabando en cantidades equivalentes o menores a 446 UVT, para evitar la imposici\u00f3n de dichas sanciones. M\u00e1s aun, aunque no se contara con un procedimiento sancionador espec\u00edfico con las citadas remisiones, el debido proceso estar\u00eda garantizado con las normas generales del procedimiento administrativo sancionador contenidas en la Ley 1437 de 2011, C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo (CPACA), para evitar sanciones arbitrarias que puedan vulnerar o poner en riesgo el debido proceso de los administrados. Por consiguiente, la Corte procedi\u00f3 a declarar la exequibilidad del inciso tercero del art\u00edculo 23 de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados."<\/font> <\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n


El acta de la diligencia es una decisi\u00f3n de fondo y contra la misma procede \u00fanicamente el recurso de reconsideraci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Cuando con ocasi\u00f3n del recurso de reconsideraci\u00f3n o de la petici\u00f3n de revocatoria directa interpuesta contra el acta de aprehensi\u00f3n y decomiso, se determine que el valor de la mercanc\u00eda aprehendida y decomisada directamente resulta superior a la cuant\u00eda de cuatrocientas cincuenta y seis (456) UVT, prevista en el inciso primero de este art\u00edculo, se le restablecer\u00e1n los t\u00e9rminos al interesado y se seguir\u00e1 el procedimiento administrativo sancionado previsto en el art\u00edculo 24 de la presente ley. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 2. El procedimiento previsto en este art\u00edculo podr\u00e1 igualmente aplicarse, respecto de los productos extranjeros sometidos al impuesto al consumo que sean encontrados sin los documentos que amparen el pago del tributo. En estos casos, sin perjuicio de la correspondiente disposici\u00f3n de los bienes en los t\u00e9rminos que ordena la presente ley, el departamento o el Distrito Capital deber\u00e1n dar traslado de lo actuado a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, as\u00ed como dar aviso inmediato de esta circunstancia a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, para que inicien las actuaciones o tomen las determinaciones propias de su \u00e1mbito de competencia.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 3. Para efectos del aval\u00fao de que trata el presente art\u00edculo, la mercanc\u00eda ser\u00e1 valorada en los t\u00e9rminos consagrados por el Estatuto Tributario, el Estatuto Aduanero y las normas previstas en la presente ley.<\/font><\/p>\n


En los aspectos no contemplados en este cap\u00edtulo, se seguir\u00e1 lo dispuesto por el Estatuto Tributario, en lo que sea compatible. <\/p>\n


Art\u00edculo 24.<\/a> Procedimiento para mercanc\u00edas cuya cuant\u00eda sea superior a 456 UVT.<\/b> Las sanciones de decomiso de la mercanc\u00eda, cierre del establecimiento de comercio, suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de las licencias, autorizaciones, concesiones y registros y las multas establecidas en los art\u00edculos 15 a 19 de la presente ley, se impondr\u00e1n de acuerdo con el siguiente procedimiento: <\/p>\n

El funcionario encargado de la funci\u00f3n de fiscalizaci\u00f3n, de oficio o a solicitud de parte, adelantar\u00e1 las averiguaciones preliminares que culminaran con un informe presentado al Secretario de Hacienda del departamento o del Distrito Capital quien proferir\u00e1 pliego de cargos, cuando corresponda, en el que se\u00f1alar\u00e1, con precisi\u00f3n y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jur\u00eddicas objeto de la investigaci\u00f3n, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que ser\u00edan procedentes. Este acto administrativo deber\u00e1 ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisi\u00f3n no procede recurso. <\/p>\n

El investigado, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la formulaci\u00f3n de cargos, podr\u00e1 presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Ser\u00e1n rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atender\u00e1n las practicadas ilegalmente. Cuando deban practicarse pruebas se se\u00f1alar\u00e1 un t\u00e9rmino no mayor a 30 d\u00edas. Vencido el per\u00edodo probatorio se dar\u00e1 traslado al investigado por diez (10) d\u00edas para que presente los alegatos respectivos. Dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al vencimiento de la fecha para presentar los alegatos, el funcionario deber\u00e1 proferir decisi\u00f3n definitiva. <\/p>\n

Contra el acto administrativo que impone la sanci\u00f3n proceder\u00e1 el recurso de reconsideraci\u00f3n, que se interpondr\u00e1 dentro de los diez (10) d\u00edas, siguientes a la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n que impone la sanci\u00f3n y se decidir\u00e1 dentro de los treinta (30) d\u00edas, siguientes a su interposici\u00f3n, por el Gobernador o el Alcalde Mayor del Distrito Capital, seg\u00fan sea el caso. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En los aspectos no contemplados en este cap\u00edtulo, se seguir\u00e1 lo dispuesto por el Estatuto Tributario, en lo que sea compatible.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 25.<\/a> Procedimiento aplicable para la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n de multa.<\/b> Para la aplicaci\u00f3n de las multas de que tratan los art\u00edculos 20 a 22 de la presente ley, se seguir\u00e1 el procedimiento sancionatorio previsto en el Decreto n\u00famero 2685 de 1999<\/a><\/b> y las normas que lo modifiquen o sustituyan.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 26.<\/a> Reincidencia.<\/b> Habr\u00e1 reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una nueva infracci\u00f3n del mismo tipo dentro de los tres (3) a\u00f1os siguientes a la comisi\u00f3n del hecho sancionado.<\/font><\/p>\n


La reincidencia permitir\u00e1 elevar las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley, en un veinticinco por ciento (25%) de su valor cuando se reincida por primera vez, en un cincuenta por ciento (50%) cuando se reincida por segunda vez, en un setenta y cinco por ciento (75%) cuando se reincida por tercera vez, y en un ciento por ciento (100%) cuando se reincida por cuarta o m\u00e1s veces.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO III <\/b>
Disposiciones en materia comercial <\/p>\n


Art\u00edculo 27. <\/a>Funciones del Revisor Fiscal. <\/b>Adici\u00f3nese al art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio<\/a><\/b>, un nuevo numeral, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n


"Art\u00edculo 207. ( …) <\/font><\/p>\n


"10. Reportar a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los t\u00e9rminos del literal d) del numeral 2 del art\u00edculo 102<\/a><\/b> del Decreto-ley 663 de 1993<\/a><\/b>, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 28. <\/a><\/b>Sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio, a las obligaciones del comerciante y otras. Modif\u00edquese el art\u00edculo 58 del C\u00f3digo de Comercio, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 58.<\/b> Sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio, a las obligaciones del comerciante y otras. Sin perjuicio de las penas y sanciones establecidas en normas especiales, la violaci\u00f3n a las obligaciones y prohibiciones establecidas en los art\u00edculos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del C\u00f3digo de Comercio, o el no suministro de la informaci\u00f3n requerida por las autoridades de conformidad con las normas vigentes, o el incumplimiento de la prohibici\u00f3n de ejercer el comercio, profesi\u00f3n u oficio, proferida por autoridad judicial competente, ser\u00e1 sancionada con multa entre diez (10) y mil (1.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La multa ser\u00e1 impuesta por la Superintendencia de Sociedades o del ente de inspecci\u00f3n, vigilancia o control correspondiente, seg\u00fan el caso, de oficio o a petici\u00f3n de cualquier persona.<\/font><\/p>\n


En el evento que una persona que haya sido sancionada por autoridad judicial con la inhabilitaci\u00f3n para ejercer el comercio, profesi\u00f3n u oficio, est\u00e9 ejerciendo dicha actividad a trav\u00e9s de un establecimiento de comercio, adicional a la multa establecida en el p\u00e1rrafo anterior, la Superintendencia de Sociedades o el ente de inspecci\u00f3n, vigilancia o control correspondiente, seg\u00fan el caso, de oficio o a petici\u00f3n de cualquier persona, ordenar\u00e1 la suspensi\u00f3n de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un t\u00e9rmino de hasta 2 meses. En caso de reincidencia, ordenar\u00e1 el cierre definitivo del establecimiento de comercio".<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 29.<\/a> Procedimiento sancionatorio.<\/b> Para efectos de la imposici\u00f3n de las sanciones de que trata el art\u00edculo anterior, se dispone del siguiente procedimiento verbal de car\u00e1cter sumario:<\/font><\/p>\n


1. Se realizar\u00e1 una visita de verificaci\u00f3n de la violaci\u00f3n, bien sea de oficio o a petici\u00f3n de cualquier persona, y el funcionario delegado de la Superintendencia de Sociedades o del ente que ejerza las funciones de inspecci\u00f3n vigilancia o control correspondientes, seg\u00fan el caso, dejar\u00e1 constancia de la misma mediante acta.<\/font><\/p>\n


2. En el evento en que de la visita resulte que la sociedad o persona ha incurrido en la violaci\u00f3n a las obligaciones y prohibiciones establecidas en los art\u00edculos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del C\u00f3digo de Comercio o ejerza el comercio, profesi\u00f3n u  oficio a pesar de estar inhabilitado, o no se suministre la informaci\u00f3n que solicite la autoridad para verificar los hechos, se proceder\u00e1 en el mismo sitio de la inspecci\u00f3n a citar al representante legal de la sociedad o a la persona natural a una audiencia a celebrarse dentro de los treinta (30) d\u00edas calendario siguientes a la fecha de la visita. En la citaci\u00f3n se dejar\u00e1 constancia del objeto de la audiencia, y se prevendr\u00e1 a la sociedad o a la persona natural seg\u00fan corresponda, acerca de la necesidad de llevar la totalidad de pruebas que pretenda hacer valer.<\/font><\/p>\n


3. Llegado el d\u00eda y hora de la audiencia programada, se proceder\u00e1 a dejar constancia acerca del objeto de la misma, y se le conceder\u00e1 el uso de la palabra a la parte investigada.<\/font><\/p>\n


4. En el evento en que la parte de manera voluntaria, consciente y libre, acepte que a la fecha de la inspecci\u00f3n no hab\u00eda dado cumplimiento a su deber legal, y adicionalmente allegue la informaci\u00f3n requerida por la autoridad correspondiente, el funcionario instructor se abstendr\u00e1 de imponer sanci\u00f3n por una \u00fanica vez, previniendo a la parte que en caso de reincidir en esta circunstancia, se har\u00e1 acreedora a la totalidad de la sanci\u00f3n imponible. Lo anterior, sin perjuicio de las penas y sanciones aplicables por normas especiales.<\/font><\/p>\n


5. En el evento en que la parte manifieste que no ha incurrido en falta alguna, el funcionario instructor abrir\u00e1 el procedimiento a pruebas, y permitir\u00e1 a la parte allegar las pruebas que resulten pertinentes y conducentes para efectos de formular su defensa. Cuando deban practicarse pruebas se se\u00f1alar\u00e1 un t\u00e9rmino no mayor a treinta (30) d\u00edas. Ser\u00e1n rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atender\u00e1n las practicadas ilegalmente. La decisi\u00f3n acerca del rechazo de la pr\u00e1ctica de pruebas ser\u00e1 objeto de recurso de apelaci\u00f3n, que deber\u00e1 ser interpuesto y sustentado en el mismo acto. El recurso se conceder\u00e1 en el efecto devolutivo. No obstante lo anterior, el funcionario instructor no podr\u00e1 emitir decisi\u00f3n de fondo cuando existan recursos pendientes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

6. Vencido el per\u00edodo probatorio se dar\u00e1 traslado al investigado por diez (10) d\u00edas para que presente los alegatos respectivos. <\/font><\/p>\n


7. Finalizada la etapa probatoria, el funcionario competente proferir\u00e1 el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n de los alegatos. la decisi\u00f3n podr\u00e1 ser objeto de recurso de apelaci\u00f3n, que deber\u00e1 ser sustentado inmediatamente.<\/font><\/p>\n


8. En caso de haberse interpuesto recurso de apelaci\u00f3n, el superior jer\u00e1rquico decidir\u00e1 dentro de los treinta (30) d\u00edas calendario siguientes a que se allegue el expediente en su despacho si se trata de la decisi\u00f3n de fondo, y dentro de los diez (10) d\u00edas calendario siguientes cuando se trate de una apelaci\u00f3n por negaci\u00f3n de pruebas.<\/font><\/p>\n


9. En caso de no comparecer la parte en la fecha y hora fijada para la audiencia, el funcionario instructor, dejando expresa constancia de esta circunstancia, proceder\u00e1 a suspender el tr\u00e1mite por una \u00fanica vez. La parte que no asistiere tendr\u00e1 tres (3) d\u00edas h\u00e1biles para justificar su inasistencia. En caso de justificar la inasistencia, se proceder\u00e1 a citar nuevamente a audiencia para continuar con el tr\u00e1mite. En el evento de no haberse justificado la inasistencia, proceder\u00e1 el funcionario instructor a fijar fecha y hora para continuar con el tr\u00e1mite. En dicho tr\u00e1mite, la parte podr\u00e1 asistir pero no ser\u00e1 o\u00edda.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO IV <\/b>
Normas de fortalecimiento institucional contra el contrabando <\/p>\n


Art\u00edculo 30. <\/a>Funciones de la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera en materia de Lucha contra el Contrabando.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 53<\/a><\/b> de la Ley 633 de 2000<\/a><\/b>, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 53. Polic\u00eda Fiscal Aduanera en el marco de lucha contra el contrabando.<\/b> La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contar\u00e1 con una Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Fiscal y Aduanera. Los funcionarios de la Polic\u00eda Nacional adscritos a la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Fiscal y Aduanera en el marco de la lucha anticontrabando podr\u00e1n desarrollar sus funciones conforme las competencias dadas y a los procedimientos establecidos con el Director General de la Unidad Administrativa Especial UAE-DIAN.<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 31. <\/a>Coordinaci\u00f3n en la lucha contra el contrabando y delitos conexos.<\/b> Cr\u00e9ase la Comisi\u00f3n Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, encargada de construir y dictar la pol\u00edtica de Estado contra el contrabando, el fraude aduanero y conductas conexas; teniendo en cuenta los gobiernos locales y los diferentes sectores. La Comisi\u00f3n adicionalmente formular\u00e1 directrices tendientes a generar estrategias de educaci\u00f3n y prevenci\u00f3n, a fortalecer la legitimidad social y cultural de la tributaci\u00f3n, el ingreso legal de mercanc\u00edas al pa\u00eds y las estrategias para eliminar barreras administrativas asociadas a estas conductas y la incidencia transnacional de estos fen\u00f3menos. Estas directrices deber\u00e1n ser propuestas e implementadas por los diferentes sectores y entidades
involucradas en la lucha contra el contrabando y sus delitos conexos, tanto de los gobiernos locales como del orden nacional.<\/font><\/p>\n


Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, la comisi\u00f3n formular\u00e1 la pol\u00edtica p\u00fablica de educaci\u00f3n y prevenci\u00f3n como herramienta de la lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasi\u00f3n fiscal.<\/font><\/p>\n


La Comisi\u00f3n tendr\u00e1 adem\u00e1s el mandato prioritario de formular pol\u00edticas de desarrollo alternativo y reconversi\u00f3n laboral para las zonas de frontera, donde se ejerza la pol\u00edtica anticontrabando, en coordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s instancias competentes.<\/font><\/p>\n


La Comisi\u00f3n Interinstitucional de Lucha Contra el Contrabando se instalar\u00e1 dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley y estar\u00e1 integrada por los siguientes miembros, quienes solo podr\u00e1n delegar su participaci\u00f3n en el segundo nivel jer\u00e1rquico de la respectiva entidad:<\/font><\/p>\n


1. El Director General de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2. El Director General de la Polic\u00eda Nacional.
3. El Fiscal General de la Naci\u00f3n.
4. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
5. El Ministro de Relaciones Exteriores.
6. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
7. El Superintendente de Puertos y Transporte.
8. El Superintendente de Industria y Comercio
9. El Director General de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero.
10. El Director General del Invima, cuando fuere el caso.
11. El Director de la Dimar, cuando fuera el caso.
12.EI Director de la Aeron\u00e1utica Civil, cuando fuera el caso.
13. El Gerente General del ICA, cuando fuere el caso.
14.Los Gobernadores de los Departamentos Fronterizos, cuando afecten temas de competencia regional.<\/font><\/p>\n


La Comisi\u00f3n Interinstitucional estar\u00e1 presidida por el Director General de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-DIAN o su delegado y la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Fiscal y Aduanera ejercer\u00e1 la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n. La Comisi\u00f3n se reunir\u00e1 ordinariamente cada tres (3) meses y podr\u00e1 invitar a las Entidades que de acuerdo con sus competencias se requieran para atender asuntos de la lucha contra el Contrabando y conductas conexas, as\u00ed como a los representantes del sector privado de las cadenas asociadas, cuando lo considere pertinente. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 el funcionamiento de la Comisi\u00f3n Interinstitucional creada mediante la presente ley.<\/font><\/p>\n


La coordinaci\u00f3n ser\u00e1 realizada de conformidad con los principios de eficacia, econom\u00eda, celeridad, complementariedad, cooperaci\u00f3n y especializaci\u00f3n, y estar\u00e1 enmarcada por el deber de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica de las entidades p\u00fablicas del Estado, de conformidad con el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 32<\/a>. Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero.<\/b>Modif\u00edquese el primer inciso del art\u00edculo 10<\/a><\/b> de la Ley 526 de 1999<\/a><\/b>, "Por medio de la cual se crea la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero", el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 1. Unidad Administrativa Especial. <\/b>Cr\u00e9ase la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, como una Unidad Administrativa Especial con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa, patrimonio independiente y reg\u00edmenes especiales en materia de administraci\u00f3n de personal, nomenclatura, clasificaci\u00f3n, salarios y prestaciones, de car\u00e1cter t\u00e9cnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, cuyas funciones ser\u00e1n de intervenci\u00f3n del Estado con el fin de detectar pr\u00e1cticas asociadas con el lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y las conductas relacionadas con la defraudaci\u00f3n en materia aduanera. ( … )"<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 33.<\/a> Funciones de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero.<\/b> Modif\u00edquese al art\u00edculo 3<\/a><\/b> de la Ley 526 de 1999<\/a><\/b>, "Por medio de la cual se crea la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero", el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"La Unidad tendr\u00e1 como objetivos centrales los siguientes: <\/p>\n

1. La prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones que puedan ser utilizadas como I instrumento para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/font><\/p>\n


Para ello centralizar\u00e1, sistematizar\u00e1 y analizar\u00e1 mediante actividades de inteligencia financiera la informaci\u00f3n recaudada, en desarrollo de lo previsto en los art\u00edculos 102 a 107 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y dem\u00e1s informaci\u00f3n que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevantes para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estar\u00e1n obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la informaci\u00f3n de que trata el presente art\u00edculo. As\u00ed mismo, la Unidad podr\u00e1 recibir informaci\u00f3n de personas naturales.<\/font><\/p>\n


2. La prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y el an\u00e1lisis, en relaci\u00f3n con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relaci\u00f3n directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos aut\u00f3nomos o subyacentes al de lavado de activos, as\u00ed como de sus delitos conexos tales como el narcotr\u00e1fico, el lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.<\/font><\/p>\n


La Unidad en cumplimiento de sus objetivos, comunicar\u00e1 a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, cualquier informaci\u00f3n pertinente y que de conformidad con la ley est\u00e9 autorizada para compartir con ellas, dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, el contrabando, el fraude aduanero y las actividades que dan origen a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio. <\/p>\n

La Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, dentro del \u00e1mbito d\u00e9 su competencia, podr\u00e1 celebrar convenios de cooperaci\u00f3n con entidades de similar naturaleza de otros Estados, con instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar."<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 34.<\/a> Funciones de la Direcci\u00f3n General.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 4<\/a><\/b> de la Ley 526 de 1999<\/a><\/b>, "Por medio de la cual se crea la Unidad de Informaci\u00f3n An\u00e1lisis Financiero", el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 4. Funciones de la Direcci\u00f3n General. <\/b>Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Direcci\u00f3n General:<\/font><\/p>\n


1. Participar en la formulaci\u00f3n de las pol\u00edticas para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, y lucha contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero en todas sus manifestaciones.<\/font><\/p>\n


2. Centralizar, sistematizar y analizar la informaci\u00f3n suministrada por quienes est\u00e1n obligados a cumplir con lo establecido en los art\u00edculos 102 a 107 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y sus normas remisorias y complementarias, las normas tributarias, aduaneras, cambiarias y dem\u00e1s informaci\u00f3n que conozcan las entidades del Estado y privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos, de financiaci\u00f3n del terrorismo, de contrabando o de fraude aduanero.<\/font><\/p>\n


3. Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, el contrabando o el fraude aduanero.<\/font><\/p>\n


4. Comunicar a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, cualquier informaci\u00f3n pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, el contrabando, el fraude aduanero y las actividades que dan origen a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio.<\/font><\/p>\n


5. Apoyar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en la parametrizaci\u00f3n y desarrollo del sistema de gesti\u00f3n de riesgo para
efectos de optimizar los controles aduaneros en relaci\u00f3n con el
contrabando y fraude aduanero.<\/font><\/p>\n


6. Velar por el adecuado funcionamiento de las bases de datos internas sobre operadores de comercio exterior donde consten los datos correspondientes a las operadores jur\u00eddicos que hayan sido o est\u00e9n habilitados para ejercer las labores de comercio exterior, as\u00ed como los de las personas naturales que ejercen labores de direcci\u00f3n, de representaci\u00f3n legal o que sean socios o accionistas de las personas jur\u00eddicas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

7. Velar por el adecuado funcionamiento de las bases de datos internas de importadores y exportadores donde consten los datos de los importadores, exportadores, usuarios de zonas francas, incluyendo los datos de las personas naturales que ejercen labores de direcci\u00f3n, de representaci\u00f3n legal o que sean socios o accionistas de las personas jur\u00eddicas.<\/font><\/p>\n


8. Velar por el adecuado funcionamiento de las bases de datos internas de sanciones disciplinarias, penales y administrativas impuestas a personas naturales o jur\u00eddicas en relaci\u00f3n con las conductas de fraude aduanero y contrabando.<\/font><\/p>\n


9. Solicitar a cualquier entidad p\u00fablica o privada la informaci\u00f3n que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en poder de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


10.Celebrar dentro del \u00e1mbito de su competencia y de conformidad con las normas internas, convenios de cooperaci\u00f3n con entidades de similar naturaleza de otros Estados, con instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar.<\/font><\/p>\n


11. Participar en las modificaciones de normas jur\u00eddicas a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos, de la financiaci\u00f3n de terrorismo, del contrabando y del fraude aduanero.<\/font><\/p>\n


12. Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y Justicia y del Derecho, en relaci\u00f3n con el control al lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero. En estos dos \u00faltimos casos se rendir\u00e1n estos mismos informes a solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.<\/font><\/p>\n


13. Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a las dem\u00e1s autoridades competentes, para su verificaci\u00f3n, la informaci\u00f3n que conozca en desarrollo de su objeto.<\/font><\/p>\n


Las dem\u00e1s que le asigne el Gobierno Nacional, de acuerdo con su naturaleza."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 35.<\/a> Funciones de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 6<\/a><\/b> de la Ley 526 de 1999<\/a><\/b>, "Por medio de la cual se crea la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero", el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n


"Art\u00edculo 6. Funciones de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico. <\/b>Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico:<\/font><\/p>\n


1. Apoyar a la Direcci\u00f3n General en la definici\u00f3n de las pol\u00edticas de la Unidad.<\/font><\/p>\n


2. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las pr\u00e1cticas, t\u00e9cnicas y tipolog\u00edas utilizadas para el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero en los diferentes sectores de la econom\u00eda, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.<\/font><\/p>\n


3. Sugerir a la Direcci\u00f3n General la inclusi\u00f3n de informaci\u00f3n de nuevos sectores de la econom\u00eda a la Unidad.<\/font><\/p>\n


4. Dise\u00f1ar y someter a consideraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General nuevos sistemas de control, instrumentos de reporte o ajustes a los existentes para optimizar la calidad de la informaci\u00f3n a recaudar. '<\/font><\/p>\n


5. Preparar para la Direcci\u00f3n General, propuestas de ajustes a las normas, reglamentos e instructivos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad.<\/font><\/p>\n


6. Preparar los convenios de cooperaci\u00f3n con las entidades de similar naturaleza en otros pa\u00edses y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar.<\/font><\/p>\n


7. Apoyar a las entidades que tengan competencias en materia de lucha contra el contrabando y contra el fraude aduanero en la parametrizaci\u00f3n y desarrollo del sistema de gesti\u00f3n de riesgo a trav\u00e9s del desarrollo de mapas de riesgo de estos fen\u00f3menos.<\/font><\/p>\n


8. Dise\u00f1ar y preparar propuestas estrat\u00e9gicas interinstitucionales que presentar\u00e1 la entidad ante la Comisi\u00f3n de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos para lo de su competencia.<\/font><\/p>\n


9. Las dem\u00e1s que le sean asignadas por la Direcci\u00f3n Genera!."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 36. <\/a>Funciones de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis de Operaciones.<\/b> Modif\u00edquese el art\u00edculo 7<\/a><\/b> de la Ley 526 de 1999<\/a><\/b>, "Por medio de la cual se crea la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero", el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 7. Funciones de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis de Operaciones. <\/b>Las siguientes ser\u00e1n las funciones generales de la Subdirecci\u00f3n de An\u00e1lisis de Operaciones:<\/font><\/p>\n


1. Recolectar, integrar y analizar la informaci\u00f3n de que tenga conocimiento la Unidad.<\/font><\/p>\n


2. Realizar los an\u00e1lisis de operaciones inusuales o sospechosas que conozca incluyendo las conductas constitutivas de lavado de activos, financiaci\u00f3n de terrorismo, contrabando y fraude aduanero.<\/font><\/p>\n


3. Preparar los informes acerca de posibles casos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo, contrabando y fraude aduanero detectados, y presentarlos a la Direcci\u00f3n General para su consideraci\u00f3n, de acuerdo con los flujos de informaci\u00f3n recibidos y los an\u00e1lisis que desarrolle.<\/font><\/p>\n


4. Preparar los instructivos necesarios para el reporte de informaci\u00f3n de inter\u00e9s para la Unidad.<\/font><\/p>\n


5. Preparar los instructivos, resoluciones y circulares necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad.<\/font><\/p>\n


6. Centralizar en bases de datos internas la informaci\u00f3n correspondiente a operadores de comercio exterior donde consten los datos correspondientes a los operadores jur\u00eddicos que hayan sido o est\u00e9n habilitados para ejercer las labores de comercio exterior, as\u00ed como los de las personas naturales que ejercen labores de direcci\u00f3n, de representaci\u00f3n legal o que sean socios o accionistas de las personas jur\u00eddicas. Esta base de datos se alimentar\u00e1 de la informaci\u00f3n existente en entidades que posean informaci\u00f3n de similar naturaleza.<\/font><\/p>\n


7. Centralizar en bases de datos internas la informaci\u00f3n correspondiente a importadores y exportadores donde consten los datos de los importadores, exportadores, incluyendo los datos de las personas naturales que ejercen labores de direcci\u00f3n, de representaci\u00f3n legal o que sean socios o accionistas de las personas jur\u00eddicas. Esta base de datos se alimentar\u00e1 de la informaci\u00f3n existente en entidades que posean informaci\u00f3n de similar naturaleza.<\/font><\/p>\n


8. Centralizar en bases de datos internas la informaci\u00f3n correspondiente a sanciones disciplinarias, penales y administrativas impuestas a personas naturales o jur\u00eddicas en relaci\u00f3n con las conductas de que trata el numeral 2 del presente art\u00edculo. <\/font><\/p>\n


9. Ordenar y coordinar las labores de inteligencia que permitan identificar las conductas de que trata el numeral 2 del presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n


10.Ordenar y coordinar las labores de inteligencia que resulten indispensables para el cumplimiento de los dem\u00e1s objetivos misionales de la entidad, previstas en la ley.<\/font><\/p>\n


11.Cooperar y servir de enlace con las unidades contra el lavado de activos, contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, y anticontrabando existentes o con las dependencias que desarrollan esta funci\u00f3n en las entidades nacionales. Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en el tema de la prevenci\u00f3n y control al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como en materia de ilegalidad en operaciones de comercio exterior.<\/font><\/p>\n


12. Desarrollar los convenios de intercambio de informaci\u00f3n celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales p\u00fablicas o privadas a que hubiere lugar.<\/font><\/p>\n


13. Las dem\u00e1s que sean asignadas por la Direcci\u00f3n General."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 37.<\/a> Informe en materia de defensa jur\u00eddica.<\/b> El Director General de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado presentar\u00e1n al Gobierno un informe anual acerca de las acciones judiciales que se est\u00e1n adelantando en materia de procesos judiciales tanto a nivel nacional como internacional en relaci\u00f3n con la problem\u00e1tica de contrabando y el fraude aduanero, incluyendo las recomendaciones para optimizar la eficacia de la gesti\u00f3n jur\u00eddica adelantada por las entidades. En materia de controversias respecto de los acuerdos de comercio internacional el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Director General de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales presentar\u00e1n al Gobierno un informe anual sobre dichos procesos, cuando est\u00e9n relacionados con la problem\u00e1tica del contrabando y el fraude aduanero.<\/font><\/p>\n


De dicho informe se enviar\u00e1 copia a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para lo de Art\u00edculo 38. Adquisici\u00f3n de equipos tecnol\u00f3gicos para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno estructurar\u00e1 un plan de adquisiciones, reposiciones y\/o arrendamientos, de equipos tecnol\u00f3gicos para fortalecer el control de las autoridades aduaneras en las zonas aduaneras a nivel nacional y de las distintas autoridades competentes en el control del contrabando. Para ello, el Gobierno estructurar\u00e1 un plan de corto plazo que contenga a su vez un plan de reposici\u00f3n tecnol\u00f3gica a mediano plazo, procurando la consecuci\u00f3n de recursos para estos efectos, en el marco de la ley org\u00e1nica de presupuesto. La financiaci\u00f3n del plan de adquisici\u00f3n y reposici\u00f3n de estos equipos y de sus respectivas plataformas tecnol\u00f3gicas podr\u00e1 incluir la disposici\u00f3n de hasta un cincuenta (50%) por ciento de un componente variable derivado de las garant\u00edas que se hagan efectivas, as\u00ed como de las multas impuestas en raz\u00f3n de la potestad sancionatoria en materia aduanera.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 39<\/a>. Plan de fortalecimiento de laboratorios t\u00e9cnicos. <\/b>Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y I, 1I semestralmente con posterioridad a ese t\u00e9rmino, el Director de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario y el Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos presentar\u00e1n ante la Comisi\u00f3n Intersectorial de la Calidad un informe de diagn\u00f3stico sobre el estado de los laboratorios t\u00e9cnicos utilizados para el control directo o indirecto del contrabando en sus correspondientes \u00e1mbitos de competencia y una propuesta de fortalecimiento de la capacidad operativa instalada para su optimizaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n


La Comisi\u00f3n Intersectorial de Calidad elaborar\u00e1 un plan de fortalecimiento de los laboratorios t\u00e9cnicos, teniendo como referente los insumos suministrados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Polic\u00eda Nacional, el Instituto, Colombiano Agropecuario y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El plan deber\u00e1 incluir las necesidades t\u00e9cnicas y financieras para garantizar su ejecuci\u00f3n, al igual que la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas de largo plazo en esta materia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 40.<\/a> Fortalecimiento de laboratorios. <\/b>Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Intersectorial de la Calidad, realizar\u00e1 un estudio de diagn\u00f3stico y an\u00e1lisis de la infraestructura de laboratorios que sirvan como referente para realizar las pruebas t\u00e9cnicas requeridas en los procesos contra el contrabando. Este estudio deber\u00e1 determinar cu\u00e1les son las necesidades de inversi\u00f3n en materia de infraestructura de la calidad requeridas para atender las necesidades de pruebas t\u00e9cnicas. Los laboratorios objeto del plan de fortalecimiento deber\u00e1n ser laboratorios acreditados para garantizar su competencia t\u00e9cnica. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con base en el estudio suministrado por la Comisi\u00f3n Intersectorial de la Calidad y bajo el marco de la ley org\u00e1nica de presupuesto podr\u00e1 incorporar los recursos correspondientes para fortalecer la infraestructura requerida seg\u00fan las necesidades identificadas por el estudio t\u00e9cnico.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 41. <\/a>Pruebas t\u00e9cnicas. <\/b>La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y la Superintendencia de Industria y Comercio para desarrollar los ensayos, pruebas y certificaciones t\u00e9cnicas requeridas dentro de los procesos administrativos -adelantados por estas entidades, podr\u00e1n acudir a los organismos de evaluaci\u00f3n de la conformidad que est\u00e9n acreditados.<\/font><\/p>\n


Los costos de estas pruebas t\u00e9cnicas ser\u00e1n asumidos por el particular propietario, tenedor, poseedor, importador o declarante de los bienes objeto de la prueba t\u00e9cnica.<\/font><\/p>\n


La validez de estas pruebas o certificados estar\u00e1 sujeta al cumplimiento de est\u00e1ndares t\u00e9cnicos basados en normas t\u00e9cnicas o reglamentos t\u00e9cnicos, seg\u00fan el caso, en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 42. <\/a><\/b>Suscripci\u00f3n de protocolos para la cooperaci\u00f3n eficaz e intercambio de informaci\u00f3n interinstitucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Polic\u00eda Nacional y las Secretar\u00edas de Salud departamentales, municipales y del Distrito Capital, tendr\u00e1n un plazo m\u00e1ximo de ocho (8) meses para elaborar protocolos de cooperaci\u00f3n eficaz mediante la articulaci\u00f3n de procedimientos, protocolos para el aseguramiento de elementos materiales probatorios o evidencia F\u00edsica y mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n entre ellas, que permitan optimizar los recursos para los operativos de inspecci\u00f3n y control, las investigaciones administrativas y lasinvestigaciones penales, salvo la informaci\u00f3n prevista en los tratados de intercambio de informaci\u00f3n tributaria los cuales se someter\u00e1n a las disposiciones previstas en dichos convenios.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los protocolos deber\u00e1n construirse sobre la base de la optimizaci\u00f3n de resultados a nivel general, y el principio de eficacia y eficiencia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Los protocolos de control conjunto tendr\u00e1n en cuenta la necesidad de prever posibles fen\u00f3menos de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica y corrupci\u00f3n privada que faciliten el contrabando y el fraude aduanero.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 43.<\/a> Obligaci\u00f3n de reportar estado de investigaciones<\/b> La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Superintendencia de Industria y Comercio presentar\u00e1n un informe trimestral a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero donde conste una relaci\u00f3n de las investigaciones que adelante cada una de las entidades en relaci\u00f3n con los temas de competencia de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, incluyendo las novedades relacionadas con terminaci\u00f3n de los respectivos procesos.<\/font><\/p>\n


Para efectos de lo aqu\u00ed dispuesto, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero acordar\u00e1 con cada una de las entidades el formato de reporte de la informaci\u00f3n, la cual deber\u00e1 alimentar los registros y bases de datos que constan en la entidad, as\u00ed como estructurar las medidas para acceder a esta informaci\u00f3n en tiempo real. El reporte deber\u00e1 construirse con fundamento en los principios de eficiencia y seguridad de la informaci\u00f3n, lo que implicar\u00e1 no duplicar informaci\u00f3n ya reportada.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo transitorio. Las entidades de que trata el presente art\u00edculo gozar\u00e1n de un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para suscribir con la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero un convenio o protocolo para hacer efectivas las obligaciones contenidas en el presente art\u00edculo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


CAP\u00cdTULO V<\/b>
Disposiciones varias<\/font><\/p>\n


Art\u00edculo 44.<\/a> Cooperaci\u00f3n internacional en materia de contrabando en el marco de acuerdos comerciales.<\/b> En el marco de las negociaciones que emprenda el Gobierno con terceros Estados en materia de comercio exterior, incluyendo la concertaci\u00f3n o reforma de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio, el Gobierno procurar\u00e1 introducir cl\u00e1usulas, disciplinas o cap\u00edtulos relacionados con la cooperaci\u00f3n internacional y prevenci\u00f3n del contrabando y el fraude aduanero en sus diversas modalidades, as\u00ed como mecanismos para su ejecuci\u00f3n efectiva. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para efectos de lo dispuesto en este art\u00edculo, el Gobierno propender\u00e1 por la ampliaci\u00f3n y fortalecimiento de mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional de naturaleza judicial y administrativa y el intercambio efectivo de informaci\u00f3n en materia de comercio exterior entre los Estados. Para estos efectos, seg\u00fan la conveniencia para cada caso, los acuerdos permitir\u00e1n el intercambio directo de informaci\u00f3n por las entidades administrativas con funciones de control aduanero y las entidades que desarrollan labores de inteligencia, con sus hom\u00f3logas en el extranjero, salvo la informaci\u00f3n prevista en los tratados de intercambio de informaci\u00f3n tributaria los cuales se someter\u00e1n a las disposiciones previstas en dichos convenios.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 45.<\/a> Cooperaci\u00f3n internacional en materia de contrabando con pa\u00edses de alto riesgo.<\/b> El Estado colombiano procurar\u00e1 suscribir con pa\u00edses de alto riesgo acuerdos espec\u00edficos en materia de cooperaci\u00f3n en materia aduanera y en materia judicial para la prevenci\u00f3n del contrabando, el fraude aduanero, el favorecimiento del contrabando y dem\u00e1s actividades conexas. Los mencionados acuerdos deber\u00e1n incluir mecanismos de levantamiento de reserva de informaci\u00f3n y los procedimientos jur\u00eddicos que deber\u00e1n seguirse para estos efectos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 46.<\/a> Informe anual.<\/b> Todos los a\u00f1os, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al inicio de cada legislatura, el Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal enviar\u00e1 un informe cualitativo y estad\u00edstico dirigido a la Presidencia de las comisiones primeras y segundas de Senado y C\u00e1mara, sobre la evoluci\u00f3n en materia de criminalidad econ\u00f3mica relacionada con el comercio exterior, incluyendo las recomendaciones que en materia de pol\u00edtica criminal se hacen al Congreso de la Rep\u00fablica en materia legislativa, administrativa y jurisdiccional.<\/font><\/p>\n


Copia de ese informe se allegar\u00e1 a la Comisi\u00f3n de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional de Control de Lavado de Activos para tomar las determinaciones de su competencia. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 47.<\/a> Modelos de trazabilidad.<\/b> El Gobierno, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollar\u00e1 un modelo de trazabilidad en materia de operaciones aduaneras de productos sensibles que permita establecer y llevar un control organizado, cuando menos, de lo siguiente: <\/p>\n

a) Pa\u00eds de origen de la mercanc\u00eda; <\/p>\n

b) Pa\u00eds de procedencia de la mercanc\u00eda; <\/p>\n

c) Pa\u00edses por los que transit\u00f3 la mercanc\u00eda con anterioridad al ingreso al territorio nacional; <\/p>\n

d) Pa\u00eds de destino de la mercanc\u00eda, cuando sea diferente a Colombia; <\/p>\n

e) Datos de identificaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica o natural que despach\u00f3 la mercanc\u00eda hacia Colombia, en el evento de las importaciones; <\/p>\n

f) Datos de identificaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica o natural que recibi\u00f3 la mercanc\u00eda que se despach\u00f3 hacia Colombia, en el evento de las importaciones; <\/p>\n

g) Datos de identificaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica o natural a la cual se despach\u00f3 la mercanc\u00eda desde Colombia, en el evento de las exportaciones o reexpediciones; <\/p>\n

h) Datos de identificaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica o natural la cual despach\u00f3 la mercanc\u00eda desde Colombia, en el evento de las exportaciones o reexpediciones;<\/p>\n

i) Datos de la compa\u00f1\u00eda o compa\u00f1\u00edas transportadoras responsables del traslado de la mercanc\u00eda desde el lugar de despacho hasta el lugar de destino; <\/p>\n

j) Registro de los datos de facturaci\u00f3n que soportan la transacci\u00f3n mercantil;<\/p>\n

k) Registro de la forma de pago de las transacciones comerciales, y su monto espec\u00edfico. <\/p>\n

El Gobierno reglamentar\u00e1 la materia y definir\u00e1 cu\u00e1les son los productos sensibles de que trata este art\u00edculo a m\u00e1s tardar dentro de los seis (6) meses de entrada en vigencia de la presente ley, definici\u00f3n que deber\u00e1 ser din\u00e1mica y por lo tanto podr\u00e1 ser variada en la medida en que la realidad del comercio exterior vaya cambiando. En todo caso, la determinaci\u00f3n de los bienes sensibles atender\u00e1 los compromisos comerciales vigentes adquiridos por Colombia en el exterior, y guardar\u00e1 rec\u00edproca correspondencia con los criterios de gesti\u00f3n de riesgo adoptados en materia de control aduanero. <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Atendiendo que el control de fronteras, en sus diversos aspectos, constituyen unas circunstancias de defensa y seguridad nacional, seguridad p\u00fablica y de las relaciones internacionales, de conformidad con el art\u00edculo 19<\/a><\/b> de la Ley 1712 de 2014<\/a><\/b> el Gobierno velar\u00e1 porque se mantenga bajo estricta reserva la informaci\u00f3n de que trata el presente art\u00edculo. <\/p>\n

Asimismo, con el fin de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley, el Gobierno crear\u00e1 e implementar\u00e1 por medio de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales y con cargo a su presupuesto, los instrumentos administrativos y tecnol\u00f3gicos necesarios para realizar un seguimiento detallado del volumen, valor y tipo de productos ingresados al territorio aduanero nacional en calidad de bienes destinados a la canasta familiar por quienes invocan los privilegios propios de convenios, protocolos o normas que establecen ese r\u00e9gimen especial en beneficio de los pobladores de algunos municipios fronterizos, buscando con ello: (i) facilitar la individualizaci\u00f3n y sanci\u00f3n de quienes, con el fin de eludir el pago de tributos aduaneros, realizan el ingreso de mercanc\u00edas al amparo de los reg\u00edmenes especiales de compra transfronteriza de bienes de canasta b\u00e1sica, y (ii) facilitar el perfila miento de riesgo por individuo y medio de transporte utilizado. <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 48.<\/a> Controles de frecuencias de ingresos de mercanc\u00edas.<\/b> El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedici\u00f3n de la presente ley y dentro de las funciones de control aduanero previstas por la ley y normas reglamentarias, establecer\u00e1 l\u00edmites en materia de frecuencias y cupos m\u00e1ximos peri\u00f3dicos para la introducci\u00f3n de mercanc\u00edas realizada por habitantes de municipios fronterizos al territorio aduanero nacional.<\/font><\/p>\n


En el evento en que se demuestre la existencia de ingresos continuos y sistem\u00e1ticos que superen las frecuencias previstas en los controles de que trata el inciso anterior, la autoridad aduanera adoptar\u00e1 las medidas adecuadas de conformidad con el perfilamiento de riesgo por individuo, y proceder\u00e1 a aplicar las normas previstas por el Estatuto Aduanero para efectos de investigar y eventualmente sancionar estas conductas.<\/font><\/p>\n


Igualmente deber\u00e1 valorar la posible comisi\u00f3n de una conducta de contrabando fraccionado con unidad de designio debiendo compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para lo de su competencia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 49.<\/a> Protocolos y convenios de trabajo conjunto.<\/b> La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Ministerio de Defensa, la Polic\u00eda Nacional, y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, establecer\u00e1n protocolos de traslado de elementos materiales probatorios o de informaci\u00f3n, seg\u00fan el caso, de forma que se pueda garantizar los derechos fundamentales de los asociados y la cadena de custodia de la evidencia recolectada en el tr\u00e1mite administrativo de procedimientos relacionados con contrabando y las dem\u00e1s infracciones aduaneras que pudieran ser constitutivas de delitos previstos por el C\u00f3digo Penal, incluyendo delitos conexos como narcotr\u00e1fico, lavado de activos y concierto para delinquir, u otras actividades de la delincuencia organizada. Las entidades mencionadas dispondr\u00e1n de un plazo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en Vigencia de la presente ley para suscribir los protocolos de traslado de elementos materiales probatorios ac\u00e1 mencionados. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales acordar\u00e1 con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la l\u00ednea de protocolos de conducta a seguir por funcionarios de ambas entidades para efectos de adelantar aval\u00faos que se requieran para efectos procesales penales, garantizando la disponibilidad de infraestructura y de personal para estos efectos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 50.<\/a> Inmovilizaci\u00f3n de Equipos.<\/b> Modif\u00edquese el literal g) del art\u00edculo 49<\/a><\/b> de la Ley 336 de 1996<\/a><\/b>, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

\n

"Art\u00edculo 49. ( … )<\/font><\/p>\n


g) Cuando se detecte que el equipo es utilizado para el transporte de mercanc\u00edas presuntamente de contrabando. En estos eventos, surtida la inmovilizaci\u00f3n se deber\u00e1 dejar el equipo a disposici\u00f3n de la administraci\u00f3n aduanera para que adelante los procedimientos de su competencia."<\/font><\/p>\n<\/blockquote>\n


Art\u00edculo 51.<\/a> Extensi\u00f3n de normas de aprehensi\u00f3n y decomiso a medios de transporte.<\/b> El medio de transporte en el que se haya encontrado mercanc\u00eda objeto de aprehensi\u00f3n por causales previstas en el Estatuto Aduanero, ser\u00e1 igualmente objeto de esta aprehensi\u00f3n y decomiso, de conformidad con estas mismas causales y conforme a los procedimientos previstos por la normatividad aduanera, siempre que la cuant\u00eda de las mercanc\u00edas permitan la adecuaci\u00f3n de la conducta al delito de contrabando o contrabando de hidrocarburos; o cuando el medio de transporte ha sido especialmente construido, adaptado, modificado o adecuado de alguna manera con el prop\u00f3sito de ocultar mercanc\u00edas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191-16<\/a><\/b>, Abril 20 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. "<\/i><\/font>Los problemas jur\u00eddicos que le correspondi\u00f3 resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi\u00f3 los l\u00edmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los art\u00edculos 29 y 34 de la Constituci\u00f3n, al admitir el decomiso y la aprehensi\u00f3n de mercanc\u00edas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinci\u00f3n de dominio y sin atenci\u00f3n al principio de culpabilidad. Despu\u00e9s de confrontar los tipos penales enunciados con los l\u00edmites constitucionales que tiene el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal, la Corte concluy\u00f3 que los incisos primero, segundo y tercero del art\u00edculo 4\u00ba, el art\u00edculo 6\u00ba y la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y car\u00e1cter \u00faltima ratio de la intervenci\u00f3n penal. A su juicio, la tipificaci\u00f3n de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y fraude aduanero, resulta de una pol\u00edtica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta m\u00e1s contundente de tipo penal. Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determin\u00f3 que la tipificaci\u00f3n del delito de favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando no configura una restricci\u00f3n desproporcionada de la libertad econ\u00f3mica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy\u00f3 que la libertad econ\u00f3mica no es absoluta y que las finalidades de la norma son v\u00e1lidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden p\u00fablico econ\u00f3mico. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el instrumento penal es adecuado para determinar un l\u00edmite razonable a la libertad econ\u00f3mica que consiste en la legalidad de la actividad. As\u00ed mismo, la Corte estableci\u00f3 que el legislador no desconoci\u00f3 el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido sem\u00e1ntico usual. Sin embargo, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201crealice cualquier otro acto\u201d. prevista en la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la Corte procedi\u00f3 a declararla inexequible por tratarse de una disposici\u00f3n indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificaci\u00f3n de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificaci\u00f3n de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cvalor aduanero\u201d uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisi\u00f3n que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercanc\u00edas. De igual modo, la expresi\u00f3n \u201cpor cualquier medio\u201d prevista en la descripci\u00f3n del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informaci\u00f3n falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est\u00e9 obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o grav\u00e1menes aduaneros en las cuant\u00edas establecidas en el mismo art\u00edculo demandado."<\/font><\/i> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 52.<\/a> Presunci\u00f3n de riesgo a la salud y al ambiente de ciertos productos.<\/b> Se presume el riesgo de afectaci\u00f3n a la salud, al ambiente y del estatus sanitario del territorio nacional como consecuencia directa del ingreso ilegal al pa\u00eds de productos agropecuarios, como animales, vegetales y sus productos, medicamentos, qu\u00edmicos, productos el\u00e9ctricos incluidos en el reglamento t\u00e9cnico de instalaciones el\u00e9ctricas o en el reglamento t\u00e9cnico de iluminaci\u00f3n y alumbrado p\u00fablicos y dem\u00e1s productos de consumo humano que puedan afectar la salud y al ambiente seg\u00fan conste en reglamentaci\u00f3n que expida el Gobierno Nacional en este \u00faltimo caso. La presunci\u00f3n de que trata este art\u00edculo se valorar\u00e1 en el marco de las investigaciones administrativas que adelanten las autoridades nacionales o territoriales en materia sanitaria y en todo caso admitir\u00e1 prueba en contrario.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. El Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos o la autoridad sanitaria competente en cada departamento, deber\u00e1 emitir el concepto sanitario o zoosanitario, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de siete (7) d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la solicitud efectuada por las autoridades nacionales, departamentales o municipales. La solicitud deber\u00e1 presentarse a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la aprehensi\u00f3n o decomiso de las mercanc\u00edas citadas en el presente art\u00edculo, con el fin de determinar si estas deben ser destruidas o son aptas para el consumo humano. Cuando se requieran un t\u00e9rmino m\u00e1s amplio para la emisi\u00f3n del concepto, dichas entidades informar\u00e1n a la autoridad solicitante el plazo necesario para cumplimiento a lo previsto en este par\u00e1grafo.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 2. El Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos o la autoridad sanitaria competente en cada departamento, de considerarlo procedente, podr\u00e1 ordenar medidas sanitarias o fitosanitarias sobre aquellos productos que hayan estado en contacto directo con los ingresados ilegalmente al territorio nacional. "<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 53.<\/a> Destinaci\u00f3n de los bienes aprehendidos y decomisados.<\/b> Cuando la mercanc\u00eda aprehendida o decomisada se encuentre relacionada con alguna conducta punible, la autoridad que haya proferido el acto administrativo que ordena la aprehensi\u00f3n o decomiso, deber\u00e1 comunicar inmediatamente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que en un plazo no superior a cuatro (4) meses desde que avoque conocimiento, ordene la recolecci\u00f3n de los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica que requiera y libere la facultad dispositiva de la mercanc\u00eda.<\/font><\/p>\n


Si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la toma de muestras o registros pertinentes por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la misma ser\u00e1 realizada dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino a que se refiere el inciso anterior, por la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n de Polic\u00eda Fiscal y Aduanera o los funcionarios con facultades de polic\u00eda judicial de la autoridad que ordena la aprehensi\u00f3n o decomiso que se encuentran capacitados para emitir experticio t\u00e9cnico o dict\u00e1menes.<\/font><\/p>\n


Las muestras que se definan como elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica recolectada ser\u00e1n dispuestas conforme a los protocolos respectivos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y ser\u00e1n custodiadas en los almacenes de evidencia correspondiente, y los remanentes deber\u00e1n ser dispuestos por la autoridad que haya proferido la orden de aprehensi\u00f3n o decomiso.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo 1. Las mercanc\u00edas sujetas al impuesto al consumo que sean objeto de decomiso deber\u00e1n ser destruidas por la entidad competente nacional, departamental o del distrito capital una vez quede en firme la decisi\u00f3n administrativa que determine la aplicaci\u00f3n de esta medida.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 2. En los t\u00e9rminos que defina el Estatuto Aduanero, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales podr\u00e1 donar las mercanc\u00edas aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Naci\u00f3n, a las entidades p\u00fablicas del orden nacional, departamental, municipal, a la Fuerza P\u00fablica y Organizaciones no Gubernamentales sin \u00e1nimo de lucro, encargadas de programas de salud, educaci\u00f3n, seguridad p\u00fablica, seguridad alimentaria, prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de desastres.<\/font><\/p>\n


Par\u00e1grafo Transitorio. Para aquellas mercanc\u00edas aprehendidas y decomisadas por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales que a la fecha de expedici\u00f3n de la presente ley se encuentren con cadena de custodia, se autoriza a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que en un plazo no superior a seis (6) meses, a la entrada en vigencia de la presente ley, tome los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica que requiera. Vencido este plazo, corresponder\u00e1 a la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n de Polic\u00eda Fiscal y Aduanera o los funcionarios con facultades de polic\u00eda judicial que se encuentren capacitados para emitir experticio t\u00e9cnico o dict\u00e1menes de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales la toma de muestras o registros pertinentes, dentro de los dos (2) meses siguientes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 54.<\/a><\/b> De conformidad con lo que se defina en el reglamento, el Invima y el ICA, dentro del desarrollo de sus actividades, podr\u00e1n permitir la participaci\u00f3n del observador de operaciones de importaci\u00f3n, en las diligencias de inspecci\u00f3n f\u00edsica o documental, previas al levante de las mercanc\u00edas de origen agropecuario.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para el efecto deber\u00e1 presentarse la resoluci\u00f3n emitida por la DIAN que lo acredite como tal, ante las autoridades sanitarias que desarrollen la actividad de inspecci\u00f3n. Quienes participen en la diligencia deber\u00e1n guardar la debida reserva de la informaci\u00f3n a la que tengan acceso.  Los costos derivados ser\u00e1n asumidos por los particulares.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 55.<\/a><\/b> Para efectos de la aplicaci\u00f3n de la presente ley, el sector privado, incluyendo comerciantes agremiados, podr\u00e1n solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, mesas de trabajo para capacitaci\u00f3n, socializaci\u00f3n de las normas aqu\u00ed previstas y la implementaci\u00f3n de herramientas encaminadas al intercambio de informaci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de barreras del comercio que incentiva el contrabando.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n


Art\u00edculo 56.<\/a> Vigencia y derogatoria.<\/b> La presente ley entrar\u00e1 en vigencia a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n, y deroga el art\u00edculo 447-A <\/a><\/b>de la Ley 599 de 2000<\/a> <\/b>y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Presidente del Honorable Senado de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

Jos\u00e9 David Name Cardozo <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Secretario de la Honorable Senado de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

Gregorio Eljach Pacheco<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Presidente de la Honorable C\u00e1mara de Representantes<\/font><\/p>\n

Fabio Ra\u00fal Amin Saleme<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Secretario de la Honorable C\u00e1mara de Representantes<\/font><\/p>\n

Jorge Humberto Mantilla Serrano<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Rep\u00fablica de Colombia – Gobierno Nacional<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Publ\u00edquese y Ejec\u00fatese <\/font><\/p>\n

Dado en Bogot\u00e1 D.C., a los 6 de Julio de 2015<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

JUAN MANUEL SANTOS CALDER\u00d3N<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ministerio de Relaciones Exteriores <\/font><\/p>\n

Mar\u00eda \u00c1ngela Holgu\u00edn Cuellar <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico <\/font><\/p>\n

Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ministerio de Justicia y del Derecho<\/font><\/p>\n

Yesid Reyes Alvarado <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo<\/font><\/p>\n

Cecilia \u00c1lvarez-Correa Glen <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Ministerio de Minas y energ\u00eda <\/font><\/p>\n

Tom\u00e1s Gonz\u00e1lez Estrada <\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 1762 DE 2015   LEY 1762 DE 2015   (JULIO 6 DE 2015)   Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasi\u00f3n fiscal   *Notas Jurisprudenciales*   Corte Constitucional La corte Constitucional declara ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-1819","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2015"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1819"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1819\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}